Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-07258-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela: fallo de Segunda Instancia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-07258-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-07258-01
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
22 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-07258-01
Actor: Consejo Comunitario de Negros Ancestrales de Chancleta
y Patilla
Demandado: Presidencia de la República y otros
ACCION DE TUTELA – Fallo de Segunda Instancia.
La Sala decide la impugnación presentada por el Consejo Comunitario de Negros
Ancestrales de Chancleta y Patilla, contra la sentencia de 1 de febrero de 2024,
proferida por el Consejo de Estado - Sección Primera, por medio de la cual: (i) negó
la solicitud de amparo respecto el derecho de petición elevado ante la Presidencia
de la República; (ii) declaró la carencia actual de objeto por hecho superado
respecto el derecho de petición elevado ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, la Procuraduría General de la Nación y la Sociedad de Carbones del
Cerrejón Limited – CDELC; y (iii) amparó el derecho fundamental de petición frente
la solicitud presentada ante la Empresa de Servicios Públicos de La Guajira S.A
E.S.P – ESPEGUA y la Defensoría del Pueblo.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud y las pretensiones
El Consejo Comunitario de Negros Ancestrales de Chancleta y Patilla, en ejercicio
de la acción de tutela, actuando a través de apoderado judicial, solicitó la protección
de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso, a la igualdad y al
agua potable, que estimó vulnerado por la Presidencia de la República, la Nación –
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07258-01
Demandante: Consejo Comunitario de Negros Ancestrales de Chancleta y Patilla
Demandado: Presidencia de la República y otros
Fallo Tutela – Segunda Instancia
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Procuraduría General de la Nación, la
Defensoría del Pueblo, la Empresa de Servicios Públicos de la Guajira S.A E.S.P y
la Sociedad Carbones del Cerrejón Limited – CDELC, al no dar respuesta a las
peticiones que presentó el 14 de noviembre de 2023, relacionadas con que se le
incluya en la mesa de trabajo para la elaboración del plan definitivo de agua potable
para las comunidades étnicas del sur de La Guajira.
En amparo del derecho invocado, solicita:
“(…) PETITUM
1- Tutelar los Derechos Fundamentales al Agua Potable, Debido proceso, Igualdad y
Derechos Colectivos de la Comunidad Étnica Afrodescendiente de Patilla y Chancleta
Municipio de Barrancas La Guajira, vulnerados por el Presidente de la República de
Colombia, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Procuraduría General de la Nación,
Defensoría Nacional del Pueblo, Empresa Esepgua y al Empresa Carbones del Cerrejón
Limited, generando perjuicios irremediables contra las Comunidades de Chancleta y Patilla
Municipio de Barrancas La Guajira.
2- Ordenar al Presidente de la República de Colombia, Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Empresa Esepgua y
la Empresa Carbones del Cerrejón Limited, dar una contestación o respuesta de fondo y
concreta las peticiones de fechas 14 de noviembre del año 2023, presentadas por la
comunidad étnica afrodescendientes de Chancleta y Patilla Municipio de Barrancas La
Guajira (…)”. (Sic)
2. Hechos
La parte actora expuso como fundamento de su solicitud los hechos que se resumen
a continuación1:
Indicó que el 14 de noviembre de 2023, radicó derecho de petición ante la
Presidencia de la República, La Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Empresa de
Servicios Públicos de la Guajira S.A E.S.P. y la Sociedad Carbones del Cerrejón
Limited – CDELC, solicitando lo siguiente:
i) Incluir al Consejo Comunitario Negros Ancestrales de Chancleta y Patilla dentro
de la Junta o Mesa de trabajo, para la elaboración del plan definitivo de agua potable
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Índice 2 registro del Sistema de Gestión Judicial SAMAI del proceso con radicado No. 2022-02130-00
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Demandante: Consejo Comunitario de Negros Ancestrales de Chancleta y Patilla
Demandado: Presidencia de la República y otros
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para las Comunidades étnicas del Sur de La Guajira, tal como lo establece la
sentencia T-256 de 2015 de la Corte Constitucional;
ii) Que los dineros destinados para la elaboración del plan definitivo de agua potable
para todas las Comunidades étnicas del sur de La Guajira sean vigilado y manejado
con la participación del Consejo Comunitario Negros Ancestrales de Chancleta y
Patilla Municipio de Barrancas La Guajira;
iii) Crear una veeduría étnica para vigilar los dineros destinados para la elaboración
del plan definitivo de agua potables para las comunidades étnicas del sur de La
Guajira;
iv) Destinar unos dineros para que el Consejo Comunitario Negros Ancestrales de
Chancleta y Patilla pueda realizar una caracterización para identificar cuantas
comunidades étnicas son, su ubicación y población;
v) Que la Empresa Esepgua y Veolia no manejen los dineros o recursos que serán
destinados para la elaboración del plan definitivo de agua potable para las
comunidades étnicas del sur de La Guajira; y
vi) Que el operador que va a realizar la elaboración del plan definitivo de agua
potable de las comunidades étnicas del sur de La Guajira, sea escogido por las
mismas comunidades étnicas beneficiadas y no por las empresas Esepgua ni
Veolia, ni la Gobernación del Departamento de La Guajira ni los Municipios del sur
de La Guajira.
Manifestó que a la fecha de interposición de la presente solicitud de amparo
constitucional no había recibido respuesta a su petición.
2.1 Consideraciones de la parte actora
Indicó que la Presidencia de la República, La Nación – Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo,
la Empresa de Servicios Públicos de la Guajira S.A E.S.P. y la Sociedad Carbones
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del Cerrejón Limited – CDELC, vulneraron sus derechos fundamentales de petición,
al debido proceso, a la igualdad y al agua potable al no haber dado respuesta a la
petición presentada el 14 de noviembre de 2023.
3. Trámite procesal
El Consejo de Estado - Sección Primera, mediante auto de 12 de diciembre de 2023,
admitió la demanda y ordenó la notificación de la Presidencia de la República, La
Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Procuraduría General de la
Nación, la Defensoría del Pueblo, la Empresa de Servicios Públicos de la Guajira
S.A E.S.P. y la Sociedad Carbones del Cerrejón Limited – CDELC como parte
accionada.
4. Informe de las entidades accionadas
4.1. La Presidencia de la República, afirmó que contrario a lo indicado por el actor,
la petición fue contestada por medio del Oficio núm. OFI23 00217290 / GFPU
13150001 de 21 de noviembre de 2023, de manera clara y de fondo en el marco de
sus competencias y en los términos establecidos por la ley, informándole que remitió
la misma a la autoridad competente a través del Oficio núm. OFI23 00217298 /
GFPU 13150001 de esa fecha, es decir, al Ministerio del Interior.
En ese sentido, aseguró que no ha vulnerado el derecho fundamental al debido
proceso del actor, toda vez que no existe un procedimiento administrativo de su
parte que lo involucre, como tampoco respecto de los hechos mencionados en su
petición.
Agregó que, en todo caso, no tiene competencia para atender los reclamos del
actor, en cuanto a la entrega de ayudas humanitarias por lo que no incurrió en
ningún tipo de omisión.
4.2 La Procuraduría General de la Nación, informó que, una vez revisado el
sistema de información SIGDEA de la entidad, encontró la radicación de la petición
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del actor y el 18 de diciembre de 2023 remitió la misma al Ministerio de Vivienda, a
la Contraloría y a la ESPEGUA al advertir que el asunto era de su competencia.
De igual forma, puso de presente que le informó al actor dicha remisión y le explicó
el alcance de su función preventiva de conformidad con los numerales 1 y 7 del
artículo 277 de la Constitución Política y el Decreto No. 262 de 22 de febrero de
20002, modificado y adicionado por el Decreto núm. 1851 de 24 de diciembre de
20213.
Agregó que, se presentaron fallas en el servicio de SIGDEA lo cual generó
represamientos y retrasos en las radicaciones de las correspondencias y solicitudes
presentadas en los diferentes canales habilitados por la entidad; sin embargo, la
petición del actor ya fue atendida, por lo que solicitó declarar la carencia actual de
objeto por hecho superado de la presente solicitud de amparo.
4.3 El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, aseveró que contestó la
petición del actor radicada el 14 de noviembre de 2023, mediante el Oficio No.
2023EE0111402 de 11 de diciembre del mismo año, el cual le fue remitido vía
electrónica al correo de su apoderado judicial.
Solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, por haberse
configurado la carencia actual de objeto por hecho superado y agregó que no le
vulneró derecho fundamental alguno al actor, comoquiera que le dio una respuesta
de fondo y en los términos legales.
4.4 La Empresa de Servicios Públicos de la Guajira ESPEGUA, manifestó que
no le vulneró ningún derecho fundamental al actor, pues le dio una respuesta de
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“Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios
del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su
funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e
incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos ”.
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“Por el cual se modifican los Decretos Ley 262 y 265 de 2000 con el fin de reconfigurar la planta de personal de la
Procuraduría General de la Nación, modificar el régimen de competencias internas, crear, fusionar cargos y determinar los
funcionarios que los ocupaban a donde pasaren a ocupar los nuevos cargos que se creen, así como la reasignación o cambio
de la estructura de funcionamiento y asignación de las diferentes funciones y cargos de los empleados y se dictan otras
disposiciones”.
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fondo a través del Oficio No. 2023EPG1283 de 20 de diciembre de 2023, razón por
la cual, a su juicio, se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado.
Resaltó que previo a contestar la petición del actor por medio del Oficio No.
2023EPG1136 de 21 de noviembre de 2023, le solicitó que aclarara la misma; sin
embargo, no obtuvo respuesta alguna.
4.5 La Sociedad Carbones del Cerrejón Limited, explicó que contrario a lo
indicado por el actor, la petición le fue contestada por medio del Oficio No. VAPC-
1414-23 de 4 de diciembre de 2023, de fondo, completa y congruente con lo
solicitado.
Agregó que, comoquiera que ya le dio una respuesta al accionante se configuró la
carencia actual de objeto por hecho superado en la presente acción de tutela.
4.6 Los demás sujetos procesales, no se pronunciaron sobre los hechos y
consideraciones de la demanda.
5. La providencia impugnada
El Consejo de Estado - Sección Primera, mediante sentencia de 1 de febrero de
2023, (i) negó la solicitud de amparo respecto de la petición elevada ante la
Presidencia de la República; (ii) declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado respecto de la petición elevada ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, la Procuraduría General de la Nación y la Sociedad de Carbones del
Cerrejón Limited – CDELC; (iii) amparó el derecho fundamental de petición frente
la solicitud ante la Empresa de Servicios Públicos de la Guajira S.A E.S.P –
ESPEGUA y la Defensoría del Pueblo.
Observó que el actor presentó la petición objeto de la solicitud de amparo de la
referencia el 14 de noviembre de 2023, y que la Presidencia de la República,
mediante la contestación de la solicitud de amparo de la referencia, allegó el Oficio
No. OFI23-00217290 / GFPU 13150001 de 21 de noviembre de 2023, a través del
cual le dio respuesta.
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En el mismo sentido, evidenció que mediante el Oficio No. OFI23 00217298 / GFPU
13150001 de 21 de noviembre de 2023, remitió al Ministerio del Interior la petición
del actor por ser de su competencia.
Por lo anterior, respecto la Presidencia negó el amparo solicitado al considerar que
no vulneró el derecho de petición del accionante.
Respecto al Ministerio de Vivienda, comprobó que este dio respuesta a lo solicitado
por la parte actora a través de Oficio No. 2023EE0111402 de 11 de diciembre de
2023.
Resaltó que, del estudio de dicho Oficio, observó que la entidad dio respuesta clara
y de fondo a los numerales 2, 4 y 6 de la petición del actor, explicándole las razones
por las cuales no podía acceder a las mismas y, además, remitió la citada solicitud
respecto de los numerales 1, 3 y 5 a las entidades que consideraba competentes,
vía electrónica, el 14 de diciembre de 2023.
Dicho trámite fue surtido en el curso de la presente acción de tutela, es por esto
que, en cuanto al Ministerio de Vivienda, consideró que se configuró la carencia
actual de objeto por hecho superado.
Misma conclusión respecto la Procuraduría General de la Nación, pues dio
respuesta al actor con Oficio de 18 de diciembre de 2023, enviado en esa misma
fecha al correo electrónico de su apoderado y remitió la petición al Ministerio de
Vivienda, a la Contraloría General de la Nación y a ESPEGUA S.A.
Ahora, en cuanto la Sociedad de Carbones del Cerrejón Limited – CDELC,
evidenció que contestó la solicitud del actor a través del Oficio No. VAPC-1414-23
de 4 de diciembre de 2023, en el que le puso de presente que no era competente
para dar respuesta a su petición, para lo cual se pronunció respecto de cada una
de sus solicitudes y, en ese entendido, el hecho de que la respuesta no haya sido
favorable a las pretensiones de aquel no significa que hubo una vulneración al
derecho de petición deprecado, también declaró el hecho superado frente a la
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sociedad.
Finalmente, en cuanto a la Defensoría del Pueblo y a la Empresa de Servicios
Públicos de la Guajira S.A E.S.P. – ESPEGUA, no evidenció que hayan dado
trámite a la solicitud de la parte actora, concluyendo que tenían la obligación no
solo de otorgarle una respuesta de fondo, clara y congruente de conformidad con
lo solicitado, sino que debía comunicársela para que se entienda satisfecho el
derecho.
Teniendo en cuenta que de lo anterior no obra prueba en el expediente de tutela,
amparó el derecho fundamental de petición de la parte actora.
6. La impugnación
El Consejo Comunitario Negros Ancestrales de Chancleta y Patilla, recurrió el fallo
de primera instancia, reiterando que no se le ha dado respuesta a su solicitud. En
el mismo sentido, afirmó que no se ha asegurado el acceso al agua potable para las
comunidades indígenas y tribales que habitan el sur del departamento de La
Guajira.
A juicio del accionante no se cumplió ninguno de los supuestos planteados y en ese
orden, se ha vulnerado su derecho fundamental de petición.
CONSIDERACIONES
1. Competencia.
La Sala es competente para conocer la impugnación interpuesta contra el fallo de
primera instancia en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991, en concordancia con el artículo 25 del Acuerdo No. 080 de 12 de marzo de
20194.
2. Problema jurídico
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Reglamento Interno del Consejo de Estado
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La Sala debe decidir si revoca la decisión de primera instancia proferida por el
Consejo de Estado - Sección Primera, mediante la cual i) negó la solicitud de
amparo respecto el derecho de petición elevado ante la Presidencia de la
República; (ii) declaró la carencia actual de objeto por hecho superado respecto el
derecho de petición elevado ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la
Procuraduría General de la Nación y la Sociedad de Carbones del Cerrejón Limited
– CDELC; (iii) amparó el derecho fundamental de petición frente la solicitud ante la
Empresa de Servicios Públicos de la Guajira S.A E.S.P – ESPEGUA; puesto que
como lo alega el Consejo Comunitario Negros Ancestrales de Chancleta y Patilla,
las entidades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al no dar
respuesta a su solicitud.
3. Generalidades de la acción de tutela
De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona cuenta con
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que sean violados o
amenazados por la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los
casos que señala la ley, y procede sólo cuando el afectado no disponga de otro
medio judicial de defensa, salvo que la utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que son elementos
esenciales de esta acción constitucional su carácter subsidiario y excepcional, lo
que implica que ésta sólo pueda ser ejercida frente a la violación de un derecho
fundamental cuando no se disponga de otro mecanismo de defensa judicial o, en el
evento en que aun existiendo otro medio de protección ordinario, sea necesario
decretar el amparo en forma transitoria para evitar que se produzca un perjuicio
irremediable, el cual debe estar debidamente acreditado en el proceso respectivo.
4. Caso concreto
El Consejo Comunitario Negros Ancestrales de Chancleta y Patilla, actuando a
través de apoderado, en ejercicio de la acción de tutela, solicitó la protección de sus
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derechos fundamentales de petición, al debido proceso, a la igualdad y al agua
potable, que estimó vulnerados por la Presidencia de la República, La Nación –
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Procuraduría General de la Nación, la
Defensoría del Pueblo, la Empresa de Servicios Públicos de la Guajira S.A E.S.P y
la Sociedad Carbones del Cerrejón Limited – CDELC, la no dar respuesta a las
peticiones que presentó el 14 de noviembre de 2023, relacionada con que se le
incluya en la mesa de trabajo para la elaboración del plan definitivo de agua potable
para las comunidades étnicas del sur de la Guajira.
En la solicitud referida, la parte actora pidió:
“(…) 1-Solicito a usted Incluir al Consejo Comunitario Negros Ancestrales de
Chancleta y Patilla dentro de La Junta o Mesa de Trabajo sobre el Cumplimiento de
la Elaboración del Plan Definitivo de Agua Potable para las Comunidades étnicas
del Sur de La Guajira, tal como lo establece la Sentencia T-256 del año 2015 de la
Corte Constitucional, donde deben existir la participación dentro de un proceso de
consulta previa, porque la entidad ESEPGUA, VEOLIA y la Empresa Carbones del
Cerrajón Limitad, no están invitando al Consejo Comunitario Negros Ancestrales de
Chancleta y Patilla a las reuniones, es decir que están Vulnerando nuestros
Derechos Fundamentales a la Consulta Previa, Igualdad y Debido Proceso, porque
esas reuniones deben ser realizadas con los accionantes, para que las cosas se
hagan con trasparencias.
2-Solicitamos que los Dineros Destinados para la Elaboración del Plan Definitivo de
Agua Potable para todas las Comunidades étnicas del Sur de La Guajira se ha
Vigilado y manejado con la Participación del Consejo Comunitario Negros
Ancestrales de Chancleta y Patilla.
3-Solicitamos Crear una Veeduría Étnica para Vigilar esos Dineros destinados para
la Elaboración del Plan Definitivo de Agua Potable para las comunidades étnicas del
Sur de La Guajira, porque esos dineros superaran los 9 Billones de Pesos
inicialmente, porque son más de 200 comunidades étnicas que serán beneficiadas.
4-Solicitamos que se deben destinar unos Dineros para que el Consejo Comunitario
Negros Ancestrales de Chancleta y Patilla, pueda realizar una caracterización para
Identificar cuantas comunidades étnicas son, ubicación y su población, lo cual esta
información son necesarias para poder iniciar con la elaboración del plan de agua.
5-Solicitamos que la empresa ESEPGUA y VEOLIA no pueden manejar los dineros
o recursos, que serán destinados para la elaboración del Plan definitivo de Agua
Potable, para las comunidades étnicas del sur de la Guajira, solo puede ser
manejado por las mismas comunidades étnicas beneficiadas.
6-Solicitamos que el operador que va a realizar la elaboración del Plan definitivo de
Agua Potable de las comunidades étnicas del sur de La Guajira, será escogido por
las comunidades étnicas beneficiadas, y no por ESEPGUA, ni por VEOLIA, ni por la
Gobernación de La Guajira, ni por las Alcaldías municipales del Sur de La Guajira,
porque se estar violando el Convenio 169 de la OIT y la sentencia T-256 del año
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2015 de la Corte Constitucional, las comunidades étnicas son autónomas (…)”. (Sic)
Al respecto, la Sala advierte que, en cuanto a los aspectos descritos, le asiste razón
al a quo al negar la solicitud de amparo respecto de la petición elevada ante la
Presidencia de la República; declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado respecto la petición elevada ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, la Procuraduría General de la Nación y la Sociedad de Carbones del
Cerrejón Limited – CDELC y; amparar el derecho fundamental de petición frente a
la solicitud ante la Empresa de Servicios Públicos de la Guajira S.A E.S.P –
ESPEGUA.
Pues bien, de acuerdo con los documentos allegados por las partes al expediente
de tutela, se observan las siguientes actuaciones:
4.1. Respecto de la Presidencia de la República.
El 14 de noviembre de 2023, el accionante radicó ante la Presidencia de la
República petición relacionada con que se le incluya en la mesa de trabajo para la
elaboración del plan definitivo de agua potable para las comunidades étnicas del sur
de La Guajira.
La Presidencia de la República expidió el Oficio No. OFI23-00217290 / GFPU
13150001 de 21 de noviembre de 2023, en los siguientes términos:
“[…] Respetado Señora Barbosa:
En nombre del señor Presidente de la República, reciba un cordial saludo.
En atención a su comunicación radicada en esta entidad, en la que remite
representante la del concejo comunitario, negros ancestrales de chancleta y
patilla municipio de Barrancas la guajira En virtud de lo anterior, de manera
atenta, procedo a dar respuesta a su comunicación en los siguientes
términos:
I. De acuerdo con la estructura y administración de la Rama Ejecutiva del
Poder Público, se han creado entidades que apoyan la gestión del Primer
Mandatario; en ese orden los ministerios, Departamentos Administrativos, las
entidades adscritas y vinculadas y las sociedades de Economía Mixta, son
las encargadas de brindar soporte y canalizar los temas como los que usted
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menciona en su comunicación.
II. Asunto materia de consulta.
Por lo anterior, en razón a su solicitud, me permito informarle que, de
conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 "Por la
cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo", modificado por la Ley 1755 de 2015, se ha dado
traslado al Ministerio del Interior, entidad legalmente facultada, para conocer
del tema expuesto por usted en su misiva, y tomar las acciones a que haya
lugar, de acuerdo a la consideración y fines pertinentes […]”. (Sic)
El oficio fue notificado al accionante dando respuesta a su solicitud, donde informó
el traslado al Ministerio del Interior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
21 de la Ley 1437 de 2011.
En ese sentido, consta que la entidad accionada mediante oficio No. OFI23
00217298 / GFPU 13150001 de 21 de noviembre de 2023 dio traslado del escrito
radicado por la parte actora ante el Ministerio del Interior, luego de considerarlo
competente para pronunciarse sobre la mentada solicitud.
De tal modo la Sala encuentra que una vez la Presidencia de la República recibió la
aludida petición, le dio el trámite correspondiente, consistente en remitirla al
Ministerio del Interior, para que fuera esa autoridad la que le brindara la información
solicitada al actor.
4.2. Sobre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
El Consejo Comunitario radicó la misma solitud ante La Nación – Ministerio de
Vivienda el 1 de noviembre de 2023, la cual fue resuelta mediante oficio No.
2023EE0111402 de 11 de diciembre de 2023, en el que dio respuesta a la parte
actora argumentando lo siguiente:
“(…) Una vez aclaradas las competencias funcionales y el rol articulador en
la construcción del plan por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, nos permitimos dar respuesta a cada una de sus solicitudes así:
“1. Solicito a usted incluir al Consejo Comunitario Negros Ancestrales de
Chancleta y Patilla dentro de La Junta o Mesa de Trabajo sobre el
Cumplimiento de la Elaboración del Plan Definitivo de Agua Potable para las
Comunidades étnicas del Sur de La Guajira, tal como lo establece la Sentencia
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T 256 del año 2015 de la Corte Constitucional, donde deben existir la
participación dentro de un proceso de consulta previa, porque la entidad
ESEPGUA, VEOLIA y la Empresa Carbones del Cerrejón Limited, no están
invitando al Consejo Comunitario Negros Ancestrales de Chancleta y Patilla a
las reuniones, es decir que están vulnerando nuestros derechos
fundamentales a la consulta previa igualdad y debido proceso, porque esas
reuniones deben ser realizadas con los accionantes, para que las cosas se
hagan con transparencias”.
Dentro del Plan de acción definitivo que ordenó el Juzgado presentar en el
marco de la Sentencia T 256 de 2015, las entidades competentes se
comprometieron a adelantar espacios de diálogo genuino con relación a cada
una de las acciones propuestas.
En el caso específico de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de
La Guajira – ESEPGUA S.A. E.S.P., en calidad de gestor del Plan
Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua Potable
y Saneamiento Básico (PDA) en La Guajira, se incluyó una acción específica
en este sentido.
Así las cosas, al ser este un asunto del resorte de las entidades involucradas
nos permitimos dar traslado de esta solicitud al Municipio de Barrancas, a
ESEPGUA S.A. E.S.P., a Veolia Aguas de La Guajira S.A.S. E.S.P. y a
Carbones del Cerrejón Limited, para que se pronuncien en el marco de sus
competencias.
2. “Solicitamos que los Dineros Destinados para la Elaboración del Plan
Definitivo de Agua Potable para todas las Comunidades étnicas del Sur de
La Guajira se ha Vigilado y manejado con la Participación del Consejo
Comunitario Negros Ancestrales de Chancleta y Patilla”.
Los recursos destinados para la ejecución del Plan Definitivo de Agua
Potable, provienen de diferentes fuentes de financiación con recursos
públicos, que se ejecutan a través de contratos, convenios, y demás actos
jurídicos de manera transparente y con aplicación de los principios de la
Función Pública establecidos en el artículo 209 de la Constitución Pólítica y
en concordancia con los principio de la contratación estatal y demás reglas
indicadas en la Ley 80 de 19932 y demás normas que la complementen,
modifiquen o sustituyan, así como en la Ley 1474 de 20113por lo cual, son
objeto de vigilancia de todos los órganos de control nacional y regional, y en
ese mismo orden, el Consejo Comunitario que usted representa, y en general
la población, puede ejercer el respectivo control social a las inversiones que
se realicen en el marco del plan en mención, conforme lo establece la Ley
850 de 20034 concordante con lo dispuesto mediante la Ley 1757 de 2015,
en las que se disponen entre otros, i) la definición del control social a lo
público; ii) alcance del control social y iii) Modalidades de Control Social.
Adicionalmente, usted como ciudadano tiene el derecho de presentar
solicitudes y/o derechos de petición, con el fin de recibir información de su
interés respecto del uso y destinación de estos recursos. En consecuencia,
las comunicaciones y requerimientos que requiera realizar que tengan
relación con el seguimiento a la implementación del plan de acción elaborado
en el marco del cumplimiento de la Sentencia T256 de 2015 en el ejercicio
de sus funciones y derechos, los podrá remitir al correo electrónico
correspondencia@minvivienda.gov.co, y se darán trámite al interior de la
entidad, en el marco de las competencias asignadas a esta cartera
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Demandante: Consejo Comunitario de Negros Ancestrales de Chancleta y Patilla
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Fallo Tutela – Segunda Instancia
ministerial. Así mismo, los podrá remitir a los correos que cada entidad tenga
dispuestos en el marco de sus mecanismos de participación ciudadana.
“3. Solicitamos crear una Veeduría Étnica Para Vigilar esos Dineros
destinados para la Elaboración del Plan Definitivo de Agua Potable para las
comunidades étnicas del Sur de La Guajira”.
Al respecto, nos permitimos informar que la Ley 850 de 20035 establece el
procedimiento para la inscripción de las veedurías ciudadanas 6 y el artículo
3° del mismo cuerpo normativo, establece que la inscripción de las veedurías
ciudadanas se realizará ante las personerías municipales o distritales o ante
las Cámaras de Comercio, quienes deberán llevar registro público de las
veedurías inscritas en su jurisdicción como se indica: […] Por lo anterior, es
claro que las veedurías son creadas por iniciativas de los ciudadanos y para
efectos de su conformación e inscripción, deberá seguir el procedimiento
establecido en la Ley 850 de 2003 y en tal virtud, damos traslado de la
presente solicitud a la Personería Municipal de Barrancas-La Guajira a fin de
que se adelanten los tramites a lugar.
“4. Solicitamos que se deben destinar unos Dineros para que el Consejo
Comunitario Negros Ancestrales de Chancleta y Patilla, pueda realizar una
caracterización para identificar cuantas comunidades étnicas son, ubicación
y su población, lo cual esta información son necesarias para poder iniciar
con la elaboración del plan de agua”.
Respuesta: Al respecto, nos permitimos informar que, comoquiera que las
acciones establecidas en el plan son adelantadas por las entidades
competentes, trasladaremos al Municipio de Barrancas, a ESEPGUA S.A.
E.S.P, a Veolia Aguas de La Guajira S.A.S. E.S.P. y a Carbones del Cerrejón
Limited el contenido de esta pregunta a efectos de que se atienda el
requerimiento relacionado con las caracterizaciones de la población
beneficiaria, dado que el rol del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
como se indicó al inicio de este documento, se encontraba dado en la
consolidación de las acciones propuestas por las demás entidades
accionadas.
“5. Solicitamos que la empresa ESEPGUA y VEOLIA no pueden manejar los
dineros o recurso, que serán destinados para la elaboración del Plan
definitivo de Agua Potable, para las comunidades étnicas del sur de la[sic]
Guajira, solo puede ser manejado por las mismas comunidades étnicas
beneficiadas.”
Con relación a este punto de su solicitud, es importante precisar que,
conforme con lo indicado en el artículo 5° de la Ley 142 de 19947, es
competencia de los municipios en materia de prestación de servicios
públicos, asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente los
servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica,
y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de
carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central
del respectivo municipio en los casos previstos en la Ley.
Que así mismo, conforme con lo establecido en el artículo 2.3.3.1.2.2 del
Decreto 1425 de 2019: “(…) Podrán ser gestores, el departamento o las
empresas de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del orden
departamental, siempre que sus estatutos permitan la vinculación como
socios a los municipios y distritos del respectivo departamento que así lo
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Fallo Tutela – Segunda Instancia
soliciten (…)”, y en el marco de esta disposición, la Gobernación de La
Guajira celebró con ESEPGUA S.A. E.S.P el Convenio interadministrativo
046 de 2022, que tiene por objeto “gestionar, planear, implementar y ejecutar
el PDA en el Departamento de La Guajira con los municipios socios a través
de ESEPGUA S.A. E.S.P, teniendo en cuenta que al Departamento de La
Guajira le fueron reintegradas las competencias del sector de agua potable
y saneamiento básico a través de la resolución del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público No. 0451 del 21 de febrero del 2022”.
Teniendo en cuenta lo anterior, tanto ESEPGUA S.A. E.S.P como VEOLIA
AGUAS DE LA GUAJIRA S.A.S. E.S.P. deberán actuar en el marco de los
actos jurídicos celebrados con las entidades territoriales para las labores
encomendadas, y dando cumplimiento al régimen de contratación aplicable
a cada una de ellas, así como a las disposiciones contenidas en la Ley 142
de 1994 y las normas que la modifiquen, sustituyen o complementen, en
materia de prestación de servicios públicos y en tal virtud, no es competencia
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio establecer prohibiciones que
no se indiquen de manera expresa en la Ley.
Aunado a lo anterior, y en razón a que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio no hace parte del convenio interadministrativo mediante el cual La
Gobernación de La Guajira vinculó a ESEPGUA S.A. E.S.P como gestor del
PDA del departamento, así como tampoco hace parte del contrato de
operación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado con el operador Veolia Aguas de La Guajira S.A.S. E.S.P., nos
permitimos trasladar por competencia su solicitud al municipio de Barrancas
• La Guajira, y al departamento de La Guajira, para que se pronuncien en el
marco de sus competencias.
6. “Solicitamos que el operador que va a realizar la elaboración del Plan
definitivo de Agua Potable de las comunidades étnicas del sur de La Guajira,
será escogido por las comunidades étnicas beneficiadas, y no por
ESEPGUA, ni por VEOLIA, ni por la Gobernación de La Guajira, ni por las
Alcaldías municipales del Sur de la Guajira, porque se estar violando el
Convenio 169 de la OIT y la Sentencia T-256 del año 2015 de la Corte
Constitucional, las comunidades étnicas son autónomas”.
Además de lo informado en el numeral anterior, la Ley 142 de 1994, en su
artículo 15 establece quienes pueden prestar servicios públicos en el
territorio nacional, estos son:
15.1. Las empresas de servicios públicos.
15.2. Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas,
o como consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y
servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos.
15.3. Los municipios cuando asuman en forma directa, a través de su
administración central, la prestación de los servicios públicos, conforme a lo
dispuesto en esta Ley.
15.4. Las organizaciones autorizadas conforme a esta Ley para prestar
servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o
zonas urbanas específicas.
15.5. Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los
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Fallo Tutela – Segunda Instancia
períodos de transición previstos en esta Ley.
15.6. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional
que al momento de expedirse esta Ley estén prestando cualquiera de los
servicios públicos y se ajusten a lo establecido en el parágrafo del artículo
17.
Ahora bien, es importante precisar que, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 5° de esta misma Ley, es competencia de los municipios asegurar
que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios públicos
domiciliarios ya sea por empresas de servicios públicos de carácter oficial,
privado o mixto, o directamente por la administración central. Así mismo, se
debe indicar que, para la escogencia de uno u otro actor para ejercer la
operación y prestación de los servicios públicos, se deberá cumplir criterios
objetivos de selección propios de la normatividad en materia, Ley 142 de
1994 articulo 6.
De otro lado, el artículo 10 de la Ley de servicios públicos, establece que “Es
derecho de todas las personas organizar y operar empresas que tengan por
objeto la prestación de los servicios públicos, dentro de los límites de la
Constitución y la ley”, en tal sentido, las comunidades beneficiarias se
encuentran en libertad de constituir una empresa que cumpla con los
requisitos exigidos por la Ley para la prestación de los servicios públicos”.
(Sic)
Se concluye que mediante Oficio No. 2023EE0111402 de 11 de diciembre de 2023,
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio dio respuesta de fondo a la petición
presentada por el actor, así como, la constancia de notificación de esta, en la que
dio respuesta clara y de fondo a los numerales 2, 4 y 6, y en cuanto los puntos 1, 3
y 5 remitió la solicitud a las entidades que consideró competentes.
4.3. Sobre la Procuraduría General de la Nación (PGN).
La PGN, dio respuesta de la petición a la parte actora mediante Oficio de 18 de
diciembre de 2023, enviado por correo electrónico la misma fecha, donde informó:
“(…) En atención a la solicitud elevada por usted ante la Procuraduría
General de la Nación, el pasado 14 de noviembre hogaño a través del correo
electrónico procesosjudiciales@procuraduria.gov.co, nos permitimos hacer
informe que, respecto de dicha solicitud, se realizaron las siguientes
actuaciones por parte de esta Regional de Instrucción.
1. Se remitió copia de este al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para
que se pronunciara respecto de su solicitud de ser incluid en la Junta o Mesa
de Trabajo sobre el cumplimiento de la Elaboración del Plan Definitivo de
Agua Potable para las comunidades Étnicas del Sur de La Guajira, en
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Fallo Tutela – Segunda Instancia
cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia T-256 de 2015.
2. Se remitió copia de la solicitud a la Contraloría General de la Nación para
que atendiera su petición respecto de los puntos 2 y 3, donde solicita
vigilancia a los recursos destinados e invertidos, para la elaboración del Plan
Definitivo de Agua Potable para las Comunidades Étnicas del Sur de La
Guajira.
3. Se remitió copia de la solicitud a ESEPGUA S.A. para para su
conocimiento y fines pertinentes, teniendo de presente que ustedes solicitan
que no sea esta empresa la que maneje los recursos del Plan definitivo de
Agua Potable para las mencionadas comunidades, y que además sean las
comunidades quienes escojan sus operadores.
Lo anterior, teniendo en cuenta que conforme a las funciones
constitucionales y legales establecidas en el artículo 277 de la Constitución
Política de Colombia, y el Decreto 262 de 2000, Modificado y adicionado por
el Decreto 1851 de 2021, esta entidad no sería competente para ordenar, a
otra entidad del Estado actuaciones relacionadas con sus deberes
funcionales, lo que nos autoriza la norma es a, intervenir ante estas cuando
sea necesario para defender el orden jurídico, el patrimonio público o las
garantías y derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales,
'colectivos o del ambiente, así como los derechos de las minorías étnicas,
para lo cual este órgano disciplinario podrá, recordar, recomendar y/o
exhortar, el cumplimiento del ordenamiento legal colombiano.
Por su parte, es oportuno manifestarle que esta entidad a través de la
Delegada para la Gestión Territorial, viene haciendo acompañamiento a las
diferentes actuaciones que en cumplimiento de la Sentencia T 256 de 2015,
realizan las entidades involucradas (…)”. (sic)
De lo anterior, se evidencia que la Procuraduría mediante el referido Oficio informó
al actor que no era competente para dar respuesta a sus solicitudes y remitió su
petición al Ministerio de Vivienda, la Contraloría General de la República y a
ESPEGUA, de conformidad con sus competencias relacionadas con el
cumplimiento de la elaboración del Plan Definitivo de Agua Potable para las
comunidades étnicas del sur de La Guajira, como se evidencia del envío de los
correos electrónicos de 18 de diciembre de 2023.
4.4. Sobre la Sociedad CDELC.
Mediante Oficio No. VAPC-1414-23 de 4 de diciembre de 2023 CDELC dio
respuesta a la solicitud de la parte actora, en el que le manifestó que:
“(…) En relación con el derecho de petición citado en la referencia, damos
respuesta con fundamento en las siguientes consideraciones:
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Fallo Tutela – Segunda Instancia
1. Cerrejón es una empresa privada razón por la cual no tiene dentro de sus
facultades emitir órdenes a las Entidad Publicas pertenecientes al Gobierno
Nacional, como es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por lo
anterior en su condición de Consejo comunitario puede acudir directamente
al Ministerio a efectos de realizar las solicitudes que consideren pertinentes
con relación al Plan definitivo de Agua al que se refiere la sentencia T-
256115.
2. El Gobierno Nacional cuenta con entidades encargadas del control y
vigilancia de los recursos asignados a contribuir y promover el desarrollo de
las regiones. Cerrejón no tiene la competencia para realizar dichas
investigaciones.
3. La creación de veedurías ciudadanas dentro de las cuales pueden
participar las comunidades étnicas, son un derecho y un deber que
estableció la Constitución Política de 1991 para los ciudadanos en forma
plural o a través de organizaciones civiles. Las veedurías ciudadanas son
reguladas mediante la Ley 850 de 2003, y su creación debe partir de la
voluntad de los ciudadanos.
4. Partiendo del hecho que la caracterización planteada por el Consejo no es
objeto del fallo expedido por la Corte Constitucional en ninguna de las
órdenes de la Sentencia T-256/15, no tendríamos ninguna justificación a su
solicitud de destinación de recursos.
5. Cerrejón no tiene facultades para determinar el uso y manejo de los
recursos relacionados con la elaboración del plan definitivo de agua potable.
En el marco de sus competencias fue el Ministerio de vivienda, cuidad y
territorio el encargado coordinar la elaboración del plan con la participación
de las Entidades responsables de la satisfacción de los servidos públicos
domiciliarios en el Departamento de la Guajira , y quien convocó a mesas de
trabajo a las entidades vinculadas y que tienen alguna competencia en el
cumplimiento de la orden quinta de la Sentencia T-256/15. Por lo anterior, si
el Consejo Comunitario desea conocer en detalle lo relacionado con dicho
ejercicio, le invitamos a dirigirse al Ministerio para obtener la información que
requiere.
6. Cerrejón no tiene competencia para la escogencia del operador que se
encargará de la ejecución del plan definitivo de agua potable. Al respecto, la
orden quinta establece "...El Plan no podrá desconocer los lineamientos
generales de las políticas que en materia de agua se hayan trazado...". Los
lineamientos determinados en la Resolución 661 del 23 de septiembre de
2019, establecen el mecanismo y los requisitos para la presentación,
viabilización, reformulación y expedición de conceptos técnicos para los
proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que sean
presentados por las entidades territoriales, así como aquellos que han sido
priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los
Programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a
través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico (…)”. (Sic)
Se advierte que la Sociedad CDELC informó a la parte actora que carece de
competencia para dar respuesta a su petición, sin embargo, se pronunció respecto
de cada una de sus solicitudes.
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Fallo Tutela – Segunda Instancia
4.5. En cuanto a la empresa de Servicios Públicos de la Guajira - ESPEGUA.
De la revisión del material probatorio allegado, así como en los informes rendidos
por las partes vinculadas a esta acción de tutela, se advierte que ESPEGA
manifestó haber dado trámite a la solicitud de la parte actora, mediante respuesta
contenida en el Oficio No. 2023EPG1283 de 20 de diciembre de 2023; no obstante,
no fue posible confirmar dicha información, ni que el oficio referido haya sido
comunicado a los interesados, ya que no fue adjuntado por la empresa.
4.6. Con relación a la Defensoría del Pueblo.
En cuanto la Defensoría del Pueblo, parte que no se pronunció sobre los hechos y
consideraciones de la demanda, no existe constancia alguna que haya dado
respuesta a la parte actora en ningún término, mucho menos su comunicación.
De conformidad con el análisis expuesto, se tiene que con las actuaciones
adelantadas por (i) la Presidencia de la República5 como del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, la Procuraduría General de la Nación y la Sociedad de Carbones
del Cerrejón Limited – CDELC, no se evidencia la vulneración de los derechos
fundamentales de la parte actora toda vez que las entidades dieron respuesta clara
y oportuna a su solicitud, actuación que fue comunicada directamente al interesado
al correo aportado para tal fin, esto es, pablosegundooieda43@gmail.com, por lo
que se confirmará la carencia actual de objeto por hecho superado, ya que el trámite
se dio en el curso de esta acción de tutela; sin embargo, respecto la Presidencia de
la República se confirmará la negativa de la Solicitud de amparo, teniendo en cuenta
que su respuesta se fue notificada a la parte interesada antes de la presentación de
la demanda de tutela.
Ahora bien, como por parte de la Defensoría del Pueblo y la Empresa de Servicios
Públicos de la Guajira S.A E.S.P. – ESPEGUA, no se comprobó que hubieren
respondido la petición de la parte accionante, se confirmará el amparo del derecho
de petición.
5
Quien dio respuesta a la parte actora previo al trámite de tutela.
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Fallo Tutela – Segunda Instancia
Es importante señalar que el objeto de la acción de tutela es la protección de
derechos fundamentales que se han puesto en peligro o que se vulneraron; sin
embargo, en caso de que la circunstancia que dio origen a la trasgresión
desaparezca, se configura el fenómeno que se conoce como hecho superado, el
cual da como resultado una carencia actual de objeto para decidir de fondo el
asunto.
Al respecto la Corte Constitucional ha definido este fenómeno jurídico en los
siguientes términos:
“(…) La Corte entiende por hecho superado cuando durante el trámite de la acción de tutela
o de su revisión en esta Corte, sobreviene la ocurrencia de hechos que demuestren que la
vulneración de los derechos fundamentales, en principio informada a través de la
instauración de la acción de tutela, ha dejado de ocurrir.
En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional ha enumerado algunos requisitos
que se deben examinar en cada caso concreto, con el fin de confirmar si efectivamente se
está frente a la existencia de un hecho superado, a saber:
1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca de
una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del
accionante o de aquél en cuyo favor se actúa.
2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción
que generó la vulneración o amenaza haya cesado.
3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una prestación
y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede considerar que
existe un hecho superado (…)”6. (Negrilla fuera de texto)
En ese contexto, la Sala considera que, frente al Ministerio de Vivienda, la
Procuraduría General de la Nación y la Sociedad de Carbones del Cerrejón Limited
– CDELC, se configura una carencia actual de objeto de la tutela por hecho
superado, como se explicó en líneas precedentes, toda vez que la supuesta
conducta omisiva que se reprochaba de las autoridades demandadas fue corregida
y desapareció el motivo que obligó al actor a ejercer este mecanismo constitucional;
razón por la cual, al respecto, en lo particular, se confirmará la decisión del A Quo.
III. DECISIÓN
6
Corte Constitucional, Sentencia T – 481 de 16 de junio de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
20
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Por las anteriores razones, se confirmará la sentencia de 1 de febrero de 2024,
proferida por el Consejo de Estado - Sección Primera, por medio de la cual (i) negó
la solicitud de amparo respecto el derecho de petición elevado ante la Presidencia
de la República; (ii) declaró la carencia actual de objeto por hecho superado
respecto el derecho de petición elevado ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, la Procuraduría General de la Nación y la Sociedad de Carbones del
Cerrejón Limited – CDELC; y (iii) amparó el derecho fundamental de petición frente
la solicitud ante la Empresa de Servicios Públicos de la Guajira S.A E.S.P –
ESPEGUA y la Defensoría del Pueblo; y, en consecuencia, ordenó que, dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la providencia,
otorgaren respuesta oportuna y de fondo a la petición presentada por los tutelantes
el 14 de noviembre de 2023.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de 1 de febrero de 2024, proferida por el
Consejo de Estado - Sección Primera, que (i) NEGÓ la solicitud de amparo respecto
el derecho de petición elevado ante la Presidencia de la República; (ii) DECLARÓ
la carencia actual de objeto por hecho superado respecto el derecho de petición
elevado ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Procuraduría
General de la Nación y la Sociedad de Carbones del Cerrejón Limited – CDELC;
y (iii) AMPARÓ el derecho fundamental de petición frente la solicitud ante la
Empresa de Servicios Públicos de la Guajira S.A E.S.P – ESPEGUA y la
Defensoría del Pueblo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07258-01
Demandante: Consejo Comunitario de Negros Ancestrales de Chancleta y Patilla
Demandado: Presidencia de la República y otros
Fallo Tutela – Segunda Instancia
SEGUNDO. - Por Secretaría General, remitir a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida
la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
La anterior providencia se discutió y aprobó por la Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
22
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