Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07269-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-07269-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07269-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-07269-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
26 de junio de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07269-01
Accionante: Hernando Arcenio García Muñoz
Se confirma la sentencia de primera instancia
CONSEJO DE ESTADO Se ampara parcialmente
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07269-01
Accionante: Hernando Arcenio García Muñoz
Accionados: Sala Unitaria de Conjueces del Tribunal Administrativo de Bolívar y
otro
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Proceso ejecutivo / Liquidación del crédito
/ Conjuez / Non reformatio in pejus / Se confirma la sentencia de primera instancia que negó la
solicitud de amparo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia del 31
de enero de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante la cual se negó el amparo.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017, 333 de 2021 y en
el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
A.- Solicitud de amparo
1.- El 30 de noviembre de 2023 el señor García Muñoz presentó, a través de apoderado
judicial, una acción de tutela contra la Sala Unitaria de Conjueces del Tribunal
Administrativo de Bolívar y el Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena para
obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso. A
su juicio, dichas garantías constitucionales fueron vulneradas con la providencia del 17
1
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07269-01
Accionante: Hernando Arcenio García Muñoz
Se confirma la sentencia de primera instancia
de julio de 2023 mediante la cual se revocó el auto apelado y se modificó la Se ampara
liquidación
parcialmente
del crédito dentro del proceso ejecutivo con radicado 13001-33-31-007-2017-00061-02.
2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se transcriben:
<<1o.- Dejar sin efecto la providencia de segunda instancia de fecha diecisiete (17) de
julio del cursante año, Ejecutivo Laboral, RADICACIÓN No.13-001-33-314-007-2017-
00061-02, proferida por la SALA UNITARIA DE CONJUECES del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, CONJUEZ PONENTE doctor JORGE ELIECER
RODRIGUEZ SIERRA, por VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA
IGUALDAD, VIA DE HECHO –DEFECTO PROCEDIMENTAL, DEFECTO FÁCTICO
POR NO VALORACIÓN INTEGRAL DE LA PRUEBA OBRANTE EN EL PROCESO–
INCONGRUENCIA EN LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA DEFECTO MATERIAL o
SUSTANTIVO POR INTERPRETACION ERRONEA O IRRAZONABLE DE LA NORMA.
2o.- Ordénese al señor CONJUEZ PONENTE que, dentro de un término razonable y
perentorio, proceda a PROFERIR la providencia de reemplazo, con base en lo dispuesto
en la SENTENCIA DENULIDAD Y RESTABLECIMIENTO que sirve como TÍTULO
EJECUTIVO y bajo los parámetros que vienen establecidos en LA LIQUIDACIÓN del
CREDITO PRESENTADA en forma razonada y obrante en el expediente>>.
B.- Hechos
3.- El accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- En sentencia del 10 de febrero de 2015 el Tribunal Administrativo de Bolívar
accedió a las pretensiones de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida por el accionante1 en contra de la Rama Judicial - Consejo Superior de la
Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. En esa providencia se
declaró la nulidad de unos actos administrativos y se condenó a la demandada al pago
de unas sumas de dinero en su favor. En la parte resolutiva de ese fallo se dispuso:
<<SEGUNDO: En consecuencia, CONDENAR a la NACIÓN — RAMA JUDICIAL —
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, lo siguiente:
a. Reconocer al actor la bonificación por compensación a partir del 1° de enero de 1999
hasta el 30 de mayo de 2009 (fecha de retiro definitivo del servicio), en los porcentajes
establecidos en los Decretos 610 y 1239 de 1998, es decir, el 60% a partir del 1° de
enero de 1999, 70% a 10 de enero de 2000 y 80% a partir del 1° de enero del año 2001,
de lo que han devengado por todo concepto los Magistrados de las Altas Cortes.
b. Liquidar y pagar al demandante las diferencias dejadas de percibir entre lo realmente
1
El actor se desempeñó como magistrado seccional de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura
del Atlántico y Bolívar entre el 1° de junio de 1998 y el 31 de mayo de 2009.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07269-01
Accionante: Hernando Arcenio García Muñoz
Se confirma la sentencia de primera instancia
devengado por el demandante y lo -que por todo concepto percibió un Magistrado de las
Se ampara parcialmente
altas cortes entre el 10 de enero de 1999 y el 30 de mayo de 2009, fecha de retiro
efectivo.
c. Los valores a pagar serán actualizados de conformidad con el artículo 187 del, Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, tomando como
base la variación porcentual de los índices de precios al consumidor. Los valores a pagar
devengarán intereses moratorios en los términos del artículo 192 del CPACA>>.
3.2.- En marzo de 2017 promovió proceso ejecutivo con el fin de obtener el cumplimiento
de la providencia. En la demanda ejecutiva solicitó el pago de $885.499.892
correspondiente al capital no pagado por la parte ejecutada, y mediante auto del 19 de
septiembre de 2017 el Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena libró mandamiento
de pago en los términos de la demanda 2.
3.3.- Sin embargo, en auto del 8 de abril de 2019 el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Cartagena modificó de oficio la liquidación del crédito presentada por el
accionante y, en su lugar, aprobó la liquidación presentada por una profesional
universitaria –contadora– de los Juzgados Administrativos, por valor de $247.693.287.
El juzgado consideró que si bien la parte ejecutada no alegó la excepción de pago
parcial, sí aportó la Resolución 3991 de 2007 mediante la cual se ordenó el pago de
$189.111.771 en favor del actor por concepto de bonificación por compensación
correspondiente a los años 2001, 2002, 2003 y 2004. Así las cosas, en virtud del control
de legalidad y con el fin evitar un enriquecimiento sin causa en detrimento del patrimonio
público, advirtió que había lugar a reducir la liquidación del crédito.
3.4.- La parte ejecutante interpuso recurso de apelación contra esa decisión. Alegó que
la liquidación del crédito efectuada por la profesional universitaria de los Juzgados
Administrativos contenía un error grave porque dio por cierto que, efectivamente, se le
había pagado la bonificación por compensación entre los años 1999 y 2009. Agregó que
no desconocía que la entidad demandada sí le realizó un pago parcial por concepto de
bonificación por compensación a través de la Resolución 3991 del 6 diciembre de 2007,
pero sostuvo que ese valor que le fue pagado debió ser descontado sobre la suma por
la que se libró inicialmente el mandamiento de pago, es decir, por $885.499.892.
3.5.- En providencia del 17 de julio de 2023 la Sala Unitaria de Conjueces del Tribunal
2
En esa providencia se dispuso: <<PRIMERO: Librar mandamiento de pago en contra de la RAMA JUDICIAL a favor
de HERNANDO GARCÍA MUÑOZ por un valor de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($885.499.892) más los
intereses a una tasa equivalente al DTF a partid del 06 de marzo del 2015 y desde el 06 de enero de 2016 los intereses
moratorios a la tasa comercial como lo consagra el inciso 04 del art. 195 del CPACA>>.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07269-01
Accionante: Hernando Arcenio García Muñoz
Se confirma la sentencia de primera instancia
Administrativo de Bolívar3 revocó el auto apelado y modificó la liquidación Se
delampara
crédito
parcialmente
para, en su lugar, aprobar la liquidación presentada por la profesional de Apoyo
Contable y Financiero adscrita al Tribunal Administrativo de Bolívar, por la suma de
$202.609.286 con corte al 13 de diciembre de 2018.
3.5.1.- Advirtió que la liquidación efectuada en primer grado superó los topes salariales
y prestacionales que debía devengar un magistrado de conformidad con los Decretos
610 de 1998 y 1239 de 1998. Además, indicó que el pago parcial recibido por el actor
por valor de $189.111.771 debía imputarse desde octubre de 2007, por ser la fecha en
la que el accionante recibió ese pago, y no en la fecha de ejecutoria de la sentencia
base de ejecución (10 de febrero de 2015), tal como lo hizo el juez de primera instancia.
3.5.2.- Así mismo, aseguró que <<se estima procedente no aplicar el principio de non
reformatio in pejus, como quiera que la variación de la liquidación del crédito se realiza
en virtud del control de legalidad y la regla de imputación de pagos parciales realizados
previo a la constitución del título ejecutivo>>.
C.- Fundamentos de la vulneración
4.- El accionante afirma que la providencia del 17 de julio de 2023 incurrió en los
defectos procedimental, fáctico y sustantivo.
4.1.- En relación con el defecto procedimental, señala que este se configuró porque se
valoró de manera inadecuada el informe presentado el 19 de enero de 2023 por la
profesional de Apoyo Contable y Financiero adscrita al Tribunal Administrativo de
Bolívar, pues desconoció el fenómeno de la cosa juzgada respecto de la sentencia de
nulidad y restablecimiento del derecho que sirve como título ejecutivo.
4.2.- Frente al defecto fáctico, sostiene que el conjuez del tribunal accionado realizó una
<<valoración indebida, contraevidente o inadecuada de la prueba>>, concretamente, de
la experticia contable que anexada con la demanda y en la que se determinó que la
liquidación del crédito correspondía a la suma de $885.499.892.
4.3.- Por último, afirma que se incurrió en el defecto sustantivo porque se inaplicó el
principio de la no reformatio in pejus al realizar una disminución en la liquidación del
crédito con fundamento en el control de legalidad, pues fue apelante único y se le hizo
más gravosa su situación.
3
Esto, por cuanto los magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar se declararon impedidos para conocer del
asunto y, mediante auto del 30 de junio de 2022, la Sección Segunda del Consejo de Estado aceptó el impedimento y
ordenó la designación de un conjuez.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07269-01
Accionante: Hernando Arcenio García Muñoz
Se confirma la sentencia de primera instancia
Se ampara parcialmente
D.- Oposiciones e intervenciones
5.- La Sala Unitaria de Conjueces del Tribunal Administrativo de Bolívar (accionado)
solicitó que se negaran las pretensiones. Señaló que la acción no satisface el requisito
de relevancia constitucional porque el actor pretende reabrir el debate probatorio y
jurídico entorno a la liquidación del crédito, aun cuando ello ya fue definido por el juez
natural. Agregó que los argumentos que soportan la tutela fueron planteados y resueltos
dentro del proceso ejecutivo, por lo que el hecho de que el actor haya quedado
inconforme con la decisión no amerita la intervención del juez de tutela.
5.1.- En todo caso, precisó que la liquidación del crédito presentada por el accionante y
que fue aprobada por el Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena contenía errores
aritméticos que implicaban que la parte ejecutada tuviera que pagar un mayor valor, lo
que implicaba un enriquecimiento sin causa del accionante.
5.2.- Agregó que no se desconoció el principio de la no reformatio in pejus porque la
modificación de la liquidación del crédito se realizó en virtud del control de legalidad y la
regla de imputación de pagos parciales realizados. Y, en tanto la liquidación del crédito
aprobada en primera instancia contenía un error al realizar la imputación del pago
parcial a la fecha de la ejecutoria de la sentencia, este error alteró la operación
matemática del capital que debía ser la base para el cálculo de los intereses.
6.- El Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena (accionado) indicó que no vulneró
los derechos fundamentales del accionante, quien pretende utilizar la acción de tutela
para plantear un asunto que ya fue definido por el juez natural de la causa.
7.- La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (tercero con interés) guardó
silencio pese a estar debidamente notificada.
E. Fallo impugnado
8.- Mediante sentencia del 31 de enero de 2024 la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo. Consideró que el accionante
pretendió convertir el mecanismo de amparo en una instancia adicional al proceso
ejecutivo para buscar que se reabriera un debate que ya había sido definido por el juez
natural de la causa.
8.1.- Aseguró que el numeral 3° del artículo 446 del CGP establece que el juez tiene la
5
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07269-01
Accionante: Hernando Arcenio García Muñoz
Se confirma la sentencia de primera instancia
facultad de determinar si aprueba o modifica la liquidación del crédito presentada por la
Se ampara parcialmente
parte ejecutante, y que el artículo 42 del CGP prevé que el juez debe efectuar un control
de legalidad de la actuación procesal una vez agotada cada etapa. En este caso, el juez
hizo el control cuando advirtió que la entidad demandada realizó un pago parcial en
favor del actor en el año 2007 y, por tanto, las sumas presentadas en la liquidación del
crédito por el ejecutante no correspondían a los valores realmente adeudados. Así las
cosas, el despacho judicial accionado estaba en la obligación de ajustar los valores del
crédito al advertir el error, pues su deber era subsanar el yerro y ajustar la liquidación
conforme a derecho.
8.2.- Puso de presente que en la providencia objeto de reproche, el conjuez del tribunal
accionado explicó que la modificación de la liquidación del crédito no implicaba una
vulneración al principio de la no reformatio in pejus, y justificó su postura con base en
jurisprudencia del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, consideró que esa
posición fue razonable, máxime cuando esta Corporación ha precisado que dicho
principio no es absoluto.
F. Impugnación
9.- El accionante impugna la decisión de primer grado. Reitera los argumentos que
formuló en su escrito de tutela e insiste en que el conjuez del tribunal accionado no
podía desconocer la sentencia judicial que sirvió como título base del recaudo, pues ella
hizo tránsito a cosa juzgada y la liquidación del crédito se debía efectuar conforme a los
parámetros allí establecidos.
II. CONSIDERACIONES
10.- La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó el amparo. Si bien
el accionante interpuso la acción de tutela contra el Juzgado Séptimo Administrativo de
Cartagena y la Sala Unitaria de Conjueces del Tribunal Administrativo de Bolívar, lo
cierto es que sus reproches no van dirigidos contra la primera autoridad judicial, en la
medida en que solo se cuestiona la providencia del 17 de julio de 2023, de modo que el
estudio de la Sala se limitará únicamente a dicha providencia.
G. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales
11.- Los requisitos se cumplen así: i) el accionante indicó de manera clara los hechos y
las razones en que se fundamenta la acción; ii) el asunto es de evidente relevancia
6
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07269-01
Accionante: Hernando Arcenio García Muñoz
Se confirma la sentencia de primera instancia
constitucional porque se afirma la vulneración de los derechos fundamentales Se amparaa la
parcialmente
igualdad y debido proceso, y se identificaron los vicios o defectos en los que habría
incurrido la providencia acusada (procedimental, fáctico y sustantivo). Además, porque
los reproches formulados por el actor en sede de tutela se originaron en la providencia
que resolvió el recurso de apelación contra el auto que modificó de oficio la liquidación
del crédito; iii) se encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad porque el accionante
utilizó todos los mecanismos judiciales a su alcance para obtener la protección de sus
derechos fundamentales; iv) la solicitud se presentó en un término prudencial
(inmediatez), puesto que la decisión de segunda instancia se notificó el 19 de julio de
2023 y la tutela se presentó el 30 de noviembre de 2023, es decir, dentro del término de
los seis meses precisado tanto por esta Corporación4 como por la Corte Constitucional5;
y v) no se trata de una decisión proferida en sede de tutela.
H. La modificación de la liquidación del crédito se hizo con fundamento en las
facultades oficiosas del juez de verificar el estado de la cuenta al momento de
liquidar el crédito conforme a lo adeudado
12.- La Sala comparte el razonamiento efectuado por el juez constitucional de primera
instancia, según el cual, el conjuez del tribunal accionado sí estaba facultado para
modificar el monto de la liquidación del crédito con base en las obligaciones consignadas
en el título ejecutivo.
12.1.- En el caso concreto, el Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena modificó de
oficio la liquidación del crédito y la redujo a la suma de $247.693.287 porque advirtió que
la parte ejecutada allegó unos soportes de pago que realizó en el 2007, antes de que se
profiriera sentencia en el proceso ordinario por concepto de bonificación por
compensación. La parte ejecutante (aquí accionante) interpuso recurso de apelación
contra esa decisión, en el que reprochó la liquidación efectuada por la profesional
universitaria de los Juzgados Administrativos 6 y, si bien reconoció que hubo un pago
parcial de $180.855.734 por concepto de bonificación por compensación, alegó que esa
suma de dinero debió ser descontada por el monto por el cual se libró el mandamiento
de pago, esto es, $885.499.892.
12.2.- En la providencia objeto de reproche y que desató ese recurso de apelación, la
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201- 01(IJ), C.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
6
Expuso que se aplicó indebidamente el Decreto 610 de 1998 que establace que la bonificación por compensación
integra el ingreso salarial mensual de los magistrados. Además, indicó que la liquidación contenía un error grave porque
dio por cierto que se le pagó la bonificación por compensación entre 1999 y 2009.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07269-01
Accionante: Hernando Arcenio García Muñoz
Se confirma la sentencia de primera instancia
Sala Unitaria de Conjueces del Tribunal Administrativo de Bolívar resolvió laSe
totalidad
ampara de
parcialmente
los reparos formulados por el accionante en su recurso de apelación. Sin embargo, adujo
que, conforme a la liquidación del crédito realizada por la profesional de Apoyo Contable
y Financiero adscrita a esa Corporación, era evidente que la liquidación del crédito
efectuada en primera instancia incurrió en un yerro porque en ella se imputó el monto
correspondiente de pago parcial ($180.855.734) desde la ejecutoria de la sentencia base
de recaudo (febrero de 2015) y no desde la fecha en que efectivamente le fue pagado
ese dinero al ejecutante, aquí accionante (octubre de 2007).
12.3.- Por lo anterior, la autoridad judicial accionada consideró que, en virtud del control
de legalidad y en aras de subsanar el yerro en el que se incurrió en primera instancia, era
procedente revocar el auto apelado y, en su lugar, aprobar la liquidación del crédito
efectuada por la profesional de Apoyo Contable y Financiero adscrita al Tribunal
Administrativo de Bolívar por valor de $202.609.286. Indicó, además, de que esa era la
liquidación que se ajustaba a las obligaciones contenidas en el titulo ejecutivo. En este
punto vale la pena resaltar que el artículo 446 del CGP faculta al juez de la ejecución para
modificar la liquidación del crédito en atención a los términos previstos en el título
ejecutivo, pues no se puede ordenar el pago de una suma de dinero que no esté acorde
al título.
12.4.- En ese orden de ideas, al contrario de lo sostenido por el accionante en su
impugnación, el conjuez del tribunal accionado no desconoció la sentencia judicial base
del recaudo, sino que, precisamente, en atención a ella, constató que la liquidación del
crédito efectuada en primera instancia no se ajustó a los parámetros allí establecidos. Y
si bien esa decisión implicaba que se redujera el monto de la liquidación del crédito, la
Sala considera que con ello no vulneró los derechos fundamentales del actor, pues la
liquidación del crédito debía realizarse según las obligaciones dispuestas en el título.
12.5.- El conjuez del tribunal accionado en la providencia objeto de reproche indicó que
si bien su decisión podría vulnerar el principio de la no reformatio in pejus, explicó que
ese principio no era absoluto y, además, puso de presente jurisprudencia de esta
Corporación7 en la que se decidió no aplicar dicho principio en casos similares de
procesos ejecutivos.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del
27 de noviembre de 2017. Radicado 3001-23-31-000-2005-01876-01 (42337). M.P. Jaime Orlando
Santofimio Gamboa; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 22 de abril de 2021. Radicado: 11001-03-15-000- 2021-00902-00. M.P. William
Hernández Gómez.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07269-01
Accionante: Hernando Arcenio García Muñoz
Se confirma la sentencia de primera instancia
12.6.- La Sala considera que esa decisión fue fundamentada y razonable, pues se
Se ampara parcialmente
sustentó en el control de legalidad que tiene el juez para subsanar los errores cometidos
en el transcurso del proceso, así como en su facultad de corregir el estado de cuenta,
máxime cuando dicho asunto estuvo íntimamente relacionado con el objeto de la
apelación8.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia del 31 de enero de 2024 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que negó la solicitud de
amparo.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO: ENVÍESE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página Web de esta Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.
Ausente con permiso
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
8
<<Artículo 328. Competencia del superior. (…) <<El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante
único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella>>
(se destaca).
9
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07269-01
Accionante: Hernando Arcenio García Muñoz
Se confirma la sentencia de primera instancia
Se ampara parcialmente
10
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.