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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07275-00

Fecha
22 de febrero de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07275-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de los cargos que se refieren al defecto fáctico, derecho a la igualdad y desconocimiento del precedente [parcialmente] y NEGAR los yerros que se refieren al defecto procedimental y del desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: Rosmery Isabel Fontalvo Caro y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-07275-00

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-07275-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

22 de febrero de 2024

Demandantes: Rosmery Isabel Fontalvo Caro y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07275-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., veintidós [22] de febrero de dos mil veinticuatro [2024]

Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07275-00
Demandantes: ROSMERY ISABEL FONTALVO CARO Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – Caducidad – Reparación
Directa – caso por grave violación a los derechos humanos -
delito de lesa humanidad – Improcedencia y niega

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la acción de tutela de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 y en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 30 de noviembre de 2023, la señora Rosmery Isabel Fontalvo Caro y otros1, en
nombre propio, instauraron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Bolívar y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena,
con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral.

Las referidas garantías constitucionales las consideraron transgredidas con
ocasión de las sentencias de 21 de marzo de 2022 y 27 de abril de 2023, a través
de las cuales se declaró, en primera y segunda instancia, la caducidad del medio

1
Betty María Fontalvo García, Héctor Hernán Arroyo Arrieta, Ana Inocencia Arroyo Arrieta,
Gustavo Alberto Castillo Herrera, Julia Isabel Fontalvo García, Julia Manuela Rodríguez Fontalvo,
Edinson Tomás Rodríguez Chinchía, Edison Eduardo Rodríguez Fontalvo, Ledis María Peñaloza
Arroyo, Ana Karina Fontalvo Peñaloza, Lina Marcela Fontalvo Peñaloza, Rosmira Isabel Caro
Alandete, Alberto Manuel Arroyo Arrieta, Edgar Luis Arroyo Estrada, Leydis Diana Arroyo Estrada,
Sugey Milena Arroyo Estrada, Ana Yolanda Arroyo Estrada, Luis Eduardo Estrada Cerpa, Nelly
Isabel Arroyo Arrieta, Nellys Judith Lora Arroyo, María Victoria Lora Arroyo, Nellys Judith Lora
Arroyo, Tailo de Jesus Lora Arrieta, Gustavo Alberto Castillo Herrera, José Vicente Díaz Díaz,
Vicente Rafael Díaz Caro, Glenis Helena Caro Torres, José Gabriel Álvarez Meléndez, Angel
Rafael Fontalvo Díaz, Paola Zunilda Díaz Herrera, Carlos Eduardo Herrera Yepes, Jorge Luis
Ramírez Blanco, Juana Francisca Herrera Caro, Manuel Santiago Sierra Yepes, Ana Ubaldina Díaz
Díaz, Jorge Eliecer Narváez Fontalvo, Luz Marina Díaz de Narváez, Jorge Eliécer Narváez
Fontalvo, Edgar Rafael Castillo Díaz, Mercedes Alicia «Buelvas» Herrera, María Alejandra Cruz
Fontalvo.

1
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de control de reparación directa identificado con el radicado 13001-33-33-002-
2014-00154-01.

1.2. Pretensiones

Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:

PRIMERO: QUE SE AMPAREN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL
DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, DIGNIDA, ACCESO A LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA, A LA REPARACION INTEGRAL, Y DEMAS QUE RESULTEN
VULNERADOS, POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, SALA DE
DISICION N°.1, MEDIANTE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA DE
FECHA 27 DE ABRIL DE 2023.

SEGUNDO: QUE COMO CONCECUENCIA DEL AMPARO DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES SE DEJE SIN EFECTO LA SENTENCIA DE FECHA 27 DE
ABRIL DE 2023, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOLIVAR.

TERCERO: SE ORDENE QUE EN UN TERMINO NO MAYOR DE 30 DIAS DE
EXPIDA UNA SENTENCIA DE REEMPLAZO TENIENDO EN CUENTA TODAS
LAS PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE 2.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes presupuestos que, a juicio de
la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

• En el año 1999, los habitantes del corregimiento de Las Palmas, que
pertenecen a su vez al municipio de San Jacinto del departamento de Bolívar, de
la sub región de los Montes de María, sufrieron diversos ataques por parte de un
grupo subversivo fuertemente armado, lo cual se desencadenó en varias
masacres y finalmente en el desplazamiento forzado de los ciudadanos de dicho
territorio.

• Se afirmó que los perpetradores3 justificaron su actuar, en el supuesto de que
los pobladores eran «auxiliadores de la guerrilla y [porque] esas tierras las
necesitaban».

• El 28 de marzo de 20144, la señora Rosmery Isabel Fontalvo Caro y otros
formularon demanda bajo la pretensión de reparación directa contra la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Ejército Nacional - Armada Nacional y
el municipio de San Jacinto, por el desplazamiento forzado como consecuencia de
las masacres.

• El 31 de marzo de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial
de Cartagena resolvió, en sentencia, declarar probada la excepción de caducidad
del medio de control, al computar el término preclusivo desde el 27 de septiembre

2
Trascrito con posibles errores ortográficos, mayúsculas sostenidas y negrillas del texto original.
3
De los delitos de lesa humanidad y de la orden de desplazamiento.
4
La solicitud de conciliación prejudicial fue radicada el 22 de noviembre de 2013.

2
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de 1999, cuando se produjo el desplazamiento forzado y expuso que «el plazo que
tenían para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo fenec[ió] el 28
de septiembre de 2001».

• Sin embargo, «[a]l radicarse la solicitud de conciliación prejudicial el 22 de
noviembre de 2013, concluy[ó] que se configuró la caducidad del medio de
control».

• El 27 de abril de 2023, la Sala de Decisión n. º 001 del Tribunal Administrativo de
Bolívar confirmó la providencia del a quo al compartir la decisión. Particularmente
expuso que lo determinado por el juez de primer grado es acorde con la postura
adoptada por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la
sentencia de unificación del 29 de enero de 20205 y lo dispuesto por la Corte
Constitucional en la SU-0312 de 20206.

• No obstante, computó el término de caducidad desde «la fecha descrita en los
informes rendidos por el Batallón de Infantería Marina No. 1353 y por la Brigada
de Infantería de Marina No. 0154, para concluir que la situación de orden público
en el municipio de San Jacinto, incluyendo el corregimiento de Las Palmas, se
reestableció́ en el mes de marzo de 2009. Por consiguiente, la parte demandante
tenía hasta el 1° de abril de 2011 para presentar el líbelo introductorio. Sin
embargo, la solicitud de conciliación prejudicial y la demanda se presentaron el 22
de noviembre de 2013 y el 28 de marzo de 2014, respectivamente».

• La providencia de segunda instancia fue notificada el 30 de mayo de 2023 y la
acción de tutela de la referencia radicada el 30 de noviembre de 2023.

1.4. Fundamentos de la solicitud

Los accionantes consideraron que las accionadas trasgredieron sus garantías
constitucionales, al configurarse los defectos: por desconocimiento del precedente,
fáctico y procedimental absoluto.

En primer lugar, los tutelantes advirtieron que se incurrió en un desconocimiento
del precedente, comoquiera que las demandadas no debieron aplicar el
presupuesto de la caducidad, porque para la época de radicación de demanda, la
postura era que en asuntos de lesa humanidad el término de preclusivo no
operaba7.

5
En el expediente con radicado interno 61.033 se unificó la jurisprudencia frente a los casos en
donde se demande por los delitos de lesa humanidad. Se destaca que el fundamento de la
demanda contenciosa fue una ejecución extrajudicial.
6
En este caso se precisó que el término de caducidad resultaba aplicable según lo establece la
sentencia de unificación del Consejo de Estado. También se advierte que la solicitud de tutela que
sustentó dicho análisis devino de un proceso de reparación directa por homicidio [ejecución
extrajudicial].
7
En este punto hizo alusión a la sentencia de 17 de septiembre de 2013, de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, proferida al interior del expediente 25000-23-26-000-2012-00537-01.

3
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Destacaron que «cuando se presentó la demanda en el año 2014, previo a ello
nosotros los demandantes no conocíamos que el ESTADO, tenía responsabilidad
por esos hechos, no teníamos como saber, solo hasta que se conoció que había
un fallo pendiente, que DECLARABA LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, Y
LO CONDENABA AL PAGO DE UNA INDEMNIZACION, por los daños causados
con ocasión del desplazamiento forzado de las PALMAS».

Resaltaron que «luego de 8 años, se nos aplica una línea nueva de jurisprudencia,
vulnerando nuestros derechos, siendo que fuimos afectados por el desplazamiento
y la muerte de familia, amigos, vecinos, por las AUC, incluso, actualmente es que
vinimos a tener certeza, que en estos hechos, participo la FF.MM, de manera
activa y pasiva, debido a las declaraciones del señor MANCUSO, ante la JEP».

Agregaron que en «reciente fallo de la CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia
SU167/23, de mayo de 2023, en sede de revisión de un fallo de tutela del Consejo
de Estado, [se] fij[ó] unas nuevas líneas para el estudio de los procesos sobre
delitos de lesa Humanidad».

Indicaron que «no tuvieron en cuenta los demás medios de pruebas, tampoco lo
dicho en la demanda, donde se dijo que la acción no caducaba, porque así lo
determin[ó] el CONSEJO DE ESTADO, en esa época, […]».

Expusieron que no se tuvo en cuenta la providencia proferida en el «proceso de
reparación directa, radicado N°13001333300820140032600 [sic]» del tribunal
accionado en el que se «revoc[ó] el auto que profirió el Juzgado Octavo
Administrativo de Cartagena, que rechaz[ó] la demanda por caducidad, decisión
que este tomo con fundamento al precedente del Consejo de Estado, sobre la
inaplicabilidad de la Caducidad, en casos de Lesa Humanidad8».

Alegaron que son sujetos de especial protección constitucional, como lo ha
considerado la Corte Interamericana de Derechos Humanos9, y que por ello el
daño en su caso se debe catalogar como continuado.

Precisaron que el tribunal incurrió en un defecto procedimental, porque «no tuvo
en cuenta la contestación de las excepciones de la demanda, presentada en
término por el apoderado del proceso, los alegatos de conclusión, incluido el de
segunda instancia que fue enviado en oportunidad al despacho y los demás
sujetos procesales», tal como se evidencia en el capture de pantalla del correo:

8
Transcrito de la solicitud de amparo con posibles errores ortográficos.
9
Hicieron alusión a los casos por la Masacre de Ituango y los ocurridos en el Corregimiento del Aro
y la Granja, ambos jurisdicción del Municipio de Ituango.

4
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Finalmente señalaron que «el tribunal accionado, desconoció el precedente
Judicial, que regía al momento de presentación de la demanda, desconoció la
confianza legítima legitima de los demandantes en la administración de Justicia,
desconoció convenios internacionales adoptados por el ESTADO COLOMBIANO,
al derecho Internacional Humanitario, la seguridad Jur[í]dica».

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 4 de diciembre de 2023 se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar a los demandantes y al Tribunal Administrativo de Bolívar y al
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, como
autoridades judiciales accionadas.

Como terceros con interés, se vinculó a la a Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional – Ejército Nacional - Armada Nacional y el municipio de San
Jacinto [parte demandada en el proceso ordinario], y a la Procuraduría I Judicial
Administrativa 66 de Cartagena [por haber intervenido en el proceso ordinario],
para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en la presente acción dentro
del término de dos (2) días contados a partir de la fecha del recibo de la
correspondiente notificación.

Por su parte se ordenó oficiar, por solicitud de los demandantes, «a la
Procuraduría I Judicial Administrativa 66 de Cartagena, al Ejército Nacional y a la
Policía Nacional, para que, inform[aran] si el 27 de octubre de 2022 recibieron vía
electrónica los alegatos de conclusión de segunda instancia, […]».

Luego, el despacho sustanciador, por medio de auto de 19 de enero de 2024,
vinculó al trámite de la referencia a los demás demandantes del proceso ordinario,
para lo cual requirió a la parte actora para que «informara la dirección electrónica
o física de los demás demandantes del proceso ordinario, ello, comoquiera que se
evidencia que en el auto admisorio de 27 de junio de 2014 del expediente 13001-

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33-33-002-2014-00154-0010 los demandantes son 375 personas y los aquí
tutelantes son 4111».

De igual forma, se ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que
realizara una publicación en la página web de la Corporación, con la información
de la tutela, con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados12.

1.6. Intervención

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentó la siguiente contestación:

1.6.1. El Tribunal Administrativo de Bolívar, por intermedio del magistrado
ponente de la decisión enjuiciada, solicitó negar la acción constitucional porque (i)
no vulneró ningún derecho fundamental, (ii) se implementó el precedente, y (iii) no
es cierto que no se tuvieron en cuenta los alegatos de conclusión presentados en
segunda instancia, ya que «en la captura de pantalla que se aportó en la demanda
[de tutela] no se evidencia ningún correo institucional del Tribunal Administrativo
de Bolívar que corrobore el envío de este memorial».

Al respecto, recordó que «para el momento de la interposición del recurso de
apelación se encontraba vigente la Ley 2080 de 2021, por lo tanto, no era
necesario correr traslado a las partes procesales para que presentaran alegatos
de conclusión de segunda instancia».

Resaltó que «es posible identificar que lo que pretende la parte accionante en este
caso es utilizar la vía de la tutela como una instancia adicional para cuestionar la
sentencia que resultó desfavorable a sus intereses […]».

1.6.2. La Procuraduría I Judicial Administrativa Sesenta y Seis de Cartagena,
informó que no era «posible verificar si se recibió o no el 27 de octubre de 2022
correo electrónico de la cuenta portilloviananotificaciones@gmail.com con escrito
de alegatos de conclusión, […]», en atención al cúmulo de mensajes de datos que
llegan a su buzón virtual y comoquiera que la revisión se realiza diariamente y «se
eliminan [los mensajes], con el fin de depurar la bandeja de entrada».

1.6.3. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, pidió
negar la solicitud de amparo, para lo cual expuso que no existe la trasgresión
alegada porque «si bien es cierto, la decisión no favoreció los intereses de los
accionantes, como quiera que la sentencia adoptada por el alto tribunal fue la de
confirmar la providencia primaria, aplicando la excepción de caducidad de la
acción, también lo es que, per se, no constituye en ningún momento una actuación

10
Visible en los folios digitales del 471 a 481 [438 a 448 del compendio físico] del archivo titulado
«01ExpedienteJudicial» que se encuentra en el índice 11 del aplicativo Samai.
11
El 31 de enero de 2024, la parte accionante informó que «contactado a los demás demandantes,
me suministraron las siguientes direcciones de correo electrónico, donde pueden ser notificados de
la acción de tutela que se tramita, de la cual ya tienen conocimiento».
12
El 23 de enero de 2024, la Secretaría General publica en la página web de la Corporación, «LA
PROVIDENCIA DE LA REFERENCIA PARA CONOCIMIENTO DE TODOS LOS TERCEROS
INTERESADOS».

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indebida o contraria al ordenamiento jurídico por parte del honorable despacho
[…].

Indicó que la decisión del tribunal «[…] atendió criterios razonables y objetivos con
total apego a la jurisprudencia, por lo tanto, en el ejercicio del derecho legítimo de
defensa […]».

Destacó que «[…] la instancia judicial al momento de resolver el recurso de alzada
ejerció ese control de legalidad de la actuación y consideró no acceder a las
pretensiones de la entidad demandada, luego de efectuar un análisis riguroso
frente a los hechos acontecidos, sustentando su teoría, en la institución de la
caducidad, […]», por ello afirmó que «no es posible reconocer mediante vía tutela
la posibilidad de revivir el término caducado del medio de control de reparación
directa, al ser una figura procesal que establece un plazo perentorio para su
ejercicio dentro del plazo legal previamente establecido por la ley, […]».

Precisó que la tutela también es improcedente, ya que no se acreditó la
consumación de un perjuicio irremediable inminente, urgente y grave.

Finalmente indicó que para la dirección general no es posible establecer el
recibido de los alegatos que menciona la parte actora, ya que tal información llega
directamente a seccional de la institución del territorio en donde ocurrieron los
hechos, que para el caso concreto es Bolívar. En este orden de ideas advirtió que
si se insiste en la obtención de la constancia de recibido requerida, esta puede ser
solicitada a dicha dependencia.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por la señora Rosmery Isabel Fontalvo Caro y otros, de conformidad
con lo establecido en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por los accionantes, por
parte de la Sala de Decisión n. º 001 del Tribunal Administrativo de Bolívar, con
ocasión de la sentencia proferida en segunda instancia el 27 abril de 2023, que fue
la providencia que puso fin al proceso ordinario13.

13
Si bien los tutelantes manifestaron que la vulneración de sus garantías constitucionales deviene
de las sentencias proferidas en ambas instancias por las autoridades judiciales accionadas, lo
cierto es que el análisis en sede constitucional se realizaría a partir de la providencia de segunda
instancia del proceso ordinario, esto es, el proveído de 27 de abril de 2023 expedido por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, comoquiera que con dicha decisión se puso fin a la controversia al
interior del proceso contencioso.

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Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva, (iii) generalidades
de los defectos alegados, y (ii) el caso en concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 201214
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema15.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales16.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201417, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta
pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de
2022, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de frente a este
requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez

14
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
15
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
16
Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
17
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

Sobre el particular, la Sala destaca que este asunto es relevante
constitucionalmente pues, conforme con los argumentos esgrimidos en el escrito
de tutela, se trata de la presunta lesión de los derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación
ante la posible configuración de los defectos procedimental y por desconocimiento
del precedente contenidos en la providencia que decidió un proceso judicial, que
involucró el estudio de la responsabilidad del Estado cimentada en una afectación
grave a los derechos humanos, por tratarse de un delito de lesa humanidad como
lo es el desplazamiento forzado.

2.4.1.1. En este orden de ideas, resulta pertinente destacar que la parte actora
expone las razones por las cuales considera que la Sala de Decisión n. º 001 del
Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en un vicio judicial, al no tener en
cuenta lo dispuesto por la Corte Constitucional en reciente sentencia de
unificación18, así como por no estudiar los alegatos presentados en segunda
instancia, lo que a su juicio tiene la virtualidad de modificar la decisión
controvertida.

Por su parte, si bien esta Sección entiende que ser desplazado es una situación
fáctica y no una calidad jurídica que se adquiera con la inscripción en una lista
oficial19, no se puede pasar por alto los diferentes certificados de la Personería
Municipal de San Jacinto Bolívar que incluyen a los tutelantes en el registro de
víctimas del conflicto armado [RUV]20, lo que es un aspecto que, se itera, ratifica
una connotación de índole constitucional de este asunto.

Al respecto esta Colegiatura destaca lo que ha dicho la Corte Constitucional en
casos similares21:

En virtud de lo expuesto, se observa que el presente caso compromete
derechos de gran trascendencia constitucional respecto de una
población que se encuentra en situación de vulnerabilidad22, como los son
el acceso efectivo a la administración de justicia, a la reparación integral y al
debido proceso. Y los principios constitucionales de seguridad jurídica, buena
fe y confianza legítima. Ello, si como se afirma, se tiene en cuenta que los
jueces optaron por aplicar disposiciones legales y reglas

18
Corte Constitucional SU-163 de 2023.
19
Sentencia SI 00213-01 DE 2006 S3. Enero veintiséis (26) de dos mil seis (2006). Caso del
desplazamiento de la Gabarra.
20
Registro único de víctimas.
21
Sentencia T-374 de 2023.
22
Ver, entre otras, las sentencias SU-254 y 915 de 2013, T-037 de 2015, T-352 de 2016, T-237 de
2017, T-044 de 2022, y T-117 de 2022.

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jurisprudenciales que llevaron a la imposibilidad del ejercicio de acción,
sumado a que no integraron a su análisis la calidad de víctimas de los
accionantes; lo cual podría estructurar los defectos específicos: procedimental
absoluto o por exceso ritual manifiesto y desconocimiento del precedente
(judicial y constitucional). [Énfasis de la Sala]

Ahora, con el fin de exaltar el deber que tiene el juez constitucional en el análisis
minucioso en estos asuntos, es importante destacar que el daño que se ocasiona
por el desplazamiento forzado es un «hecho notorio», comoquiera que estamos en
presencia de una afectación «masiva, sistemática y continua de los derechos
fundamentales de las personas víctimas del delito de desplazamiento, [esta
vulneración] […] les ocasiona la pérdida de derechos fundamentales y de bienes
jurídicos y materiales, lo que a su vez los convierte en una población en
extrema situación de vulnerabilidad y de debilidad manifiesta, y por tanto los
sitúa en una condición de desigualdad que da lugar a discriminación23». [énfasis
de la Sala]

Al respecto, la Corte Constitucional en la SU-254 de 2013 expuso que:

la jurisprudencia constitucional ha reconocido el drama humanitario que
causa el desplazamiento forzado como un hecho notorio, así como la
dimensión desproporcionada del daño antijurídico que causa este grave
delito, el cual ha calificado como (i) una vulneración múltiple, masiva,
sistemática y continua de los derechos fundamentales de las víctimas
de desplazamiento; (iii) una pérdida o afectación grave de todos los
derechos fundamentales y de los bienes jurídicos y materiales de esta
población, que produce desarraigo, pérdida de la pertenencia, de la
autonomía personal, y por tanto dependencia, marginalidad, exclusión
social y discriminación de esta población; y (iv) por consiguiente como
una situación de extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta, de
inusual y gravísima desprotección e indefensión de las víctimas de este
delito.

De conformidad con lo expuesto, resulta diáfano concluir que las víctimas de
desplazamiento forzado pertenecen a una población en extremo grado de
vulnerabilidad y de debilidad manifiesta, y por tanto, se les debe un «trato
preferencial y de acciones afirmativas que se deriva del Estado Social de
Derecho24» con el fin de «proteger su situación [anómala y excepcional] de
indefensión a la que se ve sometido por motivos ajenos a su querer25».

Por su parte, se destaca que uno de los derechos que tienen las víctimas del
conflicto armado, resaltado tanto por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos26 como por la Corte Constitucional27, es «la garantía de acceso a un
recurso judicial sencillo y eficaz por parte de las víctimas, lo cual supone a

23
Ver sentencias C-715 de 2012, SU-1150 de 2000, T-098 de 2002, T-419 de 2003, T-602 de
2003, T-025 de 2004 y T-821 de 2007.
24
SU-254 de 2013.
25
Sentencia 279-01 AC de 2001 S3. Sentencia del veintidós (22) de marzo de dos mil uno (2.001).
26
En cuanto a la obligatoriedad y vinculatoriedad de las decisiones de las decisiones de la CIDH,
consultar las Sentencia: C-370 de 2006, C-406 de 1996, C-010 de 2000, entre otras.
27
Corte Constitucional SU-254 de 2013.

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su vez, la obligación de los Estados partes de investigar y esclarecer los hechos
ocurridos».

Además, se tiene que el Consejo de Estado ha explicado que dicha garantía, en
casos por desplazamiento forzado, se puede ejercer a través de las pretensiones
de reparación de los perjuicios causados a un grupo o la de reparación directa,
cuya diferenciación radica en que la primera busca evitar la vulneración del
derecho a la igualdad, así como la garantía de una economía procesal.

Al respecto, «ha insistido la CIDH que todas estas obligaciones se dirigen a
cumplir con el deber de los Estados de prevenir y combatir la impunidad, la cual es
definida por la Corte como la falta de investigación, persecución, captura,
enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos
protegidos por la Convención Americana. En el mismo sentido, (x) ha insistido la
Corte en la gravedad de las consecuencias que apareja la impunidad, tales como
la repetición crónica de las violaciones y la indefensión de las víctimas y sus
familiares28».

También resulta importante destacar que estamos en presencia de un caso que
ocurrió en la Subregión de los Montes de María29, en donde la Jurisdicción
Especial para la Paz [en adelante JEP]30, la Fiscalía General de la Nación31,
autoridades nacionales e internacionales32, así como organismos independientes33
han documentado diversas violaciones a los derechos humanos, al ser perfilados
como colaboradores de la guerrilla o tan solo por el interés que tenían los grupos
subversivos a la posesión de los territorios despojados, ya sea por temas
económicos o por conveniencia territorial.

Al respecto de la victimización de los pobladores de esa subregión, la JEP expuso:

28
SU-254 de 2013.
29
Compuesta por 15 municipios en total: 8 del departamento de Sucre [Ovejas, Chalán, Colosó,
Los Palmitos, Morroa y Tolúviejo] y 7 del departamento de Bolívar [El Carmen de Bolívar, Córdoba,
El Guamo, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano].
30
Auto SRVR No. 104 de 30 de agosto de 2022.
31
Fiscalía General de la Nación. Informes n.º 13 [folio 86], y 15. Muertes grupales cometidas por
Agentes del Estado. 2019, [folio 111].
32
«Ver, Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Una Nación Desplazada. Informe Nacional
del Desplazamiento Forzado en Colombia. 2014. p. 341; Mesa de Interlocución y Concertación de
los Montes de María. Informe para la Jurisdicción Especial para la Paz: Sembrar verdad y justicia
para cosechar paz y reconciliación en los Montes de María-Responsabilidad penal internacional de
terceros, 2020; Corte Suprema de Justicia, Sentencia 3285, 23 de febrero de 2010 contra Álvaro
García Romero). Citado en CODHES, et al. Los Montes de María bajo fuego, voces de las víctimas
de la violencia. Bogotá, 2020. P.[…]»; Informe para la Jurisdicción Especial para la Paz: Sembrar
verdad y justicia para cosechar paz y reconciliación en los Montes de María-Responsabilidad penal
internacional de terceros” DEJUSTICIA. 2021; Conflicto armado y desarraigo en Los Montes de
María. Informe para la Jurisdicción Especial para la Paz.”; Fundación Comité de Solidaridad con los
Presos Políticos. “Solo preguntaron por mi nombre. Detenciones arbitrarias y masivas en los
Montes de María”. Informe entregado a la JEP. 2020; Fucude, Codhes y OPDS, 2020, “Los Montes
de María bajo fuego, voces de las víctimas de la violencia”, p. 83 y 84, así como bases de datos
tales como SIJUF, SPOA y RUV, entre otras.
33
EL SILENCIO DE LAS GAITAS: Papel de la Fuerza Pública en masacres de Montes de María
2000-2001, 2019.

11
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Esta masividad de hechos en la región de Montes de María arrojada por el
UPH se confirma con la información que contienen las bases de datos
oficiales (SIJUF, SPOA y RUV, entre otras). Conforme la distribución de las
cifras registradas, la conducta que más concentró en el territorio fue la de
desplazamiento forzado con un total de 71.302 personas que habrían sido
víctimas de este comportamiento. Esta cifra representa, el 7,61% del total de
víctimas de desplazamiento forzado a nivel nacional; siendo esta región, del
total de las 5 que fueron priorizadas, la tercera que concentra el mayor
número de víctimas de este delito».

Por todo lo anterior se concluye que se acreditaron los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de
relevancia Constitucional, en atención a que se está en presencia de una posible
trasgresión de las garantías constitucionales de los tutelantes, cuya controversia
no se enfocó en un debate de orden de contenido legal o económico, sino que se
justificó en una notoria tensión entre los garantías invocadas y la decisión judicial
objeto de reproche, por lo que la Sala superará esta causal referente a los yerros
en mención.

De igual manera, el alto tribunal constitucional ha estudiado acciones de tutela
contra providencia judicial cuando esta fue dictada en procesos en los cuales se
debatió sobre la comisión de delitos de lesa humanidad ante la evidencia de que
estos asuntos se enmarcan en posibles violaciones a los derechos humanos por
parte del Estado34.

2.4.1.2. Ahora, no ocurre lo mismo frente al cargo por defecto fáctico, comoquiera
que la parte actora no especifica cuáles fueron las pruebas que se desconocieron
y por lo mismo no se precisa cuál es la incidencia que tienen respecto de la
determinación adoptada por el tribunal, luego ante la presencia de la configuración
de este posible yerro de índole probatorio, es pertinente advertir que los
argumentos expuestos apuntan a convertir este mecanismo constitucional en una
tercera instancia, ya que trascienden de una «mera inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales».

En este mismo sentido se advierte que el cargo que se podría adecuar al de la
trasgresión al derecho a la igualdad no cuenta con la carga argumentativa mínima
para ser estudiado, comoquiera que si bien se alegó que no se tuvo en cuenta la
providencia proferida en el «proceso de reparación directa, radicado
N°13001333300820140032600 [sic]» del tribunal accionado, no se precisa las
particularidades de ese asunto, donde inclusive el número de radicado no
corresponde al de un proceso que haya culminado o que fue de conocimiento del
Tribunal Administrativo de Bolívar.

Finalmente, el argumento de que no se tuvo en cuenta el precedente del Consejo
de Estado vigente para la fecha de interposición de la tutela corre la misma suerte
de estos dos últimos defectos, comoquiera que no se controvierte los fundamentos
del tribunal con los cuales sustentó su decisión, particularmente la aplicación de la

34
Sobre la materia se puede consultar las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: SU-
035 y 062 de 2018 y SU-060 de 2021.

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posición unificada de 29 de enero de 2020.

2.4.2. Respecto al agotamiento de todos los medios de defensa judicial, se
tiene que la parte accionante no cuenta con otro mecanismo distinto a la tutela
para conjurar la eventual transgresión que la aludida decisión pudiera irrogarles a
sus derechos fundamentales. Esto, toda vez que, contra la providencia proferida y
ejecutoriada del Tribunal Administrativo de Bolívar que puso fin al proceso, no
procede ningún recurso ordinario.

2.4.3. De igual manera, en el presente asunto se cumple el requisito de
inmediatez pues la decisión en cuestión fue notificada el 30 de mayo de 2023,
mientras que la acción de tutela fue radicada el 30 de noviembre de 2023, es decir
que, sin hacer alusión a la fecha de la ejecutoria, la acción de tutela se presentó
dentro de los seis meses que esta Sección considera como plazo prudencial para
acudir a esta instancia constitucional.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201435, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200536,
para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias
judiciales y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar
el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.

2.4.4. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza dado que la
providencia que controvierte la parte actora fue proferida dentro del proceso de
reparación directa identificado con el radicado 13001-33-33-002-2014-00154-01.

Por todo lo anterior, la Sala procederá a realizar el análisis de los defectos
procedimental y por desconocimiento del precedente, al encontrar acreditados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial.

2.5. De las generalidades de los defectos alegados

2.5.1. Frente al defecto procedimental, la Corte Constitucional37 precisó que se
incurre en un defecto procedimental cuando la autoridad judicial se aparta por
completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto
específico, y establece las siguientes posibilidades para la configuración del cargo
en mención: (i) el juez se ciñe a un trámite completamente ajeno al pertinente,
35
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
36
«c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos».
37
Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia del 09.09.13., M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.

13
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esto es, desvía el cauce del asunto; (ii) omite etapas sustanciales del
procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de defensa y
contradicción de una de las partes del proceso, y (iii) pasa por alto realizar el
debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y
contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los
hechos de la demanda o su contestación.

Para que resulte procedente el amparo en sede de tutela de este defecto, la
jurisprudencia constitucional38 ha precisado que deberán concurrir los siguientes
elementos: (i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra
vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el
defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser
vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido
alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de
acuerdo con las circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia
de lo anterior se presente una vulneración a los derechos fundamentales.

2.5.2. Frente al desconocimiento del precedente resulta importante precisar la
posición de la Sala sobre el concepto de precedente, el cual se sintetiza en los
siguientes términos:

[…] es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al
juez que debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar
una similitud en sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los
cuales la ratio decidendi constituye la regla… que obliga al operador jurídico
a fallar en determinado sentido […]39.

Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos40 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o subregla de derecho para que aquella sea
considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente
las sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la
Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.

Cabe resaltar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho
creadas por las Altas Cortes cuando actúan como órganos de cierre en
determinada materia, encuentra su fundamento en la jerarquía del juez, a sus
funciones asignadas por la norma superior y a la garantía de los principios de
igualdad y seguridad jurídica, así como, en la coherencia del ordenamiento
jurídico.

2.6. Caso concreto

38
Ibidem.
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de
febrero de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 2013-02690-01.
40
Entre otras ver sentencia de 6 de mayo de 2021; expediente 11001-03-15-000-2021-0281-01.

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En este asunto, los accionantes controvierten la sentencia de 27 de abril de 2023
proferida por la Sala de Decisión n. º 001 del Tribunal Administrativo de Bolívar,
dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado 13001-33-33-
002-2014-00154-01, que confirmó la decisión de 31 de marzo de 2022, del
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena que declaró la
caducidad del medio de control.

En efecto, los demandantes advierten que la autoridad judicial accionada incurrió
en los defectos procedimental y por desconocimiento del precedente al no tener
en cuenta el precedente del Consejo de Estado vigente para la fecha de
interposición de la tutela y lo dispuesto por la Corte Constitucional en reciente
sentencia de unificación41, así como por no estudiar los alegatos presentados en
segunda instancia, lo que a su juicio tiene la virtualidad de modificar la decisión
controvertida.

2.6.1. Ahora bien, en lo que respecta al cargo por defecto procedimental, que se
sustentó42, en el hecho de que el ad quem no tuvo en cuenta los alegatos de
segunda instancia, esta Sala considera que tal yerro debe ser negado, comoquiera
que si bien se aportó una captura de pantalla en la que presuntamente
demostraba el envío del mensaje de datos al tribunal accionado, de la revisión de
tal imagen, no se advierte alguna dirección electrónica que corresponda a la
autoridad judicial accionada, como se puede apreciar a continuación:

2.6.2. Aclarado lo anterior, la Sala estudiará el cargo por desconocimiento del
precedente, para lo cual, resulta pertinente recordar el fundamento del ad quem
para declarar la caducidad del medio del control, fue aplicar la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020, de la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado [expediente 61.033], así como lo dispuesto por la Corte
Constitucional en la SU-0312 de 2020.

Ahora bien, los accionantes consideran que tal determinación no contempló las

41
Corte Constitucional SU-163 de 2023.
42
Se recuerda que la competencia se delimitó a la providencia de segundo grado.

15
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nuevas líneas para el estudio de los procesos de lesa humanidad contenidos en la
SU-167 de 2023 de la Corte Constitucional, sin embargo, este cargo no tiene
vocación de prosperidad, ya que dicha providencia de unificación es de fecha
posterior a la que aquí se controvierte. Particularmente el fallo que se busca dejar
sin efectos es de fecha 27 de abril de 2023, notificado el 30 siguiente, y la SU es
de 18 de mayo de 2023, notificada el 16 de junio de 2023.

Al respecto, conviene resaltar que la regla contenida en la SU-167 de 2023, que
se refiere a que las partes deben tener la oportunidad de presentar alegatos
cuando exista cambio de criterio jurisprudencial, es una posición que la Corte
Constitucional ya ha desarrollado, sin embargo este cargo no fue sustentado en la
solicitud de tutela, ni siquiera señalando tal criterio, sobre todo cuando el motivo
de disenso de los accionantes frente a los alegatos se centró en intentar probar
que presentaron alegatos en segunda instancia, lo que se desvirtuó del material
probatorio aportado, no que la autoridad judicial le impidiera presentarlos.

En este orden de ideas, no se le podría imputar al tribunal demandado un
desconocimiento del precedente, frente a las reglas contenidas en una providencia
que no existía para la fecha de su decisión.

Luego, si bien estamos en presencia de unos sujetos de especial protección
constitucional, que tienen un trato preferencial y de acciones afirmativas que se
deriva del Estado Social de Derecho, tampoco se puede omitir que el juez
constitucional se encuentra un limitante, en tutela contra providencia judicial, a
pronunciarse exclusivamente frente a los cargos aludidos en solicitud de tutela.

2.7. Conclusión

Así las cosas, se declarará la improcedencia de los cargos que se refieren al
defecto fáctico, derecho a la igualdad y desconocimiento del precedente
[parcialmente] y negará lo demás.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de los cargos que se refieren al
defecto fáctico, derecho a la igualdad y desconocimiento del precedente
[parcialmente] y NEGAR los yerros que se refieren al defecto procedimental y del
desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su
notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el
número de radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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