Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07288-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07288-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-07288-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
1 de febrero de 2024
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 07288 00
Demandante: EPSG S.A.S. E.S.P.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C, primero (1) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Expediente: 11001 03 15 000 2023 07288 00
Accionante: Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios del Sector
Rural, Urbano y Centros Poblados de Güepsa, Sociedad Anónima por Acciones
Simplificada de Alcantarillado, Aseo Rural y Urbano del Municipio de Güepsa -
Santander - EPSG S.A.S. E.S.P.
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Oralidad de San Gil y el Tribunal
Administrativo de Santander
Tesis: La acción de tutela es improcedente por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad cuando el demandante no ha hecho uso de los mecanismos
ordinarios y extraordinarios establecidos en la ley para la defensa de sus derechos
ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la parte actora en contra de todo
lo actuado en el proceso de radicación número 68679 33 33 001 2022 00009 01,
tramitado ante el Juzgado Primero Administrativo de Oralidad de San Gil y el
Tribunal Administrativo de Santander. Lo anterior por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa como consecuencia de
no haber sido vinculada a dicho proceso, consistente en un medio de control de
nulidad presentado en contra del Acuerdo Municipal No. 011 del 12 de julio de 2021,
a través del cual el Concejo de ese ente territorial autorizó al alcalde de Güepsa
para constituir una empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter
municipal.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios del Sector Rural,
Urbano y Centros Poblados de Güepsa, Sociedad anónima por acciones
simplificada de Alcantarillado Aseo Rural y Urbano del Municipio de Güepsa -
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 07288 00
Demandante: EPSG S.A.S. E.S.P.
Santander - EPSG S.A.S. E.S.P., a través de apoderado judicial, instauró acción de
tutela en contra del Juzgado Primero Administrativo de Oralidad de San Gil y el
Tribunal Administrativo de Santander, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa.
Para el efecto formuló las siguientes pretensiones:
“IV. PETICIONES:
Conforme las anteriores situaciones fácticas, se depreca:
PRIMERO: Que se tutele los derechos de DEBIDO PROCESO y DEFENSA a
favor de la suscrita Empresa que represento y que a la postre tiene un plus
especial de protección constitucional e inclusive convencional en el marco del
tema de referencia como son servicios públicos esenciales.
SEGUNDO: Que en consecuencia se DECLARE LA NULIDAD de todo lo actuado
dentro del proceso de simple nulidad adelantado bajo el radicado No.
68679333300120220000900 por el Juzgado Primero Administrativo de Oralidad
de San Gil, así como 68679333300120220000901 en segunda instancia
adelantado por el Tribunal Administrativo de Santander y se ordene rehacer las
actuaciones con la vinculación de la suscrita Empresa”1.
1.2. Como fundamento de las anteriores solicitudes, indicó que sus derechos
fundamentales fueron vulnerados por dos (2) razones: (i) que debiendo ser vinculada
al proceso en calidad de litisconsorte necesario o cuasinecesario, eso no ocurrió; (ii)
que en el fallo de segunda instancia se le equipara a sociedad de economía mixta,
cuando es una empresa prestadora de servicios públicos conformada como sociedad
por acciones simplificadas.
En cuanto a la primera, explicó que al derivarse su creación del acto administrativo
demandado, debió ser vinculada al proceso ordinario, del que se enteró como
consecuencia de publicaciones en efectuadas por ciudadanos del municipio en redes
sociales y al que no ha podido tener acceso a través de SAMAI. Adicionalmente,
aseguró que también debió vincularse a la Superintendencia de Servicios Públicos ya
que si del fallo se podía desencadenar consecuencias para una empresa de servicios
públicos, era necesario que se acudiera al trámite contemplado en el artículo 121 de
la Ley 142 de 1994 sobre liquidación, pues “una Empresa de Servicios Públicos ya
constituida como entidad COMERCIAL no puede desaparecer de la noche a la
mañana”2.
1 Folios 12 a 13 del escrito de la demanda, visible en el índice 2 de SAMAI.
2 Folio 4 ibidem.
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Demandante: EPSG S.A.S. E.S.P.
Sobre la segunda, transcribió apartes del fallo de segunda instancia sobre “la
autorización especial para la creación de sociedades de economía mixta”3, institución
diferente a su naturaleza, que es la de una empresa de servicios públicos domiciliarios
constituida como sociedad por acciones simplificada. Sobre ese punto citó apartes del
documento de radicado núm. 20214374211551 de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios en el que se indica que para efectos de la constitución de
empresas como esa, además de lo previsto en el artículo 19 de la Ley 142 de 1992,
debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el Código de Comercio. Así, indicó que el
hecho de que el fallo de segunda instancia, a través del cual se declaró la nulidad del
Acuerdo que dio lugar a su creación, se centrara en una figura jurídica diferente a la
que se utilizó para so constitución, implica una vulneración a sus derechos
fundamentales.
Posteriormente, señaló que fue registrada ante la Cámara de Comercio el 20 de
octubre de 2022, fecha desde la cual adquirió personería jurídica y comenzó a operar
la prestación de los servicios públicos de alcantarillado y aseo de Güepsa, que se
encuentra en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos - RUPS. De ahí,
aseveró que no solo son sus derechos los que se vulneraron, sino también los de la
población, que ve afectada la prestación del servicio; así como los de sus empleados,
quienes no cuentan con otras fuentes de empleo ni estabilidad laboral y son, en su
mayoría, cabeza de familia, a quienes tendría que terminarles los contratos de manera
anticipada.
Ahora bien, al referirse a los requisitos generales de procedibilidad de tutela contra
providencias judiciales, (i) indicó que el asunto es relevante constitucionalmente
porque en la totalidad del trámite del proceso que ataca, se vulneraron sus derechos
fundamentales debido a que no se le hizo parte del proceso, pese a que el mismo
terminó con la declaratoria de nulidad del acto a través del cual fue creada.
Adicionalmente, el ad quem desconoció su existencia, así como las consecuencias
jurídicas de esa declaratoria de nulidad, pues todas las actuaciones posteriores
encuentran afectada su validez. En este punto, indicó que el Tribunal desconoció el
precedente de esta Sección, en el proceso de radicación 2011-00163, fallado el 18 de
julio de 2019, con ponencia de la Magistrada Peña Garzón, según la cual los efectos
de la nulidad decretada son ex tunc, es decir, no se irradian en perjuicio de la validez
de las situaciones consolidadas, sino que los actos administrativos particulares y las
3 Folio 5 ibidem.
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actuaciones especiales materializadas en el marco de su objeto y ámbito de
aplicación, se mantienen intactos. En esa línea, enlistó las situaciones ya consolidadas
que el fallo de segunda instancia desconoció, entre las que se encuentran las
inversiones en infraestructura, su reconocimiento como empresa prestadora de
servicios públicos, el aporte accionario, los contratos celebrados con mil setenta y uno
(1071) usuarios y la contratación de personal.
Prosiguió, señalando que (ii) carece de otro medio de defensa para atacar el fallo de
segunda instancia, pues no hizo parte del proceso en el que se profirió. En lo que hace
a la (iii) inmediatez, adujo que tuvo conocimiento de la providencia atacada el 24 de
noviembre de 2023, fecha en la que le fue notificada a las partes, por lo que se
encuentra en tiempo (el escrito de la demanda tiene fecha del 30 de noviembre de
2023).
Frente a la (vi) irregularidad procesal, aseveró que el hecho de que no se le haya
vinculado al proceso siendo litisconsorte necesario o cuasinecesario la configura. En
ese orden, citó el artículo 61 del Código General del Proceso (en adelante CGP) y, si
bien aclaró que el acto demandado en el proceso ordinario únicamente dio una
autorización al alcalde, lo cierto es que a través de actos posteriores se dio lugar a su
funcionamiento y que por eso debió ser informada de la existencia del proceso,
máxime cuando el fallo de segunda instancia se centró en el tipo de sociedad que fue
constituida. En este punto indicó que el juez tampoco ordenó su presencia en el
proceso al admitir la demanda.
Posteriormente, citó el artículo 62 del CGP sobre litisconsortes cuasinecesarios,
aquellos titulares de una determinada relación sustancial a la cual se extienda efectos
jurídicos de la sentencia, para poner de presente que no pudo intervenir en el proceso
ordinario por no conocer de su existencia. Por lo que hace a (v) la identificación de los
hechos que generan la vulneración, así como los derechos cuya conculcación se
alega, adujo que el escrito de la demanda cumple con esos requisitos, así como con
que (vi) no se presenta contra sentencias de tutela.
Al referirse a los requisitos específicos de procedibilidad, enlistó dos (2): (a) violación
directa de la Constitución respecto de su derecho fundamental al debido proceso y (b)
desconocimiento del precedente, haciendo referencia a la postura del Consejo de
Estado que reseñó cuando sustentó la relevancia constitucional de este proceso.
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II. TRÁMITE DE LA TUTELA
2.1. El proceso de la referencia fue admitido mediante proveído del 6 de diciembre
de 20234
2.2. El Presidente del Consejo de Güepsa solicitó negar las pretensiones de la
demanda5. Ello al considerar que con su conducta, ni por acción ni por omisión,
amenazó o vulneró los derechos fundamentales que la accionante considera
conculcados. Observó que el trámite del proceso ordinario fue efectuado en
aplicación de las normas procesales correspondientes y de forma rigurosa.
También señaló que la solicitud de amparo es improcedente por no cumplir con el
requisito de la subsidiariedad, pues no puede admitirse como medio judicial
alternativo, adicional o complementario. Así, indicó que la accionante puede
interponer las “acciones civiles de imposición de servidumbre que son del
conocimiento del juez ordinario, autoridad plenamente dotada de las facultades y
poderes para resolver la controversia de manera definitiva y permanente”6.
2.3. La ciudadana Tatiana Johanna Kwan Acosta allegó memorial en el que
solicitó que la solicitud de amparo de la referencia sea negada, al considerar que la
acción de amparo resulta improcedente para atacar sentencias proferidas en sede
del medio de control de nulidad. En este punto, citó radicado número 11001 03 15
000 2023 03672 00 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con ponencia del
Magistrado Chávez García. Igualmente, señaló que en ese proceso, el órgano de
cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo precisó que al tratarse de
procesos en los que la discusión es de puro derecho, esto es, en donde únicamente
se analiza la legalidad de un acto administrativo, la sentencia que se produce no
tiene la virtualidad de amenazar o violar de manera directa y concreta derechos
fundamentales. Postura que comparte la Corte Constitucional en la sentencia SU-
391 de 2016.
4 Índice 5 de Samai.
5 Índice 10 ibidem.
6 Folio 4, informe obrante en el índice 10 de Samai.
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2.4. El Juzgado Primero Administrativo de Oralidad de San Gil, el Tribunal
Administrativo de Santander, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y los demás interesados en las resultas del proceso guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
De conformidad con lo previsto por el numeral tercero del artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333
de 20217, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la
misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones
constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.
3.2. Hechos relevantes
3.2.1. A través del Acuerdo Municipal No. 011 del 12 de julio de 2021, el Concejo
de Güepsa autorizó al alcalde de para constituir una empresa de servicios públicos
domiciliarios de carácter municipal.
3.2.2. En contra de ese acto administrativo se presentó el medio de control de nulidad,
que fue conocido en primera instancia por el Juzgado Primero Administrativo de
Oralidad de San Gil, quien negó las pretensiones de la demanda, y en segunda, por
el Tribunal Administrativo de Santander, autoridad judicial que revocó el fallo del a
quo y decretó la nulidad del mencionado acuerdo.
3.2.3. Inconforme con esa decisión, la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
del Sector Rural, Urbano y Centros Poblados de Güepsa, Sociedad anónima por
acciones simplificada de Alcantarillado Aseo Rural y Urbano del Municipio de
Güepsa - Santander - EPSG S.A.S. E.S.P., interpuso la acción de tutela de la
7 “Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:
(…)
7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la
Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que
se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto. (…)”
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referencia buscando la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la defensa.
3.3. Planteamiento
De acuerdo con lo expuesto en la demanda y los informes de contestación, lo que
observa la Sala es que hay controversia sobre la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y defensa de la parte actora, pues para la
accionante, debió ser vinculada en calidad de litisconsorte necesario o
cuasinecesario al proceso de nulidad objeto de controversia. Asimismo, cuestionó
que en la providencia enjuiciada se la equiparó a una sociedad de economía,
cuando en realidad es una empresa prestadora de servicios públicos conformada
como sociedad por acciones simplificada. Por su parte, para el Presidente del
Concejo de Güepsa y la ciudadana Tatiana Kwan, la solicitud de amparo es
improcedente, para el primero porque considera que el proceso se tramitó de
conformidad con la normativa aplicable y la accionante no agotó los mecanismos de
defensa judicial a su alcance, para la segunda porque no procede en contra de
sentencias emitidas en procesos de nulidad simple, debido a que en estas no existe
la virtualidad de vulnerar derechos fundamentales dado que el estudio que se hace
es de mera legalidad.
De manera a resolver dichos interrogantes, tendrá que evaluarse el cumplimiento
de los requisitos generales de procedencia de la petición de amparo,
particularmente el de subsidiariedad.
3.4. De la subsidiariedad
El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela sólo procede
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción de tutela
no procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto
a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.
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Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la medida
que solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable 8.
La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de subsidiariedad
envuelve tres eventos que conducen a la improcedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial9: (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento
en que no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron
de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico.
No obstante, el Tribunal Constitucional ha establecido dos excepciones a dicho
principio: (i) cuando el mecanismo ordinario de defensa no es idóneo ni eficaz para
la protección inmediata de los derechos fundamentales, y (ii) cuando se pretende
evitar la configuración de perjuicio irremediable, el cual debe acreditarse que cumple
con la características de ser inminente y grave, que requiere de la adopción de
medidas de carácter urgente para superar el daño y, por lo tanto, que la protección
constitucional es impostergable10.
3.4.1. Pues bien, lo que evidencia la Sala es que la actora no ha hecho uso los
mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa previstos en el ordenamiento
jurídico antes de acudir al presente mecanismo constitucional. En efecto, de la
lectura de las pretensiones de la demanda, lo que se advierte es que busca que se
declare la nulidad de todo lo actuado en el proceso identificado con número 68679
3333 001 2022 00009 01, dado que no fue vinculada a éste pese a que tenía la
condición de litisconsorte necesaria o cuasinecesaria, circunstancia que, en su
criterio, derivó en un desconocimiento de su derecho al debido proceso y de la
garantía de defensa.
8 La Corte Constitucional en la sentencia T-441 de 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, dijo
que los criterios a partir de los cuales debe analizarse si, efectivamente, en un caso concreto, se
está ante la presencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia transitoria del
mecanismo de amparo constitucional son (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y evidente
sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de
reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere
la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal
magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales.
9 Sentencia T-396 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
10 Sentencia T-150 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Siendo ello así, es oportuno destacar que según el numeral 8 del artículo 133 del
Código General del Proceso11 aplicable al trámite ordinario por la remisión dispuesta
en el artículo 208 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA)12, un proceso es nulo cuando no se practica la
notificación del auto admisorio a las personas que deban ser citadas como partes.
Por su parte, el artículo 134 del CGP prevé que las nulidades podrán alegarse en
“cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a
esta, si ocurrieren en ella. Por ende, a juicio de la Sala la actora sí estaba
habilitada para solicitar la nulidad del proceso cuando se enteró de la expedición del
fallo de segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Santander, sin que así
lo hubiera hecho.
En ese mismo sentido se pronunció esta Corporación en sentencia del 2 de
diciembre de 2021, en la que declaró la improcedencia de una acción de tutela por
el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por las siguientes razones:
“Alega la sociedad accionante que, en su caso, se vulneró su derecho
fundamental al debido proceso, pues en su calidad de contratista con Ecopetrol
y, por tanto, sujeto pasivo de la contribución por contratos de obra pública, se
le debieron notificar las actuaciones administrativas relacionadas con el contrato
4017922 del 6 de mayo de 2008 y, además, ser vinculado al proceso
contencioso administrativo para que hubiera podido presentar pruebas y
controvertir las que se allegaran en su contra.
De manera específica, controvierte la existencia de un defecto procedimental,
fundamentado en que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
adelantado por Ecopetrol no era posible decidir de mérito, toda vez que con
respecto de los contratistas que suscribieron los contratos de obra pública con
dicha entidad se configuraba un litisconsorcio necesario y, en términos de lo
dispuesto en el artículo 61 del CGP, era obligación integrar debidamente el
contradictorio; y, además, que los contratistas debieron vincularse al trámite, en
atención a que sus intereses se vieron gravemente afectados con el cambio
jurisprudencial, al deber ahora concurrir al pago de la obligación tributaria sin
que tuvieran la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción.
Pues bien, revisadas las circunstancias del caso, se advierte que, contrario a lo
referido por el juez de primera instancia, la sociedad accionante cuenta con
11 “Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los
siguientes casos:
(…)
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban
ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes,
cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra
persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.”
12 “Artículo 208. Nulidades. Serán causales de nulidad en todos los procesos las señaladas en el
Código de Procedimiento Civil y se tramitarán como incidente.”
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otros medios de defensa judicial para controvertir lo aquí suscitado, pues
además del incidente de nulidad previsto en los artículos 133 y 135 del CGP,
también puede acudir, en su defecto, al recurso extraordinario de revisión
estipulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, según se pasa a
exponer:
En el numeral 8 del artículo 133 del CGP, se dispone claramente que el proceso
es nulo, en todo o en parte, «cuando no se practica en legal forma la notificación
del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el
emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que
deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso
a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida
forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo
con la ley debió ser citado»; y de acuerdo con el artículo 134 del CGP, «las
nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte
sentencia o con posterioridad a esta, si ocurrieren en ella», lo que quiere decir
que, en el caso, la sociedad accionante podía acudir al incidente de nulidad,
luego de que tuvo conocimiento de la sentencia del 18 de febrero del 2021,
proferida en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.”13
(Subrayas de la Sala).
3.4.2. De otro lado, como la accionante alega que con la sentencia de segunda
instancia se vulneró su derecho al debido proceso y la garantía del derecho a la
defensa, es preciso indicar que ésta cuenta con el recurso extraordinario de revisión
para controvertir esa decisión con fundamento en la causal quinta del artículo 250
del CPACA, es decir, “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso alguno (…)”.
A este respecto, se observa que la Corte Constitucional, en la sentencia de
unificación SU-090 de 2018, se remite a lo expuesto por ella misma en la sentencia
T-553 de 2012, afirmando que, “respecto de los recursos extraordinarios el único de
éstos que finalmente procedería para atacar la sentencia del Tribunal demandado y
salvaguardar los derechos fundamentales de los tutelantes, es el de revisión. No
obstante, la Corte ha establecido reglas jurisprudenciales que permiten analizar si
este medio de defensa judicial es idóneo y eficaz, al punto que desplace el recurso
de amparo, lo cual ocurre cuando: “a) la única violación alegada sea el derecho al
debido proceso y, eventualmente, la de otros derechos que no tienen carácter
fundamental, o b) cuando el derecho fundamental cuya protección se solicita sea
susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite del recurso,
porque concurren en él (i) causales de revisión evidentemente dirigidas a
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección “A”.
Sentencia del 2 de diciembre de 2021. Proceso radicado número 11001 03 15 000 2021 05537 01.
Consejero Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
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salvaguardar dicho derecho, y (ii) en caso de prosperar el recurso, decisiones que
restauran de forma suficiente y oportuna el derecho” 14.
Así mismo, en oportunidad anterior, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-263
del 7 de mayo de 2015, había concluido que “la acción de tutela se torna
improcedente cuando al interior de un proceso contencioso administrativo se alega
la vulneración al debido proceso y este derecho fundamental es susceptible de ser
protegido mediante el trámite del recurso extraordinario de revisión (…)15”.
Dicha regla fue reiterada en la reciente sentencia SU-026 de 2021, donde la Corte
determinó la improcedencia de la acción de tutela por no superar el requisito general
de subsidiariedad, indicando que el recurso extraordinario de revisión se trata de un
mecanismo de defensa idóneo y eficaz cuando se invoca el derecho fundamental al
debido proceso, toda vez que la protección de este derecho puede encuadrarse de
manera integral dentro de una de las causales del recurso de revisión. Allí indicó:
“(…) Lo anterior erige al recurso extraordinario de revisión en materia
contencioso-administrativa como un medio de defensa idóneo y eficaz cuando
la vulneración del derecho al debido proceso tiene origen en un fallo judicial que
se encuentra ejecutoriado. De hecho, la jurisprudencia constitucional ha
reconocido la innegable semejanza entre la acción de tutela y el recurso de
revisión cuando se busca proteger este derecho:
“A través de ese medio [recurso extraordinario especial de revisión] se
plantearía la controversia sobre el debido proceso en términos idénticos a
los que constituyen el presupuesto para resolver la acción de tutela, al
punto que un pronunciamiento del juez constitucional dejaría sin oficio al
juez competente. Los dos procesos, el extraordinario especial de revisión
y el de tutela, tendrían identidad de causa petendi y de petitum, y resulta
claro que no puede haber, sobre la misma causa, dos pronunciamientos
judiciales concurrentes”.
Estas similitudes entre los dos mecanismos de defensa han llevado a la Corte
Constitucional a establecer la siguiente subregla de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales:
“[E]l recurso de revisión constituye un mecanismo idóneo y eficaz de
defensa judicial dependiendo de la naturaleza de los derechos invocados
por el peticionario, y la cobertura brindada por las causales aplicables al
proceso específico. Así, el recurso será eficaz cuando a) la única violación
alegada sea el derecho al debido proceso y, eventualmente, la de otros
derechos que no tienen carácter fundamental, o b) cuando el derecho
fundamental cuya protección se solicita sea susceptible de ser protegido
de manera integral dentro del trámite del recurso, porque concurren en él
(i) causales de revisión evidentemente dirigidas a salvaguardar dicho
14 Referencia: Expediente T-6.406.743 (M. P. Alberto Rojas Ríos)
15 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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derecho, y (ii) en caso de prosperar el recurso, decisiones que restauran
de forma suficiente y oportuna el derecho.”
Dicho de otro modo, la acción de tutela desplazará el recurso extraordinario de
revisión siempre que (i) el derecho fundamental cuya protección se solicita no
sea susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite del
recurso; y (ii) las causales de revisión no se encuadren dentro de los hechos
denunciados por el accionante. En síntesis, para la Sala Plena “la acción de
tutela se torna improcedente cuando al interior de un proceso contencioso
administrativo se alega la vulneración al debido proceso y este derecho
fundamental es susceptible de ser protegido mediante el trámite del recurso
extraordinario de revisión (…)”16.
Por su parte, la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado, en
sentencia del 8 de mayo de 2018, dijo que “(…) el recurso de revisión (…) y las
causales que dan lugar a su solicitud, constituyen un mecanismo judicial destinado
a la protección de derechos fundamentales como el de acceso a la justicia y el
debido proceso, es decir, es un instrumento o medio de control adicional que el
legislador diseñó para la protección de esos derechos fundamentales y, por tanto,
hacen parte del haz de acciones para la satisfacción plena del derecho fundamental
a la tutela judicial efectiva” 17, para agregar a su pronunciamiento el alcance que la
corporación le da actualmente a la causal contenida en el numeral 5 del artículo 250
del CPACA, con la siguiente argumentación:
“6.2.3 Nuevo alcance de la causal de nulidad originada en la sentencia
Todo lo anterior permite afirmar sin ambages que los eventos definidos
tradicionalmente por la jurisprudencia de esta Corporación como constitutivos
de nulidades originadas en sentencia, no son taxativos.
Así, por ejemplo, con esta providencia queda claro que, en aras de hacer
efectivos los derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, es deber del juez decidir de fondo los litigios
cuando las circunstancias así se lo permitan, lo que significa que la violación a
tales preceptos cuando se expide un fallo inhibitorio injustificado también
configura la causal de revisión alegada. (…)”.
En esta misma dirección, la jurisprudencia de esta Corporación también abrió la
posibilidad de que el recurso extraordinario de revisión proceda con la invocación
de la causal señalada en el anotado numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011, cuando quiera que se evidencie la vulneración del derecho al debido
proceso. Para ello, es pertinente traer a colación lo dicho por la Sección Quinta en
16 Corte Constitucional. Sentencia SU026 del 5 de febrero de 2021. Magistrada Ponente: Cristina
Pardo Schlesinger
17 Expediente rad. 11001 03 15 000 1998 00153 01 (REV) C.P. Alberto Yepes Barreiro. En similar
sentido se pronunció la Sala Especial de Decisión nro. 22 en sentencia del 2 de febrero de 2016.
Expediente rad. 110001-03-15-000-2015-02342 -00 (REV) C.P. Alberto Yepes Barreiro.
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fallo del 16 de enero de 2017, dentro del proceso número 11001-03-28-000-2016-
00070-00, en cuyo contenido también se aludió a la postura de la Sala Especial de
Revisión nro. 26, en la que se decidió el recurso extraordinario de revisión radicado
con el número 11001-03-15-000-2011-01639-00. Así dijo:
“4. La causal de revisión por nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso18
Corresponde al numeral quinto del artículo 250 del CPACA:
“Son causales de revisión:
“5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación.”
Una de las causales de revisión que más discusiones ha generado en la
jurisprudencia de lo contencioso administrativo19 es la relativa a la nulidad
originada en la sentencia, dado que, en razón de su redacción, ha
correspondido al juez del recurso de revisión establecer su alcance, por cuanto
el legislador omitió determinar las circunstancias que podían generar la nulidad
de la providencia, es decir, se trata de un texto en blanco.
En ese sentido, desde la idea de que este recurso no se puede emplear o utilizar
para reabrir el debate que originó el respectivo proceso, la causal en estudio ha
sido objeto de diversos pronunciamientos que buscan circunscribir su alcance
para evitar, precisamente, que ella se emplee para que el juez de revisión se
convierta en un juez de instancia.
En un fallo de revisión de la Sala Especial de Revisión 26, se indicó cómo20, en
la Sala Plena de lo Contencioso, se originaron tres corrientes o tendencias para
entender este causal, según las cuales i) las razones de la nulidad de la
sentencia las define el juez; iii) las causales de nulidad de la sentencia son las
del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil -hoy en día 133 del Código
General del Proceso- y iii) las causales de nulidad de la sentencia provienen de
la combinación de los dos criterios anteriores.
La tendencia mayoritaria ha sido la de acoger aquellas causales del artículo 140
del Código de Procedimiento Civil, hoy 133 del Código General del Proceso,
que por su contexto pueden originar la nulidad de la providencia, para no
confundirlas con aquellas generadas en las instancias o etapas anteriores a
esta, dado que el recurso de revisión solo se puede presentar cuando la nulidad
se materialice en el fallo y no en una fase que lo anteceda.
Por ello, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo fue fijando las
circunstancias que podían configurar la causal de revisión en estudio, para lo
cual analizó cada una de las causales establecidas en el artículo 140 del C. de
P. C., hoy 133 del Código General del Proceso, para indicar, entre otras cosas,
lo siguiente:
18 En cuanto al alcance de esta causal, Cfr. Sentencia de la Sala Especial de Decisión No. 26 del
Consejo de Estado, proferida el 7 de abril de 2015, dentro del expediente 110010315000201300358-
00, Demandante: Luis Facundo Maldonado Granados, Demandado: Universidad Pedagógica
Nacional.
19 Ibídem.
20 Consejo de Estado. Sala Especial No. 26. Sentencia de 3 de febrero de 2015, Expediente: 11001-
03-15-000-2011-01639-00 Demandante: Vehivalle S.A. Referencia: Recurso extraordinario de
revisión. Consejera Ponente, doctora Olga Mélida Valle de De La Hoz.
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“… la nulidad que tiene origen en la sentencia puede ocurrir, en
conformidad con la disposición referida – se hace alusión al artículo 140
del C. de P.C.-, cuando se provee sobre aspectos para los que no tiene el
juez jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2); cuando, sin ninguna
otra actuación, se dicta nueva sentencia en proceso terminado
normalmente por sentencia firme, o sin más actuación se dicta sentencia
después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el
desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del
proceso, porque así se revive un proceso legalmente concluido, o cuando
se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia; o
cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada
en ésta, o se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con
ello, en lo concerniente, también se pretermite íntegramente la instancia
(numeral 3); o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después
de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de
suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida (numeral
5), entre otros eventos.”[…]21
En un pronunciamiento posterior precisó:
“[…] Las nulidades procesales no pueden confundirse con las que se
originan en la sentencia, pues mientras las primeras se estructuran
cuando quiera que se dan los motivos consagrados taxativamente en el
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, partiendo del contenido de
la misma disposición, las segundas deben interpretarse restrictivamente
con unos determinados supuestos fácticos que esta Corporación ha
precisado y que conducen a determinar que la nulidad originada en la
sentencia puede ocurrir:
a) cuando el Juez provee sobre asuntos respecto de los cuales carece de
jurisdicción o competencia;
b) cuando, sin ninguna actuación, se dicta nuevo fallo en proceso que
terminó normalmente por sentencia en firme;
c) cuando sin más actuación, se dicta sentencia después de ejecutoriado
el auto por el cual se aceptó el desistimiento, aprobó la transacción, o,
declaró la perención del proceso, pues ello equivale a revivir un proceso
legalmente concluido;
d) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el trámite previo
correspondiente, toda vez que ello implica la pretermisión íntegra de la
instancia;
e) cuando el demandado es condenado por cantidad superior, o por objeto
distinto del pretendido en la demanda, o por causa diferente de la
invocada en ésta,
f) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con
ello también se pretermite íntegramente la instancia;
21 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 11 de mayo de 1998. Expediente:
REV-93. Actor: Gabriel Mejía Vélez. C.P.: Dr. Mario Alario Méndez.
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g) cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en
estos casos, antes de la oportunidad debida.”
Igualmente, junto a este criterio se ha aceptado, que pueden existir otros
motivos no contemplados en los códigos procesales como causales de nulidad,
pero que surgen de la vulneración del artículo 29 constitucional. Es decir,
que la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser
causal de revisión. En este último evento, corresponderá al juez determinar si
el hecho que se dice contrario a este derecho puede configurar la causal de
revisión en comento.
Así lo entendió la Especial de Decisión 26, al indicar “… las causales de nulidad
de la sentencia son las previstas en el estatuto procesal civil, en las condiciones
que establece el art. 142 del mismo y las que se originen en la sentencia por
violación del debido proceso constitucional, contemplado en el artículo 29.”22
En este caso, el juez no está creando una causal, pues se reconoce que la
nulidad originada en el fallo se deriva del desconocimiento de un mandato
constitucional, en donde el operador judicial será el encargado de determinar si
lo que se alega tiene la entidad suficiente para originar la nulidad de la sentencia
de instancia, pues no toda irregularidad puede tener la potencialidad de afectar
la inmutabilidad de la providencia que ha puesto fin al proceso.” (Subrayas y
negrillas de la Sala).
En esas condiciones, quien alega que una sentencia de última instancia le ha
violado el derecho al debido proceso, e invoca y sustenta elementos de su núcleo
fundamental, no puede intentar que el asunto le sea resuelto en sede de tutela,
salvo que demuestre perjuicio irremediable; pues tiene para ello expedito el recurso
extraordinario de revisión. Ello, teniendo en cuenta que la tutela está instituida como
un mecanismo residual para amparar derechos constitucionales fundamentales, y
ya la jurisprudencia ha señalado que el derecho al debido proceso constitucional
(Art. 29 de la Carta Política), que se considere violado o amenazado por sentencia
que no tenga apelación, puede ser protegido mediante dicho recurso.
3.4.3. Por lo anotado, y sin que sea necesario descender en otras consideraciones,
la Sala declarará improcedente la acción de tutela de la referencia por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, comoquiera que la parte actora no
agotó los mecanismos de defensa judicial idóneos antes de acudir a la presente
petición de amparo.
22 Consejo de Estado. Sala Especial No. 26. Expediente: 11001-03-15-000-2011-01639-00
Demandante: Vehivalle S.A. Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Consejera Ponente,
doctora Olga Melida Valle de la Hoz. En dicha Sala se aprobaron otras dos decisiones en igual
sentido. Radicación: 11001-03-15-000-1998-00157-01 (Rev. 157). Demandante: Sociedad de
Mejoras Públicas de Cali.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
IV. FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la
Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios del Sector Rural, Urbano y
Centros Poblados de Güepsa, Sociedad Anónima por Acciones Simplificada de
Alcantarillado, Aseo Rural y Urbano del Municipio de Güepsa - Santander - EPSG
S.A.S. E.S.P., de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si
no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 1 de febrero de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclara voto
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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