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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07288-01

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07288-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 1. ° de febrero de 2024 dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-07288-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

18 de abril de 2024

Demandante: Empresa Municipal de Servicios Públicos
Domiciliarios del Sector Rural, Urbano y Centros Poblados de Güepsa
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07288-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07288-01
Demandante: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DEL SECTOR RURAL, URBANO Y
CENTROS POBLADOS DE GÜEPSA S.A.S. E.S.P.
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA SOLICITUD

Procede la sala a resolver la impugnación presentada por la parte demandante contra
la sentencia de 1. ° de febrero de 2024, por medio de la cual el Consejo de Estado,
Sección Primera declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios del Sector Rural, Urbano y
Centros Poblados de Güepsa S.A.S. E.S.P., el 1. ° de diciembre de 2023, instauró
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Primero
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de San Gil, con el fin de que se protejan
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de las
providencias dictadas por las autoridades judiciales censuradas el 29 de junio y 16 de
noviembre de 2023, a través de las cuales, en primera instancia se denegaron las
pretensiones y, en segunda, se revocó la decisión para, en su lugar, acceder a las
súplicas del medio de control de nulidad simple promovido por la señora Tatiana
Johanna Kwan Acosta contra el Consejo y el municipio de Güepsa, Santander, proceso
que se identificó con el radicado 68679-33-33-001-2022-00009-01.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Empresa Municipal de Servicios Públicos
Domiciliarios del Sector Rural, Urbano y Centros Poblados de Güepsa
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07288-01

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó:

PRIMERO: Que se tutele los derechos de DEBIDO PROCESO y DEFENSA a favor de
la suscrita Empresa que represento y que a la postre tiene un plus especial de protección
constitucional e inclusive convencional en el marco del tema de referencia como son
servicios públicos esenciales.

SEGUNDO: Que en consecuencia se DECLARE LA NULIDAD de todo lo actuado dentro
del proceso de simple nulidad adelantado bajo el radicado No.
68679333300120220000900 por el Juzgado Primero Administrativo de Oralidad de San
Gil, así como 68679333300120220000901 en segunda instancia adelantado por el
Tribunal Administrativo de Santander y se ordene rehacer las actuaciones con la
vinculación de la suscrita Empresa1.

1.3. Hechos2

Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

La parte actora indicó que a través del Acuerdo Municipal 011 de 12 de julio de 2021,
el Concejo de Güepsa autorizó al alcalde para constituir una empresa de servicios
públicos domiciliarios de carácter municipal, autorización con la cual se creó la
Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios del Sector Rural, Urbano y
Centros Poblados de Güepsa S.A.S. E.S.P., y se materializó con «documento
Accionario debidamente protocolizado y plasmado en el Acuerdo de Junta Directiva
No. 001-2022 del 28 de Octubre de 2022»3.

Adujo que la ciudadana Tatiana Johanna Kwan Acosta ejerció el medio de control de
simple nulidad, con el fin de que se declarara la nulidad del referido acto administrativo.

Precisó que el asunto le correspondió en primera instancia al Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil, autoridad que a través de sentencia
de 29 de junio de 2023 declaró probada la excepción de mérito planteada por el
municipio de Güepsa – Concejo municipal, denominada «INEXISTENCIA DE CAUSAL
DE NULIDAD POR EXPEDICIÓN IRREGULAR DEL ACTO» y negó las pretensiones.

Acotó que la apelación fue desatada por el Tribunal Administrativo de Santander
mediante fallo de 16 de noviembre de 2023, en el sentido de revocar la decisión del a
quo, para, en su lugar, declarar la nulidad del Acuerdo Municipal 011 de 2021.

1
Cita del texto original con énfasis y posibles errores.
2
Los hechos son extracto de la sentencia de primera instancia debido a que el escrito de tutela es
confuso.
3 Cita del texto original con posibles errores.

2

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1.4. Fundamentos de la solicitud

La empresa accionante alegó que en el proveído de 16 de noviembre de 2023 se
incurrió en una violación directa de la Constitución y en desconocimiento del
precedente del Consejo de Estado, con fundamento en los siguientes argumentos:

Adujo que se configuró una irregularidad procesal al omitir la vinculación al proceso
ordinario de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios del Sector Rural,
Urbano y Centros Poblados de Güepsa S.A.S. E.S.P (en adelante ESPG SAS ESP),
desde la expedición del auto admisorio, pese a que considera tener la calidad de
litisconsorte necesario o cuasinecesario de conformidad con lo estipulado en los
artículos 61 y 62 del CGP, por cuanto su creación y existencia se derivó de la
expedición del Acuerdo Municipal 011 de 2021 y este fue declarado nulo.

En ese sentido, agregó que solo tuvo conocimiento del asunto el 24 de noviembre de
2023 (fecha en la que le fue notificada a las partes el fallo censurado), con ocasión de
las publicaciones realizadas en las redes sociales por parte de los ciudadanos.
Además, precisó que, si bien el proceso se encuentra en el sistema de gestión judicial
Samai, lo cierto es que no se encuentran cargadas las piezas del expediente.

Adicionalmente, aseguró que también debió vincularse al medio de control ordinario a
la Superintendencia de Servicios Públicos, puesto que, si del fallo se podía
desencadenar consecuencias para una empresa de dicha categoría, era necesario que
se acudiera al trámite contemplado en el artículo 121 de la Ley 142 de 1994 sobre
liquidación.

De otro lado, reprochó que en el fallo de segunda instancia se equiparara a ESPG SAS
ESP a una empresa de economía mixta, porque su naturaleza jurídica corresponde a
una entidad prestadora de servicios públicos conformada como sociedad por acciones
simplificadas y, para efectos de hacer hincapié en ello, citó extensos apartes del fallo
de segunda instancia relacionados con «la autorización especial para la creación de
sociedades de economía mixta», y del documento identificado con el radicado
20214374211551 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el que
se indica que para la constitución de empresas como esa, además de lo previsto en el
artículo 19 de la Ley 142 de 1992, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el Código
de Comercio.

Así, cuestionó el hecho de que la sentencia censurada, a través de la cual se declaró
la nulidad del referido acuerdo, se centrara en una figura jurídica diferente a la que se
utilizó para la creación y constitución de la sociedad actora, la cual fue registrada ante
la Cámara de Comercio el 20 de octubre de 2022, fecha desde la cual adquirió
personería jurídica y comenzó a prestar los servicios públicos de alcantarillado y aseo
en el municipio de Güepsa, que se encuentra en el Registro Único de Prestadores de
Servicios Públicos - RUPS.
3

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Aseveró que con la decisión reprochada también se transgreden los derechos de la
población que ve afectada la prestación del servicio público; así como los de sus
empleados que no cuentan con otras fuentes de empleo ni estabilidad laboral y son,
en su mayoría, cabeza de familia, a quienes tendría que terminarles los contratos de
manera anticipada.

Manifestó que el tribunal demandado, además de desconocer la existencia de la
sociedad tutelante, pasó por alto las consecuencias jurídicas de la declaratoria de
nulidad del acuerdo, respecto de las actuaciones posteriores a la expedición de dicho
acto administrativo y, en esa línea argumentativa, enlistó las situaciones consolidadas
con ocasión del funcionamiento de la entidad, que fueron obviadas por la autoridad
judicial cuestionada, dentro de las cuales se encuentran las inversiones en
infraestructura, su reconocimiento como empresa prestadora de servicios públicos, el
aporte accionario, los contratos celebrados con mil setenta y uno (1071) usuarios y la
contratación de personal.

En este punto, indicó que el tribunal desconoció el precedente de la Sección Primera
del Consejo de Estado que, en el proceso 2011-00163, fallado el 18 de julio de 2019,
con ponencia de la Magistrada Peña Garzón, se estableció que los efectos de la
nulidad decretada son ex tunc, es decir, «no se irradian en perjuicio de la validez de
las situaciones consolidadas, sino que los actos administrativos particulares y las
actuaciones especiales materializadas en el marco de su objeto y ámbito de aplicación,
se mantienen intactos».

Finalmente, aseguró que la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales
de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales, puesto que: (i) no se trata de
una tutela contra una decisión de la misma naturaleza; (ii) el mecanismo se ejerció de
manera oportuna en atención a que tuvo conocimiento de la sentencia de segunda
instancia el 24 de noviembre de 2023 y la solicitud de amparo la radicó el 1. ° de
diciembre del mismo año; (iii) no cuenta con otros medios de defensa judicial por
cuanto ESPG SAS ESP no fue vinculada al medio de control ordinario; (iv) el asunto
es relevante constitucionalmente, al debatirse la vulneración del derecho al debido
proceso; y (v) el origen de la transgresión consiste en una irregularidad procesal.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Con auto de 6 de diciembre de 2023 el ponente del primer grado admitió la solicitud
de amparo, dispuso tener como autoridades judiciales accionadas al Tribunal
Administrativo de Santander y al Juzgado Primero Administrativo de Oralidad de San
Gil.

En calidad de terceros con interés, vinculó al municipio, al Consejo de Güepsa y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Por último, requirió al Tribunal
Administrativo de Santander para que allegara copia digital del expediente ordinario.
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1.6. Intervenciones4

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los siguientes
informes:

1.6.1. El presidente del Consejo de Güepsa solicitó negar las pretensiones de la
demanda por considerar que no omitió o realizó alguna conducta con la cual vulnerara
las garantías fundamentales invocadas por la parte accionante, y aseguró que el
trámite del proceso ordinario se desarrolló en el marco de las normas procesales
aplicables al caso, de forma rigurosa.

Por último, señaló que la petición de amparo es improcedente porque no satisface el
requisito de subsidiariedad, comoquiera que la entidad accionante puede interponer
las «acciones civiles de imposición de servidumbre que son del conocimiento del juez
ordinario, autoridad plenamente dotada de las facultades y poderes para resolver la
controversia de manera definitiva y permanente».

1.6.2. La señora Tatiana Johanna Kwan Acosta5 allegó memorial en el que solicitó
que se denieguen las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, tras advertir
que este mecanismo resulta improcedente para atacar sentencias proferidas en sede
del medio de control de nulidad.

Lo anterior, con fundamento en que, el órgano de cierre de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, ha precisado6 que al tratarse de procesos en los que la
discusión es de puro derecho, esto es, en donde únicamente se analiza la legalidad
de un acto administrativo, la sentencia que se produce no tiene la virtualidad de
amenazar o violar de manera directa y concreta derechos fundamentales. Postura que
comparte la Corte Constitucional en la sentencia SU391 de 2016.

1.7. Sentencia de primera instancia7

Con fallo de 1. ° de febrero de 2024, el Consejo de Estado, Sección Primera, declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia por no encontrar superado el análisis
del requisito de procedibilidad de subsidiariedad, tras considerar que la parte
accionante no agotó los medios judiciales idóneos con los cuales podía ejercer la
defensa de sus derechos fundamentales.

4
Extracto obtenido del fallo de tutela de primera instancia».
5
La señora Kwan Acosta fue vinculada en el trámite de la segunda instancia de esta acción de tutela,
comoquiera que, si bien intervino en sede del a quo constitucional, lo cierto es que no fue integrada
formalmente al contradictorio, lo cual generaba una nulidad que fue saneada al ponérsela en
conocimiento y que guardara silencio.
6
Expediente identificado con el radicado número 11001 03 15 000 2023 03672 00. Sección Cuarta del
Consejo de Estado, ponencia del M.P. Milton Chávez García
7
Fallo que se notificó vía electrónica el 15 de febrero de 2024.
5

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En ese orden, resaltó que el artículo 134 del CGP prevé que «las nulidades podrán
alegarse en “cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con
posterioridad a esta, si ocurrieren en ella”». Así, indicó que el extremo actor sí
«estaba» habilitado para solicitar la nulidad del proceso cuando se enteró de la
expedición del fallo de segunda instancia en el medio de control ordinario 8.

Finalmente, concluyó que, ante el argumento relativo a que la vulneración de sus
garantías fundamentales se originó con el fallo de 16 de noviembre de 2023, se indicó
que ESPG SAS ESP cuenta con el recurso extraordinario de revisión en virtud de lo
establecido en la causal quinta del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, consistente
en que se tiene la posibilidad de alegar la nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso y contra la que no procede recurso alguno.

1.8. Impugnación9

Con escrito radicado oportunamente el 20 de febrero de 2024, la sociedad actora
manifestó su inconformidad con la decisión de tutela de la primera instancia, al insistir
en que el fallo de 16 de noviembre de 2023 dictado por el Tribunal Administrativo de
Santander si desconoce los derechos fundamentales de ESPG SAS ESP, de sus
empleados y de los usuarios del servicio público de alcantarillado y aseo «al crear una
incertidumbre jurídica y prestacional en el Municipio de Güepsa, por tanto, mal hace la
Sala con generalizar una posición ya establecida, sin hacer de fondo un análisis de
rigor de las consecuencias propias del fallo que origino la acción constitucional».

Además, cuestionó que se declarara la improcedencia de la acción con fundamento
en que el extremo accionante cuenta con otros medios de defensa judicial, sin tener
en consideración que ESPG SAS ESP no fue parte ni intervino en el proceso de
nulidad, lo cual le impide ejercer el recurso extraordinario de revisión o tramitar el
incidente de nulidad, por lo que la acción de tutela es el único medio a través del cual
puede evitar un perjuicio irremediable.

Agregó que en este evento no se dio aplicación a la presunción de veracidad estipulada
en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1992 y se abordara el fondo del asunto,
comoquiera que las autoridades judiciales que conocieron del proceso ordinario
guardaron silencio frente a los hechos, pretensiones y fundamentos de esta solicitud
de amparo.

Por último, solicitó que se revoque el proveído de 1. ° de febrero de 2024 dictado por
la Sección Primera del Consejo de Estado, para, en su lugar, acceder a la petición de
amparo de sus derechos fundamentales.

8
Énfasis del texto original.
9
Las citas son transcripciones del texto original con posibles errores.

6

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2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el fallo de
tutela de 1. ° de febrero de 2024, por medio del cual el Consejo de Estado, Sección
Primera declaró la improcedencia de esta acción, de conformidad con los artículos 32
del Decreto 2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

En este punto es necesario precisar que, si bien la sociedad accionante demandó las
sentencias de 29 de junio y 16 de noviembre de 2023 dictadas por el Juzgado Primero
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de San Gil y el Tribunal Administrativo
de Santander, respectivamente, lo cierto es que, en el caso de superar el análisis de
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, el fondo del caso se
estudiaría respecto de la providencia de segunda instancia, por ser esta la que puso
fin al proceso ordinario.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 1. ° de febrero de 2024, por medio de la cual el Consejo de Estado,
Sección Primera, declaró improcedente esta solicitud de amparo.

Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, solo en el caso de encontrarse superados; (iii)
el caso concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 10
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 11.

10 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -

Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
11
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
7

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Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 12. Sin
embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues
la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 13, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. En consideración al agotamiento de los mecanismos judiciales, el inciso 3º
del artículo 86 de la Constitución consagra este requisito como presupuesto de
procedencia de la acción de tutela y determina que «[e]sta acción sólo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial», precepto
reglamentado por el numeral 1. º del artículo 6. º del Decreto 2591 de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no
a la tutela.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos,
no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento
jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del
funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia 14.

12
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y
la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo
común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el
contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la
Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada
una de las jurisdicciones.”
8

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Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que la
protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto reservado
exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben
buscar la defensa de aquellos.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-120 del 20 de febrero de 2012,
manifestó que:

Además del cumplimiento del requisito de inmediatez, la Corte ha exigido como requisito
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, que el actor haya
ejercido los recursos previstos en el respectivo proceso judicial, pues no se trata de
sustituir a través de ella los mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia,
descuido o incuria de quien solicita el amparo constitucional, no fueron utilizados a su
debido tiempo.

De igual forma concluyó en sentencia T-735 de 201315, así:

Esta exigencia constitucional responde al principio de subsidiariedad del amparo, que
pretende asegurar que no sea considerado en sí mismo una instancia más en el trámite
jurisdiccional, un mecanismo de defensa que reemplace aquellos otros diseñados por el
legislador y mucho menos, como se pretende en este caso, un camino excepcional
para solucionar errores u omisiones de las partes para corregir oportunidades
vencidas en los procesos jurisdiccionales ordinarios16.

2.5.2. Ahora bien, en el sub examine los argumentos planteados contra la providencia
de 16 de noviembre de 2023 confluyen en la falta de vinculación de la Empresa
Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios del Sector Rural, Urbano y Centros
Poblados de Güepsa S.A.S. E.S.P, al proceso de nulidad simple que ejerció la señora
Tatiana Johanna Kwan Acosta contra el Consejo y el municipio de Güepsa, Santander,
pese a que la entidad actora es un tercero con interés por verse afectada con la
declaratoria de nulidad del Acuerdo Municipal 011 de 2021.

Al revisar las pretensiones de la acción de la referencia, se advierte que el propósito
del extremo actor es que se declare la nulidad del medio de control ordinario
identificado con el radicado 68679-33-33-001-2022-00009-01, de acuerdo a la
siguiente manifestación:

SEGUNDO: Que en consecuencia se DECLARE LA NULIDAD de todo lo actuado dentro
del proceso de simple nulidad adelantado bajo el radicado No.
68679333300120220000900 por el Juzgado Primero Administrativo de Oralidad de San
Gil, así como 68679333300120220000901 en segunda instancia adelantado por el
Tribunal Administrativo de Santander y se ordene rehacer las actuaciones con la
vinculación de la suscrita Empresa.

15
Corte Constitucional, Sentencia T-735 del 17 de octubre de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos
16
Énfasis de la Sala.
9

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Dicho requerimiento que se traduce en el objeto de esta acción constitucional, lo que
persigue es justamente que se decrete la nulidad de todo lo actuado a partir del auto
admisorio de la demanda de nulidad simple, porque, a su juicio, al tener la calidad de
litis consorte necesario o cuasinecesario, la sociedad tutelante debía integrar el
contradictorio para poder ejercer la defensa de sus intereses.

Ante lo expuesto, es claro que, tal como lo indicó el a quo constitucional, ESPG SAS
ESP puede solicitar la nulidad del proceso ordinario estipulada en el numeral 8. ° del
artículo 133 del Código General del Proceso, consistente en que:

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda
a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean
indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder
en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en
debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo
con la ley debió ser citado.

Además, en el artículo 134 del mencionado estatuto se indica:

Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte
sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella.

La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal
forma, o la originada en la sentencia contra la cual no proceda recurso, podrá
también alegarse en la diligencia de entrega o como excepción en la ejecución de
la sentencia, o mediante el recurso de revisión, si no se pudo alegar por la parte en
las anteriores oportunidades.

Dichas causales podrán alegarse en el proceso ejecutivo, incluso con posterioridad a la
orden de seguir adelante con la ejecución, mientras no haya terminado por el pago total
a los acreedores o por cualquier otra causa legal.

El juez resolverá la solicitud de nulidad previo traslado, decreto y práctica de las pruebas
que fueren necesarias.

La nulidad por indebida representación, notificación o emplazamiento, solo beneficiará a
quien la haya invocado. Cuando exista litisconsorcio necesario y se hubiere
proferido sentencia, esta se anulará y se integrará el contradictorio .

En virtud de la anterior norma, es claro que la parte accionante puede alegar la nulidad
de lo actuado en el medio de control de nulidad simple identificado con el radicado
68679-33-33-001-2022-00009-01, comoquiera que no fue notificada del auto
admisorio de la demanda y, en atención a que, en su criterio debía vincularse en
calidad de litis consorte necesario, ello constituye un supuesto fáctico que también
enlista el artículo en cita y para el cual prevé como consecuencia la anulación de la
sentencia y la integración al contradictorio.

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2.5.3. Ahora, comoquiera que ESPG SAS ESP alegó enterarse del medio de control
ordinario hasta la fecha en que se notificó la sentencia de 16 de noviembre de 2023 a
las partes, momento para el cual también concluyó que en ese trámite se habría
incurrido en una irregularidad procesal, es una situación que se encuadra en una de
las causales de procedibilidad del recurso extraordinario de revisión, como lo precisó
el juez de la primera instancia.

En ese sentido, es menester aclarar que, la empresa tutelante puede ejercer el
incidente de nulidad, o antes de que se cumpla 1 año de ejecutoria de la sentencia
censurada, y si considera que sus derechos fundamentales continúan siendo
vulnerados, podría acudir, dentro de la oportunidad procesal17al recurso
extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011,
particularmente por la causal del numeral 5° del artículo 250 Ibídem, esto es, «[e]xistir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación».

De acuerdo con la norma ejusdem, el medio de impugnación excepcional18 procede
contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los tribunales y
jueces administrativos, y debe interponerse mediante demanda que reúna los
requisitos prescritos por el artículo 162 de ese mismo estatuto procesal, con indicación
precisa y razonada de la causal en que se funda, acompañada de los documentos
necesarios y las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder y pretenda
hacer valer (artículo 252).

Como lo sostuvo la Sala Plena en anterior oportunidad, «[…] la naturaleza del recurso
extraordinario de revisión pretende conciliar nociones esenciales del ordenamiento
legal, como lo son la seguridad jurídica que representa el principio de inmutabilidad de
las sentencias ejecutoriadas, o la cosa juzgada material y el principio de
restablecimiento de la justicia material que persigue asegurar la vigencia de un orden
justo, propuesto por el Preámbulo de la Constitución Política»16.

Además, precisamente, bajo ese entendimiento, en esa misma oportunidad sostuvo
que «el recurso extraordinario de revisión conlleva una limitación a la seguridad jurídica
que representan las sentencias ejecutoriadas, constituye un medio excepcional de

17
De conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011: “Artículo 251. Término para interponer
el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva
sentencia. (…)”. (Énfasis propio)
18
Sobre el recurso extraordinario de revisión pueden consultarse entre otras, las providencias de: (i) 3
de noviembre de 2015, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 18. Magistrado Ponente (E):
Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2014-03284-00; (ii) 7 de abril de 2015 Sala Especial
de Decisión No. 27. Magistrado Ponente (E): Alberto Yepes Barreiro Rad. No. 11001-03-15-000-2013-
00577-00 y; (iii) 3 de noviembre de 2015, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 18.
Magistrado Ponente (E): Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2014-01918-00.
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impugnación, que permite cuestionar una sentencia que está amparada por el principio
de cosa juzgada material […]».19

A su turno, la Corte Constitucional explicó que el recurso extraordinario de revisión
permite el ejercicio de una verdadera acción contra decisiones injustas, a fin de
restablecer la justicia material del caso concreto. 20

Por ello, dice la Corte, «[e]l recurso de revisión ha sido establecido para respetar la
firmeza de los fallos, con miras a preservar la certeza y obligatoriedad incondicional
que acompaña a las decisiones de los jueces, sin perjuicio de la necesidad de hacer
imperar en ellos los dictados constitucionales y los imperativos legales, artículos 2°, 29
y 230 C.P.»21

Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que la
protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto reservado
exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben
buscar la defensa de aquellos.

En lo que respecta al análisis de dicha causal, la jurisprudencia del Consejo de Estado
ha señalado que puede provenir de una nulidad procesal en los términos del artículo
133 del CGP, o de una nulidad de carácter constitucional, fundada en el artículo 29
Superior22.

En cualquiera de los dos escenarios, los requisitos para su formulación son los
siguientes: i) debe existir una sentencia que ponga fin al proceso ordinario y contra la
que no procede el recurso de apelación; ii) el vicio de nulidad debe configurarse en
el momento de proferirse la sentencia, de manera que no es procedente controvertir
circunstancias que acaecieron con anterioridad a aquella y que debieron ser alegadas
al momento de la ocurrencia – art 134 CGP – y; iii) debe identificarse la irregularidad
o el vicio grave, así como la influencia de dicho yerro sobre la decisión, con la que se
acredite que, de no haber acaecido el resultado sería distinto.

Es por lo anterior que, el fundamento de este mecanismo de amparo, con el cual se
pretende controvertir la sentencia de 16 de noviembre de 2023, se encuadra en la
causal de procedencia del medio extraordinario denominada «nulidad originada en la

19
Sentencia del 12 de julio de 2005, expediente REV-00143, reiterada en sentencia del 18 de octubre
de 2005, expediente REV-00226.
20
Sentencia C-418 de 1994.
21
Sentencia T-966 de 2005.
22
Sobre el particular esta Corporación precisó: “(…) las causales de nulidad de la sentencia son las
previstas en el estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142 del mismo y las que
se originen en la sentencia por violación del debido proceso constitucional, contemplado en el artículo
29 (…)”. CONSEJO DE ESTADO. Sala Especial núm. 26. Expediente: 11001-03-15-000-2011-01639-
00 Demandante: Vehivalle S.A. Referencia: Recurso extraordinario de revisión. M.P. Olga Melida Valle
de De la Hoz.
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sentencia», debido a que la sociedad tutelante considera que tanto el juzgado como el
tribunal demandados debieron procurar la debida integración del contradictorio en el
proceso ordinario con su vinculación, puesto que era el escenario en donde debía y
podía ejercer la defensa de sus derechos, sin embargo, ESPG SAS ESP solo tuvo
conocimiento de la causa natural luego de notificado el fallo que resolvió la segunda
instancia.

De conformidad con lo expuesto, la sala concluye que la solicitud de amparo promovida
por ESPG SAS ESP contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado
Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil no satisface el análisis del
requisito de agotamiento de los medios de defensa judicial, razón por la cual habrá de
confirmar la improcedencia de la acción.

2.6. Conclusión

La sala confirmará la sentencia de 1. ° de febrero de 2024, por medio de la cual el
Consejo de Estado, Sección Primera declaró la improcedencia de la acción de tutela
promovida por la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios del Sector
Rural, Urbano y Centros Poblados de Güepsa S.A.S. E.S.P. contra el Tribunal
Administrativo de Santander y otro, por no satisfacer el estudio del agotamiento de los
medios de defensa judicial.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 1. ° de febrero de 2024 dictada por el
Consejo de Estado, Sección Primera.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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