Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07293-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07293-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-07293-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
2 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., dos (02) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001031500020230729300
Accionante: Ingrid Adriana Fandiño
Accionado: Juzgado 51 Administrativo del Circuito de Bogotá y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Ingrid Adriana Fandiño, mediante
apoderado judicial2, en contra del Juzgado 51 Administrativo del Circuito de Bogotá
y la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
Ingrid Adriana Fandiño interpuso acción de tutela en procura de la protección de sus
derechos fundamentales al trabajo, a la libre asociación, al fuero sindical y a la
seguridad social, los que consideró vulnerados con las sentencias del 4 de octubre
de 2022 y 13 de julio de 2023, proferidas por los accionados, respectivamente,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
No. 11001-3342-051-2021-00043-01.
2. Hechos
2.1. La accionante indicó que laboró para la DIAN desde el 13 de mayo de 2005
hasta el 6 de agosto de 2020, momento en el cual fue retirada del servicio.
2.2. Explicó que en ese momento desempeñaba el cargo de analista III, código 203,
grado 3, en el Grupo de Contacto Centro de la División de Gestión de Asistencia al
Cliente de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá – Nivel Local, de la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN.
1
Obra en certificado BCB1DB44A4BBE65C E1E93638499FF6C0 226FC4ED88431DA4 61F6479F370DA704,
índice 3, en el expediente de tutela digital.
2
Obra en el certificado 9AC1AAF6B619427C 091B45C789AC2B6C F7CA562C2D73C0BB
D045F46B66542A34, índice 3 en el expediente de tutela digital.
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Accionante: Ingrid Adriana Fandiño
Accionado: Juzgado 51 Administrativo del Circuito de Bogotá y otro
Asunto: Acción de tutela –– Sentencia de primera instancia
2.3. Expuso que para ese entonces hacía parte de la Junta Directiva del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Sociedad de Activos Especiales “SINTRASAE” de
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN–.
2.4. Adujo que el 22 de junio de 2016 fue denunciada por parte de Adriana Patricia
Gómez Ramírez ante la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la DIAN,
entidad que por competencia remitió la queja a la UAE del Inspector General de
Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, que inició investigación
disciplinaria en su contra, con radicado No. 1704-00- 2018-062, por haber incurrido
en un falta disciplinaria calificada como gravísima, esto es, “haber alterado la
información almacenada en el Sistema Electrónico de la DIAN…”, en el Registro
Único Tributario (RUT) de la quejosa.
2.5. Indicó que, una vez culminada la investigación, la ITRC profirió fallo de primera
instancia y, mediante la resolución No. 17317-00004 del 2 de abril de 2019, declaró
la responsabilidad disciplinaria de la investigada y la sancionó con destitución e
inhabilidad para ejercer cargos públicos hasta por diez años.
2.6. La mentada decisión fue objeto de recurso, el cual fue desatado con la
resolución No. 007 de 5 de junio de 2020, que confirmó el fallo inicial. Como
consecuencia de lo mencionado, el Director General de la DIAN hizo efectiva la
sanción en su contra mediante la resolución No. 4842 del 6 de agosto de 2020.
2.7. Por lo anotado en precedencia, la actora incoó demanda en uso del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio
de Hacienda y Crédito Público – Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC con
vinculación de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN.
2.7.1. En la referida demanda se solicitó la nulidad de: i) la resolución No. 17317-
00004 del 2 de abril de 2019, con la cual se declaró disciplinariamente responsable
a la demandante y se le impuso una sanción de destitución e inhabilidad general de
10 años; ii) la resolución No. 007 del 5 de junio de 2020 a través de la que se
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Asunto: Acción de tutela –– Sentencia de primera instancia
confirmó el fallo sancionatorio de primera instancia; y iii) la resolución No. 4842 del
6 de agosto de 2020 en la que la DIAN hizo efectiva la sanción disciplinaria.
A título de restablecimiento del derecho se pidió condenar a las entidades
demandadas a: i) reintegrar a la demandante al cargo que venía desempeñando, ii)
pagar los salarios y todas las prestaciones legales desde el 6 de agosto de 2020 y
hasta la fecha del reintegro efectivo y iii) que se dé cumplimiento a la sentencia en
los términos del Artículo 192 del CPACA.
2.8. El asunto correspondió al Juzgado 51 Administrativo de Bogotá que, mediante
sentencia del 4 de octubre de 20223, negó las pretensiones de la demanda tras
considerar que en el trámite del proceso disciplinario materia de estudio le fueron
respetadas a la demandante todas sus garantías, pues tanto en el fallo de primera
instancia como en el que lo confirmó, se hizo un análisis de las pruebas arrimadas
y se explicó por parte del despacho investigador las razones por las cuales dio
credibilidad a unas de las mencionadas y se apartó de las consideraciones
expuestas por la disciplinada; añadió que el hecho de que la interesada no esté de
acuerdo con tal razonamiento, no implica que se haya configurado el cargo
invocado, por lo que no estaba llamado a prosperar.
2.9. Inconforme con lo decidido, la demandante interpuso recurso de apelación, el
que fue resuelto por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca con fallo del 13 de julio de 20234 que confirmó lo
decidido por el a quo bajo similares argumentos.
3. Fundamentos de la acción de tutela
La interesada consideró sus derechos fundamentales vulnerados con las sentencias
de primera y segunda instancia proferidas en el marco del medio de control de
nulidad y restablecimiento de derecho, en tanto fue destituida de su cargo aun
cuando gozaba de la protección otorgada por el fuero sindical del que era
beneficiaria al pertenecer a la Junta Directiva de SINTRASAE.
Adujo que:
3
Ibidem carpeta 38SENTENCIA.
4
Ibidem carpeta 48SENTENCIA.
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Asunto: Acción de tutela –– Sentencia de primera instancia
“La Señora INGRID ADRIANA FANDIÑO, a quien represento, se encuentra frente a una
grave afectación de sus Derechos Fundamentales al Trabajo, la Libre Asociación y el
Fuero Sindical, toda vez que, siendo funcionaria de la DIAN y miembro de la Junta
Directiva del Sindicato SINTRASAE, fue destituida de su cargo como ANALISTA III,
CÓDIGO 203, GRADO 3, en el Grupo de Contacto Centro, de la División de Gestión de
Asistencia al Cliente de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, por medio de
la Resolución No. 4842 de 6 de agosto de 2020, que hizo efectiva la sanción que le fue
impuesta dentro del expediente disciplinario No. 1704-00-2018- 062 de la Agencia
ITRC, sin que se hubiera solicitado el permiso correspondiente al Juez Laboral para
levantar el Fuero Sindical del que gozaba, esto, en concordancia con el Capitulo VIII,
Artículos 405 y S.S. del Código Sustantivo del Trabajo y en garantía de sus Derechos
Constitucionales establecidos en los Artículos 25, 38, 39 y 48 de la Constitución”5.
4. Pretensiones de la acción de tutela
En el escrito de tutela se solicitó: i) que se amparen los derechos fundamentales
deprecados, ii) se anulen las sentencias de primera y segunda instancia dictadas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
No. 11001334205120210004300 y iii) se acceda a las pretensiones de la demanda
ordinaria.
5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
5.1. Mediante auto del 5 de diciembre de 20236 el Despacho Ponente admitió la
acción de tutela y ordenó su notificación.
5.2. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN7 pidió negar las
pretensiones de la tutela, pues en su concepto se observa la intención de la
accionante de querer reabrir el debate que ya se surtió dentro de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho.
5.3. La Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC8 solicitó ser desvinculada del trámite,
en tanto no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante y tampoco
es la llamada a ampararlos.
5
Folio 7 del escrito de tutela.
6
Obra en el certificado 05C1C2A980B4C9D6 CAC2A79BBBF9C196 9848ED26C07E3DD8
105F5EA34EF71AC7, índice 7.
7
Obra en el certificado 09CE47C4200A6962 0B4640FB77F73996 C32404C1E17596AD 79725F892705CC68,
índice 11 en el expediente de tutela digital.
8
Obra en certificado 93D98805DAA82781 1D5A3F8498281D14 73EF0B546AB6409C 52A1813DD2CB90C6,
índice 13 en el expediente de tutela digital.
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Radicación: 11001031500020230729300
Accionante: Ingrid Adriana Fandiño
Accionado: Juzgado 51 Administrativo del Circuito de Bogotá y otro
Asunto: Acción de tutela –– Sentencia de primera instancia
5.4. El Ministerio de Hacienda y Crédito9 solicitó desestimar las pretensiones de la
solicitud de amparo, en razón a que no existe la carga argumentativa necesaria para
desarticular los fundamentos fácticos y jurídicos que le sirvieron de soporte a las
autoridades judiciales accionadas para proferir las sentencias atacadas.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por Ingrid
Adriana Fandiño en contra del Juzgado 51 Administrativo del Circuito de Bogotá y
la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la
Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado.
2. Problema jurídico
La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales. En caso afirmativo, se
determinará si se vulneraron los derechos enunciados.
3. Cuestión Previa
A pesar de que la presente acción de tutela se dirige en contra de las sentencias de
primera y segunda instancia dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado No. 11001334205120210004300, esta
Sala analizará únicamente la última de las mencionadas, en tanto fue la que puso
fin al proceso ordinario.
4. El requisito de relevancia constitucional en el caso concreto
4.1. La Corte Constitucional en sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción
de tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de
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Obra en certificado 438A6AE998832318 843F7CD70ACB14BF C487DA3075959308 60528C89B032FE70,
índice 14 en el expediente de tutela digital.
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Radicación: 11001031500020230729300
Accionante: Ingrid Adriana Fandiño
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Asunto: Acción de tutela –– Sentencia de primera instancia
rigurosos requisitos de procedibilidad10 y de procedencia11, con el fin de determinar
si se vulneraron o no los derechos de orden superior.
Así mismo, el Alto Tribunal ha señalado que el juez de tutela “no puede entrar a
estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”12.
En efecto, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber13: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el
cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial
constitucional está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional, a través de la sentencia SU-215 de 202214,
advirtió que para analizar si una acción de tutela cumplía con el requisito de
relevancia constitucional, era necesario verificar
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.
Así mismo, resaltó que en caso de que una acción de tutela fuere incoada en contra
de una providencia judicial emitida por una Alta Corte, resultaba mandatorio advertir,
10
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
11
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;
defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
12
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
13
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001 03 15 000 2012 02201 01, C.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
14
Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Radicación: 11001031500020230729300
Accionante: Ingrid Adriana Fandiño
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Asunto: Acción de tutela –– Sentencia de primera instancia
además de los anteriores requisitos, “una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales.”.
4.2. La Sala advierte que el amparo impetrado no satisface el requisito de relevancia
constitucional, pues no contiene la carga mínima requerida que se le debe imprimir
a una acción tuitiva cuando confuta una providencia judicial y, además, tampoco
esgrime cargos de índole ius fundamental sino de mera legalidad, como si este
mecanismo fuera una instancia adicional al proceso ordinario.
4.2.1. Respecto del primero de los presupuestos, la actora no indicó los defectos en
los que la autoridad judicial pudo haber incurrido, para ligar de manera inescindible
los fundamentos de hecho con una situación que pudiera transgredir los derechos
fundamentales de los que es titular. Así pues, las falencias argumentativas, impiden,
prima facie, determinar de manera inteligible la presunta amenaza.
4.2.2. En relación con el segundo de los presupuestos, advierte la Sala que la
petición tuitiva reitera las alegaciones esgrimidas en la instancia ordinaria y, en
consecuencia, se apercibe como un medio dirigido a revivir el análisis jurídico y
probatorio efectuado por la autoridad judicial accionada dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No.
11001334205120210004300, con el fin de que se revoque la sanción disciplinaria
que le fue impuesta a la interesada y se anule la resolución que la destituyó de su
cargo mientras se encontraba bajo el fuero sindical.
Al efecto, la Sala observa que Ingrid Adriana Fandiño incoó demanda en uso del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la cual pidió declarar
la nulidad de i) la Resolución 17317-00004 del 2 de abril de 2019, proferida por la
ITRC, que decretó la destitución de su cargo y le impuso inhabilidad general por el
termino de diez años para ejercer cargos públicos; ii) la Resolución Nº 007 del 5 de
junio de 2020, proferida por la ITRC, a través de la cual se confirmó el fallo
sancionatorio; iii) la Resolución Nº 4842 del 6 agosto de 2020 en la que la DIAN hizo
efectiva la sanción disciplinaria impuesta por la ITRC; a título de restablecimiento
del derecho, requirió iv) ordenar a las demandadas a reintegrarla al cargo que venía
desempeñando, ordenándose además, el pago de sus salarios y prestaciones
legales dejados de percibir hasta la fecha en que se haga efectivo su reintegro.
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Radicación: 11001031500020230729300
Accionante: Ingrid Adriana Fandiño
Accionado: Juzgado 51 Administrativo del Circuito de Bogotá y otro
Asunto: Acción de tutela –– Sentencia de primera instancia
Sin embargo, las autoridades judiciales que conocieron del mencionado proceso
negaron las pretensiones de la demanda.
Así, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió en el sentido que se
conoce, mediante sentencia proferida el 13 de julio de 2023, y para ello adujo lo que
sigue:
“4. Caso concreto. Una vez relacionados los supuestos fácticos a considerar en el sub
examine, la Sala debe destacar que las razones de la sanción disciplinaria impuesta por
la entidad demandada contra la demandante derivaron por la comisión de la falta
gravísima establecida por el numeral 43 del artículo 48 del CDU, correspondiente a;
"Causar daño a los equipos estatales de informática, alterar, falsificar, introducir, borrar,
ocultar o desaparecer información en cualquiera de los sistemas de información oficial
contenida en ellos o en los que se almacene o guarde la misma, o permitir el acceso a
ella a personas no autorizadas”, respecto de la cual aquélla fue declarada
disciplinariamente responsable, debido a que, según se sustentó en el fallo disciplinario
de segunda instancia (Carpeta: “1ra instancia” / Archivo: “02DemandaYAnexos” / fol.
65):
En consonancia con lo anotado, esta instancia concluye en grado de certeza
que la disciplinada el 3 de mayo de 2016, desde su IP ingresó al Sistema
Informático Electrónico de la DIAN y alteró los datos particulares y privados
de la quejosa e introdujo información que no le pertenecía a la quejosa sin
haber existido solicitud y/o autorización por parte de la contribuyente,
conducta que vulneró ostensiblemente sus deberes funcionales y el
ordenamiento jurídico que regula el procedimiento que se debe adelantar
para efecto de actualizar el Registro Único Tributario de manera presencial”15.
En relación con el fuero sindical durante la investigación disciplinaria explicó que:
“4.3. El fuero sindical de la demandante frente al del proceso disciplinario adelantado y
la ejecución de la sanción de destitución. Sobre lo cual anotó la demandante que,
contrario a lo analizado por el a-quo, los hechos denunciados ocurrieron mucho antes
de la fecha en que se expidió el Decreto Ley 71 del 2020, mediante el cual se habilitó
el retiro de empleados de la DIAN con fuero sindical y, de igual manera, la decisión por
medio de la cual la demandante fue destituida de su cargo e inhabilitada para ejercer
cargos públicos a través de los actos demandados también aconteció en forma previa
a la expedición de dicha norma, agregando además que en estos actos no se efectuó
ninguna alusión al fuero sindical que cobijaba a la demandante, de ahí que, por
favorabilidad, ésta no podía ser retirada del servicio con ocasión del comentado fuero
que la cubría.
Al respecto, de entrada, la Sala considera oportuno recalcar que con la expedición del
Decreto Ley 71 del 2020, “Por el cual se establece y regula el Sistema Específico de
Carrera de los empleados públicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, y se expiden normas relacionadas con la
administración y gestión del talento humano de la DIAN”, se determinó en el numeral 4
de su artículo 144 que los servidores de la DIAN con fuero sindical podían ser retirados
del servicio cuando contra ellos obre destitución por sanción disciplinaria ejecutoriada,
tal y como se reseña a continuación:
Artículo 144. Retiro de servidores amparados con fuero sindical. No será
necesaria la autorización judicial para retirar del servicio a los servidores con
15
Obra en índice 12, certificado E979343DA71850CE F9D0660E2F17E7EA 01D592DC0A534FDF
BF6EA0F1B8B76FB1, archivo 19_110010315000202307293000, carpeta 48SENTENCIA, folios 19 y 20 en el
expediente de tutela digital.
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Radicación: 11001031500020230729300
Accionante: Ingrid Adriana Fandiño
Accionado: Juzgado 51 Administrativo del Circuito de Bogotá y otro
Asunto: Acción de tutela –– Sentencia de primera instancia
fuero sindical en los siguientes casos: (…) 144.4 Cuando exista destitución
por sanción disciplinaria ejecutoriada.
Ahora bien, es importante reseñar que la disposición previamente transcrita fue objeto
de pronunciamiento de la Corte Constitucional mediante sentencia C-033 de 2021, a
través de la cual esa Corporación resolvió declarar la exequibilidad condicionada de
dicha norma “en el entendido de que no será necesario solicitar y obtener el
levantamiento del fuero sindical, cuando la destitución sea proferida por la Procuraduría
General de la Nación
(…).
En ese estado de cosas, una vez relacionada la expedición del Decreto Ley 71 del 24 de
enero de 2020 y la declaratoria de exequibilidad condicionada del numeral 4 de su artículo
144 a través de la sentencia C-033 del 18 de febrero de 2021, la Sala debe anotar que si
bien es cierto, tal y como lo señala la parte demandante, los hechos objeto del reproche
disciplinario ocurrieron en forma previa a la expedición del comentado decreto, mismo que
habilitaba el retiro de servidores con fuero sindical, pues efectivamente la conducta
reprobada a la demandante tuvo lugar el 3 de mayo de 2016, lo relevante y determinante
al sub lite es que la inexistencia de una norma que permitiera para esa fecha el retiro de
empleados sindicalizados de la DIAN no impedía que contra los mismos se pudiera
adelantar un proceso disciplinario, puesto que la protección laboral por fuero sindical recae
sobre el retiro del servicio, más no restringe la posibilidad que ese servidor sea sujeto de
responsabilidad disciplinaria, de ahí que únicamente sería la ejecución de la sanción
disciplinaria de destitución, como causal de retiro del servicio, la que no podría
materializarse hasta tanto se produzca el levantamiento del fuero sindical”16.
Finalmente, en lo que respecta a la materialización de la sanción disciplinaria que
desencadenó en la destitución del cargo de la demandante, expuso lo que sigue:
“Así las cosas, la Sala evidencia que, contrario a lo planteado por la parte demandante,
el hecho que para la fecha de ocurrencia de los hechos objeto de reproche disciplinario,
esto es, 3 de mayo de 2016, o incluso cuando fue dictado el fallo disciplinario de primera
instancia, esto es, 2 de abril de 2019, no se hubiera dictado el Decreto Ley 71 del 24 de
enero de 2020 que habilitaba el retiro de empleados de la DIAN con fuero sindical
cuando fueren sancionados disciplinariamente con destitución, dicha circunstancia no
constituía ningún impedimento o restricción para que la autoridad disciplinaria
adelantara el correspondiente proceso disciplinario contra la demandante, motivo por el
cual se concluye que en el sub examine no se suscita ninguna inconsistencia en que la
parte demandada adelantara y profiriera los fallos disciplinarios mediante los cuales
sancionó con destitución e inhabilidad general por diez (10) años a la demandante.
No obstante, sin perjuicio de lo previamente expuesto, especial pronunciamiento
merece lo concerniente a la ejecución de la comentada sanción para el caso de la
demandante amparada por fuero sindical, para lo cual se debe recalcar que para la
fecha en que la DIAN profirió la Resolución N° 4842 del 6 de agosto de 2020, mediante
la cual hizo efectiva la sanción de destitución e inhabilidad general por diez (10) años
contra la demandante, dicha entidad se encontraba respaldada por el previamente
aludido numeral 4 del artículo 144 del Decreto Ley 71 del 24 de enero de 2020 que le
permitía retirar a dicha aforada sindical, de ahí que sea factible concluir que, durante la
vigencia de esa norma, la DIAN actuó en estricto cumplimiento de la normativa aplicable
al sub lite.
Aun así, no debe omitirse que, como ya fue referenciado con anterioridad, la norma en
comento fue declarada condicionalmente exequible por la Corte Constitucional
mediante sentencia C-033 de 2021 “en el entendido de que no será necesario solicitar
y obtener el levantamiento del fuero sindical, cuando la destitución sea proferida por la
Procuraduría General de la Nación”, sin embargo, para el presente proceso dicho fallo
fue dictado el 18 de febrero de 2021, es decir, en forma posterior al acto administrativo
16
Ibidem folios 25 y ss.
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que ejecutó la sanción de destitución e inhabilidad contra la demandante (Resolución
N° 4842 del 6 de agosto de 2020) no tendría ningún impacto, puesto que, pese a que
esa sanción impuesta contra aquélla no fue dictada por la Procuraduría General de la
Nación, los efectos de esa sentencia de la Corte Constitucional, al no disponer ninguna
modulación en particular, debe entenderse que únicamente producirá efectos ex - nunc
o hacía futuro, tal y como así lo determina expresamente la ley estatutaria de
administración de justicia (Ley 270 de 1996) en artículo 45.
En consecuencia, para el presente asunto no es posible aplicar lo determinado por la
Corte Constitucional en la comentada sentencia, puesto que para el momento en que
se ejecutó la sanción disciplinaria de destitución contra la demandante, pese a
encontrarse amparada por fuero sindical, no existía la referida exequibilidad
condicionada y, por tanto, no puede aplicarse retrospectivamente lo resuelto en esa
sentencia de constitucionalidad condicionada al sub lite, de ahí que para el caso del
retiro de la demandante mediante Resolución N° 4842 del 6 de agosto de 2020 debe
considerarse la plena aplicación y sin ningún condicionamiento del numeral 4 del
artículo 144 del Decreto Ley 71 de 2020, el cual habilitaba a la DIAN para retirarla a
aquélla del servicio, por estar incursa en sanción disciplinaria de destitución y pese a
estar amparada por fuero sindical”17.
Luego de lo relatado se observa que, en sede de tutela, la accionante pretende que
nuevamente se valore la posibilidad de que se deje sin efecto la sanción disciplinaria
que le fue impuesta o en su defecto se declare la nulidad de la resolución que dio
ejecución a la mentada sanción y que desencadenó en la destitución de su cargo.
Dicho esto, debe preverse que corresponde al juez de lo contencioso
administrativo, dentro de su órbita funcional, analizar la situación fáctica planteada
en la demanda y valorar el material probatorio para finalmente determinar el
régimen jurídico aplicable y las circunstancias en que habrá de decidir el asunto
puesto bajo su conocimiento, por lo que no puede el juez de tutela invadir esta
esfera.
4.3. Al respecto, debe recordarse que la procedencia de la acción de tutela en contra
de providencias judiciales es de carácter excepcional y no pretende desconocer la
vigencia de la autonomía e independencia judicial, ni el principio de la cosa juzgada
y la seguridad jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez”
y no como un “juicio de corrección” de la decisión cuestionada18, lo que se opone a
que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho, que dieron origen a la
controversia19.
17
Folios 30 y 31.
18
Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
19
Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.
11
Radicación: 11001031500020230729300
Accionante: Ingrid Adriana Fandiño
Accionado: Juzgado 51 Administrativo del Circuito de Bogotá y otro
Asunto: Acción de tutela –– Sentencia de primera instancia
4.4. Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara la
improcedencia de la solicitud por falta de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo impetrada por
Ingrid Adriana Fandiño en contra del Juzgado 51 Administrativo del Circuito de
Bogotá y la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión en caso de
no presentarse impugnación en contra de esta decisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado
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