Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07293-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07293-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-07293-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
18 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07293-01
Accionante: INGRID ADRIANA FANDIÑO
Accionados: JUZGADO CINCUENTA Y UNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se confirma el fallo
impugnado – Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con
el requisito general de relevancia constitucional.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de
2 de febrero de 2024, proferida por la Subsección “C” de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora Ingrid Adriana Fandiño solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la libre asociación, al fuero sindical
y a la seguridad social, cuya vulneración le atribuyó a las sentencia de 4 de octubre
de 2022 y 13 de julio de 2023, proferidas por el Juzgado Cincuenta y Uno
Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
• Sección Segunda - Subsección “C”, respectivamente, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 11001-33-42-051-
2021-00043-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Indicó que laboró para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
desde el 13 de mayo de 2005 y hasta el 6 de agosto de 2020, fecha en la cual fue
destituida del cargo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Ingrid Adriana Fandiño
2.2. Señaló que para el año 2020 ocupaba el cargo de analista III en el “[…] Grupo
de Contacto Centro de la División de Gestión de Asistencia al Cliente de la Dirección
Seccional de Impuestos de Bogotá – Nivel Local, de la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN […]”.
2.3. Adujó que en el año 2020 hacía parte de la Junta Directiva del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Sociedad de Activos Especiales “SINTRASAE” de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.
2.4. Manifestó
que la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y
Contribuciones Parafiscales - ITRC inició la investigación disciplinaria núm. 1704-
00- 2018-062 en su contra, por presuntamente “[…] haber alterado la información
almacenada en el Sistema Electrónico de la DIAN […]”.
2.5. Precisó que, mediante la Resolución núm. 17317-00004 de 2 de abril de 2019,
la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales
– ITRC la encontró disciplinariamente responsable y la sancionó con destitución e
inhabilidad para ejercer cargos públicos por diez años.
2.6. Señaló que contra la decisión anterior interpuso recurso de apelación y que,
mediante Resolución núm. 007 de 5 de junio de 2020, la Directora General de la
Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales –
ITRC confirmó la Resolución núm. 7317-00004 de 2019.
2.7. Adujoque, mediante la Resolución núm. 4842 de 6 de agosto de 2020, la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN hizo efectiva la sanción en
su contra, sin que previamente se levantara el fuero sindical.
2.8. Señalóque, con base en lo ocurrido, promovió la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 11001-33-42-051-2021-00043-00/01 en contra
de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Agencia del Inspector
General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC y de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, para que se declarara la nulidad de
las Resoluciones núms. 7317-00004 de 2019, 007 y 4842 de 2020, y, a título de
restablecimiento del derecho se le reintegrara al cargo que ejercía.
2.9. Precisó que el proceso referido fue tramitado por el Juzgado Cincuenta y Uno
Administrativo del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que, mediante sentencia de
4 de octubre de 2022, negó las pretensiones de la demanda.
2.10. Refirió que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y que,
mediante sentencia de 13 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda - Subsección “A” confirmó el fallo de primera
instancia.
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Accionante: Ingrid Adriana Fandiño
2.11. Sostuvo, en síntesis, que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales “[…] al Trabajo, la Libre Asociación y el Fuero Sindical,
toda vez que, siendo funcionaria de la DIAN y miembro de la Junta Directiva del
Sindicato SINTRASAE, fue destituida de su cargo como ANALISTA III, CÓDIGO
203, GRADO 3, en el Grupo de Contacto Centro, de la División de Gestión de
Asistencia al Cliente de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá […] sin que
se hubiera solicitado el permiso correspondiente al Juez Laboral para levantar el
Fuero Sindical del que gozaba […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA: Que, se le amparen a la Señora INGRID ADRIANA FANDIÑO,
identificada con C. de C. 52.550.321, los Derechos Fundamentales al
TRABAJO, la LIBRE ASOCIACIÓN, el FUERO SINDICAL y SEGURIDAD
SOCIAL, debido a que la sanción disciplinaria por destitución establecida en la
Resolución No. 17317-00004 del 2 de abril de 2019 y confirmada por la
Resolución No. 007 del 5 de junio de 2020, no podía materializarse hasta que
se levantara el fuero sindical por orden del Juez de Trabajo, ello de acuerdo
con los Artículos 38 y 39 de la Constitución Nacional, Artículos 405, 408 y 408
del Código Sustantivo del Trabajo, el numeral 4 del Artículo 144 del Decreto
071 de 2020, exequible condicionalmente por la Sentencia C-033 de 2021 y el
Artículo 146 del Decreto 927 de 2023.
SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, se ANULE la Sentencia
No. 247 de fecha 4 de octubre de 2022 proferida por el Juzgado 51
Administrativo del Circuito de Bogotá, que negó las pretensiones de la
demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentada por la Señora
INGRID ADRIANA FANDIÑO.
TERCERA: Que, se ANULE la Sentencia de fecha 13 de julio de 2023 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda –
Subsección A, que confirmo [sic] la Sentencia del 4 octubre de 2022 proferida
por el Juzgado 51 Administrativo del Circuito de Bogotá.
CUARTA: Que, se ANULE la Resolución No. 4842 del 6 de Agosto de 2020,
emanada del Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN-,que [sic] hizo efectiva la sanción de destitución decreta por
la Agencia ITRC de la Señora INGRID ADRIANA FANDIÑO, toda vez que, esta
no podía [sic] hacer efectiva, hasta que no fuese levantado el Fuero Sindical
que tenía para ese momento mi representada, de acuerdo a los Artículos 38 y
39 de la Constitución Nacional, Artículos 405, 408 y 408 del Código Sustantivo
del Trabajo.
QUINTA: Que, como consecuencia de lo decidido, y en garantía del Derecho
Fundamental al TRABAJO, a la LIBRE ASOCIACIÓN, el FUERO SINDICAL y
la SEGURIDAD SOCIAL de la Señora INGRID ADRIANA FANDIÑO, se le
ORDENE a la UAE DIAN, el REINTEGRO de la funcionaria INGRID ADRIANA
FANDIÑO, con C. de C Nº 52.550.321, al Cargo que venía desempeñando
como ANALISTA III, CÓDIGO 203, GRADO 3, en el Grupo de Contacto Centro,
de la División de Gestión de Asistencia al Cliente de la Dirección Seccional de
Impuestos de Bogotá – Nivel Local, de la Unidad Administrativa Especial,
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Accionante: Ingrid Adriana Fandiño
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- y, que se proceda a
iniciar por parte de la misma el trámite respectivo para obtener el Permiso del
Juez Laboral encaminado al levantamiento del Fuero Sindical, para poder hacer
efectivas las sanciones impuestas por la Agencia ITRC.
SEXTA: Que, como consecuencia del Reintegro, se le ORDENE a la DIAN el
pago de los salarios y de todas las prestaciones legales a la Señora INGRID
ADRIANA FANDIÑO, desde el momento en que dejó de percibir estos ingresos,
esto es desde el día 6 de agosto de 2020 y hasta la fecha en que se haga
efectivo el REINTEGRO de la Señora INGRID ADRIANA FANDIÑO a la DIAN,
al mismo cargo y bajo las mismas condiciones laborales que ostentaba como
Servidora Pública de dicha Entidad para el momento en que se hizo efectiva su
destitución o uno de igual o superior jerarquía […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 5 de diciembre de 2023, el magistrado a cargo de la
sustanciación del proceso de la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo
de Estado admitió la presente acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en
calidad de terceros con interés en el resultado del proceso “[…] a la Nación –
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Unidad Administrativa Especial Agencia
del Inspector de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC y a la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN […]”.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:
5.1. La
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, a través de
apoderado judicial, solicitó denegar el amparo constitucional porque los argumentos
expuestos en el escrito de la tutela buscan reabrir el debate sobre el retiro de la
accionante, y este asunto fue revisado por el juez contencioso administrativo en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
5.2. La Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones
Parafiscales - ITRC, a través de apoderado judicial, solicitó ser desvinculada ya
que carecía de legitimación en la causa por pasiva porque no había vulnerado los
derechos fundamentales de la accionante.
5.3. El Ministerio de Hacienda y Crédito expuso que la presente acción de tutela
carece de la carga argumentativa y busca desnaturalizar el mecanismo
constitucional, por lo que solicita desestimar las pretensiones.
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Accionante: Ingrid Adriana Fandiño
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 2 de febrero de 2024, la Subsección “C” de la Sección
Tercera del Consejo de Estado concluyó que la señora Ingrid Adriana Fandiño no
cumplió con la carga argumentativa y que lo pretendido a través de esta acción era
que se valorara la posibilidad de dejar sin efecto la sanción disciplinaria que le fue
impuesta y que desencadenó en la destitución de su cargo.
7. Asimismo, indicó que es al juez de lo contencioso administrativo, dentro de su
órbita funcional, a quien le corresponde analizar la situación fáctica planteada en la
demanda y valorar el material probatorio.
8. Finalmente, sostuvo que la “[…] acción de tutela en contra de providencias
judiciales es de carácter excepcional y no pretende desconocer la vigencia de la
autonomía e independencia judicial, ni el principio de la cosa juzgada y la seguridad
jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un
“juicio de corrección” de la decisión cuestionada, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho, que dieron origen a la controversia […]”.
9. En consecuencia, declaró improcedente esta acción constitucional por carecer de
relevancia constitucional.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
10. La accionante impugnó el fallo de primera instancia, para tal efecto manifestó
que la autoridad accionada ha vulnerado de manera flagrante su derecho
fundamental al fuero sindical, toda vez que hizo efectiva la sanción de destitución
sin haber previamente levantado el fuero sindical del que aún gozaba para ese
momento.
11. Igualmente, sostuvo que la tutela impetrada no busca revivir el análisis jurídico y
probatorio que realizaron las autoridades judiciales, lo que claramente se solicita es
un juicio de validez sobre las decisiones que éstas tomaron, a la luz de los derechos
fundamentales y los principios constitucionales.
12. En conclusión, solicitó que se revocara el fallo impugnado y, en su lugar, se
accediera a las pretensiones de la acción de tutela.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
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Accionante: Ingrid Adriana Fandiño
13. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194.
VIII.2. Cuestión previa
14. La Sala advierte que, previamente a la definición de los problemas jurídicos que
se habrán de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por la Agencia del Inspector General de
Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC.
15. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20065, señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en
la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto]
16. Así las cosas, y teniendo en cuenta que la Agencia del Inspector General de
Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC fue parte dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la sentencia que es
objeto del presente mecanismo de amparo, la Sala considera que a esta entidad sí
le asiste el interés jurídico para ser vinculada a esta acción constitucional, razón
por la cual se denegará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
5
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07293-01
Accionante: Ingrid Adriana Fandiño
VIII.3. Problemas jurídicos
17. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales
a las sentencias de 4 de octubre de 2022 y 13 de julio de 2023, proferidas por el
Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “C”,
respectivamente. Sin embargo, la Sala sólo analizará si la providencia de 13 de
julio de 2023, proferida en segunda instancia por el Tribunal accionado, vulneró los
derechos fundamentales de la parte accionante porque esta decisión fue la que
finiquitó la litis e hizo tránsito a cosa juzgada.
18. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado6, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá:
b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
19. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
20. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
21. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
22. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
6
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07293-01
Accionante: Ingrid Adriana Fandiño
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
23. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.
24. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.
25. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
26. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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Accionante: Ingrid Adriana Fandiño
VIII.5. El caso concreto
27. La señora Ingrid Adriana Fandiño solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la libre asociación, al fuero sindical
y a la seguridad social, cuya vulneración le atribuyó a las sentencia de 4 de octubre
de 2022 y 13 de julio de 2023, proferidas por el Juzgado Cincuenta y Uno
Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
• Sección Segunda - Subsección “C”, respectivamente, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 11001-33-42-051-
2021-00043-00/01.
28. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de relevancia constitucional.
VIII.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
29. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental11 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones12.
30. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales13, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces14.
31. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación15, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
11 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr.
Jaime Córdoba Triviño.
12 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
13 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
14 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
15
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07293-01
Accionante: Ingrid Adriana Fandiño
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto]
32. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202216 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
16
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
11
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Accionante: Ingrid Adriana Fandiño
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas
contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de
derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos
arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones económicas, la
Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se
advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la
protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante
los jueces ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]
33. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202317.
34. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el accionante se pueda
concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la
discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto
de la mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación
judicial que no involucre derechos fundamentales18.
35. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
36. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la libre asociación, al fuero
sindical y a la seguridad social, por haber hecho efectiva la sanción de destitución,
sin haber solicitado el levantamiento del fuero sindical.
37. Como fundamento de la solicitud de tutela sostuvo lo siguiente:
“[…] La Señora INGRID ADRIANA FANDIÑO […] se encuentra frente a una
grave afectación de sus Derechos Fundamentales al Trabajo, la Libre
17
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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Accionante: Ingrid Adriana Fandiño
Asociación y el Fuero Sindical, toda vez que, siendo funcionaria de la DIAN y
miembro de la Junta Directiva del Sindicato SINTRASAE, fue destituida de su
cargo como ANALISTA III, CÓDIGO 203, GRADO 3, en el Grupo de Contacto
Centro, de la División de Gestión de Asistencia al Cliente de la Dirección
Seccional de Impuestos de Bogotá, por medio de la Resolución No. 4842 de 6
de agosto de 2020, que hizo efectiva la sanción que le fue impuesta dentro del
expediente disciplinario No. 1704-00-2018-062 de la Agencia ITRC, sin que se
hubiera solicitado el permiso correspondiente al Juez Laboral para levantar el
Fuero Sindical del que gozaba, esto, en concordancia con el Capitulo VIII,
Artículos 405 y S.S. del Código Sustantivo del Trabajo y en garantía de sus
Derechos Constitucionales establecidos en los Artículos 25, 38, 39 y 48 de la
Constitución.
Ahora bien, los Derechos Fundamentales de mi representada fueron
vulnerados no solo por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN, sino que, también, lo fueron por el Juzgado 51 Administrativo de Bogotá
y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda –
Subsección A, toda vez que, tras iniciar el Proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho bajo el No. 11001334205120210004300, estos
Despachos Judiciales a través de las Sentencias proferidas en fechas 4 de
octubre de 2022 y 13 de julio de 2023, negaron no solo la protección a los
Derechos Fundamentales de mi representada ya mencionados, sino que
también confirmaron estas vulneraciones, a pesar de haber reconocido dentro
de sus providencias que el proceder de la DIAN no había sido acorde,
afirmando que: “únicamente sería la ejecución de la sanción disciplinaria de
destitución, como causal de retiro del servicio, la que no podría materializarse
hasta tanto no se produzca el levantamiento del fuero sindical”, aspecto que,
además, de contradictorio, es violario de la Constitución Política y de las
Normas Superiores a las que debía de obedecerse, como los Tratados
Internacionales, que protegen los Derechos de los trabajadores y que están
integrados al Bloque de Constitucionalidad, motivo por el cual las Sentencias
proferidas, son violatorias de los Derechos Fundamentales al Trabajo, a la Libre
Asociación y, en especial, del Fuero Sindical, que le asisten a mi representada
[…]”.
38. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) no se satisfizo la carga mínima argumentativa;
y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera
instancia, con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez natural.
39. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales”.
40. Se considera que la parte accionante no está exponiendo que la providencia
cuestionada haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo de su
inconformidad consiste en que la decisión adoptada por el juez de primera y
segunda instancia no accedió a las pretensiones de la demanda.
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Accionante: Ingrid Adriana Fandiño
41. Asimismo, se observa que la accionante no identificó en cuál defecto se habría
incurrido en la providencia cuestionada.
42. En este punto, se observa que la discusión expuesta en esta instancia
constitucional fue analizada por el juez natural de la causa mediante la decisión de
13 de julio de 2023:
“[…] No obstante, sin perjuicio de lo previamente expuesto, especial
pronunciamiento merece lo concerniente a la ejecución de la comentada
sanción para el caso de la demandante amparada por fuero sindical, para lo
cual se debe recalcar que para la fecha en que la DIAN profirió la Resolución
N°4842 del 6 de agosto de 2020, mediante la cual hizo efectiva la sanción de
destitución e inhabilidad general por diez (10) años contra la demandante, dicha
entidad se encontraba respaldada por el previamente aludido numeral 4 del
artículo 144 del Decreto Ley 71 del 24 de enero de 2020 que le permitía retirar
a dicha aforada sindical, de ahí que sea factible concluir que, durante la
vigencia de esa norma, la DIAN actuó en estricto cumplimiento de la normativa
aplicable al sub lite.
Aun así, no debe omitirse que, como ya fue referenciado con anterioridad, la
norma en comento fue declarada condicionalmente exequible por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-033 de 2021 “en el entendido de que no
será necesario solicitar y obtener el levantamiento del fuero sindical, cuando la
destitución sea proferida por la Procuraduría General de la Nación”, sin
embargo, para el presente proceso dicho fallo fue dictado el 18 de febrero de
2021, es decir, en forma posterior al acto administrativo que ejecutó la sanción
de destitución e inhabilidad contra la demandante (Resolución N°4842 del 6 de
agosto de 2020) no tendría ningún impacto, puesto que, pese a que esa sanción
impuesta contra aquélla no fue dictada por la Procuraduría General de la
Nación, los efectos de esa sentencia de la Corte Constitucional, al no disponer
ninguna modulación en particular, debe entenderse que únicamente producirá
efectos ex - nunc o hacía futuro, tal y como así lo determina expresamente la
ley estatutaria de administración de justicia (Ley 270 de 1996) en artículo 45.
En consecuencia, para el presente asunto no es posible aplicar lo determinado
por la Corte Constitucional en la comentada sentencia, puesto que para el
momento en que se ejecutó la sanción disciplinaria de destitución contra la
demandante, pese a encontrarse amparada por fuero sindical, no existía la
referida exequibilidad condicionada y, por tanto, no puede aplicarse
retrospectivamente lo resuelto en esa sentencia de constitucionalidad
condicionada al sub lite, de ahí que para el caso del retiro de la demandante
mediante Resolución N°4842 del 6 de agosto de 2020 debe considerarse la
plena aplicación y sin ningún condicionamiento del numeral 4 del artículo 144
del Decreto Ley 71 de 2020, el cual habilitaba a la DIAN para retirarla a aquélla
del servicio, por estar incursa en sanción disciplinaria de destitución y pese a
estar amparada por fuero sindical […]”.
43. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por el juez natural y no se observa que la decisión
proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen desconocido los derechos
fundamentales de la parte accionante en el trámite del proceso disciplinario seguido
en su contra.
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44. De hecho, lo que se aprecia es que el juez explicó las razones por las que no era
necesario solicitar el levantamiento del fuero sindical en el caso objeto de estudio,
en virtud del numeral 4 del artículo 144 del Decreto Ley núm. 71 del 24 de enero de
202019, que señalaba que no sería necesaria la autorización judicial para el retiro
de servidores amparados con fuero sindical, cuando existiera destitución por
sanción disciplinaria ejecutoriada.
45. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”20.
46. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”;
ya que en “el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”21. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”22.
47. Con fundamento en los anteriores razonamientos, esta Sección confirmará el
fallo impugnado, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de febrero de 2024, proferida por la
Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
19
“Por el cual se establece y regula el Sistema Específico de Carrera de los empleados públicos de la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y se expiden normas relacionadas con la administración y gestión
del talento humano de la DIAN”.
20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
21
Ibidem.
22
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
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Accionante: Ingrid Adriana Fandiño
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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