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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07300-01

Fecha
25 de julio de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07300-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela de 23 de mayo de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado para, en su lugar, DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-07300-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

25 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202307300-01
Actor: Jair Bermúdez
Demandado: Sección Tercera del Consejo de Estado y otro1

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de inmediatez

Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso

Derecho Fundamental Amparado: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 23 de mayo de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, por medio de la cual resolvió “[…] Rechazar por improcedente
la acción de tutela […]”.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Sección
Tercera del Consejo de Estado y la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, porque, a su juicio: i) el Consejo de Estado, al

1 Cfr. Índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “2ED_Caratula(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en

medio digital.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202307300-01
Actor: Jair Bermúdez

proferir la sentencia de 25 de agosto de 2022, en el proceso del recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia identificado con número único de
radicación 110010326000202100028-00; y ii) el Tribunal, al proferir la sentencia de
24 de octubre de 2019, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control
de reparación directa identificado con el número único de radicación
110013343060201700321-01: vulneraron su derecho fundamental invocado supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que, “[…] Como estuve privado de la libertad de manera injusta,
desde el 03 de octubre de 2011 hasta el 24 de noviembre de 201, se demandó al
Estado el 04 de diciembre de 2017, mediante una acción de reparación directa,
conociendo de esta demanda el juez 60 Administrativo del Circuito de Bogotá
PROCESO No. 11001334306020170032100, el cual de manera acertada profiere
sentencia condenando al Estado de mi privación injusta el 02 de agosto de 2018
frente a esta decisión la parte demandada interpone recurso de apelación el cual
fue concedido. […]”.

4. Sostuvo que, “[…] El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conoció del
recurso de apelación, el cual pese a concepto favorable del procurador decide
revocar la sentencia del juez administrativo y por (sic) no condena al estado […]”.

5. Advirtió que, contra la sentencia de segunda instancia presentó recurso de
unificación jurisprudencial identificado con el número único de radicación
110010326000202100028-00, frente al cual, la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante sentencia de 25 de agosto de 2022, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DESESTIMAR el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia interpuesto por Alba Luz Bermúdez y otros, contra la sentencia
proferida el veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecinueve (2019) por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
dentro de la acción de reparación directa N° 11001-33-43-060-2017-00321-01. […]”.

5.1. Al respecto consideró lo siguiente:

3

Núm. único de radicación: 110010315000202307300-01
Actor: Jair Bermúdez

“[…] En el caso concreto, los recurrentes alegaron como desconocidos los siguientes
fallos proferidos por la Sección Tercera del Consejo de Estado:

a) El de nueve (9) de febrero de dos mil doce (2012), radicado 21.060, y

b) El de diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013), radicado 23.354.

Atendiendo a que estas providencias se refieren a asuntos diversos y a que los
argumentos para alegar su desconocimiento son disímiles, la Sala efectuará el
análisis de forma separada para cada una de ellas. […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, de conformidad con lo expuesto, para la Sala la providencia del
veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecinueve (2019) no incurrió en un
desconocimiento de la jurisprudencia unificada de esta Corporación. Por el contrario,
el Tribunal aplicó la regla de unificación vigente y aplicable al momento de resolver el
asunto sometido a su consideración, analizando la antijuridicidad del daño para
encontrar acreditada la responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad.

Adicionalmente, debe indicarse que no resultan de recibo los argumentos de la parte
actora dirigidos a afirmar que debió aplicarse la tesis prevista en la sentencia de
diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013), radicado 23.354, por ser esa la
vigente al momento de presentar la demanda, pues, como lo ha indicado el Consejo
de Estado, por regla general y salvo que de manera expresa se disponga lo contrario,
los operadores judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento
de resolver el asunto sometido a su consideración, a efectos de salvaguardar valores
superiores como la igualdad, la seguridad jurídica y la aplicación uniforme e inmediata
del derecho2.

En el mismo sentido, tampoco resulta admisible el argumento según el cual en
sentencia de unificación del veintisiete (27) de junio de dos mil diecisiete (2017),
radicación 33.945, la Sección determinó la imposibilidad general de aplicar de manera
inmediata las reglas jurisprudenciales acuñadas, pues el punto objeto de unificación
en esa providencia nada tenía que ver con ese asunto sino con el reconocimiento de
perjuicios materiales a las personas encargadas de la economía y cuidado del hogar;
así, aunque es cierto que en ese fallo se dio aplicación a la figura de la jurisprudencia
anunciada para determinar que la regla allí fijada “solo ser[ía] aplicable a los procesos
que se inicien con posterioridad a esta providencia”, es claro que esa determinación
solo se adoptó para ese caso en particular y no como una regla general aplicable a
todos los supuestos de unificación3.

Por último, y frente a la alegada violación del derecho a la igualdad respecto de los
casos fallados después de proferida la sentencia de tutela del quince (15) de
noviembre de dos mil diecinueve (2019), basta con señalar que los recurrentes
pretenden plantear un juicio de igualdad entre situaciones que no comparten unos
mismos supuestos y que, por tanto, no permite sostener el reproche endilgado, pues
una cosa es el universo de casos que fueron decididos cuando se encontraba vigente
la sentencia de unificación de dos mil dieciocho (2018) y otra muy distinta aquellos

2 Al efecto consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 18 de noviembre de 2021,

radicación 11001-03-15-000-2021-07060-00; Consejo de Estado, Sección Tercera, subsección C sentencia
del 1 de octubre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2021-05479-00.
3 En el referido fallo, se unificó la jurisprudencia en el siguiente sentido: “A partir de la ejecutoria de esta

providencia, en consecuencia, la Sala unifica su posición en el sentido de que los perjuicios materiales derivados
de la ausencia de la persona que funge como ‘encargada de la economía y cuidado del hogar’ y que se
relacionen tanto con las actividades domésticas como con las de cuidado a su cargo, deberán considerarse
como un lucro cesante en cabeza de quienes, comprobadamente, se beneficien directamente de actividades
desplegadas por el ‘ama de casa’ para lo cual se aplicará la presunción o inferencia de un (1) salario mínimo
mensual legal vigente.”.

4

Núm. único de radicación: 110010315000202307300-01
Actor: Jair Bermúdez

que tuvieron que ser decididos con posterioridad a la decisión de tutela que dejó sin
efectos dicha providencia. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela4:

“[…] Al respecto solicito se revoque la decisión proferida por ellos en sus sentencias,
las cuales anexo con este escrito, y por ende se me conceda las pretensiones
indicadas en la demanda administrativa la cual también se anexa con este escrito.
[…]”.

6.1. Como fundamento de su solicitud, el actor en su escrito de tutela señaló que
las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, en la medida que, sus decisiones se
apartaron de lo establecido en la sentencia de unificación de 17 de octubre de 20135
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y que
a su juicio, le era aplicable al caso bajo estudio, y en su lugar, aplicó lo señalado en
la sentencia de Unificación de 15 de agosto de 20186 proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado.

Actuación

7. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
auto de 25 de enero de 2024, resolvió declarar fundado el impedimento manifestado
por el Consejero de Estado doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez.

8. El Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante auto de 15 de febrero de 2024 inadmitió la solicitud
de tutela.

4 Transcripción literal del texto.
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, Exp.

520012331000199607459-01, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación de 15 de agosto de 2018, Exp.

660012331000201000235-01(46947), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

5

Núm. único de radicación: 110010315000202307300-01
Actor: Jair Bermúdez

9. El Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante auto de 11 de marzo de 2024: i) admitió la acción de
tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sección Tercera del Consejo de
Estado y de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca; y iii) vinculó a la Nación – Rama Judicial, a la Fiscalía General de la
Nación, a Yasmín Gómez Tapiero, a Keiman Jair Bermúdez Gómez, a Jhon Milton
Bermúdez Gómez, a Marlon Steven Bermúdez Castillo, a Alba Luz Bermúdez, a
Lorena Bermúdez, a Albeida Bermúdez, a Alexander Bermúdez, a Jaime Bermúdez
y a Alba Rosa Bermúdez, en calidad de terceros con interés legítimo,
concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el
particular.

10. El Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante auto de 29 de abril de 2024, remitió el proceso al
despacho del Consejero de Estado doctor Luis Eduardo Mesa Nieves, quien, al
posesionarse como integrante de la Subsección, desplazó el encargo del doctor
Jorge Iván Duque Gutiérrez, el cual originalmente tenía el proceso bajo su
instrucción.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

11. La Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó declarar la improcedencia
de la solicitud de tutela, por las siguientes razones:

“[…] En conclusión, considero que el caso bajo examen no reúne el requisito de la
relevancia constitucional arriba señalado, ya que se pretende utilizar la acción de
tutela como una tercera instancia a través de la cual se acceda a las pretensiones de
la demanda que fueron negadas en el trámite ordinario y que tampoco tuvieron
vocación de prosperidad en el recurso extraordinario de unificación. […]”.

[…]

“[…] Conforme con estas consideraciones, es claro que este requisito tampoco se
encuentra acreditado en el caso concreto, como quiera que a la fecha de presentación
de la acción de tutela habían transcurrido más de seis (6) meses desde la notificación
de la providencia que se alega como vulneradora de los derechos fundamentales.

Así, el fallo proferido por la Sección Tercera dentro del recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia N° 11001-03-26-000-2021-00028-00 (66535), de 25 de
agosto de 2022, fue notificado a las partes, incluyendo al hoy accionante, el 23 de
septiembre de 20227, mientras que la acción constitucional de la referencia fue

7 Índice 25 de SAMAI EXP. 11001-03-26-000-2021-00028-00.

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Núm. único de radicación: 110010315000202307300-01
Actor: Jair Bermúdez

radicada el 1 de diciembre de 20238, esto es, 1 año y 2 meses después de la fecha
de su notificación, sin que el actor hubiere planteado un solo argumento dirigido a
explicar o justificar el porqué de esa situación. […]”.

[…]

“[…] Aunque, como se indicó en el acápite anterior, en este caso no se advierten
configurados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, en todo caso
estimo relevante indicar que la providencia que se enjuicia no adolece de defecto
alguno; por el contrario, la decisión adoptada por la Sección Tercera del Consejo de
Estado estuvo acorde con la normatividad aplicable al caso en concreto, con la litis
fijada y la finalidad del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia pues,
como se explica con detalle en el fallo enjuiciado, se encontró que no se desconoció
sentencia de unificación alguna.

Sobre el punto, debe resaltarse que el accionante no invocó expresamente alguno de
los defectos que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, pueden dar lugar a
la prosperidad de la acción de tutela contra providencia judicial, pues simplemente se
limitó a señalar que “hubo vías de hecho” y que la Sección desconoció el precedente
jurisprudencial, porque resolvió su situación con posiciones que, a su juicio, no
resultaban aplicables al caso concreto. […]”.

12. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó i) declarar la improcedencia de la solicitud de tutela; o
subsidiariamente, ii) negar las pretensiones de la acción de tutela. Para tal efecto
manifestó que:

“[…] En primer lugar, debe partir por precisarse, que los argumentos planteados por
la parte accionante en su escrito de tutela, son exactamente los mismos que
previamente formuló ante el H. Consejo de Estado, al proponer recurso extraordinario
de unificación, y que fueron desatados por esa Corporación, concluyendo que esta
Sala de decisión no había incurrido en desconocimiento de precedente judicial alguno.

Con lo anterior, se quiere significar, que lo que pretende la parte accionante, en
estricto sentido, es reabrir el debate jurídico sobre un aspecto que ya fue decidido y
desatado por el H. Consejo de Estado. […]”.

13. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura solicitó negar la solicitud de tutela, por las siguientes razones:

“[…] Así, las decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
con sentencia del 24 de octubre de 2019, expediente No. 3343060201700321-00, y
del Consejo de Estado con sentencia del 22 de agosto de 2022, radicado No.
110010326000202100028-00, dictaron sus providencias conforme a derecho,
decisiones que se encuentran debidamente motivadas y fundamentadas conforme a
las normas que el ordenamiento jurídico regulaba para el caso en concreto, en
especial a las atinentes a las del medio de control de reparación directa, sin que se
pueda enrostrar que estemos frente a una vulneración de derechos fundamentales.

8 Según consta en el PDF denominado “ED_CORREO_JUANSEBASTI” del índice 2 de SAMAI de la tutela

N°11001-03-15-000-2023-07300-00.

7

Núm. único de radicación: 110010315000202307300-01
Actor: Jair Bermúdez

Nótese señor consejero que, en su acción de tutela el actor trae a colación los mismos
argumentos en que fundamentó su defensa en el proceso contencioso, pero no logra
demostrar que estemos frente a una vulneración de derechos fundamentales, no
presenta un argumento de autoridad que pudiera hacer tambalear la sentencia
ejecutoriada, considerada de última instancia y que por ende hace tránsito a cosa
juzgada. […]”.

14. La Fiscalía General de la Nación solicitó declarar la improcedencia de la
solicitud de tutela, por las siguientes razones:

“[…] Dicho lo anterior, es necesario señalar que en el caso sub examine, la acción de
tutela resulta improcedente por cuanto (i) el accionante no da cuenta de por qué a
pesar de existir otro mecanismo judicial idóneo para ventilar la controversia objeto de
esta acción, no hizo uso de este, (ii) no sustentó las causales específicas de
procedibilidad para que la acción de tutela sea procedente, (iii) pretende retrotraer
actuaciones procesales y (iv) no sustentó la configuración del defecto fáctico y
sustantivo. […]”.

[…]

“[…] Analizada la sentencia SU 072 de 2018 en la misma se determinó que en “i) el
estudio de una privación de la libertad debe determinarse si esta es razonada y
proporcionada y ii) el juez administrativo, en aplicación del principio iura novit curia,
debe determinar el régimen de imputación a partir de las particularidades de cada
caso”; en ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que los argumentos del accionante
se fundamentan en la discrepancia con el análisis y decisión de la sentencia
cuestionada, la cual fue desfavorable a sus pretensiones, esta Dirección debe
manifestar al Despacho que no se evidencia que la decisión dentro del proceso de
reparación directa con radicado No. 11001334306020170032100, sea arbitraria o
irracional, por el contrario, se ajusta a derecho.

Se observa que en el caso sub examine, el análisis probatorio fue razonado y
coherente bajo las reglas de la sana crítica y sus argumentos hacen parte de la
independencia y autonomía con la cual cuentan los jueces al momento de dictar
sentencia, motivo por el cual, el despacho accionado respetó las reglas
jurisprudenciales plasmadas en la sentencia SU-072 de 2018. […]”.

[…]

“[…] Finalmente, teniendo en cuenta que el accionante instaura la presente acción
constitucional por considerar que se ha vulnerado el derecho fundamental a la libertad
y reparación directa y solicitan el pago de perjuicio, se resalta ante el Despacho que
la acción de tutela es improcedente cuando con ella se pretende obtener
reconocimiento de carácter económico […]”.

15. La Sección Tercera del Consejo de Estado allegó copia digital del expediente
del proceso del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia identificado
con número único de radicación 110010326000202100028-00.

16. El Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá allegó copia digital
del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de

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Núm. único de radicación: 110010315000202307300-01
Actor: Jair Bermúdez

reparación directa identificado con el número único de radicación
110013343060201700321-01.

17. Yasmín Gómez Tapiero, Keiman Jair Bermúdez Gómez, Jhon Milton
Bermúdez Gómez, Marlon Steven Bermúdez Castillo, Alba Luz Bermúdez, Lorena
Bermúdez, Albeida Bermúdez, Alexander Bermúdez, Jaime Bermúdez y Alba Rosa
Bermúdez guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

18. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 23 de mayo de 2024, resolvió lo siguiente:

“[…] Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor
Jair Bermúdez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia. […]”.

18.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Sobre el particular, se observa que la providencia del 25 de agosto de 2022 se
notificó de forma electrónica a las partes el 229 de septiembre de 2022 y la acción de
tutela se radicó el 110 de diciembre de 2023, es decir, transcurrido 1 año y 2 meses,
por lo que es evidente que no se interpuso en un plazo razonable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la carga de la
argumentación en cabeza del demandante aumenta de manera proporcional a la
distancia temporal que existe entre la presentación de la acción de tutela y el
momento en que se consideró vulnerado un derecho, pues, en ausencia de
justificación, el paso del tiempo reafirma la legitimidad de las decisiones judiciales y
consolida los efectos de la sentencia11.

Sin embargo, el accionante no expuso ningún argumento que justifique la tardanza
en la interposición del amparo, por lo que es importante reiterar que el juez
constitucional parte de la presunción que si se está ante una vulneración de derechos
fundamentales que requiere medidas urgentes, inaplazables e inmediatas el titular del
derecho afectado debe procurar su protección lo antes posible; contrario sensu, la
demora excesiva e injustificada para controvertir una decisión judicial pone en tela de
juicio la urgente necesidad de la protección constitucional que se puede obtener vía
acción de tutela y, antes bien, revela una afectación al principio de seguridad jurídica
en caso de existir un derecho reconocido a una contraparte procesal. […]”.

9 Índice 26, del expediente 11001-03-26-000-2021-00028-00, SAMAI.
10 Índice 2 del aplicativo SAMAI.
11 Corte Constitucional, sentencia T-581 de 2012. Asimismo, pueden verse las sentencias T-491 de 2009 y T-

189 de 2009.

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Núm. único de radicación: 110010315000202307300-01
Actor: Jair Bermúdez

La impugnación

19. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. En ese orden de ideas expresó lo siguiente:

“[…] Cuando se inadmitió la tutela en ningún momento me solicitaron explicar de
manera razonable el ¿por qué después de más de un año y dos meses se radica una
tutela?, sin tener en cuenta que cuando se pronunció el alto Tribunal el 22 de
septiembre de 2022 (sic), como se puede observar fue de manera electrónica, sin que
se allegara copia de la decisión, misma que para poderla obtener fue necesario ir
varias veces al Consejo de estado para obtener copia de la misma.

No se tuvo en cuenta que el país estaba en un estado especial de pandemia misma
que estuvo vigente hasta junio de 2022, no podía ir a Bogotá, no podía contactarme
con un profesional abogado que me colaborara, soy una persona que vive lejos de la
ciudad cerca del casco urbano de Cali, (ZONA RURAL TIMBACAUCA), así como toda
mi familia.

El juez de tutela se gasta seis meses para resolver una tutela, sin embargo, a mi me
piden que debía realizarlo en seis (6) meses, cuando se trata de impugnar una
sentencia del Consejo de Estado, siendo esto un tema de la mayor complejidad, no
es fácil para una persona como yo con recursos limitados, de una comunidad negra
con dificultades económicas y sociales. […]”.

[…]

“[…] No se debe tener en cuenta el rechazo de la tutela por considerarse que no se
cumple en (sic) requisito de inmediatez, sin haber tenido en cuenta la época en que
se emitió la sentencia de unificación jurisprudencial, la sentencia fue notificada por
correo electrónico pero el haber tenido acceso a la misma no fue inmediata, la página
de la rama judicial no operaba bien en esa época hasta ahora se estaba
implementado presentado muchos inconvenientes. […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

20. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199112, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
202113 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 14, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

12 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
13 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
14 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Núm. único de radicación: 110010315000202307300-01
Actor: Jair Bermúdez

Generalidades de la acción de tutela

21. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las
autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados.
Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como
mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

22. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de procedencia de la inmediatez.

23. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; procediendo posteriormente a iv) resolver el caso
concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los
requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

24. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena15, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra.

María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

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Núm. único de radicación: 110010315000202307300-01
Actor: Jair Bermúdez

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

25. Esta Sección adoptó16 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200517, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

26. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

27. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”18 que encaje en dichos parámetros.

28. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.

María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328.
17 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
18 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

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Actor: Jair Bermúdez

29. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201419.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

30. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento del requisito general de procedencia de inmediatez como requisito
general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
dispuesto por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional20.

Acerca del requisito general de procedencia de inmediatez dentro del marco
de la acción de tutela

31. Si bien es cierto el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199121 estableció
que la acción de tutela puede presentarse en todo momento, no significa que no
deba interponerse dentro de un plazo razonable. La Corte Constitucional en la
sentencia SU-961 de 199922 dijo:

“[…] La inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción
de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de
este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser
ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez
está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial
y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.

Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de
establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de
verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se
convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción […]”.

32. Ahora bien, el Consejo de Estado frente al cumplimiento del requisito general
de procedencia de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales en sentencia de unificación dijo:

19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
20 Corte Constitucional. Sentencia C- 590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
21 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
22 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1 de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

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Actor: Jair Bermúdez

“[…] Anótese que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este
aspecto.

Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados
a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Se ha
estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto
jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos
ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva
y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i)
que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso
jurisdiccional […]23.

33. Con fundamento en el anterior criterio jurisprudencial, es posible advertir que
la acción de tutela contra providencias judiciales debe interponerse dentro de los
seis meses siguientes a la notificación de la providencia, para efectos de acreditar
el cumplimiento del requisito general de procedencia de inmediatez.

34. Además, la Corte Constitucional en jurisprudencia reiterada ha dicho 24:

“[…] Más recientemente, la Sala Octava de Revisión, en sentencia T- 322 del 10 de
abril de 200825, estimó que, al momento de determinar si se presentaba el fenómeno
de la inmediatez en materia de acción de tutela contra providencias judiciales, era
necesario examinar los siguientes aspectos: (i) si obra en el expediente prueba
alguna que justifique la inactividad del peticionario en cuestionar en sede de
amparo la constitucionalidad de la providencia; (ii) si se está en presencia de
un sujeto de especial protección o de una persona que se encontrase en una
situación de especial indefensión; y (iii) la existencia de un plazo
razonable.[…]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

35. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 5 de agosto

de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01.
24 Corte Constitucional, sentencia T-395 de 24 de mayo de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
25 Corte Constitucional, sentencia T- 322 del 10 de abril de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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Actor: Jair Bermúdez

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

36. Atendiendo a que, la Corte Constitucional26 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Análisis del caso concreto

37. La Sala estudia si en el presente caso se cumple con el requisito general de
procedencia de inmediatez.

38. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Sección
Tercera del Consejo de Estado y la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, porque, a su juicio: i) el Consejo de Estado, al
proferir la sentencia de 25 de agosto de 2022, en el proceso del recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia identificado con número único de
radicación 110010326000202100028-00; y ii) el Tribunal, al proferir la sentencia de
24 de octubre de 2019, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control
de reparación directa identificado con el número único de radicación
110013343060201700321-01: vulneraron su derecho fundamental invocado supra.

26 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

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Actor: Jair Bermúdez

39. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

40. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

41. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

41.1. Copia digital del expediente del proceso del recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia identificado con número único de radicación
110010326000202100028-00.

41.2. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de reparación directa identificado con el número único de radicación
110013343060201700321-01.

Solución al caso en concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de inmediatez

42. De conformidad con los argumentos expuestos en el escrito de impugnación,
la Sala advierte que en el expediente está plenamente acreditado que i) la Sección
Tercera del Consejo de Estado profirió la sentencia el 25 de agosto de 2022, la cual
quedó notificada el 26 de septiembre de 202227; y ii) el actor presentó la acción de

27 Al respecto, la Sala precisa que la notificación personal se entiende realizada una vez transcurridos dos días

hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la
notificación. Por consiguiente, en el caso sub examine el mensaje de datos que puso en conocimiento la

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Actor: Jair Bermúdez

tutela el 1.° de diciembre de 202328, es decir que, desde el 27 de septiembre de
2022 (día en el que empezaron a correr los términos una vez surtida la notificación
personal) a la fecha de presentación de la acción de tutela, el actor presentó la
acción de tutela por fuera del plazo razonable.

43. La Sala advierte que el actor no demostró, ni siquiera con prueba sumaria,
que se encontraba en un estado de debilidad manifiesta que justificara su inactividad
por más de seis (6) meses para interponer este mecanismo de protección
constitucional contra la providencia que presuntamente violó su derecho
fundamental invocado supra, ni demostró que la providencia objeto de la acción de
tutela no le hubiera sido notificada en debida forma como hecho relevante que
justificaba la tardanza en la interposición de la acción y flexibilizar el término de
inmediatez.

44. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU – 354 de
201729, reiteró la importancia del requisito general de procedencia de inmediatez en
la acción de tutela contra providencias judiciales, sin embargo, al decidir este caso
hizo una excepción en el término de los seis meses establecidos por regla general
como tiempo razonable para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, haciendo un análisis particular del caso, por lo que
consideró que la acción de tutela en el caso bajo estudio procedía diez meses
después de haber sido notificada la decisión que se controvertía en la acción de
tutela. La anterior decisión se tomó con fundamento en la existencia de un hecho
relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la acción, circunstancia
que no se observa en el presente caso.

45. En ese orden de ideas, para la Sala no se cumple con el requisito general de
procedencia de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales, toda vez que se interpuso por fuera del plazo razonable,
teniendo en cuenta que con fundamento en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, el amparo debe ser presentado dentro de
los seis (6) meses siguientes contados a partir de la notificación de la providencia.

providencia cuestionada se envió el 22 de septiembre de 2022, se entiende notificada personalmente el 26 de
septiembre de 2022 y los términos comenzaron a correr a partir del 27 de septiembre de 2022.
28 Cfr. Índice 2 de SAMAI, documento denominado “ED_CORREO_JUANSEBASTI(.pdf) NroActua 2”. Archivo

aportado en forma digital.
29 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 25 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería.

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Actor: Jair Bermúdez

46. La Sala precisa que, los argumentos propuestos en el escrito de impugnación
no se encuentran plenamente acreditados dentro del caso sub examine, es decir,
que la emergencia sanitaria por Covid 19, haya sido óbice para que el actor no
hubiese podido radicar la acción de tutela de la referencia dentro de los seis (6)
meses siguientes contados a partir de la notificación de la providencia.

47. Asimismo, como lo ha señalado la Sala en otras oportunidades30, dichos
argumentos no resultan de recibo al considerar que, si bien durante varios meses
del año 2020 se vivió en todo el mundo una situación altamente excepcional, que
en lo relativo al servicio público de la administración de justicia en Colombia condujo
a que se expidieran medidas así mismo excepcionales, tales como la suspensión
de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura31, lo cierto
es que tal situación de emergencia había sido ya ampliamente superada para el 25
de agosto de 2022 y 26 de septiembre de 2022, fechas en las que se profirió y
notificó la sentencia cuestionada en el proceso del recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia identificado con número único de radicación
110010326000202100028-00; y más todavía en los meses subsiguientes, durante
los cuales se produjo su tardanza en el uso de este mecanismo constitucional.

48. En todo caso, la Sala precisa que el recibo y trámite de acciones de tutela
nunca estuvo suspendido, a partir de lo cual el correo electrónico para recibir y
tramitar tales acciones en esta Corporación estuvo habilitado en completa
normalidad, incluso durante los meses de mayor severidad de los cierres
ocasionados por la pandemia.

Conclusiones de la Sala

49. Con fundamento en lo anterior, la Sala revocará la sentencia de tutela de 23
de mayo de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, por medio de la cual resolvió “[…] Rechazar por improcedente la acción
de tutela […]” para, en su lugar, declarar la improcedencia de la solicitud de tutela.

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre

de 2022, número único de radicación 11001 03 15 000 2022 04875 01, C.P. Oswaldo Giraldo López.
31 Mediante la expedición de los acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11526, PCSJA20-

11532, PCSJA20-11546, entre otros.

18

Núm. único de radicación: 110010315000202307300-01
Actor: Jair Bermúdez

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela de 23 de mayo de 2024 proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado para, en su lugar,
DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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