RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-07308-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07308-01

Fecha
14 de marzo de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07308-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revocase el numeral segundo de la sentencia del 29 de enero de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. SEGUNDO: Confirmase en todo lo demás, la sentencia del 29 de enero de 2024, por medio de la cual la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo deprecado. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Empresa de Licores de Cundinamarca Demandados: Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá Radicado: 11001-03-15-000-2023-07308-01 TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-07308-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

14 de marzo de 2024

Demandante: Empresa de Licores de Cundinamarca
Demandados: Tribunal de Arbitramento de la Cámara de
Comercio de Bogotá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07308-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07308-01
Demandante: EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA
Demandado: TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Falta de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la Empresa de Licores
de Cundinamarca contra la sentencia del 29 de enero de 2024, por medio de la
cual la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró
improcedente el amparo deprecado.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito remitido el 4 de diciembre de 2023, la Empresa de Licores de
Cundinamarca, actuando a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela
contra el tribunal de arbitramento constituido para resolver las controversias
contractuales surgidas entre la sociedad Representaciones Continental S.A.S. y la
tutelante, con el fin de obtener el amparo de su derecho fundamental al debido
proceso y defensa.

Considera que dicha garantía constitucional fue vulnerada como consecuencia de
la decisión adoptada mediante auto No 5 del 20 de noviembre de 2023, en la que
dispuso no entregar a la Empresa de Licores de Cundinamarca1, el escrito
contentivo de la solicitud de medidas cautelares presentado por Representaciones
Continental S.A.S.2 en su contra.

En concreto, solicitó a esta Corporación:

1 En adelante ELC.
2 En adelante REPCO.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Empresa de Licores de Cundinamarca
Demandados: Tribunal de Arbitramento de la Cámara de
Comercio de Bogotá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07308-01

Ordenar al Tribunal Arbitral integrado presidido por el doctor ANTONIO PABÓN
SANTANDER, dictar auto por medio del cual se autorice entregar a la EMPRESA
DE LICORES DE CUNDINAMARCA y/o a su apoderado judicial, dentro de los
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la sentencia que conceda el amparo, copia
del escrito de medidas cautelares y sus anexos, presentado por
REPRESENTACIONES CONTINENTAL S.A.S. – REPCO.

1.2. Hechos

De la narración realizada por la parte actora, se extraen y sintetizan los siguientes
hechos:

La sociedad REPCO presentó el 7 de septiembre de 2023 ante el Centro de
Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá solicitud
de convocatoria de un tribunal arbitral contra la ELC para dirimir las diferencias de
desequilibrio económico invocadas en la demanda, a la cual acompañó solicitud
de decreto y práctica de medidas cautelares.

El 20 de noviembre de 2023, se llevó a cabo la audiencia de instalación de tribunal
arbitral. Durante la diligencia el apoderado de REPCO, desistió de la solicitud de
medidas cautelares en el trámite arbitral. Mediante auto N° 4 se admitió la solicitud
de desistimiento unilateral de las medidas cautelares y se ordenó la devolución del
escrito junto con sus anexos a la Convocante.

El apoderado de la entidad tutelante manifestó que, a pesar del desistimiento,
tenía derecho a conocer el escrito de medidas cautelares y, por tanto, solicitó que
se le entregara copia del mismo.

El apoderado de la convocante se opuso a la solicitud de entrega de copia del
escrito de medidas cautelares, alegando que había desistido de un acto procesal
que no tendría ni produciría efecto alguno.

El tribunal resolvió sobre la solicitud de entrega de copia de la solicitud de medidas
cautelares, señalando que, como el escrito respectivo tiene el carácter de
reservado hasta cuando el juez se pronuncie, lo procedente era devolverlo sin
permitir que la convocada accediera al mismo.

La ELC recurrió dicha providencia, alegando que el hecho de que la parte
convocante hubiera desistido de la solicitud, no tornaba secreto ni reservado dicho
escrito. Argumentó que el desglose de documentos previsto en el artículo 116 del
CGP obliga a dejar copias en el expediente. Además, indicó que no existía la
figura de devolver memoriales a quien los hubiere aportado y que desaparecieran
sin dejar una reproducción de los mismos.

El presidente del tribunal, «sin haber consultado a los demás árbitros, se precipitó
a adoptar una decisión que sólo podía proferirse en forma colegiada», al
manifestar:

Bien, teniendo en cuenta que la ley confiere a las medidas cautelares el carácter de
reservadas, por esa razón pues ellas no se conocen por la parte contra quien se
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Empresa de Licores de Cundinamarca
Demandados: Tribunal de Arbitramento de la Cámara de
Comercio de Bogotá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07308-01

solicitan, sino una vez el juez haya hecho el pronunciamiento, en la medida en que
la parte la ha retirado sin que el tribunal haya ni siquiera efectuado ningún
pronunciamiento al respecto. Pues lo procedente es simplemente devolver el
escrito, porque el escrito desde el punto de vista procesal al ser retirado, pues
simplemente no tiene ninguna existencia en el trámite. En ese sentido, pues no
habría lugar a hacer entrega de esa medida a la parte convocada. Bien, de esta
forma.

En ese orden, el tribunal resolvió desfavorablemente el recurso mediante auto No
5 notificado en estrados, insistiendo en el carácter reservado de la solicitud de
medidas cautelares, bajo el argumento de que no se había proferido decisión
alguna, ya que el desistimiento se presentó antes de que ello ocurriera. Además
señaló, que en relación con el desglose de documentos, el artículo 116 del CGP
obliga a dejar copia del documento desglosado cuando es aportado por las partes,
más no como ocurre en este caso, de un memorial que no llegó a tener trámite
alguno.

1.3. Sustento de la vulneración

La entidad tutelante adujo que la decisión cuestionada incurre en defecto
procedimental absoluto o exceso ritual manifiesto y transgrede los derechos
fundamentales al debido proceso y de defensa, puesto que el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido, como quiera que el
artículo 316 del CGP, si bien establece la figura del desistimiento de ciertos actos
procesales, entre los que puede considerarse la solicitud de medidas cautelares,
en ningún aparte de la norma se faculta al juez para entregar o devolver (de oficio
o a petición de parte) la pieza o la parte del expediente donde se encuentra
contenido el acto que fue desistido, lo que es una grave irregularidad y por tanto la
solicitud de devolución de las medidas cautelares debió ser negada.

Sostuvo, que el tribunal atribuyó carácter de «reserva perpetua» a un memorial
que ya no podía estar bajo esa restricción porque lo pedido con este había sido
desistido, mal interpretando el alcance del artículo 123 del CGP. Además,
reprochó que la referida autoridad considerara que lo pedido por la convocante,
consistente en la devolución de tal documento, no era un desglose porque no
había sido presentado por ambos extremos, exigencia que no está prevista en el
artículo 116 del CGP.

Afirmó que la providencia transgrede directamente la Constitución por tratarse una
decisión ilegítima que afecta derechos fundamentales y conculca los derechos
fundamentales al debido proceso y de defensa, debido a que:

i) al no entregarse a la contraparte copia de la solicitud de medidas cautelares, las
cuales dejaron de ser reservadas una vez se aceptó el desistimiento de las mismas;
ii) no cumplir la obligación legal de dejar copia en el expediente de la solicitud de
medidas, con el extraviado argumento de que por no tratarse de un documento
presentado por ambas partes no aplicaba el artículo 116 del CGP; iii) al no permitirle
el acceso y conocimiento al escrito de solicitud de medidas cautelares cuando ya
habían sido desistidas y aceptado el desistimiento, como quiera que ninguna norma
lo prohíbe. iv) al impedir su defensa y oposición en caso de que la parte convocante

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Empresa de Licores de Cundinamarca
Demandados: Tribunal de Arbitramento de la Cámara de
Comercio de Bogotá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07308-01

vuelva a solicitarlas, porque las mismas ya habían sido desistidas de manera
unilateral e incondicional. v) en virtud de los efectos del desistimiento, la parte
convocante no puede volver a intentar dichas medidas, pero la Empresa de Licores
de Cundinamarca se encuentra en situación de indefensión, vulnerabilidad, e
impedida de ejercer su derecho al debido proceso y a la defensa, en caso de que la
convocante intente nuevamente las medidas que había renunciado.

Finalmente argumentó que la decisión cuestionada desconoce el precedente
constitucional contenido en la sentencia de tutela T-184 del 29 de mayo de 2023,
en la que se ampararon los derechos fundamentales de la Fiduciaria BBVA
Colombia S.A. y se ordenó a la Contraloría General de la República, permitir a la
Fiduciaria del BBVA Colombia el acceso al cuaderno de medidas cautelares,
porque tal derecho no puede serle restringido a los sujetos procesales sino cuando
estén pendientes de decisión, presupuesto superado en el caso sub lite porque la
convocante desistió de tales cautelas.

1.4. Trámite de la acción de tutela

A través de auto del 6 diciembre de 2023 se admitió la acción de tutela, se dispuso
notificar dicha decisión a los magistrados que integran el Tribunal de Arbitramento
de la Cámara de Comercio de Bogotá y vincular a la sociedad Representaciones
Continental S.A.S.

Adicionalmente, se concedió la medida cautelar solicitada en la acción de tutela y
se ordenó al presidente del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio
de Bogotá abstenerse de devolver los documentos presentados por la convocante
con los cuales solicitó las medidas cautelares que desistió en la audiencia inicial.

1.5. Argumentos de defensa

Una vez notificada la iniciación del trámite de la presente acción, las autoridades
accionadas y las vinculadas presentaron los siguientes informes:

1.5.1. Sociedad Representaciones Continental S.A.S.

Manifestó que la decisión contenida en el Auto N° 5 del 20 de noviembre de 2023
no es violatoria de los derechos al debido proceso y a la defensa porque:

i) el desistimiento de un acto procesal es una facultad de toda persona que es parte
de un proceso, si no transgrede norma legal, punto que es pacífico para la
accionante; ii) no hay lesión posible al derecho de defensa de la ELC, el cual cobra
vida en la observancia de la oportunidad legal para contestar la demanda, proponer
excepciones, solicitar pruebas y oponerse a las pretensiones, la cual se ha
respetado íntegramente a la parte convocada al proceso.

1.6. Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del
29 de enero de 2024, declaró improcedente la acción de tutela por considerar que
no estaba probado que la decisión careciera de fundamento jurídico, que
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Empresa de Licores de Cundinamarca
Demandados: Tribunal de Arbitramento de la Cámara de
Comercio de Bogotá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07308-01

desconociera los supuestos fácticos que debía tener en cuenta, que violara de
manera evidente y clara una disposición legal que regulara expresamente el
asunto planteado por el accionante, o que al tratarse de una providencia proferida
dentro de un proceso, también debía acreditarse que tenía incidencia en la
decisión definitiva a adoptarse en el mismo.

Además, consideró que, para garantizar la efectividad de cualquier decisión futura
al respecto, era necesario ordenar al tribunal mantener copia de la petición en el
expediente en un cuaderno reservado, del cual no podrán expedirse copias. Ello,
con la finalidad de que, si efectivamente hay una nueva solicitud de medidas
cautelares, el tribunal podría tomar una decisión autónoma al respecto, en la que
tenga en cuenta las consideraciones de las partes.

Finalmente señaló que el precedente citado no contiene una determinación
adoptada en un caso similar que pueda considerarse como desconocido por la
decisión del tribunal de arbitramento.

1.7. Impugnación

Mediante escrito enviado por correo electrónico el 6 de febrero de 2024, la parte
actora presentó impugnación contra el fallo de primera instancia3.

Sustentó su inconformidad con la sentencia de primera instancia, en el sentido de
señalar que agravó más la situación de indefensión de la Empresa de Licores de
Cundinamarca, condenándola a que nunca pueda conocer las medidas cautelares
desistidas, y lo que es todavía más grave, que se defienda a oscuras de una
nueva solicitud de medidas cautelares.

Indicó que, en la sentencia de tutela T-184 de 2023, la Corte determinó que
después de practicada una medida cautelar deja de ser reservado el cuaderno
respectivo por sustracción de materia, situación que resulta igual a cuando se
desiste, puesto que en ambos casos desaparece el elemento que obligaba a
mantenerlos en esa condición.

Expuso que la interpretación referente a que el artículo 116 del CGP establece
que solo se puede desglosar de un expediente el documento que sea una prueba,
constituye un exceso ritual manifiesto.

Finalmente, arguyó que lo decidido por la providencia censurada al ordenarle al
tribunal arbitral que mantenga en reserva la petición cautelar desistida, y que si
llegare otra solicitud de la misma naturaleza tome una decisión al respecto con
base en «las consideraciones de las partes», es insegura para la ELC, porque «la
entidad pública estará en desventaja ostensible e insuperable de aportar
consideraciones porque no se la habrá permitido conocer la anterior medida
cautelar».

3 La impugnación fue presentada dentro del término establecido por el artículo 31 del Decreto 2591

de 1991, teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia se notificó mediante correo
electrónico enviado el 2 de febrero de 2024.
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Empresa de Licores de Cundinamarca
Demandados: Tribunal de Arbitramento de la Cámara de
Comercio de Bogotá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07308-01

2. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de
tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2. Problema jurídico

Corresponde en este caso resolver los siguientes problemas jurídicos:

En primer lugar, se determinará si en este caso se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial -
procedencia adjetiva- establecidos por la Corte Constitucional.

En caso de superarse el examen de procedibilidad de la acción, se establecerá si
la providencia cuestionada, mediante la cual se negó la solicitud de acceso a las
medidas cautelares presentadas y desistidas en el trámite de un proceso arbitral,
elevada por la parte accionante, vulnera sus derechos fundamentales al debido
proceso y de defensa, por incurrir en defecto procedimental y desconocimiento del
precedente judicial.

En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de esta
sección sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el
estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de encontrarse
superados, (iii) el fondo del asunto.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20124, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento Jurisprudencialmente.5

4 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
5 Ibídem.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Empresa de Licores de Cundinamarca
Demandados: Tribunal de Arbitramento de la Cámara de
Comercio de Bogotá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07308-01

Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a
él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas
características.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal
entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

4. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva – Relevancia
constitucional

La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, unificó los criterios
respecto del presupuesto de relevancia constitucional.

En el mencionado fallo la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial «…el juez de tutela debe limitarse a
analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el
accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Empresa de Licores de Cundinamarca
Demandados: Tribunal de Arbitramento de la Cámara de
Comercio de Bogotá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07308-01

providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una
providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo
teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre…».

El alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
cuestionado, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia
adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las
normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez precisó, que las finalidades de este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal6
(Énfasis de la Sala).

Luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional, la Corte consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con este
postulado, en estos eventos:

i) Cuando no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,

ii) Cuando involucra un debate eminentemente legal,

iii) Cuando plantea una discusión preponderantemente económica y,

iv) Cuando no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

En el caso objeto de estudio, la parte accionante, en calidad de convocada dentro
del tribunal de arbitramento constituido para resolver las controversias
contractuales surgidas entre la sociedad Representaciones Continental S.A.S. y la
Empresa de Licores de Cundinamarca, asegura que el juez de segunda instancia
incurrió en un exceso ritual manifiesto, al negar su acceso a las medidas
cautelares solicitadas por la parte convocante y mantenerles el carácter de
reservadas pese a que ya habían sido objeto de desistimiento, y que además,
desconoció el precedente de la Corte Constitucional.

De acuerdo a la providencia cuestionada, las medidas cautelares tienen carácter
reservado, de manera que, al ser desistidas por la parte que las solicitó sin ser
objeto de pronunciamiento por parte del juez, se producen los mismos efectos del
retiro y, por tanto, deben entregarse al solicitante, sin que quede constancia de su

6 Sentencia SU-573 de 2019.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Empresa de Licores de Cundinamarca
Demandados: Tribunal de Arbitramento de la Cámara de
Comercio de Bogotá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07308-01

contenido en el expediente.

Adicionalmente resaltó, que el artículo 116 del CGP, que regula el desglose de
documentos, obliga a dejar copia de los documentos, cuando son aportados por
las partes, pero en este caso, tal disposición no es obligatoria porque el memorial
no llegó a tener trámite alguno.

La entidad demandante, por su parte, afirma que el tribunal desconoció el
contenido del artículo 116 del CGP, norma que ordena dejar copia en el expediente
de todos los documentos que sean desglosados.

Sostiene que la referida disposición exige dejar una reproducción de todos los
documentos desglosados, constituyan o no medios de prueba, y con
independencia de que hayan sido presentados por una de las partes.

Para determinar si la petición de amparo tiene relevancia constitucional, es
indispensable establecer si el debate propuesto por la parte actora tiene un
impacto en la interpretación, alcance o aplicación de los derechos fundamentales
invocados.

La empresa tutelante aduce que esta decisión trasgrede su derecho a la defensa y
el debido proceso porque en caso de que se presente nuevamente la solicitud de
medidas, se deja a la entidad pública en «desventaja ostensible e insuperable de
aportar consideraciones porque no se le habrá permitido conocer la anterior
medida cautelar».

Revisada en detalle la decisión atacada se puede observar que el tribunal decidió
no hacer entrega a la entidad convocada de la solicitud de medidas cautelares,
atendiendo a dos argumentos: i) las medidas cautelares tienen carácter reservado;
y, ii) el desistimiento de la solicitud se realizó antes de que se emitiera una
decisión sobre su decreto, por consiguiente, no es aplicable la norma que ordena
el desglose de documentos.

El escrito de impugnación del apoderado de la entidad accionante cuestiona la
interpretación del artículo 116 del CGP realizada por el tribunal de arbitramento,
frente a la obligación de dejar copia de los memoriales aportados al proceso
cuando son desistidos antes de que sean objeto de pronunciamiento por parte del
juez, postura que difiere a la asumida por el tribunal, como se expuso en líneas
anteriores.

Con dicha inconformidad busca desarrollar un argumento de orden constitucional:
la falta de acceso a las medidas cautelares ordenadas cercena la posibilidad de
ejercer su defensa, en el evento de que la parte convocada por el tribunal de
arbitramento para dirimir sus controversias contractuales presente nuevamente la
petición de medidas cautelares de la que desistió inicialmente.

La situación que predice el apoderado de la entidad, en la que se produciría una
amenaza del derecho a la defensa de su representada aún no ha tenido lugar y no
existe certeza siquiera de que ocurra, pues la sociedad convocante desistió de la
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Empresa de Licores de Cundinamarca
Demandados: Tribunal de Arbitramento de la Cámara de
Comercio de Bogotá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07308-01

solicitud de medidas y no se conoce su voluntad de volver a interponerla.

Aunado a lo anterior, en caso de que se elevara una nueva petición, la entidad
convocada estaría en la misma posición en la que se encontraba cuando se radicó
la primera solicitud, es decir, a la espera de la decisión que al respecto adoptara el
tribunal de arbitramento.

Desde esta perspectiva, lo que en realidad pretende la entidad accionante es usar
el mecanismo constitucional para prevenir una situación futura e incierta que, de
llegar a ocurrir, corresponde decidir al juez natural del proceso.

Ante el escenario descrito, la utilización de este mecanismo no reviste importancia
desde el punto de vista constitucional como lo alega el abogado de la accionante,
de manera que, realizar un pronunciamiento significaría, no sólo usurpar la
competencia funcional del juez natural del proceso (elegido por las partes) sino,
adelantarse a reemplazarlo con un convencimiento de que la decisión que adopte
en caso de que vuelva a presentarse una solicitud de medidas, dejará sin
herramientas a la entidad convocada para ejercer su defensa.

De esta manera, la protección reclamada por esta vía no involucra un debate
respecto de los derechos fundamentales invocados, sino que busca que se haga
una nueva interpretación de la disposición jurídica aplicada diferente a la ya
realizada por el tribunal de arbitramento, en la forma que favorezca los intereses
económicos de la accionante, propósito que no alcanza la categoría constitucional.

De otra parte, teniendo en consideración que la petición de amparo deviene
improcedente, se revocará la orden relativa a la conservación de la solicitud de la
medida cautelar, pues sobre ese punto ya se pronunció el tribunal de arbitramento,
juez natural del proceso.

En ese orden de ideas, como lo observó el a quo, la acción presentada no supera
el examen de procedencia general conforme a los lineamientos trazados por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, por referirse a una disputa
de orden legal y no al alcance de un derecho fundamental ni a la interpretación,
aplicación o desarrollo de la Constitución Política, motivo por el cual se declarará
improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Revocase el numeral segundo de la sentencia del 29 de enero de
2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

SEGUNDO: Confirmase en todo lo demás, la sentencia del 29 de enero de 2024,
por medio de la cual la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
declaró improcedente el amparo deprecado.
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Empresa de Licores de Cundinamarca
Demandados: Tribunal de Arbitramento de la Cámara de
Comercio de Bogotá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07308-01

TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Aclara voto

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.