Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07311-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07311-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-07311-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
30 de mayo de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07311-01
Demandante: Mario Andrés Padilla Ubaque
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07311-01
Demandante: MARIO ANDRÉS PADILLA UBAQUE
Demandado: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL TOLIMA
Temas: Tutela contra acto administrativo por medio del cual se conforma la
lista de elegibles. Requisito objetivo de subsidiariedad
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte actora, por intermedio de apoderada judicial, contra la
sentencia de 9 de febrero de 2024, dictada por la Subsección “C” de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, en la que declaró improcedente la acción de tutela
por no cumplir el requisito de subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La parte accionante relató que mediante Acuerdo PCSJA22-12028 de 19 de
diciembre de 2022, el Consejo Superior de la Judicatura creó de manera
permanente cargos en algunos tribunales y juzgados de la jurisdicción ordinaria en
el territorio nacional. Agregó que en el literal g del artículo 57 dispuso la creación
de unos cargos en los centros de servicios judiciales para los juzgados penales del
circuito especializado, a partir del 11 de enero de 2023.
Mencionó que con ocasión de lo anterior, fue nombrado en provisionalidad en el
cargo de Técnico grado 11 en el Centro de Servicios para los Juzgados Penales
del Circuito Especializado de Ibagué por medio de la Resolución No. 0006 de 2 de
marzo de 2023.
Refirió que el Consejo Superior de la Judicatura del 1º al 7 de febrero de 2023
publicó en la plataforma de la Rama Judicial las vacantes de los cargos creados
por el Acuerdo PSCJA22-12028 de 2022, omitiendo considerar que el cargo
ocupado por el accionante no fue ofertado en la Convocatoria No. 4 de 2017.
Sostuvo que el 1º de febrero de 2023, diligenció el formato de opción de sede para
ocupar el cargo que actualmente desempeña en provisionalidad, frente a lo cual le
fue comunicado por oficio CSJTOP23-413 de 15 del mismo mes y año, que no
podía ser tenido en cuenta, debido a que no estaba incluida en el registro para el
cargo aspirado, sino que hacía parte del registro de elegibles para el de Técnico
en Sistemas de Tribunal 11 – código 162333.
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Demandante: Mario Andrés Padilla Ubaque
Informó que el 28 de agosto de 2023, solicitó que se le informara si se había
conformado la lista de elegibles para el cargo de Técnico en Sistemas grado 11
del Centro de Servicios de los Juzgados Penales del Circuito Especializados de
Ibagué, y de ser positiva la respuesta que se le diera traslado del correspondiente
acto administrativo.
Manifestó que por medio de correo electrónico de 5 de septiembre de 2023, se
remitió el Acuerdo No. CSJTOA23-35 de 22 de febrero de 2023, “Por el cual se
formula ante el Juez (a) Coordinador (a) del Centro de Servicios de los Juzgados
Penales del Circuito Especializados de Ibagué, lista de elegibles para proveer en
propiedad el cargo de Técnico en Sistemas Grado 11, adscrito al Centro de
Servicios de los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Ibagué”.
Aludió que la persona que ocupó el primer lugar en la lista de elegibles se
encontraba postulada para el cargo de Técnico en Sistemas grado 11 del Centro
de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad,
situación que no fue considerada en el Acuerdo No. CSJTOA23-35 de 2023.
Indicó que el 6 de septiembre de 2023, elevó dos solicitudes. La primera a la
entidad accionada para que oficiara al nominador y se abstuviera de realizar el
nombramiento, hasta tanto no se decidiera la pretensión de dejar sin efectos el
Acuerdo No. CSJTOA23-35 de 2023. La segunda al nominador para que no
realizara el nombramiento hasta que la accionada diera respuesta de fondo.
Señaló que la entidad accionada no se ha pronunciado frente a lo solicitado, y que
el nominador dio respuesta desfavorable bajo el argumento de que no tenía
facultades para cuestionar el acto administrativo, por lo que dispuso remitir la
petición a la accionada para lo de su competencia.
Por último, expresó que el nominador procedió con el nombramiento en propiedad
del cargo de Técnico en Sistemas grado 11 del Centro de Servicios de los
Juzgados Penales del Circuito Especializados de Ibagué.
2. Fundamentos de la acción
El demandante, quien actúa por conducto de apoderada judicial, presentó acción
de tutela “para evitar un perjuicio irremediable”, con el objeto de que se amparen
los derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, salud, debido proceso,
igualdad y de acceso a cargos públicos, los cuales considera vulnerados por el
Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima con la expedición del Acuerdo No.
CSJTOA23-35 de 22 de febrero de 2023, a través del cual se conformó la lista de
elegibles para proveer en propiedad el cargo de Técnico en Sistemas grado 11 del
Centro de Servicios de los Juzgados Penales del Circuito Especializados de
Ibagué, que desempeñaba en provisionalidad.
En primer lugar, hizo referencia a la procedencia de la acción de tutela como
mecanismo excepcional en el trámite de un concurso de méritos y citó un aparte
de la sentencia SU-067 de 2022, para indicar que no existe un mecanismo judicial
que permita demandar la protección de los derechos invocados, dado que se está
cuestionando un acto de trámite.
Señaló que el acto administrativo contenido en el Acuerdo No. CSJTOA23-35 de
2023 “ya empezó a ejecutarse y de no tomarse medidas de amparo urgente, el peligro
que se asoma como inminente se materializará, pues el órgano nominador ya expidió el
acto de nombramiento”.
De otra parte, sostuvo que la autoridad accionada no se ha pronunciado sobre la
solicitud de 6 de septiembre de 2023. Agregó que goza de una estabilidad laboral
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Demandante: Mario Andrés Padilla Ubaque
relativa por haber sido nombrado en provisionalidad y hacer parte de una lista de
elegibles, sumado a que es padre cabeza de hogar, por cuando de sus ingresos
dependen su compañera permanente y su hijo de siete años.
Aseveró que el referido acto administrativo se encuentra viciado por vulneración
del debido proceso y de los precedentes judiciales sobre el mérito para el acceso
a cargos públicos, desconociendo las reglas del concurso que son de obligatorio
cumplimiento. Aunado a que el acuerdo por medio del cual se creó el cargo señaló
que el perfil y los requisitos para el mismo debían ser los contemplados en el
Acuerdo PSAA13-10038 de 2013, es decir, contar con título tecnológico en
sistemas y dos años de experiencia relacionada.
Reprochó que conforme con el Acuerdo PCSJA22-12028 de 2022, el cargo creado
es distinto a los referidos en el Acuerdo PCSJA17-10779 de 2017, como lo es el
de Técnico en Sistemas de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad, no solo en cuanto a su denominación, sino por la regulación de los
requisitos específicos para acceder al mismo, puesto que para un cargo se exigen
dos años de experiencia relacionada y para el otro solo uno.
Indicó que imponer al nominador a que proceda con el nombramiento del cargo en
propiedad acreditando solo un año de experiencia, conduce a un error y
desatiende las reglas jurisprudenciales, lo que vulnera el derecho a la estabilidad
relativa que tiene, a lo que agregó que la autoridad accionada al proferir el
Acuerdo No. CSJTOA23-35 de 22 de febrero de 2023, incurrió en falsa motivación,
vulneración de la legalidad y del debido proceso, alegato que sustentó en los
siguientes términos:
“1) Pretermitir lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA22-12028 del 19/12/2022, cuando en
su artículo 71 (norma de reenvío), dispone que los perfiles y requisitos para los cargos
creados en el presente Acuerdo serán los definidos en los acuerdos PSAA13-10038 de
2013, PCSJA17-10779 de 2017 y PCSJA22-11968 de 2022.
2) Omitir atender lo dispuesto en su artículo 71, literal g, del Acuerdo PSAA13-10038
de 2013, al conformar la lista de elegibles, con personas que concursaron para cargos
diferentes al creado en el Centro de Servicios de los Juzgados Penales del Circuito
Especializado de Ibagué.
3) Al conformar una lista de elegibles con personas que no solo concursaron para
cargos diferentes al de Técnico en Sistemas del Centro de Servicios de los Juzgado
Penales del Circuito Especializado, sino que de manera grave omite tener en cuenta
que dichas personas no acreditaron los requisitos exigidos por el artículo 71, literal G,
del Acuerdo PSAA13-10038 de 2013, pues tal como lo certificará la entidad accionada,
las personas con las que conformaron la lista acreditaron una experiencia inferior a la
de los dos años exigidos para ocupar el cargo creado el 19/12/2022.
4) Incurre en una falsa motivación cuando en sus consideraciones se soporta en el
Acuerdo CSJA17-10754 de 2017, como quiera que este Acuerdo regula el tema de
traslados de empleados de carrera, y este no es el caso”.
Con fundamento en lo anterior, consideró que el juez constitucional debe acceder
a la protección constitucional de los derechos fundamentales invocados.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“6.1. IMPONER COMO MEDIDA PROVISIONAL LA SUSPENSIÓN DEL TRÁMITE
QUE SE SURTE ANTE LOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO
para el nombramiento en propiedad del cargo de TÉCNICO EN SISTEMAS GRADO 11
DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO
ESPECIALIZADOS y que en la actualidad ocupo en provisionalidad; trámite dispuesto
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Demandante: Mario Andrés Padilla Ubaque
en el AcuerdoPCSJA22-12028 del 19/12/202 y hasta tanto se resuelva la presente
acción de tutela.
6.2. AMPARAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES del Señor MARIO ANDRES
PADILLA UBAQUE al trabajo, mínimo vital, salud, debido proceso administrativo,
igualdad, acceso a cargos públicos, entre otros; los cuales están siendo seriamente
amenazados con la ejecución del Acuerdo No. CSJTOA23-35 del 22/02/2023.
6.3. ORDENAR al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL TOLIMA, que
dentro de las 48 horas siguientes al proferimiento de la sentencia de tutela, deje sin
efectos el ACTO ADMINISTRATIVO DE TRÁMITE contenido en el Acuerdo No.
CSJTOA23-35 del 22/02/2022”.
4. Pruebas relevantes
Obran en el expediente los siguientes documentos:
• Copia de la Resolución No. 0006 de 2 de marzo de 2023, por medio del cual se
nombró al señor Mario Andrés Padilla Ubaque en el cargo de Técnico en Sistemas
grado 11 para el Centro de Servicios de los Juzgados Penales del Circuito
Especializados de Ibagué, en provisionalidad.
• Copia del Acuerdo No. CSJTOA23-35 de 22 de febrero de 2023, “Por el cual se
formula ante el Juez (a) Coordinador (a) del Centro de Servicios de los Juzgados
Penales del Circuito Especializados de Ibagué, lista de elegibles para proveer en
propiedad el cargo de Técnico en Sistemas Grado 11, adscrito al Centro de
Servicios de los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Ibagué”.
5. Trámite procesal
Por auto de 13 de septiembre de 2023, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagué – Sala Laboral, admitió la acción de tutela, negó la solicitud de medida
cautelar y ordenó notificar a la parte demandante y a la autoridad accionada -
Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima-. Así mismo, ordenó vincular a los
Juzgados Primero y Segundo Penal del Circuito Especializado de Ibagué, al
Centro de Servicios Administrativos de Ibagué y a los señores Diana Judith
Méndez Torres, Martha Inírida Cardoso Monroy, Yilmer Andrés Castro Bedoya y
Román Fernando Reyes Villalobos, en calidad de terceros con interés.
El 25 de septiembre de 2023, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Ibagué profirió sentencia de primera instancia, en el sentido de
declarar improcedente la solicitud de amparo. Dicha decisión fue objeto de
impugnación por la parte accionante.
El 1º de noviembre de 2023, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia declaró la nulidad de todo lo actuado, para lo cual sostuvo que el actor es
empleado en la jurisdicción ordinaria, por lo que ordenó la remisión del asunto con
destino al Consejo de Estado en virtud de las reglas de reparto contenidas en el
Decreto 333 de 2021 y dispuso conservar la validez de las pruebas recaudadas
en el asunto.
Por auto de 15 de diciembre de 2023, la Subsección “C” de la Sección Tercera del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte
accionante, a la autoridad accionada -Consejo Seccional de la Judicatura del
Tolima, al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué, al
Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Ibagué, al Juez
Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales
Especializados de Ibagué, a Diana Judith Méndez Torres, Martha Inirida Cardoso
Monroy, Yilmer Andrés Castro Bedolla y Román Fernando Reyes Villalobos. Así
mismo, ordenó vincular al Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de
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Demandante: Mario Andrés Padilla Ubaque
Administración de la Carrera Judicial-, en calidad de tercero con interés, y negó la
solicitud de medida cautelar.
6. Oposición
6.1. El Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, los Juzgados Primero y
Segundo Penal del Circuito Especializado de Ibagué, el Juez Coordinador del
Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales Especializados de
Ibagué y los señores Diana Judith Méndez Torres, Martha Inirida Cardoso Monroy,
Yilmer Andrés Castro Bedolla y Román Fernando Reyes Villalobos, a pesar de
haber sido notificados en debida forma del auto admisorio, guardaron silencio.
6.2. En este punto, se aclara que si bien en una oportunidad previa la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, por medio de auto de 13 de
septiembre de 2023 vinculó en calidad de terceros con interés a los Juzgados
Primero y Segundo Penal del Circuito Especializado de Ibagué, al Juez
Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales
Especializados de Ibagué y a los señores Diana Judith Méndez Torres, Martha
Inirida Cardoso Monroy, Yilmer Andrés Castro Bedolla y Román Fernando Reyes
Villalobos, quienes, además de la autoridad accionada rindieron contestación a la
acción de tutela, lo cierto es que mediante auto de 1º de noviembre de 2023, la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, declaró la nulidad de todo
lo actuado, a partir del auto admisorio de 13 de septiembre y dispuso conservar la
validez de las pruebas recaudadas, sin mencionar que los informes rendidos
debían ser objeto de valoración, motivo por el cual los mismos no serán tenidos en
cuenta en el presente trámite.
7. Tercera vinculada con interés
Respuesta de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura
Por intermedio de la directora de la dependencia solicitó que se desvincule del
asunto por falta de legitimación en la causa por pasiva, al estimar que con el
actuar de su representada no se han vulnerado las garantías constitucionales del
demandante. De manera subsidiaria, pidió declarar la improcedencia de la acción
de tutela por considerar que existe un mecanismo idóneo para dirimir lo
pretendido.
Hizo referencia al régimen de carrera de la Rama judicial contenido en el título
sexto, capítulo II de la Ley Estatutaria 270 de 1996 y mencionó que los cargos en
carrera en caso de vacancia definitiva se proveen con quienes se encuentran en el
registro de elegibles vigente o por traslado.
Señaló que tiene a cargo la administración de la carrera judicial, lo que involucra la
convocatoria a concursos de méritos, la conformación de los registros de elegibles
y la elaboración de las listas. Agregó que frente a los concursos que adelantan los
Consejos Seccionales de la Judicatura su función se limita a una coordinación y
apoyo, sin intervenir en el nombramiento de quienes ocuparán los diferentes
cargos a proveer, tanto en carrera como en provisionalidad, por ser un acto propio
del nominador y debido que es a la seccional a quien le compete administrar la
carrera judicial en el distrito correspondiente, en virtud de lo señalado en el artículo
101-1 de la Ley Estatutaria 270 de 1996.
Mencionó que la autoridad nominadora para el caso de las vacantes en los
juzgados es el respectivo juez, según lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 131
de la Ley Estatutaria 270 de 1996. Y sostuvo que le “compete al Consejo Seccional
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Demandante: Mario Andrés Padilla Ubaque
de la Judicatura del Tolima como administrador de la Carrera Judicial en su distrito
efectuar la publicación de las vacantes de los cargos de empleados dentro su respectivo
distrito, en los términos establecidos en el Acuerdo PSAA08-4856 de 2008”, por lo cual
consideró que carece de legitimación en la causa por pasiva, debido a que la
vacante y la integración de la lista de elegibles, se encuentra a cargo de la
seccional y del nominador para proveer el cargo.
Expresó que lo pretendido por el accionante es dejar sin efectos el Acuerdo
CSJTOA23-35 de 22 de febrero de 2023, por el cual el Consejo Seccional de la
Judicatura del Tolima formuló la lista de elegibles para proveer el cargo de Técnico
en Sistemas grado 11 del Centro de Servicios de los Juzgados Penales del
Circuito Especializados de Ibagué y que el nominador se abstenga de realizar el
correspondiente nombramiento, lo cual es susceptible de control de legalidad por
la jurisdicción contencioso administrativa, sin que sea la acción de tutela el
mecanismo para resolver las pretensiones, en razón a su naturaleza subsidiaria.
Para terminar, indicó que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados
por el accionante, toda vez que la actuación desplegada se ha efectuado en el
marco de su competencia, sin haber expedido el oficio CSJTOP23-413 de 15 de
febrero de 2023, ni el Acuerdo CSTOA23-35 de 22 de febrero de 2023.
8. Sentencia de tutela impugnada
La Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado por medio de
sentencia de 9 de febrero de 2024, declaró improcedente la acción de tutela, por
considerar que para debatir la legalidad del Acuerdo CSJTOA23-35 de 22 de
febrero de 2023, el actor tiene a su disposición el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011,
donde puede solicitar como medida cautelar la suspensión provisional del mismo,
a lo que agregó que la parte actora no acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable.
9. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
demandante, quien actúa por intermedio de apoderada judicial, impugnó el fallo de
primera instancia. En consecuencia, solicitó que se revoque la decisión adoptada y
se amparen los derechos fundamentales, en el sentido de ordenar a la autoridad
accionada que “dentro de las 48 horas siguientes al proferimiento de la sentencia de
tutela de segunda instancia, tome las medidas administrativas que sean del caso para
conjurar el daño que ha venido ocasionando a mi poderdante con una desvinculación
derivada de un acto administrativo de trámite contrario a derecho”.
Señaló que la sentencia impugnada incurrió en dos errores a saber i) “violación
directa de la Ley al resolver el caso a través de un planteamiento jurídico que no aplica
para el asunto en concreto, dado que el Acuerdo CSJTOA23-35 del 22 de febrero de
2023, al ser un acto administrativo de trámite, no admite el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, como erróneamente y sin fórmula de juicio se afirmó en la
sentencia de tutela impugnada” y, ii) “afirmar que el cargo que ocupaba mi representado
en provisionalidad había sido sometido a concurso de méritos”.
Sostuvo que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para dejar sin efectos el
Acuerdo CSJTOA23-35 de 22 de febrero de 2023, por ser un acto de trámite
proferido al interior de un concurso de méritos, en concordancia con las reglas
fijadas por la Corte Constitucional en sentencia SU-067 de 2022. Agregó que se
trata de un acto de trámite por cuanto no crea, modifica o extingue una situación
administrativa en particular, sino que está agotando un trámite para que se
consolide una situación de manera definitiva. Consideró que de acudirse al medio
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de control de nulidad y restablecimiento del derecho recibiría un rechazo de la
demanda o una sentencia inhibitoria.
Indicó que la finalidad de la acción de tutela es que el “Consejo Seccional de la
Judicatura del Tolima -, encauce su proceder con arreglo a los principios constitucionales
y en consecuencia se ciña de manera plena al principio de legalidad que no a la mera
liberalidad o a criterios personales arropados con un ropaje de legalidad que no tiene. De
la repuesta de la entidad accionada se devela la verdadera razón que motivó la
expedición del Acuerdo cuestionado por vía de tutela, y que no es otro que hacer uso
racional del gasto público y no llevar a concurso de méritos unos pocos cargos
recientemente creados cuando, como lo expresa tácitamente, puede ahorrar recursos y
tiempo aplicando analógicamente una lista de elegibles integrada con personas que
concursaron para los cargos específicos ofertados en la Convocatoria de 2017, y no para
el cargo que ocupa en provisionalidad mi poderdante”.
Refirió que el Acuerdo CSJTOA23-35 de 22 de febrero de 2023, al momento de la
interposición de la solicitud de amparo no surtía efectos porque no se había
llevado a cabo la posesión del cargo de Técnico en Sistemas grado 11 del Centro
de Servicios de los Juzgados Especializados de Ibagué, a lo que agregó que dicha
novedad se llevó a cabo el 8 de noviembre de 2023, momento a partir del cual
quedó desempleado y con una afectación a su mínimo vital.
Por último, reiteró los argumentos esbozados en el escrito de tutela sobre la
ilegalidad del acto administrativo objeto de reproche constitucional.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación,
si revoca la sentencia de 9 de febrero de 2024, proferida por la Subsección “C” de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la
acción de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, en tanto el acto
administrativo que conformó una lista de elegibles puede ser cuestionado en
nulidad y restablecimiento del derecho y, en su lugar, si la autoridad accionada
vulneró las derechos fundamentales invocados por el actor a partir de los
fundamentos de la acción expuestos en precedencia.
3. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos proferidos
en el marco de los concursos de méritos
3.1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que cuando el afectado
dispone de otro medio de defensa judicial, no podrá hacer uso del mecanismo
constitucional de la tutela, salvo que sea utilizado de manera transitoria con el fin
de evitar un perjuicio irremediable.
En efecto, la acción de tutela se caracteriza por su naturaleza excepcional y
subsidiaria, es decir, solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para la protección de los
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derechos fundamentales y sea necesario adoptar una medida transitoria para
evitar un perjuicio irremediable.
En tal sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que apunta al requisito de
la subsidiariedad previsto en la norma constitucional mencionada, dispone que la
eficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial será evaluada por el juez de
tutela, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el accionante.
En el ámbito del derecho administrativo en general y frente a los actos
administrativos en particular, de conformidad con lo precisado por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, “la acción de tutela es improcedente como mecanismo
principal para proteger derechos de rango constitucional o legal que resulten
amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos”,
toda vez que para controvertir su legalidad, el legislador estableció diferentes
medios de control en la jurisdicción contencioso administrativa, que se presumen
idóneos para restablecer el derecho conculcado.
No obstante, la Corte ha admitido que en los casos en que se acredite un perjuicio
irremediable, la tutela se torna procedente como mecanismo transitorio de amparo
y, en consecuencia, habilita al juez constitucional para suspender la aplicación del
acto administrativo u ordenar que el mismo no se ejecute, mientras se surte el
respectivo proceso.
3.2. En el caso de las acciones de tutela interpuestas en el trámite de los
concursos públicos de méritos, la jurisprudencia de esta Sala ha identificado
dos supuestos de procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos
dictados en el marco de los concursos de méritos. El primero, hace relación con
los actos de trámite en cuyo caso ha considerado que el medio de defensa judicial
idóneo es la acción de tutela porque los mismos no son susceptibles de control
judicial1. El segundo, se refiere a la improcedencia de la acción de tutela cuando
ha sido publicada la lista de elegibles, teniendo en cuenta que es contra ese acto
administrativo que se debe dirigir el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. Empero, ha considerado que en aquellos casos en los que se
expidan actos en desarrollo del concurso de méritos, antes de la lista de elegibles,
es procedente la acción de tutela para analizar, por ejemplo, que una decisión de
exclusión de un aspirante por no haber cumplido determinado requisito se
encuentre o no ajustada a la convocatoria que es donde se fijan las reglas
aplicables en el proceso de selección2.
Sobre este particular, la Corte Constitucional en la sentencia T-049 de 20193 indicó
que la acción de tutela es procedente en los concursos de méritos: (i) contra los
actos de trámite, es decir, aquellos que se expiden para impulsar y dar continuidad
a las convocatorias, postura que ha reforzado con jurisprudencia de la Sección
Segunda del Consejo de Estado y (ii) para resolver controversias suscitadas en el
desarrollo de un concurso de méritos, respecto de lo cual precisó que “la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido enfática al señalar que la acción de
tutela es procedente frente a controversias originadas en concursos de méritos
1
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 5 de julio de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-00372-01, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 9 de diciembre de 2020, exp Nº 11001-03-15-000-2020-04643-00, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 12 de noviembre de 2020, exp. Nº 11001-03-15-000-2020-03787-01, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez (E); sentencia de 6 de agosto de 2020, exp. Nº 23001-23-33-000-2020-00050-01, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 22 de abril de 2020, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-04821-01, C.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez; sentencia de 6 de junio de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-00727-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto; sentencia de 29 de abril de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-01111-00, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez;
sentencia de 14 de junio de 2018, exp. Nº 68001-23-33-000-2017-01321-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 3 de mayo de 2018, exp. Nº 25000-23-42-000-2017-05555-01, C.P.
Milton Chaves García; sentencia de 13 de agosto de 2017, exp. Nº 11001-03-15-000-2017-00928-00, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto (E).
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M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Demandante: Mario Andrés Padilla Ubaque
para la provisión de empleos públicos si el proceso de selección se encuentra en
curso”.
Así mismo, de conformidad con la jurisprudencia de las diferentes Secciones del
Consejo de Estado, la acción de tutela es improcedente cuando la lista de
elegibles se encuentra en firme y ha creado situaciones jurídicas particulares y
derechos ciertos porque se podrían afectar derechos subjetivos, sin embargo, en
algunos casos aun existiendo la lista de elegibles es procedente la acción de tutela
cuando se evidencia que los mecanismos de defensa ordinarios no son idóneos y
eficaces (T-551 de 2017 y T-160 de 2018).
3.3. En el caso de las acciones de tutela interpuestas en el trámite de los
concursos públicos de méritos, la Corte Constitucional en la sentencia T-081 de
20224 señaló que si bien la regla general indica la improcedencia de la acción de
tutela para resolver los conflictos que se enmarcan en los concursos de méritos
cuando existen actos susceptibles de control judicial, lo cierto es que la
jurisprudencia ha fijado algunas subreglas para los eventos en los cuales el medio
de control no resulta eficaz. En tal sentido que el mecanismo constitucional es
procedente de forma definitiva en los siguientes casos: (i) el empleo ofertado se
encuentra con un periodo fijo; (ii) se imponen trabas para nombrar en el cargo a
quien ocupó el primer puesto en la lista de elegibles; (iii) presenta elementos que
podrían escapar del control del juez de lo contencioso administrativo por su
relevancia constitucional y, (iv) cuando por las condiciones particulares del
demandante resulta desproporcionado acudir al mecanismo.
En igual sentido, la Corte Constitucional en la reciente sentencia T-156 de 20245,
indicó que existe un medio de control idóneo y eficaz para controvertir los actos
administrativos definitivos dictados en un concurso de méritos, como lo es el de
nulidad y restablecimiento del derecho por cuanto la “(...) discusión se relaciona con
un debate sobre la legalidad del acto administrativo y las condiciones en las que este
debía emitirse, debate que es propio del juez de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo”. Y recordó que “el medio de control de nulidad puede adelantarse cuando
los actos administrativos “hayan sido expedidos con infracción de las normas en que
deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del
derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las
atribuciones propias de quien los profirió”.
Así mismo, analizó cuándo se configura un perjuicio irremediable que haga viable
el amparo de manera transitoria en dichos eventos, ante lo cual sostuvo “no se
configura un perjuicio irremediable cuando los accionantes “contaban con una mera
expectativa de ser nombradas en los cargos a los cuales concursaron, sin que se haya
consolidado un derecho a acceder de inmediato a los cargos públicos”. Para considerar
que existe un derecho adquirido en materia de concursos, esta corporación ha sostenido
que se requiere acreditar “(a) [que] la persona participó en un concurso de méritos; (b)
que el nombre fue incluido en la lista de elegibles y (c) que existe una vacante para ser
designado”.
En suma, la acción de tutela es procedente contra las decisiones que se dicten en
un concurso de méritos, siempre que se trate de actos de trámite, bajo los
supuestos que ha identificado la jurisprudencia constitucional. No obstante,
cuando se controvierte una decisión definitiva (como el acto que contiene el
registro de elegibles o el acto que excluye a un participante de un concurso), la
acción de tutela, en principio, es improcedente, porque existen otros medios de
defensa judicial, como los medios de control ante la jurisdicción contencioso
administrativa, en los que se puede hacer uso de las medidas cautelares, para lo
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M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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Demandante: Mario Andrés Padilla Ubaque
cual se han precisado unas subreglas jurisprudenciales que habilitan,
excepcionalmente, el ejercicio de la acción de tutela.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. El señor Mario Andrés Padilla Ubaque interpuso acción de tutela contra el
Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, al considerar que vulneró sus
derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, debido proceso, igualdad y de
acceso a cargos públicos, con la decisión adoptada en el Acuerdo CSJTOA23-35
de 22 de febrero de 2023, por medio de la cual se conformó la lista de elegibles
para proveer en propiedad el cargo de Técnico grado 11 en el Centro de Servicios
para los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Ibagué.
La Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado por medio de
sentencia de 9 de febrero de 2024, declaró improcedente la acción de tutela, por
estimar que para debatir la legalidad del Acuerdo CSJTOA23-35 de 22 de febrero
de 2023, el actor tiene a su disposición el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011,
donde puede solicitar como medida cautelar la suspensión provisional del mismo,
a lo que agregó que la parte actora no acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable.
El accionante presentó escrito de impugnación con el fin de que se revoque la
decisión de primera instancia, luego de exponer que el medio de control no es
idóneo para cuestionar el acto administrativo que conformó la lista de elegibles,
debido a que considera que se trata de un acto de trámite que debe ser analizado
a través de este mecanismo de protección constitucional.
4.2. La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia que declaró
la improcedencia de la acción de tutela porque en el caso bajo examen no se
cumple con el requisito de subsidiariedad, en tanto se acude a la acción
constitucional con el propósito de controvertir la legalidad del acto administrativo
por medio del cual se conformó la lista de elegibles para lo cual el accionante
cuenta con otro medio de defensa judicial que goza de idoneidad y eficacia.
En el precitado acto administrativo se resolvió formular ante el juez coordinador
del Centro de Servicios para los Juzgados Penales del Circuito Especializado de
Ibagué, la lista de elegibles para proveer el cargo de Técnico grado 11 en el
Centro de Servicios para los Juzgados Penales del Circuito Especializado de
Ibagué en propiedad, y solicitar al titular de la Coordinación del referido centro de
servicios, que en su calidad de autoridad nominadora remitiera al Consejo
Seccional de la Judicatura del Tolima, los actos administrativos de nombramiento
y posesión del empleado respectivo.
4.3. Como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, la acción de
tutela se torna procedente cuando el afectado no disponga de otro mecanismo de
defensa y se esté en presencia de las excepciones señaladas en la jurisprudencia
para admitir de manera excepcional el mecanismo constitucional para controvertir
decisiones en concursos de méritos, tales como “(i) la inexistencia de un medio de
control; (ii) la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que la discusión
desborde la competencia del juez administrativo”. Sobre el ultimo supuesto, la
Corte Constitucional ha sostenido que se trata de argumentos de índole
estrictamente constitucional que no puedan ser conocidos por el juez de lo
contencioso administrativo.
Adicional a lo anterior, la Sala debe precisar que el acto que contiene la lista de
elegibles que se utilizará para proveer el cargo es definitivo, por consolidar una
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Demandante: Mario Andrés Padilla Ubaque
situación particular y concreta. Al respecto, esta corporación ha sostenido que “sea
lo primero aclarar que esta Corporación ha sido unificada en el criterio de que los actos
expedidos durante el transcurrir de una convocatoria son actos de trámite, pues solo se
considera definitivo el que contiene la lista de elegibles que ha de usarse para proveer los
cargos que se sometieron a concurso” .
6
En el mismo sentido, la Sección Segunda de esta corporación indicó que el acto
administrativo por el cual se conforma la lista de elegibles puede ser controvertido
a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en tanto
reconoce un derecho a quien obtuvo la calificación más alta para ocupar la
vacante ofertada en propiedad. De manera particular, señaló lo siguiente:
“(...) en aquellos casos en que se llevan a cabo las etapas de un concurso de méritos,
los actos resultantes del mismo no pueden ser controlados a través de dicho medio
sino por la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en la medida que
jurídicamente son actos administrativos laborales que reconocen una prerrogativa a
quien obtuvo la mayor calificación. En otras palabras, no estamos ante un acto de
elección de la administración, sino en la consolidación de un derecho en cabeza de
aquella persona que cumplió los requisitos y obtuvo el puntaje establecido para poder
7
ocupar la vacante, a través del concurso de méritos correspondiente” .
Bajo ese contexto, la Sala no encuentra razones válidas para habilitar la
procedencia de este mecanismo de protección constitucional de naturaleza
residual y subsidiaria, pues ello sería desconocer que el ordenamiento jurídico ha
previsto un medio de defensa judicial con la aptitud suficiente para ventilar estas
controversias de naturaleza estrictamente legal. Adicionalmente, se evidencia que
no se está ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues no se observan
circunstancias particulares que ameriten la intervención del juez constitucional
ante la existencia de una situación grave, urgente, inminente e impostergable que
afecte los derechos fundamentales del demandante.
Por el contrario, se resalta que la inconformidad recae sobre argumentos de
estricta legalidad que escapan del ámbito de competencia del juez constitucional
como son: (i) la validez de la conformación de la lista de elegibles con personas
que concursaron para cargos diferentes al creado para el Centro de Servicios de
los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Ibagué; (ii) la legalidad del
Acuerdo CSJTOA23-35 de 22 de febrero de 2023 del Consejo Seccional de la
Judicatura del Tolima, porque considera que no debió ofertar una plaza que no
estaba vacante y (iii) la falta de motivación del acto administrativo por no valorar
los requisitos exigidos en el artículo 71 literal g del Acuerdo PSAA13-10038 de
2013 y soportar sus consideraciones en el Acuerdo CSJA17-10754 de 2017.
Sobre la naturaleza residual y subsidiaria de la acción de tutela la Corte
Constitucional señaló que, en línea de principio, “quien pretenda controvertir en sede
judicial un acto administrativo debe acudir a las acciones que para tales fines existen en la
jurisdicción contenciosa administrativa”8.
Conforme con lo ha señalado esta Sala9, “esas situaciones están regladas en la Ley
270 de 1996 y, en los términos expuestos por el actor, antes que demostrar un perjuicio
irremediable, están encaminadas a una aparente infracción de las normas en que debería
fundarse. En efecto, el artículo 137 del CPACA prevé como causal de nulidad de los actos
administrativos, entre otras, que hayan sido expedidos con infracción de las normas en
6
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 1º de septiembre de 2014. Exp. 05001-23-31-000-
2008-01185-01. M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
7
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 3 de marzo de 2020. Exp. 25000-23-42-000-2017-
1317-01. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
8
Corte Constitucional, sentencia T-586 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
9
Sentencia de 10 de agosto de 2023. Exp. 11001-03-15-000-2023-03127-00; sentencia de 7 de septiembre de 2023. Exp.
11001-03-15-000-2023-04007-00 y, sentencia de 31 de agosto de 2023. Exp. 54001-23-33-000-2023-00129-01. M.P.
Wilson Ramos Girón.
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Demandante: Mario Andrés Padilla Ubaque
que deberían fundarse. A modo ilustrativo, esta causal tiene que ver con la violación del
ordenamiento superior o de la regla de derecho de fondo que se exigía para el sustento
del acto administrativo y se configura por vulneración directa de esas normas, siempre
que ocurra en las siguientes situaciones: i) falta de aplicación, ii) aplicación indebida o, iii)
interpretación errónea”.
De allí que el demandante pueda cuestionar la legalidad del Acuerdo CSJTOA23-
35 de 22 de febrero de 2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 138
de la Ley 1437 de 2011, a partir de las causales de nulidad previstas en el artículo
137 de la misma normativa. Sumado a ello, debe resaltarse que al acudir a la
jurisdicción contencioso administrativa la accionante puede reclamar la adopción
de medidas cautelares en virtud del artículo 229 y siguientes de la Ley 1437 de
2011.
Así las cosas, se observa que el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho es la vía judicial idónea y eficaz, pues como se indicó en precedencia
no está demostrada la ocurrencia de un perjuicio irremediable, por lo que tampoco
resulta procedente como mecanismo transitorio, siendo en el marco del proceso
ordinario en donde deberá discutir lo que propone en esta sede constitucional.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de 9 de febrero de
2024, proferida por la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de
Estado que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo constitucional por
desatender el requisito de subsidiariedad.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 9 de febrero de 2024, proferida por la
Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
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Demandante: Mario Andrés Padilla Ubaque
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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