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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07329-01

Acción de tutela: fallo de Segunda Instancia

Fecha
12 de abril de 2024
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07329-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia de 22 de enero de 2024, proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, en el sentido de negar el amparo solicitado por el señor José Arnulfo López Trujillo, contra el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, por las razones expuestas en esta providencia. 21 Radicado: 11001-03-15-000-2023-07329-01 Demandante: José Arnulfo López Trujillo Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A Fallo Tutela – Segunda Instancia SEGUNDO. - Por Secretaría, remitir a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador La anterior providencia se discutió y aprobó por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-07329-01

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

12 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá D.C., doce (12) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-07329-01
Actor: José Arnulfo López Trujillo
Demandado: Consejo de Estado Sección Segunda - Subsección A

ACCION DE TUTELA – Fallo de Segunda Instancia.

La Sala decide la impugnación presentada por el señor José Arnulfo López Trujillo,
actuando a través de apoderado, contra la sentencia de 22 de enero de 2024,
proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, por medio
de la cual se declaró improcedente el amparo de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud y las pretensiones

El señor José Arnulfo López Trujillo, actuando a través de apoderado, en ejercicio
de la acción de tutela, solicitó la protección de su derecho fundamental a la
seguridad social, que estimó vulnerado por el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección A, al proferir la sentencia de 25 de noviembre de 2021,
aclarada mediante auto de 9 de noviembre de 2023; que (i) revocó parcialmente la
sentencia del 20 de noviembre de 2019, emitida por el Tribunal Administrativo de
Antioquía, que negó las pretensiones de la demanda; (ii) declaró la no prosperidad
de la inexistencia de la obligación propuesta por las Empresas Públicas de Medellín
E.S.P.; (iii) declaró la nulidad parcial de la Resolución GNR 139964 del 21 de junio

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07329-01
Demandante: José Arnulfo López Trujillo
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Fallo Tutela – Segunda Instancia

de 20131, así como la existencia y nulidad parcial del acto administrativo negativo
que resolvió el recurso de apelación. La sentencia recurrida y el auto que negó la
solicitud de aclaración fueron proferidos en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado No. 2014-01606-01.

En el escrito de tutela la parte actora solicita:

“(…) PRIMERO: Tutelar el derecho a la seguridad social en pensiones, vulnerado por el H.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante Auto del 9 de noviembre del
2023, al negar la solicitud de aclaración de la sentencia, y en su lugar se ORDENE a
Colpensiones reliquidar la pensión de mi poderdante, sin que sea condición para ello del pago
del porcentaje (4%) de los correspondientes aportes a la pensión, que por ley debió deducir su
exempleador EPM ESP, en el período comprendido entre el 01 de abril de 2007 y el 31 de junio
de 2013.

SEGUNDO: ORDENAR a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP el pago del 100% de los
aportes a la pensión omitidos en el período comprendido entre el 01 de abril de 2007 y el 31 de
junio de 2013, estableciendo facilidades de pago para mi poderdante del porcentaje de los
correspondientes aportes a la pensión en el período comprendido entre el 01 de abril de 2007 y
el 31 de junio de 2013 (…)”. (Sic)

2. Hechos

La parte actora expuso como fundamento de su solicitud los hechos que se resumen
a continuación2:

Informó que laboró de manera continua e ininterrumpida desde el 26 de octubre de
1981 hasta el 30 de junio de 2013 para la Empresas Públicas de Medellín ESP y el
último cargo que desempeñó fue el de jefe de la Unidad de Compras.

Explicó que Empresas Públicas de Medellín ESP, cesó unilateralmente los aportes
al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, a partir del 31 de marzo de 2007, por
cuanto para esa fecha ya cumplía con los requisitos de edad y tiempo de servicios
o semanas cotizadas para acceder a la pensión de vejez.

1
Por la cual Colpensiones reconoció y liquidó la pensión de jubilación a favor del señor López Trujillo y lo incluyó en nómina
de pensionados y GNR 81429 del 12 de marzo de 2014, por la cual se resolvió un recurso de reposición y modificó el anterior
acto administrativo.
2
Índice 2 registro del Sistema de Gestión Judicial SAMAI del proceso con radicado No. 2023-05803-00
2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07329-01
Demandante: José Arnulfo López Trujillo
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Fallo Tutela – Segunda Instancia

Señaló que el 28 de noviembre de 2008, el Instituto de Seguros Sociales3 expidió la
Resolución No. 034538 por medio de la cual le reconoció la pensión; no obstante,
decidió diferir el goce y continuar laborando.

Aseveró que interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la
Resolución mencionada, los cuales fueron resueltas mediante Resoluciones No.
121792 del 21 de diciembre de 2009 y No. 012028 del 25 de junio de 2010.

Indicó que Colpensiones expidió la Resolución No. GNR 139964 del 21 de junio de
2013, a través de la cual reliquidó el monto de la pensión conforme con el artículo
21 de la Ley 100 de 1993 y ordenó su ingreso a la nómina de pensionados.

Afirmó que contra dicho acto administrativo interpuso los recursos de reposición y
en subsidio el de apelación, de los cuales, a la fecha de la presentación de la
demanda, solo había sido resuelto el recurso de reposición, mediante la Resolución
No. GNR 81429 del 12 de marzo de 2014.

Relató que los aludidos actos administrativos reconocieron su prestación social
conforme con el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 en lo relacionado con el tiempo de
servicio o semanas cotizadas y edad, pero liquidó la pensión en los términos del
artículo 21 de la Ley 100 de 1993 con una tasa de remplazo del 75% del promedio
de lo cotizado durante los últimos 10 años.

Por lo anterior, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de Colpensiones en la que pidió la nulidad de (i) la Resolución No. 034538
del 28 de noviembre de 2008, proferida por el ISS que le reconoció la pensión de
vejez; (ii) las Resoluciones No. 032295 del 16 de diciembre de 2009 y No. 012028
del 25 de junio de 2010, por medio de las cuales se resolvieron los recursos de
reposición y apelación en contra del anterior acto administrativo; (iii) la Resolución
No. GNR 139964 el 21 de junio de 2013, por la cual Colpensiones le reconoció y
liquidó la pensión de jubilación y lo incluyó en nómina de pensionados; (iv) la
Resolución No. GNR 81429 del 12 de marzo de 2014, por la cual se resolvió un
recurso de reposición y se modificó el anterior acto administrativo y; (v) el acto

3
En adelante ISS.
3

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Demandante: José Arnulfo López Trujillo
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Fallo Tutela – Segunda Instancia

administrativo presunto negativo surgido luego de haber trascurrido 2 meses de
haber presentado en subsidio el recurso de apelación en contra de la Resolución
GNR 139964 de 2013 sin haber obtenido respuesta.

Por su parte, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a
la entidad demandada a: (i) reliquidar el monto o valor de la pensión de jubilación
con el 75% del salario promedio de todos los factores salariales y primas
devengados durante el último año de servicios, teniendo en cuenta la Ley 33 de
1985 y la sentencia del 4 de agosto de 2010 y; (ii) reconocer y pagar el retroactivo,
el ajuste de la pensión y los intereses moratorios en los términos del artículo 141 de
las Leyes 100 de 1993 y 33 de 1985.

Precisó que, en primera instancia el conocimiento correspondió al Tribunal
Administrativo de Antioquia que, mediante sentencia de 20 de noviembre de 2019,
adicionada el 21 de julio de 2020, declaró la prosperidad de las excepciones de
fondo propuestas de falta de causa, inexistencia de la obligación, cumplimiento de
las obligaciones a cargo de la entidad y cobro de lo no debido, y declaró la no
prosperidad de las excepciones de prescripción, pago y compensación.

Destacó que, interpuso recurso de apelación desatado por el Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección A, a través de sentencia de 25 de noviembre de
2021, que revocó parcialmente la decisión de primer grado en cuanto negó la
reliquidación de la pensión incluyendo los factores salariales devengados con
posterioridad a la fecha de notificación de la Resolución No. 034538 del 28 de
noviembre de 2008 y, en su lugar, declaró la no prosperidad de la inexistencia de la
obligación propuesta por las Empresas Públicas de Medellín ESP y la nulidad parcial
de las Resoluciones números GNR 139964 el 21 de junio de 2013 y GNR 81429 del
12 de marzo de 2014.

Con fundamento en lo anterior, solicitó aclarar la sentencia, en primer lugar, por
cuanto en las consideraciones del fallo se indicó que se observaba la “causación de
costas procesales de segunda instancia a cargo de las Empresas Públicas de
Medellín ESP y a favor del demandante”, pero en la resolutiva el ordinal noveno
dispuso que no habría condena en costas.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07329-01
Demandante: José Arnulfo López Trujillo
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Fallo Tutela – Segunda Instancia

Y, en segundo lugar, porque la sentencia fijó un plazo de 30 días para que
Colpensiones cumpliera el fallo; sin embargo, no especificó ningún término para que
él y EPM pagaran los correspondientes aportes a pensión.

Manifestó que, mediante auto de 9 de noviembre de 2023, la Subsección A –
Sección Segunda del Consejo de Estado, corrigió el ordinal noveno de la sentencia
para, en su lugar, condenar en costas en segunda instancia a las Empresas
Públicas de Medellín ESP y en favor del demandante, al tiempo que negó la solicitud
de aclaración.

2.1 Consideraciones de la parte actora

Manifestó que el Consejo de Estado Sección Segunda - Subsección A vulneró su
derecho fundamental a la seguridad social, porque, explicó que no dispone de
recursos económicos para hacer el pago previamente a la expedición de la
resolución que reliquida la pensión por parte de Colpensiones, de los aportes a
pensión (4%) en el período comprendido entre el 1 de abril de 2007 y el 31 de junio
de 2013, omitidos por su antiguo empleador -Empresas Públicas de Medellín ESP.

En ese sentido, argumentó que la imposibilidad del pago de la suma que determine
Colpensiones a su cargo para que se pueda emitir “un nuevo acto administrativo en
el cual se reliquide el IBL”, como lo ordena la sentencia, hace nugatorio la
reliquidación de su pensión y la efectividad de su derecho fundamental a la
seguridad social en pensiones.

Agregó que al no poder pagar dicho porcentaje se le afecta su derecho adquirido a
una reliquidación de su pensión y, por ende, el mejoramiento de su calidad de vida.

Ahora, si bien no enunció ninguna vía de hecho, del escrito de tutela se infiere que
alega la incurrencia en un defecto sustantivo por omitir la norma contenida en el
artículo 15 de la Ley 100 de 1993, numeral 1°, modificado por el artículo 3° de la
Ley 797 de 2003, que le impone al empleador la obligación de afiliar a sus

5

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trabajadores o empleados al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones,
indistintamente de la forma o naturaleza de su vinculación laboral.

3. Trámite procesal

El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, mediante auto de 7 de
diciembre de 2023, admitió la demanda y ordenó la notificación a la autoridad
accionada, esto es, al Consejo de Estado Sección Segunda - Subsección A y ordenó
la vinculación del Tribunal Administrativo de Antioquia, del presidente de la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y del representante legal
de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

4. Informe de las entidades accionadas

4.1 Colpensiones, a través de la directora de la Dirección de Acciones
Constitucionales, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela porque
fue utilizada como una tercera instancia con el fin de obtener una decisión favorable
a las pretensiones de la parte actora.

4.2 Los demás sujetos, no se pronunciaron sobre los hechos y consideraciones de
la demanda.

5. La providencia impugnada

El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, mediante sentencia de 3
de noviembre de 2023, declaró improcedente la acción de tutela por adolecer de
relevancia constitucional, bajo los siguientes argumentos:

Afirmó que el demandante pretende utilizar la acción de tutela como instancia
adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Explicó que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de tutela se
dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron debidamente
debatidos, analizados y resueltos en el auto que resolvió la solicitud de aclaración
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Demandante: José Arnulfo López Trujillo
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presentada en contra del fallo del 25 de noviembre de 2021, con miras a que se
cambiara la decisión para ordenar a Colpensiones reliquidar la prestación y que
descontara de sus mesadas lo que le correspondería pagar por concepto de cálculo
actuarial.

Aseveró que en la solicitud de aclaración presentada frente a la sentencia que
accedió parcialmente a las súplicas, la parte demandante indicó, en los mismos
términos que ahora plantea, que se ordenara a Colpensiones a pagar la
reliquidación de la pensión y que descuente de la misma el retroactivo que le
correspondería pagar.

Observó que, en auto del 9 de noviembre de 2023, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado corrigió la sentencia en cuanto a la condena en
costas, pero negó la aclaración.

Asimismo, que para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el
mecanismo constitucional la parte demandante expuso similares planteamientos a
los expuestos en el recurso de apelación dirigidos de manera exclusiva a revivir la
discusión jurídica relacionada con la dificultad que tiene para efectuar el pago previo
a la emisión del acto administrativo que reliquide la pensión con base en la
sentencia.

6. La impugnación

El accionante solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia y la prosperidad
de sus pretensiones, reiterando los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

Reiteró que, mediante la sentencia del 25 de noviembre del 2021, proferida por la
Sección Segunda - Subsección A, del Consejo de Estado, que declaró la
prosperidad parcial de las pretensiones, estableció condiciones que en la práctica
hacen nugatoria su reliquidación pensional al imponerle cargas económicas de
imposible cumplimiento para que se efectúe la reliquidación de su pensión ante
Colpensiones.

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer la impugnación interpuesta contra el fallo de
primera instancia en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991, en concordancia con el artículo 25 del Acuerdo Nº 080 de 12 de marzo de
20194.

2. Problema jurídico

La Sala debe decidir si revoca la decisión de primera instancia proferida por el
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, mediante la cual declaró
improcedente la solicitud de tutela promovida por el señor José Arnulfo López
Trujillo; en tanto, como lo alega la parte demandante, la autoridad judicial accionada
vulneró su derecho fundamental a la seguridad social, al incurrir en vía de hecho
por defecto sustantivo.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada
y uniforme de la Corte Constitucional5 y el Consejo de Estado6 ha sido admitir su
procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de
procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia
(defectos).

Al respecto, la Corte Constitucional en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de
1993, analizó la procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales en los
eventos que se prueba la configuración de una vía de hecho. Dicha posición fue
redefinida por la misma Corporación a través de la sentencia C-590 de 2005,

4
Reglamento Interno del Consejo de Estado
5
Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-
852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001,
T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de
2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889
de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014,
T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
6
Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agost o
de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos
Alimenticios S.A.
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decisión en la cual se fijaron las reglas de procedibilidad de este mecanismo
constitucional contra decisiones judiciales como se conocen actualmente.

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia del Doctor Jorge Octavio Ramírez,
precisó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales, siempre y
cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los
requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional. Así:

Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en
su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la
acción de tutela. Estos requisitos son los siguientes: (i) La cuestión que se discute
tiene relevancia constitucional; (ii) Se agotaron todos los medios de defensa judicial
con los que cuenta la persona afectada; (iii) Se cumple el requisito de inmediatez;
(iv) no se argumentó una irregularidad procesal; (v) Se expresaron de manera clara
los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio; y; (vi) La
providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de
tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede
incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes7: a) Defecto orgánico, que se
presenta cuando el juez carece de competencia; b) Defecto procedimental, el cual
ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido;
c) Defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio
obrante en el expediente para proferir decisión; d) Defecto material o sustantivo, el
cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) Error inducido, cuando
la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar
una decisión que afecta derechos fundamentales; f) Decisión sin motivación; g)
Desconocimiento del precedente judicial y h) Violación directa de la Constitución
Política.

7
Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras.
9

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Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de
las causales específicas, podrá ser razón suficiente para conceder el amparo
constitucional.

3.1 El defecto sustantivo

La jurisprudencia Constitucional ha considerado que el funcionario judicial incurre
en defecto sustantivo cuando: “(…) (i) la decisión impugnada se funda en una
disposición que ha sido derogada, subrogada o declarada inexequible; (ii) la
aplicación o interpretación que se hace de la norma en el asunto concreto
desconoce la sentencia con efectos erga omnes que ha definido su alcance; (iii) la
decisión impugnada se funda en una disposición que indiscutiblemente no es
aplicable al caso; (iv) cuando la norma pertinente para el asunto en concreto es
desatendida y, por ende, inaplicada; (v) se interpreta una disposición normativa
desbordando el sentido de la misma; y (vi) la interpretación de ésta se hace sin tener
en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar
una interpretación sistemática (…)”.

La Corte Constitucional, en sentencia T-284 de 2006 al referirse a la limitación del
principio de la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas,
consideró:

“[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios
judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e
interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el
principio de autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se
encuentra sujeta a los valores, principios y derechos previstos en la
Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las
normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de
aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el
ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las
disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con
sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que son
de forzosa aplicación […]”.

10

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En la sentencia T- 092 de 2008 y T-686 de 2007 la Corte Constitucional, indicó:

“[…] una decisión judicial adolece de un defecto material o sustantivo en los
siguientes eventos (…) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo
que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la
aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o perjudicial
para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o
desproporcionada) […]”.

4. Caso concreto

4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

Contrario a lo señalado por el a quo, la Sala advierte que la cuestión que se discute
reviste relevancia constitucional, toda vez que el defecto alegado puede llevar
consigo una violación de su derecho fundamental a la seguridad social, el cual
constituye un bien jurídico constitucionalmente amparado.

No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial con los cuales
el accionante pueda lograr la protección del derecho invocado, pues se adelantaron
las correspondientes instancias dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho y no se configura ninguna de las causales del recurso extraordinario de
revisión.

La Sala observa que la solicitud de amparo cumple con el requisito de inmediatez,
pues la Sentencia de segunda instancia, proferida por el Consejo de Estado Sección
Segunda - Subsección A y que hoy se cuestiona en tutela, esto es, la providencia
de 25 de noviembre de 2021, cuyo numeral noveno fue corregido mediante auto de
9 de noviembre de 2023; se notificó a las partes mediante estado fijado el 24 de
noviembre de 2023 y la demanda de tutela se presentó el 4 de diciembre de 2023,
es decir, dentro de un término prudencial.

Adicionalmente, se tiene que el accionante plantea de forma clara los hechos por
los cuales considera que se vulneró su derecho fundamental y que la providencia
que se cuestiona en el asunto de la referencia no fue proferida dentro de una acción
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de tutela, sino que se dictó dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

4.2 Análisis de las causales específicas de procedibilidad

El señor José Arnulfo López Trujillo, plantea la vulneración de su derecho
fundamental a la seguridad social, porque el Consejo de Estado – Sección Segunda
– Subsección A, al proferir la sentencia de 25 de noviembre de 2023, corregida
mediante auto de 9 de noviembre de 2023, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, revocó parcialmente la sentencia del 20 de noviembre
de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Argumentó que, no dispone de recursos económicos para pagar, previamente a la
expedición de la resolución que reliquida la pensión por parte de Colpensiones, los
aportes a pensión (4%) del período comprendido entre el 1 de abril de 2007 y el 31
de junio de 2013, omitidos por su antiguo empleador -Empresas Públicas de
Medellín ESP.

En ese sentido, explicó que la imposibilidad del pago de la suma que determine
Colpensiones a su cargo para que se pueda emitir “un nuevo acto administrativo en
el cual se reliquide el IBL”, como lo ordena la sentencia, hace nugatorio la
reliquidación de su pensión y la efectividad de su derecho fundamental a la
seguridad social en pensiones.

Agregó que al no poder pagar dicho porcentaje se le afecta su derecho adquirido a
una reliquidación de su pensión y, por ende, el mejoramiento de su calidad de vida.

Como ya se puso de presente, para la Sala, el asunto de marras supera el requisito
de relevancia constitucional, por cuanto que de manera efectiva, los hechos
relatados en la solicitud de amparo podrían comprometer el derecho fundamental a
la seguridad social y al debido proceso del accionante, de suerte que, con el fin de
resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera pertinente revisar los

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Demandante: José Arnulfo López Trujillo
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Fallo Tutela – Segunda Instancia

argumentos expuestos por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección
A, en la decisión de 25 de noviembre de 20218, en la que consideró lo siguiente:

“(…) Caso concreto.

La parte demandante sostuvo que la EPM E.S.P. unilateralmente dejó de cotizar al sistema
de seguridad social en pensiones, a pesar de que era su voluntad seguir cotizando,
manifestación de voluntad que consideró, logró acreditar con el escrito por medio del cual
interpuso recurso de reposición y apelación contra la Resolución 034538 de 2008 y que
también fue radicado ante la empresa y el correo electrónico enviado a Carlos Santiago
Ospina Vanegas, jefe de la Unidad de Relaciones Laborales.

(…)

Consta entonces en el proceso que el derecho pensional del señor José Arnulfo López
Trujillo se concretó el 19 de marzo de 2007, teniendo en cuenta que a esa fecha completó
más de 20 años de servicio con el Estado y 55 años de edad; empero, optó por continuar
laborando hasta el momento en que se produjo su retiro del servicio -31 de junio de 2013-.

Así, encontrándose inmerso el demandante dentro del régimen de transición y consolidado
el derecho pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993, el retiro del servicio de éste -que
involucra la posibilidad de mejoramiento del derecho pensional a partir de los sueldos
devengados con posterioridad-, válidamente se encuentra regido por lo dispuesto en el
artículo 150 de dicho ordenamiento, que dispone para el caso concreto «que los funcionarios
y empleados públicos que hubiesen sido notificados de la resolución de jubilación y que no
se hayan retirado del cargo, tendrán derecho a que se les reliquide el ingreso base para
calcular la pensión, incluyendo los sueldos devengados con posterioridad a la fecha de
notificación de la resolución».

Significa lo anterior que el derecho consolidado por el señor José Arnulfo López Trujillo,
supone además de lo previsto en la Ley 33 de 1985 en lo referente a edad, tiempo de
cotización y monto de la pensión y en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, en lo
referente al IBL, también lo previsto en el artículo 150 trascrito de la Ley 100 de 1993 acerca
de las condiciones de retiro del servicio, en cuanto a la posibilidad de permanecer en el
servicio y de mejorar el quantum pensional que le asiste, por aplicación del principio de
favorabilidad que emana del contenido del artículo 53 de la Carta Política.

Ahora bien, conforme se expuso en acápite anterior, la obligación de cotizar al sistema
pensional culminó en el momento en que el señor López Trujillo reunió los requisitos para
acceder a la pensión de vejez; sin embargo, al decidir mantener su vínculo laboral con EPM,
el demandante o el empleador podía seguir haciendo aportes, pero ya no obligatorios, sino
voluntarios.

Al respecto, se tiene que el recurrente en su escrito de apelación refiere que a pesar de que
era su voluntad seguir cotizando, manifestación de voluntad que considera, logró acreditar
con el escrito por medio del cual interpuso recurso de reposición y apelación contra la
Resolución 034538 de 2009 y que también fue radicado ante EPM E.S.P., así como del
correo electrónico enviado al jefe de la Unidad de Relaciones Laborales, su empleador no
realizó los aportes a pensión.

Ahora bien, al verificar los términos en los cuales fue impugnada la sentencia de primer
grado, se advierte que en efecto el escrito de impugnación interpuesto por el señor López
Trujillo en contra de la Resolución 034538 de 2009 fue radicado ante la EPM el 13 de marzo
de 2009 y que en él se consignó lo siguiente: (…)

Sin embargo, contrario a lo expuesto por el recurrente, del aparte trascrito no se desprende
que este hubiera optado por seguir cotizando al Sistema de Seguridad Social en Pensión,
8
Cuyo numeral 9° fue corregido mediante auto de 9 de noviembre de 2023.
13

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pues allí solo hace alusión a la presunta obligación que tiene el empleador de seguir
efectuado las cotizaciones mientras dure la relación laboral y de su extrañeza frente a la
posición asumida por el ISS para dar cumplimiento a con dicha obligación.

No sucede lo mismo, frente al correo electrónico enviado el 5 de junio de 2007, del cual se
lee con claridad su intención de continuar cotizando al sistema, al autorizar que le realicen
los descuentos a que haya lugar y además de que se efectúen los pagos que dejados de
cancelar. Veamos: (…)

Por lo tanto, no es de recibo los argumentos dados por la entidad demandada cuando refiere
que para la fecha del correo la competencia con respecto a temas del Sistema de Seguridad
Social Integral estaba asignada a la Unidad de Protección Social de EPM y no al jefe de
Unidad de Relaciones Laborales, a quien le fue remitido el correo, toda vez que era
obligación de este, una vez tuvo conocimiento del mismo, remitirlo a la dependencia
correspondiente para su respectivo trámite.

Como tampoco el hecho de que no existe deber legal para el empleador de seguir cotizando
ante el Sistema de Seguridad Social en Pensión frente a los trabajadores que continúan
vinculados laboralmente, pues si bien la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de
2003, permite al afiliado que reunió los requisitos para acceder a la pensión a continuar
vinculado laboralmente o contractualmente, evento en el cual cesa la obligación de cotizar
al sistema; se desprende también del inciso 3.° de la última norma en cita, que el empleado
puede de manera voluntaria seguir haciendo dichos aportes y con ello, se impone para al
empleador el deber de seguir cotizando, por tanto en este caso, no son ya obligatorios, sino
voluntarios.

Además de ello, la Circular 1197 del 19 de junio de 2002 y el informe del hallazgo fiscal
rendido por la Contraloría Municipal de Medellín, en ningún momento puede modificar, variar
o dar alcances diferentes al contenido y aplicación de las normas, como sucedió en el caso
que nos ocupa, máxime cuando se trata de tema ya definido por la Ley 100 de 1993,
modificada por la Ley 797 de 2003.

Se colige entonces, que la aquiescencia voluntaria para continuar aportando al sistema
generaría cargas tanto para el afiliado, como para el empleador, quien tienen el deber de
cancelar los aportes a su cargo y efectuar a sus empleados y trabajadores los descuentos
que habrán de girar luego a las respectivas cajas de previsión a título de aportes. De suerte
que, la no aportación a los fondos de pensión de los valores correspondientes, no podrá
afectar el derecho a la pensión de que gozarán sus empleados con ocasión del vínculo
laboral que tuvieron.

(…)

En conclusión: De acuerdo con la línea jurisprudencial a que se hizo referencia y lo
expuesto en precedencia las Empresas Públicas de Medellín estaba en el deber de seguir
efectuando las cotizaciones desde el 1.° de abril de 2007-fecha en la cual dejó de realizar
los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensión a favor del señor López Trujillo- y
hasta la fecha efectiva de su retiro del servicio -31 de junio de 2013-, toda vez que según la
disposición contenida en el inciso 3.° del artículo 17 de la Ley 100, la decisión del afiliado de
continuar voluntariamente cotizando es vinculante para su empleador, quien debe seguir
haciendo los aportes correspondientes.

Aunado a ello, como la omisión del empleador en el aporte de las cotizaciones al sistema,
no puede imputarse al trabajador, ni puede derivarse de ésta consecuencias adversas,
resulta procedente acceder a la pretensión subsidiaria deprecada.

(…)

Tercer problema jurídico

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¿Quién debe asumir el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensión desde el 1° de abril de 2007 hasta la fecha del retiro definitivo del servicio del
demandante?

Al respecto la Subsección sostendrá la siguiente tesis: El pago de los aportes deben
efectuarse de manera proporcional en el porcentaje que corresponda tanto por parte del
empleador como el demandante, por el tiempo dejado de cotizar, según se expone a
continuación.

(…)

Bajo esta línea de intelección, la afiliación constituye una fuente formal de derechos
pensionales, así como también de obligaciones jurídicas en favor de los empleados y
empleadores. Su cumplimiento, entre otras cosas, viabiliza la exigencia de cotización
efectiva, a la que se refiere el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, y cuya trascendencia
constitucional fue reseñada anteriormente. Las condiciones para el acatamiento de este
segundo deber pensional (el de cotizar), se prevén en el artículo 22 de la citada ley, así: (…)

En este orden, es obligatorio para todo tipo de trabajador efectuar aportes al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones, de conformidad con el principio de solidaridad que rige en
esta materia.

El principio de solidaridad en el sistema de la seguridad social

El diseño del sistema está condicionado por las circunstancias económicas, demográficas y
políticas de cada momento o de cada lugar, sin embargo, para que el carácter solidario de
la seguridad social sea factible, es necesario por supuesto que los mecanismos de
recaudación sean esencialmente obligatorios y universales9.

A su turno, en sentencia C-739 de 200210, la Corte reiteró que el principio de solidaridad «[…]
implica que todos los que participan en el sistema tienen el deber de contribuir a su
sostenibilidad, equidad y eficiencia, lo cual explica que sus miembros deban, en general,
cotizar, no sólo para poder recibir los distintos beneficios, sino para preservar el sistema en
su conjunto […]».

Del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensión

De las pruebas relacionadas en el problema jurídico anterior, se pudo constatar que el
libelista, luego de cumplir con los requisitos para acceder a la pensión de vejez optó por
continuar laborando con las EPM E.S.P. y efecto así lo hizo hasta el 30 de junio de 2013, sin
que le efectuaran los respectivas cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones desde el 1.° de abril de 2007.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el demandante optó por continuar efectuado las
cotizaciones, dicha decisión obliga consecuentemente al empleador a retener el 4% de su
salario y trasladarlo a la administradora junto con el 12% que le corresponde, conforme se
concluyó en precedencia. En efecto, el hecho de que el trabajador decida seguir aportando
al sistema, no por ello debe correr con la totalidad del valor de la cotización, pues de ser así
se desconocería la obligación que tienen los empleadores de contribuir al sistema, el cual no
solo está diseñado para proteger a los trabajadores y/a sus beneficiarios, también a la
población más pobre y vulnerable a través de los fondos solidarios.

En ese orden de ideas, en virtud del principio de solidaridad que rige el Sistema de Seguridad
Social, resulta imperativo que tanto el demandante como la entidad demandada asuman el
porcentaje correspondiente, pues en el momento en que el libelista optó por continuar
cotizando al sistema no sólo generó cargas para él, sino también para su empleador que
también tienen obligaciones frente al sistema pensional.

9
Al respecto se puede consultar la sentencia de la Sección Segunda, Subsección B del 12 de septiembre de 2019, radicado:
11001-03-25-000-2015-00233-00(0435-15).
10
Corte Constitucional, Sentencia C – 739 de 22 de junio de 2000.
15

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Ahora bien, la Subsección observa que los aportes a pensión se deberán realizar en su
debida proporción tanto la entidad demandada como el señor López Trujillo, habrán de
trasladarse a Colpensiones, fondo al cual el demandante venía realizando sus aportes y
además es quien tiene a su cargo la prestación pensional de la cual es beneficiario.

En conclusión: la Empresas Pública de Medellín E.S.P. y el señor José Arnulfo López
Trujillo deberán contribuir de manera proporcional y en el porcentaje que le corresponda, por
las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, desde el 1.° de abril de 2007
y hasta el retiro definitivo del servicio, en virtud del principio de solidaridad que rige el
mentado Sistema (…)”. (sic)

Revisado el contenido de la providencia acusada, la Sala observa que el Consejo
de Estado – Sección Segunda – Subsección A, con el fin de determinar si EPM
E.S.P, tenía el deber de efectuar las cotizaciones a pensión a favor del señor José
Arnulfo López Trujillo, a partir del 1.° de abril de 2007 y hasta la fecha del retiro del
servicio, a pesar de que el demandante cumplió con los requisitos para acceder a
la pensión de vejez, realizó un análisis normativo, fáctico y jurisprudencial que le
permitió concluir lo siguiente.

A juicio de la autoridad judicial accionada, en efecto EPM ESP debía realizar los
respectivos aportes a pensión desde el 1° de abril de 2007 y hasta la fecha del retiro
del servicio; no obstante, dado que el señor López Trujillo cumplió los requisitos
para acceder a la pensión de vejez desde el 17 de marzo de 2007, tal omisión por
parte de la aludida entidad, de efectuar dichos aportes, no puede afectar los
derechos pensionales del demandante.

Pues bien, observó que el derecho pensional del señor José Arnulfo López Trujillo
se concretó el 19 de marzo de 2007, teniendo en cuenta que a para esa fecha
completó más de 20 años de servicio con el Estado y 55 años de edad; empero,
optó por continuar laborando hasta el momento en que se produjo su retiro del
servicio, esto es, el 31 de junio de 2013.

En ese sentido explicó que, como el señor José Arnulfo López Trujillo es
beneficiario del régimen de transición y su derecho pensional se consolidó en
vigencia de la Ley 100 de 1993, su retiro del servicio se encuentra regido por lo
dispuesto en el artículo 150 ibidem.

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Indicó que dicha norma dispone «que los funcionarios y empleados públicos que
hubiesen sido notificados de la resolución de jubilación y que no se hayan retirado
del cargo, tendrán derecho a que se les reliquide el ingreso base para calcular la
pensión, incluyendo los sueldos devengados con posterioridad a la fecha de
notificación de la resolución» y, agregó que, el retiro del servicio del accionante
involucra la posibilidad de mejoramiento del derecho pensional a partir de los
sueldos devengados con posterioridad.

Bajo este contexto, aseveró que el derecho consolidado por el señor José Arnulfo
López Trujillo, supone, además de lo previsto en la Ley 33 de 1985, en lo referente
a edad, tiempo de cotización y monto de la pensión, aplicar los artículos 21 y 36 de
la Ley 100 de 1993, en lo referente al IBL, y en el artículo 150 trascrito de la Ley
100 de 1993, acerca de las condiciones de retiro del servicio; de manera que tenía
la posibilidad de permanecer en el servicio y de mejorar el quantum pensional que
le asiste, por aplicación del principio de favorabilidad que emana del contenido del
artículo 53 de la Carta Política.

Ahora, destacó que la obligación de cotizar al sistema pensional culminó en el
momento en que el señor López Trujillo reunió los requisitos para acceder a la
pensión de vejez; sin embargo, al decidir mantener su vínculo laboral con EPM, el
demandante o el empleador podía seguir haciendo aportes, pero ya no obligatorios,
sino voluntarios.

En este punto, se observa que la Subsección A de la Sección Segunda de esta
Corporación, al verificar los términos en los cuales fue apelada la sentencia de
primer grado, advirtió que el escrito mediante el cual el señor López Trujillo,
interpuso recursos de vía administrativa en contra de la Resolución 034538 de
2009, fue radicado ante la EPM el 13 de marzo de 2009. Asimismo, que, mediante
correo electrónico enviado el 5 de junio de 2007, se lee con claridad su intención
de continuar cotizando al sistema, al autorizar que le realicen los descuentos a que
hubiere lugar y, además, que se efectúen los pagos dejados de cancelar.

Por consiguiente, la autoridad judicial implicada coligió que los argumentos
presentados por EPM ESP, en los cuales indicó que, en el momento del envío del
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correo electrónico, la competencia sobre asuntos relacionados con el Sistema de
Seguridad Social Integral recaía en la Unidad de Protección Social de EPM, en
lugar del Jefe de la Unidad de Relaciones Laborales a quien se le remitió el correo,
no son aceptables, porque era responsabilidad del empleador, una vez informado
del contenido del correo, remitirlo a la dependencia pertinente para su debido
trámite.

También desestimó el argumento de EPM bajo el cual no existe deber legal para el
empleador de seguir cotizando ante el Sistema de Seguridad Social en Pensión
frente a los trabajadores que continúan vinculados laboralmente.

Explicó que si bien la Ley 100 de 199311, permite al afiliado que reunió los requisitos
para acceder a la pensión a continuar vinculado laboralmente o contractualmente,
evento en el cual cesa la obligación de cotizar al sistema; se desprende también
del inciso 3.° de la última norma en cita, que el empleado puede de manera
voluntaria seguir haciendo dichos aportes y con ello, se impone para al empleador
el deber de seguir cotizando, por tanto en este caso, no son ya obligatorios, sino
voluntarios.

En síntesis, logró determinar que las Empresas Públicas de Medellín - EPM ESP,
estaba en el deber de seguir efectuando las cotizaciones desde el 1° de abril de
2007, fecha en la cual dejó de realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social
en Pensión a favor del accionante y hasta la fecha efectiva de su retiro del servicio,
esto es el 31 de junio de 2013; toda vez que según la disposición contenida en el
inciso 3° del artículo 17 de la Ley 100 de 1993, la decisión del afiliado de continuar
voluntariamente cotizando resulta ser vinculante para su empleador, quien debe
seguir haciendo los aportes correspondientes.

Por otro lado, del estudio de quién debe asumir el pago de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social en Pensión desde el 1° de abril de 2007 hasta la fecha
del retiro definitivo del servicio del demandante, la Sección Segunda, Subsección
A del Consejo de Estado, precisó que dicho pago debe efectuarse de manera

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modificada por la Ley 797 de 2003
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proporcional en el porcentaje que corresponda, tanto por parte del empleador, como
del demandante, por el tiempo dejado de cotizar.

Al respecto, mencionó que la afiliación constituye una fuente formal de derechos
pensionales, así como también de obligaciones jurídicas en favor de los empleados
y empleadores.

Agregó que su cumplimiento, entre otras cosas, viabiliza la exigencia de cotización
efectiva, a la que se refiere el artículo 17 de la Ley 100 de 1993; en ese sentido,
resulta obligatorio para todo tipo de trabajador efectuar aportes al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones, de conformidad con el principio de solidaridad que
rige en esta materia.

Entonces, observó que el demandante, luego de cumplir con los requisitos para
acceder a la pensión de vejez, optó por continuar laborando con las EPM E.S.P. y
así lo hizo hasta el 30 de junio de 2013, sin que le efectuaran las respectivas
cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones desde el 1° de
abril de 2007, hasta la fecha de su retiro efectivo del empleo.

Es por ello que, teniendo en cuenta que el demandante optó por continuar
efectuado las cotizaciones, dicha decisión obliga, consecuentemente, al empleador
a retener el 4% de su salario y trasladarlo a la administradora junto con el 12% de
cotización que le corresponde aportar.

Precisó que por el hecho de que el trabajador decida seguir aportando al sistema,
no implica que debe correr con la totalidad del valor de la cotización, pues de ser
así se desconocería la obligación que tienen los empleadores de contribuir al
sistema, el cual no solo está diseñado para proteger a los trabajadores y/a sus
beneficiarios, sino también a la población más pobre y vulnerable a través de los
fondos solidarios.

En ese orden de ideas, en virtud del principio de solidaridad que rige el Sistema de
Seguridad Social, la autoridad judicial accionada consideró que tanto el
demandante como la entidad demandada, deben asumir el porcentaje
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correspondiente de cotización de acuerdo con la ley, pues en el momento en que
el accionante decidió continuar cotizando al sistema, no sólo generó cargas para
él, sino también para su empleador, quien también tienen obligaciones frente al
sistema pensional.

Es pertinente mencionar que si bien el accionante elevó solicitud de aclaración de
la sentencia recurrida, lo cierto es que esta le fue negada mediante auto de 9 de
noviembre de 2023, que a su vez, modificó el numeral 912 de dicha providencia en
lo relativo a las costas procesales, lo cual no fue alegado por el actor a manera de
inconformidad en el marco de esta acción constitucional.

En este orden de ideas, la Sala considera que el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección A, al proferir la sentencia de 25 de noviembre de 2021, no
vulneró el derecho fundamental a la seguridad social del señor José Arnulfo López
Trujillo, como tampoco su debido proceso; pues la decisión de acceder parcialmente
a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, estuvo
soportada en un estudio razonable de las pruebas documentales allegadas al
trámite judicial, así como la normativa vigente y jurisprudencia aplicable al caso.

Bajo estas consideraciones, la Sala advierte que la autoridad judicial demandada,
en ejercicio de los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica,
efectuó un alcance probatorio coherente y válido de las pruebas allegadas al
proceso, así como a la normativa vigente aplicable, que, a pesar de no resultar
satisfactorias en su integridad a los accionantes, no permiten colegir que su
actuación fuere contraria a derecho.

En este orden, se debe señalar que los argumentos alegados por el demandante en
el escrito de tutela, demuestran su inconformidad con la actuación y decisión
adoptada por la autoridad judicial demandada, sin acreditar irregularidades de orden
constitucional en las que presuntamente incurrió.

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Noveno: Sin condena en costas de segunda instancia, por lo brevemente expuesto.

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Así las cosas, se concluye que la sentencia del 25 de noviembre de 2021, no vulneró
el derecho fundamental invocado por la parte accionante, por cuanto no se
evidencia en su contenido, un análisis arbitrario, infundado o caprichoso ajeno a
preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho
por defecto sustantivo que amerite la intervención del juez de tutela.

III. DECISIÓN

Aunque en este caso el análisis efectuado supera el requisito de relevancia
constitucional, siendo lo procedente revocar la decisión de primera instancia que
declaró improcedente la solicitud, para en su lugar negar el amparo; debido a que
en tal caso los efectos prácticos son los mismos; la Sala confirmará la sentencia de
22 de enero de 2024, proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B; en el entendido que se negarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia de 22 de enero de 2024, proferida por el
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, en el sentido de negar el
amparo solicitado por el señor José Arnulfo López Trujillo, contra el Consejo de
Estado – Sección Segunda – Subsección A, por las razones expuestas en esta
providencia.

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SEGUNDO. - Por Secretaría, remitir a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida
la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

La anterior providencia se discutió y aprobó por la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmado electrónicamente)

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

(Firma electrónicamente)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

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