Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07336-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-07336-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07336-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-07336-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
8 de febrero de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07336-00
Demandante:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07336-00
Demandante: UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES (UNGRD)
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “B”
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa. Requisito general de inmediatez
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (en
adelante UNGRD), quien actúa por conducto de apoderada judicial, contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”, en la
que pide el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y el principio de seguridad jurídica, supuestamente, vulnerados
con la sentencia de 25 de marzo de 2022 que revocó la de 30 de junio de 2021
dictada por el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá, en el
marco del medio de control de reparación directa promovido por el señor
Floriberto Rodríguez García con el objeto de que acceder a la indemnización de
perjuicios derivados del fenómeno denominado “avenida torrencial”, ocurrida el 31
de marzo de 2017 en el municipio de Mocoa.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La actora relató que en ejercicio del medio de reparación directa el señor
Floriberto Rodríguez García demandó a la Nación, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, la UNGRD, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Sur de la Amazonia -Corpoamazonia-, el departamento de Putumayo y el
municipio de Mocoa, con el objeto de que se declararan responsables
administrativa y patrimonialmente por los daños derivados de la omisión de tomar
medidas administrativas con el objeto de impedir la destrucción material que trajo
la avalancha ocurrida en el municipio de Mocoa el 31 de marzo de 2017.
Sostuvo que, en primera instancia, el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del
Circuito de Bogotá en sentencia de 30 de junio de 2021, declaró probada la
excepción de fuerza mayor, por lo que negó las pretensiones de la demanda.
Indicó que frente a esa decisión el demandante presentó recurso de apelación
que fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección “B”, por sentencia de 25 de marzo de 2022 que revocó la
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07336-00
Demandante:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-
decisión recurrida y, en su lugar, declaró a las entidades demandadas
administrativa y patrimonialmente responsables “por el daño antijurídico sufrido
por el señor Floriberto Rodríguez García con ocasión de la avenida torrencial
ocurrida el 31 de marzo de 2017 en el municipio de Mocoa, Putumayo”. En
consecuencia, las condenó al pago de perjuicios materiales y morales en favor del
demandante.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”, en defensa de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y el principio de seguridad jurídica, los
cuales consideró vulnerados con la sentencia de 25 de marzo de 2022 que revocó
la de 30 de junio de 2021 dictada por el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del
Circuito de Bogotá, que había negado las pretensiones de la demanda de
reparación directa promovida por el señor Floriberto Rodríguez García y, en su
lugar, declaró a las entidades demandadas administrativa y patrimonialmente
responsables de los daños derivados de la avalancha ocurrida en Mocoa el 31 de
marzo de 2017 y las condenó a reconocer la respectiva indemnización de
perjuicios materiales y morales.
Comenzó por referirse al cumplimiento de los presupuestos generales de la
acción de tutela contra providencia judicial. En ese sentido, manifestó que (i) el
asunto reviste relevancia constitucional porque involucra el desconocimiento del
principio de seguridad jurídica y el derecho a la igualdad de la actora por la
valoración inadecuada de las pruebas que obraban en el expediente y
acreditaban la eximente de responsabilidad de fuerza mayor, consagrada en el
artículo 64 del Código Civil; (ii) afirmó que se controvierte una sentencia de
segunda instancia por lo que se agotaron los recursos ordinarios y los reproches
no se enmarcan en alguna causal de los recursos extraordinarios de revisión y de
unificación (subsidiariedad); (iii) señaló que se cumple el presupuesto de la
inmediatez teniendo en cuenta que se dictó el auto de obedézcase y cúmplase el
23 de junio de 2022 y “la presentación de la acción de tutela no superó el término
que es muy inferior al que usualmente es utilizado por la Corte Constitucional
como parámetro para el cumplimiento del mencionado requisito, conforme se
observa en el precedente jurisprudencial” y (iv) no se trata de tutela contra tutela.
En ese orden, adujo que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes
defectos:
• Defecto sustantivo el cual, a su juicio, se configuró porque la autoridad
judicial accionada se limitó a transcribir apartes de la Ley 1523 de 2012 en
lo pertinente a las competencias de las entidades demandadas y, en ese
marco, concluyó que el daño se produjo por un retardo, irregularidad,
ineficiencia, omisión o ausencia del ejercicio de una función a cargo de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres”.
También afirmó que al analizar el presupuesto de la imprevisibilidad de la
fuerza mayor aplicó una interpretación que es irrazonable y contraria al
ordenamiento jurídico, pues la entiende como “aquello que no se pudo
conocer con anticipación”, y excluye de esa noción los efectos del
fenómeno extraño, “particularmente la imposibilidad de anticipación por su
manifestación repentina, intempestiva o súbita; por lo cual el hecho de que
las autoridades tuvieren conocimiento sobre la posibilidad de su realización
no configura su previsibilidad para efectos de descartar la fuerza mayor
como eximente de responsabilidad”.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07336-00
Demandante:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-
• Defecto fáctico, por la indebida valoración de las pruebas que obraban en
el expediente “puesto que, si bien con ellas se acreditaron que las lluvias y
avenida torrencial de marzo de 2017 era un hecho conocido por las
autoridades, estas no demostraron la previsibilidad de sus efectos, esto es
la capacidad de anticipación para evitar los efectos del fenómeno natural”.
En ese sentido, adujo que se desconoció el documento de “identificación y
caracterización de sitios críticos de amenaza”, elaborado por
Corpoamazonia de marzo de 2014, en el cual se hace una relación de los
eventos naturales ocurridos en Mocoa desde 1947 hasta 2014 que, aunque
del mismo se puede extraer que tales eventos podrían volver a ocurrir, no
era posible establecer la fecha.
Sobre el Acuerdo No. 028 del 22 de diciembre de 2008, aprobado por el
Concejo municipal de Mocoa que obraba en el expediente, explicó que en
el artículo 31 de dicho acto administrativo, indica que los riesgos en el
municipio de Mocoa están asociados a corrientes de agua que pueden
ocasionar erosión y avenidas torrenciales, y las precipitaciones que pueden
generar inundaciones, de lo cual no se extrae una responsabilidad de las
entidades demandadas.
Finalmente, controvirtió la valoración efectuada al “informe técnico evento
avenida torrencial ocurrida en la ciudad de Mocoa (Putumayo) el 31 de
marzo de 2017” de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en el que se
indica que el hecho del 31 de marzo de 2017 era previsible, pero se
aseveró que tenía características de imprevisible e irresistible.
También acusó a la autoridad judicial accionada de omitir la valoración de
las siguientes pruebas documentales que demuestran que las lluvias que
se presentaron el 31 de marzo de 2017 en Mocoa eran inusuales y
repentinas, además explicó que la avenida torrencial es un fenómeno
natural que resulta imprevisible sobre todo el momento en que ocurrirá:
➢ Informe técnico diario 089 emitido por el ldeam al Sistema Nacional
de Riesgo SNGR y al Sistema Nacional Ambiental SINA el 30 de
marzo de 2017. Afirmó que este documento indicaba que durante
las 24 horas anteriores se había observado un incremento
significativo de volúmenes de precipitación entre otros, en el sur del
piedemonte amazónico. Se previeron lluvias en esa zona.
➢ Informe técnico diario 090 de 31 de marzo de 2017, en el que el
ldeam registró similar reporte, indicando que el oriente del país
presentaría los mayores volúmenes en sectores de piedemonte y
occidente de Putumayo, Caquetá y Meta.
• Desconocimiento del precedente judicial, relativo a la responsabilidad
patrimonial del Estado en los eventos de ocurrencia de desastres
naturales.
Particularmente se refirió a la sentencia de 4 de junio de 2021 “expediente
63344” proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, que abordó
la demanda de reparación directa que pretendía la indemnización de
perjuicios causados por la ruptura del canal del Dique en la que se
consideró que tuvo origen en un hecho imprevisible como fue la ola
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07336-00
Demandante:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-
invernal de 2010. En ese mismo sentido, se transcribió apartes de las
sentencias de 30 de julio de 20211 y de 11 de octubre de 20212.
3. Pretensiones
La entidad accionante formuló las siguientes:
“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la IGUALDAD, PRINCIPIO
DE SEGURIDAD JURIDICA de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES, vulnerados con la actuación de la autoridad judicial
accionada.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 25 de marzo de 2022 proferida
por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
TERCERO: ORDENAR a la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca proferir nuevamente sentencia dentro del medio
de control de reparación directa No. 11001-3336-031-2019-00075-0001 teniendo
en cuenta el alcance probatorio de las pruebas aportadas al proceso y el
precedente del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que interpretó el
artículo 64 del Código Civil acerca de la fuerza mayor y el caso fortuito”.
4. Pruebas relevantes
Se allegó copia digital del expediente que contiene las actuaciones del medio de
control de reparación directa con radicado No. 11001-3336-031-2019-00075-00,
promovida por el señor Floriberto García Rodríguez y otros contra la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y otros.
5. Trámite procesal
Por auto de 11 de diciembre de 2023, el despacho de la magistrada sustanciadora
admitió la demanda y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como
al Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá, a la Nación,
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, al departamento de Putumayo, al
municipio de Mocoa y al señor Floriberto Rodríguez García, como terceros
interesados en el resultado del proceso.
De igual modo, dispuso oficiar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección “B” y al Juzgado Treinta y Uno Administrativo del
Circuito de Bogotá, en el evento que el expediente hubiese sido devuelto, para
que allegara copia digitalizada del proceso No. 11001-3336-031-2019-00075-01,
demandante: Floriberto Rodríguez García.
La Secretaría General de esta corporación libro los oficios Nos. 145367 a 145370
y 145387 a 145394 de 12 de diciembre de 2023, con el fin de notificar a las
partes3.
1 Radicación 08001-23-33-004-2013-00208-01(59287).
2 radicado 25000-23-26-2008-00177- 01 (46891)
3 El accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes
direcciones de correo electrónico: notificacionesjudiciales@gestiondelriesgo.gov.co,
notificacionesjudiciales@gestiondelriesgo.gov.co, scs03sb04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co,
scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co, notificaciones.judiciales@putumayo.gov.co, juridica@mocoa-
putumayo.gov.co?; notificacionjudicial@mocoa-putumayo.gov.co,
notificacionesjudiciales@gestiondelriesgo.gov.co, scs03sb04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co;
scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co, notificaciones.judiciales@putumayo.gov.co, : juridica@mocoa-
putumayo.gov.co?; notificacionjudicial@mocoa-putumayo.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co,
notificacionesjudiciales@corpoamazonia.gov.co, : admin31bt@cendoj.ramajudicial.gov.co,
procesosjudiciales@minambiente.gov.co.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07336-00
Demandante:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-
6. Oposición
6.1. Respuesta de la gobernación de Putumayo
La apoderada del ente territorial pidió que se conceda el amparo de los derechos
fundamentales invocados por la UNGRD y que se deje sin efectos la sentencia de
25 de marzo de 2022, proferida dentro del proceso de reparación directa No.
11001333603120190007501. En consecuencia, que se ordene dictar una decisión
de reemplazo que respete el precedente judicial relativo a los escenarios que
configuran la fuerza mayor como eximente responsabilidad del Estado cuando se
presentan desastres naturales.
Se refirió al cumplimiento de los presupuestos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial, bajo los mismos fundamentos
expuestos por la actora en la solicitud de amparo.
Indicó que se efectuó una indebida valoración del Decreto 599 de 6 de abril de
2017, por medio del cual la Presidencia de la República decretó la situación de
desastre en el municipio de Mocoa por el término de 12 meses, pues en ese acto
administrativo se estableció que “el desastre natural (técnicamente conocido
como avenida torrencial) obedeció a circunstancias ambientales imprevistas y de
magnitud inusitada” de lo que es posible concluir que se configuró la eximente de
responsabilidad de fuerza extraña en los términos señalados en la sentencia de
16 de julio de 20214, la cual transcribió in extenso.
De igual modo, hizo referencia al informe técnico sobre el fenómeno avenida
torrencial ocurrido en Mocoa, elaborado por la UNGRD, que determinó que tuvo
características de imprevisible e irresistible dado que “el desastre si era previsible
pero tenía características de imprevisible e irresistible ya que la amenaza, es
decir, el fenómeno de la avenida torrencial no se puede evitar, éste sucede cada
cierto tiempo por las características fisiográficas de la zona e imprevisible dado
que si bien es cierto, que las alertas de escala nacional ayudan a orientar en qué
áreas habrá precipitaciones, es muy difícil determinar cuánto y cuándo una nube
se estacionará en una montaña específica para detonar el evento”.
Asimismo, adujo que la autoridad judicial accionada restó valor probatorio a las
actuaciones adelantadas por el ente territorial demandando y la UNGRD para
mitigar el riesgo de los habitantes de Mocoa frente a un evento como el ocurrido
el 31 de marzo de 2017.
Para terminar, anotó que en la sentencia cuestionada se configuró violación
directa de la Constitución, porque al determinar el perjuicio moral no exigió prueba
de su ocurrencia, esto es, de la congoja, dolor que produjo la pérdida del pozo y
los peces que supuestamente era la actividad económica principal del
demandante.
6.2. Respuesta de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de La
Amazonía -Corpoamazonia-
El director general encargado pidió que se concedan las pretensiones de la
demanda y, en consecuencia, se deje sin efectos de la sentencia de proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”.
Al respecto, ratificó los hechos expuestos en la solicitud de amparo y en relación
con los fundamentos de la demanda, señaló que debe tenerse en cuenta que por
4 M.P. María Adriana Marín. Expediente 05001-23-31-000-2011-00607-01.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07336-00
Demandante:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-
sentencia C-386 de 2017 la Corte Constitucional indicó que el desastre natural
conocido como avenida torrencial ocurrido en Mocoa, obedeció a circunstancias
ambientales “imprevistas y de magnitud inusitada” y que lo sucedido desbordó la
capacidad institucional, lo que obligó al presidente de la República a declarar el
estado de emergencia económica, social y ecológica. En ese marco, manifestó
que la fuerza mayor es una causal eximente de responsabilidad que está
demostrada en el proceso de reparación directa.
Para efectos de fundamentar ese argumento, se refirió a sentencias proferidas en
casos idénticos por juzgados administrativos de Mocoa y el Tribunal
Administrativo de Nariño, sobre las cuales efectuó una transcripción in extenso de
algunos apartes.
De igual forma, adujo que se desconoce la sentencia proferida en el proceso con
radicado No. 110013343063-201900105-01, proferida por la Sección Tercera,
Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que estableció que
lo ocurrido en Mocoa el 31 de marzo de 2017 fue un hecho imprevisible por parte
de las autoridades demandadas, por lo que reprochó que ahora desconozcan su
propio precedente judicial.
También efectuó un listado de los procesos de reparación directa que han
abordado casos idénticos, esto es, la responsabilidad estatal derivada de lo
ocurrido el 31 de marzo de 2017 en Mocoa, en los que se declaró probada la
eximente de responsabilidad de fuerza mayor.
Puso de presente que en todos los conceptos técnicos emitidos por
Corpoamazonia se definió con claridad la no viabilidad de los proyectos de
construcción en las zonas afectadas, los cuales fueron debidamente comunicados
a los interesados y a la comunidad en general, a lo que agregó que “ningún
servidor público de Corpoamazonia en razón de su competencia ha dado lugar a
adelantar, desarrollar, promover, patrocinar, inducir, facilitar, tolerar, colaborar o
permitir el proyecto de construcción en zonas identificadas de alto riesgo”.
Finalmente, se refirió a un desequilibrio económico que se causaría con el pago
de la condena porque Corpoamazonia no cuenta con los recursos suficientes para
su funcionamiento.
6.3. Respuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
La apoderada pidió que se acceda a las pretensiones de la demanda y se
amparen los derechos fundamentales invocados por la actora. En consecuencia,
que se deje sin efecto la sentencia de 25 de marzo de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”,
dentro del proceso de reparación directa radicado bajo el No 11001-3336-031-
2019-00075-01.
Al respecto, señaló que la autoridad judicial accionada condenó a las entidades
administrativas demandadas “sin contar con las pruebas técnicas necesarias para
controvertir las aportadas por los demandantes en lo pertinente a la configuración
de la fuerza mayor en el evento natural presentado”, tales como los estudios
técnicos expedidos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales -IDEAM-, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres y el Servicio Geológico Colombiano -SGC-, que dan cuenta de que una
avenida torrencial es un hecho de la naturaleza que es imprevisible.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07336-00
Demandante:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-
Así mismo, expresó que se demostró en el expediente que el departamento de
Putumayo, el municipio de Mocoa y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres, adelantaron gestiones para mitigar el riesgo, sin embargo, no
fueron valoradas en el proceso de reparación directa.
Por último, adujo que se desconoció que “con la imprevisibilidad del hecho,
existen evidencias de que las entidades estatales obraron debidamente y aun así
el suceso natural superó toda gestión, antecedente y pronóstico. Además, no se
incorporaron al proceso pruebas que demostraran que las actividades de
mitigación realizadas por las entidades antes descritas hubieran sido insuficientes
e inadecuadas y por ende causantes de la supuesta afectación”.
6.4. Respuesta del señor Floriberto Rodríguez García
A través de apoderado judicial, el demandante dentro del proceso de reparación
directa objeto de tutela, pidió que se declare improcedente la acción de tutela al
considerar que no se cumple el requisito de inmediatez teniendo en cuenta que la
sentencia cuestionada se profirió el 25 de marzo de 2022 y la solicitud se formuló
el 5 de diciembre de 2023, esto es, superado el plazo de seis meses establecido
por la jurisprudencia constitucional como término razonable para presentar la
demanda.
Asimismo, señaló que el asunto carece de relevancia constitucional porque la
actora emplea la acción de tutela para dar continuidad al debate superado en el
trámite del proceso ordinario como una suerte de instancia adicional.
6.5. El Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá remitió el link
habilitado para consultar el expediente No. 11001-3336-031-2019-00075-00, sin
embargo, no se pronunció sobre los hechos y las pretensiones de la demanda.
Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “B” guardó silencio, pese a que se notificó el auto admisorio de la
demanda.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si con la sentencia de 25 de marzo de 2022,
que revocó el fallo de 30 de junio de 2021 proferido por el Juzgado Treinta y Uno
Administrativo del Circuito de Bogotá que había negado las pretensiones de la
demanda de reparación directa promovida por el señor Floriberto Rodríguez
García contra la UNGRD y otros y, en su lugar, declaró a las entidades
demandadas responsables administrativa y patrimonialmente por el daño
antijurídico sufrido por el señor Floriberto Rodríguez García con ocasión de la
“avenida torrencial” ocurrida el 31 de marzo de 2017 en el municipio de Mocoa,
Putumayo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “B”, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad
y el principio de seguridad jurídica, al incurrir en defecto sustantivo, fáctico,
violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07336-00
Demandante:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-
De manera previa, la Sala procederá a verificar si la acción de tutela cumple con
el requisito de la inmediatez.
3. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales”. Ahora bien, aun cuando la Carta Política hace uso de la
expresión “en todo momento y lugar”, lo que podría dar a entender que la acción
de amparo puede solicitarse en cualquier tiempo, sin importar la urgencia, ni la
relevancia de los derechos vulnerados, lo único cierto es que se trata de un
requisito que se debe valorar en cada caso concreto.
Sin embargo, la Corte Constitucional5 ha señalado que si bien no es posible
establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela,
ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto debe existir un
término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los
derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida
en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que
ver con la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una
persona, sino también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de
los terceros afectados.
En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que
la acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que
se tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y
no un término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio
excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza
en un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un
requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el
uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la
negligencia o indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 6
La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios orientadores para
que el juez de tutela pueda determinar7, en cada caso, si se ha cumplido con el
requisito de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentencia SU-391 de
20168, así: “(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación
personal del peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la
exigencia de presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en el
que se produce la vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a
los derechos fundamentales. En estos casos, para analizar la inmediatez el juez de
tutela no debe contar el término desde el momento en el que la vulneración o
amenaza inició hasta la fecha de presentación de la tutela, sino que debe tomar en
cuenta el tiempo por el que esta se prolongó; (iii) La naturaleza de la
vulneración: existen casos donde se presenta un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los derechos de los interesados.
De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora en la presentación de
la tutela guarda relación con la situación de vulneración de derechos fundamentales
5 Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
6 Ibídem.
7 Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia
T-246 de 2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño,
sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
8 Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07336-00
Demandante:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-
que alega el peticionario; (iv) La actuación contra la que se dirige la tutela: la
jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la inmediatez puede
variar dependiendo de la actuación que se identifica como vulneratoria de los
derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis
debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales
y (v) Los efectos de la tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un
motivo que justifique la demora en la interposición de la tutela, el juez debe tener en
cuenta los efectos que esta tendría en los derechos de terceros si se declarara
procedente”9
Específicamente, en torno a la verificación de este presupuesto cuando la tutela
que se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Plena de esta
Corporación mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410
estableció, como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse
en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de la
sentencia o providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal que
también ha sido acogido por la Corte Constitucional11.
4. Estudio y solución del caso concreto
La parte actora presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”, en defensa de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y el principio de seguridad jurídica, los
cuales consideró vulnerados con la sentencia de 25 de marzo de 2022 que revocó
la de 30 de junio de 2021 dictada por el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del
Circuito de Bogotá, en el marco del medio de control de reparación directa
promovido por el señor Floriberto Rodríguez García, que había negado las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, declaró a las entidades demandadas
responsables administrativa y patrimonialmente de los daños que sufrió el
demandante con el fenómeno denominado “avenida torrencial” ocurrida en
Mocoa, el 31 de marzo de 2017 y, en consecuencia, las condenó a reconocer la
respectiva indemnización de perjuicios materiales y morales.
Concretamente, la entidad accionante alegó la configuración de los defectos
sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente
judicial, al aplicar una interpretación sobre el alcance del elemento de
imprevisibilidad de la fuerza mayor como eximente de responsabilidad del Estado
que es contraria al ordenamiento jurídico, a lo que agregó que incurrió en un
defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas que obraban en el
expediente, dirigidas a demostrar que el fenómeno denominado “avenida
torrencial” ocurrido en Mocoa el 31 de marzo de 2017, era un hecho imprevisible.
De manera previa a cualquier consideración respecto del fondo del asunto, la Sala
estima necesario verificar si la presente acción de tutela cumple el requisito de
inmediatez, pertinente para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
Al respecto, se observa que la sentencia de 25 de marzo de 2022, proferida por la
Sección Tercera, Subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se
notificó a la parte demandante mediante correo electrónico el 26 de abril de 2022,
lo que se evidencia en el sistema de control de procesos de la Rama Judicial
Siglo XXI12, como lo muestra la siguiente imagen:
9 Ibídem.
10 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
11 T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-619 de 2019, M. P. Antonio José Lizarazo
Ocampo.
12 https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07336-00
Demandante:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-
Lo anterior, permite concluir que la decisión objeto de reproche constitucional se
entiende notificada el 1 de mayo de 202213, mientras que la solicitud de amparo
fue promovida el 5 de diciembre de 202314, es decir, transcurrió un (1) año, siete
(7) meses y cuatro (4) días entre el momento de la notificación y el de la
interposición de la acción constitucional, término que desborda el plazo razonable
establecido jurisprudencialmente por la Sala Plena de esta Corporación, acogido
igualmente por la Corte Constitucional.
Al respecto, cabe resaltar que la Corte Constitucional en diferentes decisiones ha
ratificado la posición jurisprudencial de esta Corporación, al indicar que el plazo
razonable para interponer la acción de tutela, si bien no es un término fijo, puede
entenderse como un periodo prudencial de seis (6) meses, el cual debe analizarse
en general, “en relación con el hecho generador de la tutela, las condiciones del
accionante y los derechos que subyacen en la pretensión”15, respecto del cual ha
precisado “que (…) ha entendido que seis meses es un plazo razonable para
satisfacer el requisito de inmediatez sin que ello signifique que dicho término es
perentorio16”.
En este mismo sentido, en la sentencia T-619 de 2019, la Corte estimó que “el
juez debe ser muy cuidadoso en la constatación de este requisito por estar en
riesgo la seguridad jurídica y, aunque se ha destacado un periodo determinado (6
meses), lo cierto es que también se ha extendido dicho lapso, pues para su
fijación se debe acudir a criterios como el de razonabilidad y proporcionalidad en
cuya valoración le corresponde al juez tener en cuenta las circunstancias que
caractericen al caso concreto17”.
De otra parte, resulta importante resaltar que la Corte Constitucional en sentencia
T-001 de 202218, señaló que para determinar si se presentó una tardanza
injustificada en la interposición de la solicitud de amparo, se debe verificar la
razonabilidad19 y la oportunidad20 de la acción de tutela, para lo cual se tornan
13 De conformidad con el artículo 205 del Código “La notificación electrónica de las providencias se someterá
a las siguientes reglas: La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al canal digital registrado y
para su envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje. 2.
La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes
al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. Se
presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se
pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El Secretario hará constar este hecho
en el expediente. De las notificaciones realizadas electrónicamente se conservarán los registros para consulta
permanente en línea por cualquier interesado”.
14 Constancia de radicación por medios electrónicos que reposa en el índice 1 de Samai en el Link
https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=11001-03-15-000-2023-07336-00.
15 Sentencia T-422 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
16 Sentencia T-338 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
17 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
18 M.P.: Paola Andrea Meneses Mosquera. Postura que se reitera de la Sentencia SU-108 de 2018.
19 “(a) la tardanza en la interposición de la tutela supone una eventual violación de los derechos de terceros;
(b) “cuánto tiempo trascurrió entre la expedición de una sentencia de unificación novedosa de esta Corte
sobre una materia discutida y la presentación del amparo”; (c) cuánto tiempo pasó entre el momento del
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07336-00
Demandante:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-
relevantes los siguientes aspectos: “(a) si el accionante pertenece a un grupo
vulnerable; (b) las situaciones personales o coyunturales que le hayan impedido
acudir de forma inmediata a la jurisdicción constitucional; (c) el aislamiento
geográfico; (d) la condición económica del actor y la posible agravación de su
situación; (e) la eventual vulneración de derechos de terceros; (f) la falta absoluta
de diligencia por parte del afectado; y (h) “la posibilidad de que el amparo
represente una seria afectación a la seguridad jurídica”.
En vista de lo anterior, se observa que no siempre el simple transcurso del tiempo
puede llevar al juez a concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda
vez que pueden existir circunstancias especiales que no solo justifiquen que la
acción de tutela no se haya presentado en un término razonable y oportuno, sino
que demuestren que el hecho o la omisión que vulnera el derecho fundamental
sean permanentes, persisten en el tiempo, y hacen que la violación sea siempre
actual.
En el presente caso, no se presentaron circunstancias especiales ni la parte
actora aportó prueba de ello, con el fin de que el juez de tutela diera por superado
el requisito de la inmediatez, solamente se refirió de manera general a la
sentencia SU-332 de 2019 para señalar que la Corte Constitucional ha
flexibilizado en algunos casos ese plazo, sin embargo, no expuso alguna razón
para justificar, en este caso, la necesidad de aplicar esa regla así como tampoco
la tardanza en la interposición de la acción de tutela de acuerdo con las reglas
jurisprudenciales fijadas por la Corte.
Ahora bien, frente al presupuesto de la inmediatez la actora hizo un análisis
tomando como referente el auto de obedézcase y cúmplase proferido por el
juzgado de primera instancia el 23 de junio de 2022. Al respecto, la Sala debe
precisar que este presupuesto tiene como referente el conocimiento del hecho
que se alega como causa de la violación de los derechos fundamentales que, en
el asunto bajo estudio, es la decisión adoptada en la sentencia de 25 de marzo de
2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “B”, de la cual tuvo conocimiento el 26 de abril de esa anualidad
cuando le fue notificado dicho fallo a través de correo electrónico.
Por las razones expuestas, la acción de tutela fue presentada con
desconocimiento del requisito de inmediatez y, en esa medida, se debe declarar
su improcedencia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
hecho que fundamentó la acción de tutela y la interposición de la misma; y (d) “cuál ha sido el lapso que la
jurisprudencia de esta Corte ha juzgado irrazonable en casos similares al que está por resolverse”.
20 “(a) la existencia de motivos de peso para la inactividad de los accionantes; (b) “si la inactividad justificada
vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión”; (c) si existe un nexo causal
entre la demora en la interposición de la tutela y la vulneración de las garantías ius fundamentales alegadas; y
(d) si el fundamento de la acción de tutela surgió con posterioridad al acaecimiento de la actuación lesiva de
derechos fundamentales, “de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición”.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07336-00
Demandante:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-
RESUELVE:
Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-, quien actúa
por conducto de apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.