Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07338-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07338-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-07338-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
15 de abril de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá D.C, quince (15) de abril de dos mil veinticuatro (2024).
Consejero Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-07338-01
Demandante: UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES
Demandado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL. FUERZA MAYOR COMO CAUSAL
EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD. ANÁLISIS DE
LOS DEFECTOS SUSTANTIVO, FÁCTICO Y POR
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL.
Síntesis del caso: la autoridad demandante cuestionó la providencia en la que se accedió a
las pretensiones de una demanda de reparación directa presentada en su contra. La Sala
revocará la sentencia que declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional y en su lugar, negará las pretensiones de la demanda
porque si bien este mecanismo cumple con los requisitos de procedibilidad, lo cierto es que
no se demostraron los defectos invocados.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la demandante en contra de la
sentencia de 8 de febrero de 2024 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado en la que se resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia. (...)”. (mayúsculas y negrillas del original – archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI).
II. ANTECEDENTES
La autoridad actora promovió proceso de acción de tutela1 en contra de la sentencia
de 15 de junio de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda que promovieron en su contra la señora Gloria Amparo
1
Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 5 de diciembre de 2023.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07338-01
Demandante: UNGRD
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Montenegro y otros en el proceso de reparación directa no. 11001-33-36-031-2019-
00078-01, por cuanto, a su juicio, esa providencia judicial incurrió en los defectos
sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y fáctico y vulneró sus derechos
fundamentales del debido proceso e igualdad.
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la autoridad demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:
1) Gloria Amparo Montenegro y otros2 promovieron una demanda en contra del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres (en adelante UNGRD), la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Sur de la Amazonia (en adelante Corpoamazonía), el departamento
de Putumayo y el municipio de Mocoa para que se declarara a esas autoridades
responsables por los perjuicios causados debido a la omisión de tomar medidas
administrativas para prevenir la destrucción material resultante de una avalancha
ocurrida el 31 de marzo de 2017 en Mocoa3.
2) El 30 de junio de 2021, el Juzgado 31 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá profirió sentencia en la cual negó las pretensiones de la demanda con
fundamento en que se configuró la fuerza mayor como causal eximente de
responsabilidad, ya que el evento de la avenida torrencial fue resultado de un
fenómeno natural hidrometeorológico ajeno a las funciones asignadas a las
autoridades demandadas.
3) Los demandantes apelaron esa decisión4 y, a través de sentencia de 15 de junio
de 2023, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
2
Ángela Patricia Rodríguez Montenegro y Luís Carlos Rodríguez Montenegro
3
La demanda se basó en el daño ocasionado por la avalancha, que resultó en la destrucción total
del inmueble tomado en arrendamiento por los demandantes junto con la pérdida de todos sus
enseres, electrodomésticos y pertenencias personales.
4
Argumentaron que el análisis de responsabilidad debía realizarse desde la perspectiva de las
graves violaciones a los derechos humanos de los habitantes de Mocoa.
Se refirieron a las investigaciones en curso por la presunta responsabilidad penal de funcionarios de
los entes territoriales por las causas y efectos de la avalancha de 31 de marzo de 2017.
Alegaron que el juzgado se abstuvo de aplicar el artículo 167 del CGP, lo cual constituyó una
violación al principio de carga dinámica de la prueba, en atención a que las demandadas no
satisficieron el deber de aportar todas las pruebas en su poder; sostuvieron que hubo una vulneración
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07338-01
Demandante: UNGRD
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Cundinamarca revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, declaró la
responsabilidad conjunta y solidaria de la UNGRD con las demás autoridades
demandadas por no tomar las medidas adecuadas para prevenir o mitigar el impacto
del desastre natural y las condenó al pago de una indemnización en favor de los
demandantes por concepto de perjuicio moral.
4) La autoridad judicial demandada concluyó que se probó la existencia de un daño
antijurídico causado por la acción y omisión de las autoridades demandadas en la
medida en que, a pesar de conocer los riesgos de avalancha en la zona, no tomaron
las medidas adecuadas para prevenir o mitigar el impacto de tal evento.
5) El tribunal determinó que las autoridades demandadas tenían la obligación de
prevenir y mitigar el riesgo de desastres naturales, que la inactividad y la falta de
adopción de medidas adecuadas constituyeron una omisión que contribuyó al daño
sufrido por los demandantes y que, aunque la avalancha fue causada por
condiciones naturales, el daño resultante se pudo prevenir o mitigar si hubieran
cumplido adecuadamente con sus deberes y responsabilidades.
2. Los fundamentos de la vulneración
La parte actora afirmó que la sentencia de la Subsección B de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto sustantivo, un
defecto fáctico y un desconocimiento del precedente judicial.
Sobre el defecto sustantivo afirmó que la sentencia cuestionada se limitó a hacer
una transcripción textual de la Ley 1523 de 2012 sobre las autoridades que integran
el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres sin que explicara las
razones por las cuales descartó la causal eximente de fuerza mayor, a pesar de las
evidencias y los argumentos presentados por la UNGRD que demostraban la
imprevisibilidad y la irresistibilidad del desastre ocurrido en Mocoa.
al principio de precaución, argumentando que no todo hecho de la naturaleza puede ser suficiente
para exonerar de responsabilidad al Estado y afirmaron que las autoridades demandadas debieron
demostrar que tomaron las medidas técnicas necesarias para evitar la tragedia y que cumplieron con
sus deberes de vigilancia y cuidado.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07338-01
Demandante: UNGRD
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Frente a los fundamentos del defecto fáctico se afirmó que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca incurrió en tal defecto por carecer del apoyo probatorio para
sustentar sus afirmaciones y descartar la existencia de una fuerza mayor como
causal de exoneración de responsabilidad.
De manera concreta, señaló que se presentó una indebida valoración de las
siguientes pruebas:
• Documento de “identificación y caracterización de sitios críticos de amenaza”,
elaborado por Corpoamazonía en marzo de 2014: la autoridad judicial demandada
consideró que este documento era relevante para demostrar el conocimiento previo
sobre áreas de alto riesgo dentro del municipio de Mocoa, sin embargo, para la
UNGRD se demostró que los efectos específicos de la avalancha de 2017 no eran
previsibles y, por ende, resultaron inevitables.
• Acuerdo No. 028 del 22 de diciembre de 2008, aprobado por el Concejo municipal
de Mocoa: para el tribunal este documento contiene disposiciones relacionadas con
la gestión del riesgo y la planificación territorial fundamentales para entender las
medidas de mitigación y preparación que debía adoptar el municipio antes del
desastre; no obstante, para la UNGRD esa prueba únicamente es indicativa de que,
por la ubicación geográfica del municipio de Mocoa, existían amenazas de avenidas
torrenciales, inundaciones y erosiones.
• “INFORME TÉCNICO EVENTO AVENIDA TORRENCIAL OCURRIDA EN LA
CIUDAD DE MOCOA (PUTUMAYO) EL 31 DE MARZO DE 2017: este informe que
para la autoridad judicial demandada ofreció un análisis detallado de las
circunstancias y consecuencias de la avalancha, incluyendo factores como la
intensidad de las lluvias y la respuesta de las autoridades, por el contrario, para la
UNGRD evidenciaba la extraordinaria naturaleza del evento y, en particular, su
imprevisibilidad y la magnitud de su impacto, elementos clave para la configuración
de la fuerza mayor.
Respecto del desconocimiento del precedente judicial, la autoridad demandante
afirmó que la providencia del tribunal se apartó de una sentencia proferida por la
Sección Tercera de esta Corporación el 4 de junio de 2021 en la que se consideró
que la ola invernal que afectó a los departamentos de Atlántico y Magdalena en el
año 2010 fue un hecho natural imprevisible de fuerza mayor y se eximió a las
autoridades estatales de responsabilidad.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07338-01
Demandante: UNGRD
Acción de tutela – Impugnación de fallo
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, el demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:
“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la IGUALDAD,
PRINCIPIO DE SEGU[R]IDAD JURIDICA de la UNIDAD NACIONAL
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, vulnerados con la
actuación de la autoridad judicial accionada.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 15 de junio de 2023
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
TERCERO: ORDENAR a la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferir nuevamente sentencia
dentro del medio de control de reparación directa No. 11001-33-36-031-
2019-00078-01 teniendo en cuenta el alcance probatorio de las pruebas
aportadas al proceso y el precedente del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional que interpretó el artículo 64 del Código Civil acerca de la
fuerza mayor y el caso fortuito.”. (archivo disponible en medio magnético
en el aplicativo SAMAI –negrillas y mayúsculas del original).
4. Actuación en primer grado
Mediante auto de 11 de diciembre de 2023, la Sección Primera del Consejo de
Estado admitió el proceso de acción de tutela, notificó a los magistrados integrantes
de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y vinculó a las personas que obraron como demandantes en el
proceso de reparación directa y al titular del Juzgado 31 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá por asistirles interés en el resultado del proceso.
5. Actuación de las autoridades judiciales demandadas
La magistrada ponente de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca sostuvo que la decisión cuestionada estuvo
debidamente fundamentada, enfatizó que se respetó el precedente judicial
relevante, según el cual el Consejo de Estado determinó que, en situaciones donde
los daños provienen de desastres naturales es crucial evaluar si estos constituyen
una fuerza mayor que pueda eximir de responsabilidad a las entidades demandadas
y, en el caso presente, tras el análisis de las pruebas, se concluyó que no se
configuró dicha eximente de responsabilidad.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07338-01
Demandante: UNGRD
Acción de tutela – Impugnación de fallo
La señora Gloria Amparo Montenegro y otros contestaron la acción de tutela por
intermedio de apoderado y solicitaron que se declarara la improcedencia de la
acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en
atención a que la autoridad actora reiteró los argumentos que expuso en el proceso
ordinario, por lo cual pretendió emplear a la acción de tutela como una tercera
instancia para insistir en su inconformismo con la decisión proferida por el juez
natural de la causa.
6. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia de 8 de febrero de 2024, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional.
Para el a quo, la acción de tutela no cumplió con los criterios necesarios para
determinar la relevancia constitucional en atención a que la disputa planteada por
el demandante se centró en las interpretaciones jurídicas y valoraciones probatorias
que correspondieron al juez natural del proceso ordinario.
Las inconformidades planteadas por la UNGRD estaban orientadas a argumentar
un defecto sustantivo y un defecto fáctico, sin embargo, tales inconformidades se
dirigieron principalmente a cuestiones relativas a la valoración probatoria y la
interpretación de normas de carácter legal, lo cual evidencia un intento de utilizar a
la acción de tutela como una instancia adicional para debatir asuntos ya resueltos
en el proceso ordinario.
La acción de tutela no podía ser utilizada como una instancia adicional para la
revisión de decisiones judiciales ya adoptadas, especialmente cuando no se
demostraba una vulneración directa y significativa de derechos fundamentales.
7. Impugnación
La UNGRD presentó impugnación y le fue concedida con auto de 4 de marzo de
2024.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07338-01
Demandante: UNGRD
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Como planteamientos en contra de la sentencia del a quo la parte demandante
afirmó que, contrario a lo decidido, el asunto sí superó el requisito de relevancia
constitucional en la medida que la demanda se orientó a la protección de derechos
fundamentales y en ella se expresaron claramente los fundamentos de la
vulneración.
La UNGRD insistió en la importancia de la intervención del juez constitucional para
proteger, no solo los derechos fundamentales involucrados, sino también el
patrimonio público como un derecho de alta connotación, lo cual representa que se
trata de una cuestión de relevancia constitucional.
La acción no se limitó a una discrepancia sobre la interpretación y aplicación de
normas legales, sino que tocó aspectos fundamentales del orden constitucional.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones estas que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce
mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera
inmediata y eficaz, los derechos constitucionales fundamentales amenazados o
vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir con
ella términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07338-01
Demandante: UNGRD
Acción de tutela – Impugnación de fallo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección
B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de
que se protejan los derechos constitucionales fundamentales del debido proceso e
igualdad presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia proferida por esa
autoridad judicial el 15 de junio de 2023, por cuanto, a su juicio, incurrió en un
defecto sustantivo, un desconocimiento del precedente judicial y un defecto fáctico.
En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala revocará la sentencia
de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplirse
con el requisito de relevancia constitucional y, en su lugar, negará las pretensiones
de la demanda por las razones que procederán a exponerse:
2.1 La procedencia de la acción de tutela
1) Lo primero es señalar que el presente caso sí cumplió con los requisitos genéricos
de procedibilidad enunciados por la jurisprudencia constitucional, por lo cual se
advierte que la Sala no comparte el criterio expuesto por el a quo quien señaló que
el presente asunto no superaba el requisito de relevancia constitucional.
2) Lo anterior, por cuanto la acción de tutela contiene las razones por las cuales se
consideró que el amparo deprecado debe ser valorado por el juez constitucional por
la presunta configuración de los defectos antes mencionados, planteamientos que
no pudieron ser discutidos en el trámite del proceso ordinario y que tienen relación
directa con garantías fundamentales como el debido proceso y el acceso a la
administración de justicia, máxime porque se controvierte la sentencia de segunda
instancia que revocó aquella en la que se negaron a las pretensiones de una
demanda de reparación directa para, en su lugar, condenar a la autoridad aquí
demandante. Si bien la discusión en el proceso ordinario giró en torno a la fuerza
mayor como causal de exoneración de responsabilidad, lo cierto es que el debate
que se propone en esta instancia constitucional lo que pretende poner de manifiesto
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07338-01
Demandante: UNGRD
Acción de tutela – Impugnación de fallo
es un reproche a la providencia de segunda instancia y, por ende, no se trata de
una mera reiteración de lo debatido en el medio de control de reparación directa.
3) En lo demás, la acción de tutela superó los requisitos especiales de procedencia
en la medida que: (i) se agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles
para la persona afectada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; (ii) se
cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue
promovida dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia
atacada5; (iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal que deba
ser tenida como un efecto determinante en la sentencia que se impugna y que afecte
los derechos fundamentales de la parte actora; (iv) la parte actora identificó de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
que se transgredieron y, finalmente, (v) no se ataca una sentencia de tutela.
3. Caracterización del defecto sustantivo
i) Conforme con la jurisprudencia constitucional, el defecto sustantivo se configura
cuando una providencia judicial se sustenta con base en fundamentos jurídicos a
todas luces no subsumibles al caso objeto de la litis o con base en “una
interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”6.
ii) La Corte Constitucional estableció7 que el defecto sustantivo abarca múltiples
causas que pueden generar un yerro en la aplicación o interpretación del derecho y
que, por tal razón, pueden llegar a afectar ostensiblemente el derecho fundamental
del debido proceso de las partes por la errónea elección de fuentes jurídicas o por
la omisión de normas aplicables que pueden ser las subreglas jurisprudenciales que
gobiernen una determinada materia. Esa misma Corporación señaló que se genera
cuando una determinada autoridad judicial:
“i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por
cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su
inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al
caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa no
tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar
del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a
las autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente -
5
La sentencia cuestionada se notificó el 26 de junio de 2023 y la acción de tutela se presentó ante
esta Corporación el 5 de diciembre de 2023.
6
Corte Constitucional, sentencia T-073 de 2015, MP Mauricio González Cuervo.
7
Corte Constitucional, sentencia SU-298 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07338-01
Demandante: UNGRD
Acción de tutela – Impugnación de fallo
interpretación contra legem- o claramente irrazonable o
desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial –horizontal o
vertical- sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la
Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por
alguna de las partes en el proceso8.”.
3.1 Análisis del defecto sustantivo en el caso concreto.
1) En el asunto sub examine, la UNGRD alegó que en la sentencia cuestionada la
autoridad judicial hizo una simple transcripción de la Ley 1523 de 2012 sin que
motivara las razones por las cuales descartó la causal eximente de fuerza mayor, a
pesar de las pruebas que demostraban la imprevisibilidad e irresistibilidad de la
avalancha que ocasionó los perjuicios a los demandantes.
2) Para resolver este cargo concreto de la demanda la Sala transcribirá las
consideraciones de la autoridad judicial demandada respecto de la causal eximente
de responsabilidad por fuerza mayor:
“La sección tercera del Consejo de Estado ha precisado que cuando
se endilga responsabilidad a la Administración por omisión en sus
deberes frente a la prevención de desastres naturales, es menester
identificar con claridad el contenido obligacional de la entidad
imputada tanto como el carácter previsible e irresistible del suceso.
Al respecto dijo la Corporación (...)
En atención a lo anterior, la Sección Tercera ha dispuesto que la
imputación de responsabilidad al Estado por los daños antijurídicos
derivados de la ocurrencia de desastres naturales dependerá de que
se establezca su previsibilidad y resistibilidad, en conjunto con la
inactividad del Estado que, conocedor de la potencial ocurrencia del
fenómeno natural, no ejecuta acción alguna tendiente a conjurarlo,
encontrándose obligado a ello, responsabilidad que también resulta
comprometida si se establece que con su conducta activa, el Estado
expuso a los administrados al fenómeno natural. Ello, por cuanto en
principio estos eventos se consideran constitutivos de fuerza mayor. (...)
Si a efectos de enervar su responsabilidad la administración aduce
que el desastre natural constituyó una fuerza mayor, deberá
acreditar que aquél no podía ser previsto por ella y, aún en el evento
de que sí pudiera ser anticipado, que era irresistible. (...)
Las pruebas aportadas dan cuenta de que las accionadas
incumplieron los referidos mandatos, en la medida en que no
implementaron mecanismos estructurales y no estructurales de mitigación
del riesgo, a pesar de que múltiples documentos los recomendaron. (...)
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Corte Constitucional, sentencia T- 830 de 2012. MP, Jorge Ignacio Pretelt.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07338-01
Demandante: UNGRD
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Por su parte, la UNGRD, Corpoamazonía y el departamento del Putumayo
atendieron con ineficiencia las peticiones del municipio afectado, a
pesar de que les correspondía apoyarlo en virtud del principio de
subsidiariedad positiva. Las respuestas fueron tardías, elusivas y en
gran medida abstencionistas en cuanto a brindar un apoyo real a la
entidad municipal. (...)
No es marginal la omisión por parte del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, y de la UNGRD, puesto que estas fueron citadas
a un debate de control político ante el Congreso de la República, con
anterioridad al trágico suceso, relacionado con su inactividad para
evitar riesgos como el que se materializó. Así las cosas, no es dable
alegar ignorancia de la posibilidad de la avenida torrencial, como lo
hace la referida cartera, cuando fue sometida a control político por sus
omisiones frente a amenazas como la que se cernía sobre la capital del
Putumayo.
La fuerza mayor
No obstante lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
establecido que en los casos en que los daños derivan de desastres
naturales, es menester determinar si estos constituyeron una fuerza
mayor, de modo que pueda eximirse de responsabilidad a las entidades
demandadas a pesar de sus omisiones. (...)
Las partes refieren que el día de la tragedia se produjo una pluviosidad
inusitada, de modo que esto hizo imprevisible la avenida torrencial. Sin
embargo, es claro para la Sal[a] que este aspecto, si bien tuvo relación
con el desastroso resultado, tan solo sirvió como detonante de un
fenómeno multi causal y las demás causas eran plenamente conocidos
por las accionadas (topología, alta pluviosidad, características del suelo,
asentamiento de comunidades e infraestructura en zonas de riesgo alto y
medio etc.)
Evidentemente existe, y existía para la época anterior a la avenida
torrencial del 31 de marzo de 2017 en Mocoa, el conocimiento
generalizado de la vulnerabilidad y predisposición de la zona ante
estos fenómenos naturales. Por eso, la UNGRD presentó informe
técnico en el que expuso que el desastre sí era previsible, pero tenía
características de imprevisible a irresistible, no se sabe el momento
exacto en que ocurrirá, pero sí la vulnerabilidad de la zona. (...)
Por contera, no se configura el eximente de responsabilidad de fuerza
mayor al no estar presente el elemento de imprevisibilidad.
En suma, las entidades demandadas, encontrándose obligadas a ello, no
ejecutaron las acciones necesarias y pertinentes, tendientes a conjurar la
destrucción descomunal presentada en Mocoa por los hechos materia del
proceso. Desconocieron la participación coordinada y planificada en los
diferentes niveles del territorio a instancias de articulación necesaria para
las adecuadas gestiones del riesgo y ambiental.
Se observa una omisión en el deber de vigilancia y cuidado para
adoptar las medidas de prevención requeridas en el caso concreto.
Ni siquiera se contaba en el momento de los hechos con un Sistema
de Alertas Tempranas en el municipio.
Por lo anterior, las excepciones propuestas por las demandadas y el
eximente de responsabilidad de fuerza mayor formulado, será
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07338-01
Demandante: UNGRD
Acción de tutela – Impugnación de fallo
negado.”. (resalta la Sala – archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI)
3) Como viene de leerse, es evidente que en la providencia cuestionada la autoridad
judicial no se limitó a hacer una simple transcripción de la Ley 1523 de 2012 o mucho
menos que se haya abstenido de justificar las razones para negar la causal
eximente de responsabilidad por fuerza mayor, por el contrario, la revisión integral
de esa sentencia da cuenta que el tribunal, en un claro ejercicio de la autonomía
judicial que le es propia, evaluó de manera integral los antecedentes, el contexto y
las circunstancias específicas del caso para concluir de manera razonable que, a
pesar de la naturaleza devastadora del evento, las condiciones de riesgo eran
conocidas y previsibles dada la ubicación geográfica y los estudios previos que
alertaban sobre la posibilidad de tales eventos en el municipio de Mocoa.
4) A partir de esa valoración, el tribunal creó un acápite dedicado a analizar los
cargos de las contestaciones a la demanda de reparación directa relacionados con
la causal eximente de responsabilidad por fuerza mayor en el cual estimó probado
que la UNGRD y las demás autoridades demandadas tenían conocimiento previo
de los riesgos y vulnerabilidades del área afectada por la avalancha, a tal punto que
incluso habían sido citadas a un debate de control político ante la falta de acciones
con antelación al trágico suceso, por lo cual reprochó que no se implementaran
medidas preventivas y de mitigación adecuadas.
5) A juicio de esta Sala, la autoridad judicial demandada analizó razonablemente y
en el marco de la autonomía y la independencia judicial la definición, aplicación y
requisitos de la fuerza mayor y evaluó la previsibilidad del desastre para concluir
que, aunque la avalancha fue un fenómeno de la naturaleza y, por tanto, superó la
capacidad de control humano, la exterioridad y la irresistibilidad del evento no
implicaron automáticamente que fuera imprevisible.
6) Sobre el particular es de señalar que la jurisprudencia constitucional es enfática
en sostener que cuando una decisión se fundamenta en un determinado criterio
jurídico y en una razonable interpretación de las normas aplicables al caso no se
configura un defecto en la respectiva providencia judicial pues, ello implicaría una
intromisión arbitraria del juez constitucional que afectaría de manera grave los
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07338-01
Demandante: UNGRD
Acción de tutela – Impugnación de fallo
principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, los cuales en
forma precisa habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal.
7) En esa medida no es posible afirmar que la providencia cuestionada adoleciera
de un defecto sustantivo que vulnerara los derechos constitucionales fundamentales
de la parte actora y, en consecuencia, se negará este cargo de la demanda.
4. Caracterización del defecto fáctico.
i) El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las
pruebas que tiene una incidencia directa en la decisión. Sobre dicho requisito
específico de acciones de tutela contra providencias judiciales la Corte
Constitucional9 ha reconocido que esta tipología tiene dos dimensiones: una
negativa y una positiva.
ii) La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como, por ejemplo, (i)
ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el
desenlace del proceso; (ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; o (iii) no decretar pruebas de
oficio en los procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado
a hacerlo.
iii) Por su parte, la dimensión positiva tiene lugar cuando el juez efectúa una
valoración por completo equivocada o fundamenta su decisión en una prueba no
apta para ello, ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas,
si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión; o (v) por decidir con
medios de prueba que, por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en
que se basa la providencia.
4.1 Análisis del defecto fáctico en el caso concreto.
1) La autoridad demandante afirmó que en la sentencia no se valoró de manera
adecuada y completa las pruebas disponibles, llevando a una conclusión jurídica
errónea sobre la responsabilidad de la UNGRD en la avalancha fuente del daño.
9
Corte Constitucional, sentencia T-041 de 2018, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07338-01
Demandante: UNGRD
Acción de tutela – Impugnación de fallo
2) La UNGRD reclamó que se presentó un defecto fáctico en su dimensión positiva
respecto de los documentos denominados “identificación y caracterización de sitios
críticos de amenaza elaborado por Corpoamazonía en marzo de 2014”, “Acuerdo
No. 028 del 22 de diciembre de 2008 aprobado por el Concejo municipal de Mocoa”
e “Informe Técnico Evento Avenida Torrencial Ocurrida en la ciudad de Mocoa el 31
de marzo de 2017”, por cuanto, a su juicio, con ellos se demostró que los efectos
de la avalancha de 2017 no eran previsibles e inevitables.
3) Respecto de tales pruebas se hicieron las siguientes consideraciones en la
sentencia atacada:
“En virtud de las pruebas descritas en este apartado, la Sala encuentra
que han sido registrados eventos del tipo inundación, desplazamiento y
avenida torrencial, entre otros, desde el año 1947 en Mocoa. La
preocupación por dichos fenómenos ha sido un aspecto definitivo en el
debate público mocoano, al punto que el respectivo Plan de ordenamiento
territorial previó como riegos comunes las amenazas de deslizamientos,
inundaciones y avenidas torrenciales, ya en el año 2000.
Corpoamazonía y la defensa civil diagnosticaron riesgos de avalancha,
avenida torrencial e inundaciones en Mocoa, mediante sendos
documentos, al punto en que la primera entidad recomendó actualizar la
información sobre áreas de amenaza por inundación, en aras de
determinar el grado de vulnerabilidad.
También documentó la Defensa Civil un derrumbe desde el año 2011
sobre el cauce de la quebrada la Taruca «con el agravante que la cárcava
se aumenta cada día más y que el material que produce los
deslizamientos siguen cayendo». Advirtió el organismo que la inclinación
del terreno permitía calcular que, en caso de avalancha sobre la cabecera
municipal, el movimiento podría llegar en menos de 30 minutos, de modo
que «no habr[ía] tiempo para organizar una evacuación masiva si no
existe una alerta temprana».
En 2014, Corpoamazonía identificó como problemática la existencia de
procesos erosivos en las márgenes de los ríos Mulato, Sangoyaco y
Mocoa, así como las quebradas Taruquita y Taruca, entre otras;
asociados a inundaciones producidas por los referidos ríos. Además,
indicó que el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre fue
socializado pero no había acto administrativo que demostrara su
aprobación, así como que los cuerpos de socorro como La Defensa Civil,
Bomberos Voluntarios y Cruz Roja no estaban «dotados de los elementos
necesarios para atender las emergencia que se presentan en el municipio
de Mocoa, carecen de vehículos adecuados para transportan heridos,
presenta déficit de botes para atender emergencias de inundación y
evacuación, tienen deficientes equipos de maquinaria para atender
incendios a escala mayores».
Es decir, había una noción histórica de eventos asociados a fenómenos
hidrológicos en quebradas como la Taruca y la Taruquita, así como en los
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07338-01
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Acción de tutela – Impugnación de fallo
ríos Sangayoco y Mocoa, que desde el 2011, por lo menos, suscitó una
creciente preocupación por el riesgo de avalanchas y avenidas
torrenciales sobre Mocoa, especialmente problemático por la
incertidumbre sobre el grado de vulnerabilidad, la falta de capacidad de
respuesta y la ausencia de un sistema de alerta temprana que permitiera
enfrentar esas contingencias mediante la evacuación de habitantes. (...)
Especial atención amerita el INFORME TÉCNICO EVENTO AVENIDA
TORRENCIAL OCURRIDA EN LA CIUDAD DE MOCOA (PUTUMAYO)
EL 31 DE MARZO DE 2017, rendido por la UNGRD con posterioridad al
suceso, en la medida en que hace una serie de afirmaciones que
apuntan a las causas de la tragedia. La primera de ellas es que se
requiere que existan dos dinámicas acopladas, para que ocurra un
desastre como el referido: por un lado, los condicionantes de la
naturaleza y, por otro, la configuración del riesgo debido a la
exposición de los elementos expuestos (infraestructura y
comunidades). (...)
Por otra parte, el informe de la UNGRD ofrece una explicación
contradictoria en torno a si esa avenida torrencial era previsible o no.
Específicamente dice que:
“[E]l desastre si era previsible pero tenía características de imprevisible e
irresistible ya que la amenaza, es decir, el fenómeno de avenida torrencial
no se puede evitar, éste sucede cada cierto tiempo por las características
fisiográficas de la zona e imprevisible dado que si bien es cierto, que las
alertas de escala nacional ayudan a orientar en qué áreas habrá
precipitaciones, es muy difícil determinar cuánto y cuándo una nube se
estacionará en una montaña específica para detonar el evento, por ello la
dinámica de ocupación del territorio es clave en la GRD.
El evento ocurrido se materializó en zonas que estaban previamente
identificadas como zonas de amenaza y riesgo en el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial de Mocoa, el cual determinaba en los
documentos que hacen parte del mismo, medidas de reducción del riesgo
tales como reubicación de viviendas, procesos de reforestación, y
adecuación hidráulica de ríos y quebradas. Se anexa informe de análisis
del Plan de Ordenamiento de Territorial del municipio.”. (resalta la Sala –
archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI)
4) De acuerdo con lo expuesto, la Sala extrae que el tribunal valoró de manera
integral las pruebas presentadas en el proceso ordinario, incluyendo aquellas que
la parte actora estimó que no fueron valoradas o lo fueron de manera indebida y, a
partir de dicho análisis, es posible concluir que la decisión de no encontrar
demostrada la fuerza mayor como causal eximente de responsabilidad se basó en
un entendimiento razonable y jurídicamente sólido, así como en una evaluación
ponderada del material probatorio en su conjunto.
5) El tribunal reconoció que, aunque el fenómeno específico de la avalancha podría
no haberse predicho con exactitud, existía un conocimiento previo y generalizado
del riesgo de eventos similares a la avalancha fuente del daño, lo cual se evidenció
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07338-01
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Acción de tutela – Impugnación de fallo
precisamente con los documentos invocados por la parte demandante que
contienen una historia de eventos hidrológicos anteriores en la región, lo cual, de
contera, devela una cierta previsibilidad del riesgo y una obligación de las
autoridades demandadas, entre ellas la UNGRD, de gestionar ese conocimiento
adecuadamente.
6) A partir de tales pruebas, consideró que las medidas preventivas que debía
adoptar la autoridad demandante como integrante del Sistema Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres -y que no se implementaron adecuadamente-
incluyen la falta de un sistema de alerta temprana adecuado y la implementación de
mecanismos estructurales y no estructurales de mitigación del riesgo; en cuanto a
la UNGRD -de manera particular- reprochó que no atendió con la debida eficacia
las solicitudes de apoyo del municipio afectado, dirigidas a evitar el riesgo de
avalancha.
7) En suma, se reitera que las consideraciones del tribunal se sostuvieron en una
interpretación jurídica fundamentada y en la valoración coherente, detallada y
contextual de las pruebas presentadas y la autoridad ejerció su autonomía judicial
en su valoración, a partir de la cual determinó la relevancia y el peso de las
evidencias presentadas por las partes en el proceso ordinario reflejando una
aplicación adecuada en relación con la previsibilidad y la irresistibilidad requeridas
para configurar la fuerza mayor como eximente de responsabilidad, sin que se
identificara una desviación de este principio que pudiera caracterizarse como un
defecto fáctico.
8) En consecuencia se negarán las pretensiones de la demanda respecto de este
cargo en concreto, pues lo que se aprecia es la inconformidad de la parte actora
con el análisis probatorio del juez natural porque su decisión fue contraria a sus
intereses, más allá de la presunta existencia de un defecto.
5. Caracterización del desconocimiento del precedente judicial
i) El precedente judicial ha sido definido como “aquel conjunto de sentencias previas
al caso que se habrá de resolver que, por su pertinencia para la resolución de un
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07338-01
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Acción de tutela – Impugnación de fallo
problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una
autoridad determinada, al momento de dictar sentencia 10”.
ii) En esos términos, el precedente corresponde a una o varias decisiones previas
relevantes para la solución de un nuevo asunto en el que se plasma el criterio
pacífico y reiterado y se dictan una serie de reglas o parámetros para abordar los
casos que, en lo sucesivo, tengan una estricta y real relación con aquel. Como ante
casos con supuestos fácticos y jurídicos similares se debe otorga un tratamiento
jurídico similar, la sentencia precedente debería determinar el sentido de la decisión
posterior en orden a garantizar la igualdad de las partes ante la ley y la seguridad
jurídica en las decisiones judiciales.
iii) No obstante, como lo ha considerado la Corte Constitucional11 es necesario
precisar que no todo el contenido de una sentencia posee “fuerza normativa de
precedente”, pues ello solo será predicable de la “ratio decidendi”. En efecto, para
mayor claridad sobre dicho punto recuérdese que en la estructura de las
providencias judiciales es posible identificar tres partes i) la parte resolutiva o
decisum, en la que se profieren las órdenes vinculantes para las partes del proceso
y que constituye la solución al problema jurídico examinado; ii) la ratio decidendi,
compuesta por las consideraciones o razones que sustentan, motivan y justifican la
decisión adoptada, y iii) los obiter dicta o dichos de paso, que no son más que
aquellos argumentos de argumentos de referencia, complementarios o de contexto
que no son vinculantes ni necesarios para la resolución del asunto.
iv) Se insiste, de las tres partes solo la segunda, esto es, la ratio decidendi posee
fuerza de precedente siempre que ella “i) establezca una regla relacionada con el
caso a resolver posteriormente; ii) haya servido de base para solucionar un
problema jurídico semejante, o una cuestión constitucional similar a la que se
estudia en el caso posterior; y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la
providencia anterior sean semejantes o planteen un punto de derecho parecido al
que se debe resolverse posteriormente12”.
10
Corte Constitucional, sentencia T-1029 de 2012.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021.
12
Corte Constitucional, sentencia T-459 de 2017.
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Acción de tutela – Impugnación de fallo
v) Asimismo, no toda providencia judicial constituye precedente aplicable al caso,
por el contrario, hay asuntos que pese a su similitud corresponden a un mero
antecedente judicial, sin la fuerza vinculante necesaria propia del precedente para
establecer una regla cuya aplicación deba necesariamente ser atendida.
vi) Partiendo del supuesto de que “no todo lo que dice una sentencia es pertinente
para la definición de un caso posterior”, la Corte Constitucional diferenció entre lo
que se denomina antecedente jurisprudencial y precedente, en sentido estricto.
vii) En la sentencia T-830 de 2012, esa Corporación se pronunció al respecto en los
términos que a continuación se explican:
“El (…) –antecedente- se refiere a una decisión de una controversia
anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes
desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene
algunos puntos de Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de
preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de
estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter orientador, lo que
no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora
de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las razones para
apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad. (…)
[Entretanto, el] –precedente-, por regla general, es aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo
objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas
jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para
resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso”.
viii) Luego entonces, puede predicarse la existencia de un precedente en los
eventos en los cuales:
“(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado.
(ii) la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente.
(iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.
ix) No obstante lo anterior y pese a la fuerza vinculante del precedente, se acepta
que los jueces se aparten de este con las siguientes condiciones: i) deben hacer
explícitas las razones por las cuales se abstienen de aplicar el precedente y se
apartan del mismo, lo que se ha denominado cumplimiento de la “carga de
transparencia”; ii) están llamados a demostrar que los argumentos que ofrecen,
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Acción de tutela – Impugnación de fallo
desarrollan y amplían de mejor manera el contenido de los derechos, principios y
valores constitucionales objeto de protección, pues no cualquier motivo constituye
una razón válida para justificar el apartamiento del precedente, exigencia que se
reconoce como la “carga de argumentación”.
5.1 Análisis del desconocimiento del precedente en el caso concreto
1) En este caso, la parte actora alegó que la Subsección B de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se apartó de una sentencia proferida
por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación el 4 de junio de
202113.
2) En esa providencia, esta Corporación resolvió una demanda de reparación
directa presentada por los daños ocasionados por la ruptura del Canal del Dique en
2010, derivados de una falla del servicio, con fundamento en que la ruptura del canal
y la consiguiente inundación se debió a un mantenimiento inadecuado del terraplén
y a una respuesta tardía de las autoridades estatales ante esa emergencia.
3) La decisión negó las pretensiones de la demanda y declaró que, si bien se
presentó un daño cierto y determinado, la ruptura del Canal del Dique y la
inundación posterior constituyeron una circunstancia de fuerza mayor i) imprevisible
debido al inusual incremento de las lluvias por el fenómeno de "La Niña", ii)
irresistible por cuanto las entidades estatales hicieron lo que estaba a su alcance
para mitigar el riesgo, y iii) externo a las autoridades demandadas.
4) En las consideraciones de esa sentencia se destacó que, antes y después del
evento, dichas autoridades, entre las cuales se encontraba la UNGRD, tomaron
medidas como la formación de comités preventivos, limpieza de ríos y canales y
construcción de terraplenes y muros de contención que, sin embargo, no pudieron
prevenir la ruptura del dique debido al nivel excepcional de las aguas.
5) De acuerdo con lo expuesto, la Sala considera que se equivoca la parte actora
en considerar que las particularidades de su caso son semejantes a la de aquel que
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, CP
Marta Nubia Velásquez Rico, radicación no. 08001-23-31-000-2013-00188-02, demandantes:
Rosalba Rueda de Jordán y otros, demandado: Cormagdalena y otros.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07338-01
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Acción de tutela – Impugnación de fallo
consideró desconocido, justamente porque la razón para proferir la sentencia
condenatoria y negar la causal eximente de responsabilidad por fuerza mayor
consistió en que las condiciones de riesgo de una avalancha en el municipio de
Mocoa eran conocidas, y los estudios y el historial de eventos previos indicaron la
posibilidad de desastres similares, lo cual sugirió la necesidad de medidas
preventivas específicas que no fueron adoptadas por las autoridades demandadas.
6) Por su parte, en el caso de la ruptura del Canal del Dique se concluyó que el
fenómeno de "La Niña" fue de una magnitud y con consecuencias que no tenían
antecedente en los últimos 40 años, de ahí que las autoridades demandadas no
pudieran razonablemente prever o controlar tal evento.
7) Así entonces, es claro que la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dirimió el conflicto que le fue planteado y concluyó
que no se probó la causal eximente de responsabilidad por fuerza mayor, previo
análisis de las pruebas aportadas y de la jurisprudencia aplicable para el caso de la
demanda, en el marco de los principios de autonomía e independencia
constitucional con que cuentan los jueces en su labor de administrar justicia.
8) Bastan las anteriores razones para concluir que tampoco se demostró la
configuración del desconocimiento del precedente judicial alegado por lo cual se
revocará la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela y en su lugar se negarán las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA:
Revócase la sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, la
cual quedará así:
1º) Deniégase la acción de tutela presentada por la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres.
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Demandante: UNGRD
Acción de tutela – Impugnación de fallo
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes e intervinientes o por el
medio que resulte más expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera
instancia y remítasele copia del mismo.
4º) Por Secretaría, publíquese la presente providencia en la página web de esta
Corporación.
5º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Salva voto
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
Sigue leyendo
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