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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-07348-01

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-07348-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 22 de febrero de 2024 por medio de la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela de la referencia. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-07348-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

18 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07348-01
Accionante: Susana Gómez Castaño
Accionado: Procuraduría General de la Nación – Sala Disciplinaria de
Instrucción.

Temas: Acción de tutela contra actos de trámite proferidos por la Sala Disciplinaria
de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación en proceso disciplinario
seguido contra la accionante en su condición de representante a la cámara.

Decisión: Confirmar la decisión de primera instancia que rechazó por improcedente
la acción de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide la impugnación formulada por la parte actora contra la providencia
del 22 de febrero de 2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado
mediante la cual rechazó por improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

La señora Susana Gómez Castaño presentó acción de tutela en contra de la
Procuraduría General de la Nación, invocando su derecho fundamental al debido
proceso y la garantía al juez natural del proceso, los cuales consideró vulnerados
con ocasión de las providencias dictadas al interior del proceso disciplinario núm.
IUS-E-2023-114383 / IUD-D-2023-2835255, el cual, una vez surtidas y agotadas las
actuaciones dispuestas por la Ley 2094 del 2021, alcanzó la etapa de evaluación y
notificación de pliego de cargos.

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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07348-01
Accionante: S u s a n a G ó m e z C a s t a ñ o

1. HECHOS

El 9 de marzo de 2023, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría
General de la Nación profirió el auto de apertura de investigación disciplinaria dentro
del proceso radicado núm. IUS-E-2023-114383 / IUD-D-2023-2835255 contra la
representante a la Cámara Susana Gómez Castaño por la posible infracción del
artículo 39 del Código General Disciplinario al haber vulnerado los presupuestos
mínimos de conducta y las exigencias básicas de respeto de las personas con las
que tiene contacto en razón de su cargo (falta grave a título de dolo).

El 24 de mayo de 2023, la accionante interpuso incidente de nulidad por falta de
competencia y violación del principio del juez natural, petición negada mediante auto
del 1 de junio de 2023 y confirmada en providencia del 21 de junio de 2023.

El 21 de noviembre de 2023, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría
General de la Nación realizó la evaluación de la investigación disciplinaria.

La accionante manifestó que dichas decisiones quebrantan sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la garantía al juez natural del proceso, pues
tratándose de una funcionaria de elección popular, la Procuraduría General de la
Nación no está facultada para imponerle sanciones que impliquen la limitación de
sus derechos políticos.

2. PRETENSIONES
La parte actora solicitó:

“(…) Solicito, respetuosamente, a ustedes Honorables Magistrados, amparar mis
derechos fundamentales al debido proceso y al juez natural y, como consecuencia,
declarar nulo el proceso disciplinario que cursa contra mí o, en su defecto, ordenarle
a la Procuraduría General de la Nación, circunscribir dicho proceso a la resultas
dentro del marco sancionatorio que no suspende ni limita derechos políticos, es
decir, a que solamente se pueda sancionar con una multa o una amonestación.”

3. INFORMES

La acción de tutela de la referencia fue admitida por el a quo el 25 de enero de 2024
mediante proveído en el que se ordenó notificar a la Procuraduría General de la
Nación y a los integrantes de la Sala Disciplinaria de Instrucción de dicha entidad,
así como al señor Christian David Guzmán Romero, éste último, en calidad de
tercero con interés.

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3.1. La Procuraduría General de la Nación1 manifestó que la acción impetrada es
improcedente contra los actos proferidos o por proferir en un proceso disciplinario
en curso, atendiendo el requisito de subsidiariedad previsto por la Constitución.
Igualmente, indicó que se ha seguido el debido proceso en la actuación disciplinaria,
atendiendo todas las disposiciones previstas por la normatividad vigente. Además,
sostuvo que en el evento en que se profiriere una sanción, surge para el disciplinado
electo popularmente el recurso automático de revisión ante el Consejo de Estado.

3.2. La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la
Nación2 argumentó que, en el caso concreto, la accionante no se encuentra ante
un perjuicio irremediable, al no existir certeza de que la misma será declarada
responsable disciplinariamente o de que la sanción que pudiere imponérsele
vulnerará sus derechos políticos. Asimismo, manifestó que el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho es el medio judicial idóneo y eficaz para
proteger los derechos que considera vulnerados la accionante, pues permite atacar
la competencia de los actos administrativos y solicitar las medidas cautelares
correspondientes para salvaguardar sus intereses.

4. SENTENCIA IMPUGNADA

La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante providencia del 22 de febrero
de 20243 declaró como improcedente la acción de tutela por no encontrar acreditado
el requisito de subsidiariedad, pues en la etapa procesal en la que se encuentra el
proceso disciplinario aún no se ha determinado si la accionante cometió una
conducta reprochable y si se reúnen los presupuestos para imponer una sanción en
su contra, ni se ha proferido una graduación definitiva de la falta, a partir de la cual
se determine si la sanción a imponer es de aquellas que puede ser dictada por la
Procuraduría en ejercicio de su potestad disciplinaria sin intervención judicial o
corresponde a las sanciones que requieren la revisión del juez contencioso
administrativo.

Adicionalmente, precisó que tampoco se acreditaron los presupuestos para la
procedencia de la acción de tutela contra los actos de trámite que a la fecha ha
proferido dicha entidad.

Finalmente, sostuvo que en el evento en que se profiera una decisión sancionatoria,
esta tiene la vocación de ser revisada judicialmente por el Consejo de Estado.

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5. IMPUGNACIÓN

La señora Susana Gómez Castaño recurrió el fallo de primera instancia insistiendo
en los argumentos expuestos en la demanda inicial y agregó que, contrario a lo
afirmado por el a-quo, «la acción de nulidad y restablecimiento no parece permitir
un adecuado examen del debate constitucional, debido a que el objeto de esta
acción contenciosa administrativa, como lo ha señalado la H. Corte Constitucional
en sentencia T-892-A de 2007, “no es propiamente el de darle una protección
oportuna y eficaz a los derechos fundamentales, sino preservar la legalidad de los
actos administrativos y restablecer los derechos conculcados a los administrados”».

Además de lo anterior, sostuvo que si bien la Procuraduría puede ejercer la función
de ministerio público consistente en la vigilancia superior de la conducta oficial de
quienes desempeñan funciones públicas, inclusive las de elección popular, no es
posible concluir que le haya sido atribuida la competencia para ejercer
preferentemente el poder disciplinario de los servidores públicos de elección
popular, debido a que la función disciplinaria principalmente se limita al principio de
reserva judicial de conformidad a los presupuestos establecidos en la Convención
Americana de Derechos Humanos y la propia Constitución.

Finalmente, insistió en que los actos administrativos proferidos por la Procuraduría
General de la Nación, por medio de los cuales se inició una investigación
administrativa y se concretó la situación jurídico fáctica, desconocieron los principios
de imparcialidad e independencia, y en ese sentido, materializan la afectación a su
derecho al debido proceso.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, el problema jurídico se circunscribe
a establecer si la acción de tutela es procedente para establecer si los actos de
trámite expedidos por la Procuraduría General de la Nación han vulnerado los
derechos fundamentales de la accionante.

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3. Procedencia de la acción de tutela

Conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la carta política, la tutela es un
mecanismo subsidiario de protección de los derechos fundamentales cuando ellos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier entidad
pública o de los particulares, cuya conducta afecte grave o directamente derechos
subjetivos fundamentales.

En este orden, el numeral 1.° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 –
reglamentario de la acción de tutela -, establece dentro de las causales de
improcedencia de la tutela, “cuando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante”.

Este presupuesto responde al carácter subsidiario de la acción de tutela, en aras de
respetar la división de competencias que la misma carta ha delineado y el principio
de especialidad de la jurisdicción; por tanto, desconocer tales atribuciones implicaría
invadir a los jueces que recibieron el encargo constitucional de poner fin a las
controversias en una jurisdicción determinada, para lo cual, fueron revestidos de
autonomía e independencia.

De igual forma, estos dispositivos normativos han sido interpretados y desarrollados
por la Corte Constitucional4, destacando que no basta con la mera existencia de
otro mecanismo de defensa judicial para determinar la improcedencia de la tutela,
sino que el juez debe valorar la idoneidad y la eficacia del mismo en el caso
concreto, sin que ello implique el desconocimiento de la prevalencia y validez de los
medios ordinarios de protección judicial como instrumentos legítimos para la
salvaguarda de los derechos.

Por otro lado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha hecho referencia al
tema de la procedibilidad de la tutela contra los actos administrativos, destacando
como regla general que no es la sede adecuada para controvertirlos, puesto que
son los procedimientos de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo los
escenarios naturales para la discusión sobre ellos5.

En ese entendido entonces, la tutela es improcedente para debatir asuntos propios
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyo objeto se encuentra
plenamente definido en el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, que le otorga la potestad de conocer “además

4
Se trae a colación lo señalado en la Sentencia T-641 de 2013.
5
Ver entre otras las sentencias T-600 de 2002, T- 771 de 2004 y T-199 de 2008.

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de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las
controversias y litigios originado en actos, contratos, hechos, omisiones y
operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa…”.

Así las cosas, dentro del amplio radio de acción otorgado en virtud de la ley a la
jurisdicción, se encuentra instituido en el artículo 138 ibidem, el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, a través del cual, “Toda persona que
se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá
pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto,
y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.
(…)”.

Lo anterior, desde luego, con plena observancia del término de caducidad dispuesto
en el artículo 164 ibidem, que indica que “d) Cuando se pretenda la nulidad y
restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de
cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación,
notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las
excepciones establecidas en otras disposiciones legales”.

4. Caso concreto

La accionante considera que se ha vulnerado su derecho al debido proceso con
ocasión de las providencias proferidas por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la
Procuraduría General de la Nación, mediante las cuales: i) se dio apertura a la
investigación disciplinaria en su contra; ii) se negó su solicitud de nulidad por falta
de competencia; iii) se confirmó dicha decisión y, iv) se realizó la evaluación y
formuló el pliego de cargos.

Manifiesta que la Procuraduría General de la Nación tiene una imposibilidad jurídica
para adelantar procesos contra servidores públicos elegidos popularmente, al no
tener potestades jurisdiccionales, razón por la cual con las actuaciones
demandadas se inobservó su garantía al juez natural del proceso.

Ahora bien, de conformidad con los antecedentes descritos, para la Sala es claro
que la acción de tutela es improcedente, toda vez que, como bien lo señaló la
Sección Quinta de esta corporación, en la etapa en que se encuentra el proceso
disciplinario seguido contra la accionante no se ha proferido ninguna decisión
definitiva que implique la imposición de alguna sanción disciplinaria.

En ese contexto, no existen elementos que permitan demostrar el perjuicio
irremediable señalado por la accionante, si se tiene en cuenta que para este
momento no le ha sido impuesta ninguna sanción que implique la restricción de sus
derechos políticos y, en ese sentido, tiene a su disposición las herramientas

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jurídicas que el ordenamiento jurídico le provee para ejercer su derecho de defensa
dentro del proceso que sigue la Procuraduría General de la Nación.

En ese entendido, la presente petición se advierte improcedente, toda vez que no
cumple con los presupuestos de procedencia contra actos de trámite señalados por
la Corte Constitucional en su jurisprudencia y no demuestra la vulneración del
derecho fundamental al debido proceso invocado.

Por lo tanto, al no hallarse estructurados los defectos conjurados, se confirmará la
providencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 22 de febrero de 2024 por medio de la cual la
Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela de
la referencia.

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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