RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-07352-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07352-01

Fecha
19 de abril de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07352-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 1° de febrero de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-07352-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

19 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-07352-01

Accionante: UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES - UNGRD

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN B

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA)

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos de
procedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se configura en este caso /
TERCERA INSTANCIA – La parte demandante pretende reabrir el debate por no estar de
acuerdo con lo decidido por el juez natural.

Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la parte tutelante
contra la sentencia del 1° de febrero de 2024, mediante la cual la Sección Primera
del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo solicitado1.

I. A N T E C E D E N T E S
La demanda

1. El 5 de diciembre de 2023, a través de la Jefe de la Oficina Jurídica de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, instauró demanda de tutela a
nombre de dicha entidad y en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso.

Hechos relevantes

2. En ejercicio del medio de control de reparación directa, la señora Ana Silva
González y otros2, mediante apoderado judicial, demandaron a la Nación - Ministerio

1
Que ingresó para fallo el 7 de marzo de 2024.
2
Los demandantes en el proceso ordinario corresponden a los señores: Ana Silva González Rivera,
Jorge Reinel González Rivera, Jairo Antonio González Rivera, Dully Yobana González Rivera, Zoila
Inés Sierra Rivera, Samuel Rubián Rivera y Flor Marina Rivera

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-07352-01
Accionante: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

de Ambiente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –
UNGRD-, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de La Amazonia -
Corpoamazonia, el Departamento de Putumayo – Municipio de Mocoa, con el fin de
que se declarara su responsabilidad patrimonial por los perjuicios derivados de la
omisión de tomar las medidas administrativas con el objeto de impedir la destrucción
material que trajo la avalancha ocurrida en el municipio de Mocoa el 31 de marzo
de 20173.

3. El conocimiento del proceso, en primera instancia, le correspondió al Juzgado
Treinta y Tres Administrativo de Bogotá D.C., que, a través de sentencia de 15 de
diciembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda.

4. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante apeló la anterior
decisión y la autoridad judicial accionada por medio de providencia del 11 de agosto
de 2023 –notificada el 6 de septiembre de la misma anualidad4-, revocó la sentencia
recurrida y, en su lugar, declaró responsable a la Nación – Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) – la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía) – el Departamento de
Putumayo y el municipio de Mocoa por el daño antijurídico sufrió por los
demandantes, con ocasión de la avenida torrencial ocurrida el 31 de marzo de 2017
en el municipio de Mocoa (Putumayo).

5. Como consecuencia de lo anterior, condenó solidariamente a la parte
demandada, negó las demás pretensiones y “confirmó en sus demás partes la
sentencia del 15 de diciembre de 2021 proferida por el Juzgado Treinta y Tres
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., conforme lo expuesto en su
parte considerativa y no dio lugar a la condena en costas de segunda instancia”.

Fundamentos de la demanda de tutela

6. La UNGRD alegó que en el fallo atacado se incurrió en un defecto sustantivo, por
cuanto carece de motivación suficiente, en tanto que no se realizó de manera previa

3
En la que perdieron la vida Ciro Alveiro González Rivera, Cristian Fabián González Córdoba y Yair
Alejandro González Córdoba.
4
De conformidad con el enlace de acceso al expediente electrónico 11001333603320190009600
en la carpeta de segunda instancia, documento “027Soporte de notificación SENTENCIA de fecha
1”.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-07352-01
Accionante: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

una valoración del daño, el cual es un presupuesto indispensable para que se
declarare su responsabilidad patrimonial; en cambio, el Tribunal accionado
solamente se refirió a sus funciones establecidas en los artículos 3 y 4 del Decreto
4147 de 2011 y a lo previsto en la Ley 1523 de 2012.

7. Agregó que se incurrió en un defecto fáctico, toda vez que el Tribunal “dio un
valor probatorio que no tenían las pruebas del expediente”, en tanto que, si bien con
ellas se acreditó que las lluvias y avenida torrencial de marzo de 2017 era un hecho
conocido por las autoridades, estas no demostraron la previsibilidad de sus efectos,
esto es la capacidad de anticipación para evitar los efectos del fenómeno natural”.

8. En línea con lo anterior, consideró que las pruebas no se valoraron en conjunto y
solo se tuvieron en cuenta las que indicaban que la avenida torrencial, como
fenómeno natural era un hecho conocido, prescindiendo del informe aportado por el
IDEAM en el que se señalaba que se trataba de un hecho inusitado y repentino,
pues, no se podía determinar una fecha concreta o anticiparse a sus efectos debido
a su manifestación intempestiva.

9. Refirió que el fallo incurrió en un defecto sustantivo, por interpretación contra
legem o irrazonable, toda vez que, según el artículo 64 del Código Civil, para que
se acredite la fuerza mayor, como eximente de responsabilidad, es indiferente que
el hecho sea conocido y lo que se requiere es que sea ajeno a los deberes o
actividades del demandado, además de que confluya la irresistibilidad e
imprevisibilidad de sus efectos.

10. Por último, planteó que se desconoció el precedente judicial sobre la
responsabilidad patrimonial del Estado, en los eventos de ocurrencia de desastres
naturales,5 debido a que se trataba de un hecho imprevisible, irresistible y externo
a las entidades demandadas.

El trámite en primera instancia

11. Mediante auto del 7 de diciembre de 2023, la Sección Primera del Consejo de

5
Mencionó las siguientes providencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: Sentencia del
4 de junio de 2021 (63344); Sentencia del 30 de julio de 2021 (59287); Sentencia del 11 de octubre
de 2021 (46891), entre otros.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-07352-01
Accionante: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

Estado admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial
accionada y vinculó, como terceros interesados en las resultas del proceso, al
Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá D.C., a la Nación –
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Sur del Amazonía, al departamento del Putumayo, al municipio de
Mocoa y a los señores Ana Silva González Rivera, Jorge Reinel González Rivera,
Antonio González Rivera, Dully Yobana González Rivera, Zoila Inés Sierra Rivera,
Samuel Rubián Rivera y Flor Marina Rivera.

12. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía –
CORPOAMAZONIA no se opuso al amparo reclamado y concordó con la parte
actora en que se garantice el derecho de beneficiarse de una administración de
justicia sujeta estrictamente al imperio de la Ley y a la prevalencia del derecho
sustancial.

13. De otra parte, mencionó que con los pronunciamientos judiciales6 en los que se
ha fallado a favor de CORPOAMAZONÍA, con ocasión a los mismos hechos de la
avenida fluvio torrencial en Mocoa, se prueba que lo ocurrido fue un hecho de fuerza
mayor de la naturaleza, externo, irresistible e imprevisible. Por tanto, no tiene por
qué soportar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tome decisiones
distintas, evidenciando una clara violación de los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad.

14. El departamento del Putumayo solicitó que se tutelaran los derechos
fundamentales vulnerados, debido a que era imposible predecir y prever cuándo
ocurriría el evento natural, pues no se trató de un hecho que se pudiera resistir o
contener e incluso si se hubieran ejecutado diferentes actividades no se podía evitar

6
Se mencionan las siguientes providencias: AG del Tribunal Administrativo de Nariño
52001233300220190019500; Juzgado 1° Administrativo de Mocoa 8600133310012018-00195,
8600133310012019-00079, 8600133310012019-00048, 8600133310012019-00145,
8600133310012019 – 00146, 8600133310012019 – 00147; Juzgado 63 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá 1100133430632019-105, 11001-33-43-063-2019-00160-00,
11001334306320190016600, 11001334306320190016700; Juzgado 31 Administrativo Oral de
Bogotá 110013336031201900047 00, 11001333603120190007800, 11001333603320190014100;
Juzgado 33 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá 1100133603320190009200,
1100133603320190008400, 1100133603320190007600, 1100133603320190007700,
11001333603320190009600, 11001333603120190-069-00, 11001333603120190-132-00; Juzgado
37 Administrativo de Oralidad del Circuito 11001333603720190008500; Juzgado 65 Administrativo
del Circuito de Bogotá 11001334306520190008900, 110013343065201900080,
11001334306520190007900; entre otros.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-07352-01
Accionante: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

lo irresistible de la avenida torrencial debido a su magnitud.

15. Por lo anterior, consideró que el nexo causal entre el daño y la omisión que se
le imputa no está demostrado, en tanto que no se probó que el hecho dañoso ocurrió
como consecuencia de su inactividad.

16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera – Subsección B
indica que la acción de tutela es improcedente, en tanto que el accionante lo que
busca es una instancia adicional del proceso declarativo, realizando valoraciones
subjetivas, lo cual, resulta contrario al principio constitucional de autonomía del juez,
máxime si se tienen en cuenta que su decisión se fundamentó en las pruebas que
fueron allegadas al proceso.

17. Por otro lado, mencionó que, con el material probatorio y por ser un hecho
notorio, se acreditó que el 31 de marzo de 2017 en el municipio de Mocoa ocurrió
una avenida torrencial, razón por la que los demandantes acudieron al proceso
ordinario, con el fin de que se declarara la responsabilidad patrimonial Estatal, con
ocasión del daño antijurídico derivado de la muerte de sus familiares, circunstancia
que constituye una falla en el servicio, en tanto que las entidades demandadas
tienen funciones estratégicas y fundamentales en la adecuada gestión ambiental,
gestión del riesgo y la prevención de desastres.

18. El Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá D.C. remitió el
expediente digital del proceso7. Así mismo, solicitó que desvinculara y se negara la
petición del amparo, por cuanto consideró que no está acreditada la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales invocados por los accionantes.

19. La Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- coadyuvó las
pretensiones formuladas por el accionante, para lo cual sostuvo que la providencia
cuestionada desconoció la imprevisibilidad del hecho, a pesar de que existen
evidencias de que las entidades estatales obraron debidamente, pero el suceso
natural superó cualquier “pronóstico”. Sumado a que, no se incorporaron pruebas
que demostraran que las actividades fueron insuficientes o inadecuadas para que

7 El link que se remitió es el siguiente: https://etbcsj-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jadmin33bta_notificacionesrj_gov_co/EhWFdMagS-
hIuiu6ZyT8g_gBax-6PCf18VRmV4qO0057hQ?e=gPjTLD

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-07352-01
Accionante: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

se causara tal afectación.

20. El alcalde del Municipio de San Miguel de Agreda de Mocoa (Putumayo) arguyó
que, según la jurisprudencia8, en la ocurrencia de hechos naturales -como el
mencionado en la demanda-, por tratarse de un fenómeno natural que no puede
considerarse como una acción u omisión de la voluntad humana, si bien puede
pronosticarse, evitar o mitigar, lo cierto es que cuando se solicita la declaratoria de
responsabilidad estatal, además de acreditar la ocurrencia del daño se debe probar
si éste y si realmente es atribuible a una entidad pública, por cuanto no es la
causante de este acaecimiento.

21. El apoderado de la señora Ana Silvia González Rivera y otros, menciona que se
debe rechazar la acción de tutela toda vez que no se evidencian argumentos nuevos
a los expuestos en el proceso ordinario, los cuales fueron resueltos en su totalidad
por el juez natural.

Así mismo, hizo alusión a las pruebas recaudadas en el proceso ordinario por las
que se demuestra el previo conocimiento y responsabilidad de las entidades
demandadas.

La sentencia de primera instancia

22. Mediante sentencia del 1° de febrero de 2024, la Sección Primera del Consejo
de Estado declaró improcedente el amparo solicitado, por considerar que no se
cumple el requisito de la relevancia constitucional, bajo el entendido de que lo
pretendido por la parte actora es que el juez constitucional se pronuncie
nuevamente respecto del debate del proceso ordinario.

23. En efecto, explicó que la inconformidad de la UNGRD tiene su origen en un
debate estrictamente legal, probatorio y económico, el cual ya fue decidido por el
juez natural de la causa, por lo que el juez constitucional, si se pronunciara,
desconocería el principio de autonomía e independencia judicial.

8 Se mencionan las siguientes sentencias: Tribunal Administrativo de Cundinamarca 11001-33-43-

065-2019-00089-01, 10013343063-201900105-01, 1001-33-36-031-2019-00132- 1, 110013343063-
2019-00160-01, 11001-33-36-033-2019-00084-01, 110013336033201900092-01; Tribunal
Administrativo de Nariño 2001-23 33 002 2019- 00195, 86001-33-31-001-2019-00161-01, 6001-33-
31-001-2019-00174-01, entre otros.

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-07352-01
Accionante: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

24. Por último, en cuanto a la vulneración del derecho a la igualdad, adujo que el
proceso de reparación directa se adelantó en debida forma y no concurre ninguna
situación o amenaza que amerite la actuación del juez constitucional, por lo que
concluyó que la vulneración de los derechos fundamentales no se determina con su
mera enunciación, sino que se debe acreditar de manera expresa y razonable.

La impugnación

25. La parte tutelante impugnó la anterior decisión, para lo cual reiteró los
argumentos planteados en la demanda de tutela.

26. Adicionalmente advirtió que era necesaria la intervención del juez de tutela para
que se proteja el patrimonio público, recordando que la Corte Constitucional ha
señalado que “la defensa del patrimonio público es uno de los derechos de mayor
connotación en el Estado de Derecho, por lo cual el juez de tutela al asumir
conocimiento de un expediente particular puede ejercer oficiosamente su
protección. Incluso, de manera ulterior, cuando en el momento oportuno los órganos
de control y además autoridades fallaron u omitieron sus deberes9”.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

27. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto –como lo concluyó el juez de primera instancia– no se
cumple el requisito de la relevancia constitucional.

28. La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia
del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales e c)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces10.

9
Sentencia T-488 de 2014 de la Corte Constitucional.
10
Sentencia T–422 de 2018.

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-07352-01
Accionante: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

29. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos, a saber11:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no
basta aducir la vulneración de estos derechos y ii) que la demanda de tutela no
constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada, dado que este mecanismo especial constitucional está
constituido para proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial.

30. Revisada la demanda, se evidencia que la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres acudió a la acción de tutela con el propósito de que se estudie
nuevamente si, como se hizo en primera y segunda instancia del proceso de
reparación directa, debía exonerarse de responsabilidad administrativa y
patrimonial por los perjuicios derivados de la omisión de tomar medidas
administrativas, con el objeto de impedir la destrucción material ocasionada con la
avenida fluvio torrencial ocurrida en el municipio de Mocoa.

31. Lo anterior, bajo el argumento que, en el fallo de segunda instancia, no se hizo
una adecuada valoración de las pruebas aportadas al proceso, entre ellas, las que
evidenciaban que en el municipio de Mocoa no existía certeza de cuándo y de qué
manera ocurriría la avenida torrencial y qué acciones se hubieran podido realizar
para prevenir el hecho, con fundamento en la causal de fuerza mayor prevista en el
artículo 64 del Código Civil, que tal como lo precisa la jurisprudencia del Consejo de
Estado12 requiere que sea i) imprevisible; ii) irresistible y iii) externa para que se
exonere de responsabilidad el Estado a menos de que la parte demandante
demostrara la falla en el servicio y no fue valorada de esta manera.

11
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero
Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12
Cita lo siguiente: Consejo de Estado- Sección Tercera-Subsección A. Sentencia del cuatro (4) de
junio de dos mil veintiuno (2021). Exp. 08001-23-31-000-2013-00188-02 (63.344) Actor: ROSALBA
RUEDA DE JORDÁN Y OTROS. MP. MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO.

8

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-07352-01
Accionante: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

32. Así las cosas, es claro que la parte actora busca una valoración del elemento
de la imputación del daño y que se analicen nuevamente las pruebas que sirvan
para acreditar que las lluvias y avenida torrencial del 31 marzo de 2017 constituyen
un hecho imprevisible e irresistible para la administración, en tanto que (i) las lluvias
que se presentaron ese día eran inusuales y repentinas como fenómeno natural y
(ii) no se podía determinar una fecha concreta posible que anticipara sus efectos, lo
anterior, con el fin de que se determine la fuerza mayor como eximente de
responsabilidad, situación que ya fue resuelta por el juez natural de la causa,
además de que se trata de un debate estrictamente legal, probatorio y económico.

33. Bajo ese criterio, se tiene que, en los casos en los que el interesado controvierte
a través de la acción de tutela la valoración que el juez natural realizó sobre el
acervo probatorio, reprocha su convicción en lo referente a las pruebas allegadas al
proceso, está inconforme con la interpretación de normas de carácter legal que
pueden o no regular el caso, así como la jurisprudencia aplicable, resulta evidente
que tal mecanismo se está utilizando para reabrir un debate surtido en el proceso
ordinario o como una instancia adicional para emitir una nueva resolutiva frente al
particular, desconociendo su autonomía e independencia, pues este actúa bajo las
funciones que le son atribuidas por la Constitución y a Ley conforme a sus
competencia y sana crítica.

34. En ese contexto, la Subsección considera que lo pretendido por el tutelante es
que se realice un nuevo estudio frente a lo definido razonablemente por el juez
natural, lo que conlleva a la improcedencia de la acción de tutela de la referencia
por el incumplimiento del requisito de la relevancia constitucional13, dado que, como
lo ha señalado la Corte Constitucional, esta acción “es concebida como un ‘juicio de
validez’ y no como un ‘juicio de corrección’ del fallo cuestionado14, lo que se opone
a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los

13
Sentencia T-016 de 22 de enero de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
14
Original de la cita: “Al respecto, la sentencia T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva)
indicó: ‘(…) la acción de tutela contra sentencias es un juicio de validez de la decisión judicial, basado
en la supremacía de las normas constitucionales. Esto se opone a que la acción de tutela ejerza una
labor de corrección del fallo o que sirva como nueva instancia para la discusión de los asuntos de
índole probatoria o de interpretación del derecho legislado que dieron lugar al mismo. En cambio, la
tutela se circunscribe a detectar aquellos casos excepcionales en que la juridicidad de la sentencia
judicial resulte afectada, debido a que desconoció el contenido y alcances de los derechos
fundamentales’. Sobre el punto también se puede consultar la sentencia T-126 de 2018 (MP Cristina
Pardo Schlesinger)”.

9

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-07352-01
Accionante: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado, que dieron
origen a la controversia”15.

35. De conformidad con lo anterior, se confirmará la decisión de primera instancia,
en cuanto declaró la improcedencia del amparo solicitado, porque no se cumple el
requisito de la relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 1° de febrero de 2024, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

15
Sentencia T-016 de 22 de enero de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.

10

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.