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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07367-00

Fecha
15 de febrero de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07367-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Melkis Guillermo Kammerer Kammerer, quien actúa en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-07367-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

15 de febrero de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07367-00
Actor: Melkis Guillermo Kammerer Kammerer

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07367-00
Demandante: MELKIS GUILLERMO KAMMERER KAMMERER
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y JUZGADO
PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
VALLEDUPAR

Temas: Tutela contra providencia judicial que declara improcedente acción de
cumplimiento. Defectos fáctico, procedimental, material, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución. Requisito general de la relevancia constitucional cuando
se acude como instancia adicional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Melkis Guillermo Kammerer Kammerer, contra el Tribunal
Administrativo del Cesar y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Valledupar, en la que pide el amparo constitucional de los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, “accionar acciones
públicas en defensa de la constituci[ón] y la ley, a los mecanismos de participación
ciudadana de ejercer control social”, los cuales considera vulnerados con la
sentencia de 7 de noviembre de 2023 que confirmó la de 10 de octubre de 2023,
por medio de la cual se declaró improcedente la acción de cumplimiento con
radicado No. 20001-33-33-001-2023-00461-00, por considerar que existen otros
mecanismos idóneos para debatir lo pretendido y que el accionante carecía de
legitimación en la causa por activa.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El actor relató que presentó un requerimiento ante el alcalde de Valledupar y el
Concejo Municipal de Valledupar, relativo al cumplimiento de la Ley 2044 del 2020
y sus decretos reglamentarios, con el fin de que se legalicen las invasiones
superiores a los diez años, como lo son Emmanuel, Tierra Prometidas, Alto de
Pimienta 1, 2 y 3, Guasimales, Bello Horizonte 2, Brisa de la Popa, Las Mercedes,
La Fe, Francisco Javier, entre otras, para la protección de los derechos colectivos
de los consumidores y usuarios a una vivienda digna, a la prestación de los
servicios públicos domiciliarios, al debido proceso, petición, a la población
desplazada, a los de la tercera edad, a las madres cabeza de familia, a los niños,
al bloque de constitucionalidad, a una tutela judicial efectiva y al principio de
legalidad.

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Actor: Melkis Guillermo Kammerer Kammerer

Sostuvo que el Concejo Municipal de Valledupar dio repuesta negativa a la
solicitud, en el sentido de indicar que no tiene competencia para legalizar
invasiones, dado que esta recae en el municipio, quien guardó silencio.

Refirió que, en virtud de lo anterior, promovió acción de cumplimiento contra el
municipio de Valledupar y el Concejo Municipal de Valledupar, para que se
acatara lo establecido en la Ley 2044 del 2020, en lo relacionado con la
legalización de las invasiones.

Manifestó que en sentencia del 10 de octubre de 2023, el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Valledupar declaró improcedente la acción de
cumplimiento con fundamento en que existen otros mecanismos para lograr lo
pretendido, sin precisar cuál sería ese medio de defensa judicial.

Aludió que la decisión adoptada en primera instancia incurrió en “UNA CLARA
VIA DE HECHO por Defecto procedimental absoluto, Defecto fáctico, Defecto
material o sustantivo, Decisión sin motivación, Desconocimiento del precedente,
Violación directa de la Constitución, además la sala plena reitera y reafirma las
subreglas jurisprudenciales desarrolladas en las sentencias c-1074 de 2002, c-
476 de 2007, c-227 de 2011 y c-750 de 2015”.

Señaló que se desconoció la sentencia C-193 de 1998, al concluir que no podía
conocer sobre el supuesto incumplimiento de los artículos 134 y 261 de la
Constitución Política e hizo referencia a la procedencia de la acción de
cumplimiento.

Mencionó que presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 10 de
octubre de 2023, bajo el argumento de que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio en respuesta a la solicitud de 29 de mayo de 2023, indicó que la
legalización urbanística en asentamiento humano recae en el Concejo Municipal
de Valledupar, quien podrá delegar al alcalde y, finalmente, remitió lo pretendido a
la Alcaldía de Valledupar mediante radicado No. 2023EE0074420.

Explicó que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “avanza en el proceso de
estudio y reglamentación de lo previsto en el artículo 298 de la ley 2294 del 2023
plan nacional de desarrollo 2022-2026 Colombia potencia mundial de la vida, no
obstante mientras avanzan estos procesos de agenda normativa, el ministerio y
como se ilustró previamente continúa las labores de acompañamiento, asistencia
técnica, financiación y cofinanciación de inversiones en algunos territorios según
los recursos disponibles y los planes de acción”.

Adujo que, por medio de sentencia de 7 de noviembre de 2023, el Tribunal
Administrativo del Cesar confirmó la declaratoria de improcedencia de la acción de
cumplimiento, por considerar que existen otros medios para debatir lo pretendido
y, agregó, que carece de legitimación en la causa por activa como representante
de la población desplazada, de los comerciantes y de la comunidad en general. Al
respecto, precisó “todos son usuarios de los servicios públicos domiciliarios,
además señor magistrado lo que estoy cuestionando no es ningún acto
administrativo, subjetivo ni particular, que me perjudique a mi o viene flexionando
MIS DERECHOS, SI NO QUE SE ESTA SOLICITANDO EL CUMPLIMIENTO DE
UN DEBER LEGAL QUE ES EL ARTICULO 20 DE LA LEY 2022 DEL 2020,
DONDE CON ESTE CUMPLIMIENTO, se satisfacen más de 10 mil familias, que
se encuentran estos asentamiento humano, pasando necesidades, en materia de
salud, educación, al bienes sano [ambiente sano], vivienda digna, por lo que los
intereses, son públicos y social, por este motivo señor magistrado del consejo de
estado yo sí me encuentro legitimado para accionar esta acción de cumplimiento”.

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Finalmente, indicó que el juzgador de primera instancia en el marco de la acción
de cumplimiento declaró su improcedencia, bajo el argumento de que existe otro
mecanismo de defensa judicial lo que, a su juicio, desatiende las sentencias C-
319 de 2013 y SU-157 de 2022.

2. Fundamentos de la acción

El accionante presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar
y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar, en defensa de los
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, “accionar
acciones públicas en defensa de la constituci[ón] y la ley, a los mecanismos de
participación ciudadana de ejercer control social”, los cuales considera vulnerados
con la sentencia de 7 de noviembre de 2023 que confirmó la decisión de 10 de
octubre de 2023, por medio de la que se declaró improcedente la acción de
cumplimiento con radicado No. 20001-33-33-001-2023-00461-00, por considerar
que existen otros mecanismos idóneos para debatir lo pretendido y que el
accionante carecía de legitimación en la causa por activa.

Expresó que en el caso se incurrió en una clara vía de hecho por defecto
procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución, que
se habrían configurado en la providencia cuestionada.

Señaló que lo pretendido con la acción de cumplimiento es que el alcalde de
Valledupar dé cumplimiento a lo señalado en la Ley 2044 de 2020, y mencionó
que la expropiación no es el único mecanismo que existe a efectos de solucionar
los problemas habitacionales o de espacio público, debido a que la norma de la
que se solicita el cumplimiento aborda la cesión a título gratuito de los bienes
fiscales titulables o la enajenación directa.

Hizo referencia a la sentencia T-284 de 1994, en relación con el concepto de
utilidad pública e interés social, citó algunos artículos de la Ley 2044 de 2020, así
como el artículo 58 de la Ley 388 de 1997.

Finalmente, indicó que el fallador de primera instancia declaró improcedente la
acción de cumplimiento por considerar que existe otro mecanismo de defensa, sin
tener en consideración lo dispuesto en las sentencias C-319 de 2013 y SU-157 de
2022.

3. Pretensiones

El accionante formuló las siguientes:

“[sic a toda la cita] PRIMERO PRETENDO CON ESTA ACCION DE TUTELA QUE EL
JUEZ CONSTITUCIONAL TUTELE MIS DERECHOS FUNDAMENTALES, A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA, MI DERECHO DE ACCIONAR ACCIONES
PUBLICA EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIONAL Y AL LEY, DERECHO A LOS
MECANISMO DE PARTICIPACION CIUDADANA DE EJERCER CONTROL SOCIAL,
Y ORDENE AL JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
VALLEDUPAR, Y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, A GARANTIRME A
UNA VERDADERA ADMINISTRACION DE JUSTICIAS EFECTIVA Y A DARLE
TRAMITE A LA ACCION DE CUMPLIMIENTO, ORDENANDO AL ALCALDE DE
VALLEDUPSAR darle cumplimiento a la ley 2044 del 2020 declarada exequible por la
cortes constitucional en las sentencias sentencia C-085/22 QUE DECLARO
EXEQUIBLE LOS ARTICULOS 1,8,16,17,19,26,31, Y 32 DE LA LEY 2044 DEL 2020
sentencia c-020 de 2023, que declaro exequible el numeral 1 del artículo 19 de la ley
2044 del 2020, PARA QUE SEA REVOCADA por este tribunal por ser UNA CLARA VIA
DE HECHO por Defecto procedimental absoluto, Defecto fáctico, Defecto material o
sustantivo, Decisión sin motivación, Desconocimiento del precedente, Violación directa
de la Constitución, además la sala plena reitera y reafirma las subreglas
jurisprudenciales desarrolladas en las sentencias c-1074 de 2002, c-476 de 2007, c-27

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de 2011 y c-750 de 2015, conforme a las cuales el carácter “justo” por medio de la cual
obliga a las entidades territoriales legalizar todas las invasiones que tengan más de 10
años sin importar que existan proceso de alojamiento en curso, de igual forma se
vulnero principios DE OFICIOSIDAD (Auto 067/20), T-466/99, señor juez de segunda
instancia, en virtud del principio de oficiosidad tiene la obligación de asumir un papel
activo en la conducción del proceso, no solo para interpretar la solicitud de amparo,
sino para indagar por los elementos que requiera para adoptar una decisión de fondo

SEGUNDO QUE EL MAGISTRADO REVOQUE LA SENMTENCIA Y EN SU LUGAR
ORDENE AL MUNICIPIPO DE VALLEDUPAR , PARA QUE INICIE LAS GESTINES
NECESARIA PARA empezar con la legalizaciones de las como son: Emmanuel, tierra
prometidas, alto de pimienta 1, 2 y 3, guasimales, bello horizonte 2, brisa de la popa,
las mercedes, la fe, francisco Javier, y demás invasiones que tengan más de 10 años, y
se protejan los derechos colectivo de los consumidores y usuarios, a una vivienda
digna, a las prestación de los servicios públicos domiciliarios, sea eficiente y continuo
de buena calidad, al debido proceso derecho de petición, A LA POBLACION
DESPLAZADS, A LOS DE LA TERCERA EDAD, madre cabeza de familias, a los niños,
al bloque de constitucionalidad, a una tutela judicial efectivas, al principio de legalidad,
asegurar una vivienda digna a todos los ciudadanos que se encuentran estos
asentamiento humano, por lo que se hace necesario que se busquen los recursos
necesarios para comprar estas tierra a los particulares para que se legalicen más de 10
mil vivienda que están construida en estos asentamiento humano, más de 10 años, por
lo que ya ellos tienen la posesión, y le sale más caro al municipios el desalojo que la
compra de estas tierra, debido, que estas 10 mil vivienda, donde más del 40% son de
materiales, casa de dos pisos, y que son intocables, por parte del municipios porque si
las dañas, tienen que pagarla, debido que los diferentes alcalde de Valledupar,
permitieron estas invasiones y todos, en el momento de ser campañas política, le
manifestaban que la iban a legalizar, que no lo iban a desalojar, es así que ya hubo
condena por estas promesas indeterminada, por ese motivo, ya no hay vuelta atrás hay
que legalizarla dándole cumplimiento a la ley 2044 del 2020.

Tercero que el magistrado tenga como prueba documental la respuesta enviada por el
ministerio de vivienda, así mismo ratifico que no existe otro instrumento judicial para
obligar al alcalde de Valledupar darle cumplimiento a la ley 2044 del 2020 y decreto
reglamentario, debido que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y la
acción de tutela son los lo mecanismo idóneo para obligar a alcalde legalizar las
invasiones que tengan más de 10 años”.

4. Pruebas relevantes

En correo electrónico de 12 de diciembre de 2023, el Tribunal Administrativo del
Cesar remitió el enlace de acceso al expediente digital que contiene las
actuaciones de la acción de cumplimiento que adelantó el demandante contra el
municipio de Valledupar y el Concejo Municipal de Valledupar (radicado No.
20001-33-33-001-2023-00461-00).

5. Trámite procesal

Por auto de 11 de diciembre de 2023, la magistrada sustanciadora admitió la
demanda de tutela y ordenó notificar a las autoridades judiciales demandadas -
Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Valledupar-, así como al municipio de Valledupar y al Concejo Municipal de
Valledupar, como terceros interesados en el resultado del proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 145356 a 145361
1
de 12 de diciembre de 2023 con el fin de notificar a las partes.

1
Notificada a las partes y vinculadas a las siguientes direcciones electrónicas: melkisgkammerer@gmail.com,
melkiskammerer@hotmail.com, sectriadm@cendoj.ramajudicial.gov.co, sgtadmincsr@notificacionresrj.gov.co,
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, concejodevalledupar@gmail.com, prensaconcejodevalledupar@gmail.com,
j01admvalledupar@cendoj.ramajudicial.gov.co y juridica@valledupar-cesar.gov.co

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6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Cesar

La presidenta de la corporación rindió informe sobre los hechos y las pretensiones
de la acción de tutela, en el que solicitó que se niegue la solicitud de tutela por
considerar que la providencia objetada no es constitutiva de vía de hecho judicial.

Señaló que la acción de tutela es un instrumento judicial preferente para reclamar
la protección inmediata de derechos fundamentales, por lo tanto, es subsidiario y
residual. Agregó que según lo dispuesto por la Corte Constitucional en la
sentencia T-598 de 2003 el mecanismo constitucional contra providencia judicial
está supeditado a superar ciertos requisitos.

Expuso que en el caso en concreto el accionante argumentó que la providencia
reprochada incurrió en una vía de hecho por defecto procedimental absoluto,
defecto fáctico, defecto material o sustantivo, vulnerando sus derechos
fundamentales, para lo cual indicó que no se está cuestionando ningún acto
administrativo subjetivo ni particular, sino el cumplimiento de un deber legal,
contemplado en el artículo 20 de la Ley 2022 de 2020, y que se encuentra
legitimado para promover la acción de cumplimiento.

Indicó que el accionante promovió acción de cumplimiento con el fin de que el
municipio y el Concejo Municipal de Valledupar acaten las disposiciones
contenidas en los artículos 1, 2 y 8 de la Ley 2044 de 2020 y 58 de la Ley 388 de
1997, para que se efectúe la legalización de “los asentamientos humanos o
invasiones Tierra Prometida, Altos de Pimienta, Bello Horizonte, Brisas de la Popa,
las Mercedes, Francisco Javier, Los Guasimales, entre otros, habitadas por
desplazados, madres cabeza de familia y por personas pertenecientes al grupo
poblacional de la tercera edad que por más de 10 años han tenido la posesión de
dichos predios”.

Sostuvo que analizadas las pruebas allegadas llamó la atención que el actor adujo
actuar en su condición de presidente de la Asociación de Desplazados Unidos de
Colombia y de la Federación Nacional de Comerciantes, en defensa de los
consumidores y usuarios, sin acreditar dicha calidad, lo que pone en evidencia la
falta de legitimación en la causa por activa, por no demostrar el interés que le
asistía.

Aunado a lo anterior, refirió que lo pretendido por el actor es susceptible de ser
protegido a través de una acción popular y de la acción de tutela, pero no de la
acción de cumplimiento, por lo que concluyó que no existió vulneración a los
derechos fundamentales del accionante.

6.2. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar, pese a que
fue notificado en debida forma, no se pronunció sobre los hechos que dieron
origen al presente asunto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

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2. Planteamiento del problema jurídico

Previo a formular el problema jurídico, se observa que el accionante dirige la
solicitud de tutela contra las providencias de 7 de noviembre de 2023 y 10 de
octubre de 2023, proferidas por el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Valledupar, respectivamente. Sin embargo,
la Sala advierte que el examen de constitucionalidad, de habilitarse el estudio de
fondo, lo abordará frente a la última, por ser la providencia que puso fin a la
demanda de cumplimiento promovida por el demandante.

En ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si el Tribunal
Administrativo del Cesar con la decisión de 7 de noviembre de 2023, en la que se
confirmó el fallo del a quo que declaró improcedente la acción de cumplimiento
que adelantó el actor, vulneró los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, “accionar acciones públicas en defensa de la
constituci[ón] y la ley, a los mecanismos de participación ciudadana de ejercer
control social”, al incurrir en los defectos fáctico, procedimental, material, decisión
sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución, por considerar que existen otros mecanismos idóneos para debatir lo
pretendido y que el accionante carecía de legitimación en la causa por activa para
promover la acción de cumplimiento.

De manera previa, la Sala deberá establecer si la acción de tutela cumple con el
presupuesto de la relevancia constitucional.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y
(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones2.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

2
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
4
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.

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Esta Sala5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela
no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de
discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el
interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en
el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no
está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar,
completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o
proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por
más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir
las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El señor Melkis Guillermo Kammerer Kammerer interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Cesar, al considerar que con la decisión de 7
de noviembre de 2023, mediante la cual se confirmó el fallo del a quo que declaró
improcedente la acción de cumplimiento que adelantó, por considerar que existen
otros mecanismos idóneos para debatir lo pretendido, y que el accionante carecía
de legitimación en la causa por activa para promover la acción de cumplimiento,
vulneró los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia,
“accionar acciones públicas en defensa de la constituci[ón] y la ley, a los
mecanismos de participación ciudadana de ejercer control social”, al incurrir en los
defectos fáctico, procedimental, material, decisión sin motivación, desconocimiento
del precedente judicial y violación directa de la Constitución.
5
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Actor: Melkis Guillermo Kammerer Kammerer

4.2. La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela porque
no cumple el requisito de la relevancia constitucional, en tanto se acude a ella con
la intención de insistir en la procedencia de la acción de cumplimiento, aspecto
que fue zanjado por el juez natural.

Con el fin de respaldar esa determinación, se realizará un breve recuento de
algunas actuaciones que se surtieron en el curso de la acción de cumplimiento,
como se pasa a exponer:

El ahora demandante presentó acción de cumplimiento contra el municipio de
Valledupar y el Concejo Municipal de Valledupar, con el fin de que se diera
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 8 de la Ley 2044 de 2020, así
como el artículo 58 de la Ley 388 de 1997, en el sentido legalizar los predios en
los que se ubicaban las invasiones o asentamientos humanos con más de 10
años de posesión por parte de la población desplazada y de la tercera edad.

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar mediante sentencia
de 10 de octubre de 2023, declaró improcedente la acción de cumplimiento para
resolver lo pretendido por el actor, con sustento en que:

“Bajo tal entendido, El Despacho considera que el accionante cuenta con otros
mecanismos de defensa judicial, para perseguir la pretensión que ocupa la acción
de la referencia, con lo cual no puede entonces concluirse la consumación de un
perjuicio irremediable en este asunto.

La razón de ser de esta causal de improcedencia es garantizar que la resolución
de las diferencias jurídicas sea efectuada por el juez natural, bajo el trámite que el
ordenamiento jurídico ha establecido como propio para ello y evitar así la alteración
de las competencias que han sido radicadas en las diferentes jurisdicciones. No se
puede entender que el Constituyente haya creado la acción de cumplimiento como
un instrumento paralelo a los medios judiciales ordinarios, porque ella simplemente
es un mecanismo residual y subsidiario.

En este punto se aclara que la subsidiariedad implica la improcedencia de la
acción, si se cuenta con otros mecanismos de defensa jurídica para lograr el
efectivo cumplimiento de ley o del acto administrativo, salvo que se esté en
presencia de una situación gravosa o urgente, que haga desplazar el instrumento
judicial ordinario, como salvaguarda de un perjuicio irremediable, cual no es el caso
en el presente. En estos términos, al no comprobarse vulneración o incumplimiento
de las normas invocadas, es menester declarar la improcedencia de la presente
acción constitucional, y en consecuencia las pretensiones, están llamadas a No
Prosperar por disponer el demandante de otro instrumento judicial, tal como se
señaló en precedencia”.

La parte actora impugnó la anterior decisión, con base en los siguientes
argumentos, que se extraen de la sentencia de segunda instancia, así:

“La parte accionante manifestó su disenso con lo dispuesto en el fallo de primera
instancia, peticionando la revocaría total y que en consecuencia se ordenara al
Municipio de Valledupar iniciar las gestiones necesarias para la legalización de los
predios en los que se ubicaban las invasiones o asentamientos humanos con más
de 10 años de posesión por parte de la población desplazada y de la tercera edad,
advirtiendo que el a quo declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento
bajo el argumento de la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, sin
embargo, no precisó cuáles eran esos medios con los que contaba para la
materialización del propósito perseguido por la vía constitucional.

Indicó que la posición del fallador de primera instancia desconoció la protección de
los derechos a la vivienda digna, a la prestación efectiva de los servicios públicos
de manera eficiente, continua y de buena calidad, al derecho colectivo de los
consumidores y usuarios, al debido proceso, y al principio de legalidad.

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Indicó que a juicio del a quo, para la concreción de lo pretendido debía de cumplir
con unos requisitos, sin tener en cuenta que él no era empleado del Municipio de
Valledupar para la observancia de los mismos, competencia que recaía en la
entidad territorial conforme a lo establecido en la Ley 2044 de 2020.

Adujo que sin fundamento legal alguno el Juzgado Primero Administrativo de
Valledupar, negó la acción de cumplimiento, desconociendo que conforme a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional es sobre los municipios que recaía la
obligación de legalizar las invasiones que tuvieran más de 10 años. Añadiendo que
con la Ley 2044 de 2020 no solo se buscaba sanear de manera definitiva la
propiedad de los asentamientos humanos ilegales consolidados y precarios en
bienes baldíos urbanos, sino también en los bienes fiscales titulables y los que
existían en predios de propiedad legítima de particulares.

Finalmente, manifestó que el juez de primera instancia tampoco tuvo en cuenta la
disposición que tenía el Ministerio de Vivienda en colaborar al Municipio de
Valledupar en el proceso de legalización de los asentamientos humanos”.

El Tribunal Administrativo del Cesar en fallo de 7 de noviembre de 2023, confirmó
la decisión de primera instancia, con fundamento en que el accionante no acreditó
la calidad en la que alegó actuar y que la acción de cumplimiento no es el
mecanismo idóneo para dirimir la discusión propuesta. La decisión tuvo por
sustento:

“Dilucidas las probanzas arrimadas por la parte actora, en el presente caso llama la
atención a la Sala que el señor Melkis Guillermo Kammerer Kammerer aduce
actuar en el litigio en su doble condición de presidente de la Asociación de
Desplazados Unidos de Colombia, así como de la Federación Nacional de
Comerciantes, en defensa de los consumidores y usuarios. No obstante, tal
aseveración, se echa de menos en el expediente documental alguna con la que
acredite tales calidades que lo habiliten para actuar en la acción de cumplimiento
en representación de tales grupos poblacionales. Circunstancia que pone en
evidencia su falta de legitimación en la causa por activa al no lograr demostrarse el
interés que le asiste.

De otra parte, también precisa la Sala que el accionante invoca como incumplidos
por parte de los accionados, los artículos 1, 2, 8 de la Ley 2044 de 2020 y 58 de la
Ley 388 de 1997, deviniendo de dicha desatención la vulneración de los derechos
colectivos a los consumidores y usuarios, a una infraestructura de servicios
públicos que garanticen la prestación de los servicios de manera eficiente y
continua, así como a una vivienda digna, al debido proceso de la población
desplazada y de la tercera edad, a una tutela judicial efectiva y al principio de
legalidad. Resultando procedente advertir que tales garantías son susceptibles de
ser protegidas a través del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos (Acción Popular), y de la acción de tutela, sin que sea la acción
de cumplimiento el mecanismo idóneo para tales fines.

De lo anterior, se observa, que la autoridad judicial accionada resolvió confirmar la
declaratoria de improcedencia de la acción de cumplimiento, por considerar que
no es el mecanismo para resolver lo pretendido, en tanto la protección de los
derechos colectivos como lo es la legalización de los predios puede ser promovida
por otros medios idóneos. De igual modo, indicó que el actor no acreditó la calidad
en la que adujo actuar.

4.3. Bajo el escenario expuesto, la Sala observa que la parte demandante emplea
la acción de tutela para insistir en un aspecto que fue zanjado en la acción de
cumplimiento en la que se dictaron las providencias objeto de reproche
constitucional, tal como lo es la procedencia de la misma para debatir lo propuesto
por el actor.

Al respecto, la Sala advierte que la decisión emanada del Tribunal Administrativo
del Cesar, de manera previa a la confirmación de la improcedencia de la acción de
cumplimiento, señaló los requisitos que se encuentran consagrados en la Ley 393

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de 1997, para luego establecer que al tratarse de la protección de derechos
colectivos no era el medio idóneo para la defensa de los intereses reclamados.

Adicional a lo anterior, se debe resaltar que el accionante no expuso de manera
puntual los reparos contra la providencia cuestionada, en tanto se limitó a
mencionar los defectos que consideró se configuraron con la decisión, sin
fundamento alguno, ya que del escrito de tutela se logra extraer que el actor
replica los argumentos y fundamentos señalados en la acción de cumplimiento y,
en tal razón, carecen de la relevancia constitucional necesaria para ser estudiadas
por el juez de tutela, pues dichos aspectos fueron motivo de estudio por el juez
natural del asunto en la sentencia que puso fin al asunto.

En ese orden, la Sala encuentra que en la providencia objetada para llegar a la
conclusión de que la acción de cumplimiento no era el medio judicial idóneo para
resolver lo pretendido por el actor, estudió los requisitos de dicho mecanismo
constitucional. Cuestión diferente es que el demandante se encuentre inconforme
con la decisión adoptada, razón por la que reitera los mismos argumentos del
escrito de impugnación relativos a la procedencia de la acción de cumplimiento.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 20196, estableció que
la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: “(i) preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y,
finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”7 (Negrilla y
resalta de la Sala)

En la sentencia SU-215 de 20228, recordó que el cumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional requiere “involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico”, a lo que agregó que “la controversia no debe
limitarse a una puramente legal y/o económica”. De allí que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios,
pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección de los derechos efectiva de los derechos fundamentales y
no a problemas de carácter legal”.

Lo expuesto es suficiente para concluir que el accionante acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, “accionar acciones
públicas en defensa de la constituci[ón] y la ley, a los mecanismos de participación
ciudadana de ejercer control social”, supuestamente vulnerados con la decisión de
7 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, en
este caso, a la manera de una instancia adicional, reiterando los argumentos
expuestos en el escrito de impugnación presentado en el marco de la acción de
cumplimiento relacionados con la procedencia de ese medio de defensa judicial
para resolver lo relativo a la legalización de los predios de invasiones de más de
diez años.

Por las razones expuestas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por
no cumplirse el presupuesto de la relevancia constitucional.

6
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
7
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
8
M.P. Natalia Ángel Cabo.

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III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Melkis Guillermo Kammerer Kammerer, quien actúa en nombre propio,
contra el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Valledupar, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

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