Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07381-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07381-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-07381-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
11 de abril de 2024
Radicación: 11001 03 15 000 2023 07381 01
Accionante: Ana María Laverde y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 07381 01
Accionante: ANA MARÍA LAVERDE Y OTROS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
A
Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por
el demandante pretende reabrir la controversia ya
resuelta por el juez natural
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el
fallo del 8 de febrero de 2024, dictado por el Consejo de Estado, Sección
Quinta.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. Los señores Ana María Laverde, Martha Helena Duque Laverde y
Víctor Javier Morales Laverde, por intermedio de apoderado judicial,
solicitaron el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, que estiman vulnerados con
ocasión de la sentencia del 4 de julio de 2023, mediante la cual el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A, falló en segunda instancia el
proceso de reparación directa con radicado 73001-23-31-000-2010-
00408-02, acumulado con el proceso con radicado 73001-23-31-000-
2010-00621-02 (60.784).
1.2. Los señores Ana María Laverde, Telésforo Morales Agray, Víctor
Javier Morales Laverde y Martha Helena Duque Laverde, quien actuó en
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Accionante: Ana María Laverde y otros
nombre propio y en representación de su hijo, entonces menor de edad,
Cristian Camilo Duque1, promovieron demanda de reparación directa
contra la Nación – Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías
(INVÍAS) y la sociedad Fertécnica S.A., con la finalidad de obtener la
indemnización de los perjuicios ocasionados por el fallecimiento del señor
José Guillermo Morales Laverde, acaecido el 2 de septiembre de 2008 en
un accidente ocurrido por la ruptura de una guaya en el puente de
Cajamarca. Este proceso se tramitó bajo el radicado 73001-23-31-000-
2010-00408-00.
A su vez, el señor Marco Arturo Castiblanco Bravo y la sociedad y
Servigrúas Acosta Ltda. instauraron demanda de reparación directa
contra la Nación – Ministerio de Transporte, el INVÍAS y las sociedades
Fertécnica S.A., Polyprotec S.A., Compañía Mundial de Seguros S.A. y
QBE Seguros S.A., por los perjuicios materiales causados por la
destrucción de dos grúas en el mismo accidente. El asunto se identificó
con el radicado 73001-23-31-000-2010-00621-00.
A través de auto del 1º de julio de 2014, el Tribunal Administrativo del
Tolima acumuló los procesos y, mediante fallo del 26 de septiembre de
2017, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Informaron que la anterior decisión fue apelada por ambas partes y,
mediante sentencia del 4 de julio de 2023, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, la revocó y, en su lugar, declaró la falta de
jurisdicción para conocer de ambos procesos. En consecuencia, ordenó
remitir el asunto con radicado 73001-23-31-000-2010-00408-00 a los
juzgados laborales del circuito de Ibagué, porque el daño se había
producido con ocasión de la relación laboral de la víctima con la sociedad
Polyprotec S.A.
1
De acuerdo con el registro civil de nacimiento obrante en el proceso ordinario, nació el 5 de agosto de 1993:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=730012331000201000408021
100103
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1.3. Los demandantes alegan en la tutela que la anterior decisión es extra
petita e incongruente porque la falta de jurisdicción no fue objeto de la
controversia planteada por las partes en el proceso de reparación directa.
Aducen que el fallo atacado incurrió en un defecto fáctico porque no
valoró todas las pruebas que demostraban la responsabilidad del INVÍAS
en el asunto, lo que generaba el fuero de atracción en virtud del cual el
asunto correspondía a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
A juicio de los demandantes, la responsabilidad del INVÍAS se presentó
por haberle adjudicado el contrato a Fertécnica S.A., empresa que no
fabricaba estructuras metálicas ni tenía experiencia en el sector eléctrico,
y por no haber efectuado la debida vigilancia de su ejecución, pues
permitió que de manera negligente se hiciera el montaje de estructuras
con desconocimiento de los presupuestos de seguridad y que se
contratara personal sin los debidos permisos y capacitaciones para el
desarrollo de dicha función.
En particular, hicieron alusión a las siguientes pruebas que
supuestamente fueron desconocidas por la autoridad judicial: (i) el
contrato 1609 de 2007, que en las cláusulas quinta y decimosexta
imponía al INVÍAS el deber de vigilancia y control respecto de la ejecución,
(ii) el acta núm. 17 del Comité Técnico del 13 de mayo de 2008, en la
cual Fertécnica S.A. puso en conocimiento del INVÍAS el sitio en el cual
se iban a fabricar los elementos, y (iii) las confesiones presentadas en los
escritos de contestación de la demanda, que indican que Fertécnica S.A.
subcontrató, sin autorización del INVÍAS, a la sociedad Polyuprotec S.A.
para la fabricación y el suministro de los elementos de reforzamiento para
la rehabilitación del puente, y para el montaje de esos elementos.
Arguyeron que la decisión incurre flagrante desconocimiento del artículo
90 de la Constitución, que establece que Estado debe responder
patrimonialmente por los daños antijuridicos que le sean imputables por
la acción u omisión de las autoridades.
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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. Mediante auto del 7 de diciembre de 2023, el a quo admitió la tutela
y dispuso a vincular como terceros con interés a los señores Telésforo
Morales Agray, Cristian Camilo Duque, Jesús Ángel Viña y Marco Arturo
Castiblanco Bravo; a las sociedades “Grúas Marco A Castiblanco”,
Servigrúas Acosta Ltda., Fertécnica S.A., Polyuprotec S.A., Compañía
Mundial de Seguros S.A., QBE Seguros S.A., Proyectos Geotécnicos
Ambientales Viales y de Ingeniería S.A.S., Mapfre Seguros S.A. y Liberty
Seguros S.A.; a la Nación – Ministerio de Transporte, al INVÍAS, al
Tribunal Administrativo del Tolima y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
2.2. El magistrado del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, ponente de la decisión objeto de tutela, alegó que la
solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, pues los
demandantes simplemente pretenden reabrir un debate ya agotado.
Sostuvo que la decisión atacada no constituye un fallo extra petita porque
la falta de jurisdicción es una causal de nulidad insaneable que, por tanto,
debe ser declarada a partir del momento en el que se avocó el
conocimiento del asunto.
Adujo que en el asunto objeto de controversia no se configuró el fuero de
atracción, por lo que este debía ser dirimido a través de los causes que la
ley ha determinado para las controversias contractuales de origen
privado, sin que ninguna regla habilite a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo para desplazar al juez natural.
2.3. El Ministerio de Transporte expuso que en el proceso ordinario se
declaró probada su falta de legitimación en la causa por pasiva. No
obstante, adujo que en este caso no se cumplen los prepuestos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y
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que la decisión atacada no vulneró los derechos fundamentales de los
demandantes.
2.4. La apoderada del INVÍAS dijo que la presente acción de tutela es
improcedente porque los demandantes no cumplieron con la carga
argumentativa necesaria respecto del supuesto defecto fáctico, y que,
además, no demostraron que se les hubieran vulnerado los derechos
fundamentales.
Luego, mediante un segundo memorial suscrito por otro apoderado, la
entidad solicitó que se deniegue el amparo porque la decisión
controvertida no fue arbitraria ni caprichosa, sino que por el contrario, se
dictó con fundamento en el análisis razonable del contrato 1609 de 2007,
así como de las demás pruebas obrantes en el expediente.
2.5. Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., por intermedio de
apoderada judicial, manifestó que la sentencia atacada no vulneró los
derechos fundamentales de la parte actora, ni constituyó una decisión
extra petita, pues es deber de los jueces verificar los presupuestos
procesales para asumir el conocimiento de los asuntos, los cuales no se
reunían en el asunto, porque las pruebas allegadas demostraron que la
controversia había tenido origen en un accidente laboral.
2.6. La sociedad Fertécnica S.A., por intermedio de apoderado, alegó
que la sentencia objeto de tutela no incurrió en vulneración del derecho
al debido proceso de los accionantes, pues, en efecto, los hechos que
dieron origen a la demanda ordinaria constituyeron un accidente de
trabajo, razón por la cual el daño padecido por las víctimas debía ser
resarcido por el empleador del señor José Guillermo Morales Laverde, que
era a quien le correspondía garantizar las condiciones de seguridad
necesarias para prevenir los riesgos propios de la actividad.
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2.7. El apoderado de Zurich Colombia Seguros S.A. precisó que solo
fungió como demandada en el proceso 2010-00621, mientras que en la
tutela se pretende el amparo de los derechos fundamentales de las
personas que actuaron como demandantes en el proceso 2010-00408.
De acuerdo con lo anterior, alegó que en la decisión de tutela no hay lugar
a hacer ningún pronunciamiento en lo que respecta a la controversia en
la que ella participó, máxime cuando en esta no se incurrió en ninguna
vía de hecho.
2.8. Jesús Ángel Viña, Liberty Seguros S.A., Proyectos Geotécnicos
Ambientales Viales y de Ingeniería y Servigrúas Acosta Ltda., vinculados
como terceros con interés, guardaron silencio.
2.9. En esta etapa, el apoderado de los demandantes presentó memorial
con la finalidad de descorrer el traslado de la contestación del magistrado
del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, ponente de la
decisión objeto de tutela. En concreto, reiteró los argumentos de la
demanda y agregó que la autoridad judicial vulneró el artículo 42 del
Código General del Proceso (CGP), que establece los deberes del juez.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante fallo del 8 de febrero de
2024, declaró la improcedencia de la tutela por falta de relevancia
constitucional porque los argumentos que exponen los demandantes en
cuanto a la configuración de un defecto fáctico no son más que la reiteración
del debate que ya fue zanjado en el proceso ordinario, por lo que es claro
que simplemente buscan acceder a una tercera instancia.
IV. IMPUGNACIÓN
Los demandantes impugnaron la sentencia de primera instancia y alegaron
que el a quo desconoció que la autoridad judicial demandada les vulneró
sus derechos fundamentales, toda vez que, después de haber pasado 14
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años esperando por una decisión de fondo, solo obtuvieron un fallo
inhibitorio, que en realidad no constituye una sentencia en los términos de
los artículos 187 y 278 del CGP, sino un auto que decreta la nulidad, y que
además los obliga a iniciar un nuevo proceso para buscar la reparación del
daño sufrido por la muerte de un ser querido.
Aducen que, en tal sentido, la decisión de primera instancia incurre en un
error al señalar que con la tutela se busca acceder a una tercera instancia,
pues en la solicitud de amparo nunca se buscó tal cosa, sino únicamente
que el juez de conocimiento dictara una sentencia que atendiera las
pretensiones formuladas y las pruebas recaudadas, sin limitarse a dictar un
fallo inhibitorio.
Advierten que la tutela sí cumple con el requisito de relevancia
constitucional, pues en la demanda se señalaron los derechos
fundamentales que se consideran vulnerados, esto es, el debido proceso, al
proferir una sentencia que no decide el fondo del asunto, y la vida, toda vez
que, después de 14 años de la muerte de su ser querido les deniega la
posibilidad de obtener la decisión de fondo sobre sus pretensiones.
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
5.2. HECHOS
5.2.1. Los señores Ana María Laverde, Telésforo Morales Agray, Víctor
Javier Morales Laverde y Martha Helena Duque Laverde, quien actuó en
nombre propio y en representación de su hijo, entonces menor de edad,
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Accionante: Ana María Laverde y otros
Cristian Camilo Duque, promovieron demanda de reparación directa
contra la Nación – Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías
(INVÍAS) y la sociedad Fertécnica S.A., con la finalidad de obtener la
indemnización de los perjuicios ocasionados por el fallecimiento del señor
José Guillermo Morales Laverde, acaecido el 2 de septiembre de 2008 en
un accidente ocurrido mientras realizaba trabajos en el puente de
Cajamarca. Este proceso se tramitó bajo el radicado 73001-23-31-000-
2010-00408-00.
5.2.2. El señor Marco Arturo Castiblanco Bravo y la sociedad Servigrúas
Acosta Ltda. instauraron demanda de reparación directa contra la Nación
– Ministerio de Transporte, el INVÍAS y las sociedades Fertécnica S.A.,
Polyprotec S.A., Compañía Mundial de Seguros S.A. y QBE Seguros S.A.,
por los perjuicios materiales causados por la destrucción de dos grúas en
el mismo accidente. El asunto se identificó con el radicado 73001-23-31-
000-2010-00621-00.
5.2.3. Los dos procesos fueron acumulados por el Tribunal Administrativo
del Tolima a través de auto del 1º de julio de 2014. Dicha autoridad
judicial, mediante sentencia del 26 de septiembre de 2017, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda. En concreto, declaró la
falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio de
Transporte y condenó de manera solidaria al INVÍAS, a Fertécnica S.A., a
Polyprotec S.A., a Proyectos Geotécnicos Ambientales Viales y a
Ingeniería Ltda. - PI Ltda.
5.2.4. La anterior sentencia fue apelada por ambas partes y, mediante
decisión del 4 de julio de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, la revocó y, en su lugar, declaró la falta de jurisdicción para
conocer de ambos procesos. En tal sentido, ordenó remitir el asunto con
radicado 73001-23-31-000-2010-00408-00 a los juzgados laborales del
circuito de Ibagué, porque el daño sufrido por el señor José Guillermo
Morales Laverde fue consecuencia de un accidente laboral acecido
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Accionante: Ana María Laverde y otros
mientras desempeñaba sus funciones como operario de la obra; y ordenó
remitir el proceso 73001-23-31-000-2010-00621-00 a los juzgados
civiles del circuito de Bogotá, por la naturaleza del asunto.
5.2.7. Los señores Ana María Laverde, Martha Helena Duque Laverde y
Víctor Javier Morales Laverde2 interpusieron acción de tutela al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales por la anterior providencia.
5.3. ANÁLISIS DE LA SALA
5.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
5.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación3,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.
Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 20224, la Corte
Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela
2
El apoderado de los demandantes informó que los señores Cristian Camilo Duque Laverde y Telésforo Morales
Agray fallecieron el 31 de marzo de 2015 y 20 de abril de 2019, respectivamente.
3
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
4
M. P. Natalia Ángel Cabo.
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Accionante: Ana María Laverde y otros
contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia
constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario
de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:
“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente
para cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se
requiere demostrar de manera razonable una restricción
desproporcionada a los derechos mencionados. […]”.
En este caso, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, que estima vulnerados con ocasión de la sentencia del 4 de julio
de 2023, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, falló en segunda instancia el proceso de reparación directa
con radicado 73001-23-31-000-2010-00408-02, acumulado con el
radicado 73001-23-31-000-2010-00621-02 (60.784).
Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello
se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos con respecto al caso concreto.
5.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional
En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute
resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que
“el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
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consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la
sentencia SU–573 de 20195, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
5
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022
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la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 6.
5.3.1.3. La competencia e independencia jurisdiccional
El segundo de los requisitos señalados tiene por finalidad preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o con un marcado
contenido económico. La Corte Constitucional ha conceptualizado así este
segundo elemento de la relevancia7:
“[…] La controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no
meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional,
las discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho
de índole económica, deben ser resueltas mediante los mecanismos
ordinarios dispuestos para su trámite, dado que ‘le está prohibido al juez
de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de carácter
netamente legal o reglamentario’, so pena de ‘involucrarse
en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones’. En tales
términos, un asunto carece de relevancia constitucional, según lo ha
considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita a la mera
determinación de aspectos legales de un derecho, como la correcta
interpretación o aplicación de una norma “de rango reglamentario o
legal”, salvo que de esta ‘se desprend[a]n violaciones a los derechos y
deberes constitucionales’ o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o
contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente
monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no
representen un interés general” […]”.
En esa medida, siguiendo el planteamiento de la Corte Constitucional, un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el debate planteado
por la parte actora es de naturaleza meramente legal y/o económica. Sin
embargo, en la reciente SU-215 de 2022, al respecto se señaló que:
“no significa que en todos los casos en los que se cuestione la definición
y aplicación judicial de normas de rango legal se incumple el requisito de
relevancia constitucional […] en la labor judicial la indebida aplicación de
normas de rango legal puede derivar en una violación de derechos
fundamentales. Justamente esa situación es la que sustenta la
existencia, caracterización y definición del defecto sustantivo. En todo
6
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
7
Sentencia SU–573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
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Accionante: Ana María Laverde y otros
caso, la relevancia constitucional exige que el accionante vincule la
discusión legal con la violación de una garantía fundamental o, en otros
términos, que explique con suficiencia el por qué la interpretación o
aplicación de una norma de rango legal afectó garantías constitucionales.
[…]”.
Y, para precisar aún más el alcance de este planteamiento, el referido
fallo de unificación advirtió:
“[…] Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra
sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente
en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de
derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos
arbitrales y las sentencias de anulación; (iv) procesos ejecutivos, entre
otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se
advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la
protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida
ante los jueces ordinarios. […]”.
En suma, el asunto debe trascender al plano constitucional, y ello se logra
cuando la argumentación no se limita a buscar la protección de los
intereses económicos o legales que identifican particularmente a la parte
actora, sino que justifica razonablemente la afectación desproporcionada
de los derechos fundamentales que se invocan.
5.3.1.4. La instancia adicional
La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho8:
“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado
a discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia
constitucional, ‘la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios’, pues la
competencia del juez de tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
8
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
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dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si
la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se
garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales,
como de los de las demás jurisdicciones’, en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios […]”.
En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.
Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia citada, cabe destacar que en el fallo C-590 de
2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una
decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].
Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
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la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.
5.3.2. Caso concreto
5.3.2.1. En este caso, la Sala advierte que las inconformidades planteadas
por la parte actora en la tutela consisten en que la sentencia atacada: (i)
es extra petita e incongruente porque la falta de jurisdicción no fue objeto
de la controversia planteada por las partes en el proceso de reparación
directa, (ii) incurrió en defecto fáctico porque no valoró todas las pruebas
que, a su juicio, demostraban la responsabilidad del INVÍAS en el asunto
y, en tal sentido, la configuración del fuero de atracción en virtud del cual
el proceso correspondía a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
y (iii) desconoció el artículo 90 de la Constitución, que establece la
responsabilidad patrimonial del Estado.
5.3.2.2. Frente al primer punto, la Sala advierte que el debate traído por
la parte actora es ajeno al derecho constitucional pues, si bien alegó la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso, sus
planteamientos simplemente exteriorizan su inconformidad frente a la
forma como procedió la autoridad judicial al evidenciar que carecía de
competencia para tramitar el asunto, aspecto que resulta ser de legalidad,
pues se resuelve de acuerdo con las disposiciones procesales aplicables.
Y, en todo caso, la demanda no controvierte con argumentos concretos la
forma como estas fueron aplicadas, pues ni siquiera las menciona.
Adicionalmente, la Sala estima que, si los demandantes consideran que
la sentencia que cuestionan incurrió en infracción del principio de
congruencia, bien podrían proponer ese debate a través del recurso
extraordinario de revisión, con fundamento en la causal consagrada en el
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numeral 5º del artículo 250 del CPACA, razón por la cual, sobre este punto
la tutela tampoco cumple con el requisito de subsidiariedad.
5.3.2.3. Por otra parte, en cuanto al supuesto defecto fáctico y al
desconocimiento del artículo 90 de la Carta, la Sala considera que los
argumentos de la tutela se orientan simplemente a controvertir el análisis
que realizó la autoridad judicial accionada en relación con la configuración
del fuero de atracción, a partir de la alegada responsabilidad del INVÍAS
en los hechos de la demanda de reparación directa, lo cual constituye
justamente el debate que ya se agotó en el proceso ordinario.
Por lo tanto, es claro que la parte actora sólo busca ventilar sus
inconformidades frente a las conclusiones a las que llegó el juez natural
del asunto sobre el caso planteado, esto es, pretende que el juez
constitucional analice nuevamente la controversia y emita una nueva y
distinta resolución sobre el particular, finalidad para la cual no es
procedente este mecanismo excepcional de protección.
5.3.2.4. Por último, la Sala advierte que, si bien en la impugnación los
demandantes alegan que la sentencia atacada les vulnera los derechos
fundamentales porque llevan 14 años esperando una decisión de fondo y
sus expectativas se ven frustradas por la expedición de un fallo inhibitorio,
lo cierto es que los argumentos que expusieron en la tutela están
orientados simplemente a obtener un nuevo pronunciamiento sobre el
asunto, finalidad para la cual, se insiste, no es procedente esta acción
constitucional.
A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
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partes o aplicando la normativa vigente para el caso, simplemente está
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y
la ley, en el ámbito de sus competencias, y cualquier desconocimiento
que a tales atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría
claramente un pronunciamiento por fuera de las competencias que le
corresponden, utilizando además el trámite de una acción que no ha sido
diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.
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Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues si bien la parte actora alega que la providencia atacada se
pronunció sobre un aspecto que no había sido materia de debate, lo cierto
es que no formula en torno a ello un verdadero debate de índole
constitucional, sino que se limita a cuestionar la aplicación de las normas
procesales que rigen el asunto, sin acudir para ello al trámite establecido
en la ley, y a buscar que se efectúe una nueva valoración de las pruebas
practicadas, al encontrarse inconforme con la efectuada por el juez
natural del asunto.
Siendo así, es evidente que la presente acción de tutela carece de
relevancia constitucional en relación con el segundo y el tercero de los
presupuestos estudiados, y del requisito de subsidiariedad en cuanto a la
supuesta violación del principio de congruencia, razón por la cual resulta
completamente innecesario el estudio sobre el posible cumplimiento de
los restantes requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra
decisiones judiciales.
5.4. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala confirmará el fallo impugnado,
que declaró improcedente el amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 8 de febrero de 2024, dictada
por el Consejo de Estado, Sección Quinta, de acuerdo con las razones
expuestas en esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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