Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07382-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Subsidiariedad: la parte interesada cuenta con el recurso extraordinario de revisión
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07382-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-07382-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
19 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veinticuatro (2024).
Radicación número: 11001031500020230738201
Accionante: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA - SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos /
SUBSIDIARIEDAD – la parte interesada cuenta con el recurso extraordinario de revisión
para exponer su inconformidad respecto de la sentencia cuestionada.
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la parte demandante
contra la sentencia del 29 de enero de 2024, mediante la cual la Subsección B de
la Sección Tercera de esta Corporación negó el amparo solicitado1.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 6 de diciembre de 2023, la Universidad del Tolima, a través de apoderado,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del mismo departamento,
con el fin de que se deje sin efecto la sentencia de segunda instancia proferida el
19 de octubre de 2023 por esa autoridad judicial, en un proceso de nulidad y
1
Que ingresó para fallo el 6 de marzo de 2024.
restablecimiento del derecho instaurado por el señor Arlinton Murillo en contra de la
hoy tutelante.
2. En criterio de la entidad demandante, la providencia cuestionada vulneró sus
derechos al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la Administración de
Justicia, e incurrió en defecto fáctico, sustantivo y en desconocimiento del
precedente.
Hechos relevantes
3. En noviembre de 2014, el señor Arlinton Murillo fue nombrado como secretario
académico de la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Tolima
por el Decano, quien tenía la facultad para ello.
4. El Consejo Superior de la mencionada universidad expidió el Acuerdo 033 del 30
de diciembre de 2016, que dispuso, entre otras cosas, que la facultad de nominación
del personal de la institución recaía en el rector, lo cual implicó la supresión de dicha
competencia respecto de los decanos.
5. En virtud de la facultad otorgada, el rector de la Universidad del Tolima mediante
la Resolución 033 de 2017, nombró a otra persona en el cargo de secretario
académico de la facultad de Ciencias de la Educación, lo cual significó la
insubsistencia tácita del nombramiento del señor Arlinton Murillo.
6. Con ocasión de lo anterior, la persona afectada instauró una demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho en contra de la institución universitaria con el fin de
que se declarara la nulidad del acto administrativo que lo desvinculó2 y que, como
consecuencia, se pagaran las indemnizaciones a que hubiera lugar.
2
En la demanda se formularon como causales de nulidad: i) infracción de las normas en que debía
fundarse el acto administrativo, ii) expedición irregular, iii) falsa motivación y iv) desviación de poder.
7. En primera instancia, el Juzgado Tercero Administrativo de Ibagué negó las
pretensiones de la demanda3, decisión que fue apelada por la parte demandante4.
El conocimiento del recurso correspondió al Tribunal Administrativo del Tolima que,
mediante sentencia del 19 de octubre de 2023 revocó el fallo apelado y accedió a
las pretensiones.
8. Como sustento de la decisión, el tribunal aplicó la excepción de ilegalidad del
Acuerdo 033 de 2016, que había otorgado facultades de nominación al rector de la
Universidad del Tolima, circunstancia que vició el acto particular que fue demandado
en sede de nulidad y restablecimiento del derecho, a través del cual se nombró a
otra persona en el cargo de secretario académico.
9. Cabe destacar que, por cuenta de ese análisis, el tribunal se abstuvo de examinar
los argumentos formulados en el recurso de apelación.
Fundamentos de la demanda de tutela
10. La entidad accionante sostuvo que la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima incurrió en vía de hecho por haber aplicado la excepción
de ilegalidad de un acto administrativo que no fue demandado y, de esta manera,
se abstuvo de examinar la controversia desde la óptica de la fijación del litigio, lo
cual afectó sus derechos fundamentales en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en la medida en que abordaron temas que no fueron
objeto de debate procesal y que podrían estar relacionadas con el desconocimiento
del principio de congruencia.
3
Entre las consideraciones del juzgado para negar las pretensiones se destaca que sostuvo que no
se acreditó la configuración de las causales de nulidad invocadas y, además, respecto de lo
manifestado por la parte actora en los alegatos de conclusión, indicó que no podía inaplicar el
Acuerdo 033 de 2016, por cuanto no fue fundamento de las pretensiones ni de la demanda.
4
En la impugnación presentada se reiteraron los cargos de nulidad formulados y se agregó que la
competencia del rector de la Universidad del Tolima para removerlo del cargo estaba sometida a
debate, ya que en un proceso de simple nulidad se decretó la suspensión provisional del Acuerdo
033 de 2016.
11. En su criterio, se configuraron los siguientes defectos:
• Defecto sustantivo: por fundamentar la decisión en una norma aplicada de
manera equivocada al caso concreto. Al respecto sostuvo que la aplicación
del artículo 148 del CPACA debía hacerse desde la óptica del análisis del
acto administrativo frente a disposiciones legales y constitucionales, lo cual
no ocurrió, dado que la confrontación se efectuó con actos administrativos
emanados del mismo ente universitario.
• Defecto fáctico: por ausencia de valoración probatoria respecto del supuesto
legal en el que se sustentó la decisión. Se indicó que se predicó una
expedición irregular del acto, sin que la parte demandante hubiese aportado
pruebas en tal sentido; por otro lado, se afirmó que se valoró la sentencia de
primera instancia que declaró la nulidad del Acuerdo 33 de 2016, sin que esa
providencia estuviera en firme, dado que se encuentra en trámite, ante esta
Corporación, el recurso de apelación instaurado en contra de la mencionada
sentencia.
• Desconocimiento del precedente horizontal, por no tener en cuenta las
decisiones del mismo tribunal en casos similares, entre otras, i) la del 11 de
agosto de 2022 en el proceso 73001333300120170019302, ii) la del 15 de
septiembre en el proceso 73001333300720170019601, iii) la del 5 de
septiembre de 2022 en el proceso 73001333300220170020901 y iv) la del
20 de octubre de 2022 en el proceso 73001333300520170019701.
Trámite en primera instancia
12. El conocimiento de la demanda de tutela le correspondió al Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, quien dispuso su admisión mediante auto del 12 de
diciembre de 2023, providencia en la cual se ordenó la vinculación de las partes que
intervinieron en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
13. El señor Arlinton Moreno -demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho- solicitó negar el amparo solicitado, por cuanto la
decisión cuestionada estaba sustentada y ajustada al ordenamiento jurídico.
14. Las demás partes e intervinientes guardaron silencio.
La sentencia de primera instancia
15. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
providencia del 29 de enero de 2024 negó el amparo solicitado por considerar que
no se vulneraron los derechos fundamentales invocados ni se acreditaron los
defectos atribuidos a la sentencia censurada.
16. Como sustento de la decisión se afirmó que el control por vía de excepción es
una facultad que se ejerce, aun de manera oficiosa, por parte de los jueces
administrativos, en virtud de la cual se permite inaplicar actos administrativos
cuando resultan contrarios a la Constitución y la Ley.
17. En este sentido, como el acto demandado tenía como fundamento el Acuerdo
033 de 2016, que facultó al rector de la Universidad del Tolima para realizar
nombramientos, resultaba lógico y razonable que su inaplicación sirviera de
sustento para predicar la ilegalidad de la Resolución 033 de 2017, a través de la
cual se desvinculó al entonces demandante del cargo que desempeñaba en la
institución. De acuerdo con lo anterior, concluyó que el artículo 148 del CPACA sí
resultaba aplicable al caso, de ahí que no se configurara el defecto sustantivo
alegado.
18. Respecto del defecto fáctico indicó el a quo que no se configuró, en la medida
en que no se evidenció una valoración probatoria irracional y tampoco una violación
al principio de congruencia, entre otras razones, porque la facultad oficiosa en
materia de excepción de ilegalidad le permitió al tribunal decidir en la forma en que
lo hizo, al margen de que el estudio del Acuerdo 033 de 2016 no fuera parte de la
fijación del litigio.
19. En cuanto al desconocimiento del precedente, sostuvo que las providencias
invocadas como antecedentes jurisprudenciales fueron expedidas con antelación a
la declaratoria de nulidad del Acuerdo 033 de 2016, motivo por el cual resultaba
apenas lógico el análisis propuesto en la sentencia censurada y no se podía perder
de vista que las decisiones mencionadas no tenían carácter vinculante.
La impugnación
20. La entidad accionante solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia,
para lo cual expuso los siguientes argumentos:
21. Respecto de la configuración del defecto sustantivo, manifestó que en ningún
momento cuestionó que el control por vía excepción procede de manera oficiosa, lo
que ocurrió en este caso es que hubo una indebida aplicación de esa figura, en tanto
el Tribunal Administrativo del Tolima se abstuvo de efectuar una confrontación entre
el Acuerdo 033 de 2016 y las normas legales o constitucionales potencialmente
vulneradas.
22. En este sentido, sostuvo que el artículo 148 del CPACA permite inaplicar actos
administrativos -con efectos inter partes- cuando transgredan la Constitución o la
Ley; sin embargo, el fallo impugnado no contiene un estudio concerniente a la forma
en la que se concretó esa vulneración, sino que únicamente se examinaron normas
de rango inferior, como lo son aquellas que regulan la gestión del ente universitario.
23. Adicionalmente, afirmó que en la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho no se formularon cargos por falta de competencia, motivo por el cual, el
análisis del Tribunal Administrativo del Tolima sorprendió a la parte demandada y le
impidió ejercer su derecho de contradicción, con las consecuencias que de ello se
desprende.
24. Finalmente, en lo que tiene que ver con este defecto, se indicó que la Resolución
033 de 2017 no tenía relación directa con el Acuerdo 033 de 2016, de ahí que
tampoco resultaba procedente el análisis efectuado por el tribunal para declarar la
nulidad del primero de los mencionados actos, como consecuencia de la
inaplicación por vía de excepción que se hizo respecto de aquel que facultó al rector
de la universidad para realizar nombramientos.
25. En cuanto al desconocimiento del precedente, insistió en que el tribunal
desconoció las decisiones que había adoptado en casos idénticos y en los cuales
concluyó que no se podía aplicar el control por vía de excepción en aquellos eventos
en los que la demanda y el recurso de apelación no tenían relación con el acto
administrativo a inaplicar, motivo por el cual, al no haberse demandado el Acuerdo
033 de 2017 o al menos no haberse aludido a este como sustento u origen de la
nulidad del acto particular, no resultaba viable examinar su eventual ilegalidad.
26. Por último, en lo atinente al defecto fáctico, afirmó que se dio valor probatorio a
una sentencia que no estaba en firme –la que declaró la nulidad del Acuerdo 033
de 2016 y se encontraba en trámite de apelación ante esta Corporación-,
circunstancia que incidió en la decisión que se cuestiona a través de la acción de
tutela.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Acción de tutela contra providencias judiciales
27. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo
de 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales5.
28. Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
de la Corporación adoptó los las reglas fijadas por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional
contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y
excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el
artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente a
decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características6.
29. Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados, son7:
• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, dado
que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de 2012,
exp. 2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 23 de
febrero de 2017, exp. 2016-03336-00 (AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre muchas otras
providencias.
• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.
• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora.
• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
• Que no se trate de sentencias de tutela.
A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:
• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
• La violación directa de la Constitución Política.
30. Así las cosas, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de
tutela verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal
manera que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura,
por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser
alegados por el interesado8.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016-00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, entre otras.
Caso concreto
31. En el presente asunto, la Sala estudiará si en este caso se cumple o no con el
requisito de subsidiariedad, a partir del estudio de la existencia de medios de
impugnación ordinarios o extraordinarios para cuestionar la providencia judicial
censurada por vía de esta acción constitucional.
32. En cuanto a este requisito, es menester precisar que encuentra origen
constitucional en el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política según el cual
la acción de tutela “sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1 del artículo 6 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
33. En ese sentido, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten
idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran
amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la acción de tutela.
34. Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido:
Esta exigencia constitucional responde al principio de subsidiariedad del
amparo, que pretende asegurar que no sea considerado en sí mismo una
instancia más en el trámite jurisdiccional, un mecanismo de defensa que
reemplace aquellos otros diseñados por el legislador y mucho menos, como se
pretende en este caso, un camino excepcional para solucionar errores u
omisiones de las partes para corregir oportunidades vencidas en los procesos
jurisdiccionales ordinarios9.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
9 Sentencia T-735 de 17 de octubre de 2013, M.P. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
35. En la sentencia SU- 026 de 202110, la Corte Constitucional se pronunció dentro
de una acción de tutela formulada en contra de la sentencia proferida el 1° de
octubre de 2018 por la Sección Tercera, Subsección “C” de esta Corporación, que
dentro de un proceso de reparación directa revocó un fallo dictado en primera
instancia y declaró la caducidad de la acción de reparación directa presentada por
los accionantes contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
36. En la demanda de tutela los accionantes argumentaron que la sentencia incurrió
en los siguientes defectos: (i) la Subsección “C” alteró la causa petendi al centrarse
en una pretensión diferente a la expresada en la demanda de reparación directa, lo
que permitió declarar la caducidad de la acción sin analizar el caso en su totalidad,
(ii) se cometió un error fáctico en la concreción del daño antijurídico y (iii) la
sentencia no tuvo en cuenta el precedente jurisprudencial sobre la caducidad de la
acción de reparación directa en casos de daño continuado o de tracto sucesivo.
37. De acuerdo con las pruebas obrantes en ese proceso, la Corte determinó que
los accionantes en tutela formularon de forma concomitante demanda en ejercicio
del recurso extraordinario de revisión, con fundamento en el artículo 250.5 de la Ley
1437 de 2011, según el cual constituye causal de revisión la de “existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación”.
38. Con fundamento en lo anterior, la Corte determinó que la “acción de tutela no
cumple con el requisito de subsidiariedad” en tanto que el “recurso extraordinario de
revisión sí constituía un medio de defensa idóneo y eficaz. Primero, porque los
accionantes no hicieron referencia a ninguna circunstancia particular que hiciera
desproporcionado acudir al mecanismo extraordinario de revisión. (…) no son
sujetos de especial protección constitucional, por lo que la complejidad jurídica del
trámite de revisión y la duración del proceso no constituían una barrera de acceso
a la justicia en su caso concreto. Segundo, porque dicho trámite sí era eficaz para
10 MP. Cristina Pardo Schlesinger.
amparar integralmente los derechos fundamentales invocados en la acción de tutela
de la referencia, como posteriormente se demostró”.
39. La Corte Constitucional concluyó que el recurso extraordinario era el mecanismo
idóneo para el estudio de las cuestiones formuladas “debido a que (i) la violación
alegada por los accionantes se refiere exclusivamente al debido proceso y (ii) la
protección de este derecho puede encuadrase de manera integral dentro de las
causales del recurso extraordinario de revisión. Por consiguiente, era este recurso,
y no la acción de tutela, el mecanismo de defensa idóneo y eficaz para discutir los
defectos procesales de la sentencia del Consejo de Estado. Más aún, dichos
defectos fueron después efectivamente encuadrados por los accionantes en la
causal 5ª del artículo 250 de la Ley 1537 de 2011, relativa a las irregularidades
“originadas[s] en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación”.”
40. En el caso que se analiza, la parte demandante alegó que la sentencia emitida
por el Tribunal Administrativo del Tolima vulneró sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, debido a que
el tribunal aplicó el control por vía de excepción del Acuerdo 33 de 2016, que fue el
fundamento normativo para que el rector de la Universidad del Tolima emitiera el
acto que declaró insubsistente el nombramiento del señor Arlinton Murillo como
secretario académico de la facultad de Ciencias de la Educación.
41. En concreto, la Universidad cuestionó que el tribunal hiciera uso de la figura
prevista en el artículo 148 del CPACA. para inaplicar el Acuerdo 33 de 2016,
efectuando la confrontación con otra disposición reglamentaria de la misma
jerarquía normativa, cuando el citado artículo ordena que la confrontación se efectúe
de cara a normas de orden legal y constitucional. Además, la entidad demandante
argumentó que se encontró sorprendida en el proceso con un análisis que no fue
planteado en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, ni formó parte
de la fijación del litigio, como lo es la competencia del rector para efectuar el
nombramiento del secretario académico. Esta circunstancia, a juicio de la parte
actora, afectó la congruencia de la sentencia cuestionada.
42. Conforme a la sentencia de unificación de la Corte Constitucional antes citada,
la Sala considera que los argumentos presentados por la entidad demandante se
refieren a presuntas irregularidades atribuidas a la sentencia de segunda instancia
emitida por el Tribunal Administrativo del Tolima, respecto de la cual no proceden
recursos ordinarios y que presuntamente se consolidaron con la expedición de la
sentencia misma. Razón por la cual, en atención a lo previsto en el artículo 250.5
del CPACA., según el cual es causal de revisión “existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”,
la acción de tutela es improcedente en este caso particular.
43. De acuerdo con jurisprudencia de esta Corporación, para que esta causal se
configure es indispensable que el defecto alegado surja al momento de emitirse la
sentencia objeto del recurso, la cual no puede ser apelada, ya que las actuaciones
previas, en principio, solo pueden ser impugnadas como posibles motivos de nulidad
procesal o a través de los recursos ordinarios de impugnación 11. Tratándose de la
violación del principio de congruencia, la Sala Séptima Especial de Decisión de esta
Corporación en sentencia de 27 de octubre de 202012 identificó dicho vicio como un
evento constitutivo de la causal prevista en el artículo 250.5 de la Ley 1437 de 2011
lo que implicó, de cara al caso particular, que infirmara la sentencia materia de
revisión y dictara la correspondiente decisión de reemplazo13.
44. En este orden de ideas, como los cuestionamientos de la Universidad del Tolima
en contra de la sentencia se refieren a una posible transgresión del principio de
congruencia y esa situación tiene la virtualidad de enmarcarse en la causal antes
11 Al respecto se puede consultar la sentencia del 1 de noviembre de 2016, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Décima Especial de Decisión, radicación 11001-03-15-000-2012-
00230- 00(REV).
12 Radicación número: 11001-03-15-000-2014-04397-00(REV). CP. Martín Bermúdez Muñoz.
13 Ibidem.
señalada14, el recurso extraordinario de revisión se erige como un mecanismo eficaz
para controvertir la sentencia del 19 de octubre de 2023, sin que se hubiere
acreditado la existencia de un perjuicio irremediable o de alguna situación que
tornara nugatorio el ejercicio de este medio, motivo por el cual la acción de tutela
resulta improcedente y así se declarará.
45. Dicho de otra manera, como la sentencia cuestionada es susceptible de ser
controvertida a través del recurso extraordinario de revisión en los términos ya
señalados, y no se encuentran motivos para sostener que este mecanismo resulte
ineficaz, la Sala estima que no se cumple con el requisito de subsidiariedad de la
tutela, motivo por el cual se modificará el fallo impugnado, en el sentido de declarar
improcedente la acción interpuesta por la Universidad del Tolima.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
MODIFICAR la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B y, en su lugar, se dispone:
14 Al respecto, esta Subsección ha señalado en providencias anteriores: “(…) para la Sala es claro
que los fundamentos que motivaron la solicitud de amparo tienen relación con la incongruencia
en la que habría incurrido la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, toda
vez que habría desbordado su competencia, pues debía limitarse a estudiar si el IBL reconocido en
primera instancia formaba parte o no del régimen de transición y no si le resultaban aplicables al
demandante los “Decretos 546 de 1971, 542 de 1977, 717 de 1978”. En ese orden de ideas, se
advierte que para casos como el presente, la parte afectada cuenta con el recurso
extraordinario de revisión (…), por la causal de “nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación”, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia
de esta Corporación (sentencia del 22 de octubre de 2021, radicación número: 11001-03-15-000-
2021-05561-01).
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
Universidad del Tolima, por las razones expuestas en las consideraciones que
anteceden.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ejecutoriada esta providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.
VF
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