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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-07389-01

Fecha
20 de junio de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-07389-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- REVÓCASE la sentencia de 1 de febrero de 2024, dictada por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, que negó las pretensiones de la solicitud de tutela. En su lugar, Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la Rectoría Capilla Santa Ana de Centro Chía, quien actúa por conducto de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, por las razones aquí expuestas. Tercero.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2023-07389-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

20 de junio de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07389-01
Demandante: Rectoría Capilla Santa Ana de Centro Chía

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07389-01
Demandante: RECTORÍA CAPILLA SANTA ANA DE CENTRO CHÍA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “B”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para obtener la exención total del
impuesto predial en lugar destinado a culto religioso y zonas
comunes de una copropiedad. Defecto sustantivo. Requisito general
de relevancia constitucional cuando se acude como instancia
adicional para dar continuidad a la misma discusión de naturaleza
legal

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte accionante, por intermedio de apoderado judicial, contra la
sentencia de 1 de febrero de 2024, dictada por la Sección Segunda, Subsección
“A” del Consejo de Estado, en la que negó las pretensiones de la acción tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La parte actora manifestó que el 18 de noviembre de 2016, por intermedio de su
representante legal, solicitó la exoneración del impuesto predial por el año
gravable 2017, con fundamento en los artículos 81 y 82 del Acuerdo 107 de 2016
expedido por el municipio de Chía, por medio del cual se expide el ordenamiento
tributario de la entidad territorial.

Señaló que mediante la Resolución No. 996 de 31 de marzo de 2017, la
Secretaría de Hacienda Municipal de Chía accedió parcialmente a la solicitud de
exoneración, “desagregando la misma en un 35,92% sobre el total del avalúo,
porcentaje correspondiente a excluir los 402,74 mts2 de construcción de la Capilla y
dejando gravados el 64,08% del resto del gravamen, correspondiente al área de terreno
asignada como coeficiente de copropiedad”.

Explicó que en relación con la exención tributaria parcial de los inmuebles
destinados a culto religioso, en el referido acto administrativo se indicó que “en
“[s]entencia de la sección Cuarta del Consejo de Estado Rad.
25000232700020120037001 (20785), C.P. MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA,
del 14 de Mayo de 2015, consagra “Por ello, independientemente de que el inmueble de
la actora sea un único bien, lo cierto es que el demandando podía conceder sobre este la
exención parcial del impuesto predial unificado, no solo porque las exenciones tributarias
pueden ser parciales o totales, sino, porque ello obedeció a criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y sobre todo, a la realidad del predio, que se verificó mediante
1

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Demandante: Rectoría Capilla Santa Ana de Centro Chía

inspección ocular”, desconociendo que en dicho fallo se hace referencia a un predio
de mayor extensión dentro del cual una congregación religiosa tiene algunas
construcciones de orden religioso que no abarcan la totalidad del inmueble,
mientras que la Capilla Santa Ana es un bien sujeto al régimen de propiedad
horizontal por lo que el metraje del terreno “que se asigna se incorpora al predial
como porcentaje de asignación de bienes comunes”.

Sostuvo que el 2 de junio de 2017, presentó recurso de reconsideración contra la
anterior decisión, porque consideró que la exención del tributo debía aplicarse
sobre la totalidad del área de terreno equivalente a 1.121 mts2 que corresponde al
porcentaje de coeficiente de ocupación que sobre la totalidad de las áreas del
centro comercial el IGAC asigna por ley para la determinación del avalúo catastral
y no solamente al área construida (402,74 mts2).

Expuso que por medio de Resolución No. 1680 de 4 de mayo de 2018, la
administración municipal resolvió de manera desfavorable el recurso de
reconsideración porque no encontró probado que la totalidad del predio se
destinara al culto religioso. Así mismo, que las áreas comunes como
parqueaderos se explotan comercialmente con fin lucrativo para el centro
comercial por lo que resultaba procedente acceder a la exención de la totalidad
del edificio destinado al culto religioso y citó el artículo 16 de la Ley 675 de 2001
para concluir que dicha disposición riñe con la exención del predio destinado al
culto religioso de la Ley 20 de 1974.

Refirió que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, presentó demanda contra la Secretaría de Hacienda de Chía, con el fin
de que se anularan los citados actos administrativos que negaron la exención total
del impuesto predial del año gravable 2017. Adujo que reprochó la limitación de la
exención y resaltó que la Ley 675 de 2001 no permite la creación del impuesto
predial sobre las áreas comunes.

Señaló que del asunto conoció, en primera instancia, el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Zipaquirá, que en sentencia de 30 de noviembre de
2022 negó las súplicas de la demanda, al considerar que la exención autorizada
se determinó sobre la zona que es utilizada para el culto religioso, porque no era
posible separar las áreas privadas de las comunes para la exención total del
impuesto predial. Agregó que la decisión se sustentó en la sentencia de 14 de
mayo de 2015 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado1.

Finalmente, indicó que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación,
el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección “B”, en fallo de 5 de octubre de 2023, en el sentido de
confirmarla íntegramente, al considerar que conforme con el artículo 81 del
Estatuto de Rentas Municipal solo el área construida del predio donde se ubica la
Capilla Santa Ana de Centro Chía estaría exenta del impuesto predial unificado,
pues independiente que el bien haga parte de una propiedad horizontal la
exención solo se conceden respecto de los edificios destinados al culto2.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela en defensa del derecho fundamental al
debido proceso, así como de los principios de seguridad jurídica y legalidad, los
cuales considera vulnerados con la sentencia de 5 de octubre de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”,
que confirmó el fallo que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
1
M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
2
La magistrada Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda salvó el voto.
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restablecimiento del derecho, tendientes a obtener la exención del impuesto
predial del año gravable 2017, del inmueble destinado al culto religioso iniciado
contra la Secretaría de Hacienda de Chía (radicado No. 25899-33-33-003-2018-
00229-01).

En primer lugar, hizo referencia a algunos de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sentido de
indicar que la acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad, en tanto
se dirige contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B” por lo que no
cuenta con otro medio de defensa ordinario o extraordinario para la protección de
sus derechos fundamentales y también se encuentra acreditado el requisito de
inmediatez porque presentó la acción dentro del término razonable. Agregó que
acude al amparo constitucional por el impacto económico y “perjuicioso” que
generó la decisión cuestionada.

Luego, alegó la configuración del defecto sustantivo, porque el tribunal
accionado interpretó de manera errónea el numeral 3 del artículo 81 del Acuerdo
107 de 20163, al indicar que para la exención del impuesto predial de los bienes
inmuebles destinados a culto religioso que se encuentren en un régimen de
propiedad horizontal se puede separar el tributo exonerando la parte privada y
gravando la zona que corresponde a las áreas comunes.

A su juicio, dicha interpretación desconoce lo dispuesto en los artículos 16, 19, 25,
26 y 32 de la Ley 675 de 20014 y lo expuesto por la Corte Constitucional en la
sentencia C-944 de 2003, en los que se reconoce que las áreas comunes de un
edificio o conjunto no son propiedad de los copropietarios, sino que estos ejercen
un derecho de dominio sobre dichas áreas, por lo que aseveró que los
parqueaderos, zonas verdes, pasillos, áreas de cargue y descargue, baños,
plazoleta de comidas y demás áreas comunes que se encuentran en el centro
comercial Centro Chía no son de propiedad de la Capilla Santa Ana, por lo que no
es aplicable el Acuerdo 107 de 2016.

Destacó que desde la vigencia de la Ley 182 de 1948 se dispuso respecto de la
propiedad horizontal que cada propietario sería dueño exclusivo de su piso o
departamento, y comunero de los bienes afectados al uso común, integración que
se sigue en la Ley 16 de 1985 y se ratifica en la actualidad con la Ley 675 de
2001.

Agregó que la ilegalidad se extiende al desconocimiento y aplicación del artículo
32 de la Ley 675 de 2001, porque como lo expuso la Corte Constitucional en la
sentencia C-944 de 2003, “las áreas comunes no son propiedad de los copropietarios,
sino que estos ejercen un derecho de dominio, derecho de dominio que contrario a lo
expresado por la instancia Tutelada “no es propiedad de la Rectoría Capilla Santa Ana de
Centro Chía”, por lo que no le son aplicables los parágrafos primero y tercero del artículo

3
Por el cual se adopta el Estatuto de rentas y se adiciona el régimen de procedimiento tributario y sancionatorio del
Municipio de Chía. Artículo 81 numeral 3. - parágrafos 1 y 3. (Acuerdo 107 de 20162 – Chía) 3. Los edificios destinados al
culto, las curias diocesanas, las casas episcopales y cúrales, los seminarios y los bienes de utilidad común sin ánimo de
lucro de propiedad de la Iglesia Católica y de las demás iglesias legalmente constituidas y reconocidas por el estado
colombiano. Las demás propiedades de las iglesias serán gravadas en la misma forma que las de los particulares. […]
Parágrafo Primero. Los demás predios o áreas de propiedad de las entidades exentas, con destinación diferente a las
taxativamente consagradas en el presente artículo, serán gravados con impuesto predial unificado. Parágrafo Segundo. (…)
Los bienes de que trata el presente artículo, que sean de uso comercial o que su explotación se realice a través de una
actividad para obtener un lucro particular, no gozan de la exención aquí otorgada.
4
ARTÍCULO 16. IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES PRIVADOS O DE DOMINIO PARTICULAR. Los bienes privados o de
dominio particular, deberán ser identificados en el reglamento de propiedad horizontal y en los planos del edificio o conjunto.
La propiedad sobre los bienes privados implica un derecho de copropiedad sobre los bienes comunes del edificio o
conjunto, en proporción con los coeficientes de copropiedad. En todo acto de disposición, gravamen o embargo de un bien
privado se entenderán incluidos estos bienes y no podrán efectuarse estos actos en relación con ellos, separadamente del
bien de dominio particular al que acceden. PARÁGRAFO 1o. De conformidad con lo establecido en el inciso 2o. del
presente artículo, el impuesto predial sobre cada bien privado incorpora el correspondiente a los bienes comunes del
edificio o conjunto, en proporción al coeficiente de copropiedad respectivo.
3

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81 del Acuerdo 107 de 2016, por no ser éstos de propiedad de la iglesia Católica, sino
sobre los cuales se ejerce un derecho, derecho que no se limita a aquellos que se
encuentren al frente o al rededor del bien particular, sino sobre todas las áreas comunes
que integran la copropiedad, como los parqueaderos, zonas verdes, pasillos de los pisos
1º, 2º y 3º, zonas de cargue y descargue, baños, plazoleta de comidas, etc.”.

Explicó que si bien como lo afirmó el tribunal accionado no existe norma que
exonere el impuesto predial a los parqueaderos en copropiedad de iglesias o
capillas, la norma sí prohíbe a las entidades territoriales gravar por separado las
áreas comunes de la propiedad horizontal, “pues estas se entienden incorporadas
dentro del impuesto predial de cada uno de los bienes particulares que integran la
copropiedad y no pueden efectuarse actos en relación con ellos separadamente, en
cualquier acto de disposición, gravamen o embargo del bien privado”.

Mencionó que en el salvamento de voto de la sentencia cuestionada se trajo a
colación la sentencia de 2 de septiembre de 2015, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta5, en la que se indicó que las zonas comunes no pueden
ser objeto del impuesto predial en forma separada de los bienes privados, por lo
que a su juicio se está efectuando un pago de lo no debido al reconocer la
exención del tributo solo sobre el 35,92% del total del impuesto predial del predio
de la Capilla Santa Ana.

Resaltó que el tribunal demandado centró su análisis a indicar que las áreas
aledañas a la Capilla Santa Ana son utilizadas como parqueaderos por el Centro
Comercial, “sin emitir razonamiento legal alguno a las consideraciones de la demanda en
las que se enuncia repetidamente la violación de la Ley 675 de 2001”.

Por último, se refirió a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia6 para insistir
que los bienes comunes de una copropiedad no son propiedad “de los propietarios
de los bienes particulares y de allí la claridad del Legislador de prohibir su desagregación
en cualquier acto de disposición, gravamen o embargo de bien privado, como es el caso
de la imposibilidad de desagregar el impuesto predial por parte del municipio de Chía para
conceder por separado la exención del impuesto predial a bien de dominio y por la otra
cobrar impuesto sobre las áreas comunes, asunto que desafortunadamente avala el
Tribunal en contraposición con el debido proceso”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela no se incluyó un apartado independiente en el que se
expresen las pretensiones. Sin embargo, de la lectura de la solicitud la Sala
entiende que el propósito de la parte actora es que se deje sin efectos la
sentencia dictada el 5 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, que confirmó el fallo de 30 de
noviembre de 2020, proferido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
de Zipaquirá que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida contra la Secretaría de Hacienda de Chía,
con el fin de que se declarara la nulidad las Resoluciones Nos. 996 de 31 de
marzo de 2017 y 1680 de 4 de mayo de 2018, por medio de las cuales se
concedió la exención parcial del impuesto predial a la Capilla Santa Ana del centro
comercial Centro Chía.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia digitalizada de las actuaciones surtidas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado No. 25899-33-33-003-2018-00229-01,
demandante: Capilla Santa Ana de Centro Chía.

5
Radicado: 25000-23-27-000-2007-90182-01(18899).
6
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, radicado No. 11001-31-03-016-2012-00639-01-SC536-2021.
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5. Trámite procesal

Por auto de 13 de diciembre de 2023, la Sección Segunda, Subsección “A” del
Consejo de Estado dispuso la admisión de la demanda de tutela y ordenó notificar
a la parte demandante y a la autoridad judicial demandada. Además, se ordenó
vincular a la Secretaría de Hacienda del municipio de Chía, como terceros
interesados en el resultado del proceso.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección “B” -posición mayoritaria-

La magistrada ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que
se declare la improcedencia de la acción de tutela por incumplir el requisito de
relevancia constitucional. De manera subsidiaria, pidió que se negaran las
pretensiones de la demandante porque no se configuró defecto.

Explicó que en la sentencia objeto de reproche constitucional se explicó que las
entidades territoriales en ejercicio de su autonomía, tienen la potestad de
conceder exenciones o tratamientos preferenciales en relación con los tributos de
su propiedad, por lo que de conformidad con el artículo 81 del Acuerdo 107 de
2016, podían acceder a la exención del impuesto predial unificado en el municipio
de Chía los edificios destinados al culto. Sin embargo, la misma norma señala que
las demás áreas con destinación diferente serán gravadas con el impuesto, “al
igual que aquellos predios de uso comercial o que su explotación se realice a través de
una actividad para obtener un lucro particular, no gozarán de tal exención”.

Mencionó que de conformidad con las pruebas allegadas al expediente encontró
probado que el inmueble si bien está sometido al régimen de propiedad horizontal,
lo cierto es que solo tiene un área específica destinada a la iglesia la cual
corresponde al área construida de 402.74 mts2, por lo que consideró que la
decisión de la Secretaría de Hacienda de Chía de declarar la exención parcial del
tributo era razonable y ajustada a derecho, pues no había lugar a extenderla a
otras áreas del inmueble que no cumplieran con las condiciones señaladas en el
precitado artículo 81 del Acuerdo 107 de 2016.

Advirtió que la exención parcial que discute la parte demandante ha sido
concedida en los mismos términos desde el año 2015, razón por la cual el
municipio de Chía ha liquidado el impuesto predial por el porcentaje del predio que
continúa gravado, por lo que no se trata de un hecho nuevo que reclame la Capilla
San Ana de Centro Chía para la vigencia del año 2017, “pues la autoridad de
hacienda ha sido constante y reiterativa al indicar que únicamente las áreas destinadas al
culto y seminario pueden hacerse acreedoras del aludido beneficio fiscal, en tanto no
existe norma que permita extenderlo a otras áreas con usos distintos a los explícitamente
señalados por el Concejo Municipal de Chía, en el Estatuto de Rentas Municipal”.

Por lo anterior, expresó que los actos administrativos cuestionados no
desconocieron las normas en las que debían fundarse, en tanto encontró probado
que la totalidad del predio de la demandante no estaba destinado al culto por lo
que no se podía acceder a la exención total del impuesto predial.

Finalmente indicó que la parte actora acude a la acción de tutela como una
instancia adicional alegando la vulneración de sus derechos fundamentales por el
hecho de que la sentencia fue contraria a las pretensiones, lo que la torna
improcedente.

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6.2. Respuesta de la magistrada Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda

La magistrada que manifestó salvamento de voto en la sentencia objetada, rindió
informe en el que solicitó que se tuvieran en cuenta los argumentos esgrimidos a
efectos de demostrar que no vulneró los derechos de la parte demandante.

Explicó que en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho estudió la
legalidad de la Resolución No. 996 de 31 de marzo de 2017 y su confirmatoria7,
por medio de las cuales la administración tributaria de Chía concedió la exención
parcial del impuesto predial sobre el inmueble de propiedad de la demandante.
Agregó que como ponente inicial presentó proyecto de fallo en el que accedía a
las pretensiones de la demandante, sin embargo, fue derrotado en Sala de 7 de
julio de 2023, por lo que mediante sentencia de 5 de octubre de 2023, la Sala
mayoritaria de la Subsección “B” de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca no accedió a las súplicas de la demanda.

Indicó que no vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la parte actora,
porque en la ponencia derrotada y el salvamento de voto analizó las pruebas y los
problemas jurídicos a la luz de las normas que regulan el impuesto predial en
relación con los bienes que hacen parte de una propiedad horizontal.

Puso de presente que si bien en precedencia la Sala efectuó un pronunciamiento
respecto de la procedencia de la exención parcial del impuesto predial sobre la
totalidad del área de un predio destinado a culto, lo cierto es que en el caso de la
Capilla de Santa Ana de Centro Chía se apartó de lo señalado por cuanto tiene
diferentes circunstancias fácticas, porque el predio está sometido al régimen de
propiedad horizontal por lo que no era procedente realizar el mismo razonamiento
jurídico.

Para tal efecto, efectuó una transcripción in extenso de apartes del salvamento de
voto de la sentencia cuestionada y, en ese marco, aseveró que las Leyes 14 de
1983 y 44 de 1990 y el Acuerdo 107 de 2016 deben ser interpretados en función
de la propiedad horizontal regulada en la Ley 675 de 2001, que establece que los
bienes comunes son parte del conjunto sometido a ese régimen pertenecientes en
proindiviso a todos los propietarios de bienes privados que por su “naturaleza o
destinación permite la existencia, estabilidad funcionamiento, conservación,
seguridad, uso, goce o explotación de los bienes de dominio particular”.

Por lo anterior, aseveró que” la propiedad sobre los bienes privados implica un derecho
de copropiedad sobre los bienes comunes del edificio o conjunto en proporción con los
coeficientes respectivos, por lo tanto, atendiendo al mandato imperativo de la Ley 675 de
2001 (art. 16) no pueden efectuarse actos en relación con ellos separadamente del bien
de dominio particular al que acceden”.

En ese orden, consideró que los actos demandados son ilegales toda vez que no
era dable separar las zonas comunes del predio de la demandante bajo el
argumento de “explotación económica”, porque el bien hace parte del régimen de
propiedad horizontal y, además, comprobó que los parqueaderos “son utilizados
por los feligreses que asisten a las reuniones religiosas, lo que demuestra a la postre
que también se encuentran destinados al culto exento del tributo”.

Por lo expuesto, concluyó que lo procedente era declarar la nulidad de los actos
administrativos demandados y, en su lugar, ordenar a la administración tributaria
reconocer la exención del impuesto predial sobre la totalidad del predio.

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Resolución no. 1680 de 4 de mayo de 2018.
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7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado por medio de
sentencia de 1 de febrero de 2024, negó las pretensiones de la demanda de tutela
por las siguientes razones:

Consideró que el Tribunal accionado fundamentó su decisión en el artículo XXIV
del concordato suscrito entre el Estado colombiano y la Santa Sede, en el que se
dispone que las propiedades eclesiásticas podrán ser gravadas en la misma forma
y extensión que las de los particulares, con excepción de los edificios destinados
al culto, así como el artículo 7° de la Ley 133 de 1994. En ese marco, consideró
que la sentencia objetada de manera razonable concluyó que no había lugar a la
exención del impuesto predial de las zonas comunes de la copropiedad que son
utilizadas como parqueaderos, porque no están destinadas al culto.

Mencionó que la autoridad judicial accionada encontró probado que, conforme con
el artículo 81 del Estatuto de Rentas del municipio de Chía, la exención del
impuesto predial se realizó respecto del área donde estaba construido el templo
destinado al culto, por lo que no había lugar a extender el beneficio a las áreas
comunes tales como los parqueaderos, zonas verdes, pasillos y demás áreas
comunes que integran la copropiedad.

Precisó que en la sentencia objeto de tutela se dejó claro que la exención tributaria
de los edificios destinados al culto tiene un carácter excepcional “ y para “los
impuestos de propiedad de los municipios es potestad de los respectivos concejos
municipales concederlas o no, de forma parcial o total”, al igual que establecer los
requisitos y las obligaciones de los beneficiarios para probar que, en efecto, tienen
derecho a acceder a las mismas. Por ello, los parqueaderos en copropiedad de iglesias y
capillas no están exceptuados, pese a que puedan ser utilizados por los fieles que asistan
a los templos religiosos”.

Con base en lo anterior, señaló que no se incurrió en el defecto sustantivo
alegado, ni se vulneraron los derechos de la parte demandante.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la
accionante impugnó el fallo de primera instancia y pidió que se revocara, para lo
cual reiteró los argumentos expuestos en la solicitud de amparo constitucional.

Para el efecto, solicitó “conceder la apelación propuesta contra la providencia citada,
para que se revise la decisión de primera instancia por carecer de las condiciones
necesarias a la sentencia congruente, teniendo en cuenta que: a) No se ajusta a los
hechos y antecedentes que motivaron la tutela ni al derecho invocado, por error de hecho
y de derecho en él examen de las consideraciones y normas que sustentan la petición de
mi prohijada. b) Se funda en consideraciones inexactas y cuando no totalmente erróneas
y c) Incurre el fallador en error sustancial de derecho que resulta inane a mi representada,
por errónea interpretación y desconocimiento de las normas en que debió fundarse”.

Insistió que la autoridad judicial demandada fundó su determinación en “la norma
mediante la cual se otorgaba el beneficio fiscal en cuestión, esto es, en el “Acuerdo núm.
107 de 2016, proferido por el Concejo Municipal de Chía, a través del cual se expidió el
estatuto de rentas y se dispuso que los edificios destinados al culto son predios exentos
del impuesto predial, salvo lo(sic) que sean de uso comercial o que su explotación se
realice a través de una actividad para obtener un lucro particular”, y en el artículo 81 del
Acuerdo 107 de 2016, destacando que la exención del impuesto predial se
concreta sobre los edificios destinados al culto”.

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Demandante: Rectoría Capilla Santa Ana de Centro Chía

Manifestó que el Tribunal demandado realizó una indebida y “corta” interpretación
del artículo 81 del Acuerdo 107 de 2016, en tanto esa disposición establece que la
exención no se aplica a los demás bienes de propiedad de la iglesia diferentes a
los que indica taxativamente, por lo que al encontrarse la Capilla Santa Ana de
Centro Chía en una copropiedad horizontal las zonas comunes que le fueron
asignadas no son de su propiedad.

Agregó que esa “misma errada y corta interpretación rodea ahora la decisión del
Despacho de Tutela, que igualmente desconoce que las zonas comunes en una
copropiedad horizontal no son propiedad de los copropietarios de los bienes de dominio
particular que la conforman, sino que éstos ejercen un derecho de dominio, así lo ha
expresado la Corte Constitucional en la sentencia C-044 de 2003 y en similares
circunstancias la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, así como el mismo
Consejo de Estado, apartes citados en el sustento de la Acción tutela”.

Para terminar, insistió en que se incurrió en un defecto sustantivo por el
desconocimiento de los artículos 16 y 19 de la Ley 675 de 2001, en los que se
prohíbe imponer gravámenes a título de impuesto predial unificado de forma
separada sobre los bienes comunes y por indebida aplicación del artículo 81 del
Acuerdo 107 de 2016, “al no tener en cuenta que la norma se refiere a la no aplicación
de la exención a los demás bienes de propiedad de la Iglesia que no son de uso religioso,
y conforme se ha reiterado, las zonas comunes asignadas a la Capilla Santa Ana de
Centro Chía no son de su propiedad ni pueden éstas identificarse como las aledañas al
inmueble particular de la Capilla, llegando a la vez a concluir que el área asignada como
coeficiente de ocupación son los parqueaderos que se encuentran al frente de la Capilla,
parqueaderos que son explotados comercialmente por la persona jurídica que ostenta la
administración de la copropiedad horizontal y que junto con otra serie de áreas que
conforman el complejo comercial, en donde el total de las áreas comunes están
conformadas tanto por las zonas de parqueo que bordean el frente del complejo comercial
como los corredores de pisos superiores (2 y 3), áreas públicas de uso general como
baños, áreas de comidas, zonas de cargue y descargue, andenes y áreas verdes entre
otras, que no son explotadas comercialmente y que de suyo, igualmente podría afirmarse,
son las asignadas a mi representada, error y defecto al que igualmente acudió la presente
providencia, ya que no existe norma alguna que determine, qué área o zona en específico
corresponde a cada bien particular que integra una copropiedad”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala, en los términos del escrito de impugnación, determinar si
debe revocar la sentencia de 1 de febrero de 2024 dictada por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, que negó las pretensiones de la acción
de tutela y acceder a la protección constitucional solicitada porque la decisión de
30 de octubre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección “B”, vulneró el derecho fundamental al debido
proceso, así como los principios de seguridad jurídica y legalidad, al
supuestamente incurrir en defecto sustantivo por indebida interpretación artículo
81 del Acuerdo 107 de 2016, desconocimiento de los artículos 16, 19, 25, 26 y 32
de la Ley 675 de 2001 y lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-
044 de 2003.
8

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De manera previa, aun cuando fue un requisito superado en la primera instancia,
la Sala verificará si la solicitud cumple con la relevancia constitucional necesaria
para su estudio de fondo, presupuesto de procedencia que es susceptible de ser
verificado por el juez de tutela en cualquier momento, aun en segunda instancia de
manera oficiosa, como una forma de preservar los principios constitucionales de
cosa juzgada, autonomía judicial y de especialidad del juez natural.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii)
evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones”8.

Al respecto, esa corporación judicial ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20059, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional10.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala11, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener

8
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
10
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
11
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
9

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relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan
previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como
si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe
insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron
decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La Rectoría Capilla Santa Ana de Centro Chía presentó acción de tutela en
defensa de su derecho fundamental al debido proceso, así como los principios de
seguridad jurídica y legalidad, los cuales considera vulnerados con la sentencia de
5 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección “B”, que confirmó el fallo que negó las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho tendiente a que se
declare la nulidad de los actos administrativos que determinaron la exención
parcial del impuesto predial del año gravable 2017, del inmueble destinado al culto
religioso.

Concretamente, señaló que la decisión acusada incurrió en el defecto sustantivo
por indebida interpretación del artículo 81 del Acuerdo 107 de 2016, al indicar que
procede la exención del impuesto predial de un bien inmueble sometido a régimen
de copropiedad horizontal de manera separada a las zonas comunes.

Así mismo, adujo que se desconoce los artículos 16, 19, 25, 26 y 32 de la Ley 675
de 2001 y lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-944 de 2003
en la que se reconoce que las áreas comunes no son de propiedad de los
copropietarios, sino que estos ejercen un derecho de dominio sobre las mismas,
por lo que, en ese sentido, no le son aplicables los parágrafos primero y tercero
del artículo 81 del Acuerdo 107 de 2016 ya que no puede realizarse el cobro de la
obligación tributaria respecto de las zonas comunes del centro comercial.
La Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado por medio de
sentencia de 1 de febrero de 2024, negó las pretensiones de la acción de tutela al
encontrar que no se configuró el defecto sustantivo alegado porque el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta Subsección “B”, basó su
decisión en las normas aplicables al caso concreto y vulneró los derechos
fundamentales de la parte actora.

Expuso que el tribunal demandado encontró probado que en los actos
administrativos acusados se concedió la exención del impuesto predial respecto
del área construida de la Capilla Santa Ana de 402.74 mts2, porque de acuerdo
10

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con las visitas realizadas por la Secretaría de Planeación del municipio de Chía y
el levantamiento planimétrico del predio, en dicho espacio se ubican las partes del
templo destinadas al culto. Además, puso de presente que en la decisión objeto de
reproche se advirtió que conforme a la regulación especial del municipio de Chía,
no había lugar a beneficiar con la exención del tributo a las zonas comunes como
el parqueadero porque el hecho de que sean utilizados por los feligreses que
asisten al templo, dicha circunstancia no cambia la destinación del área.

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara,
porque insistió que el tribunal fundó su decisión dando una interpretación errada y
“corta” al artículo 81 del Acuerdo 107 de 2016 pues la Capilla Santa Ana de Centro
Chía hace parte de una copropiedad horizontal y por disposición de la Ley 675 de
2001 tiene asignada unas zonas comunes que no son de su propiedad, motivo por
el cual no puede imponerse el cobro del impuesto predial sobre dichas zonas.

De igual forma, reiteró que se desconoce lo establecido en los los artículos 16, 19,
25, 26 y 32 de la Ley 675 de 2001 y en la sentencia de la Corte Constitucional C-
944 de 2003 al realizar el cobro del mencionado tributo respecto de las zonas
comunes porque no hacen parte de la Capilla Santa Ana de Centro Chía.

4.2. De conformidad con el análisis del proceso ordinario en contraste con los
argumentos que sustentan la acción de tutela, la Sala observa que la controversia
propuesta por la parte actora no supera el requisito de relevancia constitucional,
en tanto se acude a la acción de tutela como una instancia adicional con el fin de
dar continuidad a la discusión legal relativa a si es procedente o no la exención del
impuesto predial respecto a la totalidad del área del predio de la copropiedad.

En efecto, se observa que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial
de Zipaquirá en sentencia de 30 de noviembre de 2020 negó las pretensiones de
la demanda, al encontrar probado que “conforme al plano aportado al plenario, que el
total del área construida para la Capilla Santa Ana, es de 402,74 mts2, área que se tuvo
en cuenta para determinar la edificación sujeta al culto religioso y el porcentaje de
exención, situación reafirmada por la Dra. Lisseth Johana Pérez Rodríguez, en calidad de
Profesional de la Secretaría de Hacienda del municipio, quien explicó en audiencia, la
forma en la cual se determinaron las áreas que estaban destinadas al culto religioso para
la concesión de la exención parcial y su porcentaje”.

Afirmó que los actos administrativos acusados tuvieron como fundamento la
sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado de 14 de mayo
de 201512, en que se indicó que “independientemente de que el inmueble de la actora
sea un único bien, lo cierto es que el demandado podía conceder sobre este la exención
parcial del impuesto predial unificado, no solo porque las exenciones tributarias pueden
ser parciales o totales, sino, porque ello obedeció a criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y sobre todo, a la realidad del predio, que se verificó mediante
inspección ocular”, circunstancia que también fue acreditada en el caso concreto.

Finalmente, destacó que “el municipio no está cobrando impuesto predial por el
porcentaje correspondiente a las zonas comunes, como independiente a lo que le
correspondería cobrar como unidad de la copropiedad, sino que está haciendo una
exención parcial autorizada por la ley, sobre las zonas que determinó son utilizadas para
el culto religioso”.

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión,
en el que indicó:

12
C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, radicado No. 25000232700020120037001 (20785).
11

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“De acuerdo con lo anterior, no es cierto como se argumenta en la sentencia, que respecto
al gravamen del bien inmueble Capilla Santa Ana de Centro Chía, la administración podía
conceder de forma total o parcial la exención a la cual hace referencia el numeral 3 del
artículo 81 del Acuerdo 107/16 , toda vez que, el impuesto predial de un inmueble bajo
propiedad horizontal, integra el área de terreno que es zona común a las diferentes áreas
privadas - construcciones, de acuerdo al coeficiente de ocupación de dicha área privada, de
allí que para efectos del impuesto, es lo que precisamente el legislador prohíbe al definir en
la artículo 16 de la Ley 675/01 que: “En todo acto de disposición, gravamen o embargo de
un bien privado se entenderán incluidos estos bienes y no podrán efectuarse estos actos en
relación con ellos, separadamente del bien de dominio particular al que acceden.

Esta consideración no surge como nueva en el artículo 16 de la Ley 675 de 2001,
precisamente, al resolver acción contenciosa impetrada por el Complejo Comercial Centro
Chía P.H. contra la DIAN, el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo1 expresó
respecto a las leyes que dieron origen y se integran en la Ley 675”, en especial la 182 de
1948 en lo que respecta a la indivisibilidad del impuesto del bien privado y su coeficiente de
ocupación que:

“Al distinguir los bienes comunes en el artículo 3º, dijo que eran todos aquéllos de
dominio inalienable e indivisible por parte de los propietarios del inmueble, así como
los necesarios para la existencia, seguridad y conservación del edificio y los que
permitieran a todos y a cada uno de los propietarios el uso y goce de su piso o
departamento (terreno, los cimientos, los muros, la techumbre, la habitación del
portero y sus dependencias, las instalaciones generales de calefacción,
refrigeración, energía eléctrica, alcantarillado, gas y agua potable; los vestíbulos,
patios, puertas de entrada, escaleras, accesorios, etc.)

El derecho de cada propietario sobre los bienes comunes era proporcional al valor
del piso o departamento de su dominio y los derechos de cada propietario en cada
uno de ellos eran inseparables del dominio, uso y goce de su respectivo
departamento. Esos derechos se entendían comprendidos en la transferencia,
gravamen o embargo de cada departamento o piso (art. 4 ibídem). (…)”.

Señaló que el plano aportado al proceso no es fundamento para definir si el
impuesto predial puede imponerse de forma separada respecto del área de
terreno y la construida porque “el inmueble objeto de gravamen sigue siendo uno solo,
edificio destinado al culto y sobre éste, debe reconocerse la exención sobre el total del
cobro del impuesto predial, nótese que en los argumentos de la administración se hace
referencia a que, dentro de los 1.121 mts2 que se asignan a la Capilla como copropiedad,
se encuentran los parqueaderos que se encuentran al frente de la misma, áreas de
terreno que no son propiedad privada sino, zona común”. En ese sentido, consideró:

“Resultan entonces contradictorias las consideraciones de la sentencia para llegar a la
decisión, cuando expresa que es diferente el gravamen que se impone a un bien
inmueble no sujeto a propiedad horizontal, que el que se define para un bien bajo
propiedad horizontal, concluyendo que, para éste último no es posible separar las áreas
comunes de las áreas privadas para el pago del gravamen y, a renglón seguido, resulta
contrariando lo expuesto y retomando la sentencia del “Consejo de Estado – Sección
Cuarta. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Rad. 25000232700020120037001
(20785) del 14 de mayo de 2015”, que se refiere a un predio no sujeto a régimen de P.H.,
para concluir que si puede desagregarse.

Tampoco se discute si el municipio puede o no otorgar exenciones, que de paso aclaro,
no es la ley la que otorga la exención, es el Acuerdo 107 de 2016 y en éste, el Concejo
determinó conceder exención al impuesto predial de los edificios destinados al culto, si el
impuesto de un edificio sometido a régimen de propiedad horizontal y destinado al
culto, no puede separarse por área privada y área común para el cobro del predial,
cómo se concluye que la administración podía establecer porcentajes de exención
efectuando desagregación?.

La norma tributaria que regula la exención para los predios religiosos refiere edificios
destinados al culto, la ley determina que el impuesto de los edificios o áreas privadas

12

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dentro de una copropiedad incorpora el correspondiente a las áreas comunes, igualmente
prohíbe en todo acto de gravamen efectuar actos separados del bien de dominio
particular, pues bien, esto es precisamente lo que ha hecho la administración municipal
de Chía, separar el área de construcción del total del área de terreno, dejando un
porcentaje del área de terreno sujeta al impuesto, área que por ser de terreno, es
copropiedad, luego ha creado cobro de predial sobre la copropiedad, asunto que avala el
Despacho en fallo que adolece de incongruencias”.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, por
medio de sentencia de 5 de octubre de 2023, confirmó la decisión del a quo,
porque evidenció que solo procedía la exención respecto del área del predio
donde se ubica la Capilla de Santa Ana Centro Chía, por ser un edificio destinado
al culto. Sobre el particular, sostuvo:

“(…) resulta razonable que el ente territorial haya considerado que sólo el área construida
del predio donde se ubica la Capilla Santa Ana de Centro Chía, esté exenta del impuesto
predial unificado, en aplicación de lo previsto en el artículo 81 del Estatuto de Rentas
Municipal, al evidenciar las condiciones de un “edificio destinado al culto”, pues para
efectos de este gravamen el artículo 69 de la Resolución 2555 de 199810 del IGAC,
prevé que son edificios la reunión de materiales consolidados de carácter permanente
destinada a proteger contra la intemperie a personas, animales o cosas, por lo que, en
virtud de dicha definición, las áreas no construidas de un predio no pueden tenerse como
edificios destinados al culto, como lo exige la normativa territorial.

Por ello, independientemente de que el inmueble de propiedad de la Diócesis de
Zipaquirá sea un único bien, lo cierto es que la entidad demandada no podía conceder
sobre éste la exención total del impuesto predial, en los términos que reclama la
demandante, pues, independientemente de que el bien haga parte de una
propiedad horizontal, era necesario que la directa interesada demostrara la
existencia de otras áreas construidas destinas exclusivamente al culto religioso,
para así cumplir con las condiciones previstas en el régimen excepcional del cual
quería beneficiarse, lo cual no aconteció, por el contrario, la realidad del predio, de
acuerdo con las pruebas documentales aportadas, es que la Capilla Santa Ana se
edificó y funciona en una delimitada área del Complejo Comercial Centro Chía, lo
cual torna razonable y proporcional la exención parcial a ella otorgada.

En ese orden de ideas, no le asiste razón a la actora cuando manifiesta que la exención
del pago del impuesto predial unificado se debió conceder sobre la totalidad del
inmueble, puesto que, como quedó visto, solamente 402.74 mts2 de los 1.121 mts² de
área total del predio, corresponde a edificios destinados al culto.

Téngase en cuenta además que la exención parcial que discute la demandante, le
ha sido concedida de dicha forma desde el año 2015, en actos administrativos
anteriores a los que aquí se cuestionan, en los cuales la autoridad de hacienda ha
liquidado el impuesto predial por el porcentaje del predio que continúa gravado, de
manera que no se trata de un hecho nuevo lo que ahora reclama la Capilla Santa
Ana para la vigencia 2017, pues la administración tributaria municipal ha sido constante
y reiterativa al indicar que únicamente las áreas destinadas al culto pueden hacerse
acreedoras del aludido beneficio fiscal, en tanto no existe norma que permita extenderlo a
otras áreas con usos distintos a los señalados por el Concejo Municipal de Chía, en el
Estatuto de Rentas correspondiente.

Corolario de lo expuesto, la Sala advierte que la demandada no ha desconocido las
normas en que debía fundarse, así como tampoco empleó motivación falsa ni
arbitraria al decidir la solicitud de exención del impuesto predial elevada por la
demandante; por el contrario, se halló demostrado -con las mismas pruebas allegadas
por ésta, que la totalidad del predio no está destinado al uso que exige la normativa
municipal para acceder a dicha exención por el año gravable 2017”. (negrillas por fuera
del texto original).

4.3. Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que la parte demandante
emplea la acción de tutela para dar continuidad al debate superado en el trámite
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del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues insiste en el
debate relacionado con que se debió conceder la exención del impuesto predial
sobre la totalidad del bien inmueble por pertenecer a una copropiedad. Por tal
razón, carece de relevancia constitucional para ser estudiada de fondo, pues son
aspectos de mera legalidad que ya fueron motivo de análisis por el juez natural del
asunto.

En concreto, la Sala evidencia que la accionante señala que se incurre en defecto
sustantivo por indebida interpretación del artículo 81 del Acuerdo 107 de 2016 y
desconocimiento de los artículos 16, 19, 25, 26 y 32 de la Ley 675 de 2001 y lo
expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-944 de 2003,
principalmente, porque en su concepto, no procede la exención del impuesto
predial de manera parcial, toda vez que la Capilla Santa Ana es un bien inmueble
sometido a régimen de copropiedad horizontal por lo que las zonas comunes no
pueden ser objeto del tributo de manera independiente.

No obstante lo anterior, en la sentencia acusada se estudiaron las mencionadas
normas y se concluyó que conforme con el artículo 81 del Acuerdo 107 de 2016
fue razonable la decisión de la entidad territorial en otorgar la exención del
impuesto predial unificado únicamente sobre el área construida, pues advirtió que,
independientemente que el bien haga parte de una propiedad horizontal, el
beneficio solo procede respecto de las zonas destinadas exclusivamente al culto
religioso y la demandante no probó que las demás áreas del predio cumplan con
dicha característica.

Así mismo, puso de presente que la exención parcial discutida ha sido concedida
de la misma manera desde el año gravable 2015, lo que demuestra es que la
administración tributaria municipal ha sido constante y reiterativa al conceder el
beneficio fiscal únicamente respecto de las áreas destinadas al culto.

Además, aunque la parte demandante hace referencia a la vulneración del
derecho fundamental al debido proceso y de los principios de seguridad jurídica y
legalidad, lo cierto es que los cargos de la solicitud de amparo se encuentran
dirigidos a demostrar lo que la actora considera que es la adecuada interpretación
de las normas de naturaleza legal, para la exención total del impuesto predial del
área del terreno donde se encuentra la Capilla Santa Ana de Centro Chía, por lo
que se insiste que no se cumple con el presupuesto de relevancia constitucional,
pues como lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202213, “el
simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la justicia no es suficiente para cumplir con el requisito de relevancia
constitucional, pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción
desproporcionada a los derechos mencionado”.

En ese orden, es claro que pese a que los reparos de la demandante los busca
encuadrar bajo la caracterización de un supuesto defecto sustantivo, es evidente
que acude a la solicitud de amparo constitucional con la intención de continuar con
un debate eminentemente legal con el que se pretende que el juez de tutela
realice una nueva valoración de las normas presuntamente desconocidas o
aplicadas de manera errónea, para que se acceda a la exención total del impuesto
predial en los términos que reclama la accionante, lo cual ya fue motivo de estudio
por parte del juez natural del asunto en sus dos instancias.

Cuestión diferente es que al no estar de acuerdo con la decisión del tribunal
accionado presentara la acción de tutela, lo que evidencia el propósito de reabrir
13
M.P. Natalia Ángel Cabo.
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una discusión que tiene contornos de estricta legalidad, que en nada involucra una
discusión constitucional que pueda habilitar el estudio de fondo de la solicitud, lo
que conduce a darle una dimensión de peso mayor a los principios de seguridad
jurídica y cosa juzgada.

Al respecto, es necesario recordar que la Corte Constitucional en sentencia SU-
573 de 201914, estableció que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a
saber: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y,
finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”15. (subraya y
negrilla por fuera del texto original)

En la sentencia SU-215 de 202216, la Corte Constitucional indicó los criterios para
determinar si una acción de tutela contra providencia judicial cumple con el
presupuesto de relevancia constitucional, a saber:
“En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico, es decir, la cuestión “debe
revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.” De acuerdo con la
Sentencia SU-573 de 2019 el asunto debe ser “trascendente para la interpretación del
estatuto superior, su aplicación y desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y
alcance de los derechos fundamentales.”

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica.
Como se indica en la sentencia mencionada, un asunto carece de relevancia constitucional
cuando, entre otras razones, “(i) la discusión se limita a la mera determinación de
aspectos legales de derecho, como la correcta interpretación o aplicación de una
norma de rango reglamentario o legal salvo que de esta se “desprendan violaciones a
los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o
contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés general”. (…)

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental. En ese sentido, no basta con la sola referencia a la afectación de las
garantías superiores para encontrar probada la relevancia constitucional, pues “la
acreditación de esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que
exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la
existencia de una restricción desproporcionada a un derecho fundamental”. (subraya y
negrilla por fuera del texto original).

En conclusión, la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional por cuanto, como se evidenció, la parte actora acude como una
instancia adicional con el fin de que se estudien nuevamente los mismos
argumentos de naturaleza estrictamente legal que fueron resueltos en el marco del
proceso ordinario, lo que resulta abiertamente improcedente.

En consecuencia, la Sala revocará la decisión impugnada que negó las
pretensiones de la acción de tutela y, en su lugar, declarará su improcedencia.

14
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
15
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
16
M.P. Natalia Ángel Cabo.
15

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www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07389-01
Demandante: Rectoría Capilla Santa Ana de Centro Chía

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- REVÓCASE la sentencia de 1 de febrero de 2024, dictada por la
Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, que negó las
pretensiones de la solicitud de tutela. En su lugar,

Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
Rectoría Capilla Santa Ana de Centro Chía, quien actúa por conducto de
apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección “B”, por las razones aquí expuestas.

Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

16

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