Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07393-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07393-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-07393-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
8 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., ocho (08) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07393-01
Demandante: Guillermo Giraldo Arango
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / Confirma / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – carga
argumentativa.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el accionante contra la
sentencia proferida el 25 de enero de 2024 por la Sección Primera del Consejo de
Estado, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 6 de diciembre de 2023, Guillermo Giraldo Arango interpuso demanda de tutela
contra el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, con el fin de que
se dejara sin efectos la sentencia de 1 de junio de 20231, proferida dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho2 que adelantó contra la
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, con el propósito de que
se declarara la nulidad de las Resoluciones GNR 48612 de 14 de febrero, SUB
16417 de 22 de marzo y DIR 4176 de 26 de abril de 2017, por las cuales dicha
entidad negó el pago de los intereses moratorios causados por la demora en el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez del accionante.
1 Notificado el 27 de julio de 2023.
2 Radicado: 05001-23-33-000-2017-02852-01.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07393-01
Demandante: Guillermo Giraldo Arango
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
2. A través de dicha providencia, la Sala accionada confirmó la decisión de primera
instancia3 de negar las pretensiones, al estimar que los intereses moratorios
proceden solo cuando se presenta mora en el pago de la mesada pensional, luego
de su reconocimiento, pues antes la acreencia se encuentra en discusión.
3. La parte accionante señaló que la autoridad judicial vulneró sus derechos
fundamentales a la seguridad social, la igualdad y el debido proceso, así como el
“reconocimiento y pago oportuno de la pensión”, por lo siguiente:
4. “Error sustancial al no darle aplicación al precedente constitucional en cuanto al
reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993”:
Adujo que la accionada no aplicó el precedente fijado en las sentencias C-601 de
2000 y SU-063 de 2023, en las cuales se analizó la constitucionalidad del artículo
141 de la Ley 100 de 1993, y se indicó que una vez se dé la mora deberá ser
reconocida por parte del fondo de pensiones al pensionado. Afirmó que la Corte
Constitucional no condicionó el reconocimiento de los intereses moratorios al
reconocimiento de la pensión, como se hace en la providencia censurada.
5. “Defecto sustantivo por violación directa de la Constitución en lo establecido en
los artículos 13 y 53 de la Constitución”: Indicó que según tales artículos “el Estado
garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales”. Así mismo destacó que esa es una garantía en favor de todos los
pensionados, sin importar la pensión adquirida o el tipo de incumplimiento. Agregó
que en el caso existen dos interpretaciones posibles del artículo 141 de la Ley 100
de 1993, y el Consejo de Estado no debió decidir bajo la interpretación más lesiva
para los derechos del accionante, desconociendo que el fondo de pensiones llevó
a cabo conductas negligentes que dilataron el reconocimiento de su derecho y ello
conllevó a la mora en el pago de sus mesadas.
6. “Defecto sustantivo por interpretación irrazonable del artículo 141 de la ley 100
de 1993 y desconocimiento del artículo 33 de la ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003”: Sostuvo que la interpretación que le dio el Consejo
de Estado al artículo 141 de la Ley 100 de 1993 genera una discriminación sin
justificación al accionante, pues debió haber integrado el artículo 33 de la Ley 100
de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, disposición que le
otorga un plazo de 4 meses a las entidades de la seguridad social para que decidan
sobre las reclamaciones pensionales.
3 Sentencia de 8 de octubre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07393-01
Demandante: Guillermo Giraldo Arango
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
B. Sentencia de primera instancia
7. Mediante sentencia de 25 de enero de 2024, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró improcedente la solicitud de amparo. Estimó que no superaba el
requisito general de relevancia constitucional, por cuanto lo pretendido por la parte
actora era reabrir el debate que se surtió ante los jueces naturales de la causa, en
tanto los argumentos invocados, son los mismos puestos a consideración en el
marco medio de control y todos fueron suficientemente debatidos en tal proceso.
C. La impugnación
8. El accionante indicó que el fallo de primera instancia desconoció el contenido y
el alcance constitucional del derecho a la pensión de vejez, dentro de un Estado
Social de Derecho.
9. Sostuvo que el debate jurídico que se plantea se centra en el desconocimiento
de un precedente constitucional en el que se ha definido el alcance del artículo 141
de la Ley 100 de 1993 por parte de la Corte Constitucional, así como las sentencias:
(i) SU-063 de 2023, según la cual “los intereses moratorios deben reconocerse no
solo en los supuestos de retraso por parte de los fondos de pensiones en el
reconocimiento de la prestación económica, sino también en los eventos de
reajustes, reliquidaciones, saldos y diferencias”; (ii) SU-230 de 2015, en la que se
indicó que “los intereses moratorios se causan ante el incumplimiento en el pago de
la prestación económica sin diferenciar entre quienes consolidaron dicho derecho
antes o con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993” y, (iii) T-
1244 de 2004 en la cual la Corte Constitucional resolvió “si indexar y pagar intereses
moratorios constituye una doble sanción”.
10. Agregó que respecto al contenido y alcance del artículo 141 de la Ley 100 de
1993 y su impacto en los derechos constitucionales de los ciudadanos es necesario
recordar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-063 de 2023 explica que la
indemnización moratoria es parte integrante de la pensión.
11. Finalmente, expuso que la relevancia constitucional del caso se evidencia en la
protección de los derechos fundamentales de una persona de la tercera edad, a
quien le fue reconocida su pensión de vejez por un fondo de pensiones luego de
hacerlo transitar por un penoso trámite administrativo de más de 4 años.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07393-01
Demandante: Guillermo Giraldo Arango
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
D. Competencia
12. La Sala es competente para conocer de la impugnación, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19914.
E. Análisis del caso concreto
13. El estudio del expediente de cara a lo expuesto en el escrito de tutela y la
impugnación, permite a la Sala anticipar que confirmará el fallo de primera instancia.
Los planteamientos de la parte accionante carecen de relevancia constitucional por
falta de carga argumentativa.
14. Lo anterior, teniendo en cuenta que se presenta ante el juez constitucional un
debate jurídico referido al desconocimiento de precedentes constitucionales en los
que supuestamente se ha definido el alcance del artículo 141 de la Ley 100 de
19935. Concretamente se traen a colación las sentencias C-601 de 2000, SU-063
de 2023, SU-230 de 2015 y T-1244 de 2004. Sin embargo, el accionante más allá
de citar dichas providencias en forma parcial e indicar que las mismas explican la
mejor forma de interpretar el mentado artículo desde la perspectiva constitucional,
no expone la similitud de los problemas jurídicos, ni la ratio decidendi desconocida.
15. En términos de carga argumentativa, no sustentó debidamente las razones por
las cuales dichas sentencias, en efecto, constituyen precedente aplicable al caso
concreto. Es decir, no esbozó ningún argumento serio, concreto y real contra la
providencia cuestionada respecto al posible desconocimiento del precedente
judicial endilgado, con el fin de que sea estudiada de fondo la configuración de ese
yerro.
16. A esa omisión de hacer un análisis comparativo riguroso de las decisiones, se
suma que los fallos alegados como desconocidos no coinciden ni en lo fáctico ni en
lo jurídico con el caso expuesto por el accionante.
17. La sentencia C-601 de 2000, se profirió en el marco del control abstracto de
constitucionalidad del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. En esa ocasión le
4 “[P]or el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
5 "Artículo
141. Intereses de Mora. A partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las
mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado,
además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en
el momento en que se efectúe el pago".
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07393-01
Demandante: Guillermo Giraldo Arango
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
correspondió a la Corte Constitucional decidir si las expresiones “a partir del 1º de
enero de 1994” y “de que trata esta ley” se ajustaban al texto constitucional; y el
problema jurídico se concentró en definir quiénes son los acreedores de los
intereses moratorios. En su decisión, dicho Tribunal recordó que tales intereses son
“un derecho de todos los pensionados” que se genera cuando se presenta mora en
el pago de una prestación económica, y precisó que no dependen del momento en
el cual se haya reconocido el derecho pensional, pues ya sea con anterioridad o
posterioridad a la Ley 100 de 1993 hay lugar a los mismos. Es decir, dicha
providencia no abordó el problema relativo a si los intereses se causan antes o
después del reconocimiento pensional, sino al asunto de la temporalidad del artículo
141, para concluir que la sanción moratoria se aplica a toda clase de pensiones,
reconocidas en cualquier tiempo.
18. Por otra parte, la sentencia SU-230 de 2015, está relacionada con el tema de la
liquidación de la pensión de jubilación de una persona, quien adujo que no se tuvo
en cuenta el salario promedio que sirvió de base a los aportes en el último año de
servicio, conforme lo establece la Ley 33 de 1985, sino que se ordenó liquidar la
prestación pensional con base en el promedio de los aportes cotizados durante los
últimos 10 años, tal como lo establece la Ley 100 de 1993; sumado a ello, se estudió
de manera general el tema de los intereses moratorios.
19. Frente a este último asunto, la Corte Constitucional indicó lo siguiente: “es
importante anotar que dichos intereses se deben desde que la obligación es
exigible. En este orden de ideas sólo a partir del momento en el que la obligación
es reconocida y no existe controversia sobre la cuantía del pago de la misma tiene
el carácter de exigible. Es decir, la condena por intereses procede una vez se
determina en forma definitiva la obligación de reconocer la pensión”. Tesis que, en
vez de servirle al actor como mecanismo de defensa al ser supuestamente
“desconocida” por la autoridad judicial accionada, por el contrario, afianza y soporta
aún más la decisión de 1 de junio de 2023 (hoy acusada), en la cual el Consejo de
Estado negó las pretensiones al estimar que “los intereses moratorios consagrados
en la precitada normativa proceden solo cuando se presente demora en la
cancelación de la mesada pensional, puesto que antes de que el derecho pensional
sea concedido no se podría hablar de demora en el pago, pues la acreencia se
encuentra en discusión”.
20. Por otra parte, en relación con la sentencia SU-063 de 2023, se tiene que en la
misma se analizó el caso de una persona a la cual le fue reconocida su pensión de
jubilación y solicitó reliquidación de la misma, junto con los intereses de mora por el
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07393-01
Demandante: Guillermo Giraldo Arango
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
respectivo retroactivo y el reconocimiento de la indexación, últimos que le fueron
negados. Así, el problema jurídico se centró en estudiar los intereses de mora frente
al reajuste pensional, es decir, cuando ya se ha reconocido una pensión.
Finalmente, frente a la sentencia T-1244 de 2004, no se hará algún tipo de análisis,
pues la misma fue dada en el trámite de una acción de tutela, la cual únicamente
tiene efectos inter partes.
21. Sumando a todo lo expuesto, la Sala encuentra que la tesis que se plantea en la
sentencia censurada corresponde a la postura pacífica que sobre el tema de debate
ha decantado la Sección Segunda de esta Corporación. Según la misma, el pago
de los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se aplica
solo en aquellos casos en que la prestación social ya fue concedida y su
reconocimiento y pago no se encuentran sujetos a discusión, en sede administrativa
o judicial6.
22. La falta de relevancia constitucional de la discusión planteada por el señor Giraldo
Arango también se hace evidente si se tiene en cuenta que se refiere a un asunto
netamente económico. El accionante lo que pretende es el pago de unos intereses
moratorios, cuya negativa no comporta una vulneración a un derecho de raigambre
constitucional fundamental, más aun cuando es claro que cuenta con una pensión
y el no pago de esa sanción no configura una afectación a su mínimo vital.
23.
Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de 25 de enero de 2024 proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado.
24.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
6 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, fallo del 21 de junio de 2018, radicado 25000-23-42-
000-2014-02587-01, Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, fallo del 2 de mayo de 2018,
radicado 25000-23-42-000-2013-05069-01, Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A, sentencia
del 23 de agosto de 2018, radicado 05001-23-33-000-2014-00523-01, Consejo de Estado - Sección Segunda -
Subsección A, sentencias del 3 de diciembre de 2020, radicado 25000-23-42-000-2016-04672-01(3170-2019)
y del 6 de mayo de 2021, radicado 1700123-33-000-2015-00014-01, Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección B, fallo de 8 de junio de 2023, radicado 13001-23-33-000-2017-00011-01, Consejo de Estado -
Sección Segunda – Subsección A, fallo del 6 de julio de 2023, radicado 05001-23-33-000-2014-00489-01, entre
otras.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07393-01
Demandante: Guillermo Giraldo Arango
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de enero de 2024 por el
Consejo de Estado – Sección Primera, por las razones expuestas en la parte motiva
de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE7
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
7 VF
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