Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07405-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07405-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-07405-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
21 de marzo de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07405-00
Demandante: Gustavo Tafur Márquez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-07405-00
Demandante GUSTAVO TAFUR MÁRQUEZ
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA Y OTRO
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional. Defecto
sustantivo. Pérdida de investidura. Efectos en el tiempo de la Sentencia
C-302 de 2023.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia, la acción de tutela
instaurada por el señor Gustavo Tafur Márquez, de conformidad con lo dispuesto
por el Decreto 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 1 de diciembre de 20231, el señor Gustavo Tafur Márquez instauró acción de
tutela, en nombre propio, contra la Sala Dieciocho Especial de Decisión de Pérdida
de Investidura y la Sala Plena del Consejo de Estado, por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(sic para toda la cita) «4.1.- Conforme a los hechos relatados y los fundamentos de derecho
esgrimidos, solicitó respetuosamente a los honorables Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia sean TUTELADOS los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso
a la administración de justicia en armonía con los principios a la seguridad jurídica contenido
en el marco normativo vigente para la fecha de la inscripción y elección de las CITREP, en
consecuencia se revoque y se deje sin efecto la sentencia de primera y segunda instancia
dentro del proceso de pérdida de investidura con radicado 11001-03-15-000-2022-02926-01
acumulado 11001-03-15-000- 2022-03248-0, dictadas por la Sala 18 Especial de decisión de
pérdida de investidura del Consejo de Estado y la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado.
4.2.- En el término que corresponda, le sea ordenado a la Sala 18 Especial de decisión de
pérdida de investidura del Consejo de Estado profiera sentencia acorde con los parámetros
establecidos en el marco normativo fijado para las CITREPS respetando los derechos
fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia, al considerar que
las sentencias aquí atacadas se incurrió en una decisión ilegitima por defecto factico, material
o sustantivo y procedimental, al realizar una errada interpretación de los efectos temporales
de la Sentencia C-302 de 2023 y en su defecto se aplique lo enunciado en el parágrafo 3° del
artículo 3° transitorio del acto legislativo 02 de 2021 y del artículo 14 del decreto 1207 de
1 Índice 2 en Samai.
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2021; igualmente del numeral 3° del artículo 179 de la Constitución por las razones ya
expuestas líneas atrás».
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El Acto Legislativo 2 de 2021 creó dieciséis circunscripciones transitorias
especiales de paz en la Cámara de Representantes para los periodos
constitucionales 2022-2026 y 2026-2030.
2.2. El señor Luis Ramiro Ricardo Buelvas se inscribió como candidato para la
Cámara de Representantes de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz
número 82, postulado por la organización social llamada Corporación Narrar
para Vivir. Tras el proceso electoral, quedó elegido para el período
constitucional 2022-2026.
2.3. En el año 2022, los ciudadanos Gustavo Tafur Márquez y Christian Camilo
Carvajalino de León presentaron solicitudes de pérdida de investidura, por
separado, contra el representante a la Cámara por la Circunscripción Especial
de Paz Nro. 8 Luis Ramiro Ricardo Buelvas.
El ciudadano Christian Camilo Carvajalino de León invocó la causal de pérdida
de investidura prevista en el artículo 14 del Decreto 1207 de 2021, según la
cual «Quienes sean elegidos como representantes a la Cámara por una Circunscripción
Transitoria Especial de Paz sin el cumplimiento de los requisitos y las reglas establecidas en
el Acto Legislativo 02 de 2021 y en el presente decreto, se les impondrá la sanción de pérdida
del cargo mediante el procedimiento de pérdida de investidura definido en la ley y ello
conllevará la inhabilidad prevista en el numeral 4° del Artículo 179 de la Constitución Política».
Alegó que el señor Luis Ramiro Ricardo Buelvas incumplió cuatro requisitos:
(i) incurrió en la inhabilidad prevista en el numeral tercero del artículo 179 de
la Constitución Política, según la cual no podrán ser congresistas quienes
«hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de
contratos con ellas en interés propio (…) dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la
elección»; (ii) no acreditó su calidad de víctima en los términos del acto
legislativo; (iii) presentó extemporáneamente el certificado de existencia y
representación; y (iv) no allegó el acta de la asamblea en la cual la Corporación
Narrar para Vivir decidió postularlo como candidato.
Por su parte, el señor Gustavo Tafur Márquez alegó que Luis Ramiro Ricardo
Buelvas incurrió en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral
primero del artículo 183 de la Constitución Política, es decir por violar el
régimen de inhabilidades; lo anterior, en concordancia con lo dispuesto por el
numeral tercero del artículo 179 ibidem y el numeral tercero del artículo 280
de la Ley 5 de 1992.
Del asunto conoció la Sala Dieciocho Especial de Decisión de Pérdida de
Investidura del Consejo de Estado, bajo el radicado Nro. 11001-03-15-000-2022-
03248-00 que fue acumulado al radicado Nro. 11001-03-15-000-2022-02926-00.
2 Está circunscripción se constituye por los siguientes municipios del departamento de Bolívar: Córdoba, El
Carmen de Bolívar, El Guamo, María La Baja, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno y Zambrano; y los
siguientes municipios de Sucre: Colosó, Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito, San Onofre y
Toluviejo.
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2.4. Mediante sentencia de 28 de abril de 2022, la Sala Dieciocho Especial de
Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado negó las solicitudes
de pérdida de investidura.
Frente a los cargos expuestos por el señor Christian Camilo Carvajalino de
León, la autoridad judicial precisó que el único que podía ser estudiado a la luz
de la pérdida de investidura es el relacionado con la acreditación como víctima
del conflicto armado, ya que está expresamente mencionado en el Acto
Legislativo 2 de 2021 (Por medio del cual se crean 16 circunscripciones transitorias
especiales de paz para la cámara de representantes en los períodos 2022-2026 y 2026-2030)
y en el numeral tercero del artículo quinto del Decreto 1207 de 2021 (Por el cual
se adoptan disposiciones para la elección de los representantes a la Cámara por las 16
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz).
Precisó, sobre el primer cargo formulado por el actor, que el numeral tercero
del artículo 179 de la Constitución Política hace parte del régimen de
inhabilidades de los congresistas y su inobservancia está enlistada como una
causal de pérdida de investidura autónoma en el numeral primero del artículo
183. Diferente a los requisitos generales para ser elegido como representante
a la Cámara, consagrados en el artículo 177 de la Constitución Política que
consisten en ser ciudadano y tener más de veinticinco años de edad al
momento de la elección.
Por lo tanto, desestimó el razonamiento del señor Christian Camilo Carvajalino
sobre ese cargo pues consideró, entre otras razones, que la inhabilidad por
haber suscrito un contrato público en los seis meses anteriores a la fecha de
la elección no implicaba el incumplimiento de los requisitos generales para ser
congresista previstos en el artículo 177 constitucional. En palabras de la
autoridad judicial: «en este caso, el actor pretende que se decrete la desinvestidura del
congresista con fundamento en la causal del artículo 14 de Decreto 1207 de 2021 porque
estima incumplió el “requisito general” de “no estar inmerso en una causal de inhabilidad para ser
congresista”, lo que es improcedente, dado que, se reitera, el solicitante sustenta su pretensión
en que no estar inmerso en una causal de inhabilidad constituye un requisito general para ser
inscrito Representante a la Cámara».
En suma, manifestó que con excepción del cargo sobre la calidad de víctima,
los otros no se relacionan con el supuesto descrito por el artículo 14 del
Decreto 1207 de 2021, pues las exigencias que en criterio del actor no cumplió
el congresista no están previstas en las precitadas normas.
Aclarado lo anterior, explicó que el congresista Luis Ramiro Ricardo Buelvas
sí acreditó su condición de víctima, porque inicialmente presentó el certificado
de víctima expedido por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (UARIV), según el cual los hechos de victimización ocurrieron en 2021.
Sin embargo, posteriormente se emitió otro certificado que reconocía los
eventos de 2002. De manera que la condición de víctima del congresista fue
reconocida en ambos casos. Además, la autoridad judicial indicó que el
requisito de ser víctima no está limitado temporalmente por el Acuerdo de Paz
de 2016, ya que el concepto de víctima no establece restricciones temporales.
Por consiguiente, la autoridad judicial consideró que no se configura la causal
de pérdida de investidura por falta de acreditación de la calidad de víctima.
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Demandante: Gustavo Tafur Márquez
Frente a los cargos expuestos por el señor Gustavo Tafur Márquez, la Sala
Dieciocho Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de
Estado explicó que, si bien se acreditó que el congresista suscribió contrato
prestación de servicios profesionales con el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación dentro de los seis meses anteriores a las elecciones legislativas
del 13 de marzo de 2022, lo cierto es que este se ejecutó en la ciudad de
Bogotá. Lo anterior denota que este no se ejecutó en el territorio que conforma
la circunscripción electoral del candidato, que en el caso del congresista Luis
Ramiro Ricardo Buelvas comprende varios municipios de los departamentos
de Bolívar y Sucre.
Por lo tanto, al no cumplir con el elemento territorial, la autoridad judicial
concluyó que no están reunidos la totalidad de los elementos para la
configuración de la inhabilidad prevista en el numeral tercero del artículo 179
de la Constitución Política. Motivo por el cual se negó la solicitud de pérdida
de investidura.
2.5. Los ciudadanos Gustavo Tafur Márquez y Christian Camilo Carvajalino de
León interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión.
2.6. En sentencia de 18 de octubre de 2023, la Sala Plena del Consejo de Estado
confirmó la providencia recurrida. En primer lugar, explicó que la causal de
pérdida de investidura prevista en el artículo 14 del Decreto 1207 de 2021, por
el incumplimiento de requisitos para la elección de representantes a la Cámara
por las circunscripciones transitorias especiales de paz, fue declarada
inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-302 del 9 de agosto
de 2023.
En segundo lugar, sostuvo que para la configuración de la inhabilidad del
numeral tercero del artículo 179 de la Constitución Política, según la cual no
podrán ser congresistas quienes «hayan intervenido en gestión de negocios ante
entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio (…) dentro de
los seis meses anteriores a la fecha de la elección», los solicitantes tenían la carga de
acreditar que el contrato celebrado por el congresista se ejecutó en el mismo
territorio para el cual fue elegido como representante a la Cámara. Condición
que no se presenta en el caso.
Por lo tanto, concluyó que no se configuró la causal alegada, al no acreditarse
el elemento espacial de relativo al lugar de ejecución del contrato.
3. Fundamentos de la acción
Tras considerar que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, la parte actora argumentó que las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en los defectos sustantivo, fáctico y
procedimental3.
3.1. Defecto fáctico: la parte actora manifestó que la Sala Dieciocho Especial de
decisión de pérdida de investidura del Consejo de Estado incurrió en ese
defecto, porque valoró erradamente la certificación de víctima expedida por
UARIV aportada por el señor Luis Ramiro Ricardo Buelvas al momento de la
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No se expusieron razones para fundamentar el defecto procedimental.
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inscripción. Sostuvo que, además de cumplir los requisitos generales, se
debían cumplir unos requisitos especiales como que el domicilio del candidato
corresponda a la circunscripción a la cual se desea representar y tratándose
de víctimas de desplazamiento era necesario manifestar su intención de
retorno ante la UARIV al momento de solicitar la certificación; gestión que,
según manifestó el actor, no efectuó el señor Luis Ramiro Ricardo Buelvas y
que no está reflejada en la mencionada certificación.
3.2. Defecto sustantivo: consideró que la Sala Plena del Consejo de Estado
incurrió en ese defecto al emplear la Sentencia C-302 del 2023 en la resolución
del caso. Reprochó que se hayan aplicado extensivamente los efectos
temporales de esa decisión, pues la Sentencia C-302 de 2023 se empleó de
forma retroactiva, pese a que la Corte Constitucional no otorgó dichos efectos
a esa providencia. Por el contrario, resaltó que en esa sentencia la Corte
estableció que las reglas allí dispuestas no afectaban la elección pasada, pues
por regla general sus providencias solo tienen consecuencias a futuro. Por
ende, consideró que se realizó una errada interpretación del numeral 123 de
la Sentencia C-302 del 2023.
Mencionó que las solicitudes de pérdida de investidura fueron presentadas
desde el mes de mayo del año 2022 y la sentencia que resuelve el recurso de
apelación es del 18 de octubre de 2023. De manera que no había lugar a
aplicar la Sentencia C-302 de 2023 proferida el 9 de agosto de 2023 y
publicada el 20 de septiembre de ese año.
Por ende, sostuvo que todo litigio adelantado contra los representantes a la
cámara electos de las circunscripciones transitorias especiales de paz debía
resolverse con el Acto Legislativo 2 de 2021 y el Decreto 1207 de 2021, en
tanto que estos constituían el marco normativo existente para la fecha de
inscripción y elección del candidato.
Añadió que de haberse cumplido los términos judiciales fijados en la Ley 1881
de 2018 el resultado habría sido diferente y a favor de los demandantes.
Manifestó que las personas tienen derecho a que los trámites judiciales no se
vean afectados por retrasos injustificados, pues de lo contrario se va en
detrimento de los derechos al debido proceso y al acceso a una real y efectiva
administración de justicia.
También indicó que la inexequibilidad dispuesta en la Sentencia C-302 de
2023 se generó por un vicio de procedimiento al omitirse el envío inmediato a
la Corte Constitucional. Y mencionó que, según el inciso 2° del artículo 243
constitucional, las decisiones de inexequibilidad hacen tránsito a cosa juzgada
constitucionales por razones de fondo y no por vicios procedimentales.
3.3. Finalmente, el tutelante aseguró que la inhabilidad consagrada en el numeral
3° del artículo 179 de la Constitución Política no solo se configura por la
celebración de un contrato con una entidad pública, sino también por la gestión
de negocios ante entidades públicas. Aspecto que no fue tenido en cuenta por
las autoridades judiciales.
Se refirió, además, al artículo 179 de la Constitución según el cual: «Las
inhabilidades previstas en los numerales 2, 3, 5 y 6 se refieren a situaciones que tengan lugar
en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección». Aseguró que el
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término “situaciones” allí establecido «se refiere a muchas (sic) escenarios o
circunstancias que se dan dentro de las inhabilidades contenidas en la causal de pérdida de
investidura enunciada en el numeral 3° del artículo 179 de la C.N., como se argumentó en el
recurso de apelación y los escritos aportados dentro de la audiencia pública enunciada en el
artículo 12 de la Ley 1881 de 2018».
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En providencia de 6 de diciembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia
remitió el asunto al Consejo de Estado, en virtud de las reglas de reparto
contenidas en el Decreto 333 de 2021.
4.2. Los consejeros de Estado de la Sección Cuarta Stella Jeannette Carvajal
Basto, Milton Chaves García y Wilson Ramos Girón manifestaron su
impedimento para conocer de la acción de tutela, en virtud de lo previsto en el
numeral 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, según el cual es
causal de impedimento: «6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya
revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso».
4.3. Mediante auto de 15 de enero de 2024, el despacho sustanciador declaró
fundado el impedimento manifestado por los consejeros de Estado Stella
Jeannette Carvajal Basto, Wilson Ramos Girón y Milton Chaves García y
dispuso el sorteo de tres conjueces.
4.4. En auto de 26 de enero de 2024, se admitió la acción de tutela interpuesta por
el señor Gustavo Tafur Márquez contra la Sala Dieciocho Especial de Decisión
de Pérdida de Investidura y la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado; se ordenó notificar en calidad de terceros interesados al
señor Luis Ramiro Ricardo Buelvas y al señor Christian Camilo Carvajalino de
León, demandante dentro del proceso de pérdida de la investidura con
radicado Nro. 11001-03-15-000-2022-02926-00/01 acumulado 11001-03-15-
000-2022-03248-00, y a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes,
al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio de Interior.
4.5. La Cámara de Representantes manifestó que carece de legitimación en la
causa por pasiva, debido a que no tiene competencia para modificar o revocar
la sentencia controvertida por el actor. Motivo por el cual solicitó su
desvinculación de la acción de tutela.
4.6. El consejero de Estado Oswaldo Giraldo López, ponente de la sentencia de
primera instancia, sostuvo que en el caso no se cumple con el requisito de
relevancia constitucional, dado que la controversia planteada por el actor
pretende reabrir el debate resuelto por el juez natural.
4.7. El consejero de Estado Martín Bermúdez Muñoz, ponente de la sentencia
de segunda instancia, manifestó que no participará en la acción de tutela como
parte ni como tercero y que acatará estrictamente las disposiciones allí
adoptadas.
4.8. El Ministerio del Interior sostuvo que no cuenta con legitimación en la causa
por pasiva, dada la inexistencia de nexo de causalidad entre la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora y
alguna acción u omisión de su parte. Por lo tanto, solicitó ser desvinculado del
trámite de tutela.
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4.9. El Consejo Nacional Electoral aseguró que no tiene legitimación en la causa
por pasiva, debido a que no tuvo participación directa ni indirecta en la
configuración de los hechos materia de la acción, no tiene incidencia alguna
en las medidas que pueda tomar un tribunal de lo contencioso administrativo
y de su parte no ha existido vulneración de derechos fundamentales.
4.10. Los señores Luis Ramiro Ricardo Buelvas y Christian Camilo Carvajalino de
León guardaron silencio en el curso del trámite de tutela.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para
la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante
situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades,
o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es
subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas cortes
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales
y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Es por lo anterior, que la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las encargadas de
unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así que, la
Corte Constitucional ha indicado que como presupuesto adicional para admitir la
procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un
error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la
Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
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Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, y por tratarse de una acción de
tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala establecer si la acción de
tutela interpuesta por el señor Gustavo Tafur Márquez cumple a cabalidad con los
requisitos generales de procedibilidad, particularmente el de la relevancia
constitucional.
Solo en caso de superar dicho análisis, se determinará si al proferir la sentencia de
18 de octubre de 2023, en el marco del proceso bajo el radicado Nro. 11001-03-15-
000-2022-03248-00 acumulado al radicado Nro. 11001-03-15-000-2022-02926-00,
la Sala Plena del Consejo de Estado incurrió en los defectos alegados por la parte
actora.
4. Requisito de relevancia constitucional y su análisis en el caso
4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta
premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está
condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.
Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos
que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a
partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la
Sentencia T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales» 4. Es necesario que el interesado exponga
de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
4 Ibidem.
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(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con suficientes argumentos para cuestionar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que
persigue es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de
importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al
juez natural5.
De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los
planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a
consideración del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración
de derechos fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido
en el respectivo proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para
adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante
el juez de la causa.
En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera
razonable los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la
presente acción, tiene su justificación en la medida en que “sí es menester que el
actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos”6.
Con base en el último criterio expuesto, hay lugar a afirmar que la relevancia
constitucional supone que la tutela no se emplee para insistir en las
5 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
6 Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.
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inconformidades ya resueltas en el proceso ordinario. Es deber del juez de
tutela, entonces, verificar que la acción no se esté utilizando como una
instancia adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para
tal propósito, se estudia si los cargos expuestos en el proceso en que se
profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela
son iguales.
En caso de que se trate de los mismos argumentos es factible que el juez de
tutela concluya que el mecanismo constitucional se está empleando como una
instancia adicional. En ese supuesto, se evidencia que lo perseguido por el
tutelante es insistir en los argumentos planteados ante el juez natural, con la
esperanza de que el juez de tutela, a diferencia del primero, sí acceda a sus
pretensiones.
4.2. Justamente, la Sala considera que la acción de tutela analizada se está
empleando como una instancia adicional, pues la mayoría de los cargos allí
expuestos son una reiteración de los argumentos presentados en el proceso
de pérdida de investidura, específicamente en el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.
Así, en esa oportunidad procesal el tutelante se refirió a la indebida valoración
de la certificación de víctima expedida por UARIV, al alcance del artículo 179
de la Constitución Política y al término “situaciones” allí consagrado en relación
con el numeral tercero de esta última norma.
La identidad entre los cargos se corrobora del siguiente aparte del recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia:
(sic para toda la cita) «según la interpretación de la Sala N°18 Especial de Decisión de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado no existe temporalidad para acreditar
la calidad de víctima del Conflicto Armado Interno, por lo que a juicio del fallador la certificación
aportada con la inscripción por el candidato Luis Ramiro Ricardo Buelvas “circunscripciones
transitorias especiales de paz con radicado N°202151035419591 del 9 de noviembre de 2021”.
Cumple con lo enunciado en el parágrafo 1° del artículo transitorio 5 del Acto Legislativo N°2
de 2021. Para entender lo anterior toca apoyarse en el inciso primero del artículo 34 y artículo
155 de la Ley 1448 de 2011, es decir, la Corte Constitucional ya se había pronunciado sobre
la expresión “ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”.
Siendo así, es claro que los argumentos que soportan la tesis de la Sala 18° de Decisión de
la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado para negar la pérdida de investidura del
congresista acusado por la causal “El congresista acusado no acreditó la calidad de víctima del
conflicto armado interno en los términos del Acto Legislativo 2 de 2021” , debe revocarse por incurrir
en los defectos sustantivos y facticos.
(…) no obra en el expediente prueba donde se certifique por parte de las fuerzas militares que
el día 27 de mayo de 2021 hubiera habido toma o incursión de los grupos al margen de la Ley
al municipio de Oveja – Sucre, que pruebe que el congresista acusado fue objeto de
desplazamiento forzado; Por ser útil y conducente aclarar el contenido de la certificación
N°202151035419591 del 9 de noviembre de 2021 expedida por UARIV y que sirvió de prueba
determinante para que la Sala N°18 de Decisión acreditara la calidad de víctima del
congresista acusado ruego al H. Consejero de segunda instancia ordene de oficio requerir al
Comando General de las Fuerzas Militares allegue certificación donde conste que el día 27 de
mayo de 2021 en el municipio de Oveja Sucre, existió incursión o toma de los grupos al margen
de la Ley y que origino el hecho victimizante de desplazamiento forzado como consta en la
certificación N°202151035419591 del 9 de noviembre de 2021 expedida por UARIV.
2. Con respecto a la causal de pérdida de investidura enunciada en el numeral 3° del artículo
179 de la Constitución Nacional.
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No cabe dudas que, la Sala Especial de Decisión N°18 de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, desconoció el precedente judicial horizontal y vertical
de esa misma Corporación (…) Los precitados precedentes judiciales hace una decantación
de cuando se configura la causal de pérdida de investidura contenida en el numeral 3° del
artículo 179 de la Carta Política, es decir, aborda dicha causal de manera armónica y
argumenta cuando el congresista acusado se encuentra inmerso en dicha causal.
Seguidamente en la sentencia de nulidad electoral con radicado acumulado referido se le da
alcance a lo que se denomina situaciones dentro de un proceso pre contractual y contractual
en el entendido de la causal prevista en el numeral 3° del artículo 179 de la C.N, que para el
cado de marras están enunciadas en los términos de referencias definidos por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e innovación para contratar a los profesionales de apoyo a la gestión,
igualmente dichas situaciones también se pueden corroborar en las diferentes actividades que
en cada departamento se adelantarían en cumplimiento del plan de convocatoria pública,
abierta y competitivas de la asignación para ciencia, tecnología e innovación del sistema
general de regalía 2020-2021 del Ministerio de Ciencia, tecnología e innovación en armonía
con los estudios previos y el clausulado general del contrato de prestación de servicios
profesionales de apoyo a la gestión, piezas procesales que obran como pruebas dentro del
expediente de pérdida de investidura aquí atacado en apelación».
Con base en los fragmentos transcritos, la Sala observa que los reparos
expuestos en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de
primera instancia son una reproducción de los argumentos desarrollados en el
escrito de tutela. De manera que el tutelante está empleando la acción como
si fuera una instancia adicional, pues los mismos cargos ya fueron objeto de
debate en el proceso de pérdida de investidura. Así se desprende del siguiente
fragmento de la sentencia de segunda instancia proferida por la autoridad
judicial accionada:
(sic para toda la cita) «18.3.- Por último, en relación con el reparo según el cual la causal 3ª
del artículo 179 de la Constitución Política se puede configurar por <situaciones> que se
presenten dentro del proceso precontractual y contractual, la Sala destaca que:
a.- El parágrafo del artículo 179 de la C.P. dispone que <[l]as inhabilidades previstas en los
numerales 2, 3, 5 y 6 se refieren a situaciones que tengan lugar en la circunscripción en
la cual deba efectuarse la respectiva elección>>.
b.- La causal 3ª de esa misma norma tipifica distintas conductas como causales de pérdida
de investidura y en este caso los demandantes solicitaron la pérdida de investidura
únicamente por la conducta consistente en < haber intervenido en la celebración de
contratos con una entidad pública > cuya ejecución < tenga lugar en la circunscripción en
la cual deba efectuarse la respectiva elección>. En consecuencia, el estudio de la Sala
está delimitado a determinar si el congresista convocado celebró un contrato con una
entidad pública que debía ejecutarse en la CITREP para la cual fue elegido, lo cual no se
acreditó.
c.- Si bien en las sentencias citadas por el recurrente para sustentar este reparo se
mencionan las <situaciones precontractuales>>, dicha mención se hizo en el contexto de
la conducta consistente en la < gestión de negocios > prevista en el numeral 3º del artículo
179 de la C.P., y no a la relativa a la de <celebración de contratos >.
d.- Al proceso no se allegaron medios de convicción para acreditar la existencia de <
situaciones > relativas a la ejecución del contrato en los municipios que conforman la
CITREP 8. En efecto, en relación con la ejecución del contrato, solo se allegó la
certificación previamente citada del secretario general del Ministerio y el acta de
terminación bilateral del contrato, documentos a partir de los cuales no se evidencia la
existencia de <situaciones> de ejecución del contrato en los referidos municipios».
Así entonces, el cotejo entre el recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, el escrito de tutela y la sentencia de segunda instancia
proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado dan cuenta de que la
mayoría de los argumentos expuestos en el escrito de tutela ya fueron
desestimados en el proceso de pérdida de investidura. De ahí que no quedé
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duda que la acción carece de la relevancia constitucional necesaria cuando la
tutela se interpone frente a una providencia judicial, pues se está empleando
como si la tutela fuera una instancia adicional.
4.3. Precisado lo anterior, se recuerda que la jurisprudencia constitucional ha dicho
que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un
análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y
la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su
naturaleza y propósito. De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye
en sí misma una vulneración de derechos fundamentales.
De aceptar esa posibilidad, se desnaturalizaría la acción de tutela contra
providencias judiciales, como mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que
de manera reiterada se ha sostenido que cuando se controvierten decisiones
judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal
relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo
una vulneración grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.
Es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida por un juez
mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los principios
de independencia, autonomía funcional y juez natural. Por consiguiente, a fin
de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una decisión judicial sin
efectos y tales principios es imperativo que se cumplan con rigor cada uno de
los requisitos generales señalados jurisprudencialmente, incluyendo la
relevancia constitucional.
En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales está sujeta al
cumplimiento de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, no
hay lugar a estudiar el asunto de fondo. Es condición imprescindible para
analizar los defectos propuestos por la parte actora que todos los
presupuestos generales se cumplan a cabalidad. Solo así será procedente,
proseguir al segundo estadio de análisis consistente en determinar si las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos planteados por
el tutelante.
Así las cosas, el defecto fáctico y el cargo relacionado con la interpretación del
término “situaciones” dispuesto en el artículo 179 de la Constitución Política y
su relación con el numeral tercero de dicha norma no cumplen con el requisito
de relevancia constitucional por tratarse de una reproducción de lo ya expuesto
en el proceso de pérdida de investidura. Por lo que no hay lugar a efectuar un
análisis de fondo sobre estos reproches.
Sin embargo, en el escrito de tutela, la parte actora también manifestó que la
autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo por la aplicación de
la Sentencia C-302 del 2023. En atención a que este cargo no se trata de una
reiteración de lo expuesto en el proceso de pérdida de investidura, y por
cumplirse los demás requisitos generales de procedibilidad, la Sala proseguirá
a estudiarlo de fondo.
5. Alcance del defecto sustantivo y su análisis en el caso
5.1. El defecto sustantivo es aquel vicio relacionado con la interpretación y
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aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que tiene
una incidencia directa en la decisión y del que se puede predicar que de forma
directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales.
De esta forma, la jurisprudencia constitucional ha considerado que el defecto
material o sustantivo se produce cuando el juez toma una decisión con
fundamento en normas inexistentes, inconstitucionales o inaplicables al caso,
lo que genera una contradicción evidente entre los fundamentos y la decisión.
Igualmente, puede presentarse cuando se interpreta una disposición en forma
incompatible con las circunstancias fácticas y, por tanto, la interpretación dada
por el juez resulta a todas luces improcedente.
En estos casos, la jurisprudencia ha sido enfática en predicar que no cualquier
interpretación inadecuada puede considerarse vulneradora del derecho al
debido proceso, sino que esta debe ser abiertamente arbitraria y carecer de
razonabilidad.
Esta Sección ha señalado que el defecto sustantivo es el vicio relacionado con
la interpretación y aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento
jurídico. Algunos de los eventos en los que se presenta es cuando la autoridad
judicial funda su decisión en una norma que no tiene relación con el asunto de
debate, cuando omite aplicar la disposición que regula el tema sobre
controversia o cuando realiza una interpretación irrazonable de la norma.
También se ha reiterado que las reglas de interpretación fijadas en sentencias
de constitucionalidad y unificación proferidas por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado vienen a ser parte de la propia ley. Esa categoría de fuente
formal del derecho supera lo que se ha entendido tradicionalmente como
precedente, no solo porque el monopolio de la creación de normas generales
no se centra en el legislativo o el ejecutivo, sino también por la fuerza
vinculante de esas categorías de sentencias, que bien pueden equipararse a
la ley. Por consiguiente, su desconocimiento se relaciona con el defecto
sustantivo.
5.2. Explicado lo anterior, se recuerda que el accionante sostuvo en el escrito de
tutela que la Sala Plena del Consejo de Estado incurrió en defecto sustantivo,
porque aplicó extensivamente los efectos temporales de esa decisión, pues la
Sentencia C-302 de 2023 se empleó de forma retroactiva, pese a que la Corte
Constitucional no otorgó dichos efectos a esa providencia. Resaltó que en esa
sentencia la Corte estableció que las reglas allí dispuestas no afectaban la
elección pasada, pues por regla general sus providencias solo tienen
consecuencias a futuro. Por lo tanto, consideró que se realizó una errada
interpretación del numeral 123 de la Sentencia C-302 del 2023.
Al respecto, la Sala encuentra que en la mencionada providencia la Corte
Constitucional se refirió a la constitucionalidad del Decreto 1207 de 2021 (por
el cual se adoptan disposiciones para la elección de los representantes a la Cámara por las
16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para los periodos 2022-2026 y 2026-
2030, en desarrollo del Acto Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021) y declaró su
inexequibilidad por las siguientes dos razones:
«el Gobierno expidió normas de contenido estatutario sin que existiera una clara habilitación
constitucional para tal efecto y luego omitió el deber de remitirlas para el correspondiente
control previo de constitucionalidad (…)
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El presidente únicamente podía regular (mediante los decretos) las materias ordinarias porque
esa reforma constitucional le prohibió dictar normas estatutarias. Además, el mencionado
procedimiento tuvo un carácter transitorio cuya vigencia finalizó. Del mismo modo, al expedir
el Decreto 1207 de 2021, el presidente invocó el AL 2 de 2021 y no fundamentó la norma
objeto de control en una facultad fast track. Tampoco envió el decreto para el control
automático como se ordenaba bajo ese procedimiento legislativo especial».
En la Sentencia C-302 del 2023, la Corte Constitucional reconoció que, pese
a la eventual existencia de normas reglamentarias en el Decreto 1207 de 2021,
la inexequibilidad se extendería a toda la unidad normativa por razones de
vinculación, articulación y sistematicidad de los textos.
Asimismo, manifestó que la decisión de inexequibilidad también se
fundamenta en el vicio insubsanable en que incurrió el Gobierno Nacional al
no enviarle automática y previamente el Decreto 1207 de 2021, pese a que
este tiene la obligación de remitir a la Corte Constitucional los decretos que
expida en ejercicio de reformas constitucionales cuando aquellos se ocupan,
excepcionalmente, de materias de contenido estatutario.
De otra parte, y sobre los efectos en el tiempo de la Sentencia C-302 del 2023,
la Corte manifestó que por regla general sus decisiones rigen hacia el futuro.
En esa medida, sostuvo lo siguiente:
«esta providencia no afecta la voluntad democrática expresada en la elección de las CITREP
para el periodo 2022-2026, ni la elección de esas curules que deberá ocurrir con base en lo
previsto en el AL 2 de 2021, las demás normas electorales, la jurisprudencia pertinente y la
regulación que expidan tanto el Gobierno como el Congreso de la República con base en esa
enmienda constitucional. A esos efectos, la Sala Plena exhortará al Gobierno y al Congreso
de la República para que ejerzan sus competencias de iniciativa legislativa, regulación y
legislación en esta materia. En todo caso, el tribunal aclara que esta regulación no es
imprescindible para que se puedan elegir nuevamente dichas Circunscripciones para el
periodo 2026-2030».
Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que no se configura el
defecto sustantivo alegado por el tutelante, puesto que la decisión de la Corte
Constitucional es anterior a la sentencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado. De ahí que la Sentencia C-302 del 2023 constituía un precedente
vinculante en el caso.
En esa medida, no hay contradicción con lo dispuesto por la Corte
Constitucional, pues como la Sentencia C-302 de 2023 tiene efectos hacia el
futuro debía aplicarse en el caso analizado, en razón a que para la fecha en
que se profirió la decisión de la Corte Constitucional aún no se había dictado
la sentencia de segunda instancia de pérdida de investidura.
Así las cosas, la Sala considera que la Sala Plena del Consejo de Estado no
incurrió en el defecto sustantivo alegado por el tutelante, pues la Sentencia C-
302 del 2023 sí aplicaba al caso del congresista Luis Ramiro Ricardo Buelvas,
por tratarse de un precedente existente antes de proferirse la sentencia de
segunda instancia de pérdida de investidura.
6. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
en lo relativo al defecto fáctico y al cargo relacionado con la interpretación del
término “situaciones” del artículo 179 de la Constitución Política y su relación con el
numeral tercero de dicha norma. Lo anterior por considerar que frente a dichos
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argumentos no se cumple con el requisito de relevancia constitucional, en tanto que
estos constituyen reiteraciones de los cargos expuestos en el proceso de pérdida
de investidura.
Por otra parte, negarán las pretensiones relacionadas con el defecto sustantivo,
puesto que se considera que la Sentencia C-302 de 2023 sí era aplicable al caso,
justamente, porque tiene efectos hacia el futuro.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor
Gustavo Tafur Márquez, en lo relativo al defecto fáctico y al cargo relacionado
con la interpretación del término “situaciones” del artículo 179 de la
Constitución Política y su relación con el numeral tercero de dicha norma, por
las razones expuestas en la parte considerativa de esta decisión.
2. Negar las pretensiones formuladas por el señor Gustavo Tafur Márquez, en lo
que respecta al defecto sustantivo, dados los motivos expuestos en esta
providencia.
3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS FERNANDO MACÍAS GÓMEZ
Magistrada Conjuez
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
HUMBERTO ANÍBAL RESTREPO VÉLEZ ELEONORA LOZANO RODRÍGUEZ
Conjuez Conjuez
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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