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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-07412-01

Fecha
19 de abril de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-07412-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: COMFIRMAR la sentencia del 8 de febrero de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en las consideraciones de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 33 Archivo electrónico ubicado en el índice 16 del aplicativo SAMAI, en el expediente digital de segunda instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado número 08001-33-33- 009-2016-00159-01. Apartado 1.4.2.1. 34 Archivo electrónico ubicado en el índice 7 del aplicativo SAMAI, en el expediente digital de segunda instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado número 08001-33-33- 009-2016-00159-01. Apartado 1.4.2.1. 35 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009. 36 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 12 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2023-07412-01 Accionante: Evelia González Barrios

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-07412-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

19 de abril de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07412-01
Accionante: Evelia González Barrios

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

Radicado número: 11001-03-15-000-2023-07412-01
Accionante: Evelia González Barrios
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión
Oral C.
Referencia: Acción de tutela

Tema. Acción de tutela contra providencias judiciales.
Subtema 1. Requisitos de procedibilidad.
Subtema 2. Improcedencia. Relevancia constitucional. Subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentó Evelia González Barrios, por medio de
apoderado1, en contra de la sentencia de tutela del 8 de febrero de 2024 proferida
por la Sección Primera de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de tutela

Evelia González Barrios por medio de apoderado2, presentó escrito de tutela en el
que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, con ocasión de la sentencia
del 15 de septiembre de 2023 dictada dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número de radicado 08001-33-33-
009-2016-00159-00/01.

1.2. Hechos probados del proceso ordinario

De los hechos narrados por la tutelante en el escrito de tutela y las pruebas
allegadas al expediente, la Sala resalta los siguientes:

1.2.1. Evelia González Barrios afirmó que, según Resolución 128 del 29 de marzo
de 1968 expedida por la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico,
estuvo vinculada “de manera interina” como maestra desde el 15 de abril hasta el
15 de junio de 1998.

1 Archivo electrónico ubicado en el índice 17 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI,

identificado con certificado: 7AD146456A5A458D 020777A0BB7BF018 62767A88D2F20451
3B5F089EA6160E50.
2 Archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI,

identificado con certificado: 3D86CE286B24BD5A 884746C9563C1F3C 5BB88F14BEDA3F62
04F0E81BE70F2151.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07412-01
Accionante: Evelia González Barrios

La accionante fue nombrada docente en propiedad, mediante Decreto número 332
del 18 de marzo de 1970 expedido por el Gobernador y el Secretario de Educación
del Atlántico. Luego, mediante Decreto número 0725 del 29 de octubre de 1975 fue
aceptada su renuncia y, posteriormente, a través del Decreto número 01815 del 30
de diciembre de 1997, se posesionó nuevamente como docente el 2 de enero de
1998 hasta la fecha.

La aquí accionante adujo, en el trámite del proceso ordinario, que alcanzó la edad
de 50 años el 18 de marzo de 1997 y los 20 años de servicio se cumplieron entre el
2 de mayo de 2011 hasta el 2 de mayo de 2012.

Luego, indicó que el 19 de febrero de 2015 solicitó el reconocimiento y pago de la
pensión de gracia, sin embargo, su requerimiento fue resuelto negativamente por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP, mediante las Resoluciones RDP 024651 del 18 de
junio de 2015 y RDP 043927 del 23 de octubre de 2015.

1.2.2. Evelia González Barrios a través de apoderado, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, formuló demanda en contra de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social - UGPP, orientada a obtener la nulidad de las Resoluciones
RDP 024651 del 18 de junio de 2015 y RDP 043927 del 23 de octubre de 2015,
mediante las que le fue negado el reconocimiento de la pensión de jubilación gracia.

1.2.3. El asunto le correspondió en primera instancia al Juzgado Noveno (9)
Administrativo Oral de Barranquilla que, mediante sentencia del 16 de diciembre de
2021, accedió a las pretensiones de la demanda3.

Como fundamento de la decisión explicó que en el proceso quedó acreditado que
la demandante cumplió los requisitos exigidos en la Ley 114 de 1913 y posteriores,
para ser beneficiaria de la pensión de gracia, por lo que era consecuente acceder
al reconocimiento y pago de la prestación reclamada. Así, ordenó el reconocimiento
en un 75% del salario devengado durante el último año de servicios con base en los
factores salariales que fueron certificados durante el proceso.

1.2.4. La parte demandada inconforme con la decisión dictada en primera instancia
interpuso recurso de apelación en el que adujo que la demandante no cumplía con
el requisito de 20 años de servicio de carácter departamental, distrital, municipal o
nacionalizada, ya que, de conformidad con las pruebas allegadas, era una docente
de orden nacional y en ese sentido los tiempos laborados desde el 27 de enero de
1998 no podían ser computados para efectos del reconocimiento pensional.

Así, insistió en que la demandante no cumplía con los requisitos establecidos antes
del 29 de diciembre de 1989, fecha de vigencia de la Ley 91 de 1989 y que recibió
sus salarios con recursos provenientes del tesoro nacional y no de alguna entidad
territorial.

3 Archivo que contiene la sentencia de primera instancia, ubicado en el índice 4 del expediente digital de primera

instancia del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 08-001-33-
33-009-2016-00159-00 en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: DF3F4B33DC4B6025
3E69160D67D6AC21 429D4C58.
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Accionante: Evelia González Barrios

1.2.4.1. El recurso le correspondió desatarlo al Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión Oral C, que, en sentencia del 15 de septiembre de 20234, revocó
la decisión dictada por el Juzgado Noveno (9) Administrativo Oral de Barranquilla y,
en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

La referida autoridad indicó que, del acervo probatorio allegado al expediente, era
viable inferir que la demandante no ostentó la calidad de docente territorial con
posterioridad al 31 de diciembre de 1980, ya que su vinculación fue de carácter
nacional y en ese sentido no era viable conceder las pretensiones en la medida en
que los únicos beneficiarios de la prestación reclamada eran los educadores locales
o regionales.

Precisó que, según los lineamientos establecidos por el Consejo de Estado en la
sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, el interesado en obtener el
reconocimiento de la pensión gracia debe demostrar que las plazas a ocupar, sean
aquellas que el legislador previó como territoriales o, en su defecto, que la
respectiva certificación de la autoridad nominadora de cuenta de forma inequívoca
que el tipo de vinculación del docente oficial es de carácter territorial, lo que —
indicó—, no fue acreditado en el proceso, por lo que, era procedente revocar la
decisión del a quo.

1.3. Pretensiones y argumentos de tutela

1.3.1. La parte accionante solicitó al juez constitucional5: i) tutelar sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia; y en
consecuencia ii) ordenar al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión
Oral C, que profiera una nueva decisión que resuelva favorablemente el
reconocimiento y pago de la pensión de gracia solicitada.

1.3.2. La accionante expuso en primer lugar los lineamientos normativos y
jurisprudenciales relacionados con la acción de tutela en contra de providencias
judiciales y en segundo lugar manifestó que su solicitud cumple con los requisitos
generales de procedibilidad y que la autoridad cuestionada, con la providencia
objeto de estudio, vulneró sus garantías fundamentales al incurrir en un defecto
fáctico que sustentó en los siguientes términos:

Adujo una indebida valoración probatoria, porque del contenido de las pruebas
aportadas era posible inferir que la vinculación fue realizada por el ente territorial,
por lo que era una docente de carácter nacionalizado y no nacional como fue
descrito en el certificado de tiempo de servicio expedido por la Secretaría de
Educación de Soledad, lo que en contraste — resaltó— estaba plenamente
acreditado con el Decreto 01815 del 30 de diciembre de 1997, mediante el que fue
vinculada como docente del ente territorial por el Gobernador del departamento del
Atlántico y el Secretario de Educación.

4 Archivo que contiene la sentencia de segunda instancia, ubicado en el índice 23 del expediente digital de

segunda instancia del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 08-
001-33-33-009-2016-00159-01 en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 5117B49B9B00A645
A04F12E028E05EA6 297338A30369D485 1D874CF72B5D7108.
5 Página 3 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, ubicado en el índice 2 del expediente digital

de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: F7EC484AA86F32DE
F8F2129A8E0F4B3F 7B066755AB5D272B 660BF24919671A73.
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Accionante: Evelia González Barrios

Al respecto, aclaró que el Tribunal no tuvo en cuenta los siguientes medios
probatorios6:

“(…) a) certificado de historia laboral calendado 10 de febrero de 2015, expedido por
el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, suscrito por el técnico de hoja de
vida de la secretaria de Educación del Municipio de Soledad (Autoridad
Nominadora), el cual hace constar que el carácter del nombramiento de la docente
EVELIA GONZALES BARRIOS es nacionalizado, b) Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral de fecha 05 de junio de 2011 expedido
por Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, suscrito por el técnico de hoja
de vida de la secretaria de Educación del Municipio de Soledad ( Autoridad
Nominadora), a través del cual hace constar que el nombramiento de la docente
EVELIA GONZALES BARRIOS es nacional, c) Decreto 01815 de 30 de diciembre
de 1997 suscrito por el Gobernador y el Secretario de Educación del Departamento
del Atlántico. d) Acta de posesión del 02 de enero de 1998. e) certificado de historia
laboral calendado 18 de marzo de 2023, expedido por el Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio, suscrito por el técnico de hoja de vida de la secretaria de
Educación del Municipio de Soledad.”7.

En línea con lo anterior, explicó que la autoridad cuestionada no tuvo en cuenta las
sentencias de unificación CE-SUJ-SII-11-20188 y SUJ-030-CE-S2-20219 dictadas
por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en los que la corporación adujo10:

“ “[...]
los períodos en que al docente le pagan sus salarios con cargo al situado
fiscal también son válidos para obtener la pensión gracia, ya que
corresponden a recursos que se incorporan a los presupuestos locales, por
ende, las entidades territoriales son sus propietarios
[…]”. Precisó que, de igual forma, conforme con las referidas providencias
para determinar la calidad del docente
“[…] se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo,
en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza
a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales
[…]”.11”

Agregó que los certificados de historia laboral de FOMAG acreditaban que era
docente de carácter nacionalizado, por lo que la omisión de esta información daba
cuenta del desconocimiento de las sentencias aludidas al omitir que los actos
administrativos de vinculación y nombramiento fueron suscritos con el
departamento del Atlántico.

1.4. Trámite de tutela de primera instancia e intervenciones

6 Página 10 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, en el índice 2 del aplicativo SAMAI,

identificado con certificado F7EC484AA86F32DE F8F2129A8E0F4B3F 7B066755AB5D272B
660BF24919671A73.
7
Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de junio de 2018, expediente con radicado número

25000-23-42-000-2013-04683-01.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de agosto de 2022, expediente con radicado número

15001-23-33-000-2016-00278-01.
10 Página 12 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, en el índice 2 del aplicativo SAMAI,

identificado con certificado F7EC484AA86F32DE F8F2129A8E0F4B3F 7B066755AB5D272B
660BF24919671A73.
11
Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
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Accionante: Evelia González Barrios

1.4.1. La Sección Primera del Consejo de Estado mediante auto del 21 de
noviembre de 202312, admitió la solicitud, vinculó como terceros con interés a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP y al Juzgado Noveno (09) Administrativo del Circuito
Judicial de Barranquilla, reconoció personería al apoderado de la parte accionante
y ordenó notificar a las partes y vinculados. En el mismo proveído solicitó a las
autoridades judiciales vinculadas que enviaran copia magnética del expediente
correspondiente al trámite radicado al número 08001-33-33-009-2016-00159-
00/01.

1.4.2. Una vez surtidas las notificaciones, recibió respuesta del Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C13, de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP14. El Juzgado Noveno (09) Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla envió el expediente digital del proceso ordinario15.

1.4.2.1. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, a
través del magistrado ponente de la decisión objeto de tutela, indicó que en aras de
resolver la controversia planteada en el caso concreto, mediante auto del 5 de
octubre de 2022, requirió a la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico
para que remitiera con destino al expediente “(…) certificación a través de la cual se
haga constar la naturaleza de la plaza ocupada por la docente Evelia González
Barrios (…), en cada uno de los establecimientos educativos donde prestó sus
servicios, precisándose si la misma fue de carácter territorial, nacionalizada o
nacional;(…)”16. Luego, mediante auto del 2 de agosto de 2023, requirió a la
Secretaría de Educación Municipal de Soledad para finalmente dictar la sentencia
conocida.

1.4.2.2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a través de su
apoderado, expuso un recuento de los antecedentes administrativos relacionados
con el caso concreto, luego explicó varios pronunciamientos jurisprudenciales
aplicables al asunto y finalmente adujo que la acción de tutela no era la vía
adecuada para reclamar prestaciones económicas.

Agregó que la controversia fue resuelta por el juez natural de la causa de
conformidad con la normatividad y la jurisprudencia aplicable al asunto en estudio,
por lo que, en contraste, los argumentos planteados por la parte accionante no
sustentan la configuración de alguna de las causales específicas de procedencia de

12 Archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 4 del aplicativo

SAMAI, identificado con certificado 68C009DBF99E5A7C 7AB5CDCDBCF15C95 2B929706404C71BB
79760856E363EBBA.
13 Archivos electrónicos ubicados en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 8 del

aplicativo SAMAI, identificados con certificados 5967CCAE53EE7581 D704B1056F9F4263
03FD09B13A4C6799 DEA70B0260D1A319 y F8A12CBAA4764D1C AF0C8FE0E8270E05
02FBB55868E06796 5FDBEB1E4E584ED3.
14 Archivos electrónicos ubicados en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 10 del

aplicativo SAMAI, identificados con certificados B7C8EB7B66CD0374 4B4D541EA28FB896
FC0210205FE6F453 EF39ECAB19D71EA0 y 9747F613D9E94EAF 58AC71455B9A0193
ECEE5349CFC17FB0 F09F500D9447030D.
15 Archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 9 del aplicativo

SAMAI, identificado con certificado 353636870F62B84D 7A790651618C9B2A 83E061917DB24F43
EC2237571BE19F56.
16
Página 2 del archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 8 del aplicativo
SAMAI, identificado con certificado 5967CCAE53EE7581 D704B1056F9F4263 03FD09B13A4C6799 DEA70B0260D1A319.
Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
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la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que — sostuvo— permite
estimar la improcedencia de la solicitud.

1.5. Sentencia de primera instancia

La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 8 de febrero de 202417,
declaró improcedente la solicitud de amparo por considerar que no superó el
requisito de relevancia constitucional.

Como fundamento de la decisión explicó que los cuestionamientos de la parte
accionante estaban dirigidos a controvertir la valoración probatoria que el juez
natural de la causa hizo respecto de las pruebas que obraban en el expediente, lo
que sustenta respecto del desconocimiento de las sentencias de unificación CE-
SUJ-SII-11-2018 y SU-030-CE-S2-2021 dictadas por la Sección Segunda de esta
corporación, según las consideraciones allí expuestas y que consideró eran
aplicables al asunto concreto, en relación con el análisis probatorio.

Agregó que la tutelante insiste sobre la valoración de varias pruebas documentales
y la conclusión a la que debió llegar la autoridad cuestionada que en todo caso debió
tener por acreditado que prestó sus servicios como docente con vinculación
nacionalizada y no nacional como en efecto lo estimó en la sentencia objeto de
tutela.

De otro lado, afirmó que el Tribunal sustentó su decisión con base en las sentencias
que la parte accionante adujo como inobservadas y en el marco normativo y
jurisprudencial aplicable al asunto concreto, lo que, en principio le permitió precisar
que la parte demandante debía demostrar que el cargo ocupado estaba previsto en
el orden territorial, lo que además podía ser acreditado con base en una certificación
expedida por la entidad nominadora, presupuesto probatorio que no fue aportado al
proceso, por tanto fue dictada la decisión en los términos conocidos.

En suma, concluyó que la autoridad cuestionada realizó el estudio del caso concreto
conforme a las pretensiones de la demanda y los argumentos planteados en el
recurso de alzada, por lo que — reiteró—, la parte accionante pretende reabrir una
controversia ya resuelta por el juez natural de la causa, lo que en todo caso no es
competencia del juez constitucional en aras de garantizar el derecho al debido
proceso de las partes y el carácter subsidiario de la acción constitucional.

1.6. Impugnación

La parte accionante, por medio de su apoderado, presentó escrito de
impugnación18 en el que manifestó su inconformidad con la decisión del 8 de
febrero de 2024 dictada por la Sección Primera de esta corporación, así:

Sostuvo que su pretensión no era acudir a la acción constitucional como una tercera
instancia, ya que la solicitud de amparo estaba dirigida a exponer la indebida
17 Archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 13 del aplicativo

SAMAI, identificado con certificado CD54C826EE0FD4B8 9BE0304E84AA3433 CDE2FFA84C6D0082
B8B2256BCB8BBC4F.
18 Archivos electrónicos ubicado en el índice 17 del expediente digital de tutela de primera instancia, en el

aplicativo SAMAI, identificados con certificados B30668A6353F6B08 EBF6324E67A72727 2F098332279045F8
FB7A731F6BD6CD55, 7712AD666B660505 C101875D1560C9FF FC2E2A4DD0B19FA0
FA3ADE875FE54D98 y 7AD146456A5A458D 020777A0BB7BF018 62767A88D2F20451
3B5F089EA6160E50.
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valoración de la prueba documental, especialmente el contenido del Decreto 01815
de 1997.

Agregó que el tribunal erró al desestimar el certificado de historia laboral del 10 de
febrero de 2015 expedido por el FOMAG suscrito por la Secretaría de Educación
del Municipio de Soledad, en el que consta que su nombramiento era de carácter
nacionalizado y en contraste, de forma ilógica, le dio valor a la certificación del 5 de
junio de 2011 emitida por la misma dependencia, en la que se afirma que la
vinculación era de orden nacional, ya que guardaba relación con el contenido en el
acto administrativo acusado.

Sostuvo que sus derechos al debido proceso y a la defensa fueron conculcados, ya
que, al resolver el recurso de alzada, el tribunal concluyó erradamente que del
Decreto 01815 del 30 de diciembre de 1997, no era posible establecer con claridad
que la plaza o el cargo que ocupaba estaba previsto en un orden territorial, pese a
que el Consejo de Estado, en las sentencias de unificación del 21 de junio de 2018
y 11 de agosto de 2022, estableció que a fin de establecer si el carácter de una
plaza es territorial o nacionalizado, así como la calidad de un docente, es necesario
una copia de los actos administrativos en los que consten tales presupuestos, lo
que estaba plenamente acreditado con el referido decreto, ya que en el consta que
su vinculación era de carácter nacionalizado, pues su nombramiento lo efectúo el
Gobernador del departamento del Atlántico.

Así, reiteró que el contenido del referido acto administrativo cumplió los requisitos
para acceder al reconocimiento de la pensión de gracia. Reiteró que los tiempos
laborados entre los años 1998 hasta el 2012 — fecha en que cumplió el estatus de
pensionada— lo fueron como docente nacionalizada y sus pagos recibidos del
Fondo Educativo Regional Departamental.

Finalmente, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y reiteró las
pretensiones expuestas en el escrito de tutela, a fin de obtener el reconocimiento y
pago de la pensión de gracia que reclama.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la impugnación, atendiendo a lo previsto en
los artículos 86 de la Constitución Política y 32 del Decreto 2591 de 1991.

2.2. Procedibilidad de la acción

Como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional y particularmente la
sistematización realizada en la sentencia C-590 de 2005, en los casos en que la
solicitud de amparo se dirige contra una providencia judicial, es pertinente realizar,
primero, un examen de procedibilidad general19 para, luego, en caso de resultar

19 Antes que todo es necesario (i) verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar

en cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos
generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (ii) que en la solicitud de tutela se expresen
de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la
decisión judicial; (iii) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (iv) que previo a
la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la
persona afectada; (v) que se cumpla con el principio de inmediatez; (vi) que en caso de que se alegue
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superado dicho estudio, pasar a hacer el pronunciamiento de fondo en el que se
resuelva el problema jurídico, en los términos del defecto enunciado por la
accionante conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.

2.2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
la accionante es la titular de los derechos que afirmó fueron vulnerados, en su
condición de demandante dentro del proceso ordinario objeto de estudio.

El accionado, Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, está
legitimado por pasiva, dado que, como juez del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, profirió la providencia que hoy se revisa.

2.2.3. El requisito de relevancia constitucional exige que los argumentos de la
solicitud de amparo estén dirigidos a exponer las razones por las que el
cuestionamiento a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende
de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria20, a una cuestión con
relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional
concreto21. Así, son improcedentes los argumentos destinados a proponer fórmulas
que habrían podido ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario, o reiterar las ya
expuestas en este, toda vez que, como lo ha establecido la Corte Constitucional, “la
función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del
procedimiento judicial que se cuestiona, pues ello desconocería la competencia y
finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su
autonomía funcional” 22.

una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; y de manera general,
(vii) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de
tutela.
20 Por supuesto, el fallador de tutela requiere examinar que, de esos asuntos legales, no se desprendan
violaciones a los derechos y deberes constitucionales, pues, de ser así, adquieren relevancia constitucional
inmediata. Corte Constitucional. Sentencia T-1031 de 2001, citada por la Corte Constitucional en las sentencias
T-114 de 2002 y T-136 de 2015.
21 Sentencia C-590 de 2005. Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra

providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión
cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas,
podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se
presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando
el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en
normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es
víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del
precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone
de manera preferente la aplicación de sus postulados.
22 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.

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En suma, el requisito de relevancia constitucional persigue tres fines: (i) preservar
la competencia y la independencia de los falladores ordinarios y, así, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad23; (ii) restringir el
ejercicio del amparo a cuestiones que afecten los derechos fundamentales de las
personas, e (iii) impedir que la tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales24.

Por otro lado, respecto del requisito de subsidiariedad25, el artículo 86 superior
establece que el mecanismo de amparo “solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”26. Así mismo, el numeral
1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 advierte que “la existencia de dichos
medios [judiciales de defensa] será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”. Ello indica que el
juez constitucional deberá verificar que los mecanismos jurisdiccionales con los que
cuente una persona sean idóneos para la defensa de sus intereses 27. De lo
contrario, la mera existencia de un conducto judicial no será suficiente28.

No obstante, el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela hace procedente
la intervención del juez constitucional si: “(i) el recurso judicial no resulta idóneo o
eficaz o, (ii) si bien existe un mecanismo judicial ordinario o extraordinario de dichas
características, el demandante quiere evitar la consumación de un perjuicio
irremediable”29.

La Sala revisará a continuación los argumentos expuestos en el escrito de tutela, a
partir de los parámetros constitucionales fijados. Solo en caso de encontrarlos
satisfechos, continuará con el estudio de las demás exigencias de procedibilidad y,
si hay lugar a ello, a emitir un pronunciamiento de fondo en lo que corresponda.

2.4.1. La parte accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales,
pues como quedó expuesto en los numerales 1.3.2. y 1.6. de esta providencia,
consideró vulneradas dichas garantías constitucionales porque a su juicio el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, en la sentencia del
15 de septiembre de 2023, incurrió en defecto fáctico, ya que no valoró
correctamente el material probatorio obrante en el expediente, especialmente el
Decreto 01815 del 30 de diciembre de 1997 que daba cuenta que su nombramiento
fue en calidad de docente de carácter nacionalizado por lo que tenía derecho a la
pensión gracia. Agregó que el tribunal tampoco aplicó debidamente las sentencias
CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 y SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 2022 dictadas por esta corporación, relacionadas con la valoración de las
pruebas tendientes a acreditar el carácter de su vinculación para acceder al
reconocimiento y pago de la pensión de gracia para los docentes con vinculación
territorial o nacionalizados.
23 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610

de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-
931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014, citadas en la sentencia T-422 de 2018.
24 “[T]eniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede

reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga
el desconocimiento de un derecho fundamental” Corte Constitucional. Sentencia T-422 de 2018.
25 Corte Constitucional, sentencias T-013 de 1992 y T-134 de 1994.
26 Constitución Política de 1991, artículo 86.
27 Corte Constitucional. Sentencias T-414 de 1992, T-436 de 2009 y SU-712 de 2013.
28 Esto mismo fue considerado por esta Sala en el siguiente fallo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 16 de marzo de 2020, Expediente con número
de radicado 2019-4563-01.
29 Ibid.

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2.4.1.1. Ahora bien, de la lectura de la sentencia objeto de estudio, la Sala pudo
establecer que el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C en
primer lugar, al referir la normatividad aplicable, expuso que, de conformidad con el
artículo 1 de la Ley 114 de 1993, la pensión de gracia se reconocía a los maestros
de las escuelas primarias oficiales que prestaron su servicio por un término no
menor de 20 años, con honradez y buena conducta y que no recibían otra pensión
o recompensa de carácter nacional.

Luego, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la referida
prestación a los empleados y profesores de las escuelas normales y autorizó la
suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años de
enseñanza primaria, la normalista y la inspección a fin de completar el tiempo
requerido para acceder a la pensión gracia. Más adelante la Ley 37 de 1933
extendió el beneficio a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo
de servicios en establecimientos de enseñanza secundaria. También destacó que
la Ley 91 de 1989, en su artículo 130, expuso los conceptos de docente “nacional” y
“nacionalizado”; en el artículo 2 definió los requisitos para acceder a la pensión
gracia y dispuso que para ser beneficiario de este derecho pensional, el docente
debió estar al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

Resaltó que los requisitos para acceder a la prestación referida, también fueron
establecidos en las sentencias: 699 del 26 de agosto de 1997, CE-SUJ2-011-18 del
21 de junio de 2018 y SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022 dictadas por
esta corporación, relacionadas con el reconocimiento y pago de la pensión de gracia
para los docentes con vinculación territorial o nacionalizados.

En segundo lugar, explicó que, de conformidad con las pruebas allegadas al
expediente, las resoluciones objeto de estudio negaron el derecho al reconocimiento
de la pensión gracia a la señora González Barrios, por cuanto “i) se vinculó al
magisterio oficial en fecha posterior al 31 de diciembre de 1980 con nombramiento
de carácter nacional; ii) presenta inconsistencias en cuanto al tipo de vinculación; ii)
en los tiempos de servicio prestados en el interregno del 15 de abril de 1968 hasta
el 29 de octubre de 1975, no se indicó el tipo de vinculación”31.

Luego, estimó que si bien el Decreto 01815 del 30 de diciembre de 1997 suscrito
por el Gobernador y el Secretario de Educación del departamento del Atlántico, así
como el acta de posesión del 2 de enero de 1998 daban cuenta de la vinculación de
la interesada a la docencia oficial, lo cierto era que de estos no era posible
establecer con suficiente claridad la plaza ocupada y que esta fuera una de las
previstas por el legislador como territorial.

Así, en contraste, expuso que el certificado del 5 de junio de 2011, en concordancia
con el Formato Único para la expedición del certificado de historia laboral del 18 de
30 “ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a

continuación de cada uno de ellos: Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial
antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley
43 de 1975. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir
del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.”
31
Página del archivo que contiene la sentencia de segunda instancia, ubicado en el índice 23 del expediente digital de segunda
instancia del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 08-001-33-33-009-2016-
00159-01 en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 5117B49B9B00A645 A04F12E028E05EA6
297338A30369D485 1D874CF72B5D7108. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y
énfasis forman parte del texto original.
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marzo de 2023 expedidos por el FOMAG, suscritos por el técnico de hoja de vida
de la Secretaría de Educación del municipio de Soledad -autoridad nominadora-,
acreditaban que el carácter del nombramiento de la docente era de orden nacional
y en consecuencia, era posible inferir que la demandante no ostentó la calidad de
docente territorial con posterioridad al 31 de diciembre de 1980, en los términos de
la Ley 91 de 1989, dado que su vinculación fue de carácter nacional, lo que en
consecuencia permitía concluir que no era beneficiaria de la prestación reclamada,
en tanto no cumplía con los requisitos exigidos por la norma y reiterados por la
jurisprudencia aplicable al asunto en estudio.

Al respecto, aclaró que, de conformidad con la sentencia de unificación del 21 de
junio de 2018, correspondía al interesado en obtener el reconocimiento de la
pensión gracia, demostrar que ocupaba una plaza prevista por el legislador como
territorial o, en su defecto, allegar la respectiva certificación de la autoridad
nominadora en la que diera cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación
del docente oficial era de carácter territorial, circunstancia que en efecto no fue
acreditada en el asunto.

En ese orden, el defecto fáctico planteado no resulta suficiente para la intervención
del juez de tutela, pues, aun cuando la actora enunció las pruebas que a su juicio
fueron mal valoradas, no explicó de qué forma fue errada la valoración y cómo esta
tuvo incidencia en la decisión final a tal punto que su sentido sería contrario. Sin
embargo, para la Sala es claro que la autoridad cuestionada resolvió bajo la norma
que consideró pertinente y aplicable al derecho pensional reclamado teniendo en
cuenta la situación particular de la interesada y las pruebas allegadas al expediente.

2.5. En línea con lo hasta aquí expuesto, para la Sala es claro que los argumentos
así planteados, indican un desacuerdo con las conclusiones a las que llegó el juez
de segunda instancia del proceso ordinario y, en consecuencia, no es posible asumir
el estudio de fondo propuesto por la parte actora, pues, de hacerlo, estaría
invadiendo la órbita de competencia del juez natural y desconociendo la autonomía
judicial.

Cabe resaltar que los argumentos planteados por la tutelante son coincidentes y
responden a los propuestos y ya resueltos por el juez de la causa respecto de la
demanda y el recurso de alzada interpuesto por la parte demandada en el proceso
ordinario, lo que permite a la Sala considerar que la pretensión de la demandante y
aquí accionante es que el juez de tutela haga una lectura alternativa del caso
concreto y dirima una aparente controversia fundada en una indebida valoración
probatoria de tal forma que la conclusión a la que llegó el tribunal sea desestimada
y, en su lugar, se ordene proferir una decisión entorno a sus pretensiones, en tanto
sea concedido el reconocimiento de la prestación en los términos planteados en el
escrito de tutela, como si se tratara de una tercera instancia, desconociendo así el
carácter subsidiario de la acción constitucional.

Lo anterior, no solo porque el análisis que realizó el tribunal para negar el derecho
pensional no se advierte caprichoso, errado o irracional, sino porque, además, de la
lectura de la sentencia objeto de tutela y una vez revisado el expediente ordinario
de segunda instancia en el aplicativo SAMAI32, la Sala pudo verificar que la aquí
accionante no planteó en el trámite del proceso ordinario, las inconformidades que
32 Expediente digital de segunda instanciaen medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con radicado número 08001-33-33-009-2016-00159-01. Ver índice 22 de expediente al despacho
para fallo.
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trajo en sede constitucional, en tanto no se pronunció respecto de la admisión del
recurso de alzada promovido por la parte demandada, los requerimientos
probatorios que dispuso el tribunal en los autos del 5 de octubre de 202233 y 2 de
agosto de 202334, ni alegó de conclusión. En otras palabras, dejó transcurrir la
segunda instancia sin ejercer actividad alguna en las oportunidades procesales que
le permitían ejercer la defensa de la sentencia que le resultó favorable en primera
instancia y que el tribunal revocó.

En ese contexto es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida como un
mecanismo de carácter excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un
derecho constitucional fundamental y entre sus características se cuentan su
naturaleza residual y subsidiaria, por lo que, su procedencia está limitada a
determinar la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte
accionante respecto de una posible agresión proveniente de una autoridad judicial
a partir de una decisión proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende
la aquí accionante, un nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional
a las ya surtidas. El juicio que realiza el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada35, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho, que se resolvieron en el curso del
proceso ordinario36.

En suma, la solicitud incoada por la accionante no cumple con los requisitos de
relevancia constitucional y subsidiariedad, por lo que la Sala confirmará la decisión
dictada el 8 de febrero de 2024 por la Sección Primera del Consejo de Estado que
declaró improcedente el amparo solicitado, por los motivos expuestos en las
consideraciones de esta providencia.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: COMFIRMAR la sentencia del 8 de febrero de 2024, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en las
consideraciones de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

33 Archivo electrónico ubicado en el índice 16 del aplicativo SAMAI, en el expediente digital de segunda instancia

del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado número 08001-33-33-
009-2016-00159-01. Apartado 1.4.2.1.
34 Archivo electrónico ubicado en el índice 7 del aplicativo SAMAI, en el expediente digital de segunda instancia

del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado número 08001-33-33-
009-2016-00159-01. Apartado 1.4.2.1.
35 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
36 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
Firmado electrónicamente

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Firmado electrónicamente
DSR

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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