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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07415-01

Fecha
30 de agosto de 2024
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07415-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la decisión de primera instancia de 24 de mayo de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. 2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2023-07415-01 Demandante: Laurina Judith Francis Ávila 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-07415-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

30 de agosto de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07415-01
Demandante: Laurina Judith Francis Ávila

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07415-01
Demandante: LAURINA JUDITH FRANCIS ÁVILA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial, nulidad y
restablecimiento del derecho. Requisitos generales de
procedencia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante, contra la
providencia del 24 de mayo de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C que resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por la
señora Laurina Judith Francis Ávila de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia. (…)»

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 7 de diciembre de 2023, la señora Laurina Judith Francis Ávila, mediante apoderado
judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Córdoba y el
Juzgado Tercero Administrativo Oral de Montería por considerar vulnerados los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«1. Sírvase tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.

2. Ordénese la anulación de la sentencia de segunda instancia referenciada en este
escrito.

3. Ordénese a la Sección Segunda – Subsección A-, que profiera una decisión de
fondo, en la que se salvaguarden los derechos conculcados a mi representado».

2. Hechos:

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

La señora Laurina Judith Francis Ávila ejerció medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) con la finalidad de que se
declarara la nulidad del acto ficto producto del silencio negativo surgido con ocasión

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Demandante: Laurina Judith Francis Ávila

de la petición elevada el 1° de septiembre de 2016 en la que solicitó el reconocimiento
y pago de la pensión de jubilación y, en consecuencia, a título de restablecimiento
ordenara dicho reconocimiento de conformidad con la Ley 33 de 1985.

El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Juzgado Tercero
Administrativo Oral de Montería, que, en sentencia del 20 de noviembre de 2019,
negó las pretensiones de la demanda al considerar que la demandante además de
solicitar el reconocimiento de la pensión de jubilación, pretende el cómputo del tiempo
que laboró mediante vinculación por medio de contratos de prestación de servicios con
el municipio de Ciénaga de Oro, sin que previamente se realizara un análisis de la
posible declaratoria de un contrato realidad y sin aportar las pruebas necesarias para
acreditar los elementos de un contrato realidad y de lo aportado solo se evidenció un
tiempo de servicio total de 15 años, 11 meses y 18 días.

En contra de la anterior decisión, la actora presentó recurso de apelación con base en
que, a su juicio, debieron computarse los tiempos laborados bajo la modalidad de
contratos de prestaciones de servicios para efectos prestacionales y resaltó que no
era necesario declarar la existencia de una relación laboral, más aún cuando a partir
del 1° de febrero de 2002 pasó a formar parte de la planta de cargos del departamento
de Córdoba, razón por la que acumuló más de 20 años de servicio. Afirmó que los
contratos de prestación de servicios son una especie de vinculación con la
administración pública, razón por la que debía primar la realidad sobre las formas, a
su juicio, con la conclusión, según la cual, no se demostró la existencia de una relación
laboral, estaría dando aplicación al parágrafo 1° de la Ley 60 de 1993 y al parágrafo 3
de la Ley 115 de 1994, normas que fueron declaradas inexequibles.

Explicó que conforme con el precedente del Consejo de Estado los tiempos laborados
mediante órdenes de prestación de servicios son computables para efectos
pensionales sin que sea necesario adelantar proceso previo para computar el tiempo
laborado y destacó que, aunque no se haya efectuado cotizaciones por parte del
docente vinculado mediante prestación de servicios, ello no es óbice para el
reconocimiento de la pensión.

El Tribunal Administrativo de Córdoba, en sentencia del 10 de marzo de 2023,
confirmó la decisión apelada, para lo cual señaló que, tal como lo indicó la señora
Laurina Judith Francis Ávila hay lugar a tener en cuenta los tiempos que laboró
mediante órdenes de prestación de servicio para efectos pensionales, sin embargo,
aun teniendo esos tiempos de servicio, la actora no logró acreditar el tiempo requerido
para el reconocimiento de la pensión, pues solo acreditó tiempo de servicio como
docente de 16 años, 3 meses y 18 días, el cual es inferior a los 20 años requeridos
para obtener la pensión, de acuerdo con la Ley 33 de 1985.

Dicha providencia fue notificada el 23 de junio de 2023 mediante correo electrónico.

3. Argumentos de la tutela

La demandante afirmó que el Tribunal demandado, incurrió en defecto fáctico por
indebida valoración probatoria dado que en el proceso ordinario fueron aportadas
certificaciones laborales que daban cuenta que mantuvo una relación laboral con el
municipio de Ciénaga de Oro, desde 1998 al 31 de enero de 2002.

Adujo la configuración del defecto por desconocimiento del precedente judicial,
para lo cual afirmó que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
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Demandante: Laurina Judith Francis Ávila

en la sentencia SL 66212017 (49346) del 3 de mayo de 2017, explicó que las
certificaciones tienen valor probatorio y los hechos expresados en estas, se reputan
ciertos, a menos que las partes acrediten lo contrario.

Además, mencionó las sentencias SU-477 de 1997 y T-481 de 2018 de la Corte
Constitucional en las que se indicó que la falta de consideración de un medio probatorio
que determina el sentido de la decisión constituye una vía de hecho susceptible de
control por medio de la acción de tutela, y la sentencia del 22 de mayo de 2008
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, dictada en el proceso 2003-
01309-01, en la que se precisó que la prueba documental en materia pensional
constituye prueba idónea y principal para acreditar tiempo de servicios y sobre las
certificaciones laborales precisó que gozan de veracidad y legalidad.

4. Trámite previo

La acción de tutela fue admitida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, en providencia del 11 de diciembre de 2023, en la cual ordenó notificar
a las partes y se les remitió copia del escrito inicial.

5. Oposición

El Tribunal Administrativo de Córdoba no se pronunció frente a los hechos objeto
de la acción de tutela.

6. Intervenciones

El Ministerio de Educación Nacional solicitó que se declare improcedente la acción
de tutela de la referencia porque lo pretendido por la demandante desconoce los
principios de independencia y autonomía judicial, para lo cual, afirmó que la
demandante busca controvertir una decisión legítimamente adoptada en el ámbito
procesal, la cual hizo tránsito a cosa juzgada y no puede ser atacada o excluida del
ordenamiento jurídico.

Explicó que el defecto alegado en la acción de tutela debe conllevar, en forma
inmediata, la violación de uno o múltiples derechos fundamentales, lo cual determina
que sólo las decisiones judiciales en las que se evidencia la mencionada vulneración
podrán ser atacadas mediante acción de tutela, no obstante, los jueces ante quienes
se solicita están obligados a examinar de manera rigurosa el caso para no desvirtuar
los principios de autonomía funcional de la jurisdicción y de la cosa juzgada.

Expuso que el caso objeto de debate carece del requisito de relevancia constitucional
porque, si bien, en su argumentación la accionante presenta la presunta vulneración
del derecho al debido proceso y la transgresión de algunos principios de naturaleza
constitucional, no argumentó de manera clara y concreta la necesidad de la
intervención del juez de amparo para hacer cesar las presuntas vulneraciones a los
derechos fundamentales invocados, pues solo mencionó que se desconoce el debido
proceso, pero no asumió una carga argumentativa mayor que demostrara una real y
concreta amenaza o vulneración a los derechos fundamentales.

Finalmente, adujo que el debate procesal planteado es una controversia de naturaleza
estrictamente económica, situación que excede la competencia del juez de tutela, por
carecer de absoluta relevancia constitucional.

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Demandante: Laurina Judith Francis Ávila

La Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del FOMAG, solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por
pasiva, porque la acción de tutela no va dirigida contra sus actuaciones, sino contra
una providencia judicial, además, indicó que la tutela resulta improcedente, toda vez
que las autoridades judiciales accionadas actuaron conforme con las normas
establecidas y los precedentes sobre la materia.

7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en sentencia del 24 de mayo
de 2024, resolvió declarar improcedente la acción de tutela al considerar que la
demandante hizo uso de la solicitud de amparo como instancia adicional al proceso
ordinario, porque reiteró los documentos expuestos ante el juez de la causa.

8. Impugnación

La demandante impugnó la decisión de primera instancia, para lo cual reiteró los
argumentos del escrito inicial y afirmó que, contrario a lo manifestado por el juez de
primera instancia, en el caso concreto sí se cumple con el requisito de relevancia
constitucional, dado que no solo se aduce la transgresión de la vulneración del derecho
fundamental, sino que adicionalmente se sustentó el defecto fáctico alegado, pues el
juez ordinario realizó una valoración probatoria errónea lo que, aduce, la priva de su
derecho pensional.

Señaló que la tesis del fallo impugnado la lleva a entender que, “el solo hecho de haber
sido resuelto un tema en una decisión judicial, así sea defectuosa esa resolución vuelve
improcedente la acción de tutela en contra de la misma, a pesar de los defectos de los que
adolezcan, porque entonces se pretenderá siempre convertir la acción de tutela contra
decisiones judiciales en una nueva instancia. No se debe perder de vista, que, es precisamente
lo que decide la autoridad judicial y como lo decide lo que puede generar el defecto que hace
procedente la acción de tutela en contra de esa decisión”.

Adujo que lo solicitado es que se tenga en consideración que la valoración de las
pruebas es de evidente relevancia constitucional, razón por la que, afirma, “el requisito
de relevancia judicial no puede estar cargado de subjetividad para estudiar la procedencia de
la acción de tutela”.

Solicitó revocar el fallo impugnado, porque la petición de la acción de tutela sí resulta
procedente y goza de relevancia constitucional.

En auto del 15 de julio de 2024 el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
concedió la impugnación y el expediente pasó al despacho sustanciador para proferir
sentencia de segunda instancia el 29 de julio de 2024.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la

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acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

En el escrito de impugnación la parte actora cuestionó la decisión de primera instancia,
que, declaró la falta de cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional,
porque, a su juicio, sí se satisface el requisito general de procedencia.

En ese sentido, corresponde a la Sala determinar si debe modificar, revocar o
confirmar la decisión impugnada y, solo en caso de que se encuentren superados los
requisitos generales, procederá a estudiar si la autoridad judicial demandada incurrió
en el defecto invocado por la demandante.

Requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del

pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en
esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial

son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de
la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la
sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido

en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo;
(v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece
el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o
de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para
el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que
considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia
en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se
trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional
del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

(Se destaca)

Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional, porque el presente mecanismo se emplea como una instancia adicional
al proceso ordinario, como se pasa a explicar:

La señora Laurina Judith Francis Ávila ejerció medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el FOMAG, con el fin de que se dejara sin efecto
el acto administrativo producto del silencio administrativo negativo que operó frente a

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la solicitud que elevó con la finalidad de que fuera reconocida pensión de jubilación
conforme con la Ley 33 de 1985.

En el trámite de primera instancia, el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Montería
negó las pretensiones de la demanda, por considerar que no fueron demostrados los
extremos temporales necesarios para el reconocimiento pensional, porque solo fue
demostrado un tiempo de servicio total de 15 años, 11 meses y 18 días, en el entendido
que la demandante reclamó que se tuvieran en cuenta periodos en los que laboró bajo
la modalidad de contratos de prestación de servicio, sin haber adelantado un proceso
judicial de reconocimiento de la relación laboral.

La actora apeló la referida decisión, basada en que:

(i) no era necesario que hubiese agotado de manera previa el
reconocimiento de un contrato realidad, porque no pretendió el pago
de las prestaciones derivadas de dicho reconocimiento, sino que lo
pretendido era validar los tiempos laborados con fines únicamente
pensionales. Explicó que la Corte Constitucional ha reconocido que la
vinculación con la administración pública puede efectuarse con un
vínculo reglamentario o contractual;

(ii) precisó que el parágrafo 1º de la Ley 60 de 1993 fue declarado
inexequible, razón por la que se permite la vinculación de los docentes
mediante órdenes de prestación de servicios;

(iii) indicó que el juez de primera instancia erró al señalar que existió
contrato de prestación de servicios y no una relación laboral y omitió
la certificación laboral aportada como prueba en la que constan los
periodos laborados en el municipio de Ciénaga de Oro;

(iv) expresó que conforme con la sentencia SL 66212017 (49346) del 3 de
mayo de 2017, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, las certificaciones tienen valor probatorio y los hechos
expresados en estas, se reputan ciertos, a menos que las partes
acrediten lo contrario, razón por la que el juez de primera instancia
debió validar los periodos consignados en las certificaciones
aportadas.

(v) además, mencionó la sentencia del 22 de mayo de 2008 proferida por
la Sección Segunda del Consejo de Estado dictada en el proceso
2003-01309-01 en la que se precisó que la prueba documental en
materia pensional constituye prueba idónea y principal para acreditar
tiempo de servicios y sobre las certificaciones laborales precisó que
gozan de veracidad y legalidad.

Por su parte, en el escrito de tutela, la parte actora manifestó que la autoridad judicial
demandada incurrió en defecto fáctico, porque, a su juicio, había lugar a acceder a las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el
entendido que en el trámite del proceso aportó certificaciones laborales que daban
cuenta de los tiempos que laboró como docente del municipio mediante vinculación
por contratos de prestación de servicios y los cuales debían ser tenidos en cuenta para
efectos pensionales.

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En la solicitud de amparo la actora frente al defecto fáctico indicó:

«En esta modalidad del defecto factico que alegamos "estamos en presencia ya no de una
omisión, sino de la acción valorativa del juez, solo que esa valoración, bien por error o por
descuido, o por cualquier otra circunstancia, elude la consideración y arraigo de pruebas
o elemento que imponen
determinada conclusión"

No obstante haberse aportado dos (2) certificaciones expedidas por el municipio de
Ciénaga de Oro - una suscrita por el archivista y la otra por el alcalde- indicando la relación
laboral de mi mandante con esa entidad territorial durante los años 1998 al 31 de enero
de 2002 de manera automática, se desconoce en la sentencia. En esos documentos se
indica con toda claridad que mi mandante continuó laborando durante los años 1998, 1999,
2000 2001, hasta el 31 de enero de 2002, pasando al departamento de Córdoba a partir
del 1 de febrero de 2002, luego de haber sido nombrada mediante Decreto N° 055 de
2002.

Se valora como cierto lo certificado en dichos documentos, respecto de que mi mandante
laboró como docente bajo contratos de prestación de servicios en el municipio de Ciénaga
de Oro durante los años 1987 a 1997, pero a su vez, esa misma certificación no constituye
prueba suficiente respecto del tiempo laborado durante los años 1998 a 31 de febrero de
2002. Resulta entonces que la prueba aportada -certificado expedido por el alcalde
municipal de Ciénaga de Oro indicando que mi mandante laboró desde el año 1998 hasta
el 31 de enero de 2002 - requiere a su vez una prueba para que se le pueda dar veracidad
a la información que contiene. Esto es, se crea por la autoridad judicial una presunción de
falsedad sobre el mencionado documento, que debe desmontarse aportando una prueba
que pruebe la prueba aportada.

Además, precisó que en la sentencia SL-66212017 del 3 de mayo de 2017 de la Corte
Suprema de Justicia, la SU-477 de la Corte Constitucional y la sentencia del 22 de
mayo de 2008 del Consejo de Estado, se ha expuesto que las certificaciones laborales
tienen valor probatorio y en temas pensionales constituyen la prueba idónea y
principal.

A partir de lo anterior, la Sala advierte que la señora Francis Ávila propone la misma
discusión jurídica que presentó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
donde fungió como demandante, argumentos con base en los cuales alega que la
autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico, lo cual evidencia que lo que
pretende la parte actora es hacer uso de la presente solicitud de amparo, como una
instancia adicional.

En efecto, de lo expuesto hasta aquí se evidencia que la discusión planteada por la
demandante en este punto específico ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, en providencia del 10 de marzo de 2023, que, en lo que interesa, consideró:

«Problema Jurídico

La Sala determinará si hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia que denegó
las pretensiones de la demanda. En ese sentido, resulta necesario establecer si la señora
Laurina Judith Francis Ávila tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión de
jubilación, por haber cumplido 20 años de servicio y cincuenta y cinco años de edad al
servicio de la educación oficial, de conformidad con la Ley 33 de 1985 y los reajustes a
que se refiere la Ley 71 de 1998.

La Colegiatura analizará para efectos pensionales, si conforme a la Ley 812 de 2003 la
vinculación por contrato de prestación del servicio docente es válida para el
reconocimiento prestacional invocado.

Con el fin de desatar el fondo del asunto, procede la Sala a efectuar el siguiente análisis:
i) Marco normativo del régimen de transición artículo 36 Ley 100 de 1993; ii) Régimen
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Demandante: Laurina Judith Francis Ávila

pensional de los docentes oficiales, iii) De la inclusión de tiempos prestados mediante
contrato de prestación de servicios para reconocer la pensión de jubilación, y vi) Solución
de caso.
(…)

De conformidad con las pruebas arrimadas al proceso se encuentra acreditado que la
demandante Laurina Judith Francis Ávila nació el día once (11) de agosto de mil
novecientos sesenta y uno (1961), por tanto, a la fecha de entrada en vigencia del sistema
general de seguridad social integral contaba con 33 años de edad, consiguientemente, es
indiscutible que la actora no es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, como quiera que la actora fungió como docente, conforme el marco normativo
ut supra, los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales que venían vinculados
antes de la entrada en vigencia de ésta última norma -el 27 de junio de 2003-, se
encuentran cobijados por el régimen pensional vigente para el Magisterio en esa fecha, es
decir, la Ley 91 de 1989 en concordancia con la Ley 33 de 1985.

En el asunto debe establecerse para efectos pensionales, si conforme a la Ley 812 de
2003 la vinculación por contrato de prestación del servicio docente es válida para el
reconocimiento prestacional invocado. (…)

Del certificado de historia laboral emanado del Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio consta que la señora Laurina Judith Francis Ávila fungió como docente
departamental en provisionalidad por un tiempo de 17 años, 6 meses y 8 días, no obstante,
atendiendo a que los periodos certificados se circunscriben al interregno 1 de febrero de
2002 (posesión) al 18 de agosto de 2010 (fecha de retiro), se denota un yerro evidente al
momento de estimar el tiempo laborado por la actora, el cual, a lo sumo, bajo el supuesto
hubiere acaecido sin solución de continuidad, representa 3078 días, o lo que es lo mismo
8 años, 8 meses y 18 días. (…)

De esta forma se encuentra que a la señora Laurina Judith Francis Ávila se le certifica
vinculación como docente municipal mediante contrato de prestación de servicios por 2730
días, o lo que es lo mismo, 7 años y 7 meses.

Vale anotar, que el tiempo servido mediante contratos de prestación de servicios,
atendiendo al marco normativo y jurisprudencial ut supra puede ser usado para el
computo de tiempo a efectos pensionales, toda vez que en aplicación del principio de
la primacía de la realidad sobre las formas resulta evidente la subordinación que
comprende la labor docente, de manera que en este punto le asiste razón al apelante.

Pese lo anterior, respecto a los requisitos para acceder a la pensión de vejez en los
términos de la Ley 33 de 1985, en el caso de la docente Laurina Judith Francis Ávila, la
Sala encuentra que la actora no reúne cumple las exigencias para ser beneficiaria de
la pensión de vejez prevista en la Ley 33 de 1985, pues si bien cumplió la edad de 55
años el día once (11) de agosto de dos mil dieciséis (2016), tan solo acreditó un tiempo de
servicio al magisterio total de 16 años, 3 meses y 18 días, tiempo inferior a los 20 años
exigidos por la norma.

Colofón, resulta imperioso confirmar el proveído dictado por el Juzgado Tercero
Administrativo Oral de Montería, mediante el cual se negaron las pretensiones de la
demanda conforme las razones expuestas. (…)».

(Subraya de la Sala)

Siendo así, como se expuso, aunque la parte actora alega que la providencia objeto
de tutela vulneró los derechos fundamentales invocados porque presuntamente
desconoció las pruebas aportadas al proceso en los que constaba los tiempos en que
laboró por órdenes de prestación de servicios para efectos pensionales, lo cierto es
que la demandante pretende hacer uso de la acción de tutela de la referencia para
insistir en los mismos argumentos que alegó en el trámite ordinario.

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www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07415-01
Demandante: Laurina Judith Francis Ávila

Lo anterior dado que, contrario a lo expuesto por la demandante, la Sala observa que
el tribunal demandado al resolver el recurso de apelación concluyó que, en efecto
había lugar a tener en cuenta los tiempos laborados por contratos de prestación de
servicios pero aún al computar dichos tiempos, la actora no cumplía con las exigencias
para ser beneficiaria de la pensión de vejez prevista en la Ley 33 de 1985, pues, si
bien, cumplió la edad de 55 años el 11 de agosto de 2016, tan solo acreditó tiempo de
servicio al magisterio por total de 16 años, 3 meses y 18 días, tiempo inferior a los 20
años exigidos por la norma.

Es decir, que en la presente solicitud de amparo la actora insiste en los mismos
argumentos que abordó en el proceso ordinario -demanda y recurso de apelación-, pero
como se vio, ya fueron resueltos por el juez natural, quien además explicó las razones
por las que no había lugar a acceder al reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación reclamada.

Así, queda demostrado que la acción de tutela de la referencia no cumple el requisito
de relevancia constitucional, por cuanto la parte actora insiste en los mismos aspectos
que ya fueron expuestos al juez ordinario, lo que evidencia es su inconformidad con la
forma como se hizo el análisis del caso por el juez natural de cierre en segunda
instancia.

Lo anterior, porque, como se anticipó, para dar por superado el requisito general para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, consistente en la
relevancia constitucional, es necesario que la acción de tutela no se erija en una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada.

Finalmente, en aras de responder el argumento de la actora en el escrito de
impugnación, es preciso indicar a la actora que el cumplimiento del requisito de
relevancia constitucional tiene previstas algunos presupuestos, entre ellos, que la
acción de tutela no sea empleada como una instancia adicional al proceso ordinario,
ello, en el entendido que el mecanismo constitucional es residual y subsidiario y solo
procede de manera excepcional, cuando es flagrante y evidente algún error en las
providencias judiciales que genere la vulneración del derecho al debido proceso, pues
recuérdese que la acción de tutela contra providencias judiciales es la excepción al
principio de cosa juzgada. De ahí que, los mismos argumentos de inconformidad que
ya fueron resueltos por los jueces de instancia no puedan ser valorados por el juez de
tutela.

Lo anterior es suficiente para que la Sala confirme la decisión de primera instancia que
declaró improcedente la acción de tutela, por las razones expuestas en esta
providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta – Sala
de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la decisión de primera instancia de 24 de mayo de 2024, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07415-01
Demandante: Laurina Judith Francis Ávila

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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