Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07418-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07418-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-07418-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
1 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., primero (1o.) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2023-07418-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: EMPERATRIZ LÓPEZ DE HERNÁNDEZ
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR FALTA DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. LA ACTORA PRETENDE DEBATIR, A PARTIR DE
ARGUMENTOS DE PURA LEGALIDAD, UNA DIVERGENCIA QUE
RECAE SOBRE UN ASUNTO ECONÓMICO QUE YA FUE OBJETO DE
ANÁLISIS EN SEDE ORDINARIA. PROCESO EJECUTIVO.
DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra
el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
DE IBAGUÉ1 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA2.
1
En adelante el JUZGADO.
2
En adelante el TRIBUNAL.
2
Número único de radicación: 110010315000 2023 07418 00
Actora: EMPERATRIZ LÓPEZ DE HERNÁNDEZ
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La señora EMPERATRIZ LÓPEZ DE HERNÁNDEZ, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su
derecho fundamental al debido proceso, el cual, a su juicio, le fue
vulnerado por el JUZGADO y el TRIBUNAL al haber proferido los
autos de 24 de marzo y 21 de septiembre de 2023, respectivamente,
dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de
radicación 730013333001-2022-00315-00.
I.2.- Hechos
Manifestó que el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG3 le reconoció su pensión de
jubilación a través de la Resolución núm. 2357 de 14 diciembre de
2009, tras haber prestado sus servicios como docente entre el 24 de
abril de 1973 y el 1o. de marzo de 2007, en el DEPARTAMENTO
3
En adelante FOMAG.
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Actora: EMPERATRIZ LÓPEZ DE HERNÁNDEZ
DEL TOLIMA.
Comentó que FOMAG omitió actualizar su primera mesada, razón
por la cual en el año 2016 le solicitó la indexación respectiva, así
como el pago de los retroactivos causados, no obstante, su petición
fue denegada.
Informó que, ante la negativa de la entidad, promovió un medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que fue identificado
con el número único de radicación 730013333001-2017-00031-00 y
atribuido para su trámite al JUZGADO que, a través de sentencia de
26 de junio de 2018, accedió a las pretensiones de la demanda.
Precisó que, en cumplimiento del fallo, a través de la Resolución núm.
4507 de 7 de agosto de 2022, FOMAG le reconoció un total de
$31.967.579.oo, mientras que, en su sentir, lo adeudado eran
$72.277.112.oo, por lo cual promovió el proceso ejecutivo
correspondiente.
Explicó que el proceso aludido fue identificado con el número único
de radicación 730013333001-2022-00315-00 y atribuido para su
trámite en primera instancia al JUZGADO que, a través de auto de
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24 de marzo de 2023, denegó el mandamiento de pago, al estimar
que la obligación se encontraba saldada.
Expuso que interpuso el recurso de apelación respectivo ante el
TRIBUNAL que, mediante auto de 21 de septiembre de 2023,
confirmó la decisión recurrida.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Arguyó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los
defectos fáctico y sustantivo, comoquiera que no liquidaron los
intereses que fueron causados, dado que no tuvieron en cuenta que
presentó la reclamación respectiva dentro de los 3 meses siguientes
a la ejecutoria de la sentencia, por lo que no se le podía aplicar la
sanción prevista en el inciso 4 del artículo 192 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -
CPACA4.
Argumentó que el “[…] DTF liquidado por el tribunal es demasiado
bajo de $190.458 frente a los 552.605 estimados y reconocidos por
4
En adelante CPACA.
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la entidad accionada, y los demás ítems como lo son el de usura y
costas del proceso brillan por su ausencia, por lo que la comparación
directa realizada a las liquidaciones de las entidades judiciales aquí
relacionadas, a todas luces están desfasadas […]”.
Sostuvo que las autoridades judiciales accionadas erraron al liquidar
“[…] el DTF como intereses moratorios, cuando la naturaleza
financiera de estos dos intereses es totalmente distinta y su manera
de calcularlas también, y el poco interés al DTF, que toman para
liquidar lo toman erradamente, además que no calculan y liquidan el
interés corriente […]”.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:
“[…] 1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso
consagrado en el artículo 29 C.P., y como consecuencia de esto
dejar sin efecto el fallo proferido por el citado tribunal
administrativo del Tolima M.P. Dr. José Aleth Ruiz Castro, adiado
el 21 de septiembre del 2023, donde se confirma el auto del 24
de marzo del 2023, mediante el cual se negó librar mandamiento
de pago, proferido por el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Ibagué.
2. Como consecuencia de lo anterior, se ordene, revoque la
decisión tomada por el Ad quem, así mismo, las liquidaciones
realizadas, en especial, la forma como actualizaron o indexaron
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la primera mesada, el cómo determinaron el retroactivo, si
liquidaron los primeros 10 meses o no la mora al DTF, si
liquidaron o no los intereses de mora a la tasa comercial y si
calcularon de manera correcta o no la base de liquidación del
aporte del 12%.
3. Proferir una decisión acorde a las normas aplicables al caso
concreto […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL manifestó que, luego de efectuar la liquidación
de la sentencia objeto de ejecución con apoyo de su profesional
contable, “[…] encontró que el valor adeudado ascendía a la suma de
$29.134.273,07; monto que, al ser comparado con aquel pagado y
surgido de conformidad con los comprobantes de pago allegados al
libelo ($31.967.579,oo), demostraban que la obligación ya había sido
saldada en su totalidad por la entidad demandada, por lo que se
procedió a confirmar la decisión adoptada por el juzgado de primera
instancia […]”.
Precisó que no hubo trasgresión alguna al derecho fundamental
deprecado, ni incurrió en una vía de hecho, dado que la decisión
cuestionada fue adoptada conforme con las reglas procedimentales
y sustanciales.
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I.5.2.- El JUZGADO señaló que la liquidación del crédito de la actora
fue efectuada con apego a la Ley, además que cada una de las
actuaciones procesales desplegadas en el proceso ejecutivo fueron
notificadas a las partes, de manera que pudieron interponer los
recursos procedentes.
Anotó que, revisado el escrito introductorio, advertía que lo
pretendido por la actora realmente eran lograr una tercera instancia,
con la finalidad de obtener otra decisión más acorde a sus intereses.
I.5.3.- El MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, vinculado en
calidad de tercero con interés en las resultas del proceso, expuso
que, en su sentir, la presente acción de tutela es improcedente dado
que no evidenciaba vulneración alguna a los derechos fundamentales
deprecados.
Anotó que los operadores son autónomos e independientes en la
resolución de las controversias puestas a su consideración, sin que
la actora haya probado una transgresión a sus derechos
fundamentales, de forma que se justifique la intervención del juez de
tutela en el asunto.
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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
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jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
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que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
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judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
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fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, la actora pretende que se deje sin efecto los
autos de 24 de marzo y 21 de septiembre de 2023, proferidos por el
JUZGADO y el TRIBUNAL, respectivamente, dentro del proceso
ejecutivo identificado con el número único de radicación
730013333001-2022-00315-00.
A través del proceso ejecutivo aludido la actora pretendía obtener un
pago adicional del que había recibido por parte de FOMAG, en
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cumplimiento de una sentencia judicial en la que se ordenó la
indexación de su primera mesada pensional.
El disenso de la actora deviene del hecho de que tanto el JUZGADO
como el TRIBUNAL negaron el mandamiento de pago que pretendía,
porque al efectuar la liquidación del crédito determinaron que la
deuda ya estaba saldada con las sumas de dinero que la entidad
había pagado.
En sentir de la actora, las autoridades incurrieron en los defectos
fáctico y sustantivo por cuanto no liquidaron en debida forma los
intereses que le correspondían conforme con el numeral 4 del artículo
192 del CPACA y dejaron de tener en cuenta otros conceptos, como
costas y diferencias atrasadas.
Precisado lo anterior la Sala advierte que, pese a que también fue
cuestionado el auto proferido por el JUZGADO, el objeto de estudio
del presente caso recaerá en el auto de 23 de septiembre de 2023,
proferido por el TRIBUNAL, en la medida en que fue a través de esa
providencia que el proceso ejecutivo origen de la controversia fue
concluido.
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Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de
ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró el derecho al debido
proceso de la actora, al haber confirmado la decisión de denegar el
mandamiento de pago solicitado en el curso del proceso ejecutivo
identificado con el número único de radicación 730013333001-2022-
00315-01.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
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que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».6
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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Actora: EMPERATRIZ LÓPEZ DE HERNÁNDEZ
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
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la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
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económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia
en el caso bajo estudio es de carácter meramente legal y de
contenido estrictamente económico, esto último, cuya falta de
reconocimiento no compromete ningún derecho fundamental de la
actora.
En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad
porque se deriva del alcance que la actora pretende se dé al numeral
4 del artículo 192 del CPACA, en torno a la generación de intereses
con posterioridad a la ejecutoria de una sentencia, así como a las
tasas a aplicar y demás montos para tener en cuenta en la liquidación
de un crédito.
Dichos aspectos, además de que carecen de una perspectiva
constitucional, en la medida en que su solución derivaría de la simple
aplicación de la norma aludida, fueron resueltos por el TRIBUNAL,
así:
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“[…] Frente al primer cargo, señala el actor que el a-quo aplicó
los índices incorrectos, esto es 71,20 / 63,29, cuando en realidad
debió tomar los índices vigentes al 20 de enero de 2009 y al 20
de enero de 2007, es decir los índices de diciembre del 2008 y
2006 respectivamente: 2006-12: 61,33; 2007-01: 61,80; 2008-
12: 69,80; 2009-01: 70,21 debiéndose liquidarse la suma de
$1.304.492 X (69,80/61,33) = $1.484.649,30 y NO $1.464.711
tal y como, lo determinó el Juzgado. En consecuencia, advierte
que, si bien la diferencia es de $19.938,30, al hacer la sumatoria
de todo el tiempo la misma resulta considerable, a más de que
la liquidación efectuada por el Juzgado está mal.
Sobre este punto, advierte el Tribunal que, le asiste
parcialmente razón al memorialista, toda vez que, si se revisa
con detenimiento el fallo objeto de mandamiento, se observa
que lo ordenado por el a-quo fue que, se tuviera como índice
inicial, el correspondiente para el mes de marzo de 2007 (fecha
de su retiro) y, como índice final el correspondiente para enero
de 2009 (fecha en la cual adquirió el estatus pensional). Al tenor
la sentencia, en su parte considerativa, dispuso:
[…]
Sin embargo, una vez revisada la liquidación efectuada por el
Juzgado en el auto apelado de fecha 24 de marzo de 2023, se
tomó como índice inicial 63,29 que es el determinado para marzo
de 2007, cuando debió tomar 62,53 que es el correspondiente
al mes de febrero de 2007. Igual situación aconteció con el índice
final, pues tomó 71,20 que corresponde a diciembre de 2009,
cuando debió tomar el de diciembre de 2008, esto es, 69,80.
[…]
En cuanto al segundo cargo, señala el recurrente que el
Juzgado incurrió en el mismo error al aplicar los índices
incorrectos para la determinación de las diferencias retroactivas,
“(…) (101,62 / 78,63) 2013-01 78,28 2013-02 78,63 2019-02
101,18 2019-03 101,62, esto es (Índice final vigente a la fecha
de ejecutoria =101,18) / (índice inicial vigente a la fecha de
efectos fiscales = 78,28) y NO (101,62 / 78,63) tal y como lo
determino el despacho”; circunstancia esta que hizo que, dicho
concepto quedara equivocadamente liquidado, máxime cuando,
existe un nutrido precedente jurisprudencial sobre el tema, pues
el recurrente considera que, si aplicáramos la tesis del Juzgado,
no tendríamos IPC vigente, de ahí que, se aplique el del mes
anterior y “(…) no como el Juzgado que aplica los índices que
tiene en frente de cada mes y señalados en la tabla publicada
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por el BANCO DE LA REPUBLICA o el DANE.
[…]
En cuanto al tercer cargo, el recurrente señala que el a-quo
“no aplica de manera correcta el numeral 4 del artículo 195
C.P.A.C.A. ARTÍCULO 195. Trámite para el pago de condenas o
conciliaciones”, pues el Juzgado solo liquido 3 de los 10 periodos
ordenados por la norma en cita. Para el efecto, el ordenamiento
jurídico, dispone:
[…]
De conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos
192 incisos segundo y cuarto, y 195 numeral 4 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, únicamente se devengan intereses moratorios a
la tasa del DTF desde la fecha de ejecutoria de la sentencia hasta
cumplidos 10 meses. Después de este término y en adelante se
devengarán intereses moratorios a la tasa comercial. Todo ello,
siempre y cuando dentro de los 3 primeros meses siguientes se
realice la respectiva solicitud de cobro a la entidad obligada,
dado que, si no se presenta dentro de ese lapso, cesarán los
intereses hasta tanto presente la solicitud.
En el sub lite se observa que, como la fecha de ejecutoria de la
sentencia que presta mérito ejecutivo data del 21 de marzo de
201910, es decir, que los intereses moratorios a la tasa del DTF
se causaron i) desde el día 22 de marzo de 2019 hasta el día 20
de junio de 2019, y cesaron dado que, dentro del sublite no se
acreditó por parte de la demandante la radicación de la solicitud
de ejecución ante la entidad demandada, por lo que, este cargo
no logra desvirtuar lo establecido por la primera instancia.
Frente al siguiente cargo, esto es, “tampoco da aplicación al
enunciado final del citado artículo… las cantidades líquidas
adeudadas causarán un interés moratorio a la tasa comercial…
lo cual hace que el valor aquí solicitado aumente de manera
considerable, pues la liquidación aquí deprecada debe ser
calculada a partir del 22 de enero del 2021 hasta el mes de
noviembre de 2022, fecha en que se dio cumplimiento parcial al
fallo”, no resulta razonable, para este Tribunal lo pedido por el
recurrente, pues las cargas procesales no pueden ni deben
trasladarse al administrador de justicia, mucho menos, cuando
lo perseguido obedece a una pretensión meramente económica
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dado que, la norma contenida en su párrafo cuarto, artículo 192
del C. de P. y de lo C.A. – ya citado-, es muy clara en afirmar
que la generación de intereses cesará en el momento en que los
beneficiarios hayan acudido ante la entidad para hacerla efectiva
pero como en el presente caso, el interesado no aporta dicha
prueba, no se pueden causar ni ordenar o liquidar los intereses
a partir del momento en que se allegue la misma. ello, aunado
a que la norma en estricto sentido no dispone que se reanudaran
con la presentación de la demanda. En ese sentido en
providencia del 28 de noviembre de 2018 el Consejo de Estado,
señaló:
[…]
Finalmente, de la liquidación de la obligación reconocida, se
logra evidenciar, los siguientes valores totales:
Concepto Valor
Vr. Adeudado $17.086.898.33
Vr. Adeudado mesadas adicionales $11.856.916.58
Intereses DFT $190.458.16
Valor adeudado $29.134.273.07
Suma que, al ser comparada con aquella reconocida en la
Resolución Nro. 4507 del 7 de septiembre de 2022 y los
comprobantes bancarios allegados y obrantes a folios 28 a 54
por valor de $31.967.579,oo, arroja una diferencia a favor de la
demandante, por lo que se procederá a confirmar la providencia
proferida por el Juzgado Primero Oral del Circuito de Ibagué el
día 24 de marzo de 2023 que negó el mandamiento de pago por
haberse cubierto el “(…) total de la obligación cuya ejecución se
pretende adelantar a través del presente medio de control
ejecutivo” con el pago realizado […]”.
De la trascripción en cita la Sala advierte que en la sentencia
cuestionada, al resolver cada uno de los cargos formulados por la
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actora, el TRIBUNAL se refirió a la aplicación del numeral 4 del
artículo 192 del CPACA para explicar que el crédito solo había
generado intereses moratorios al DTF desde el día 22 de marzo hasta
el 20 de junio de 2019, porque aquella no había acreditado la
radicación de la solicitud de ejecución, situación que la accionante no
probó en forma contraria.
Además, la autoridad judicial accionada explicó de forma detallada
cada uno de los componentes que fueron aplicados para la liquidación
del crédito, desde su fuente, fundamento jurídico y proporción, para
concluir que la condena ya había sido pagada por la entidad
ejecutada, sin que existiera saldo alguno pendiente por pagar.
Lo anterior evidencia que, en efecto, la presente acción de tutela es
improcedente por falta de relevancia constitucional, en la medida en
que el asunto deriva de una controversia legal que ya fue resuelta
por el juez natural del asunto.
Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado
improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no
resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se
centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue
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el caso de la providencia de 9 de febrero de 201715, en la que se
indicó:
“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).
Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 201816, sostuvo lo
siguiente:
“[…] En torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
15
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
16
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
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Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.
Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).
De igual forma, la discusión tiene un contenido claramente
económico, en la medida en que la inconformidad de la actora tiene
origen en un proceso ejecutivo en el cual pretendía un pago adicional
de una obligación dineraria, sin que se advierta que dicha situación
pueda llegar a comprometer su mínimo vital o cualquier otro derecho
fundamental, de forma que el juez de tutela esté llamado a efectuar
la liquidación del crédito origen de la controversia.
En relación con este aspecto, esta Sala17 ha indicado:
“[…] para la Sala, el actor plantea una afectación de
derechos fundamentales que tienen su origen en últimas
en un debate estrictamente legal y económico, el cual ya
fue expuesto dentro del proceso ejecutivo y fue decidido
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de enero
de 2023, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 110010315000202206436-00
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por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde
al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda
vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e
independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo
constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.
[…]
46. La Sala considera que la discusión que se expone a través
del escrito de tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia antes transcrita, no tiene
trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia
se encuentra limitado a asuntos meramente legales y
económicos cuya competencia se encuentran en cabeza del juez
de lo contencioso administrativo.
47.Igualmente, el conflicto que subyace en esta
oportunidad tiene un alcance de contenido particular y
meramente económico, esto es así porque la discusión y
los argumentos que se extraen de la acción de tutela, más
que develar la necesidad de protección de un derecho
fundamental, buscan que el juez de tutela valide la tesis
jurídica del actor y, con ello, acceda a las pretensiones de la
demanda, sin que de esta discusión se pueda evidenciar una
clara trascendencia o relevancia constitucional […]” (Destacado
fuera de texto)
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,
sino una divergencia que obedece a un debate de mera legalidad y
de carácter económico, en el cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de tutela el carácter de
un recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales y de
paso invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.
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Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente acción
de tutela por carencia del requisito general de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia por falta del requisito general de la
relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de febrero de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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