Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07424-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07424-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-07424-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
13 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA UNO ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-07424-00(11823)
Actor: MIGUEL ERNESTO ESPITIA DONCEL
Demandado: MUNICIPIO DE MONTERREY Y OTROS
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Las causales de revisión son taxativas y
restrictiva / CAUSAL QUINTA DE REVISIÓN –CPACA- Existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso de apelación / NULIDAD DE LA
SENTENCIA- No se acreditó un vicio que dé lugar a la violación del debido proceso.
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Miguel
Ernesto Espitia Doncel contra la sentencia de 8 de junio de 2022, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante la cual se
revocó el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y, en
su lugar, se declaró probada la excepción de caducidad y se impuso condena en
costas.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La parte recurrente asegura que la Subsección A de la Sección Tercera realizó un
cómputo errado de la caducidad; además, erró al imponer la condena en costas y
estableció una suma excesiva por agencias en derecho.
II. ANTECEDENTES
El proceso de reparación directa1
1. El 2 de octubre de 2013, el señor Miguel Espitia Doncel presentó demanda de
reparación directa contra el Municipio de Monterrey, Casanare con el fin de que se
le declarara patrimonialmente responsable del daño antijurídico que sufrió «al no
definir ni adoptar la decisión legal sobre la servidumbre minera No. 001-2011
dentro del término legal concedido para ello, ni hacer cesar la perturbación que
sobre la vía pública Marginal Guadualito se mantiene, con lo que se le impide a mi
1 Los antecedentes del proceso de reparación directa se encuentran, en formato digital, en el índice
13 de SAMAI.
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Actor: Miguel Ernesto Espitia Doncel
poderdante la explotación económica concedida por el Estado Colombiano en el
contrato de concesión minera No. FAD-092».
2. Solicitó condenar a la demandada al pago de perjuicios en las siguientes
cuantías: i) por el lucro cesante dejado de percibir desde el 1º de agosto de 2011
hasta la fecha de presentación de la demanda, la suma de $3.383.050.000,
actualizada; y ii) por lucro cesante futuro «la suma que resulte demostrada dentro
del proceso por el tiempo que no se permita la explotación económica concedida
en el contrato de concesión minera No. FAD-092, desde la fecha de radicación de
la presente demanda y durante la vigencia del contrato, esto es, desde el 02 de
octubre de 2013 y hasta el 14 de mayo de 2035».
3. Como sustento de las pretensiones, manifestó que era propietario del predio
denominado La Vega No. 5, ubicado en la vereda La Tigrana del Municipio de
Monterrey. Así mismo, que el 25 de febrero de 2005 suscribió el contrato de
concesión minera FAD-092 con el Instituto Colombiano de Geología y Minería -
Ingeominas-, para la exploración técnica y explotación económica de un yacimiento
de materiales de construcción y demás concesibles sobre el lecho del río Túa.
Agregó que el contrato cuenta con el respectivo Certificado de Registro Minero;
además, la Corporación Autónoma Regional de La Orinoquía -Corporinoquía-,
mediante Resolución 200.41.10.0021 de 13 de enero de 2010, otorgó Licencia
Ambiental Global «para la explotación, beneficio y transporte de materiales de
construcción».
4. Mencionó que a través de Resolución GTRN-163 de 14 de mayo de 2010
Ingeominas aprobó el Programa de Trabajos y Obras (PTO), por lo que desde esa
fecha estaba autorizado para realizar la explotación concedida.
5. Indicó que su predio se comunica con la vía central por medio de una carretera
terciaria «Marginal Guadualito», que es la única que permite el acceso a la
propiedad y donde se ubica el patio de acopio del material de construcción
autorizado (arrastre, grava de río) «ya que se tiene acceso directo al río Túa donde
se ubica el área de explotación, sin que deba para ello acceder a predios vecinos
o colindantes».
6. Las labores de explotación fueron interrumpidas, de forma arbitraria, por el señor
Arcadio Humberto Gordillo Arguello quien decidió obstaculizar la vía terciaria con
un remolque, el 27 de noviembre de 2010, y la instalación de dos cercas de alambre
de púas «y postes en uno de los extremos que conecta con la vía central,
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encontrándose hasta la presente fecha sellada totalmente la vía terciaría Marginal
Guadualito».
7. Señaló que el 7 de diciembre de 2010 instauró querella policiva ante la
Inspección de Policía de Monterrey, autoridad que reconoció la perturbación y
ordenó el statu quo; sin embargo, la obstaculización continuó e impide el paso por
la vía.
8. Informó que en el año 2009 había presentado otra querella policiva contra el
señor Rómulo Enrique Pinzón Santos por el cerramiento del otro extremo de la vía
terciaria, la cual fue resuelta en segunda instancia por la Alcaldía Municipal de
Monterrey, mediante Resolución 0104 de 2011, en el sentido de admitir la
perturbación y amparar el derecho al tránsito de personas y vehículos pequeños,
con la claridad de que el tránsito o acceso de volquetas y maquinaria pesada o
amarilla para la explotación del material de río debía tramitarse a través de un
proceso de imposición de servidumbre minera.
9. En su criterio, no debió ordenarse el trámite de servidumbre minera porque la
vía terciaria está clasificada como «V.M.4, es decir, como Vía Municipal de tercer
orden según la Ley 1228 de 2008»; por lo que la restitución debía ser ordenada
por la Alcaldía Municipal, al ser un bien de uso público, conforme a la Ordenanza
015 de 19 de diciembre de 2006 -Reglamento Policivo y de Convivencia Ciudadana
para el Departamento de Casanare-.
10. Agregó que el 8 de marzo de 2011 inició el procedimiento de servidumbre
minera, a la cual se asignó el radicado 001-2011; no obstante, hasta la fecha de
interposición de la demanda no había recibido decisión de fondo. Afirmó que sufrió
un daño antijurídico «por la acción y omisión de la Alcaldía Municipal de Monterrey,
al no definir ni adoptar la decisión legal sobre la servidumbre minera No. 001-2011
dentro del término legal concedido para ello, ni hacer cesar la perturbación que
sobre la vía pública marginal Guadualito se mantiene, con lo que se le impide a mi
poderdante la explotación económica concedida por el Estado Colombiano en el
contrato de concesión minera No. FAD-092».
11. Al proceso de reparación directa le correspondió el número de radicado 85001-
23-33-001-2013-00226-00. El Tribunal Administrativo de Casanare admitió la
demanda y dispuso vincular a los señores Arcadio Humberto Gordillo Arguello y
Rómulo Enrique Pinzón Santos, como terceros interesados en las resultas del
proceso.
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Actor: Miguel Ernesto Espitia Doncel
12. En sentencia de 27 de noviembre de 2014, el a-quo negó las pretensiones de
la demanda y ordenó compulsar copias del proceso a la Procuraduría General de
la Nación.
13. Señaló que los 35 días concedidos por la Ley 685 de 2011 para resolver la
solicitud de restablecimiento de la servidumbre vencía el 29 de abril de 2011,
empero, se resolvió el 7 de noviembre de 2013, cuando habían transcurrido 706
días, pese a las múltiples peticiones elevadas por el interesado. Concluyó que
aparecía probada la mora en la adopción de la decisión que puso fin al
procedimiento de servidumbre, lo que daba cuenta de una posible responsabilidad
disciplinaria, por lo que ordenó compulsar copias del proceso a la Procuraduría
General de la Nación.
14. Aclaró que la mora no otorgaba, por sí misma, el derecho a obtener
indemnización. Manifestó que en el proceso no se acreditaron los perjuicios que se
solicitaron en la demanda, pues solo se hizo alusión a la tardanza en la resolución
del proceso administrativo de servidumbre.
15. Añadió que en ese Tribunal cursó una acción popular con radicado 85001-
2333-001-2013-00016-00 la que, en primera instancia, declaró la existencia de una
vulneración de los derechos colectivos a un ambiente sano, al aprovechamiento de
los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible y a la utilización de
bienes de uso público, por parte de Ingeominas y el señor Miguel Ernesto Espitia
Doncel. Como consecuencia, se declaró la inejecutabilidad del contrato de
concesión FAD-092 de 2005 y la suspensión provisional de la licencia ambiental
hasta por el término de 1 año. El proceso estaba a la espera de la decisión de
segunda instancia.
16. Concluyó que «es contradictorio pretender la indemnización de unos perjuicios
por el tiempo que no se permita explotación económica concedida en el contrato
de concesión minera No. FAD-092, desde la fecha de radicación de la presente
demanda (2 de octubre de 2013) y durante la vigencia del contrato, esto es, desde
el 2 de octubre de 2013 y hasta el 14 de mayo de 2035 cuando dentro del trámite
de la acción constitucional se encontró demostrada la violación a derechos
colectivos por parte del señor Miguel Ernesto Espitia Doncel y algunas
autoridades». Por ende, indicó que aunque estaba probada la mora en decidir el
proceso de servidumbre minera, se negaban las pretensiones de la demanda.
17. Contra la anterior decisión, el demandante interpuso recurso de apelación con
el fin de que se accediera a las pretensiones de la demanda.
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Actor: Miguel Ernesto Espitia Doncel
18. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia
de 8 de junio de 2022, revocó la providencia apelada y, en su lugar, declaró
probada la excepción de caducidad. Además condenó en agencias en derecho, de
la primera y la segunda instancia.
19. Sostuvo que la normativa relativa al trámite de la querella policiva vigente para
el momento de los hechos, esto es, el Decreto 1355 de 1970, modificado por el
artículo 11 del Decreto 522 de 1971, consagró un término máximo de 43 días entre
la recepción de la querella y la decisión definitiva.
20. En ese sentido, indicó que «el demandante contaba con 2 años para demandar
en ejercicio de la acción de reparación directa por la supuesta omisión en la
adopción de medidas policivas para evitar la referida perturbación de la vía y a su
vez la explotación económica del contrato de concesión minera sobre su inmueble,
esto es, desde el 23 de diciembre de 2009 -término máximo establecido en la Ley
para resolver de fondo la querella policiva-, razón por la cual podía formular la
demanda de reparación directa hasta el 11 de enero de 2012 -primer día hábil
siguiente-; sin embargo, como lo hizo el 2 de octubre de 2013, se impone concluir
que la acción, en lo que corresponde al daño representado en la imposibilidad de
transitar por la supuesta vía pública, se interpuso cuando el término ya se
encontraba ampliamente vencido».
21. Añadió que, respecto del daño originado en el retraso en el procedimiento
administrativo para la imposición de una servidumbre minera, el término de
caducidad debía iniciar desde el momento en que vencieron los términos legales
para que la autoridad decidiera la petición de perturbación, pues desde ese
momento se incurrió en la mora alegada en la demanda, esto es, «a partir del
vencimiento del término legal de 22 días establecido en el artículo 309 de la Ley
685 de 2001 antes transcrito, razón por la cual, como el demandante presentó
dicha petición el 8 de marzo de 2011, el término para que la autoridad
administrativa resolviera dicha petición feneció el 1 de abril de ese mismo año, por
lo que a partir de ese momento empezó la omisión administrativa alegada y, en
consecuencia, el demandante podía presentar la demanda de reparación directa
hasta el 2 de abril de 2013, pero como la interpuso el 2 de octubre de ese mismo
año, la conclusión no puede ser otra sino que se demandó cuando el término de
caducidad se encontraba fenecido».
22. Para fundamentar la decisión, hizo mención a las sentencias de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, de 18 de octubre de 2000, exp. 12.228, de 26 de
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abril de 2012, exp. 20.847, y a los autos de 21 de octubre de 2009, exp. 37.165 y
de 6 de agosto de 2009, exp. 36.952. Por último, aclaró lo siguiente:
[E]l término de caducidad no puede estar sujeto a las manifestaciones
subjetivas de las partes acerca del acontecer del daño y la responsabilidad
deprecada, ni tampoco puede permanecer indefinido en el tiempo, sino que el
mismo obedece a aspectos determinados previamente en el ordenamiento
jurídicos y, por esa razón, mal haría en sostenerse que, por el hecho de que
dicha omisión a la que alude la demanda se habría prolongado en el tiempo se
hubiese ampliado el término de caducidad, puesto que -reitera la Sala- de
acuerdo con el artículo 164 del CPACA, el término de caducidad debe empezar
su cómputo "a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u
operación administrativa".
53. De otra parte, cabe advertir que, si bien se allegó al proceso una constancia
de solicitud de conciliación prejudicial, lo cierto es que fue radicada el 2 de julio
de 2013, es decir, cuando el término de caducidad de la acción ya había
fenecido.
54. Finalmente, debe precisarse que le corresponde al juez, al momento de
dictar sentencia, analizar aquellos presupuestos del medio de control que le
permitan decidir el fondo del asunto y, por ello, el tema relacionado con la
caducidad de la acción no puede, ni debe entenderse saneado o clausurado
por virtud de las omisiones y/o decisiones que se hubiesen presentado en el
transcurso del proceso en virtud del inciso segundo del artículo 187 del CPACA.
23. Finalmente, estimó procedente la condena en costas, conforme a lo dispuesto
en el artículo 188 del CPACA y 365 y siguientes del CGP. Manifestó que como la
decisión había revocado totalmente la del inferior, había lugar a imponer condena
en costas en ambas instancias. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 del
Acuerdo 1887 de 2003, se impuso la suma de 33.830.5002, por agencias en
derecho de la primera instancia, y $19.915.250 3, por agencias en derecho de la
segunda instancia.
24. En proveído de 12 de diciembre de 2022 se resolvió la solicitud de aclaración
elevada por uno de los terceros intervinientes frente a la condena en costas. Se
aclaró que la condena impuesta por concepto de agencias en derecho sería
dividida en partes iguales.
El recurso extraordinario de revisión
25. El 7 de diciembre de 2023, el señor Miguel Ernesto Espitia Doncel, a través de
apoderado judicial, presentó recurso extraordinario de revisión contra la sentencia
de 8 de junio de 2022, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado en el proceso de reparación directa con radicado 85-001-23-
33-000-2013-00226-01(53.094) (índice 2 SAMAI).
2 Equivalente al 1% de las pretensiones.
3 Equivalente al 0,5% de las pretensiones.
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Actor: Miguel Ernesto Espitia Doncel
26. Propuso la causal quinta de revisión, relacionada con la existencia de nulidad
originada en la sentencia contra la que no procede recurso de apelación.
27. Cuestionó, en concreto: (i) el estudio de la caducidad, y (ii) la condena en costas
impuesta y su cuantía.
28. En relación con el cómputo de la caducidad, manifestó que no se tuvo en cuenta
el verdadero momento en el que se empezó a generarse el daño -26 de noviembre
de 2010-; además, se confundieron las figuras de servidumbre minera y
perturbación minera. Explicó al respecto.
[E]n ningún momento mi Prohijado interpuso la presente reparación directa
contra la querella policiva No IP007-2009, sino contra la solicitud de
servidumbre minera No 001-2011, que fue el tramite que el municipio de
Monterrey Casanare indicó a mi Poderdante que debía incoar ante el Municipio,
entonces no es cierto el análisis realizado, indicando que la demanda tenia
plazo de interponerse hasta el 11 de enero de 2012. Al respecto de relevante
tomarse en cuenta que como ya se dijo el titulo minero solo fue autorizado para
iniciar explotación a partir del 14 de mayo del mismo 2010, mediante
Resolución número GTRN-163 del INGEOMINAS, actividad que el
efectivamente inició pero que fue interrumpida por el señor Arcadio Humberto
Gordillo Argüello el 27 de noviembre de 2010, quien decidió obstaculizar la vía
terciaria, motivo por el cual no se deben contar los dos años para interponer la
Reparación Directa desde el 23 de diciembre de 2009, ya que el Titulo minero
aun no se encontraba en etapa de explotación, entonces mal haría mi
poderdante haber interpuesto una demanda contra unos perjuicios que aun no
se habían empezado a generar, como si se generaron al no pronunciarse
respecto a la servidumbre No 001 de 2011 y la cual debió ser resulta a mas
tardar el 8 de julio de 2011; fecha para la cual el titulo minero contaba con
autorización para explotación y es de recalcar que la solicitud de conciliación
prejudicial ante Procuraduría, fue interpuesta el 2 de julio de 2013, la audiencia
de conciliación llevada a cabo el 1 de octubre de 2013 y la demanda radicada
el 2 de octubre de 2013, todo esto dentro de los términos legales establecidos
para interponer la Reparación Directa.
29. Explicó que el artículo 307 del Código de Minas se refiere a la explotación
minera ilegal dentro de un título minero, lo cual nunca ocurrió en el caso
controvertido. En su concepto, el artículo aplicable era el artículo 285 de esa misma
normativa que contempló un plazo de 35 días para resolver sobre la servidumbre
minera.
30. Precisó que la caducidad debía contabilizarse desde el acta que declaró fallida
la conciliación dentro del procedimiento de servidumbre minera, es decir, desde el
8 de julio de 2011; de modo que la solicitud de conciliación prejudicial presentada
el 2 de julio de 2013 como requisito para el ejercicio del medio de control de
reparación, en su criterio, fue oportuna.
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Actor: Miguel Ernesto Espitia Doncel
31. Aclaró que el Tribunal de primera instancia sí estudió la oportunidad de la
demanda y negó la excepción de caducidad propuesta por la parte demandada,
por lo que en su opinión es incongruente la decisión censurada «desconociendo
que la excepción de caducidad ya había sido estudiada y negada y peor que
revoque todo lo dispuesto, únicamente para condenar en costas».
32. En cuanto a la condena en costas, adujo que se impuso una suma excesiva
«sin haberse demostrado mayores actuaciones por parte del demandado y los
vinculados de oficio y quinto en la aclaración realizada el 12 de diciembre de 2022,
continuar con el error cometido en la Sentencia de condenar en letras a dieciséis
millones novecientos quince mil doscientos cincuenta pesos M/cte y en números
($19’915.250), hecho último que si bien es cierto puede obedecer a un error de
transcripción, no deja de ser una clara evidencia de una posible falta de estudio a
fondo, al momento de esa Subsección estudiar y fallar la Segunda Instancia».
33. Controvirtió la suma establecida por las agencias en derecho de la segunda
instancia porque la única actuación del Municipio de Monterrey consistió en una
sustitución de poder y la parte vinculada no realizó intervención en esa instancia,
así mismo, porque en su entender, el ente territorial no tuvo que sufragar los gastos
de un profesional en derecho pues «toda entidad del orden público debe contar por
lo menos con un abogado de planta o de prestación de servicios profesionales»;
adicionalmente, se mostró disconforme con la condena en agencias de derecho de
la primera instancia, por cuanto los terceros con interés fueron vinculado de oficio.
34. Finalmente, consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, y alegó la violación del principio
de congruencia por «establecer, a propósito, una fecha del daño distinta a la que
se alegó y un procedimiento distinto al aplicable en la Ley 685 de 2001, (…) en la
medida que solo tuvo en cuenta, a efectos de declarar la caducidad de la Acción
de Reparación Directa, el hecho de la decisión de la querella Policiva, omitiendo el
fallo referirse a los términos establecidos para la Servidumbre minera y
equívocamente refiriéndose a los términos establecidos en la figura de
perturbación minera.
Trámite impartido
35. Mediante auto de 15 de febrero de 2024 se inadmitió la demanda con el fin de
que la parte demandante diera cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8º del
artículo 162 del CPACA (índice 6 SAMAI).
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Actor: Miguel Ernesto Espitia Doncel
36. Cumplido el requerimiento, en proveído de 5 de marzo de 2024 se admitió el
recurso extraordinario de revisión. Se ordenó notificar la decisión al Municipio de
Monterrey, al señor Arcadio Humberto Gordillo Arguello y al Ministerio Público
(índice 17 SAMAI). Las notificaciones se efectuaron en debida forma (índices 20-
22 SAMAI).
37. En el término de traslado, el señor Arcadio Humberto Gordillo Arguello señaló
que no se advierte ni se demostró una nulidad por vulneración del debido proceso,
además, no se especificó cuál es la causal de nulidad en la que se fundamenta el
recurso, las cuales son «taxativas y no puede establecerse por interpretación
subjetiva o a propio criterio de quien las solicita». Agregó que la finalidad del
recurrente es utilizar este medio judicial como una tercera instancia. Por último,
solicitó imponer condena en costas (índice 24 SAMAI).
III. CONSIDERACIONES
Normativa aplicable y caducidad
38. La sentencia cuestionada fue proferida el 8 de junio de 2022 y aclarada
mediante proveído de 12 de diciembre del mismo año. Esa última decisión se
notificó por estado electrónico del 17 de enero de 2023, por tanto, quedó
ejecutoriada el 20 de enero siguiente, según lo dispuesto en el artículo 302 del
CGP.
39. De acuerdo con el primer inciso del artículo 251 del CPACA, el término para
interponer el recurso extraordinario de revisión por la causal quinta de revisión es
de un año, contado a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia
cuestionada.
40. De acuerdo con la norma anterior, el plazo para interponer el recurso
extraordinario de revisión, por la causal quinta, vencía el 21 de enero de 2024.
Como la demanda se radicó el 7 de diciembre de 2023, se concluye que fue
oportuna.
Competencia
41. La Sala es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión
interpuesto en contra de la sentencia de 8 de junio de 2022, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, en atención a lo
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dispuesto en los artículos 1074 y 2495 del CPACA, de conformidad con la
distribución de negocios al interior del Consejo de Estado establecida en el artículo
296 del Acuerdo No. 80 de 20197.
Recurso extraordinario de revisión –marco normativo y jurisprudencial
42. El recurso extraordinario de revisión, en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada. Las causales de
revisión se encuentran enlistadas en el artículo 250 del CPACA y en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003.
43. Este medio de impugnación pretende la infirmación de la providencia por
resultar contraria a la justicia y al derecho, con miras a que se produzca una nueva
decisión, ajustada a la ley.
44. El recurso extraordinario de revisión no permite cuestionamientos sobre el
criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, o sobre la
valoración probatoria que efectuó, de manera que su estudio se restringe a las
causales taxativamente establecidas por el legislador. Por consiguiente, no puede
ser empleado como una tercera instancia para reabrir el debate probatorio o
interpretativo.
45. Uno de los requisitos formales de la demanda consiste en invocar con precisión
cuál es la causal de nulidad que se estima configurada, con indicación clara y
4 Artículo 107. Integración y composición. “El Consejo de Estado es el Tribunal Supremo de lo
Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno. Estará integrado por treinta
y un (31) Magistrados. (…)
Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en
este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de
nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por
cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto,
si fuere el caso.
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Artículo 249. Competencia. “De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. (…)”.
6 Artículo 29. “Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado. (…)”.
7 Se aclara en este punto que, de acuerdo con el auto de unificación de 24 de mayo de 2023,
proferido por la Sala Plena de esta Corporación en el radicado 11001-03-15-000-2020-00471-00,
los magistrados que participaron en la expedición de la providencia cuestionada no se hallan
incursos en causal primera de recusación, contenida en el artículo 141 del CGP, incluso en el marco
de la causal quinta de revisión cuando se alega una vulneración del debido proceso, bajo el
entendido de que el recurso extraordinario de revisión comporta un nuevo proceso independiente
del litigio ordinario y procede, únicamente, ante las causales específicas de revisión contempladas
en el ordenamiento jurídico, de ahí que el estudio que se efectúa en uno y otro proceso es diferente.
Por esa razón, la magistrada ponente en este asunto se encuentra facultada para suscribir la
presente decisión.
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exacta de los motivos y hechos que le sirven de fundamento, los cuales, en orden
a ser analizados, deben estar estrechamente relacionados con el vicio alegado8.
46. La causal quinta de revisión ha sido objeto de múltiples pronunciamientos al
interior de esta Corporación, en la medida en la que su redacción no permite
conocer cuáles situaciones dan lugar a la nulidad de la sentencia. Por esa razón,
la jurisprudencia se ha ocupado de establecer los supuestos que pueden configurar
esa causal y le ha encomendado al juez la función de establecer su alcance.
47. Se ha sostenido, así, que la sentencia es nula por las causales de nulidad
procesal establecidas en el ordenamiento de procedimiento civil. Al respecto, la
jurisprudencia contencioso administrativa ha identificado ciertos vicios9 que afectan
la validez de la sentencia, los cuales fueron sintetizados en la sentencia de 31 de
mayo de 201110, como pasa a exponerse:
En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta
de jurisdicción o competencia11, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se
dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido
aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención
del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo
trámite correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad
superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente de la invocada en ésta12, vi) cuando se condena a quien no ha sido
parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia
después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de
suspensión13 o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la
sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o
adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la
providencia carece completamente de motivación14”.
48. Se ha aceptado, además, que la violación del derecho al debido proceso
estatuido en el artículo 29 de la Constitución Política15 genera la nulidad de la
8 Así lo indicó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia de
8 de mayo de 2018, exp. 1998-153-01(REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
9 Al respecto, se pueden consultar, por ejemplo, las siguientes providencias: Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 11 de mayo de 1998, rad. REV-093; 18 de octubre de
2005, rad. 2000-00239 y de 20 de octubre de 2009, Rad. REV-2003-00133. Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 11 de junio de 2009, rad. 836-06; y Sección
Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2009, rad. 2006-00123.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. 11001-03-15-000-2008-
00294-00, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
11 “Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de diciembre
de 1997, Rad. REV-080”.
12 “Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de mayo de
1998, Rad. REV-093”.
13 “Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección ‘A’, sentencia de 3 de febrero de 2009, Rad.
REV-1998-00170”.
14
“Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de junio de
2005, Rad. REV-062”.
15
Al respecto, consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26,
sentencias de 3 de febrero de 2015, rad. 1998-00157-01(REV); de 1 de octubre de 2019, rad. 2017-
00811-00(REV); y Sala Especial de Decisión No. 21, sentencia de 3 de diciembre de 2019, rad.
2014-01303-00(REV).
11
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-07424-00(11823)
Actor: Miguel Ernesto Espitia Doncel
sentencia, conforme al razonamiento efectuado en ese sentido por la Corte
Constitucional16 y, en los específicos casos que ha identificado esta Corporación.
49. Por vía jurisprudencial, se han identificado los siguientes supuestos
transgresores del derecho al debido proceso: i) fallo inhibitorio 17; ii) ausencia de
motivación; iii) transgresión del principio de la no reformatio in pejus; iv) condena
contra un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; v) falta de
competencia o jurisdicción; vi) decisión proferida en un proceso terminado por
desistimiento, transacción o perención; v) no contar la decisión con el número de
votos requerido para su aprobación, y vi) falta de congruencia por condena extra,
ultra o infra petita.
50. En cualquier caso, corresponde al juez definir si la situación analizada
quebranta un mandato constitucional, al punto de desvirtuar el efecto de cosa
juzgada de la decisión.
16 Ver sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001.
17 En sentencia de unificación de 8 de mayo de 2018, exp. 1998-00153-01, M.P. Alberto Yepes
Barreiro, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado reconoció que una
decisión inhibitoria injustificada vulnera los derechos de acceso a la administración de justicia y
debido proceso, con lo que se configura la causal de revisión de nulidad originada en la sentencia,
por violación del artículo 29 constitucional. Así se pronunció la Sala Plena en esa ocasión:
“Entre el derecho de acceso a la administración de justicia y el debido proceso existe una estrecha
relación, en tanto aquél es un elemento constitutivo de este; y que el derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva, es una manifestación concreta de los derechos a acceder a la justicia, a la
defensa y al debido proceso. (…)
Por tal razón, concluye la Sala, que también hay una vulneración del derecho fundamental al debido
proceso, artículo 29 Constitucional, cuando una autoridad judicial dicte sin fundamento válido,
razonable, una sentencia inhibitoria, que, como se expuso, es una clara denegación de justicia. (…)
En el marco del Estado Social de Derecho que nos rige desde 1991, el juez está llamado a
garantizar los principios y valores constitucionales, lo que implica que debe asegurar, por una parte,
que quien acude a la judicatura obtenga de forma rápida y efectiva la definición de su conflicto y,
por la otra, servir de límite y control a los poderes constituidos por cuanto estos no gozan de las
inmunidades que en otras épocas predicaban. En ese contexto, y en el marco de los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, ha de
entenderse que los fallos inhibitorios, que se funden en argumentos falsos, deben estar proscritos,
pues la protección de estos derechos desde los ámbitos subjetivo y objetivo obligan al Estado a la
creación de los mecanismos necesarios no solo para garantizar que el acceso al aparato judicial
sea real y efectivo, sino permitir a las personas que acuden a él, lograr la satisfacción cierta de sus
derechos, lo que se materializa cuando se resuelven de fondo las pretensiones de las demandas
presentadas ante ellos, independiente si lo es en forma favorable o no a los intereses de quienes
acuden a ella.
(…)
Teniendo en cuenta que el artículo 93 de la Constitución Política ordena por remisión la integración
a nuestro ordenamiento constitucional de otros mandatos, entre otros, de los tratados
internacionales de derechos humanos, en lo que se ha denominado el bloque de constitucionalidad,
la Sala advierte que existen una serie de estos instrumentos que consagran expresamente un
derecho que se denomina de protección judicial efectiva, recurso efectivo o tutela judicial efectiva.
(…)
En ese orden de ideas, se han considerado como violaciones al derecho a un recurso judicial
efectivo o de tutela efectiva, entre otros: i) la inexistencia de mecanismo para acceder a la
jurisdicción; ii) los plazos prolongados para resolver de forma definitiva el asunto planteado, iii) las
decisiones que no resuelven sobre el fondo de la litis pero que ponen fin a la actuación, y, iv) el
incumplimiento o imposibilidad de cumplir el fallo”.
12
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-07424-00(11823)
Actor: Miguel Ernesto Espitia Doncel
Caso concreto
51. El recurso extraordinario de revisión que es materia de análisis no está llamado
a prosperar, por las razones que a continuación se exponen.
52. En la demanda que dio origen al proceso de reparación directa, el demandante
hizo alusión a dos querellas policivas y a un procedimiento de servidumbre minera:
(i) una querella presentada en el año 2009 por la perturbación ocasionada por el
señor Rómulo Enrique Pinzón Santos que culminó con Resolución 0104 de 2011,
mediante la cual se amparó el derecho de tránsito de personas y vehículos
pequeños; (ii) otra querella radicada el 7 de diciembre de 2010 por la perturbación
ejercida por el señor Arcadio Humberto Gordillo Arguello, la cual, según se indicó
en la demanda, también terminó con decisión favorable; sin embargo, la
obstaculización de la vía continuó, y (iii) un procedimiento de servidumbre minera
iniciado el 8 de marzo de 2011, el cual no había sido definido al momento de
presentarse la demanda.
53. De forma expresa se indicó que el demandante sufrió un daño antijurídico «por
la acción y omisión de la Alcaldía Municipal de Monterrey, al no definir ni adoptar
la decisión legal sobre la servidumbre minera No. 001-2011 dentro del término legal
concedido para ello, ni hacer cesar la perturbación que sobre la vía pública
marginal Guadualito se mantiene, con lo que se le impide a mi poderdante la
explotación económica concedida por el Estado Colombiano en el contrato de
concesión minera No. FAD-092».
54. Con base en el planteamiento aludido y luego de analizar el material probatorio
aportado al plenario, la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación
estudió la oportunidad de la demanda frente a la dilación en la resolución de la
servidumbre minera y la falta de adopción de medidas para hacer cesar la
perturbación sobre la vía Guadualito.
55. En ambos casos se tuvieron en cuenta los términos legales para la definición
de cada asunto y, a partir de su vencimiento, se efectuó el respectivo conteo de la
caducidad.
56. En relación con el procedimiento de servidumbre minera se acudió al artículo
309 del Código de Minas -Ley 685 de 2001- y respecto a la omisión en la adopción
de medidas policivas para conjurar la perturbación de la vía pública se hizo
mención al Decreto 1355 de 1970, modificado por el Decreto 522 de 1971.
57. En el recurso extraordinario de revisión se cuestionó, de manera contradictoria,
13
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-07424-00(11823)
Actor: Miguel Ernesto Espitia Doncel
que no se analizó el cargo por omisión de resolución del procedimiento de
servidumbre minera y, además, que el plazo que se tuvo en cuenta para
contabilizar el término de caducidad por las pretensiones relacionadas con dicha
omisión no fue correcto, pues, en criterio del demandante, la norma aplicable era
el artículo 285 del Código de Minas -no el 309-; luego, el plazo para resolver el
procedimiento no era de 22 días como consideró la autoridad judicial demandada,
sino de 35 días. En concepto del recurrente, ese último término debía empezar a
contarse desde que se declaró fallida la etapa de conciliación en el trámite de
servidumbre minera.
58. El argumento así planteado no tiene vocación de prosperidad, pues, en la
sentencia sí se estudió la atribución de responsabilidad por la falta de definición
del procedimiento de servidumbre minera. Con todo, encuentra la Sala que el
reproche del recurrente no tiene incidencia en el sentido de la decisión
cuestionada, pues incluso si se observara el plazo de 35 días que plantea, la
decisión se hubiera adoptado en el mismo sentido, en tanto dicha modificación sólo
habría variado la fecha que se consideró para iniciar el cómputo del término de
caducidad, pero no la conclusión.
59. En la sentencia se dijo que el plazo de 22 días para resolver el procedimiento
de servidumbre minera venció el 1º de abril de 2011, porque la petición que le dio
inicio al trámite se presentó el 8 de marzo de 2011. La consideración del intervalo
de 35 días hubiera llevado a concluir que la fecha final concedida a la
Administración para la resolución del procedimiento era el 29 de abril de 2011; de
manera que el término de caducidad para la interposición del medio de control de
reparación directa hubiera transcurrido entre el 30 de abril de ese año y el 30 de
abril de 2013. Como la solicitud de conciliación prejudicial se radicó el 2 de julio de
2013, el fenómeno de la caducidad también se habría declarado probado en ese
escenario.
60. El recurrente menciona, adicionalmente, que el lapso para resolver el
procedimiento de servidumbre minera debía contabilizarse desde que se declaró
fallida la etapa de conciliación en ese asunto, no desde que inició el procedimiento.
La tesis planteada está desprovista de cualquier sustento legal o jurisprudencial
que permita a la Sala evidenciar una verdadera razón para colegir, al menos
someramente, un error en el conteo del término de caducidad y con ello una
vulneración del debido proceso. Lo que se observa es que dicha proposición
responde a un entender subjetivo y personal del demandante, favorable a sus
intereses.
14
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-07424-00(11823)
Actor: Miguel Ernesto Espitia Doncel
61. Olvida el interesado que en la demanda se planteó el cargo de responsabilidad
del ente territorial demandado por la omisión en la resolución del procedimiento de
servidumbre minera, lo que imponía, a la luz de lo dispuesto en el artículo 164 del
CPACA, establecer el término de caducidad a partir del día siguiente al
acaecimiento de la omisión. Para determinar ese momento, el juzgador consideró
el período legal concedido para el agotamiento del trámite administrativo,
razonamiento que no se muestra arbitrario ni irracional, sino lógico y acorde a la
disposición legal que regula la figura de la caducidad en el medio de control de
reparación directa.
62. Se tiene, entonces, que no existe incongruencia en la decisión adoptada, pues
sí se estudió la atribución de responsabilidad por la falta de definición del
procedimiento de servidumbre minera, además, no se demostró un yerro en el
conteo de la caducidad, con potencialidad de vulnerar el debido proceso.
63. Cabe agregar que el operador jurídico tenía la facultad de pronunciarse, de
manera oficiosa, frente a los presupuestos de procedibilidad del medio de control
ejercido, entre estos, la oportunidad de la demanda, por ser un aspecto necesario
para proferir decisión de fondo. En esa medida, el análisis que sobre la caducidad
realizó el Tribunal a-quo no le impedía a la Subsección A de la Sección Tercera
volver sobre ese punto; de hecho, tal análisis no constituía una simple potestad,
sino un deber para continuar con el estudio de las pretensiones.
64. La segunda inconformidad del recurrente se relaciona con la imposición de la
condena en costas y su cuantía. La Sala aclara que el reproche sobre la suma
establecida por agencias en derecho debió ponerse de presente mediante los
recursos de reposición y apelación contra el auto que aprobó la liquidación de
costas, conforme a lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 366 del CGP, lo que
no se hizo. Y en lo que respecta a la imposición de la condena, se observa que los
argumentos del recurso no se dirigen a constatar la configuración de un vicio capaz
de generar una nulidad por violación del debido proceso, por ejemplo, por la
aplicación de una norma inexistente o improcedente; más bien, se centran en el
descontento del recurrente por la carga que se le impuso, la cual, valga mencionar,
respondió al criterio objetivo establecido en el artículo 365 del CGP.
65. Las diferencias del demandante con la decisión adoptada no habilitan a la Sala
para efectuar un nuevo análisis del asunto discutido en el proceso primigenio, pues,
como se expuso con suficiencia, el recurso extraordinario de revisión no es una
tercera instancia ni comprende un mecanismo para cuestionar la labor intelectual
de juzgamiento, por lo que está vedado, en dicha sede judicial, analizar la
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-07424-00(11823)
Actor: Miguel Ernesto Espitia Doncel
interpretación normativa efectuada por el juez de instancia o realizar una nueva
valoración de las pruebas del proceso ordinario.
66. De acuerdo con lo expuesto, la Sala se abstendrá de infirmar la providencia
impugnada.
Condena en costas
67. El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021,
establece que “si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y
perjuicios al recurrente”.
68. El artículo 361 del CGP prevé que las costas están integradas por la totalidad
de expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho. El numeral 8º del artículo 365 del CGP dispone, por su parte, que sólo
habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación.
69. En el presente asunto, el señor Arcadio Humberto Gordillo Arguello contestó la
demanda, de manera oportuna, y presentó argumentos dirigidos a que se declarara
infundado el recurso extraordinario de revisión. Por consiguiente, se impondrá, en
su favor, agencias en derecho.
70. Para ese efecto, la Sala se remite a lo establecido en el artículo 5º, numeral 9
del Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016, expedido por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que dispone la tarifa máxima
de agencias en derecho, tratándose de recursos extraordinarios, en veinte (20)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
71. Así, atendiendo a la naturaleza, calidad y gestión desarrollada por el profesional
del derecho que ejerció la representación legal del demandado, se tasará a su
favor, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente.
72. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Uno Especial de Decisión, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-07424-00(11823)
Actor: Miguel Ernesto Espitia Doncel
interpuesto contra la sentencia de 8 de junio de 2022, proferida por la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso de reparación directa
con radicado 85-001-23-33-000-2013-00226-01(53.094).
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte actora. Se fija por concepto de
agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente, a favor del señor Arcadio Humberto Gordillo Arguello.
Por Secretaría General, liquídense los gastos procesales.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
Notifíquese y cúmplase
Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
WILSON RAMOS GIRÓN PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Ausente con excusa
VF
17
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