Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-07437-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-07437-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-07437-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
15 de febrero de 2024
Demandante: Aura Marleny Arcila Giraldo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07437-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07437-00
Demandante: AURA MARLENY ARCILA GIRALDO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Temas: Tutela contra providencia judicial – Improcedencia por no
superar el requisito de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por la señora Aura
Marleny Arcila Giraldo contra la Sección Primera del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Mediante escrito presentado el 11 de diciembre de 20231, la señora Aura Marleny
Arcila Giraldo, actuando a través de apoderado judicial, ejerció acción de tutela
contra la Sección Primera del Consejo de Estado, con el fin de reclamar el amparo
de sus derechos fundamentales «[…] a probar, debido proceso, defensa, contradicción,
legalidad y la debida valoración de las pruebas (artículo 29 C.P.) que son esenciales para
la recta administración de justicia (artículo 228 C.P.), el derecho de acceso a la
administración de justicia (artículo 229 C.P.), con los cuales se garantiza el derecho
público subjetivo a la jurisdicción o tutela judicial, que consiste en que se abra un proceso
y que la sentencia se dicte respetando los principios de congruencia, buena fe y lealtad
procesal y con estricta sujeción a la constitución, la ley y a las garantías procedimentales
y velando por el derecho fundamental a la jurisdicción, el principio de efectividad de los
derechos fundamentales y de prevalencia del derecho sustancial (artículo 228 C.P.)».
La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la sentencia proferida por la autoridad judicial accionada el 5 de mayo
1
Acción de tutela promovida ante el buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la cual fue repartida a la Sección Tercera,
Subsección C del Consejo de Estado y remitida por competencia a la Sección Quinta el 15 de
diciembre de 2023, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 1834 de 2015.
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de 2023, la cual, a su turno, confirmó la decisión de primera instancia, adoptada
por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 21 de octubre de 2021, en ejercicio
del medio de control de pérdida de investidura que promovió el ciudadano Luis
Humberto Guidales García en su contra, en su calidad de concejal de Medellín,
identificado con el radicado 05001-23-33-000-2021-01485-00/1/2/3.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
se DEJE SIN EFECTO las decisiones judiciales proferidas por la Sección Primera
del Consejo de Estado para definir la controversia en el proceso con radicado Nro.
050012333000202101485-03, por cuanto las decisiones adoptadas se encuentran
conculcando derechos fundamentales y desconociendo los principios
iusfundamentales cardinales del Estado Social de Derecho.
TERCERA. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la Sección Primera del
Consejo de Estado, que proceda a dictar una nueva providencia en el proceso con
radicado Nro. 050012333000202101485-03, ajustada a la Constitución y la Ley y
respetuosa de los derechos fundamentales de la señora Aura Marleny Arcila
Giraldo.
CUARTA: Adoptar las demás medidas de protección constitucional que se
consideren pertinentes en aras de que no se vuelvan a vulnerar los derechos
fundamentales de la señora Aura Marleny Arcila Giraldo2.
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
El señor Luis Humberto Guidales García instauró demanda en ejercicio del medio
de control de pérdida de investidura contra la señora Aura Marleny Arcila Giraldo
que fue elegida concejal del municipio de Medellín, para el periodo 2020-2023,
porque a su juicio, incurrió en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 4º del
artículo 433 de la Ley 136 de 19944. A su vez, invocó el numeral 5º del artículo 275
2
Transcripción literal que puede contener errores.
3
«ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal
municipal o distrital:
4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de
consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12)
meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el
respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes
legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que
presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el
respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión
permanente o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o
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de la Ley 1437 de 20115.
El ciudadano consideró que la señora Arcila Giraldo se encontraba inhabilitada por
tener un vínculo en segundo grado de consanguinidad con el señor Elkin Darío
Arcila Giraldo, quien se desempeñaba como subgerente comercial de la oficina de
fomento y desarrollo, adscrito a la Gerencia General del Instituto para el Desarrollo
de Antioquia y desempeñaba funciones de ordenación del gasto y celebración de
contratos y convenios.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del 21
de octubre de 2021, decretó la pérdida de investidura de la señora Arcila Giraldo.
Inconforme con ello, presentó recurso de apelación que fue resuelto por la Sección
Primera del Consejo de Estado que, mediante sentencia del 5 de mayo de 2023,
confirmó la decisión del a quo, tras considerar que estaban presentes tanto el
elemento objetivo como subjetivo de la causal alegada de pérdida de investidura.
Dentro del elemento objetivo se probó que: i) la señora Arcila Giraldo ostentaba la
calidad de concejal; ii) la tutelante tenía un vínculo de parentesco en segundo
grado de consanguinidad con el señor Elkin Darío Arcila Giraldo, quien tuvo la
condición de servidor público entre el 18 de enero de 2016 hasta el 28 de febrero
de 2021; iii) el funcionario con el que tiene el vínculo ejerció autoridad
administrativa dentro de los 12 meses anteriores a la elección6 y, iv) el ejercicio de
autoridad del funcionario tuvo lugar en el municipio en donde fue elegida como
concejal7.
Sobre el elemento subjetivo, se encontró que:
[…] le era exigible una actitud de mayor diligencia, sin que sea de recibo para la
Sala el argumento de que su convicción sobre la rectitud de su conducta
constituya razón suficiente para acreditar que actuó de buena fe porque lo cierto
es que constituye obligación de todo servidor público estudiar los requisitos,
naturaleza y prohibiciones de sus aspiraciones y para el ejercicio del cargo público;
en ese sentido, a la Concejal le era exigible, por un lado, conocer la Ley 136 en la
único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de
corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma fecha».
4
Modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.
5
«ARTÍCULO 275. CAUSALES DE ANULACIÓN ELECTORAL. Los actos de elección o de
nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además,
cuando:
5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos
constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad».
6
Las elecciones al Concejo Distrital de Medellín se realizaron el 27 de octubre de 2019, lo cual
implica que el ámbito temporal de la inhabilidad inició el 27 de octubre de 2018 hasta el 27 de
octubre de 2019 y, el pariente ostentó el cargo entre el 18 de enero de 2016 hasta el 18 de febrero
de 2021.
7
El Instituto para el Desarrollo de Antioquia es una entidad descentralizada del orden
departamental de Antioquia y tiene su sede en el Distrito de Medellín, es decir que el área de
influencia del Instituto tanto a nivel administrativo como funcional comprende al Distrito que tiene su
sede.
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medida en que, en ella, se establecen expresamente las inhabilidades,
incompatibilidades, funciones, deberes y prohibiciones del cargo y, en caso de
duda, solicitar concepto a las autoridades o entidades públicas competentes o
acudir a la asesoría idónea por parte de profesionales, respecto de su situación
particular, lo cual, se reitera, no se probó en este caso.
Dicha providencia fue notificada electrónicamente el 11 de mayo de 2023 por
mensaje de datos.
La accionante solicitó el 16 de mayo de 2023, la nulidad de la sentencia
mencionada anteriormente y, en un segundo escrito, la aclaración y adición de la
misma.
En auto interlocutorio del 16 de junio de 2023, la Sección Primera del Consejo de
Estado negó las solicitudes de aclaración y adición, al advertir que:
En esa medida, la Sala considera que la solicitud, más que aclarar conceptos o
frases que ofrezcan verdadero motivo de duda o que se resuelva sobre algún
extremo de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía
ser objeto de pronunciamiento, lo que pretende es: i) cuestionar la sentencia
proferida en segunda instancia, con el objeto de reabrir el debate que se abordó en
las instancias, sobre la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2.°
del artículo 55 de la Ley 136, por incurrir en la inhabilidad establecida en el
numeral 4.° del artículo 43 de esa misma normativa y, en especial, el supuesto del
elemento objetivo relativo a que el vínculo de parentesco se tenga con funcionario
que, dentro de los 12 meses anteriores a la elección, haya ejercido autoridad; ii)
cuestionar autos que resolvieron solicitudes de nulidad y que se encuentran
ejecutoriados; y iii) presentar argumentos sobre la procedencia de nulidades contra
la sentencia: lo cual escapa al objeto de la aclaración y adición de sentencias.
Asimismo, la Sala observa que se utiliza la aclaración y adición de sentencias para
presentar argumentos novedosos que no fueron discutidos en la sentencia, por no
haber sido presentados en el recurso de apelación, en especial, el relativo a la
aplicación de la sentencia SU-207 de 9 de junio de 2022 proferida por la Corte
Constitucional; y que la Concejal presenta adicionalmente consultas jurídicas en
torno a la aplicación al caso concreto de “reglas de decisión” contenidas en
sentencias de unificación; aspecto que escapa al problema jurídico abordado en la
sentencia proferida dentro del proceso de pérdida de investidura, impidiendo a la
Sala realizar algún pronunciamiento en el marco de la solicitud que hoy se
resuelve.
La providencia fue notificada el 27 de junio del año en curso, por medio de correo
electrónico.
Por otro lado, frente a la nulidad solicitada en escrito del 16 de mayo de 2023, la
autoridad judicial en auto del 6 de octubre de 2023 negó la petición por no
encontrar configurada la causal prevista en el artículo 29 de la Constitución
Política.
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1.4. Fundamentos de la vulneración
El apoderado judicial de la parte actora adujo que la Sección Primera del Consejo
de Estado incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente al
desconocer sin fundamento la sentencia de unificación 207 del 9 de junio de 2022
proferida por la Corte Constitucional, la cual resultaba aplicable a su caso. La regla
de decisión dispuesta en la providencia reza:
Cuando deba determinarse la configuración de la inhabilidad de un funcionario
municipal elegido por su parentesco con un funcionario departamental, la autoridad
judicial debe realizar una valoración probatoria concreta y ajustada a los principios
de razonabilidad y proporcionalidad. Ello impone un examen específico de la
probabilidad real -más allá de potencial- de ejercer la autoridad administrativa en el
nivel municipal y, de esta forma, incidir a los electores. No es posible la valoración
genérica o abstracta fundada solo en consideraciones formales sobre la naturaleza
de la entidad.
En consecuencia, advirtió que se desconoció el precedente constitucional
vinculante y se excedió el principio de legalidad en materia sancionatoria,
vulnerando los derechos fundamentales de la tutelante, pues para decidir
solamente se analizaron las pruebas documentales que permitían estudiar el
factor objetivo de la conducta, más no el subjetivo.
En relación con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 43 de la Ley 136 de
1994, señaló que para que se configure la inhabilidad se requiere demostrar que el
pariente del concejal haya ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar,
supuesto de hecho, que debe acompasarse con la regla de decisión establecida
en la sentencia SU-207 de 2022; es decir, que se debe realizar una valoración
probatoria concreta y ajustada a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
En atención a ello, señaló que no existió dicho análisis, ya que la valoración de las
pruebas fue antojadiza, pese a encontrarse probado que ni siquiera se ejerció la
autoridad en el período inhabilitante. De forma precisa indicó que «[S]e imponía un
examen específico de la probabilidad real -más allá de potencial- de ejercer la autoridad
administrativa en el nivel municipal y, de esta forma, incidir a los electores».
Por otro lado, expuso la configuración de un defecto sustantivo, pues a su juicio,
se inaplicó el inciso 4 del artículo 29 de la Constitución Política, que establece el
derecho fundamental a la prueba, en la medida que se negó y confirmó la negativa
de practicar unos testimonios. Agregó que en el proceso se promovieron diversas
solicitudes de nulidad que, en su criterio, fueron “ignoradas”, al punto que se
profirió sentencia sin permitir que se presentaran pruebas a su favor.
Adicionalmente, refirió una adecuada interpretación del artículo 43 de la Ley 136
de 1994, pues «[…] la conducta prohibitiva se reduce a ejercer o ejecutar actos de poder
y no a la mera posibilidad de su ejercicio». Además, mencionó que si bien el
electorado puede verse influenciado de manera directa o indirecta por el pariente
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investido de autoridad, ello solo sucede al momento en que se realizan acciones
tendientes a modificar la voluntad de la ciudadanía para inducirlos a votar por un
candidato determinado, no por la mera posibilidad de su ejercicio.
En consecuencia, adujo que de una correcta interpretación de la regla de decisión
y de las pruebas obrantes en el plenario «[…] se desprende que el pariente de la
candidata, si estaba investido de autoridad, en virtud de la delegación efectuada, pero no
puede perderse de vista que con los testimonios que no se decretaron se pretendía
demostrar entre otras razones, que dicha delegación no fue ejercida en el período
prohibitivo o mejor aún fue revocada por el delegante para todo lo que tuviera que ver con
el Municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas, por lo que, nunca pudo influir
de manera indirecta o directa al electorado, produciendo los resultados y efectos que
pudieran efectivamente atentar contra el equilibrio de la contienda electoral y la igualdad
entre candidatos».
Ahora, en lo referente al auto del 6 de octubre de 2023, mediante el cual fue
resuelta la solicitud de nulidad de la sentencia, sostuvo que la Sección Primera
incurrió en el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al negarle la
posibilidad a la señora Arcila Giraldo de allegar pruebas al proceso pues, pese a
que las solicitó en la oportunidad establecida para el efecto, se negó su decreto en
la audiencia inicial, porque, a su juicio, ya había un prejuzgamiento.
1.5. Trámite de la acción de tutela
El magistrado ponente mediante auto del 19 de julio de 2023 admitió la demanda
de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y, como parte demandada, a los
magistrados del Consejo de Estado, Sección Primera.
Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso a la Procuraduría General de la Nación, a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Tribunal Administrativo de Antioquia y
al señor Luis Humberto Guidales. García.
Además, se le reconoció personería para actuar al abogado Rodrigo Palacio
Cardona, en calidad de apoderado judicial de la señora Arcila Giraldo.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Procuraduría General de la Nación
En documento allegado el 25 de enero del presente año, el procurador 116 judicial
II para asuntos administrativos de Medellín, señaló que los hechos planteados en
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la acción de tutela son ajenos a las funciones y competencias de la entidad. En
consecuencia, solicitó la desvinculación ante la falta de legitimación en la causa
por pasiva.
1.6.2. Consejo de Estado, Sección Primera
Por medio de correo electrónico remitido el 26 de enero de 2024, el magistrado
ponente de la decisión solicitó que se declare la improcedencia de la acción de
tutela por no superar el requisito de relevancia constitucional o, en su defecto, que
se nieguen las pretensiones de la demanda.
Mencionó que, la petición de amparo se fundamenta en argumentos de mera
legalidad que fueron planteados en el proceso y objeto de pronunciamiento
mediante la sentencia del 5 de mayo de 2023, lo que adicionalmente demuestra
que se utiliza el mecanismo como una tercera instancia.
En lo referente a la sentencia SU-207 del 9 de junio de 20228, puso de presente
que no se puede catalogar como precedente judicial este caso concreto en la
medida en que los presupuestos fácticos de los procesos que se resolvieron en
dicha providencia no guardan similitud con el que fue objeto de pronunciamiento
en la sentencia proferida en el proceso de pérdida de investidura, y, en
consecuencia, no hay lugar a su aplicación.
De forma específica, adujo que en uno u otro caso se abordaron hechos diferentes
en la medida en que, en los expedientes T-8.361.046 y T-8.425.408 se resolvieron
las acciones de tutela interpuestas contra sentencias proferidas en medios de
control de nulidad electoral y, en este caso, se trata de un fallo proferido en el
marco de un proceso de pérdida de investidura, en el que se abordó el estudio de
los elementos objetivo y subjetivo de la respectiva causal de pérdida de
investidura, en este caso la prevista en el numeral 2° del artículo 55 de la Ley 136.
Sin perjuicio de lo anterior, explicó que la sentencia de 5 de mayo de 2023 respetó
la regla de decisión adoptada en la sentencia SU-207 de 9 de junio de 2022, dado
que realizó una valoración probatoria concreta y ajustada a los principios de
razonabilidad y proporcionalidad.
En lo relativo al defecto sustantivo, mencionó que el Tribunal Administrativo de
Antioquia mediante auto de 17 de septiembre de 2021, resolvió, entre otros
asuntos, negar la solicitud probatoria de la concejal, en la medida que «[…] no
cumple con los criterios de utilidad y necesidad que debe revelar la prueba testimonial,
toda vez que, dada la naturaleza de los hechos que dieron lugar a la presente demanda, y
por los cuales se pretende la pérdida de investidura de la señora Arcila Giraldo, así como,
los medios de defensa utilizados por ésta, su ocurrencia o no, se demuestran con la
prueba documental aportada y decretada en el presente litigio […]».
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Sentencia que resolvió los expedientes T-8.361.046 Y T-8.425.408.
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Adicionalmente, resaltó todos los autos mediante los cuales se resolvieron
recursos de reposición y apelación demostrando que «[…] el Consejo de Estado
aplicó el artículo 29 de la Constitución Política y, en armonía con el artículo 168 de la Ley
1564, sobre rechazo de plano, consideró que los testimonios solicitados no cumplían el
requisito de pertinencia; en ese orden de ideas, lo pretendido por la actora es convertir la
acción de tutela en una tercera instancia con el objeto de reabrir un debate de legalidad
que se resolvió por el juez competente, lo cual, se reitera, resulta improcedente en el
marco de esta acción constitucional».
Pese a que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Tribunal
Administrativo de Antioquia y el señor Luis Humberto Guidales García fueron
notificados en debida forma, guardaron silencio9.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por
la señora Aura Marleny Arcila Giraldo de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 7° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021.
Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige, contra el Consejo de Estado,
Sección Primera, por tanto, debe aplicarse el numeral 7º de la última norma
referida.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?
De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:
• ¿El Consejo de Estado, Sección Primera incurrió en los defectos por
desconocimiento del precedente, sustantivo y procedimental por exceso
ritual manifiesto al interior de la sentencia de 5 de mayo de 2023?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y si es
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Índice 13 de Samai.
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procedente; (iii) el estudio del caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201210
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema11 y declaró su
procedencia12.
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la
referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Relevancia constitucional
Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia de la
presente acción de tutela por carecer de relevancia constitucional puesto que no
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García
González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
11
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
12
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-
215 de 202213.
2.4.2. Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional – unificación de
criterios en materia de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados requisitos en sede de
revisión, encontró que la acción de tutela formulada por RTI S.A.S. contra la
Sección Cuarta del Consejo de Estado carecía de relevancia constitucional.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen
relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces
de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico,
pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de
su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal14 (Énfasis de la Sala).
13
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
14
Sentencia SU-573 de 2019.
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De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no
referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico15; es
decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible”
relevancia constitucional16.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal17”. En
este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la
solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales18”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto19, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal20. (Resaltado de la Sala)
Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche
una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la
Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S.
no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para
interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de
un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii)
planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la
15
Sentencia SU-103 de 2022.
16
Sentencia SU-103 de 2022.
17
Sentencia SU-103 de 2022.
18
Sentencia SU-128 de 2021.
19
Sentencia SU-573 de 2019.
20
Ibid.
11
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carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave
violación de los derechos fundamentales invocados.
2.5. Caso concreto
La señora Aura Marleny Arcila Giraldo cuestiona la sentencia del 5 de mayo de
2023 que resolvió en segunda instancia el medio de control de pérdida de
investidura que interpuso el señor Luis Humberto Guidales García en su contra por
considerar que esta se encontraba incursa en la causal de inhabilidad consagrada
en el numeral 4º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994. Para la tutelante se
configuraron los defectos por desconocimiento del precedente, sustantivo y
procedimental por exceso ritual manifiesto.
Frente al primero adujo que la Sección Primera del Consejo de Estado inaplicó sin
fundamento la sentencia SU-207 de 2022, en la que la Corte Constitucional creó
una regla de decisión que era aplicable a su caso, pues la autoridad judicial
accionada debió realizar una valoración probatoria concreta y ajustada a los
principios de razonabilidad y proporcionalidad; cuestión que echó de menos en la
providencia cuestionada.
En lo referente al segundo yerro, indicó que se inaplicó el inciso 4º del artículo 29
Superior, en la medida que se negó la práctica de unos testimonios y a pesar de
que se promovieron diversos recursos, la sentencia del 5 de mayo de 2023 fue
dictada sin que se permitiera presentar pruebas a su favor. Además, mencionó
que sobre el artículo 43 de la Ley 136 de 1994 se efectuó una incorrecta
interpretación dado que, si bien el electorado puede verse influenciado de manera
directa o indirecta por el pariente investido de autoridad, ello solo sucede al
momento en que se realizan acciones tendientes a modificar la voluntad de la
ciudadanía.
Sobre el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto planteado, la
demandante sostuvo que se le negó la posibilidad de allegar pruebas al proceso
pues, pese a que las pidió en la oportunidad legal idónea, su decretó fue negado
en la audiencia inicial, porque, a su juicio, había un prejuzgamiento.
Sea lo primero indicar que si bien la parte actora indica que la Sección Primera del
Consejo de Estado incurrió en un desconocimiento del precedente en la sentencia
del 5 de mayo de 2023, al no aplicar la sentencia SU-207 del 2022 proferida por la
Corte Constitucional que creó una regla de decisión presuntamente aplicable a su
caso, se evidencia que la autoridad judicial accionada no se pronunció sobre ello,
en atención a que fue un argumento planteado apenas en la solicitud de
aclaración y adición formulada con posterioridad al proferimiento del fallo que
confirmó la pérdida de investidura de la señora Arcila Giraldo.
Quiere decir que, dicho argumento nunca se expuso en alguno de los escritos
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presentados al interior del medio de control, por ello, en auto del 16 de junio de
2023, mediante el cual se resolvieron las solicitudes de aclaración y adición, se
advirtió:
[…] la Sala observa que se utiliza la aclaración y adición de sentencias para
presentar argumentos novedosos que no fueron discutidos en la sentencia, por no
haber sido presentados en el recurso de apelación, en especial, el relativo a la
aplicación de la sentencia SU-207 de 9 de junio de 202230 proferida por la Corte
Constitucional; y que la Concejal presenta adicionalmente consultas jurídicas en
torno a la aplicación al caso concreto de “reglas de decisión” contenidas en
sentencias de unificación; aspecto que escapa al problema jurídico abordado en la
sentencia proferida dentro del proceso de pérdida de investidura, impidiendo a la
Sala realizar algún pronunciamiento en el marco de la solicitud que hoy se
resuelve.
Así las cosas, está vedado para el juez constitucional pronunciarse sobre un tema
que no fue estudiado por el juez ordinario, ello teniendo en cuenta que dicha
inaplicación no se debió a una arbitrariedad de la autoridad judicial, sino que,
constituyó una omisión del apoderado judicial de la parte actora, que prendía
subsanar el ejercicio hermenéutico que realizó en el medio de control, ejerciendo
una tercera instancia con dichas solicitudes.
De igual forma, el pronunciamiento de parte del juez de tutela en un asunto que no
conformó la litis ordinaria, vulneraría los principios de seguridad jurídica,
autonomía judicial y cosa juzgada.
En consecuencia, el yerro acusado refleja un inconformismo con las conclusiones
a las que llegó la autoridad judicial accionada, lo cual, per se no implica una
trasgresión de los derechos fundamentales y, por lo tanto, carece de relevancia
constitucional.
Además, se evidencia que en el auto del 6 de octubre de 2023, la Sección Primera
del Consejo de Estado, resolvió la misma inconformidad presentada en esta sede,
en la cual le reiteró a la accionante que:
[…] la Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia de 5 de mayo de
2023, al estudiar la configuración de la causal de inhabilidad realizó la valoración
probatoria concreta, ajustada a los principios de razonabilidad y proporcionalidad
en los términos señalados por la Corte Constitucional, considerando que “[…] el
precitado Instituto para el Desarrollo de Antioquia es una entidad descentralizada
del orden departamental de Antioquia y, como elemento relevante, se encuentra
probado que tiene su sede en el Distrito de Medellín, lo cual permite a la Sala
concluir, por un lado, que el área de influencia del Instituto, tanto a nivel
administrativo como funcional, comprende al Distrito en que tiene su sede; y, por el
otro, en consecuencia, que el Subgerente Comercial de Fomento y Desarrollo del
IDEA ejerce autoridad administrativa en el Distrito donde resultó elegida la
Concejal […]”.
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Por lo tanto, se observa que la parte actora se encuentra insistiendo en los
mismos argumentos que ya fueron estudiados en la instancia correspondiente, lo
que permite concluir que busca convertir la acción de tutela en una tercera
instancia.
La acción de tutela carece de la carga argumentativa suficiente por cuanto los
elementos que pretendía desvirtuar la actora a través de testimonios, entiéndase,
el ejercicio de autoridad de su pariente y que la inhabilidad se presentara durante
el periodo inabilitante, fueron abordados por la Sección Primera del Consejo de
Estado mediante otros elementos probatorios que no fueron refutados en esta
acción constitucional. En ese orden de ideas, el solo hecho de que para la
tutelante existieran otros medios probatorios, no implica que su falta de decreto
conllevara a una decisión irracional o arbitraria.
En efecto, la autoridad judicial accionada sostuvo que la tutelante contó con
múltiples oportunidades para debatir la negativa de las pruebas, por medio de los
varios recursos que interpuso, es decir, que tuvo la posibilidad de exponer ante los
jueces ordinarios su inconformidad, ejerciendo su derecho a la contradicción y
defensa. Concretamente, la Sección señaló todos los trámites que el tribunal
resolvió frente a dicho pleito:
Es importante resaltar que el Tribunal, luego de impartir trámite al proceso,
mediante auto de 27 de septiembre de 2022, concedió el recurso de apelación
contra la sentencia de 21 de octubre de 2021 y remitió posteriormente el
expediente al Consejo de Estado, siendo abonado y radicado bajo el número de
radicación 050012333000202101485-03, el 21 de octubre de 2022. Mediante auto
de 15 de noviembre de 2022 se admitió el recurso de apelación contra la
sentencia.
Asimismo, en el caso, sub examine, se surtieron ante el Consejo de Estado los
trámites identificados con números únicos de radicación
050012333000202101485-01 y 050012333000202101485-02, en los que se
profirieron las siguientes providencias.
En el trámite identificado con el número único de radicación
050012333000202101485-02 se profirió el auto de 16 de agosto de 2022, por
medio del cual se resuelve un recurso de queja.
En el trámite identificado con el número único de radicación
050012333000202101485-01 se profirieron los siguientes autos: i) 21 de abril de
2022, por medio del cual se resuelve sobre un recurso de apelación presentado
contra el auto que decidió las solicitudes probatorias; ii) auto de 16 de agosto de
2022, por medio del cual se corre traslado de una solicitud de nulidad; iii) auto de
10 de octubre de 2022, por medio del cual se resuelve sobre una solicitud de
nulidad; iv) auto de 11 de enero de 2023, por medio del cual se resuelve sobre un
recurso de reposición y, en subsidio, súplica; v) auto de 10 de abril de 2023, por
medio del cual se resuelve sobre un recurso de reposición. La Secretaría de esta
Sección, según consta en el índice 44 de SAMAI, acumuló el trámite 01 al 03 el día
26 de abril de 2023.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07437-00
En la sentencia del 5 de mayo de 2023, el Consejo de Estado encontró,
basándose en el material probatorio allegado al plenario, que: (i) de acuerdo con el
documento denominado registro de intereses económicos y privados, la señora
Arcila Giraldo indicó que el señor Elkin Darío Arcila Giraldo era su hermano y; (ii)
el ejercicio de autoridad del señor Arcila Giraldo tuvo lugar en el mismo distrito en
que resultó elegida la concejal, es decir, el distrito de Medellín.
Frente a la autoridad de su pariente, el Consejo de Estado analizó el alcance de
las funciones del señor Arcila Giraldo como subgerente comercial de la oficina de
fomento y desarrollo del Instituto para el Desarrollo de Antioquia. Además,
respecto de la temporalidad de la causal inhabilitante, la autoridad confrontó el
momento de las elecciones de la concejal con la época en la que el familiar
ostentaba el cargo. Valoraciones que no encuentran una oposición idónea con los
argumentos del cargo por un presunto defecto sustantivo.
Así las cosas, se debe recordar que cuando la tutela se dirige contra la decisión de
una alta corte, el análisis de la relevancia constitucional debe ser más estricto.
Sobre el elemento subjetivo, la autoridad judicial encontró que de conformidad con
la presunción establecida en los artículos 4º de la Constitución Política; 9° y 18 del
Código Civil; y 57 de la Ley 4 de 1913, la señora Aura Marleny Arcila Giraldo
conocía sus deberes constitucionales, legales y reglamentarios y,
consecuencialmente, tenía el deber de advertir que su comportamiento
configuraba la inhabilidad establecida en el numeral 4º del artículo 43 de la Ley
136, modificada por el artículo 40 de la Ley 617, como causal de pérdida de
investidura en los términos del numeral 2º del artículo 55 de la Ley 136.
Asimismo, el Consejo de Estado no encontró probado que la concejal hubiere
realizado indagaciones o consultas jurídicas o de antecedentes jurisprudenciales
con el objeto de establecer si al haberse inscrito y resultar elegida como concejal
del distrito de Medellín, pese a que su pariente en segundo grado de
consanguinidad ejerció autoridad administrativa en los términos del numeral 4º del
artículo 43 de la Ley 136, incurría en algún tipo de prohibición y, en especial, en la
inhabilidad como causal de pérdida de investidura21.
21
La autoridad judicial accionada concluyó que «[…] a la Concejal le era exigible una actitud de mayor
diligencia, sin que sea de recibo para la Sala el argumento de que su convicción sobre la rectitud de su
conducta constituya razón suficiente para acreditar que actuó de buena fe porque lo cierto es que constituye
obligación de todo servidor público estudiar los requisitos, naturaleza y prohibiciones de sus aspiraciones y
para el ejercicio del cargo público; en ese sentido, a la Concejal le era exigible, por un lado, conocer la Ley
136 en la medida en que, en ella, se establecen expresamente las inhabilidades, incompatibilidades,
funciones, deberes y prohibiciones del cargo y, en caso de duda, solicitar concepto a las autoridades o
entidades públicas competentes o acudir a la asesoría idónea por parte de profesionales, respecto de su
situación particular, lo cual, se reitera, no se probó en este caso».
15
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Por lo tanto, no se cumple con el requisito de la relevancia constitucional porque lo
que pretenden la señora Arcila Giraldo es reabrir el debate de instancia desde una
óptica puramente legal y probatoria, con el fin de obtener un pronunciamiento de
tercera instancia.
Finalmente, en lo que respecta al último defecto alegado, es claro que se trata de
la misma argumentación ejercida en el yerro sustantivo, pero referida a lo
desarrollado por la Sección Primera del Consejo de Estado en el auto del 6 de
octubre de 2023.
Frente a ello, la autoridad demandada le puso de presente a la tutelante que:
26. Por lo expuesto anteriormente, este Despacho considera que, en este caso, no
se probó que se hubiera aportado, decretado o practicado una prueba con
violación del debido proceso, ni mucho menos se desconocieron los derechos de
contradicción y defensa de la Concejal, sin que pueda ser considerado una causal
de nulidad constitucional por vulneración del derecho al debido proceso la decisión
de negar el decreto de una solicitud probatoria por no cumplir los requisitos
previstos en los artículos 164, 165, 167 y 168 de la Ley 1564.
27. Asimismo, es importante resaltar que, en este caso no se aplicó el artículo 42
de la Ley 2080 de 25 de enero de 202120, que adicionó el artículo 182A a la Ley
1437, sobre sentencia anticipada, sino que se siguió, en primera y en segunda
instancia, el procedimiento previsto en la Ley 1881 y, en forma subsidiaria, en las
leyes 1437 y 1564.
En consecuencia, se observa que insistentemente, la señora Aura Marleny Arcila
utilizó todos los medios a su alcance para recabar sobre los mismos puntos de
inconformismo, los cuales, como ya fue advertido, fueron estudiados por los
jueces ordinarios, razón por la cual el juez constitucional no puede entrometerse
en la órbita del juez natural.
Se reitera que la simple afirmación sobre la vulneración de sus derechos
fundamentales «[…] a probar, debido proceso, defensa, contradicción, legalidad y la
debida valoración de las pruebas (artículo 29 C.P.) que son esenciales para la recta
administración de justicia (artículo 228 C.P.), el derecho de acceso a la administración de
justicia (artículo 229 C.P.), con los cuales se garantiza el derecho público subjetivo a la
jurisdicción o tutela judicial, que consiste en que se abra un proceso y que la sentencia se
dicte respetando los principios de congruencia, buena fe y lealtad procesal y con estricta
sujeción a la constitución, la ley y a las garantías procedimentales y velando por el
derecho fundamental a la jurisdicción, el principio de efectividad de los derechos
fundamentales y de prevalencia del derecho sustancial (artículo 228 C.P.)» no conlleva a
que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente de
relevancia constitucional.
Lo anterior, dado que para ello se requiere que en el escrito inicial medie un
ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita vislumbrar que la controversia
gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental. Esto, ya
16
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que la competencia de este juez se restringe a la protección efectiva de las
garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal o a estudiar una
mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.
2.6. Conclusión
Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de acción de tutela
porque no se encontró satisfecho el requisito general de la relevancia
constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida
por la señora Aura Marleny Arcila Giraldo, por lo referido en este proveído.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado (E1)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
17
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