Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-07437-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-07437-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-07437-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
26 de abril de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07437-01
Accionante: Aura Marleny Arcila Giraldo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, veintiséis (26) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 11001-03-15-000-2023-07437-01
Accionante: Aura Marleny Arcila Giraldo
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela
Tema: tutela contra providencia judicial
Subtema 1: pérdida de investidura – concejal
Subtema 2: numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994
Subtema 3: requisitos de inmediatez y relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación que presentó la parte accionante en contra de la
sentencia del 15 de febrero de 2024, que fue proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela
Aura Marleny Arcila Giraldo formuló solicitud de amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la prueba, a la defensa, a la contradicción, a la
legalidad, a la debida valoración de pruebas y al acceso a la administración de
justicia, que consideró vulnerados por la Sección Primera del Consejo de Estado
con ocasión de la sentencia del 5 de mayo de 2023 y el auto del 16 de junio de 2023,
emitidos dentro del expediente con radicado núm. 05001-23-33-000-2021-01485-
03.
1.2. Hechos probados1
1.2.1. Luis Humberto Guidales García presentó escrito de demanda con la
pretensión de que se decretara la pérdida de investidura de Aura Marleny Arcila
Giraldo, en su condición de concejal del municipio de Medellín (Antioquia) para el
periodo 2020-2023, porque, en su concepto, incurrió en la causal de inhabilidad
contenida en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 19942, modificado por el
1
Ver documentos contenidos en el índice 15 de Samai del expediente de tutela de primera instancia,
y los documentos contenidos en la plataforma Samai de los expedientes ordinarios con radicados
05001-23-33-000-2021-01485-00/01/02/03 del Tribunal Administrativo de Antioquia y de la Sección
Primera del Consejo de Estado.
2
ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. <Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000. El
nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o
distrital:
[…]
4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de
consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses
anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo
municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de
entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios
públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o
distrito. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco
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Accionante: Aura Marleny Arcila Giraldo
artículo 40 de la Ley 617 de 2000. Adujo que Elkin Darío Arcila Giraldo, hermano de
la demandada, ocupó el cargo de Subgerente Comercial de Fomento y Desarrollo
del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), que tiene autoridad
administrativa.
1.2.2. El asunto correspondió conocerlo, bajo el radicado núm. 2021-01485-00, a la
Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, autoridad que, en
auto del 26 de agosto de 2021 admitió la demanda. La señora Arcila Giraldo
presentó escrito de contestación en el que, entre otros argumentos, indicó que no
se aportó prueba que acreditara el ejercicio de autoridad dentro de los 12 meses
anteriores a la elección, y que la interpretación de la causal de inhabilidad invocada
no podía castigar la mera posibilidad del ejercicio de esa autoridad. Solicitó como
pruebas que se decretaran 2 testimonios que tenían por objeto declarar sobre la
forma en que Elkin Darío Arcila Giraldo desempeñó su cargo.
El Tribunal negó la solicitud de decreto de pruebas testimoniales, en auto del 17 de
septiembre de 2021, por el incumplimiento de los criterios de utilidad y necesidad,
ya que la naturaleza de los hechos que configuraban la inhabilidad se demostraba
con las pruebas documentales aportadas. La anterior decisión fue recurrida en
reposición y apelación por la parte demandada, con sustento en que los testimonios
se requerían para conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que Elkin
Darío Arcila Giraldo ejecutó sus funciones, y determinar el elemento subjetivo de la
causal de pérdida de investidura invocada.
1.2.3. La Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia emitió
auto el 1 de octubre de 2021 en el que no repuso el auto del 17 de septiembre del
mismo año y concedió en el efecto devolutivo el recurso de apelación. De otra parte,
la Sala Plena de la misma Corporación judicial emitió sentencia de primera instancia
el 21 de octubre de 2021, en la que decretó la pérdida de investidura de Aura
Marleny Arcila Giraldo como concejal del municipio de Medellín para el periodo
2020-2023, por encontrar acreditados los elementos objetivo y subjetivo de la causal
de inhabilidad contenida en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994.
La parte demandada presentó escrito de nulidad en contra del fallo del 21 de octubre
de 2021 por la causal genérica de violación del debido proceso. También presentó
apelación de sentencia por ausencia de pruebas de la culpa grave o dolo y por
indebida interpretación de la causal de inhabilidad.
1.2.4. La Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia negó la
solicitud de nulidad en contra de la sentencia, en auto del 12 de noviembre de
2021, providencia que fue objeto de reposición y apelación, recursos despachados
desfavorablemente en auto del 1 de diciembre de 2021, no obstante, esta última
providencia fue sujeta de los recursos de reposición y queja, de los cuales, solo este
último se concedió en auto del 19 de enero de 2022.
1.2.5. El recurso de apelación interpuesto en contra del auto del 17 de septiembre
de 2021 fue resuelto por la Sección Primera del Consejo de Estado en providencia
del 21 de abril de 2022, en el sentido de confirmar la decisión que negó el decreto
de pruebas. Indicó que los testimonios solicitados no eran pertinentes ya que no
guardaban relación con el hecho indicado como constitutivo de la causal de pérdida
de investidura. La parte demandada formuló nulidad en contra del auto del 21 de
abril de 2022 por vulneración del debido proceso y por la configuración de los
dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el
mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban
realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma fecha”.
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defectos procedimental absoluto y de desconocimiento de la jurisprudencia del
Consejo de Estado.
1.2.6. Agotado el trámite de rigor, la Sección Primera de esta Corporación, por un
lado, en auto del 16 de agosto de 2022 declaró bien denegado el recurso de
apelación interpuesto en contra del auto del 12 de noviembre de 2021, y, por otro
lado, en auto del 10 de octubre de 2022, negó la solicitud de nulidad formulada en
contra del auto del 21 de abril del mismo año, pues encontró que no se acreditó que
se hubiera aportado, decretado o practicado una prueba con violación del debido
proceso o con desconocimiento de los derechos de defensa y contradicción,
además de que, en el marco de las nulidades, no era objeto de revisión la
apreciación y valoración probatoria.
En contra de la providencia del 10 de octubre de 2022 la parte demandada presentó
recurso de reposición y, en subsidio, súplica, con fundamento en los mismos
argumentos del escrito de nulidad. La Sección Primera del Consejo de Estado, en
auto del 11 de enero de 2023, resolvió no reponer la decisión controvertida y
declarar improcedente el recurso de súplica, proveído recurrido en reposición y
confirmado en auto del 10 de abril de 2023.
1.2.7. Finalmente, el recurso de apelación de sentencia fue admitido en auto del 15
de noviembre de 2022 y resuelto en fallo de segunda instancia del 5 de mayo de
2023 por la Sección Primera del Consejo de Estado, autoridad que confirmó la
decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.
Como fundamento de su decisión, el Alto Tribunal encontró probada la calidad de
concejal de la demandada y su parentesco (hermanos) con Elkin Darío Arcila
Giraldo, y abordó el marco normativo y jurisprudencial del medio de control de
pérdida de investidura, de la conducta dolosa y gravemente culposa como elemento
subjetivo de la causal de pérdida de investidura, y de la inhabilidad contenida en el
numeral 4 del artículo 40 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la
Ley 617 de 2000.
En particular, identificó que, de los supuestos fácticos contenidos en la norma para
la configuración de la inhabilidad, en el presente asunto consistía en la imposibilidad
de: (i) ser candidato o elegido concejal, (ii) quien tenga vínculo por parentesco con
funcionarios que, (iii) dentro de los 12 meses anteriores a la elección, hayan ejercido
autoridad administrativa (iv) en el respectivo municipio.
En el caso concreto, además de la condición de concejal y la relación de parentesco,
el Alto Tribunal tuvo en cuenta que las pruebas aportadas al proceso daban cuenta
que Elkin Darío Arcila Giraldo asumió la condición de funcionario público entre el 18
de enero de 2016 y el 28 de febrero de 2021 como Subgerente Comercial de
Fomento y Desarrollo, nivel directivo, código 090, grado 03, adscrito a la Gerencia
General del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), establecimiento público
de carácter departamental, descentralizado, con personería jurídica, autonomía
administrativa y con patrimonio independiente.
En cuanto a que haya ejercido como autoridad administrativa, explicó que, de
acuerdo con la jurisprudencia de esa sección y el artículo 190 de la Ley 136 de 1994,
se debe analizar un criterio orgánico, concerniente a la facultad que tiene el alcalde,
los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes
o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas
especiales, como superiores de los correspondientes servicios municipales; y un
criterio funcional, que comprende “a los empleados oficiales autorizados para
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celebrar contratos o convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales;
[…]”.
Indicó que el cargo de Subgerente Comercial de Fomento y Desarrollo, conforme a
las pruebas, es un empleo directivo que tiene como propósito gestionar las
actividades de colaboración de créditos, asesoría y capacitación de clientes, así
como contribuir con la comercialización de las captaciones, y tiene delegada la
competencia por parte del Gerente General para realizar funciones de ordenación
del gasto, expedición de actos administrativos relativos a la actividad precontractual,
contractual y post-contractual, y celebrar contratos relacionados con las líneas de
crédito y algunos servicios financieros que presta el IDEA.
Denotó que al proceso se aportó copia del contrato de crédito núm. 011 del 23 de
julio de 2020, hasta por la suma de 2.954.000 millones de pesos, suscrito entre Elkin
Darío Arcila Giraldo en su condición de subgerente, y el representante legal de
Terminales de Transporte de Medellín SA. Por lo expuesto, manifestó:
“96. […] es claro que, desde el punto de vista funcional, al haberse desempeñado el
señor Elkin Darío Arcila Giraldo en el cargo de Subgerente Comercial de Fomento y
Desarrollo de un establecimiento público del orden departamental, el cual, en los
términos de las resoluciones de gerencia núms. 0616-13 de 4 de octubre de 2013 y
110-15 de 26 de febrero de 2015, ostentaba funciones delegadas de ordenación del
gasto y celebración de contratos y convenios, sin consideración a la cuantía, en
relación con los procesos liderados y objetivos misionales de su dependencia, se
entiende que ejerció autoridad administrativa.
97. Para esta Sala no son de recibo los argumentos presentados por la Concejal, en
cuanto señaló que no se probó el ejercicio material de autoridad porque ostentar la
función no implica su ejercicio, en los términos del numeral 5.° del artículo 179 de la
Constitución Política, y que, en el marco de una interpretación ceñida a la norma, la
jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y de las Secciones
Quinta y Primera se debían replantear, favoreciendo la literalidad y la favorabilidad
en relación con el sujeto pasivo del proceso de pérdida de investidura.
[…]
99. Y es que, como lo expuso el Tribunal y lo ha considerado el Consejo de Estado
en diversas providencias, el propósito de la precitada inhabilidad no es otro que
evitar que un candidato a un cargo público de elección popular se valga de la
autoridad, posición política o prerrogativas de un pariente en los grados previstos en
la ley, para comprometer el cumplimiento de los principios que rigen los certámenes
electorales como el de la igualdad, razón por la cual la expresión “hayan ejercido” a
que se refiere la inhabilidad, sub examine, no se puede interpretar de forma que
vacíe de contenido las previsiones del Constituyente y el legislador 3, orientadas a
prevenir, por ejemplo, el nepotismo. De ahí que, se reitera, la autoridad se tiene por
ejercida con el solo hecho de demostrar que las funciones atribuidas al cargo la
implican y, en ese orden, las mismas se ejerce por el hecho de detentarlas”.
La Sección Primera del Consejo de Estado consideró que Aura Marleny Arcila
Giraldo fue elegida concejal para el Distrito de Medellín, y que el IDEA tiene por
objeto la cooperación para el fomento económico, social y cultural en el
Departamento de Antioquia, su presupuesto es aprobado por la Asamblea
Departamental y estuvo probado que tiene sede en el referido municipio. Por lo
tanto, concluyó:
“109. Al respecto y como se explicó supra, el precitado Instituto para el Desarrollo
de Antioquia es una entidad descentralizada del orden departamental de Antioquia
y, como elemento relevante, se encuentra probado que tiene su sede en el Distrito
de Medellín, lo cual permite a la Sala concluir, por un lado, que el área de influencia
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 22 de
julio de 2021. C.P. Rocío Araújo Oñate (E), número único de radicación 05001-23-33-000-2019-
02965-01.
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del Instituto, tanto a nivel administrativo como funcional, comprende al Distrito en
que tiene su sede; y, por el otro, en consecuencia, que el Subgerente Comercial de
Fomento y Desarrollo del IDEA ejerce autoridad administrativa en el Distrito donde
resultó elegida la Concejal”.
Frente al elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura, la Sección
Primera encontró probada con la hoja de vida de la demandada, que su capacidad
cognitiva le permitía conocer la Ley 136 de 1994 y entender y premeditar su actuar,
o por lo menos, indagar si incurría en alguna prohibición de su candidatura, pese a
la condición que tenía su pariente, pues no era suficiente afirmar que obró con la
convicción y buena fe de proceder con rectitud, sino que debía acreditar buena fe
calificada, motivada por un error invencible sustentado al amparo de la
jurisprudencia vigente o de asesoría adecuada.
1.2.8. La parte demandada presentó memorial de aclaración y adición de la
sentencia del 5 de mayo de 2023, con la solicitud de aplicación de la regla
jurisprudencial establecida en el fallo SU-207 de 2022 de la Corte Constitucional, o
que, en su defecto, se explicara por qué razón no se tuvo en cuenta; además, reiteró
argumentos sobre nulidades formulados en anteriores oportunidades.
Al respecto, la Sección Primera del Consejo de Estado, en auto del 16 de junio de
2023, negó las mencionadas peticiones. Explicó que, más allá de buscar aclarar
conceptos o frases que ofrezcan motivo de duda o de asuntos que debían ser objeto
de pronunciamiento, el memorialista pretenden cuestionar la providencia de
segunda instancia para reabrir el debate sobre la configuración de la inhabilidad, y
los autos que decidieron sobre nulidades interpuestas en distintas ocasiones. Así
mismo, consideró que el cargo relativo al fallo SU-207 de 2022 no fue presentado
en el recurso de apelación y, por lo tanto, era novedoso, pero, en todo caso, citó las
consideraciones de la sentencia sobre el ejercicio de la autoridad administrativa en
el municipio de Medellín.
Por último, la parte demandante radicó nuevamente solicitud de nulidad en términos
similares a las anteriores oportunidades, no obstante, la Sección Primera del
Consejo de Estado, en auto del 6 de octubre de 2023, la negó, por las
consideraciones y motivos expuestos en otras providencias.
1.3. Pretensiones y argumentos de la acción de tutela
1.3.1. Aura Marleny Arcila Giraldo solicitó al juez constitucional que ampare sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la prueba, a la defensa, a la
contradicción, a la legalidad, a la debida valoración de pruebas y al acceso a la
administración de justicia; deje sin efecto las decisiones proferidas por la Sección
Primera del Consejo de Estado en el expediente con radicado núm. 2021-01485-00
y, en consecuencia, le ordene a dicha autoridad que profiera una nueva providencia
ajustada a la Constitución y la Ley. También, que adopte las medidas que considere
pertinentes para evitar que se vuelva a vulnerar garantías fundamentales.
La tutelante argumentó que, de acuerdo con la sentencia SU-207 de 2022, que
estableció una regla jurisprudencial aplicable al caso concreto, la interpretación de
la inhabilidad contenida en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 exige
que esté probado el ejercicio de la autoridad a partir de una valoración ajustada a
los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y no solo revisar la potencialidad
de ejercer el poder con valoraciones abstractas basadas en consideraciones
formales sobre la naturaleza de la entidad, so pena de establecer un régimen de
responsabilidad objetivo proscrito en el ordenamiento jurídico.
Manifestó que, aunque realizó insistentes esfuerzos a través de la interposición de
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recursos, nulidades y solicitudes de aclaración o adición de sentencia, para que
fuera aplicada la regla jurisprudencial delimitada en la sentencia SU-207 de 2022,
la Sección Primera hizo caso omiso y desconoció ese precedente constitucional
vinculante, el cual imponía la práctica de pruebas, incluso en segunda instancia.
Afirmó que la autoridad accionada consideró equivocadamente en el auto del 16 de
junio de 2023 para evitar su estudio en el caso concreto, que los argumentos sobre
la aplicación de la regla contenida en la sentencia SU-207 de 2022 eran novedosos
debido a que no estaban en el escrito de apelación, con lo cual exigió el
cumplimiento de un imposible porque el recurso data de noviembre de 2021; y que
excedió el principio de legalidad en materia sancionatoria con vulneración de los
derechos fundamentales, pues realizó una interpretación contra legem de la norma
que contiene la inhabilidad, la cual castiga el ejercicio de autoridad y no la mera
posibilidad de hacerlo o la simple detención del poder.
Sostuvo que la sentencia del 5 de mayo de 2023 no realizó un análisis probatorio
acorde con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, ya que la valoración
de las pruebas fue antojadiza y quebrantó su derecho a probar, y que,
“irónicamente”, la providencia recriminó que la concejal no peticionó pruebas ni
demostró que hubiera realizado consultas jurídicas o jurisprudenciales para conocer
si incurrió en la inhabilidad.
La parte tutelante expresó que su hermano no ejerció ni detentó autoridad alguna,
y que tampoco se demostró en el proceso ordinario que hubiera ejecutado funciones
con actos o contratos en Medellín en el periodo prohibitivo de la inhabilidad, puesto
que “fue sumamente diligente para evitar verse incurso en inhabilidades e
incompatibilidades, o un conflicto de intereses”.
Denotó que con los testimonios que no fueron decretados “se pretendía demostrar
entre otras razones, que dicha delegación no fue ejercida en el período prohibitivo
o mejor aún fue revocada por el delegante para todo lo que tuviera que ver con el
Municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas, por lo que, nunca pudo
influir de manera indirecta o directa al electorado, produciendo los resultados y
efectos que pudieran efectivamente atentar contra el equilibrio de la contienda
electoral y la igualdad entre candidatos”. Por lo expuesto, aseguró que se vulneró
su derecho al debido proceso previsto en el artículo 29 Superior.
Cuestionó que el auto del 6 de octubre de 2023 negó la solicitud de nulidad
formulada, no obstante que se configuró el defecto por exceso ritual manifiesto
porque se privó a la demandada de allegar pruebas al proceso que fueron pedidas
oportunamente. Indicó que el trámite de desinvestidura se convirtió en proceso
inquisitorial con capricho judicial y la comisión de auténticas vías de hecho, ya que,
incluso, la Sección Primera aseguró que el hermano de la tutelante ejerció el cargo
de gerente de una entidad descentralizada.
Por las razones expuestas, la parte accionante consideró que la Sección Primera
incurrió en los defectos sustantivo por violación del precedente jurisprudencial
vinculante, por desconocimiento de las normas que regulan el derecho a probar, y
por indebida interpretación de la Ley.
1.4. Trámite en primera instancia
1.4.1. En primera instancia, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió auto,
el 18 de enero de 2024, en el que admitió la tutela; vinculó a la Procuraduría
General de la Nación, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al
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Tribunal Administrativo de Antioquia y a Luis Humberto Guidales García y ordenó la
notificación de los sujetos procesales4.
1.4.2. La Procuraduría General de la Nación contestó que los hechos planteados
en la tutela le son ajenos a sus competencias por lo que solicitó su desvinculación
por falta de legitimación en la causa por pasiva5.
1.4.3. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional,
o se nieguen las pretensiones de amparo, para lo cual reiteró los argumentos
contenidos en la sentencia del 5 de mayo de 20236 y adujo que la sentencia SU-207
de 2022 no constituyó precedente para el caso concreto porque abordó supuestos
de hechos distintos, pero que, en todo caso, la providencia objeto de tutela respetó
la regla establecida por la Corte Constitucional.
1.5. Sentencia de tutela de primera instancia
La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia, el
15 de febrero de 20247, en la que declaró improcedente la solicitud de amparo por
falta del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Como fundamento
de su decisión, indicó que el argumento relacionado con la sentencia SU-207 de
2022 fue formulado apenas con la solicitud de aclaración y adición de sentencia y
en escrito posterior de nulidad, por lo que la Sección Primera tenía vedado
pronunciarse al respecto, tal y como lo resolvió en auto del 6 de octubre de 2023,
es decir, que el cargo consiste en un inconformismo con las conclusiones a la que
llegó la autoridad judicial y busca insistirlo pese a que ya fue estudiado en la
instancia correspondiente.
Arguyó que la tutela carece de suficiencia argumentativa, porque los elementos que
pretendían desvirtuar los testimonios no decretados, fueron abordados en el fallo de
segunda instancia con otras pruebas que no fueron controvertidas en el escrito de
amparo. Agregó que la accionante busca reabrir el debate ordinario desde una
óptica puramente legal y probatoria con el fin de lograr un pronunciamiento de
tercera instancia.
1.6. Impugnación
1.6.1. La parte accionante presentó impugnación en contra de la sentencia del 15
de febrero de 2024, con fundamento en los mismos argumentos del escrito de tutela8
y en que la solicitud de amparo sí superó el requisito de relevancia constitucional.
Además, adujo que, desde antes de que presentara recurso de apelación, una
interviniente solicitó la aplicación de la sentencia SU-207 de 2022.
4
Documento contenido en el índice 10 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai,
con certificado 2440129D3C5F167A-FD09C7D9222D77A0 357EF5A8BCCB3C19
97B158E76FF16C4A.
5
Documento contenido en el índice 16 ibidem, con certificado núm. 1C86D815701D4553
95FD5F26BC30DF06 39A28ED7990E8C17 8E5C1F51466B3180.
6
Documento contenido en el índice 17 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai,
con certificado núm. 25BDD639811797BE 914F0B0AC9827215 CA5D770E558C1AA9
B2DA6C3D8D294497.
7
Documento contenido en el índice 21 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai,
con certificado núm. 4CF2E82997EAB6EA 427B789547CBF7A2 702EA5F55C6C1E4B
15A8E3A53A315759.
8
Documento contenido en el índice 26 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai,
con certificado núm. 4E3CC7D8E8852057 476C4E1FFEA27833 17A4FEABA3464E2F
4F9AA8D48A560460.
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I. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sala tiene competencia para conocer de la impugnación presentada, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y en el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
2.2. Legitimación en la causa
La legitimación en la causa por activa de Aura Marleny Arcila Giraldo se
encuentra acreditada, puesto que fue la parte demandada dentro del proceso de
pérdida de investidura con radicado núm. 2021-01485-03 en el que se profirieron
las providencias objeto de reparo, en particular, la sentencia del 5 de mayo de 2023
y, por lo tanto, es el titular de los derechos fundamentales cuyo amparo pretende.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sección
Primera del Consejo de Estado, en la medida en que fue la autoridad que emitió la
sentencia del 5 de mayo de 2023 y el auto del 16 de junio de 2023 que, según el
tutelante, desconoció el precedente constitucional y vulneró sus derechos
fundamentales.
2.3 Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de Constitucional debe, de forma preliminar,
realizar un examen de procedibilidad general de la acción; pues, solo una vez
verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el
pronunciamiento de fondo sobre la problemática jurídica que el actor plantea en
función de los defectos que aduce a la actuación acusada y conforme a las causales
específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales9.
2.3.1. Relevancia constitucional.
En las acciones de tutela contra providencias judiciales, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”10.
9
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se
concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si
en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente
para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece
de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen
del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material
de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales,
en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo
lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad
de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los
jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el
artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
10
Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07437-01
Accionante: Aura Marleny Arcila Giraldo
Quien solicita el amparo debe cumplir con la carga de exponer las razones por las
que el reproche a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende
de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria, a una cuestión con
relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la jurisprudencia
como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto11.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional fijó como criterios para definir
el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en tutela
gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el
reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un
defecto. Además, indicó que, si la providencia objeto de reparos fue emitida por una
Alta Corte, el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica
verificar la existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
2.3.2. Requisito de inmediatez
En relación con el requisito de inmediatez, es preciso resaltar que, si bien la acción
de tutela puede ser presentada en cualquier momento y lugar, su finalidad es la
protección inmediata de los derechos fundamentales, de manera que se debe
ejercer dentro de un plazo razonable, según las condiciones de tiempo, modo y lugar
del caso concreto, para asegurar la protección oportuna del derecho vulnerado. De
lo contrario, la urgencia y la necesidad de intervención del juez de tutela quedarían
desvirtuadas.
Ahora, cuando la solicitud de amparo se presenta en contra de una providencia
judicial, el requisito de inmediatez también se traduce en una garantía de seguridad
jurídica y de los intereses de terceros, pues la sentencia o auto que se cuestione,
previamente ha definido un litigio y una situación jurídica en particular. Por esta
razón, este tipo de solicitudes exige una mayor rigurosidad12, al punto que la
doctrina constitucional ha definido la razonabilidad, prima facie, en un lapso de seis
meses13.
2.4. Caso concreto
Antes de analizar el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad en el presente
asunto, por un lado, resulta oportuno aclarar que, pese a que la tutelante adujo la
configuración de los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente
judicial, lo cierto es que sus argumentos resultan atinentes a los defectos fáctico,
por la vulneración de su derecho a ejercer la defensa desde el ámbito probatorio,
de pedir y que le decreten pruebas, y de desconocimiento del precedente
constitucional, referente a la indebida interpretación de las normas de regulan la
causal de pérdida de investidura conforme a la regla establecida en la sentencia
SU-207 de 2022.
11
Cfr. sentencia C-590 de 2005.
12
Tal criterio fue sistematizado en la sentencia T-246 de 2015 Cfr. Sentencias: T-315 de 2005, T-
541 de 2006, T-1009 de 2006, T-594 de 2008, T-410 de 2013 y T-206 de 2014, entre otras.
13
Sobre este lapso de seis meses, ha habido una continua comunicación concordante entre la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, quienes, como tribunales de cierre
en sus jurisdicciones lo han definido como razonable. Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal
Constitucional T-246 de 2015, se alude a este criterio a partir de la sentencia proferida por la Sala
Plena de esta Corporación, del 5 de agosto de 2014, en la que, explícitamente, “(…) la Sala
Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias
judiciales se ejerce oportunamente”. (Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01). Léase también
en las sentencias T-269 de 2018 y T-079 de 2018.
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Accionante: Aura Marleny Arcila Giraldo
Por otro lado, es necesario precisar que todos los argumentos del escrito de amparo
se sintetizan en que la Sección Primera del Consejo de Estado vulneró los derechos
fundamentales invocados por la accionantes porque: i) no se decretaron como
pruebas dentro del proceso ordinario, los testimonios que estaban dirigidos a
exponer de qué forma Elkin Darío Arcila Giraldo desempeñó las funciones del cargo,
que permitían demostrar que no ejerció como autoridad administrativa, y, ii) la
interpretación de la inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136
de 1994 conforme a regla establecida por la sentencia SU-207 de 2022 de la Corte
Constitucional.
2.4.1. Pues bien, frente al primer reparo, cabe recordar que Aura Marleny Arcila
Giraldo solicitó dentro del proceso ordinario, en el escrito de contestación de
demanda, que fueran decretadas como pruebas dos testimonios que tenían la
finalidad de exponer la forma en que Elkin Darío Arcila Giraldo ejerció las funciones
de su cargo.
Al respecto, el Tribunal Administrativo de Antioquia emitió auto, el 17 de septiembre
de 2021, en el que negó la petición de decreto de pruebas de la demandada. Dicha
decisión fue objeto de reposición y apelación. En segunda instancia, la Sección
Primera del Consejo de Estado confirmó la providencia recurrida, en auto del 21 de
abril de 2022. En contra de esta última providencia, Aura Marleny Arcila Giraldo
presentó solicitud de nulidad que fue negada en proveído del 10 de octubre de 2022
que, a su vez, fue controvertido en reposición y, en subsidio, súplica.
Finalmente, la Sección Primera del Consejo de Estado resolvió, en auto del 11 de
enero de 2023, no reponer la anterior decisión y declaró improcedente la súplica,
providencia recurrida en reposición y confirmada el 10 de abril de 2023.
De lo expuesto, la Sala observa que la actuación que la parte tutelante cuestiona
con el cargo de amparo, esto es, el no decreto de las pruebas testimoniales, quedó
resuelto con el auto emitido el 10 de abril de 2023, que fue notificado por estado el
17 de abril siguiente y que quedó en firme el 20 del mismo mes y año14.
En ese orden, el plazo de 6 meses que la jurisprudencia de esta Corporación ha
considerado como razonable para acudir a la administración de justicia en ejercicio
de la acción de tutela contra providencia judicial, contados a partir de la notificación
y ejecutoria del referido auto, venció el 20 de octubre de 2023, empero, la solicitud
de amparo fue interpuesta el 11 de diciembre de 2023, es decir, luego de
transcurridos 2 meses y 21 días, motivo por el cual resulta forzoso concluir que la
tutela no superó el requisito de inmediatez.
2.4.2. El segundo reparo de tutela consiste, en términos generales, en que la
Sección Primera incurrió en una indebida interpretación de las normas que regulan
la causal de pérdida de investidura invocada en la demanda, por desconocimiento
de la regla jurisprudencial sobre la materia contenida en la sentencia SU-207 de
2022, según la cual, debe quedar probado el ejercicio de la autoridad administrativa
para la configuración del supuesto de hecho de la inhabilidad. Al respecto, cabe
denotar que la Corte Constitucional indicó en la mencionada sentencia, lo siguiente:
66. De lo expuesto es posible identificar casos en los cuales se impugna la elección
de un funcionario del nivel municipal alegando las relaciones de parentesco con
funcionarios de niveles territoriales superiores. En esos eventos, la jurisprudencia
muestra algunas discrepancias acerca del tipo de examen que debe realizar el juez
electoral. De una parte, es posible encontrar aquellos pronunciamientos que a partir
de un criterio exclusivamente formal indican que la vinculación a una entidad adscrita
14
Ver índice 42 en el expediente con radicado núm. 05001-23-33-000-2021-01485-01 en la
plataforma Samai.
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a un nivel territorial superior es suficiente para dar por cumplido el factor territorial y
la probabilidad de ejercer la autoridad también el factor objetivo. Sin embargo, otros pronunciamientos realizan un escrutinio más detallado de las
probabilidades materiales de influencia de la entidad del nivel superior (sentencias
del 28 de enero de 2003, 2 de septiembre de 2005, 7 de diciembre de 2016 y 29 de
junio de 2021). En esa dirección el análisis se orienta a establecer la probabilidad
de incidencia efectiva en el nivel territorial correspondiente examinando, por
ejemplo, si de acuerdo con sus actividades, existía una probabilidad real de ejercer
la autoridad administrativa. Si se examinan con detalle esas providencias parece
requerirse un escrutinio que evidencie una probabilidad material de que las
gestiones departamentales tengan réplicas en el nivel municipal. 67. La distinción metodológica referida al analizar los casos permite evidenciar
entonces la existencia de dos posibilidades de análisis respecto del ejercicio de la
autoridad administrativa cuando ella tiene lugar desde el departamento hacia el
municipio. Ello impone a la Corte la necesidad de establecer, desde el punto de vista
constitucional, cuál es el estándar constitucionalmente admisible en esta materia. Y,
a juicio de la Sala, la segunda orientación metodológica es la correcta al menos por
las siguientes cuatro razones. 67.1. El examen sobre la aptitud de incidencia desde el departamento hacia el
municipio no puede ser automático. Ello obedece a que el ejercicio del cargo, desde
el nivel superior, no incide necesariamente, en cada uno de los niveles inferiores. 67.2. Teniendo en cuenta la distinción referida, el juez electoral debe ser
especialmente cuidadoso a efectos de evidenciar la probabilidad real de incidencia,
de modo tal que no se restrinja injustificadamente el derecho de acceder a cargos
públicos ni la eficacia del voto. Para la Sala Plena este principio unido al pro homine
exigen interpretar la inhabilidad no solamente a partir del ejercicio del cargo (visión
estricta). Es necesario que el ejercicio de funciones tenga la capacidad de afectar la
voluntad democrática, producir desigualdad entre los competidores y la utilización
de la cosa pública para desequilibrar el debate electoral (visión pro homine). Una
interpretación amplia vulnera los derechos fundamentales a elegir (cuyos titulares
son los electores) y a ser elegido y el de ejercicio de la función pública (cuyo titular
es el elegido). 67.3. La interpretación restrictiva de las causales de inhabilidad debe incidir no
solo en la definición de los términos que la configuran, sino en el estándar probatorio
para darla por acreditada. En efecto, en el supuesto al que ahora se refiere la Corte
se requiere del juez una actividad detallada con el fin de establecer la
probabilidad de ejercicio de la autoridad administrativa en el municipio. Bajo
esa perspectiva la regla según la cual la autoridad se ejerce por el solo hecho de
detentarla no puede ser aplicada estrictamente dado que es necesario que el
ejercicio sea por lo menos probable. 67.4. La prevalencia del derecho sustancial sobre el formal exige que el juez
electoral, en casos como el ahora examinado, no se limite a tomar en cuenta el factor
orgánico o funcional. Debe valorar la probabilidad real de ejercer la autoridad
administrativa en el municipio en el cual su familiar fue electo. 68. Conforme con lo anterior, la Corte encuentra necesario establecer una regla en
virtud de la cual (i) cuando deba determinarse la configuración de la inhabilidad de
un funcionario municipal electo y (ii) se alegue para ello su parentesco con un
funcionario que ocupa un cargo en el nivel departamental, (iii) corresponde a la
autoridad judicial realizar una valoración probatoria concreta y ajustada al principio
de razonabilidad y proporcionalidad.
Por lo tanto, (iv) es exigible un examen
específico de la probabilidad real y materialmente posible de ejercer la
autoridad administrativa en el mismo municipio del candidato, de modo que (v) no
es posible la valoración genérica o abstracta, fundada en la regla según la cual la
autoridad se ejerce por el solo hecho de detentarla, a partir de consideraciones
formales sobre la naturaleza de la entidad o el tipo de funciones asignadas”. (La
Sala subraya y resalta)
Pues bien, de lo expuesto, la Sala observa que resulta irrelevante determinar si la
providencia antes citada comparte o no identidad fáctica con el asunto concreto para
ser precedente vinculante constitucional, si la Sección Primera tenía la obligación
de atender en su sentencia la regla delimitada por la Corte Constitucional así no
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hayan sido invocada por la demandada en el recurso de apelación, o si la aclaración,
complementación o corrección del fallo es el escenario para formular argumentos
en contra de una decisión de fondo. Lo anterior, ya que la parte accionante justificó
sus argumentos de la tutela en una interpretación que no corresponde con la regla
establecida por la Corte Constitucional.
En efecto, revisada la sentencia SU-207 de 2023, no es posible afirmar que la
inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 exige que
quede probado el ejercicio de la autoridad administrativa en el respectivo territorio,
en la medida en que la regla establecida por la Corte Constitucional, en verdad,
consiste en que el juez debe realizar un “examen específico de la probabilidad real
y materialmente posible de ejercer la autoridad administrativa en el mismo
municipio del candidato” (la Sala resalta).
Es decir, los términos utilizados por el Alto Tribunal, lejos de requerir la demostración
de que se ejecutó el poder de autoridad administrativa, buscan asegurar que la
probabilidad y posibilidad del ejercicio de esa autoridad por parte del familiar del
candidato o elegido en ese mismo municipio, sea existente y cierta, y no una mera
suposición o conjetura derivada de un análisis formal de su vinculación con una
determinada entidad o de las funciones.
En ese orden, dado que todos los cargos de amparo analizados en esta oportunidad
parten de una regla jurisprudencial que no está contenida en la sentencia SU-207
de 2022, los argumentos que pretenden justificar una indebida aplicación de las
normas que prevén la causal de inhabilidad se reducen a simples consideraciones
particulares en la interpretación de las mismas.
En consecuencia, dado que la tutela no es un mecanismo judicial que posibilite
agotar una instancia adicional dentro de un proceso judicial o que permita debatir
inconformidades con las decisiones judiciales o divergencias interpretativas de la
Ley, so pena de que el juez constitucional invada la competencia propia del juez
natural de pérdida de investidura, el presente asunto carece de relevancia
constitucional.
En todo caso, la Sala denota que las críticas de la tutela buscaron aducir que no se
probó el efectivo ejercicio del poder de autoridad administrativa, no obstante, no
atribuyeron la configuración de un defecto en los argumentos que sustentaron la
decisión de la sentencia del 5 de mayo de 2023, que encontraron demostrado, con
documentos aportados al proceso ordinario, las facultades de ordenador del gasto
y para contratar que tiene el cargo de Subgerente Comercial de Fomento y
Desarrollo del Instituto para el Desarrollo de Antioquia que desempeñó Elkin Darío
Arcila Giraldo durante el tiempo de inhabilidad, y que dichas facultades podían ser
ejercidas en el municipio de Medellín.
En conclusión, al tener en cuenta que la Sección Quinta del Consejo de Estado
declaró improcedente la solicitud de amparo, la Sala confirmará la sentencia de
primera instancia del 15 de febrero de 2024, pero por falta de los requisitos de
inmediatez y relevancia constitucional
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
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Accionante: Aura Marleny Arcila Giraldo
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 15 de febrero de 2024 proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, pero por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por
el medio más expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Firmado electrónicamente
DACJ
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