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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07443-01

Fecha
11 de abril de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07443-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 19 de febrero de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 24 Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-07443-01 Actores: Floricenta Romero Mosquera y otros

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-07443-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

11 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-07443-01
Actores: Floricenta Romero Mosquera y otros1
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera
Subsección C y otros2

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedibilidad de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad, ii) debido proceso y iii) acceso
a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por los actores contra la sentencia de
tutela de 19 de febrero de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la acción de
tutela.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 “[…] Quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad J.C.C.R., Y.I.C.R. y

S.X.C.R. Se debe precisar que si bien la actora también manifestó actuar en representación de sus hijos
Breiner Levi, Jhon Wilder e Ingrit Melisa Caicedo Romero, a quienes también referenció como menores de
edad, lo cierto es que, revisado los registros civiles de nacimiento obrantes en el expediente, se advierte que
los mismos ya son mayores de edad, por lo que, en aras de garantizar sus derechos de contracción y defensa,
se tendrán como terceros con interés […]”.
2 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado

en forma digital.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-07443-01
Actores: Floricenta Romero Mosquera y otros

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1.Los actores, a través de apoderado3, presentaron acción de tutela contra la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y el Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá, porque, a su
juicio: i) el Tribunal, al proferir la sentencia de 7 de junio de 2023; y ii) el Juzgado,
al proferir la sentencia de 27 de julio de 2021, en el proceso adelantado en ejercicio
del medio de control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 11001333603220150034801: vulneraron sus derechos fundamentales
invocados supra.

Presupuestos fácticos

2.Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3.Señalaron que, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional y el Distrito Capital de Bogotá con el fin de que se les declarara “[…]
extracontractualmente responsables por los perjuicios morales, a la vida de
relación y materiales por daño emergente, causados como consecuencia del
fallecimiento de Wilber Caicedo Arboleda […]”.

4.Indicaron que, el Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá,
mediante sentencia de 27 de julio de 2021, negó las pretensiones de la demanda.

5. Manifestaron que, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 7 de junio de 2023,
resolvió:

“[…] SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de julio de 2021, proferida por el
Juzgado 32 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., conforme a las
razones expuestas en esta providencia. […]”.

3 Cfr.índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “ED_PODERES_7_12_20231(.pdf) NroActua 2”.
Archivo aportado en forma digital.

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Actores: Floricenta Romero Mosquera y otros

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] En el criterio de la Sala debe confirmarse la sentencia de primera instancia,
porque la parte demandante no logró acreditar que el daño antijurídico derivado del
fallecimiento del señor Wilber Caicedo Arboleda fuera consecuencia de presuntos
golpes o agresiones ocasionadas por agentes de la Policía Nacional, en tanto, la
víctima fue conducida a la Unidad Permanente de Justicia debido a su estado de
ebriedad y exaltación personal en el contexto de alteración del orden público en el
cual fue hallado, ingresando a la unidad con una lesión superficial en su frente sin que
manifestara dolor o exteriorizara urgencia, circunstancia que, no obstante, se reveló
como una lesión grave de forma posterior, cuyo origen es atribuido a una caída,
posibilitada por las condiciones en las que se encontraba, circunstancia ante la cual,
la demandada desplegó acciones para lograr la atención médica inmediata del
afectado.

Para resolver el problema la Sala estudiará los presupuestos procesales de la acción,
los límites a la competencia del Juez de segunda instancia, la cláusula general de
responsabilidad del Estado Social de Derecho, el régimen de imputación derivado de
falla del servicio, la carga de la prueba y el caso en concreto […]”.

[…]

“[…] En primer lugar, el señor Caicedo Arboleda fue detenido debido a su participación
en hechos de alteraciones del orden público, específicamente por su estado de
ebriedad y exaltación personal. Posteriormente, fue conducido a la Unidad
Permanente de Justicia (UPJ) de Puente Aranda, medida de policial (sic) destinada a
salvaguardar su seguridad personal, dada su situación de indefensión y el contexto
de violencia pública en el que fue detenido.

En segundo lugar, no existe prueba o indicio que permita afirmar que las lesiones
fueron causadas por agentes estatales. Ciertamente, no hay evidencia de que los
funcionarios de policía hayan infligido daño al momento de intervenir en la riña,
durante el traslado a la estación de policía o durante la estadía en la UPJ. Por lo tanto,
desde el punto de vista fáctico, no se puede establecer una vinculación entre el daño
sufrido y una acción u omisión por parte de la administración pública.

En tercer lugar, la caracterización de la lesión también respalda esta argumentación.
Al ingresar a la UPJ, se registró una excoriación superficial en la frente, que fue
descrita como una raspadura o arañazo. El personal médico que atendió la lesión la
describió en coherencia con lo indicado en el registro de ingreso, como un hematoma
en la frente, incluso no perceptible a simple vista. Estas características son
consistentes con la acción tangencial de un objeto contundente sobre la piel, como
una caída, y no indican necesariamente un acto de violencia por parte de los
funcionarios de policía.

En cuarto lugar, es importante destacar que no se admiten en la UPJ a personas
lesionadas, como se menciona en el protocolo, por lo que la lesión debió presentarse
a los funcionarios como leve, percepción rectificada con la falta de manifestación al
respecto por la víctima directa. El hecho de que el señor Jefferson González, quien
estaba lastimado en la mano derecha, no fuera admitido en la UPJ, respalda esta
afirmación. Esto sugiere que los funcionarios de policía tenían la instrucción de enviar
a las personas detenidas y lesionadas al hospital, mientras que aquellos sin lesiones
graves podían ser admitidos en la UPJ. El señor Caicedo Arboleda no manifestó dolor
ni signos de alarma al momento de su conducción, lo que indica que sus lesiones
graves se manifestaron después de su ingreso a la UPJ.

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Actores: Floricenta Romero Mosquera y otros

Por último, el informe pericial de necropsia realizado por el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses concluyó que la lesión del señor Caicedo
Arboleda podía atribuirse a una caída desde su propia altura, es decir, desde el
ingreso a la UPJ se probó que tenía una excoriación, que luego evolucionó en
hematoma y que finalmente, luego de su complicación posoperatoria, fue la causa de
muerte. Este razonamiento es conclusivo, según la actividad probatoria desplegada
por la actora, y presenta coherencia, toda vez que, primero, no hubo si una sola lesión
determinante en el daño (excoriación), que fue producida antes del ingreso a la UPJ;
y, segundo, es improbable que sobre la misma lesión se ocasionara una lesión
adicional al interior de la UPJ, máxime cuando fue encontrado en circunstancias de
alteración del orden público, presuntamente agredido por una multitud y con aliento
alcohólico, luego es plausible que la lesión haya resultado de esos eventos y no de
una acción de los funcionarios de policía.

En resumen, de acuerdo al material probatorio, se evidenció que: (i) el señor Wilber
Caicedo Arboleda fue detenido en las circunstancias de agresión en riña múltiple, (ii)
en las que resultó lesionado, (iii) siendo evidenciada tal lesión como excoriación en la
frente al ingreso a la UPJ, cuya exteriorización se presentó como leve, lo que llevó a
su admisión, (iv) de la cual, sólo hasta su desmejora, ya en guarda de la Policía
Nacional en dichas instalaciones, fue advertida su gravedad, en tanto, hemorragia
subaracnoidea traumática subyacente, (v) circunstancias en las que no se advierte
que la parte actora desvirtuara el marco fáctico plasmado en las pruebas, en las que
no se evidencia falla del servicio ni desconocimiento de los deberes de garante.

En este orden de ideas, para la Sala no se configura la responsabilidad administrativa
y extracontractual de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional,
por lo que, al no haberse acreditado acción u omisión imputable a la demandada, se
abstendrá de efectuar juicio sobre el nexo de causalidad y la procedencia de los
perjuicios, por sustracción de materia […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. Los actores solicitaron en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: Que se amparen a los Accionantes FLORICENTA ROMERO
MOSQUERA, mayor de edad, en su calidad de compañera permanente del señor
WILBER CAICEDO ARBOLEDA (q.e.p.d.), identificado con la cedula de ciudadanía
Nro. […] de Buenaventura y de sus hijos menores de edad, […], BREINER LEVI
CAICEDO ROMERO, (Actualmente mayor de edad), JHON WILDER CAICEDO
ROMERO, SARA XIMENA CAICEDO ROMERO, YARY ISABELLA CAICEDO
ROMERO, e INGRIT MELISA CAICEDO ROMERO, los derechos fundamentales de
IGUALDAD, al DEBIDO PROCESO, ACCESO REAL A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, en conexidad de los derechos de los niñas, niños y adolescentes a vivir en
condiciones dignas, bienestar y un sano desarrollo junto a sus padres, y los demás
que considere vulnerados el Honorable Magistrado o Consejero de Tutela; los cuales
les fueron vulnerados a los Accionantes por las Accionadas con las decisiones
tomadas en la Sentencia de primera instancia N° 157 del 27 de julio de 2021 y
Sentencia de Segunda Instancia Nro. SC3-23062715 del 07 de junio de 2023,
proferidas dentro del proceso de Reparación Directa Nro.
11001333603220150034800.

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Actores: Floricenta Romero Mosquera y otros

SEGUNDO: Que se ordene dejar sin efectos la Sentencia de primera instancia N° 157
del 27 de julio de 2021 y la Sentencia de Segunda Instancia Nro. SC3-23062715 del
07 de junio de 2023, proferidas por el Juzgado 32 Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá D.C. y Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera
Subsección “C”, respectivamente, proferidas dentro del proceso de Reparación
Directa Nro. 11001333603220150034800, adelantado por FLORICENTA ROMERO y
OTROS en contra de la Policía Nacional y la Secretaria Distrital de Seguridad y
Convivencia y Justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

TERCERO: Que se ordene al Juzgado 32 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá D.C., que en un término no superior a treinta (30) días dicte una nueva
sentencia en el proceso de Reparación Directa Nro. 11001333603220150034800, en
la que se acceda a las súplicas de la demanda en garantía de los derechos
fundamentales de la compañera permanente y sus seis (6) hijos del señor WILBER
CAICEDO ARBOLEDA (q.e.p.d.), quien murió cuando se encontraba en custodia en
la unidad policial de Puente Aranda (UPJ) en la ciudad de Bogotá, sin que haya sido
trasladado en forma inmediata a un centro médico de urgencia para su atención
prioritaria evitando su deceso al encontrarse lesionado, de acuerdo a lo probado en
el proceso, y teniendo en cuenta los argumentos esbozados en ésta Acción de Tutela
[…]”.

6.1. Los actores en su escrito de tutela señalaron que las autoridades demandadas
incurrieron en un defecto fáctico.

Actuación

7.El Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, mediante auto de 18 de diciembre de 2023: i) admitió la acción de tutela;
ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al Juzgado Treinta y Dos Administrativo
del Circuito de Bogotá, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional y al Distrito Capital de Bogotá; y iii) vinculó en calidad de terceros con
interés legítimo, a Luz Marina Arboleda, Elcias Caicedo Montaño, Shirley Mercedes
Caicedo Hurtado; Breiner Levi, Jhon Wilder e Ingrit Melisa Caicedo Romero,
concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el
particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

8. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó declarar improcedente la acción de tutela “[…] pues no se
acreditó que el asunto tenga evidente relevancia constitucional, como requisito
general de procedibilidad de la acción de tutela […]”.

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Actores: Floricenta Romero Mosquera y otros

9. El Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá allegó copia digital
del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
11001333603220150034801.

10. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, el Distrito Capital
de Bogotá, Luz Marina Arboleda, Elcias Caicedo Montaño, Shirley Mercedes
Caicedo Hurtado; Breiner Levi, Jhon Wilder e Ingrit Melisa Caicedo Romero
guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

11. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia,
en primera instancia, el 19 de febrero de 2024, por medio de la cual resolvió lo
siguiente:

“[…] PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. […]”.

11.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] se debe tener en cuenta que la acción de tutela procede cuando el accionante
no dispone de otro medio judicial de defensa, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. En ese sentido,
los interesados deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios
que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para remediar la situación que amenaza
o lesiona sus derechos, de modo que se impida el uso indebido de este mecanismo
constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional de protección, pues
eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley determinan una serie
de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio
pleno de los derechos.

17.- Así las cosas, ante la falta de diligencia de los ahora accionantes de presentar
sus inconformidades a través de los distintos mecanismos ordinarios con los que
contaban dentro del proceso de reparación directa, teniendo la oportunidad para
hacerlo, la presente solicitud de amparo se torna improcedente, comoquiera que la
acción de tutela no está instituida para sustituir ni revivir etapas procesales
previamente vencidas y no se puede utilizar como mecanismo para subsanar yerros
cometidos dentro del proceso ordinario.

18.- Aunado a todo lo anterior, la Sala encuentra que las objeciones que se plantean
de forma genérica contra el Tribunal accionado por la decisión adoptada en la
sentencia de 7 de junio de 2023 carecen de sustento, pues el análisis realizado en
dicha providencia se antoja razonable y coherente con el material probatorio
allegado y los problemas jurídicos puestos a su consideración. Pues a partir de las

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Actores: Floricenta Romero Mosquera y otros

referidas pruebas, pudo concluir que no se le podía imputar algún tipo de
responsabilidad a la Policía Nacional, en la medida en que en el expediente no se
evidencia de que las lesiones del señor Caicedo se las causaron agentes estatales,
ni en la aprehensión que realizaron al momento de intervenir la riña, ni durante su
traslado a las instalaciones de la estación de la Candelaria, ni en el trayecto entre
este lugar o la UPJ, ni en el lapso de su estadía en este último lugar. […]”.

[…]

“[…] 20.- En esa medida, a simple vista la Sala advierte un análisis probatorio
completo, serio y adecuado por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
en donde no solo relacionó las pruebas obrantes en el plenario, sino que hizo
referencia a cada una de ellas, el contenido y alcance que tenían, con el fin de llegar
a la búsqueda de la verdad.

21.- En razón a lo anterior, las inconformidades que plantea la parte accionante van
encaminadas a continuar de forma indefinida con un debate que ya se surtió y fue
desarrollado de forma adecuada y coherente por los jueces naturales de la causa,
con el único propósito de que su posición y pretensiones sean acogidas.

22.- En las condiciones anotadas, habrá de declararse improcedente la presente
acción de tutela […]”.

La impugnación

12. Los actores impugnaron la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado por las siguientes razones4:

“[…] debe entenderse que para el presente caso, la señora FLORICENTA ROMERO
Y OTROS, acuden a la acción de Tutela como el único mecanismo que resta para
favorecer sus intereses, ya que existe un perjuicio cierto que se dejo en evidencia
en el proceso de Reparación Directa y por tal motivo ellos exigen la indemnización
respectiva por parte del Estado.

Por lo dicho, es claro que antes de radicar la Tutela, se puso la situación en
conocimiento de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Ello, a través de la
Conciliación como requisito de procedibilidad para luego instaurar el medio de
Control arriba descrito.

Entonces, es notorio que pueden coexistir en beneficio de alguien, por un lado un
proceso que permita indemnizar a los afectados por una acción u omisión de
servidores públicos que representan al Estado (Reparación Directa) y por el otro un
mecanismo (Tutela) que de forma provisional evite para la persona una obstrucción
a la justicia que desencadene un mal irreversible o más complejo del que ya
sufrieron.

Es así que, la subsidiariedad pasa a tener un carácter relativo, cuando la Acción de
Tutela permite más agilidad en su trámite, respuesta y solución. Por tanto, como ya
se ejercitó dicho proceso en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, solicito que
el fallo de primera instancia proferido por el Consejo de Estado – Sala de lo
Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A -, sea REVOCADO.

4 Transcripción literal del texto.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-07443-01
Actores: Floricenta Romero Mosquera y otros

Eso, para que en su lugar se acceda a las súplicas de la demanda en garantía de
los derechos fundamentales de la compañera permanente y los seis (6) hijos del
señor WILBER CAICEDO ARBOLEDA (q.e.p.d.), quien murió cuando se encontraba
en custodia en la unidad policial de Puente Aranda (UPJ) en la ciudad de Bogotá,
sin que haya sido trasladado en forma inmediata a un centro médico de urgencia
para su atención prioritaria evitando su deceso al encontrarse lesionado, de acuerdo
a lo probado en el proceso […].

[…]

“[…] En otras palabras, el caso concreto se podría resolver de forma parcial o total
teniendo en cuenta este principio. Esto, dado que ya están de por medio la
Constitución y el Decreto 2591 de 1991, pero como el Juez de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa no resolvió de manera favorable la situación, el Juez
superior de Tutela puede revocar el fallo de primera instancia y conceder la
indemnización a la que tienen derecho la señora FLORICENTA ROMERO Y
OTROS. Solo de este modo, habría un punto de encuentro entre las dos decisiones
[…]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20216 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 7, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

14.La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Actores: Floricenta Romero Mosquera y otros

Problema jurídico

15. Corresponde a la Sala establecer: si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió
con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional.

16. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; iv) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso;
v) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de acceso
a la administración de justicia; vi) análisis del caso concreto y finalmente las vii)
conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

17.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena8, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

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Actores: Floricenta Romero Mosquera y otros

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

18. Esta Sección adoptó9 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 200510, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

19.Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

20.De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”11 que encaje en dichos parámetros.

21. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
10 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

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Actores: Floricenta Romero Mosquera y otros

22. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto

23.La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedibilidad de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional

24.Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201413, al referirse al requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional, sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [14]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [15].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [16].

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
13 Ut supra página 6.
[14] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[15] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[16] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

12

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Actores: Floricenta Romero Mosquera y otros

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [17].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [18]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [19].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [20]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
[17] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[18] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[19] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[20] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).

25.De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado21:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”22

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”23

21 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
22Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
23 Ibidem.

14

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En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

26. En ese orden de ideas, el requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y
ii) cuando la actora en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad
judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la
afectación de los derechos fundamentales.

27. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202224 precisó, en relación
con el alcance del requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:

[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor

24
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

15

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interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

28.Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

16

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29.Atendiendo a que, la Corte Constitucional25 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad

30. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

31. Atendiendo a que la Corte Constitucional26 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas

25 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
26 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

17

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dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia

32.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

33. Atendiendo a que, la Corte Constitucional27 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.

Análisis del caso concreto

34. Los actores, a través de apoderado, presentaron acción de tutela contra la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y el Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá, porque, a su

27 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

18

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Actores: Floricenta Romero Mosquera y otros

juicio: i) el Tribunal, al proferir la sentencia de 7 de junio de 2023; y ii) el Juzgado,
al proferir la sentencia de 27 de julio de 2021, en el proceso adelantado en ejercicio
del medio de control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 11001333603220150034801: vulneraron sus derechos fundamentales
a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

35.Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

36.La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por los
actores en su respectivo escrito de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

37.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

37.1. Copia digital del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
110013336032201500348-01.

Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedibilidad de
relevancia constitucional

38.Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. Los actores en su escrito de tutela indicaron lo siguiente28:

28 Transcripción literal del texto.

19

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“[…] También se cumple con los requisitos especiales de procedibilidad de la Acción,
como quiera que en la sentencia contra la cual se dirige ésta acción, el señor
Magistrado incurrió en sendas vías de hecho por defecto fáctico positivo y defecto
fáctico negativo (por acción y por omisión), el primero, al incurrir en múltiples
irregularidades en el estudio de las pruebas, por realizar una valoración contra
evidente, irrazonable, caprichosa, sesgada y arbitraria de la gran mayoría de las
pruebas obrantes en el expediente, sin que se hubiera realizado un estudio de manera
integral, solo se transcribieron las pruebas en la sentencia, resaltando en algunas su
contenido pero al momento de valorarlas se apartó de los hechos que éstas
demostraban, llegando a concluir situaciones contrarias a la realidad que éstas
mostraban (defecto fáctico en su dimensión positiva); lo que trajo como consecuencia
el que se negaran las pretensiones de la demanda. También se omitió el estudio de
otra serie de pruebas arrimadas legalmente al proceso (defecto fáctico en su
dimensión negativa).

Además, en el presente caso la acción de Tutela es el mecanismo efectivo para
proteger derechos fundamentales. Los cuales corresponden a un grupo de familiares,
que dependían en absoluto del fallecido para su subsistencia.

De ese modo, es indispensable que se proyecte un nuevo fallo. Allí debe mencionarse
que esa pérdida se podía evitar con el simple hecho de que la Policía en vez de
conducir a la víctima a la UPJ, lo hubiese llevado a un centro médico donde le
examinaran la herida y esta misma no produjera efectos secundarios.

Por lo expuesto, al haberse encontrado el señor WILBER en custodia de la Unidad
Policial de Puente Aranda y sus agentes, lo más lógico era que al verlo lesionado se
preocuparán más por su vida e integridad y buscarán una atención prioritaria a su
salud. […]”.

[…]

“[…] es una sola la causa por la que las dos sentencias vulneran ciertos derechos y
en especial emiten una decisión equivocada, sin ir más allá de lo que exige la
interpretación textual de las normas. De ahí que, el defecto en el que incurren ambas
instancias es el defecto fáctico, del cual se hará un desarrollo a continuación:

Es clave enunciar que en el recaudo probatorio hay muchos indicios que quedan a la
deriva. Sin embargo, no existe prueba donde se demuestre que por simple prevención
los agentes de policía condujeron al señor Wilber a un hospita o clínica. Esto, sin duda
era necesario, porque desde cualquier lógica se entiende que los golpes en el cráneo
pueden traer consigo secuelas leves y graves, pero acá el resultado fue la muerte de
la víctima. […]”.

[…]

“[…] Bajo esa óptica se observa que, POR ACCIÓN los agentes de policía fallan
cuando prefieren conducir a esta persona a la UPJ y no a un centro médico. Además,
sin tener experticia o conocimientos en salud no podían saber si una herida que se
ve superficial, luego puede generar o no la muerte.

Además, por omisión, ni siquiera permitieron que el afectado se comunicara con sus
familiares para hacerles saber su situación y que tal vez ellos exigieran su traslado a
un hospital o clínica.

Por tanto, es notoria una vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia; en conexidad de los

20

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derechos de los niñas, niños y adolescentes a vivir en condiciones dignas, bienestar
y un sano desarrollo junto a sus padres, por las razones ya expuestas […]”.

39. Ahora bien, para la Sala los actores no cumplieron con la carga argumentativa
mínima para estructurar el defecto fáctico, toda vez que no i) indicaron
específicamente qué medios probatorios obrantes en el expediente no fueron
valorados erróneamente por parte del juez colegiado; ii) que además dichos medios
probatorios eran relevantes para cambiar el sentido de la decisión; y iii) demostrar
que la omisión en la valoración de las pruebas fue una actuación grosera, arbitraria
e irrazonable que trajo como consecuencia la afectación de sus derechos
fundamentales, lo cual no aconteció en el caso sub examine.

40. Esta Sección frente a la carga argumentativa mínima para estructurar el defecto
fáctico ha dicho lo siguiente29:

“[…] Al efecto, es preciso destacar que, en materia de acción de tutela contra
providencias judiciales, no basta con citar la falta de valoración de medios de prueba
de manera genérica, sino que es necesario que se expresen con claridad los motivos
por los que se considera que su falta de valoración, por las autoridades accionadas,
generó la afectación de derechos de contenido iusfundamental y, como su falta de
estudio o apreciación, incidió en la decisión que es objeto de reproche y afectó las
garantías constitucionales30.

Esta carencia argumentativa, sin lugar a dudas, no puede ser suplida por el juez de
tutela, en tanto que si bien la acción de amparo se caracteriza por la flexibilización de
formalidades que impidan la garantía de los derechos fundamentales, tratándose del
reproche contra providencias judiciales, es exigible un mínimo de argumentación que
habilite un examen de fondo sobre actuaciones que han hecho tránsito a cosa
juzgada, al ser proferidas por autoridades investidas de competencia en procesos que
ofrecen los medios para proteger las garantías constitucionales […]”.

41. Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que gobierna a la
acción de tutela no puede considerarse absoluto31, pues es necesario satisfacer
ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos
como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o
amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor
de la amenaza o del agravio32, el señalamiento de las causales especiales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales lo que implica cumplir con

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de marzo de

2020, C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-15-000-2020-00365-00.
30 Respecto de la carga argumentativa mínima que se le exige a los actores para que se configure el defecto

fáctico, ver entre otras, sentencias T-214 de 2012, T-121 de 2016 y T-074 de 2018, proferidas por la Corte
Constitucional.
31 Sobre el principio de informalidad, ver Corte Constitucional, Auto 165 de 21 de julio 2011, M.P. Jorge Iván

Palacio Palacio
32 Decreto 2591 de 1991, artículo 14.

21

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la carga argumentativa para demostrar su configuración en el caso concreto, entre
otros aspectos.

42.Ahora bien, es preciso indicar que el asunto controvertido por los actores ya fue
objeto de estudio por las autoridades judiciales accionadas y la acción de tutela
contra providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el
debate resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad
judicial accionada incurrió en la vulneración de derechos fundamentales.

43. Además de lo anterior, para la Sala, los actores plantean la afectación de los
derechos fundamentales indicados supra que tiene su origen en últimas en un
debate estrictamente legal y probatorio el cual ya fue expuesto dentro del proceso
de reparación directa y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le
corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que
ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia
adicional.

44. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedibilidad de la relevancia constitucional. A juicio del máximo
Tribunal de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la
“[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.

45.La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se

22

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encuentra limitado a asuntos meramente legales y probatorios cuya competencia se
encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

46.Para la Sala, la controversia planteada por los actores es de naturaleza
puramente legal y probatoria; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los
derechos fundamentales indicados supra.

47.En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca cuestionar
el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada, es decir,
los actores acuden al juez constitucional buscando la corrección del criterio jurídico
del juez natural y reabrir un debate legal y probatorio concluido que escapa de la
órbita de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, los actores alegan
la vulneración de los derechos fundamentales indicados supra, el criterio de la
relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino mediante
la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o vulneración del
mismo, lo cual no aconteció en el caso sub examine.

48.Los supuestos de vulneración al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, enunciados por los actores, no se evidencian en el caso
sub examine, toda vez que el proceso de reparación directa se adelantó ante el juez
competente, en respeto de las formas propias del proceso, y se respetó el derecho
de presentar y controvertir las pruebas allegadas. Además, no concurre una
situación de amenaza o alguna causal de vulnerabilidad que amerite la actuación
del juez constitucional, no se trata de amparar el derecho fundamental de un sujeto
de especial protección constitucional.

49.En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal y
probatorio, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la
tutela contra una providencia judicial.

50.De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional dentro del marco
de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien los
actores enuncian la trasgresión de los derechos fundamentales al debido proceso,

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Actores: Floricenta Romero Mosquera y otros

a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, esa presunta afectación
tiene su origen en un debate estrictamente legal y probatorio.

Conclusiones de la Sala

51. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 19 de febrero
de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, por medio de la cual declaró improcedente la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 19 de febrero de 2024, proferida
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

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Actores: Floricenta Romero Mosquera y otros

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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