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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07454-01

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07454-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez para conocer la acción de tutela de la referencia, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión y, en consecuencia, separarlo del conocimiento del asunto. Segundo. Revocar el ordinal segundo de la sentencia del 8 de febrero de 2024, que dictó el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante la que declaró la improcedencia de la acción de tutela. En su lugar, negar el amparo solicitado por los señores Jairo Escobar Arias, Luz Stella Pérez Molina, Tatiana Escobar Pérez y Sorani Escobar Pérez, conforme a la parte considerativa que antecede. Tercero. Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-07454-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

18 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 07454 01
Demandante: Jairo Escobar Arias y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa.
No se configuran los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial alegados.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia
del 8 de febrero de 2024, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Primera,
declaró improcedente la solicitud de amparo y no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Ministerio del Interior y el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

Los señores Jairo Escobar Arias, Luz Stella Pérez Molina, Tatiana Escobar Pérez y
Sorani Escobar Pérez, por medio de apoderado, promueven acción de tutela contra la
providencia del 20 de junio de 2023, que dictó la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, mediante la que modificó el fallo del 31 de marzo de 2016,
proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 07454 01
Demandante: Jairo Escobar Arias y otros

1.2. Pretensiones

Los accionantes formulan las siguientes súplicas:

PRIMERO: Se solicita […] amparar los derechos de los señores Jairo Escobar
Arias, Luz Stella Pérez Molina, Tatiana Escobar Pérez y Sorani Escobar Pérez,
por las razones aquí esbozadas, que se encuentran en congruencia con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, y especialmente, porque vulnera los
derechos fundamentales a la igualdad, a la reparación, al acceso a la justicia, al
debido proceso.

SEGUNDO: Que se revoque la sentencia proferida por el [Consejo de Estado-Sala
de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera, Subsección A] proceso de
reparación directa, Radicado No. 05001-23-31-000-2010-02094-01 (57.297),
mediante providencia del 20 de junio de 2023.

TERCERO: Que se ordene al [Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A]
que emita una sentencia en un plazo razonable de 30 días, acorde con la
[j]urisprudencia que rige la protección de los derechos constitucionales de los
demandantes en el proceso de reparación directa y que descansa en la
interpretación que se ha elaborado por el […] Consejo de Estado, e incluso por la
misma Corte Constitucional.

1.3. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, los accionantes señalaron los siguientes:

i) El 29 de mayo de 2009, mientras el señor Jairo Escobar Arias se encontraba en
una vereda del municipio de Valdivia (Antioquia) realizando su labor como erradicador
de cultivos ilícitos recibió un disparo de arma de fuego en la pierna «derecha» que
afectó su fémur, por lo que fue necesario la implantación de platinas. Las lesiones
sufridas le generaron discapacidad y lo imposibilitan para desarrollar sus actividades
normales, entre ellas, la de proveer económicamente a su familia.

ii) Por lo anterior recibió atención médica en la ESE Hospital César Uribe Piedrahíta
de Caucasia (Antioquia) donde se le practicó lavado quirúrgico, desbridamiento de
tejidos blancos y curetaje óseo de fémur y con posterioridad se le dio de alta con
inmovilización y tratamiento con antibióticos.

iii) El 13 de junio de 2009, asistió a consulta médica en la ciudad de Armenia donde

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le realizaron osteosíntesis en fémur. El 2 de julio de 2009, fue valorado y diagnosticado
con atrofia e impotencia funcional para la flexión de la rodilla. El 4 de agosto de 2009,
fue revaluado su diagnóstico y se determinó que tenía fractura de fémur no consolidada
y el 3 de septiembre de 2009, se le diagnosticó con fractura en proceso de
consolidación, en la actualidad tiene limitaciones y restricción funcional del miembro
inferior «derecho», lo que le causa gran tristeza, además de la disminución de su
capacidad laboral.

iv) Sus lesiones se deben en mayor medida a la omisión en el deber de protección de
las personas que se dedican a las actividades de erradicación de cultivos ilícitos por
parte de la Nación (Presidencia de la República, Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos, Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Ministerio del Interior
y de Justicia, Dirección Nacional de Estupefacientes, Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional y Policía Nacional) y Empleamos S. A.

v) Ante la posible responsabilidad de esas entidades, por medio de apoderado
impetró demanda en ejercicio de la acción de reparación directa ante el Tribunal
Administrativo de Antioquia, dado que la labor de erradicación de cultivos ilícitos se
encuentra a cargo del Estado, pero se trasladó a un particular que no estaba en la
obligación de soportarla.

vi) Una vez culminó el trámite del proceso ordinario, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Sistema Escritural, profirió sentencia el 31 de marzo de 2016, negando
las pretensiones de la demanda. Inconforme con esa decisión formuló recurso de
apelación.

vii) Mediante fallo del 20 de junio de 2023, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró la nulidad de todo lo actuado desde el auto de admisión en
lo relacionado con las súplicas dirigidas en contra de Empleamos S. A., el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (ACCIÓN SOCIAL); en
consecuencia, remitió las diligencias a los juzgados laborales del circuito de Medellín,
negó las súplicas de la demanda formuladas contra la Nación (Ministerio de Defensa

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Nacional, Policía Nacional) y no condenó en costas.

viii) Esa decisión desconoce la legitimación en la causa por pasiva, ya que la
responsabilidad no recae sobre el particular —Empleamos S. A.— sino que se trata de
una labor concreta y funcional del Estado, esto es, la erradicación de los cultivos
ilícitos, así se ha estimado en la abundante y copiosa jurisprudencia que sobre la
materia se ha proferido, por ello apartarse de aquella necesariamente implica un
desacierto y una violación de sus derechos fundamentales.

1.4. Fundamentos jurídicos

Los accionantes alegan que con la sentencia acusada se vulneraron sus derechos a
la igualdad, a la reparación, al acceso a la administración de justicia y al debido
proceso, así mismo, se incurrió en defecto fáctico, sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial, por las siguientes razones:

i) En la decisión de segunda instancia se efectuó de manera errada y desacertada la
valoración de las pruebas que iban encaminadas a determinar la omisión, negligencia
y desidia de las demandadas; por tanto, se incurrió en un yerro al analizar la situación
sometida a estudio, en cuanto señala que es un asunto netamente laboral, cuando
aquellas corroboran la ausencia de seguridad y además que la erradicación se halla
en cabeza del Estado; sin embargo, no se le endilgó responsabilidad por los hechos
en que se le causaron las lesiones al señor Escobar Arias por las que se reclaman los
perjuicios.

ii) El ad quem omitió hacer la estimación con la misma homogeneidad, indicando un
rigorismo normativo excesivo que perjudica los derechos de los demandantes, el que
no le es dable realizar cuando incluso carece de argumentación para apartarse de las
reglas jurisprudenciales.

iii) Si bien es competencia del juez efectuar un examen juicioso de las pruebas
arrimadas dentro de las oportunidades probatorias como lo hicieron a través de su
apoderado en el proceso de reparación directa, también lo es, que el juez debe cumplir
con la exigencia de efectuar una exégesis interpretativa de las normas en las que

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descansan sus decisiones, de allí que, no es posible que emita un fallo con total
ausencia de motivación, pues ello va en contravía de la Constitución Política y
constituye una violación del debido proceso.

iv) De la providencia acusada se reprocha que pese a la congruencia en el caudal
probatorio que sirvió de fundamento para formular las pretensiones y que daba lugar
al reconocimiento de perjuicios, la decisión contraría y supone un desconocimiento de
la jurisprudencia de esta corporación y, no obstante, no obraba prueba que permitiera
conducir a conclusiones o razonamientos distintos a reconocer la negligencia en el
actuar de las demandadas, así no ocurrió.

v) En ese orden de ideas, no se configuraba ni una nulidad ni menos una falta de
jurisdicción, puesto que cuando se reclama ante una entidad estatal el reconocimiento
de perjuicios extrapatrimoniales y patrimoniales, el medio de control es el de
reparación directa ante la jurisdicción contencioso-administrativa, y no es el del resorte
de un juez laboral.

vi) Conforme con lo expuesto se configura el defecto de desconocimiento del
precedente, toda vez que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
desobedeció el criterio jurisprudencial frente al reconocimiento de perjuicios en casos
como el que aquí se ventila, con lo que violó la norma interna e ignoró los derechos de
la parte actora.

vii) Así mismo, no se respetó el precedente fijado en la sentencia del 10 de febrero de
2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, dentro del
proceso con radicación 50001 23 31 000 2006 00937 01—, referente a la legitimación
en la causa por pasiva.

1.5. Actuación procesal

La acción de tutela se admitió mediante auto del 15 de diciembre de 2023, que ordenó
notificar a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
como demandados. Así mismo, se dispuso la notificación al Tribunal Administrativo de
Antioquia, a la Nación (Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Ejército

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Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y del Derecho) al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, a la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional (ACCIÓN SOCIAL) y a Empleamos S. A.,
como terceros interesados en las resultas de esta acción, para que dentro del término
de tres días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. El consejero
doctor José Roberto Sáchica Méndez alega que la demanda de tutela no tiene
vocación de prosperidad, por lo siguiente:

i) Contrario a lo que aducen los accionantes en la sentencia acusada se valoraron
todos los medios de prueba allegados al plenario, de lo que se concluyó que el señor
Jairo Escobar Arias suscribió contrato con la empresa Empleamos S. A., con el fin de
desempeñar la labor de erradicación manual de cultivos ilícitos, que los hechos en los
que resultó lesionado ocurrieron mientras desempeñaba las funciones para las que fue
contratado, de manera que se catalogaron por la administradora de riesgos laborales,
como un accidente de trabajo y que se profirió Dictamen 2537 en el que se determinó
que su porcentaje de pérdida de capacidad laboral no originaba derecho a una
indemnización y tenía acceso a las prestaciones asistenciales requeridas de
conformidad con la ley laboral.

ii) Esas certezas fácticas, guardan relación precisamente con lo pactado entre ACCIÓN
SOCIAL y la empresa Empleamos S.A. en las cláusulas del contrato suscrito con el fin

de que prestara el servicio de personal temporal en misión para la implementación de
una estrategia de erradicación de cultivos de uso ilícito, documento en el que se
determinó de manera precisa que la empresa privada se obligaba a cumplir
estrictamente las disposiciones laborales vigentes como verdadero empleador que era
de las personas naturales con las que celebró contratos de trabajo. De manera que de
conformidad con la normativa de derecho laboral privado y de las pruebas
juiciosamente estudiadas, la obligación de garantizar las condiciones de seguridad
necesarias para que el accionante realizara el trabajo para el que fue contratado y
adelantar las actividades de prevención de riesgos relacionadas con su actividad

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económica, era Empleamos S.A., sin perjuicio de que en el escenario judicial
correspondiente hubiera podido llamar a quien considerara responsable de lo
acontecido, eventualmente, ACCIÓN SOCIAL, como beneficiaria de la obra contratada
con la referida empresa privada.

iii) Los accionantes persiguen reabrir un debate ya concluido con cuestionamientos
que ya fueron definidos, lo que constituye una transgresión del fin de la acción de tutela
que se dirige a la protección de los derechos fundamentales, sin que su ejercicio pueda
erigirse como una tercera instancia.

1.6.2. La Nación (Ministerio de Justicia y del Derecho), por medio de apoderado,
solicita denegar las pretensiones de la solicitud de amparo, dado que las sentencias
acusadas no se refirieron a la responsabilidad de esa entidad respecto de los
presuntos perjuicios causados al señor Jairo Escobar Arias y sus familiares, habida
cuenta de su falta de legitimación.

1.6.3. Del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. La
señora Carolina Jiménez Bellicia, coordinadora del Grupo Gerencia de Defensa
Judicial de la Secretaría Jurídica, solicita la desvinculación de esa entidad en razón a
la falta de legitimación en la causa y, de manera subsidiaria, ante la inexistencia de
una omisión que genere la vulneración a los derechos fundamentales invocados por
los accionantes se nieguen las pretensiones respecto de la Presidencia de la
República.

1.6.4. La Nación (Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional), pide denegar
las súplicas formuladas por la parte actora ante la improcedencia de la acción de tutela,
toda vez que no se vislumbra la existencia de vulneración alguna a sus derechos
fundamentales.

1.6.5. La Nación (Ministerio del Interior) aduce que en el presente caso concurre la
falta de legitimación en la causa por pasiva, por la inexistencia de la presunta violación
de las garantías fundamentales invocadas por los accionantes, ya que los hechos
planteados suponen actuaciones surtidas ante la Rama Judicial, las que se
adelantaron en debida forma y bajo los principios constitucionales del debido proceso.

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1.6.6. La Nación (Ministerio de Defensa Nacional) pide que se denieguen las
pretensiones de la solicitud de amparo, porque en la sentencia censurada no se
quebrantó ningún derecho fundamental como lo alegan los demandantes, por el
contrario, se respetaron sus derechos a la igualdad y al debido proceso, así como el
principio de legalidad y se garantizó todo lo contemplado en la jurisprudencia en lo que
tiene que ver con el acceso a la administración de justicia dentro del medio de control
de reparación directa con radicación 050001 23 31 000 2010 02094 01.

1.7. La sentencia que se impugna

El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante fallo del 8 de febrero de 2024,
declaró 1) no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
formulada por el Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República y 2) improcedente la acción de tutela, por los siguientes
motivos:

i) Respecto a la solicitud del Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República fueron vinculados al proceso de tutela como terceros
con interés legítimo, en la medida en que fueron demandados dentro del proceso
adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa con radicado 05001 23 31
000 2010 02094 01, es decir, que a esos organismos les asiste interés en el resultado
del proceso de conformidad con el Decreto 2591 de 1991; por consiguiente, se debe
declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

ii) El presente asunto no se encuentra comprendido dentro de lo que la jurisprudencia
constitucional ha identificado como de clara relevancia constitucional, toda vez que lo
controvertido por los accionantes ya fue objeto de estudio por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Antioquia, y la
tutela contra providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir
el debate resuelto por el juez natural, sino que tiene como fin examinar si las entidades
demandadas incurrieron en la violación de derechos fundamentales.

iii) Además de lo anterior, la parte actora plantea la violación de sus garantías
fundamentales que tiene su origen en una discusión estrictamente legal y probatoria,

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que ya fue ventilado dentro del proceso adelantado en ejercicio de la acción de
reparación directa y que fue decidido por el juez ordinario, por lo que no le corresponde
al fallador constitucional hacer un pronunciamiento adicional, ya que ello implicaría el
desconocimiento del principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría
el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una etapa adicional.

iv) En ese sentido, siguiendo el precedente establecido por la Corte en la Sentencia
SU-215 de 2022, la controversia carece de relevancia constitucional porque la cuestión
formulada por los accionantes no gira en torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de
un derecho fundamental y tampoco justificaron el motivo por el cual dicha decisión
constituye una afectación desproporcionada de aquel.

v) Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance de
contenido particular y meramente legal y probatorio, esto es así porque el debate y los
argumentos que se extraen de la demanda de tutela, más que develar la necesidad de
protección de un derecho fundamental, buscan que por esta vía se valide la tesis
jurídica que proponen los accionantes y, con ello, que se acceda a las súplicas de la
acción de reparación directa, sin que de esa discusión se pueda evidenciar una clara
trascendencia o relevancia constitucional.

vi) De conformidad con lo expuesto, no se cumple con el requisito general de
procedibilidad de relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en la medida que, si bien los demandantes enuncian la
trasgresión de sus derechos al debido proceso, a la reparación integral, de acceso a
la administración de justicia y a la igualdad, esa presunta afectación tiene su origen en
una controversia estrictamente legal y probatoria.

1.8. Impugnación

El accionante impugna la providencia anterior, para que se revoque y, en su lugar, se
conceda el amparo deprecado. Al respecto aduce lo siguiente:

i) Contrario a los señalamientos rigurosos y excesivos de la alta corporación de lo
contencioso-administrativo, el asunto discutido en sede de tutela no es de carácter

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particular, sino que engloba un grupo significativo de la población colombiana que ha
venido siendo utilizado o sometido a un riesgo de carácter excepcional, que ya había
sido definido en su jurisprudencia como se citó en el escrito de tutela, esto es, en la
sentencia del 10 de febrero de 2021, dictada dentro del proceso con radicado 50001
23 31 000 2006 00937 01, pero que pretendiendo restarle la importancia debida, ahora
considera que la solicitud no reviste la categoría de relevancia constitucional, lo cual
incluso sorprende pues desconoce su propio precedente para evitar la discusión sobre
la que se centró el escrito tutelar.

ii) De lo anterior se deduce que, la supuesta relevancia constitucional en el caso de
los erradicadores (campesinos civiles en el marco de un conflicto) de cultivos ilícitos
que han fallecido en esa labor, no se debe analizar desde la falla en el servicio ni en
el riesgo excepcional al que son sometidos, sino como un asunto meramente laboral;
sin que se encuentren las razones debidamente motivadas y sustentadas para ello,
con lo que se ha venido descargando la responsabilidad del Estado en casos que por
sus especiales características lo hacen responsable, como en el asunto objeto de
análisis.

iii) En ese sentido, y con el objeto de demostrar que en efecto se trata de un asunto
que cumple con los postulados de la relevancia constitucional, se acude al contenido
de la Sentencia T-041 de 2023, que ofrece una claridad conceptual sobre ese requisito,
y del que se puede concluir que sí se cumple, y que el a quo lo desconoció, pues en
ninguno de sus planteamientos se examinó siquiera la importancia que el caso
ameritaba, más aún pretendió desviar su análisis para estimar que se intentaba reabrir
un debate probatorio ya cerrado, y que se buscaba el reconocimiento de los perjuicios
sin mayores motivaciones.

v) En ningún caso se intentó volver sobre la discusión probatoria, ya que en el
proceso de reparación directa se demostró fehacientemente la responsabilidad en
cabeza del Estado con las pruebas allegadas de manera oportuna, otra cosa muy
distinta es que en su afán de desligarlo del deber de efectuar la erradicación manual
de cultivos ilícitos como lo prevé la normativa, se procure atribuírsela a un particular
como Empleamos S. A., al que la Constitución y la ley no le ha adjudicado esa
obligación, para establecer sin motivación alguna que estos campesinos sean

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reparados por ese particular y no por el Estado como estaba previsto
jurisprudencialmente.

vi) Se precisa que en el libelo tutelar se esgrimieron ampliamente los derechos que
se estaban vulnerando en la sentencia atacada y se indicó la falta de estimación de
las funciones e incluso posición de garante que se le atribuye al Estado para con los
erradicadores, por lo que, se reprocha la consideración de que se trata de alegaciones
dirigidas a debatir aspectos económicos y de carácter particular, solo para despachar
de manera desfavorable la solicitud de protección de los derechos deprecada.

vii) Tampoco se puede desconocer que el caso del señor Jairo Escobar Arias no ha
sido tratado como ha ocurrido en asuntos similares, tales como el que se decidió en la
sentencia del Consejo de Estado del 10 de febrero de 2021 —radicado 50001 23 31
000 2006 00937 01 (54381), olvidando que esta corporación ha pregonado la
obligación de promover la seguridad jurídica y la garantía de igualdad de trato en las
actuaciones judiciales.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del
artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,1 según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Sección Primera de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

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El consejero doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez manifiesta encontrarse inmerso en la
causal de impedimento prevista en el numeral 5 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, comoquiera que sostiene una relación de amistad íntima de
muchos años con las magistradas María Adriana Marín y Marta Nubia Velásquez Rico,
quienes suscribieron la sentencia de segunda instancia que se discute en esta sede,
lo que no le permite conocer sobre el asunto de la referencia.

El régimen de impedimentos se fundamenta en la necesidad de preservar la integridad
moral del funcionario que reconoce la existencia de situaciones de hecho que pueden
comprometer su criterio en la decisión y, de otra parte, constituye una garantía de
imparcialidad y transparencia de la administración de justicia en los juicios que emite
en los casos puestos a su conocimiento.

Ahora bien, las causales de impedimento establecidas en la ley poseen el carácter de
taxativas y de aplicación restrictiva, son una excepción al cumplimiento de la función
jurisdiccional, se encuentran debidamente delimitadas, y no pueden ampliarse
discrecionalmente al criterio del juez o de las partes.

En materia de acción de tutela, los impedimentos se rigen por las causales del Código
de Procedimiento Penal por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, el cual
prevé lo siguiente:

Artículo 39. Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez
deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del
Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá
adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario,
si fuere el caso.

Conforme con los anteriores lineamientos, para que sea posible que el juez
constitucional se aparte del conocimiento de determinado asunto, debe producirse la
manifestación por parte del propio funcionario judicial, esto es, por la vía del
impedimento, con fundamento en las causales establecidas en el Código de
Procedimiento Penal.

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Demandante: Jairo Escobar Arias y otros

La jurisprudencia de la Corte Constitucional2 ha especificado que el atributo de
imparcialidad de los funcionarios judiciales forma parte del debido proceso y, por ende,
el régimen de impedimentos y recusaciones tiene como fundamento el artículo 29 de
la Constitución, en cuanto deben procurar la protección de tal garantía constitucional.

También ha sostenido que la imparcialidad judicial, debe ser considerada desde la
propia administración de justicia, pues solo así se garantizaría que las actuaciones en
esta sede «estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y
moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública (art. 209 C.P.)».3

La Corte Constitucional ha explicado claramente la definición del atributo de
imparcialidad: «esta se predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la
ley (Art. 13 C.P.), garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien
administra justicia. Se trata de un asunto no sólo de índole moral y ética, en el que la
honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la
sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la
vigencia de sus derechos, sino también de responsabilidad judicial». 4

En el presente caso, el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez manifiesta su
impedimento para conocer de la acción de tutela y, para tal efecto, invoca la causal
contemplada en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, que
establece lo siguiente:

Art. 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento:

[…]

5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes,
denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial.

[…]

Lo anterior, al sostener una relación de amistad íntima con las magistradas María
Adriana Marín y Marta Nubia Velásquez Rico, quienes suscribieron la decisión objeto
de la litis, esto es, la sentencia del 20 de junio de 2023, proferida por el Consejo de

2 Sentencia C-496 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa.

3 Ibidem.
4 Sentencia 365 de 2000, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 07454 01
Demandante: Jairo Escobar Arias y otros

Estado, Sección Tercera, Subsección A, dentro del proceso de reparación directa con
radicación 05001 23 31 000 2010 02094 00 [01].

En ese escenario, la Sala declarará fundado el impedimento bajo análisis, puesto que,
una vez confrontada la causal invocada con la razón que expuso el magistrado Jorge
Iván Duque Gutiérrez, es dable colegir que la discusión que llegue a darse en la acción
de tutela puede comprometer la decisión del consejero.

Así las cosas, se le separará del conocimiento del asunto de la referencia, en procura
de garantizar los principios de independencia e imparcialidad de la administración de
justicia, establecidos en el artículo 5.º de la Ley 270 de 1996.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso, se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantean los
señores Jairo Escobar Arias, Luz Stella Pérez Molina, Tatiana Escobar Pérez y Sorani
Escobar Pérez contra la sentencia del 20 de junio de 2023, que profirió el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, dentro del proceso de reparación directa con
radicación 05001 23 31 000 2010 02094 00 [01].

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 07454 01
Demandante: Jairo Escobar Arias y otros

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.

No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable».

Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional5 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,
convergieron en la Sentencia C-590 de 2005,6 donde la Corte concentró y diferenció
las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.

Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la
sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los
derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre
que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto

5T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567

de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
6Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 07454 01
Demandante: Jairo Escobar Arias y otros

orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que, para que proceda el
amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,7 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.

Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,8 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.5. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:

2.5.1. El 5 de octubre de 2010, el señor Jairo Escobar Arias y su grupo familiar, por
medio de apoderado, interpusieron medio de control de reparación directa en contra
de la Nación (Ministerio de Defensa Ejército Nacional, Policía Nacional), la Presidencia
de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos, la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional (ACCIÓN SOCIAL), Ministerio del Interior y de

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001 03 15 000 2009 01328 01(IJ).
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,

expediente radicado 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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Demandante: Jairo Escobar Arias y otros

Justicia, Dirección Nacional de Estupefacientes y Empleamos S. A., para que fueran
declaradas administrativa y solidariamente responsables por los perjuicios que les
ocasionó las lesiones que sufrió el 29 de mayo de 2009, al ser atacado por un grupo
al margen de la ley en zona rural del municipio de Valdivia (Antioquia). 9

2.5.2. El 31 de marzo de 2016, el Tribunal Administrativo de Antioquia10 profirió fallo
dentro del proceso de reparación directa con radicación 05001 23 31 000 2010 02094
00, en el que resolvió lo siguiente:11

PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NO CONDENAR en costas a las demandadas.

TERCERO. ARCHIVAR el proceso una vez en firme la presente providencia.

2.5.3. El 20 de junio de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A,12 al desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, decidió lo
siguiente:13

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de todo lo actuado por falta de jurisdicción desde
la admisión de la demanda por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en lo
relacionado con las pretensiones formuladas por la parte actora en contra de
Empleamos S. A. y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional – Acción Social–

SEGUNDO: REMITIR las diligencias a los JUZGADOS LABORALES DEL CIRCUITO DE
MEDELLÍN -reparto-, por ser los competentes para conocerlas a quienes se les
ENVIARÁ, a través de la Secretaría de la Sección Tercera, copia digital íntegra del
expediente de la referencia.

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda formuladas en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

CUARTO: Sin condena en costas.

[…]

9 Índice 9, del expediente electrónico.
10 Sala conformada por los magistrados Luz Myriam Sánchez Arboleda, Martha Nury Velásquez Bedoya

y Liliana Patricia Navarro Giraldo (ausente con permiso).
11 Índice 9, del expediente electrónico.
12 Sala conformada por los consejeros María Adriana Marín, José Roberto Sáchica Méndez y Marta

Nubia Velásquez Rico.
13 Índice 9, del expediente electrónico.

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Demandante: Jairo Escobar Arias y otros

2.6. El caso concreto. Análisis de la Sala

2.6.1. Examen de procedencia de la acción de tutela

2.6.1.1. Considera la Sala que, contrario a lo que decidió la primera instancia, el caso
en estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez que el debate que
plantea la parte actora gira en torno a la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la reparación integral.

2.6.1.2. En el presente asunto, se «cumple con el requisito de subsidiariedad» en
cuanto se censura la sentencia de segunda instancia que puso fin a la discusión que
se propuso dentro del proceso de reparación directa con radicación 05001 23 31 000
2010 02094 01.

2.6.1.3. Se «cumple con el requisito de inmediatez», por cuanto el fallo objeto de
reproche constitucional data del 20 de junio de 2023, se notificó electrónicamente a las
partes el 25 de septiembre de 2023,14 quedó ejecutoriada el 2 de octubre de 2023 y la
presente acción de tutela se radicó en la Secretaría General del Consejo de Estado el
11 de diciembre de 2023,15 es decir, dentro del término de los seis meses que señaló
esta corporación como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra
providencia judicial.

2.6.1.4. En el caso «no se cuestiona una irregularidad procesal».

2.6.1.5. Dentro de la demanda de tutela «se identificaron razonablemente los hechos
y argumentos frente a los que se alega vulneración».

2.6.1.6. El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», toda vez que la decisión
que se cuestiona se profirió dentro del trámite de un proceso de reparación directa.

Bajo ese contexto, la Sala responde de manera afirmativa al interrogante que se

14 Índice 9, del expediente electrónico.
15 Índice 1, del expediente electrónico.

19

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presentó primigeniamente, en el sentido de señalar que en el asunto se cumplen las
exigencias que habilitan el uso de la acción de tutela para rebatir la providencia del 20
de junio de 2023, que emitió el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

2.6.2. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela

2.6.2.1. Desarrollo jurisprudencial del defecto fáctico

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-590 de 2005, establece que se está en
presencia de un defecto fáctico cuando al examinarse la providencia judicial objeto de
la tutela «resulta incuestionable que el juez carece de apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión».16

En ese sentido, ha señalado la Corte que el defecto fáctico puede presentarse en una
dimensión positiva o en una dimensión negativa —omisiva— de la valoración y práctica
de las pruebas que realice el funcionario judicial. La primera, comprende estimaciones
inadecuadas, mientras que la segunda, implica omisiones en el decreto o la práctica y
la apreciación de las pruebas. Asimismo, ha expresado que no todo vicio en la
valoración probatoria culmina en una vía de hecho. De ahí que sólo sea factible fundar
una acción de tutela en este cuando se observa que es manifiestamente arbitraria. En
palabras de la Corte:

[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto y que tenga una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de
la evaluación probatoria del juez de conocimiento.17 [Negrillas fuera del texto]

En definitiva, se puede concluir que el juez incurre en el defecto fáctico cuando, pese
a los hechos probados en el caso concreto, renuncia a hacer valer la verdad jurídica
de manera tan evidente que su decisión se muestra forzada y contradictoria con la
lógica, la sana crítica y la libre convicción del fallador.

2.6.2.2. Desarrollo jurisprudencial del defecto sustantivo

16 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1998, T-213 de 2008 y T-1021 de 2005, entre otras.
17 Corte Constitucional. Sentencia T-1021 de 2005.

20

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La Corte Constitucional en Sentencia C-590 de 2005, señala que el «defecto material
o sustantivo» se presenta en casos en que se resuelve con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre los fundamentos y la decisión.

De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial que se ha dado en el tema, una
providencia judicial incurre en «defecto material o sustantivo» cuando la autoridad
jurisdiccional: 1) aplica una disposición que perdió vigencia por cualquiera de las
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; 2) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, verbigracia porque el supuesto de hecho
del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; 3) a pesar
del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o
claramente irrazonable o desproporcionada; 4) se aparta del precedente judicial —
horizontal o vertical— sin justificación suficiente; o 5) se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución,
siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el
proceso.18

2.6.2.3. El defecto sustantivo en la modalidad de desconocimiento de precedente
judicial

La Corte ha sostenido que se configura un defecto sustantivo en la modalidad de
desconocimiento de precedente judicial cuando se desacata aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de
escrutinio en materia de 1) patrones fácticos y 2) problemas jurídicos, y en las que en
su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el nuevo caso.

En la providencia T-794 de 2011, la Corte indicó los criterios a tener en cuenta para
identificar el desconocimiento de precedente judicial, de la siguiente forma: 1) la ratio
decidendi del fallo que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial

18 Corte Constitucional.
Sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-
087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.

21

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relacionada con el caso a decidir posteriormente; 2) se trata de un problema jurídico
similar o de una cuestión constitucional semejante y 3) los hechos del asunto o las
normas juzgadas en la sentencia son análogos o plantean un punto de derecho
idéntico al que se debe resolver posteriormente.19

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de
precedentes, en los que se tiene en cuenta la autoridad que profiere la providencia
previa, a saber, el precedente horizontal, que hace referencia a aquellas sentencias
fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial y el
precedente vertical, que se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias
superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o
en el marco constitucional.20

Para la mayoría de los asuntos, el precedente vertical que deben seguir los
funcionarios judiciales lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de
Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción, 21 y en los casos
en los que no son susceptibles de revisión por las autoridades mencionadas, son los
tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores
judiciales inferiores.22

Así las cosas, para los jueces es de obligatorio cumplimiento acoger las decisiones
que profieren los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones, cuando éstas
constituyan precedentes y/o sus propias sentencias en casos idénticos; regla que solo
permite excepción, cuando el caso presenta situaciones no analizadas con
anterioridad en otros fallos judiciales.

En esa medida, las autoridades judiciales se pueden apartar de los precedentes
judiciales en atención a su autonomía y a su independencia, siempre que se cumplan
las siguientes reglas: «(i) Debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que
significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca
hubiera existido (principio de transparencia). (ii) En segundo lugar, debe ofrecer una

19 Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006.
20 Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011.
21 Corte Constitucional. Sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
22 Corte Constitucional. Sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.

22

Radicado: 11001 03 15 000 2023 07454 01
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carga argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y razonada
los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias
decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de
razón suficiente)».23

De esta forma, concluye la Corte que el desconocimiento del precedente judicial, sin
debida justificación, configura un defecto sustantivo, pues su respeto es una obligación
de todas las autoridades judiciales en virtud de los principios al debido proceso, a la
igualdad y a la buena fe.24

2.6.2.4. Los defectos alegados

Los señores Jairo Escobar Arias, Luz Stella Pérez Molina, Tatiana Escobar Pérez y
Sorani Escobar Pérez alegan que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, vulneró sus derechos a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración
de justicia y a la reparación integral e incurrió en defecto fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial, al proferir la sentencia del 20 de junio de 2023
dentro del proceso de reparación directa que promovieron contra la Nación (Ministerio
de Defensa Ejército Nacional, Policía Nacional, la Presidencia de la República, el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Programa
Presidencial contra Cultivos Ilícitos, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional (ACCIÓN SOCIAL), Ministerio del Interior y de Justicia,
Dirección Nacional de Estupefacientes) y Empleamos S. A., para que fueran declarados
patrimonialmente responsables por las lesiones sufridas por el primero de los
nombrados, en hechos ocurridos el 29 de mayo de 2009 en zona rural del municipio
de Valdivia (Antioquia), al ser atacado por un grupo al margen de la ley mientras
desempeñaba labores de erradicación de cultivos ilícitos; en consecuencia, se
ordenara el resarcimiento de los perjuicios morales, daño a la vida de relación, lucro
cesante y por la pérdida de la capacidad laboral de carácter permanente de la víctima
directa.

23 Corte Constitucional.Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011.
24 Corte Constitucional.Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C-
634 de 2011, entre otras.

23

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Pues bien, en la providencia censurada la Sección Tercera, Subsección A, a partir de
los medios de convicción allegados, tuvo como probados los siguientes hechos
relevantes para efectos de determinar si esta jurisdicción se encontraba habilitada para
conocer de las pretensiones planteadas por la parte actora:

29. El 16 de mayo de 2009 el señor Jairo Escobar Arias suscribió contrato de obra
con la empresa Empleamos S.A. a fin de desempeñar la labor de erradicación
manual de cultivos ilícitos, en el cual se determinó que (se transcribe de manera
literal):

«el trabajador se vincula laboralmente con el EMPLEADOR, bajo la modalidad de
TRABAJADOR EN MISIÓN, con el fin de cumplir en las instalaciones de la EMPRESA
USUARIA ACCIÓN SOCIAL FIP, las funciones necesarias para DAR CUMPLIMIENTO AL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 359-2007 de conformidad al artículo 77
de la Ley 50 de 1990 (…) El trabajador ha sido contratado para la labor de
ERRADICADOR la cual durará por el tiempo estrictamente requerido y solicitado
al EMPLEADOR por la empresa usuaria ACCIÓN SOCIAL FIP por lo anterior el
contrato terminará en el momento en que la EMPRESA USUARIA comunique al
EMPLEADOR, que el servicio o labor contratada terminó (…).
DÉCIMOSEXTA CAPACITACIÓN: Los trabajadores en misión previa a la firma de
este contrato fueron capacitados por EMPLEAMOS S.A., conoce y es consciente
de todos los riesgos existentes al momento de ejecutar la labor encomendada.
Por lo anterior el trabajador manifiesta que asistió, conoce y aplicará los
conocimientos dados en la capacitación al momento de realización de la labor
encomendada»[…] .

30. El 29 de mayo del mismo año, el señor Jairo Escobar Arias resultó herido por
un disparo de arma de fuego en su pierna izquierda, mientras realizaba las tareas
de erradicación de cultivos ilícitos en el municipio de Valdivia, Antioquia, al parecer
por un ataque proveniente de un grupo al margen de la ley.

31. Por estos hechos fue trasladado a un centro médico en donde le practicaron
una cirugía en la que se dispuso la provisión de material de osteosíntesis para
corregir la fractura de fémur padecida y, posteriormente, recibió atención de
ortopedia, le dictaminaron varias incapacidades y terapias correspondientes[…].

32. En el informe “para presunto accidente de trabajo” consta que la empresa
Empleamos S.A., como empleadora del señor Jairo Escobar Arias, reportó a la ARL
Positiva S.A. que: “El trabajador se encontraba realizando labor de erradicación
manual de cultivos ilícitos cuando se presenta un hostigamiento por parte de un
grupo al margen de la ley ocasionándole una herida con bala en la pierna izquierda
al nivel de la rodilla (…) Cargo: erradicador de cultivos ilícitos””[…]

33. El 8 de febrero de 2010 se profirió dictamen No. 2537 para la calificación de la
capacidad laboral y determinación de la invalidez del señor Jairo Escobar Arias en
el cual se destaca que el evento ocurrió mientras éste se desempeñaba como
“erradicador” de la empresa Empleamos S.A. “por un enfrentamiento armado entre
Policía y Guerrilla”, situación en la cual resultó con una herida en el fémur y se le
causó una pérdida de capacidad laboral correspondiente al 4.95 %[…]. En esa
misma fecha, la ARL POSITIVA S.A. le comunicó al señor Escobar Arias que el puntaje
de asignación por la pérdida de capacidad laboral correspondía a 4.95 %,
porcentaje que no se encontraba dentro del rango que configura “incapacidad

24

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Demandante: Jairo Escobar Arias y otros

permanente parcial” de modo que no originaba derecho a una indemnización, pero
sí a las prestaciones asistenciales requeridas por la contingencia[…]

34. El mentado contrato de trabajo tuvo su génesis en el proceso de selección
promovido por Acción Social a fin de contratar con una empresa de servicios
temporales el envío de trabajadores en misión para cumplir con la estrategia
“Grupo Móvil de Erradicación del programa presidencial contra cultivos ilícitos”, con
el fin de alcanzar la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo de 2007.

35. Así consta en el documento titulado “Aspectos técnicos requeridos para
contratar una empresa de servicios temporales para el envío de trabajadores en
misión para la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional en el desarrollo de la estrategia Grupo Móvil de Erradicación del
Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos, con el fin de cumplir con las metas
establecidas para el año 2007”, en el que Acción Social dispuso la conformación
de unos grupos de trabajo compuestos por 28 erradicadores, 1 capataz, 2
rancheros, 1 topógrafo y 1 médico y estableció las diferentes metodologías de
erradicación.

36. Igualmente se estipuló el proceso de selección y vinculación de personal, el
cual sería responsabilidad de la empresa de servicios temporales con la que
Acción Social celebraría el contrato de prestación de servicios. Así, se estipuló que
la empresa de servicios temporales asumiría todas las obligaciones contempladas
en la ley derivadas de su condición de empleador y afiliaría al personal que
conformara los grupos móviles de erradicación a una póliza colectiva de vida que
los amparara de, entre otros, incapacidad total y permanente y enfermedades
graves; así como debía cumplir las siguientes obligaciones: […]

37. En virtud de lo anterior, el 8 de febrero de 2007, la Agencia Presidencial para
la Acción Social y la Cooperación Internacional – Fondo de Inversión para la Paz-
Acción Social FIP y la empresa privada Empleamos S.A.[…] suscribieron el contrato
de prestación de servicios No. 359 cuyo objeto fue “prestar el servicio de personal
temporal en misión por parte de la EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES, con el fin
de implementar la Estrategia Grupo Móvil de Erradicación de Programa
Presidencial contra Cultivos Ilícitos -PCI en la erradicación de cultivos ilícitos y así
alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo”[…].

38. En el documento consta que la empresa de servicios temporales -Empleamos
S.A.- se obligó, entre otras cosas, a cumplir estrictamente las disposiciones
laborales vigentes como verdadero empleador y a mantener indemne a Acción
Social frente a cualquier acción judicial o extrajudicial que se presentara en virtud
del desarrollo del contrato. A pesar de que no se advierte textualmente ninguna
anotación sobre la seguridad de los erradicadores, se dispuso que Acción Social
debía asumir “las demás obligaciones que se desprendan de la naturaleza del
contrato”. Finalmente, se pactó una cláusula de autonomía administrativa y
ausencia de relación laboral que estableció que “la Empresa de Servicios
Temporales obrará con plena autonomía administrativa y no existirá entre esta y la
Acción Social FIP relación laboral alguna y por tanto no será solidariamente
responsable con la Empresa de Servicios Temporales, por el valor de los salarios
y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho sus trabajadores o
empleadores”.

39. Al expediente también se allegó copia de la póliza de seguro de vida en grupo
constituida por Empleamos S.A. que cubría incapacidad total y permanente,
muerte accidental y enfermedades graves de sus trabajadores[…].

25

Radicado: 11001 03 15 000 2023 07454 01
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40. Dentro del trámite de primera instancia de este proceso, las señoras Yasmín
Eugenia Morales Patiño[…], Luz Aide Osorio Agudelo 40 y Mónica María Marín
Álvarez[…], quienes trabajaban para la empresa Empleamos S.A., declararon que
una vez ocurrieron los hechos le reportaron a la ARL la ocurrencia del accidente de
trabajo y que el señor Escobar Arias tenía todas sus afiliaciones de ley y le
cancelaron la totalidad de las incapacidades. Asimismo, afirmaron que era Acción
Social la que coordinaba junto a la fuerza pública el acompañamiento de seguridad
para los grupos de erradicadores mientras estos cumplen con su jornada laboral[…].

41. De otro lado, se recibió el interrogatorio de parte de la señora Amparo Montoya
Gómez, gerente de la empresa Empleamos S.A., en el que afirmó que se habían
obligado con Acción Social a suministrar el personal necesario para efectuar la
erradicación manual de cultivos ilícitos a través de los grupos móviles y que “este
contrato se otorgaba mediante licitación pública desde los pliegos de condiciones
se establecía que la seguridad estaba a cargo de Acción Social y que se ejercía a
través del Ejército y la Policía la estrategia cuenta con unos protocolos de
seguridad para la movilización y desplazamiento de los grupos móviles de
erradicación. Era claro desde los pliegos y conforme a la ley 50 de 1990 que todo
aquello que tuviera que ver con la relación laboral contractual con el erradicador
era pertinencia de Empleamos Vg., la firma de un contrato de trabajo por obra y
labor, las afiliaciones a la seguridad social, el pago de aportes parafiscales y todas
las obligaciones derivadas de ese contrato, que es el caso de las prestaciones,
adicionalmente y conforme a los términos de la licitación EMPLEAMOS debía
constituir una póliza de vida a favor de los erradicadores (…)”[…].

Con base en ese análisis, la Sección Tercera, Subsección A, consideró en la sentencia
acusada que esos elementos de conocimiento acreditaban que el señor Jairo Escobar
Arias se hallaba vinculado laboralmente con una empresa contratista del Estado, esto
es, Empleamos S. A. que celebró el Contrato de Prestación de Servicios 359 para
suministrar el servicio de personal temporal en misión con el fin de implementar la
Estrategia Grupo Móvil de Erradicación del Programa Presidencial contra Cultivos
Ilícitos (PCI).

Así mismo, que según el informe de la administradora de riesgos laborales POSITIVA S.
A., los hechos en los que resultó lesionado se produjeron mientras desempeñaba las

funciones de erradicación manual de cultivos ilícitos para las que fue contratado por
Empleamos S. A., por tanto, fue catalogado como un accidente de trabajo y según
Dictamen 2537 de 2010, la disminución de su capacidad laboral se calificó con un
porcentaje del 4.95 %, la que por no hallarse dentro del rango que configura una
incapacidad permanente parcial, no daba lugar al pago de una indemnización, pero sí
a las prestaciones asistenciales requeridas por la contingencia de conformidad con la
ley laboral.
Con fundamento en ese examen la Sección Tercera, Subsección A, concluyó que tales

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elementos demostrativos evidenciaban que era la empresa contratista del Estado y
empleadora del accionante, es decir, Empleamos S. A. la que tenía bajo la normativa
del derecho laboral privado la obligación de garantizar las condiciones de seguridad
necesarias para que realizara el trabajo para el que se le contrató y que debía
adelantar todas las acciones de prevención de riesgos relacionadas con la actividad
económica, «sin perjuicio de que en el escenario judicial correspondiente hubiera
podido llamar a quien considerara responsable de lo acontecido». Sobre el particular
se pronunció así:

72. Con base en las anteriores premisas, se tiene que fue precisamente mientras
el señor Jairo Escobar Arias desarrollaba las actividades propias de su condición
de erradicador de cultivos que ocurrió el accidente en el que se vio involucrado con
ocasión del actuar delictivo de terceros. Por manera que, con base en los
elementos normativos y jurisprudenciales citados en precedencia, resulta
imperativo concluir que, en tanto las lesiones que padeció el señor Escobar Arias
ocurrieron con ocasión del trabajo que se hallaba realizando, pues el demandante
se encontraba ejecutando una actividad laboral, en el horario habitual de trabajo y
bajo la autoridad de su empleador, la responsabilidad que estaba llamada a
activarse no corresponde a la que se ha pretendido encauzar en este proceso.

73. Según las pruebas arrimadas al proceso, la empresa Empleamos S.A. informó
del accidente a la ARL Positiva S.A.[…]., la cual categorizó los hechos como
accidente de trabajo y le dio a conocer que tendría acceso a las prestaciones
asistenciales correspondientes[…], como consta en el oficio enviado al señor
Escobar Arias en febrero de 2010.

Por lo anterior, resolvió la autoridad demandada que como se demostró que las
pretensiones de los accionantes se fundaban en la ocurrencia de un accidente de
trabajo en el que obró la culpa del empleador, le correspondía al afectado reclamar la
indemnización a la que considera tiene derecho ante la jurisdicción ordinaria laboral.
Al efecto hizo las siguientes consideraciones:

78. De modo que, como la parte actora funda sus pretensiones en los perjuicios
sufridos debido a un accidente de trabajo y, como se dejó dicho en la demanda, se
consideraba que en la ocurrencia del accidente de trabajo obró la culpa del
empleador, lo que le correspondía al afectado era solicitar la indemnización
correspondiente con fundamento en el artículo 216 del Código Sustantivo de
Trabajo, a través de una demanda ante la jurisdicción ordinaria en su especialidad
laboral, en la que debería probar la responsabilidad subjetiva del empleador y, en
su caso, de la de la entidad estatal beneficiaria del trabajo, posibilidad que también
estaba disponible para los familiares que aquí igualmente demandan en procura
de una indemnización plena de perjuicios -de acreditarse suficientemente el daño
que alegan causado como víctimas indirectas-.

79. Así las cosas, si la empleadora del lesionado, en este caso la empresa

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Empleamos S.A., era contratista de Acción Social -como se desprende del contrato
de prestación de servicios allegado al expediente- y, eventualmente esta última
entidad oficial debería responder solidariamente como dueña de la obra por el
accidente laboral, es algo que debe conocerse en el trámite de la jurisdicción
ordinaria para que así sea definido.

81. Por tanto, si el actor y sus familiares pretendían una indemnización plena de
perjuicios, debieron demandar al primer llamado a responder, empresa
Empleamos S.A. y a Acción Social como beneficiaria de la obra, de manera que no
podían soslayar la acción correspondiente por la vía ordinaria contra el empleador
del señor Escobar Arias, pues, se itera, fue con motivo y a propósito de la labor
contratada que se vio sometido a un hecho que le causó una lesión.

82. De este modo, en el sub lite, lo relacionado con Empleamos S.A. y Acción Social
debe dirimirse al amparo de los institutos que la ley tiene reservados frente a la
respectiva relación contractual, sin que la jurisdicción administrativa esté habilitada
para desplazar al juez natural y acumular tal controversia a una de reparación
directa; razón por la cual, la Sala declarará la falta de jurisdicción para conocer de
la responsabilidad reclamada respecto de la empresa privada Empleamos S.A.,
contratista de Acción Social, con el fin de que indemnicen los perjuicios causados
por las lesiones irrogadas a Jairo Escobar Arias, situación que, según la demanda,
ocurrió en cumplimiento de la relación laboral que existía entre éste y aquella.

Teniendo en cuenta lo acreditado en el proceso, la Sección Tercera, Subsección A,
declaró la falta de jurisdicción para conocer de la responsabilidad deprecada por los
accionantes respecto de Empleamos S. A., el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República (DAPRE) y la Agencia Presidencial para la Acción Social y
la Cooperación Internacional (ACCIÓN SOCIAL), dado que se configuró la causal de
nulidad establecida en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, por
consiguiente, se imponía decretar la nulidad de lo actuado desde que el Tribunal
Administrativo de Antioquia, admitió la demanda. Al respecto señaló lo siguiente:

83. En virtud de lo dispuesto en el artículo 165 del Código Contencioso
Administrativo[…], las causales de nulidad aplicables a los procesos de
conocimiento de esta jurisdicción iniciados con anterioridad al 2 de julio de 2012,
así como las reglas para proponerlas y el procedimiento para decidirlas, se regulan
por lo consagrado en el Código de Procedimiento Civil.

84. Pues bien, el artículo 140 del C.P.C. establece de manera expresa los vicios
que afectan la validez del proceso, enunciación que se rige por el principio de
taxatividad[…], según el cual solo pueden alegarse como causales de nulidad los
supuestos contemplados en la ley. La norma citada, en su numeral 1, establece lo
siguiente: “Artículo 140. Causales de Nulidad. El proceso es nulo en todo o en
parte, solamente en los siguientes casos: 1. Cuando corresponda a distinta
jurisdicción (…)”. En relación con la posibilidad de saneamiento o no de la falta de
jurisdicción, el artículo 144 del C.P.C. señala “[n]o podrán sanearse las nulidades
de que tratan las nulidades 3 y 4 del artículo 140, ni la proveniente de falta de
jurisdicción o de competencia funcional”.

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De otro lado, cuando un proceso iniciado en vigencia del C.P.C. es tramitado por
una jurisdicción distinta a la que le corresponde debe declararse la nulidad de todo
lo actuado, en la medida en que la irregularidad se entiende estructurada desde el
primer momento, desde que se decidió avocar el conocimiento de un asunto frente
al cual no se contaban con la jurisdicción y competencia pertinentes. Así las cosas,
en tales eventos deberá anularse todo lo actuado desde el auto admisorio de la
demanda, incluso la sentencia que se hubiese dictado, con fundamento en el
artículo 146 del C.P.C., en virtud del cual, “[l]a nulidad (…) comprenderá la
actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este”.

88. La demanda será remitida a los Jueces Laborales de Medellín, autoridad que
la tramitará sólo respecto de la controversia suscitada entre los actores y
Empleamos S.A. y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional –Acción Social- como beneficiaria de la obra en virtud de la cual se
celebró el contrato de obra conocido. Para los fines relacionados con la
interrupción de la prescripción y la inoperancia de la caducidad, se tendrá en
cuenta la fecha en la que se presentó la demanda en este asunto -5 de octubre de
2010[…]-.

[…]

Así las cosas, la Sala estima que la Sección Tercera para declarar la falta de
jurisdicción apreció el caudal probatorio obrante en el plenario y analizó cada uno de
los elementos demostrativos de que las lesiones causadas al señor Jairo Escobar
Arias ocurrieron como consecuencia de un accidente laboral, por ende, la
responsabilidad por los daños ocasionados al trabajador y su grupo familiar debían ser
reclamados a Empleamos S. A., al Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República (DAPRE) y a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional (ACCIÓN SOCIAL) ante la jurisdicción ordinaria laboral.

En tales condiciones, lo que se advierte es que la parte actora está inconforme con la
lógica y estudio dado por el fallador en el análisis del asunto y utiliza la acción de tutela
para plantear un examen de las probanzas, que, a su juicio, es el que debe darse,
circunstancia que el juez constitucional no puede avalar no solo porque no es de su
competencia realizar este tipo de valoraciones, sino porque el defecto fáctico está
estructurado en específicas causales referenciadas por la Corte Constitucional y en
ninguno de los eventos previstos se encuentra la posibilidad de estudiar la prueba bajo
consideraciones propias del juez de tutela, como lo pretenden los accionantes.

Al respecto, la Sala ha sido constante en sostener que la tarea de decidir ante distintos
medios probatorios cuál o cuáles de ellos, y con qué concreto alcance, deben ser

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utilizados para la resolución de un determinado supuesto litigioso es una materia de
mera interpretación y valoración, conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica
de la prueba, que en virtud del artículo 176 del Código General del Proceso constituye
una función exclusiva de los órganos judiciales ordinarios.

El juzgador de la causa es el que puede apreciar y valorar de la manera más certera
el material probatorio que obra dentro de un proceso, sin que al juez de tutela le esté
permitido «convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto», como lo pretende el
accionante en esta oportunidad.

Luego, la Sección Tercera, Subsección A, examinó lo concerniente a la legitimación
en la causa por pasiva frente a accidentes de trabajo ocurridos en ejercicio de
funciones propias del empleo, con el fin de determinar si había lugar a endilgarle
responsabilidad a la Nación (Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional). Al
efecto resolvió lo siguiente:

105. En el presente caso, como se ha dejado asentado, la fuente jurídica del daño
por el que se pretende una indemnización, no es otra que el vínculo laboral nacido
de la suscripción de un contrato de trabajo entre el señor Jairo Escobar Arias y la
empresa contratista del Estado, que fungió, para todos los efectos, como
empleadora del aquí demandante; negocio jurídico que no involucra a la entidad
demandada sobre la que procede el análisis de esta Corporación en virtud del
ámbito cerrado del recurso de apelación.

106. Con todo, lo cierto es que no existen elementos jurídicos que permitan entrar
a analizar la responsabilidad de la Policía Nacional por el accidente de trabajo en
el que estuvo involucrado el señor Jairo Escobar Arias, en tanto se trata de una
controversia que, a la luz de las consideraciones planteadas, debió tener cauce en
la jurisdicción ordinaria laboral en contra de las entidades llamadas a responder en
el marco del vínculo laboral que existía con el aquí demandante.

107. Por manera que los aspectos relacionados con la responsabilidad de las
entidades demandadas en la causación del accidente de origen laboral en el que
resultó lesionado el señor Escobar Arias, no pueden ser evaluados por esta
Corporación en tanto la jurisdicción contencioso administrativa no es la competente
para conocerlos y, por ende, respecto de la entidad demandada Nación – Ministerio
de Defensa – Policía Nacional, ha de declararse la falta de legitimación en la causa
por pasiva.

[…]

109. […] se impone denegar las pretensiones de la demanda formuladas frente a
la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por las razones aquí
expuestas.

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Así las cosas, estima la Sala que la providencia que profirió la Sección Tercera,
Subsección A, se encuentra debidamente sustentada en las normas legales que le
permitieron concluir que no le corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa
estudiar la responsabilidad de la Nación (Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional) por los daños sufridos por los accionantes, dado que no se hallaba
legitimada en la causa por pasiva y, por tanto, debían negarse las pretensiones
formuladas en su contra, lo cual, en modo alguno, constituye transgresión de sus
garantías fundamentales, sino que corresponde a las atribuciones de autonomía e
independencia de las que está investido el juez de la causa y que en forma precisa lo
habilitan para aplicar la ley sustancial y fijarle su verdadero sentido y alcance frente al
caso concreto.

Y es que el fallador constitucional no puede tomar posición en juicios de interpretación,
pues ello compete estrictamente al juez natural. El oficio del juez de tutela, cuando se
trata de providencias judiciales, es revisar que la decisión no sea manifiestamente
arbitraria y desproporcionada.

En el asunto sometido a examen se tiene que la Sección Tercera, Subsección A,
expresó con suficiencia las razones por las cuales consideró que la indemnización
reclamada por los demandantes debe discutirse ante la jurisdicción ordinaria laboral
en relación con Empleamos S. A., el Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República (DAPRE) y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional (ACCIÓN SOCIAL) y que debían negarse las pretensiones respecto a la
Nación (Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional) debido a su falta de
legitimación en la causa por pasiva.

Ahora, en relación con las posturas adoptadas en la jurisprudencia de esta corporación
en relación con la interposición de la acción indemnizatoria ante la jurisdicción
contencioso-administrativa por el daño sufrido por un empleado de una empresa
privada contratista del Estado, la autoridad accionada se pronunció en los siguientes
términos:

43. A este respecto, se advierte que en este tipo de casos, se ha desarrollado una
primera tesis por parte del Consejo de Estado, según la cual, el directamente

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afectado en un accidente de trabajo puede demandar mediante la acción de
reparación directa ante la jurisdicción contenciosa administrativa por los hechos
dañinos, siempre que se acredite que el daño es imputable a la entidad estatal.

44. Así, en sentencia del 1 de marzo de 2006 (15.284) la Sección Tercera de esta
Corporación[…] señaló que “el trabajador que sufre un daño cuando participa en
la ejecución de una obra pública, en desarrollo de un contrato de trabajo celebrado
ya no con el Estado sino con un tercero, llámese contratista, subcontratista etc, es
considerado para los efectos anotados como un tercero, siendo aplicable tanto el
título de falla como el del riesgo creado, el cual debe definirse con fundamento en
el principio ubi emolumentum ibi onus esse debet que hace responsable de los
perjuicios a quien crea la carga, sin las connotaciones existentes para cuando en
la Administración se conjuga también la condición de patrono del trabajador”.

45. Así, de acuerdo con dicho criterio jurisprudencial, el hecho de que el trabajador
particular o sus causahabientes -según corresponda-, puedan hacer uso de una
acción de carácter laboral contra el empleador por razón de daños sufridos con
ocasión de accidentes de trabajo o enfermedad profesional para obtener el pago
de los beneficios y prestaciones previstos en el Código Sustantivo del Trabajo[…],
no obsta para que también puedan ejercer la acción indemnizatoria contra quien
detenta la propiedad de la obra, por los daños causados en desarrollo de la
misma[…].

46. Esta posición fue reiterada en sentencia del 8 de noviembre de 2007 (15.967)[…]
en la que la Sección conoció de la demanda presentada por los familiares de un
trabajador fallecido que había sido contratado por un contratista del municipio de
Pereira, en desarrollo de una obra que se adelantaba en dicho ente territorial. En
la sentencia se hizo referencia al caso particular de los trabajadores del contratista
o subcontratista del Estado[…], para concluir que éstos pueden demandar ante el
juez laboral la indemnización integral de los perjuicios que hubieran sufrido en
accidentes de trabajo -en contra de la empresa contratista-, o la indemnización
integral por el daño antijurídico imputable a una entidad pública mediante la acción
de reparación directa ante la jurisdicción contencioso administrativa, pero para que
sus pretensiones puedan prosperar se requiere acreditar que el daño es imputable
a la entidad demandada.

47. En este sentido, esta Corporación concluyó, entre otros aspectos, que:

“ (…) ii) El trabajador de la firma contratista (o sus causahabientes y
sucesores) podrá demandar en proceso ordinario laboral el pago de una
indemnización plena, con fundamento en que el daño que sufrió es imputable
a la culpa del patrono, o podrá demandar la indemnización integral en acción
de reparación directa por haber sufrido un daño antijurídico, pero si en el
proceso laboral llamó a responder solidariamente a la misma entidad estatal,
la sentencia que se profiera en aquel proceso tendrá efectos de cosa juzgada
en el de reparación directa y viceversa. iii) El trabajador o sus
causahabientes que demanden ante la jurisdicción ordinaria al particular
contratista con quien hubieran celebrado un contrato de trabajo, con el fin de
obtener la indemnización plena del daño, podrán optar por demandar ante la
jurisdicción contenciosa, para perseguir del Estado la indemnización integral
de los daños y perjuicios imputables a la misma, pero cuando en el proceso
ordinario se dicte sentencia favorable a sus intereses, en el proceso de
reparación directa podrá decretarse la excepción de pago, bien a solicitud de
la entidad estatal o de manera oficiosa”.

48. En estos términos lo ha expresado también la Corporación:

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“Aceptar el planteamiento según el cual se pueden subsumir los dos
sistemas de indemnización en uno solo, equivale, sin eufemismo alguno, a
borrar la distinción, que al menos en el ámbito positivo obliga por el momento,
entre responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual, y ello
no se puede hacer sin violentar el ordenamiento constitucional y legal.

En efecto, en el campo de la responsabilidad extracontractual administrativa,
la noción de falla del servicio no es una figura cuyo correlato sea
precisamente la idea de culpa del derecho privado o laboral. Y debe quedar
claro que la responsabilidad del Estado cuando el daño sea causado a sus
mismos servidores, no sólo se puede originar por una falla del servicio, sino
por cualquier otro título de imputación, que impediría obrar dentro del marco
limitativo del artículo 216 del C.S.T., o de cualquier norma similar, porque lo
que consagra es la responsabilidad subjetiva del empleador. Además, la
noción de culpa en términos generales no puede quedar inmersa como una
noción común al ordenamiento jurídico, el concepto de culpa en cada una de
las ramas del derecho encuentra un marco de aplicación específico, de allí
que no podremos hablar de un trasuntar entre la culpa civil, la penal, la
laboral y la falla del servicio, como una categoría igual que irradia todas esas
áreas. No pueden olvidarse las diferentes graduaciones de la culpa por
ejemplo en materia civil, y las consecuencias que de dicha gradualidad se
pueden derivar para uno u otro supuesto; cosa similar ocurre también si se
trata de responsabilidad contractual o extracontractual, pues en la primera,
la culpa en sus diversas formas puede comprometer la responsabilidad, en
cambio en la segunda, no admite graduación alguna”[…].

49. Ahora bien, esta Subsección ha propuesto una segunda tesis en fallos más
recientes, según la cual, cuando se pretende la indemnización por los perjuicios
ocasionados en accidente de trabajo, el empleado de una empresa contratista del
Estado debe demandar a su empleador -si considera que medió su culpa en la
ocurrencia del accidente- por intermedio de la jurisdicción ordinaria en su
especialidad laboral al amparo del artículo 216 del C.S.T. y, eventualmente vincular
solidariamente a la entidad pública beneficiaria de la obra.

50. Así, en proveído del 22 de noviembre de 2021 en el que se resolvió una
demanda presentada por un trabajador de una empresa privada que resultó
lesionado por la explosión de una mina mientras se encontraba en ejecución de
sus labores y cuyo daño fue imputado al Ejército Nacional por la omisión de su
función de prestar seguridad en la zona; esta Corporación declaró la falta de
legitimación en la causa por pasiva, con el argumento de que se trató de un
accidente de trabajo en virtud del cual, al accionante le habría correspondido
demandar a su empleadora a través de la jurisdicción ordinaria laboral, para
acceder a la indemnización plena. En este sentido, razonó esta Sala:

51. En este contexto, se colige que la imputación de responsabilidad estatal en
este tipo de situaciones en las que la administración no tiene la condición de
patrono del trabajador, sino que éste se halla vinculado directamente con un
particular, se circunscribe a la verificación de si el daño alegado se derivó o no de
la ejecución de las labores propias de la relación laboral, es decir, si los hechos
objeto de estudio tienen como causa la ocurrencia de un accidente de trabajo.

De conformidad con lo anterior, considera la Sala que no les asiste razón a los
accionantes en cuanto aducen que en la providencia censurada se desconoció el

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Demandante: Jairo Escobar Arias y otros

criterio jurisprudencial fijado por esta corporación en relación con la imputación de
responsabilidad estatal por los daños sufridos en la ejecución de labores en las que la
administración no tiene la condición de empleador, especialmente, la sentencia del 10
de febrero de 2021, emitida por la Sección Tercera, Subsección B, —radicación 50001
23 31 000 2016 00937 01— en la que se consideró que había legitimación en la causa
por pasiva; pues si bien no se basó en ese pronunciamiento, como se establece en los
apartes transcritos se fundamentó en otros que definieron situaciones en las que se
decidió que no corresponde a esta jurisdicción el conocimiento de esos asuntos, por
consiguiente, se puede concluir que en el presente caso no se configura el defecto
invocado.

Además, dado que sobre la materia no existe un criterio unificado, la Sección Tercera,
Subsección A, en ejercicio de su independencia y autonomía podía aplicar el
antecedente jurisprudencial que considerara adecuado para la decisión del asunto
sometido a su arbitrio como en efecto lo hizo.

Así las cosas, la Sala estima que en la providencia emitida por la autoridad accionada
no se advierte una actuación constitutiva de vía de hecho que vulnere los derechos
fundamentales de la parte demandante, en tal virtud, se denegará el amparo
deprecado por los señores Jairo Escobar Arias, Luz Stella Pérez Molina, Tatiana
Escobar Pérez y Sorani Escobar Pérez.

3. Conclusión

La Sala concluye que en la providencia del 20 de junio de 2023, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que modificó el fallo del 31 de
marzo de 2016, dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, no se incurrió en
los defectos alegados por la parte actora.

En tal sentido, la Sala procederá a revocar el ordinal segundo de la sentencia de la
Sección Primera del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la
acción interpuesta por falta del requisito de relevancia constitucional y, en su lugar, se
denegará el amparo que solicitan los señores Jairo Escobar Arias, Luz Stella Pérez
Molina, Tatiana Escobar Pérez y Sorani Escobar Pérez.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero doctor
Jorge Iván Duque Gutiérrez para conocer la acción de tutela de la referencia, por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión y, en consecuencia,
separarlo del conocimiento del asunto.

Segundo. Revocar el ordinal segundo de la sentencia del 8 de febrero de 2024, que
dictó el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante la que declaró la
improcedencia de la acción de tutela. En su lugar, negar el amparo solicitado por los
señores Jairo Escobar Arias, Luz Stella Pérez Molina, Tatiana Escobar Pérez y Sorani
Escobar Pérez, conforme a la parte considerativa que antecede.

Tercero. Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Con impedimento Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

MAM

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