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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07456-01

Fecha
30 de abril de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07456-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 29 de febrero de 2024, que dictó el Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante la que amparó los derechos al debido proceso y a la igualdad a los señores Elvira Méndez Astudillo, Sergio Antonio Ledesma Sandoval, Lucelly Ledesma Méndez, Didier Arcadio Ledesma Méndez, Nathali Loaiza Echavarría, Jhon Edward Galeano Castaño, Gonzalo Rey Moreno, Gonzalo Rey Guzmán, Sandra Moreno Díaz, Cristian Alexis Rey Velosa, William Manuel Balcázar Moreno y Erick Alexander Moreno, conforme a la parte considerativa que antecede. 25 Radicado: 11001 03 15 000 2023 07456 01 Demandante: Gonzalo Rey Moreno y otros Segundo. Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-07456-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

30 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 07456 01
Demandante: Gonzalo Rey Moreno y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa.
Se alegan los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial
horizontal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandada contra la sentencia del
29 de febrero de 2024, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Quinta,
concedió el amparo deprecado.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

Los señores Elvira Méndez Astudillo, Sergio Antonio Ledesma Sandoval, Lucelly
Ledesma Méndez, Didier Arcadio Ledesma Méndez, Nathali Loaiza Echavarría, Jhon
Edward Galeano Castaño, Gonzalo Rey Moreno, Gonzalo Rey Guzmán, Sandra
Moreno Díaz, Cristian Alexis Rey Velosa, William Manuel Balcázar Moreno y Erick
Alexander Moreno, por medio de apoderado, promueven acción de tutela contra la
providencia del 26 de octubre de 2023, que dictó el Tribunal Administrativo del Cauca,
mediante la que confirmó el fallo del 30 de enero de 2020, proferido por el Juzgado
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 07456 01
Demandante: Gonzalo Rey Moreno y otros

Tercero Administrativo del Circuito de Popayán.

1.2. Pretensiones

Los accionantes formulan las siguientes súplicas:

6.1 Principal

Tutelar los derechos fundamentales de la parte accionante al debido proceso, a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia y la reparación integral de las
víctimas.

Declarar la configuración de defecto fáctico incurrido por el Tribunal Administrativo
del Cauca al expedir la sentencia TA – DES002-ORD-117-2023 del 26 de octubre de
2023, y en consecuencia[:]

Revocar la sentencia TA – DES002-ORD-117-2023 del 26 de octubre de 2023
expedida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca.

Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, que [en] un término
improrrogable de 15 días posteriores a la notificación del fallo de tutela proceda a
expedir una nueva sentencia de segunda instancia.

6.2 Secundaria

Tutelar los derechos fundamentales de la parte accionante al debido proceso, a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia y la reparación integral de las
víctimas.

Declarar la configuración de defecto por desconocimiento del precedente
horizontal incurrido por el Tribunal Administrativo del Cauca al expedir la sentencia
TA – DES002-ORD-117-2023 del 26 de octubre de 2023, y en consecuencia:

Revocar la sentencia TA – DES002-ORD-117-2023 del 26 de octubre de 2023
expedida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca.

Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, que [en] un término
improrrogable de 15 días posteriores a la notificación del fallo de tutela proceda a
expedir una nueva sentencia de segunda instancia.

1.3. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, los accionantes a través de su apoderado señalaron los
siguientes:

i) El 7 de mayo de 2012, aproximadamente a las 16:30 horas, la primera escuadra
del segundo pelotón de la Compañía BACOT 37, Macheteros del Cauca, se desplazaba

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Demandante: Gonzalo Rey Moreno y otros

en el sector de la vereda Santa Clara del municipio de Argelia (Cauca), durante el
desarrollo de la Orden de Operaciones Eclipse, Misión Táctica MACEO en coordenadas
02º 25º 57-77º 16’18, a su paso fue activado un campo minado y la tropa atacada con
ráfagas de fusil por miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) como consecuencia resultaron gravemente lesionados varios militares entre
ellos, Gonzalo Rey Moreno, Óscar Arbey Ledesma Méndez y falleció Ervin Loaiza
Echavarría.

ii) Durante el desarrollo de la misión se incurrió en graves fallas, las cuales fueron la
causa eficiente del daño producido a los accionantes, pues se expuso al personal a un
riesgo mayor al que normalmente deben soportar; toda vez que los altos mandos pese
a que conocían que se hallaban en un campo minado no dotaron al personal con los
elementos y/o armamento para el cumplimiento de dicho operativo, ya que no tenían
equipo de antiexplosivos y desminados (EXDE), detector de minas antipersona y
sistemas optrónicos.

iii) El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán, mediante sentencia
del 30 de enero de 2020, negó las pretensiones de la demanda, porque consideró que
de conformidad con el acervo probatorio la tropa fue atacada por un grupo al margen
de la ley, donde se utilizaron explosivos, minas antipersonas y ráfagas de fusil, lo que
configura «una emboscada»; por tanto, no se podía afirmar que de contar el Pelotón
Alcatraz con el equipo EXDE se habría evitado el ataque subversivo, en donde
resultaron heridos dos soldados y fallecieron otros dos soldados profesionales, entre
ellos, Ervin Loaiza Echavarría.

iv) El Tribunal Administrativo del Cauca dictó fallo de segunda instancia el 26 de
octubre de 2023, confirmando la decisión del a quo, ya que estimó que la valoración
efectuada respecto de la conducta del militar no comprometía la responsabilidad de la
institución, pues los hechos que dieron lugar al daño alegado se presentaron como
consecuencia de las funciones que le corresponden al Ejército Nacional, es decir, el
riesgo propio de la actividad militar.

v) El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán mediante sentencia del
14 de enero de 2019, dictada dentro del medio de control de reparación directa con

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Demandante: Gonzalo Rey Moreno y otros

radicado 19001 33 33 008 2014 00255 00, que se impetró por idénticos hechos,
accedió a las súplicas y declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la
Nación (Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional), con fundamento en que no
obstante la muerte de los soldados se causó en desarrollo del servicio, el Estado
contribuyó eficazmente en la ocurrencia del daño, porque no cumplió con las medidas
de seguridad necesarias en la citada operación militar, consistente en: 1) no contar
con equipo EXDE ni material especial optrónico o de visión nocturna; 2) no se tuvo
acompañamiento de caninos; 3) y se realizó movimiento a la luz del día, pues la muerte
del soldado ocurrió a las 16:30, cuando ello se encontraba prohibido, factor que
evidencia el incumplimiento de los protocolos militares preestablecidos. El Tribunal
Administrativo del Cauca por medio de sentencia del 21 de julio de 2023, confirmó ese
fallo por idénticas razones a las que tuvo el a quo.

1.4. Fundamentos jurídicos

Los accionantes alegan que con la sentencia acusada se vulneraron sus derechos al
debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la reparación
integral a las víctimas, así mismo, se incurrió en defecto fáctico y desconocimiento del
precedente judicial, por las siguientes razones:

i) El Tribunal Administrativo del Cauca desobedeció su propio precedente, esto es, el
contenido en la sentencia del 21 de julio de 2023, dictado dentro del medio de control
de reparación directa con radicado 19001 33 33 008 2014 00255 00, por cuanto no
hizo mención expresa de aquel y, por ende, no refirió a los motivos para apartarse,
máxime cuando se decidía un asunto, con identidad fáctica y probatoria.

ii) La autoridad demandada incurrió en defecto fáctico por cuanto omitió valorar integra
y objetivamente el material probatorio obrante en el expediente, esto es, la Indagación
Preliminar 010 2012 y la Investigación Penal Militar 735, donde se evidencia el
incumplimiento de los protocolos establecidos en el Sumario de Órdenes de Carácter
Permanente emitido por el Comando de la Vigésima Novena Brigada para el año

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Demandante: Gonzalo Rey Moreno y otros

2012,1 pruebas que permiten acreditar la configuración de la falla del servicio
ocasionada por la entidad accionada.

1.5. Actuación procesal

1.5.1. La acción de tutela se admitió mediante auto del 13 de diciembre de 2023, que
ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Cauca, como
demandados. Así mismo, se dispuso la notificación al Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Popayán, a la Nación (Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional), y a Óscar Arbey Ledesma Méndez, Daniel Alejandro Ledesma, Lucenith
Hernández Franco, Yosman Steven Loaiza Hernández, Abelardo Loaiza Ruiz, Harby
Alejandro Loaiza Hernández y Brandon Andrés Rey Ayala, como terceros interesados
en las resultas de esta acción, para que dentro del término de tres días, y en uso de
su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe. Adicionalmente, y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 610 del Código General del Proceso se vinculó a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Igualmente, ordenó a la Secretaría General de esta corporación que publicara en la
página web copia digital de la demanda de tutela, de los anexos y de la providencia,
con el fin de que cualquier persona que tuviera interés conociera de los referidos
documentos y pudiera intervenir en el trámite constitucional.

1.5.2. En auto del 8 de febrero de 2024, antes de dictar sentencia de primera, se
dispuso lo siguiente:

PRIMERO: NEGAR la solicitud probatoria realizada por la parte demandante,
consistente en el traslado íntegro del expediente número 19001-33-33-008-2014-
00255-01 al presente plenario.

SEGUNDO: ORDENAR a la parte accionante que proceda al emplazamiento de los
señores Daniel Alejandro Ledezma, Lucenith Hernández Franco, Yosman Steven
Loaiza Hernández, Abelardo Loaiza Ruiz, Harby Alejandro Loaiza Hernández y
Brandon Andrés Rey Ayala. A los referidos ciudadanos se les otorgará el término

1 «i. no se contó con equipo EXDE ni material especial optrónico o de visión nocturna, ii. no se tuvo

acompañamiento de caninos, iii. y se realizó movimiento a la luz del día, cuando esto no estaba
permitido, porque el desplazamiento debía ser de noche, aunque no se contaba con material optrónico
o de visión nocturna, factores que evidencian el incumplimiento de las órdenes permanentes aplicables
a la operación».

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Demandante: Gonzalo Rey Moreno y otros

de tres días (3) días (sic) para que, si a bien lo tienen, contesten o presenten el
memorial de intervención que consideren pertinente, el cual podrá ser radicado
vía correo electrónico dirigido al siguiente buzón:
secgeneral@consejodeestado.gov.co.

TERCERO: ORDENAR a la parte accionante que proceda al emplazamiento de los
posibles herederos indeterminados del señor Óscar Arbey Ledezma Méndez, con
el objeto de que, si a bien lo tienen, acudan al proceso. Para el efecto, se les
otorgará el término de tres (3) días para que contesten la demanda o presenten los
memoriales de contestación que consideren pertinentes, los cuales podrán ser
radicados vía correo electrónico dirigido al siguiente buzón:
secgeneral@consejodeestado.gov.co.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes de la forma más expedita
posible.

1.6. Intervenciones

Tanto la autoridad demandada como los vinculados guardaron silencio pese a que
fueron debidamente notificados.

1.7. La sentencia que se impugna

El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante fallo del 29 de febrero de 2024,
amparó los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de los
accionantes; en consecuencia, dejó sin efectos la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo del Cauca el 26 de octubre de 2023 dentro del expediente de reparación
directa con radicación 19001 23 33 003 2014 00239 01 y ordenó dictar una nueva
decisión en la que se acoja el precedente sentado en la providencia del 21 de julio de
2023,2 emitida por esa corporación o en su defecto, exponga las razones que lo
llevaron a apartarse del criterio expresado en dicho proveído, con fundamento en las
siguientes consideraciones:

i) Del análisis de los argumentos presentados por la parte accionante, se advierte que
el referido a la existencia de un defecto fáctico en la providencia cuestionada no cumple
con el requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional, toda vez que
lo que pretenden tales consideraciones es cuestionar las conclusiones a las que arribó
el tribunal accionado tras el análisis de las pruebas obrantes en el proceso, examen

2 Radicado 19001 33 33 008 2014 00255 01.

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que escapa a la órbita del juez constitucional.

ii) Cosa distinta ocurre con las afirmaciones tendientes a la existencia de un posible
desconocimiento de precedentes jurisprudenciales sentados por la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado y por el propio Tribunal Administrativo del
Cauca en casos análogos al estudiado, pues de verificarse lo señalado en la demanda
sobre el particular, esto implicaría una contravención de los principios constitucionales
de igualdad y seguridad jurídica.

iii) No se configura el desobedecimiento alegado respecto del fallo del 20 de abril de
2020, proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, dentro del
expediente 68001 23 31 000 2009 00576 01, porque existe un factor que diferencia los
casos estudiados en esa oportunidad, relativo al origen de las afectaciones cuya
reparación se solicitaba. En efecto, en esa providencia el soldado murió como
consecuencia de su paso por un campo minado, mientras que en la sentencia ahora
cuestionada las víctimas fueron heridas con arma de fuego, lo que llevó a que el
Tribunal considerara que la falta de equipos de detección de explosivos y desminado
no fue una causa determinante de los daños reclamados.

iv) No obstante, sí se advierte el aludido yerro en relación con la sentencia dictada por
el Tribunal Administrativo del Cauca el 21 de julio de 2023, en el proceso con
radicación 19001 33 33 008 2014 00255 01, puesto que en esa oportunidad se
analizaron las pretensiones de reparación directa formuladas con base en la muerte
de un soldado que integraba la misma unidad militar que los soldados profesionales
sobre los que trató la sentencia del 26 de octubre de 2023 y que falleció en la misma
operación militar.

v) En dicho expediente fueron estudiados idénticos hechos y a partir de los mismos
elementos de convicción examinados en el proceso 19001 23 33 003 2014 00239 01,
promovido por los aquí accionantes, se consideró que las circunstancias relativas a i)
el horario de desplazamiento de la tropa; ii) la integración de la unidad militar; y iii) que
no se dotó de equipos tecnológicos de detección de explosivos y desminado (EXDE) y
dispositivos optrónicos, entre otros elementos, constituían fallas en el servicio que
incrementaron el nivel de riesgo que voluntariamente asumen los miembros de la

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fuerza pública y que derivaron en la muerte del soldado Andrés Felipe Escobar Pomeo.

vi) En contraposición, con el fallo ahora cuestionado se adujo que las aludidas
circunstancias no instituían causa eficiente para la producción del daño causado a los
soldados Rey y Loaiza, con fundamento en declaraciones que fueron vertidas en las
causas disciplinaria y penal que se iniciaron por los hechos narrados y que también
obraban en el primer expediente de reparación directa.

vii) Conforme con lo expuesto, se violaron los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad de los accionantes, por lo que en amparo de esas garantías se
dejó sin efectos la sentencia del 26 de octubre de 2023; en consecuencia, se ordenó
al Tribunal que profiera un nuevo pronunciamiento en el que se acoja el precedente
sentado en la sentencia del 21 de julio de 2023 o en su defecto, indique claramente
los motivos por los cuales se aparta de la tesis fijada en dicha providencia.

1.8. Impugnación

El Tribunal Administrativo del Cauca impugna la providencia anterior, para que se
revoque, como motivos de inconformidad aduce lo siguiente:

i) Frente al particular, es preciso señalar, que efectivamente en los procesos en los
que se decidió en segunda instancia, esto es, en los expedientes 19001 23 33 003
2014 00239 01 y 19001 33 33 008 2014 00255 01, tienen que ver con pretensiones de
reparación directa formuladas con base en los hechos ocurridos el 7 de mayo de 2012
a las 16:30 horas aproximadamente, en los que la primera escuadra del segundo
pelotón de la compañía BACOT 37, Macheteros del Cauca, se desplazaban por el sector
de la vereda Santa Clara del municipio de Argelia (Cauca), durante el desarrollo de la
Orden de Operaciones Eclipse, Misión Táctica MACEO y que al paso de la tropa fue
activado un campo minado y posteriormente fueron atacados con ráfagas de fusil por
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

ii) No obstante, contrario a lo señalado por el a quo no se apartó del precedente
horizontal fijado por esa corporación al emitir la sentencia del 26 de octubre de 2023,
pues si bien las víctimas directas sufrieron el daño en el marco de la referida operación,

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el origen de las lesiones y muerte de los uniformados son distintas.

iii) Así se tiene, que en el proceso radicado 19001 23 33 003 2014 00239 01, en el
que se dictó sentencia el 21 de julio de 2023, se demostró que la muerte de la víctima
directa, esto es, el señor Andrés Felipe Escobar Pomeo ocurrió por la activación de un
artefacto explosivo, lo que se verificó en el Informativo Administrativo por Muerte
002/2012 del 18 de mayo de 2012, en el que se consignó lo siguiente:

“En el asunto de la referencia, quedó demostrado según el Informativo
Administrativo por Muerte No. 002/2012 de 18 de mayo de 2012 elaborado
por el Ejército Nacional[…], que el 7 de mayo de 2012 a las 16:30 horas
aproximadamente, la primera escuadra del segundo pelotón de la compañía
alcatraz «macheteros del cauca» se encontraba en desplazamiento en el
sector de la vereda Santa Clara del municipio de Argelia - Cauca, durante el
desarrollo de la orden de operaciones ECLIPSE, y al paso de la tropa fue
activado un campo minado y posteriormente atacados por ráfagas de fusil,
por miembros de las FARC, recibiendo de forma directa la explosión el
soldado profesional ANDRÉS FELIPE ESCOBAR POMEO, causándole la muerte
en forma instantánea en el lugar de los hechos. Testigos PRADA AVALA PRADO
y TORRES MUÑOZ LUIS JIMMY. Imputabilidad: Muerte en combate por acción
directa del enemigo en tareas de mantenimiento y restablecimiento del orden
público”.

iv) De esta manera, el examen de las pruebas llevó a considerar la responsabilidad
de la entidad, toda vez que se continuó con la operación militar sin los elementos que
le permitieran a la tropa aminorar el riesgo por campos minados, puesto que se conocía
que el área de operaciones era dominada por los grupos armados ilegales, que
empleaban explosivos para atacar y desmoralizar a los soldados; por tanto, la falta del
equipo EXDE para el asunto en que la víctima Andrés Felipe Escobar Pomeo murió por
la exposición a un artefacto explosivo resultó la causa eficiente del daño, mientras que
para el grupo militar que decidió adentrarse en el paso obligado sin los aparatos
necesarios para detectar bombas y a horas del día en los que resultaba más peligroso
que hacerlo de noche, es decir, se expuso a un trance mayor al fallecido.

v) Ahora, en el proceso radicado 19001 33 33 008 2014 00255 01, en el que se dictó
sentencia el 26 de octubre de 2023, en la Misión Táctica MACEO las víctimas directas
que sufrieron el daño fueron, los soldados Gonzalo Rey Moreno, quien según la historia
clínica recibió herida por arma de fuego en la rodilla derecha y Ervin Loaiza Echavarría
que falleció por herida con proyectil de arma de fuego. Así se consignó en la prueba

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Demandante: Gonzalo Rey Moreno y otros

que obra en la página 171 del tomo 3 del expediente penal que contiene la historia
clínica y en el Informe de Necropsia 2012010119001000119 del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, Unidad Básica de Popayán que reposa en el folio
7, Tomo 3, ibidem.

vi) Conforme con lo anterior, los soldados resultaron afectados por el combate que se
presentó enseguida a la activación de los explosivos más no propiamente por estos, y
fue precisamente el análisis de cómo ocurrió el daño a estas víctimas, lo que llevó a
concluir que no se le debía endilgar responsabilidad a la entidad demandada, teniendo
en cuenta que el enfrentamiento con los grupos ilegales es precisamente parte del
riesgo que debe asumir quien ingresa como profesional al Ejército Nacional.

vii) En lo que se refiere a la decisión discrecional de la tropa de continuar con la misión
en horas diurnas, cuando la orden de operaciones no lo recomendada, se estudió que
los militares lo hicieron ante la existencia de un paso obligado por las dificultades del
terreno y las condiciones atmosféricas, por ende, era un riesgo propio de la operación
que pudiera presentarse un combate armado con el enemigo y desde luego posibles
bajas de un lado y de otro.

viii) Con todo, no se desconoció en ambos asuntos que la falta del equipo EXDE y
desatender las recomendaciones en el desplazamiento en el área, generaron un
peligro mayor para la tropa; pero, los eventos en que resultaron afectadas las víctimas
directas permitió atribuir responsabilidad a la entidad demandada por la falla advertida,
únicamente en el caso del soldado Felipe Escobar Pomeo, pues para los señores
Gonzalo Rey Moreno y Ervin Loaiza Echavarría, el daño padecido se atribuyó al riesgo
propio de la actividad militar.

ix) De esta manera se concluye que no se vulneró el derecho a la igualdad de la parte
actora, porque como lo refirió el Consejo de Estado, Sección Quinta, en la sentencia
impugnada en lo relacionado con el presunto desconocimiento de los precedentes
jurisprudenciales, no se trató de casos análogos con una decisión distinta, ya que se
demostró que el daño padecido por la víctima en el proceso radicado 19001 23 33 003
2014 00239 01 provenía directamente de la explosión de un artefacto no convencional,
que no pudo prever por falta de los equipos de detención; situación que no es similar

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Demandante: Gonzalo Rey Moreno y otros

con las lesiones de las afectados en el medio de control con radicación 19001 33 33
008 2014 00255 01, los que fueron lesionados y abatido en el combate con arma de
fuego.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del
artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,3 según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Sección Quinta de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso, se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantean los
señores Elvira Méndez Astudillo, Sergio Antonio Ledesma Sandoval, Lucelly Ledesma
Méndez, Didier Arcadio Ledesma Méndez, Nathali Loaiza Echavarría, Jhon Edward
Galeano Castaño, Gonzalo Rey Moreno, Gonzalo Rey Guzmán, Sandra Moreno Díaz,
Cristian Alexis Rey Velosa, William Manuel Balcázar Moreno y Erick Alexander Moreno
contra la sentencia del 26 de octubre de 2023, que profirió el Tribunal Administrativo
del Cauca dentro del proceso de reparación directa con radicación 19001 23 33 003
2014 00239 00 [01].

2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

3 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 07456 01
Demandante: Gonzalo Rey Moreno y otros

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.

No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable».

Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional4 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,
convergieron en la Sentencia C-590 de 2005,5 donde la Corte concentró y diferenció
las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.

Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio

4T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567

de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
5Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

13

Radicado: 11001 03 15 000 2023 07456 01
Demandante: Gonzalo Rey Moreno y otros

iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la
sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los
derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre
que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que, para que proceda el
amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,6 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.

Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,7 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.4. Hechos probados

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001 03 15 000 2009 01328 01(IJ).
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,

expediente radicado 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

14

Radicado: 11001 03 15 000 2023 07456 01
Demandante: Gonzalo Rey Moreno y otros

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:

2.4.1. El 17 de junio de 2014, se impetró medio de control de reparación directa en
contra de la Nación (Ministerio de Defensa, Ejército Nacional), para que se declarara
administrativa y patrimonialmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados
a los siguientes grupos familiares:8

Primer grupo familiar: [Gonzalo Rey Moreno, Brandon Andrés Rey Ayala,
Gonzalo Rey Guzmán, Sandra Moreno Díaz, Cristian Alexis Rey Velosa, William
Manuel Balcázar Moreno y Erick Alexander Moreno], en virtud de las graves
lesiones de que fue víctima el soldado profesional [Gonzalo Rey Moreno], en
hechos ocurridos el 7 de mayo de 2.012, en desarrollo de la operación Eclipse, en
la vereda Santa Clara del municipio de Argelia.

Segundo grupo familiar: [Óscar Arbey Ledesma Méndez, Daniel Alejandro
Ledesma Gutiérrez, Elvira Méndez Astudillo, Sergio Antonio Ledesma Sandoval,
Lucelly Ledesma Méndez y Didier Arcadio Ledesma Méndez] en virtud de las
graves lesiones de que fue víctima el soldado profesional [Óscar Arbey Ledesma
Méndez], en hechos ocurridos el 7 de mayo de 2.012, en desarrollo de la operación
Eclipse, en la vereda Santa Clara del municipio de Argelia.

Tercer grupo familiar: [María Lucenith Hernández Franco, Yorman Stiven Loaiza
Hernández, Harby Alejandro Loaiza Hernández, Nathali Loaiza Echavarría,
Abelardo Loaiza Ruiz y Jhon Edward Galeano], en virtud de la muerte del soldado
profesional [Ervin Loaiza Echavarría], en hechos ocurridos el 7 de mayo de 2.012,
en desarrollo de la operación Eclipse, en la vereda Santa Clara del municipio de
Argelia.

2.4.2. El 30 de enero de 2020, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Popayán profirió fallo dentro del proceso de reparación directa con radicación 19001
33 33 003 2014 00239 00, en el que resolvió lo siguiente:9

Primero. Negar las pretensiones de la demanda formuladas por los grupos
demandantes.

Segundo. Sin costas, según lo expuesto.

Tercero. Archivar el expediente una vez ejecutoriada esta providencia. Por
secretaría liquídense los gastos del proceso.

2.4.3. El 26 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo del Cauca, al desatar el

8 Índice 9, del expediente electrónico.
9 Índice 9, del expediente electrónico.

15

Radicado: 11001 03 15 000 2023 07456 01
Demandante: Gonzalo Rey Moreno y otros

recurso de apelación interpuesto por la parte actora, decidió lo siguiente:10

PRIMERO.- CONFIRMAR la Sentencia No. 08 de 30 de enero de 2020, proferida por
el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán, por las razones
expuestas en esta providencia.

SEGUNDO.- CONDENAR en costas a la parte demandante, conforme lo expuesto en
la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO.- NOTIFÍQUESE la presente sentencia a las partes de conformidad con el
procedimiento previsto en el artículo 203 del CPACA.

CUARTO.- En firme esta decisión, devuélvase al juzgado de origen.

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

2.5.1. Examen de procedencia de la acción de tutela

Considera la Sala que, como lo estableció la primera instancia, en el asunto sub lite se
encuentran cumplidas las exigencias que habilitan el uso de la acción de tutela para
rebatir la providencia del 26 de octubre de 2023, que emitió el Tribunal Administrativo
del Cauca, porque 1) la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional;11 2)
se agotaron todos los medios de defensa judicial; 3) se cumple con el requisito de
inmediatez; 4) el accionante identificó los hechos y los derechos cuya vulneración
alega; 5) no se trata de una irregularidad procesal y 6) no se dirige contra una sentencia
de tutela.

2.5.2. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela

2.5.2.1. Desarrollo jurisprudencial del defecto fáctico

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-590 de 2005, establece que se está en
presencia de un defecto fáctico cuando al examinarse la providencia judicial objeto de

10 Índice 9, del expediente electrónico.
11 No obstante, en la providencia de primera instancia se consideró que respecto del defecto fáctico no

se cumplía el requisito de relevancia constitucional, la Sala no hará pronunciamiento sobre ese aspecto,
en cuanto prosperó uno de los cargos, esto es, el desconocimiento del precedente judicial, lo cual releva
a la Sala de su estudio y además porque no fue objeto de impugnación.

16

Radicado: 11001 03 15 000 2023 07456 01
Demandante: Gonzalo Rey Moreno y otros

la tutela «resulta incuestionable que el juez carece de apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión».12

En ese sentido, ha señalado la Corte que el defecto fáctico puede presentarse en una
dimensión positiva o en una dimensión negativa —omisiva— de la valoración y práctica
de las pruebas que realice el funcionario judicial. La primera, comprende estimaciones
inadecuadas, mientras que la segunda, implica omisiones en el decreto o la práctica y
la apreciación de las pruebas. Asimismo, ha expresado que no todo vicio en la
valoración probatoria culmina en una vía de hecho. De ahí que sólo sea factible fundar
una acción de tutela en este cuando se observa que es manifiestamente arbitraria. En
palabras de la Corte:

[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto y que tenga una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de
la evaluación probatoria del juez de conocimiento.13 [Negrillas fuera del texto]

En definitiva, se puede concluir que el juez incurre en el defecto fáctico cuando, pese
a los hechos probados en el caso concreto, renuncia a hacer valer la verdad jurídica
de manera tan evidente que su decisión se muestra forzada y contradictoria con la
lógica, la sana crítica y la libre convicción del fallador.

2.5.2.2. El defecto sustantivo en la modalidad de desconocimiento de precedente
judicial

La Corte ha sostenido que se configura un defecto sustantivo en la modalidad de
desconocimiento de precedente judicial cuando se desacata aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de
escrutinio en materia de 1) patrones fácticos y 2) problemas jurídicos, y en las que en
su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el nuevo caso.

En la providencia T-794 de 2011, la Corte indicó los criterios a tener en cuenta para

12 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1998, T-213 de 2008 y T-1021 de 2005, entre otras.
13 Corte Constitucional. Sentencia T-1021 de 2005.

17

Radicado: 11001 03 15 000 2023 07456 01
Demandante: Gonzalo Rey Moreno y otros

identificar el desconocimiento de precedente judicial, de la siguiente forma: 1) la ratio
decidendi del fallo que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial
relacionada con el caso a decidir posteriormente; 2) se trata de un problema jurídico
similar o de una cuestión constitucional semejante y 3) los hechos del asunto o las
normas juzgadas en la sentencia son análogos o plantean un punto de derecho
idéntico al que se debe resolver posteriormente.14

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de
precedentes, en los que se tiene en cuenta la autoridad que profiere la providencia
previa, a saber, el precedente horizontal, que hace referencia a aquellas sentencias
fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial y el
precedente vertical, que se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias
superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o
en el marco constitucional.15

Para la mayoría de los asuntos, el precedente vertical que deben seguir los
funcionarios judiciales lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de
Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción,16 y en los casos
en los que no son susceptibles de revisión por las autoridades mencionadas, son los
tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores
judiciales inferiores.17

Así las cosas, para los jueces es de obligatorio cumplimiento acoger las decisiones
que profieren los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones, cuando éstas
constituyan precedentes y/o sus propias sentencias en casos idénticos; regla que solo
permite excepción, cuando el caso presenta situaciones no analizadas con
anterioridad en otros fallos judiciales.

En esa medida, las autoridades judiciales se pueden apartar de los precedentes
judiciales en atención a su autonomía y a su independencia, siempre que se cumplan

14 Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006.
15 Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011.
16 Corte Constitucional. Sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
17 Corte Constitucional. Sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.

18

Radicado: 11001 03 15 000 2023 07456 01
Demandante: Gonzalo Rey Moreno y otros

las siguientes reglas: «(i) Debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que
significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca
hubiera existido (principio de transparencia). (ii) En segundo lugar, debe ofrecer una
carga argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y razonada
los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias
decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de
razón suficiente)».18

De esta forma, concluye la Corte que el desconocimiento del precedente judicial, sin
debida justificación, configura un defecto sustantivo, pues su respeto es una obligación
de todas las autoridades judiciales en virtud de los principios al debido proceso, a la
igualdad y a la buena fe.19

2.5.2.3. Los defectos alegados

Los señores Elvira Méndez Astudillo, Sergio Antonio Ledesma Sandoval, Lucelly
Ledesma Méndez, Didier Arcadio Ledesma Méndez, Nathali Loaiza Echavarría, Jhon
Edward Galeano Castaño, Gonzalo Rey Moreno, Gonzalo Rey Guzmán, Sandra
Moreno Díaz, Cristian Alexis Rey Velosa, William Manuel Balcázar Moreno y Erick
Alexander Moreno alegan que el Tribunal Administrativo del Cauca, vulneró sus
derechos al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a
la reparación integral a las víctimas, así mismo, incurrió en defecto fáctico y
desconocimiento del precedente judicial horizontal, al proferir la sentencia del 26 de
octubre de 2023 dentro del proceso de reparación directa —19001 33 33 003 2014
00239 01— que promovieron contra la Nación (Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional).

La Sección Quinta del Consejo de Estado conoció del presente asunto en primera
instancia y resolvió que el Tribunal desconoció el criterio jurisprudencial que fijó esa
misma corporación en el fallo del 21 de julio de 2023, dictado dentro del proceso con
radicación 19001 33 33 003 2014 00255 01; por consiguiente, se violaron los derechos

18 Corte Constitucional.Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011.
19 Corte Constitucional.Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C-
634 de 2011, entre otras.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 07456 01
Demandante: Gonzalo Rey Moreno y otros

fundamentales al debido proceso y a la igualdad de los accionantes, por lo que en
amparo de esas garantías dejó sin efectos la sentencia del 26 de octubre de 2023 y
ordenó emitir un nuevo pronunciamiento en el que se acoja ese precedente o en su
defecto, indique claramente los motivos por los cuales se aparta de la tesis expuesta
en dicha providencia.

Pues bien, en la providencia objeto de cuestionamiento el Tribunal Administrativo del
Cauca analizó las lesiones sufridas por los soldados profesionales Gonzalo Rey
Moreno y Óscar Arbey Ledesma Méndez y la muerte de Ervin Loaiza Echavarría en
hechos que ocurrieron el 7 de mayo de 2012, mientras desarrollaban la Operación
Eclipse en la vereda Santa Clara del municipio de Argelia (Cauca), durante un
enfrentamiento con integrantes de las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia
(FARC), en el que fueron atacados con tiros de fusil.

A su vez, en la sentencia del 21 de julio de 2023, que profirió el Tribunal dentro del
proceso de reparación directa con radicación 19001 33 33 008 2014 00255 01 se
estudió el caso del soldado Andrés Felipe Escobar Pomeo, integrante de la misma
unidad militar y que falleció en los hechos referenciados, a consecuencia de la
activación de un artefacto explosivo por parte del aludido grupo al margen de la ley.

El Tribunal para abordar y resolver sobre los hechos planteados en las demandas de
reparación directa efectuó las siguientes consideraciones:

Sentencia del 26 de octubre de 2023 Sentencia del 21 de julio
dictada en el proceso 19001 33 003 de 2023 proferida dentro
2014 00239 01, providencia objeto de del proceso con
demanda en este trámite radicación 19001 33 33
constitucional. 008 2014 00255 01

«No hay discusión en cuanto a la «En este caso existe
configuración del elemento daño, respecto la consenso entre las partes de
víctima directa GONZALO REY MORENO quien la ocurrencia del daño
conforme la historia clínica, para el 7 de antijurídco demandado
mayo de 2012, registró que aquel recibió consistente en la muerte del
herida por arma de fuego en la rodilla señor SLP ANDRÉS FELIPE
derecha. ESCOBAR POMEO. Sobre la
prueba de este hecho, obra
Igualmente, se prueba el daño respecto del el registro civil de defunción y
soldado ERVIN LOAIZA ECHAVARRÍA, quien el informativo administrativo
falleció el 7 de mayo de 2012, según registro

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 07456 01
Demandante: Gonzalo Rey Moreno y otros

civil de defunción fecha en que ocurrieron No. 002 de 2012».
los hechos. La causa básica de muerte,
Imputación conforme el informe de Necropsia N°
del daño 2012010119001000119 del INSTITUTO
NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES, Unidad Básica Popayán, fue por
HERIDA POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO.

Con relación al demandante ÓSCAR ARBEY
LEDESMA MÉNDEZ, no se tiene prueba del
daño alegado, tampoco se relaciona en el
radiograma del comandante de Batallón
BACOT 37 Macheteros del Cauca[…], con el
que se reportó los lesionados y fallecidos en
el ataque de la guerrilla para la fecha de los
hechos…

«Ahora, la operación que desarrollaban los «… [R]esulta claro que
soldados de la Compañía ALCATRAZ DEL existía una serie de
BACOT 37, "Macheteros Del Cauca" para la directrices a cargo de la
época de los hechos, tenía como entidad Nación – Ministerio
fundamento la Orden de Operaciones N° de Defensa – Ejército
002 ECLIPSE Misión Táctica MACEO, del Nacional, en este caso
COMANDO BR29 - VIGÉSIMA NOVENA BRIGADA contenidas en el sumario de
DEL EJÉRCITO NACIONAL, y que consistía Órdenes de Carácter
básicamente en operaciones ofensivas Permanente, emitido por el
contra integrantes de las FARC en los Comando de la Vigésima
municipios de occidente del departamento Novena Brigada para el año
del Cauca. 2012, que fueron
desatendidas por el mando
Para efectos de la responsabilidad alegada militar del pelotón del cual
Elementos por la parte actora, se destaca de dicha hacía parte el SLP Andrés
probatorios orden, que disponía de entre las Felipe Escobar Pomeo.
y análisis instrucciones de coordinación, las
del daño siguientes: En efecto, se encontró
probado que (i) no se contó
• No se deben tomar ni trochas ni caminos con equipo EXDE ni material
al momento de iniciar infiltración pedestre fin especial optrónico o de
prevenir AEI. visión nocturna, como se
• Todos los pelotones deben tener grupo referencia en el informe de
EXDE, cuando al iniciar una operación las patrullaje, (ii) no se tuvo
Unidades no cuenten con estos grupos, acompañamiento de
deben requerir el apoyo al Comando de la caninos, (iii) y se realizó
Brigada. - No caminos, No trochas, No movimiento a la luz del día,
carretera, Anochecer No amanecer, pues la muerte del soldado
Moverse de Noche Emboscarse de Día, ocurrió a las 16:30, cuando
Puestos de observación en el día. esto no estaba permitido,
porque el desplazamiento
Respecto del cumplimiento o incumplimiento debía ser en la noche,
de estas obligaciones, se verifica el informe aunque no se contaba con
del comandante de la compañía y las material optrónico o de visión
declaraciones que rindieron los uniformados nocturna, factores que
en los mencionados procesos disciplinario y evidencian el incumplimiento
penal, que describen lo sucedido el 7 de de las órdenes permanentes
aplicables a la operación.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 07456 01
Demandante: Gonzalo Rey Moreno y otros

mayo de 2012, que corresponde a los
hechos de la demanda. Estas fallas estructurales
en el desarrollo de la
(…) operación desbordaron el
riesgo al que generalmente
Efectivamente, en las pruebas relacionadas están sometidas las
no se menciona que previo a considerar el personas que optan por la
desplazamiento del personal del pelotón profesión militar, ubicando
militar atacado, se contara con el Equipo de a los soldados que
Explosivos y Demoliciones EXDE. participaron en ella en una
Igualmente, el personal de soldados que posición de mayor
declararon al respecto es coincidente en vulnerabilidad. Con ello, se
señalar que no contaban con ese apoyo, contribuyó en la
pese a tener conocimiento, que la zona de producción del daño
operaciones era dominada por grupo antijurídico, a saber, la
armado ilegal que contaba con personal muerte del soldado
especializado en la fabricación de artefactos profesional ESCOBAR
explosivos improvisados -A.E.I. para atacar y POMEO, (…) en una zona de
bajar la moral de las tropas. alto conflicto como lo es
Argelia-Cauca y habiendo
Así las cosas, con esa omisión de la entidad sido alertado de la
demandada, en principio puede probabilidad de un ataque
considerarse que expuso a un riesgo mayor y/o presencia de un campo
al personal de soldados, al iniciar las minado. (Negrilla de la Sala)
actividades militares sin los elementos que
desde la orden de operaciones se Conforme con lo expuesto,
consideraban indispensables para la no son admisibles los
conservación de la tropa, como es la argumentos de alzada del
disposición de un grupo EXDE. Ejército, pues decir que no
se podría asegurar un
Sin embargo, aunque la demandada haya resultado diferente si
expuesto a la tropa al riesgo de caer en hubiere estado presente el
un campo minado u área preparada, para grupo exde, no lo releva
en el presente caso, contrario a lo que del cumplimiento de la
sostienen los demandantes, considera directriz de haber contado
esta sala del Tribunal, que tal omisión no con él; además no explicó
es la causa eficiente del daño; porque, o justificó por qué no se
tanto el soldado profesional GONZALO REY utilizó en dicha operación.
MORENO, como el SLP ERVIN LOAIZA Es más, en el informe de
ECHAVARRÍA fueron lesionados con patrullaje se indicó como
disparos de arma de fuego y no aspecto negativo de la
precisamente por los artefactos misión táctica la falta de
explosivos que emplearon los alzados en dicho grupo, (sic) lo que
armas.» revela que su
implementación si hubiera
Ahora, aunque así hubiera sido, es decir sido favorable para la misma.
si las lesiones en los demandantes
tuvieran como causa la activación del […]
artefacto explosivo, no corresponde a un
ataque aislado en el que Ejército Nacional Bajo las anteriores
se descuidó, o por la falta del equipo de consideraciones, se verifica
explosivos EXDE cayó en el campo la configuración de la falla
minado; puesto que se observa que una del servicio, por lo que se
vez se activó los explosivos, enseguida desestiman los argumentos
se presentó un ataque con disparos de de la apelación y en

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 07456 01
Demandante: Gonzalo Rey Moreno y otros

arma de fuego contra la patrulla que consecuencia, debe
avanzaba. confirmarse la sentencia
apelada.
No es simplemente que los uniformados
cayeron en el campo minado, porque no se
tenía información precisa de que en el sitio
donde fueron atacados estuviera preparado
con explosivos o que la guerrilla los
estuviera esperando, sino que ese grupo
armado, con el empleo de artefactos
explosivos improvisados se dispuso a
enfrentar la patrulla del Ejército Nacional en
campo abierto, y entonces, no puede
señalarse que si se hubiera llevado el
Equipo EXDE para ese momento, se habría
podido evitar el ataque insurgente,
cuando al parecer de antemano ya tenían
preparada una emboscada, según se
verifica de la narración de los hechos de
los mismos militares.

En estos términos, se considera que no
fue la causa eficiente del daño la falta de
Equipo EXDE, como lo asevera la parte
demandante.

[…]

De ese modo, si el órgano investigador del
suboficial de mando por los hechos del 07 de
mayo de 2012, consideró, que solo quien
está en el área es que puede verificar si
debe en determinados casos desconocer
una orden, claro está, que no puede ir en
abierta contradicción con el objeto de la
misión y el deber de la institución, para
cumplir con lo encomendado; se traduce en
que el comandante en conjunto con la tropa
guarda cierta discrecionalidad en el terreno
por determinados eventos y ello no puede
tomarse como algo aislado que puso a la
patrulla a un riesgo mayor del que
normalmente se está expuesto como
militar, porque el riesgo en este caso para
los soldados se presentaba, tanto en el
día como en la noche, el riesgo era propio
de la misión, del operativo adelantado, en
la medida que podían en cualquier
momento tener contacto con el enemigo.
(Negrilla de la Sala)

Se confirma la sentencia del 30 de enero Se confirma la sentencia del
de 2020, proferida por el Juzgado 14 de enero de 2019,
proferida por el Juzgado

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 07456 01
Demandante: Gonzalo Rey Moreno y otros

Decisión Tercero Administrativo del Circuito de Octavo Administrativo del
Popayán, que denegó las pretensiones Circuito de Popayán, que
de la demanda. accedió parcialmente a las
súplicas de la demanda.

Así las cosas, como lo estableció la primera instancia, el Tribunal al decidir sobre el
asunto planteado por la parte actora, utilizó una argumentación totalmente distinta a la
que empleó para resolver la controversia planteada en el medio de control 19001 33
33 008 2014 00255 01, pese a que se examinaron idénticos hechos, ya que tanto las
lesiones ocasionadas a los soldados Gonzalo Rey Moreno y Óscar Arbey Ledesma
Méndez, así como los decesos de los señores Ervin Loaiza Echavarría y Andrés Felipe
Escobar Pomeo acaecieron durante el desarrollo de la Operación Eclipse, eran
miembros de la misma unidad militar y, se sustentaron en las pruebas recaudadas en
la investigaciones tanto penal como disciplinaria que se surtieron por esas
circunstancias.

Con fundamento en lo anterior, se puede concluir que no le asiste razón al Tribunal en
cuanto para examinar sobre igual situación fáctica y acervo probatorio haya arribado a
conclusiones disímiles, en cuanto en uno de los casos encontró estructurada la falla
del servicio mientras que en relación con los accionantes haya declarado que se
trataba del riesgo propio de la actividad militar, lo que como lo indicó el a quo quebranta
los principios de igualdad y seguridad jurídica.

Así mismo, se tiene que si bien las autoridades judiciales se pueden apartar de los
precedentes judiciales en atención a su autonomía e independencia debe ajustarse a
las reglas establecidas por la jurisprudencia constitucional, esto es, 1) hacer referencia
al precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente
pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de transparencia) y 2)
debe ofrecer una carga argumentativa seria, mediante la cual explique de manera
suficiente y razonada los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse
de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía
(principio de razón suficiente), lo que en el asunto sub examine no ocurrió, pues el
Tribunal ninguna manifestación efectuó sobre el particular ni siquiera mencionó el fallo
del 21 de julio de 2023.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 07456 01
Demandante: Gonzalo Rey Moreno y otros

En consecuencia, como lo ordenó la primera instancia, se debe dejar sin efectos la
decisión del 26 de octubre de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca,
para que emita una nueva providencia en la que acoja el pronunciamiento fijado en la
sentencia del 21 de julio de 2023 o si se aparta de este, explique los motivos de su
decisión.

3. Conclusión

La Sala concluye que en la providencia del 26 de octubre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca que confirmó el fallo del 30 de enero de 2020,
dictado por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán, se incurrió en
desconocimiento del precedente judicial horizontal alegado por la parte actora.

En tal sentido, la Sala procederá a confirmar la sentencia de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, por medio de la cual amparó los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad de los señores Elvira Méndez Astudillo, Sergio Antonio
Ledesma Sandoval, Lucelly Ledesma Méndez, Didier Arcadio Ledesma Méndez,
Nathali Loaiza Echavarría, Jhon Edward Galeano Castaño, Gonzalo Rey Moreno,
Gonzalo Rey Guzmán, Sandra Moreno Díaz, Cristian Alexis Rey Velosa, William
Manuel Balcázar Moreno y Erick Alexander Moreno.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 29 de febrero de 2024, que dictó el Consejo de
Estado, Sección Quinta, mediante la que amparó los derechos al debido proceso y a
la igualdad a los señores Elvira Méndez Astudillo, Sergio Antonio Ledesma Sandoval,
Lucelly Ledesma Méndez, Didier Arcadio Ledesma Méndez, Nathali Loaiza
Echavarría, Jhon Edward Galeano Castaño, Gonzalo Rey Moreno, Gonzalo Rey
Guzmán, Sandra Moreno Díaz, Cristian Alexis Rey Velosa, William Manuel Balcázar
Moreno y Erick Alexander Moreno, conforme a la parte considerativa que antecede.

25

Radicado: 11001 03 15 000 2023 07456 01
Demandante: Gonzalo Rey Moreno y otros

Segundo. Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

MAM

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