Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07460-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07460-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-07460-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
5 de junio de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, cinco (5) de junio de dos mil veinticuatro (2024).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-07460-01
Demandante: CLAUDIA MARCELA CASTRO APONTE
Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
ANÁLISIS DEL DEFECTO SUSTANTIVO POR
INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 97 DE LA LEY 1437 DE
2011 SOBRE LA RECOVATORIA DIRECTA DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y
CONCRETO. SE REVOCA LA DECISIÓN QUE NEGÓ Y SE
ACCEDE AL AMPARO
Síntesis del caso: la actora consideró que la providencia de segunda instancia que revocó la
decisión de declarar la nulidad del acto administrativo que la retiró de las Fuerzas Armadas de
Colombia incurrió en un defecto sustantivo porque desatendió que no prestó su consentimiento
para la procedencia de la revocatoria directa de actos administrativos de carácter particular y
concreto. La Sala revocará la sentencia del a quo que negó las pretensiones y, en su lugar,
accederá al amparo por considerar que la autoridad demandada incurrió en un defecto sustantivo
por desatención de la normativa referente a la revocatoria directa.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia de 22 de febrero de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado en la que se decidió:
“1. Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora
Claudia Marcela Castro Aponte, por las razones expuestas en la motivación
precedente”. (negrillas del original – archivo disponible en medio magnético en
el aplicativo SAMAI)
I. ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado el 11 de diciembre de 2023, la parte actora promovió
proceso de acción de tutela en contra de la sentencia de 18 de mayo de 2023, mediante
la cual la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado revocó la decisión
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07460-01
Actor: Claudia Marcela Castro Aponte
Acción de tutela
de primer grado que había accedido parciamente a las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho y, en su lugar, las negó.
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:
1) Mediante Resolución 3 del 26 de enero de 2011, la actora ingresó como alumna de la
Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla en el curso naval profesional no. 135, con
novedad fiscal del 18 de enero de esa anualidad.
2) Por medio de Resolución 030 del 18 de abril de 2011, fue dada de alta como cadete,
con novedad fiscal del 15 de abril de ese año.
3) A través de Resolución 374 de 25 de mayo de 2011, fue nombrada como
guardiamarina, con novedad fiscal del 15 de junio de esa anualidad.
4) A través de Acta no. 012 de 2011, la Junta Asesora del MDN de 31 de octubre de 2011
aprobó la propuesta de su ingreso al escalafón al grado de teniente de corbeta, con fecha
fiscal de 10 de diciembre de 2011.
5) Sin embargo, mediante Oficio 007984 MD-CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-DISAN-
SSS-AMEL-27.4 del 17 de noviembre de 2011, la subdirectora de Servicios de Salud-
DISAN le informó al director de personal de la Armada Nacional que su ascenso a oficial
quedó aplazado y “pendiente de definir JML HONAC por el servicio de reumatología
programada 24 de nov/11”.
6) Por Acta no. 014 de 2011 proferida por la Junta Asesora del MDN de 18 de noviembre
de 2011 se recomendó la modificación del Acta no. 012 del 31 de octubre de 2011 que
había ordenado incluirla en el escalafón para excluirla de su ingreso al escalafón al grado
de teniente de corbeta por no reunir los requisitos psicofísicos.
7) No obstante, el 1 de diciembre de 2011, el Ministerio de Defensa Nacional expidió la
Resolución 6105 del 1 de diciembre de 2011 “Por la cual se ingresa al escalafón de
Oficiales de las Fueras Militares a un personal de Alféreces y Guardiamarinas”, acto
administrativo en el cual fue incluida y que surte efectos a partir de su expedición.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07460-01
Actor: Claudia Marcela Castro Aponte
Acción de tutela
8) A través de Oficio del 5 de diciembre de 2011, el director de personal de la Armada
Nacional solicitó modificar parcialmente la Resolución no. 6105 del 1 de diciembre de
2011 para excluirla por no cumplir el requisito establecido en el literal d) del artículo 53
del Decreto Ley 1790 de 20001.
9) El 1 de enero de 2012, el jefe de la División Administrativa de Personal de la Armada
Nacional le pidió al Ministerio de Defensa Nacional modificar parcialmente el artículo 1
de la Resolución Ministerial no. 6105 de 2011.
10) Mediante Acta 002 del 17 de enero de 2012, la junta médica laboral de esa institución
evaluó su caso y determinó que no era apta para el servicio debido a una disminución de
la capacidad laboral del 11.50% por enfermedad común: artritis reumatoide, conforme
con un concepto de reumatología del 1 de diciembre de 2011.
11) Posteriormente, mediante Acta 2431-MDNSG-TML-41.1 del 4 de mayo de 2012, el
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía ratificó las conclusiones del acta
de la junta médica del 17 de enero de 2012.
12) A través de Resolución no. 0589 MDN-CGFM-CARMA-JINEN-DENAP-SDEN- CBEN
del 10 de mayo de 2012, el director de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla le
solicitó al comandante de la Armada Nacional elaborar el acto administrativo para retirarla
del servicio.
13) Por Resolución no. 398 del 30 de mayo de 2012, el comandante de la Armada
Nacional dispuso “RETIRAR a la Guardiamarina CLAUDIA MARCELA CASTRO
APONTE”.
14) El 25 de junio de 2014, la Junta de Calificación de Invalidez de Risaralda determinó
que tenía una pérdida de la capacidad laboral del 23.15%, con tres años de evolución.
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“Artículo 53. Requisitos mínimos para ascenso de oficiales. Los oficiales de las Fuerzas Militares
podrán ascender en la jerarquía al grado inmediatamente superior cuando cumplan los siguientes requisitos
mínimos:
(…)
d. Acreditar aptitud sicofísica de acuerdo con el reglamento vigente (…)”. (negrillas adicionales).
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07460-01
Actor: Claudia Marcela Castro Aponte
Acción de tutela
15) Presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional, en la que
solicitó la nulidad de la Resolución no. 398 del 30 de mayo de 2012, mediante la cual fue
retirada del servicio y, en consecuencia, que se ordenara su reintegro con el pago de
todos los emolumentos dejados de percibir durante su desvinculación de la institución,
con fundamento en que el acto administrativo que la ascendió a teniente de corbeta fue
revocado directamente por la entidad en el sentido de modificarlo pero, sin su
consentimiento, por lo tanto, el acto de retiro fue era ilegal2.
16) Mediante sentencia de 19 de abril de 2018, la Subsección A de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de la Resolución 398 del
30 de mayo de 2012, por considerar que “el acto administrativo través del cual se
ascendió a Teniente de Corbeta a la señora Claudia Marcela, tiene fuerza de ejecutoria
y sus efectos se mantienen hasta tanto la entidad no acuda a la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa a través de la acción de lesividad para controvertirla legalidad de su propio
acto o en su defecto obtenga el consentimiento de la demandante”, por lo tanto, el acto
administrativo que la retiró se expidió con violación del debido proceso.
17) Además, dicho acto careció de motivación por cuanto no se expusieron las razones
por las cuales no podía ser reubicada en un cargo administrativo que atendiera su
situación de discapacidad, la cual era inferior al 50%, en consecuencia, le ordenó a la
Armada Nacional reintegrarla al cargo que fue ascendida sin solución de continuidad o,
en su defecto, reubicarla en una cargo en el que pueda “aprovecharse las capacidades
que aún conserva para contribuir de esa forma a su reintegración y rehabilitación,
teniendo en cuenta sus conocimiento, habilidades y destrezas”.
18) La parte demandante apeló para solicitar que se revocara parcialmente la decisión
de primera instancia para, en su lugar, ordenar el pago i) de los perjuicios morales y del
daño a la vida de relación, por cuanto la prueba testimonial daba cuenta de su existencia
e intensidad y ii) de la condena sin limitación alguna.
19) Por su parte, la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Armada Nacional solicitó que
se revocara la decisión con fundamento en que “no aplica la reubicación laboral, por
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El proceso se registró con radicación no. 25000-23-42-000-2013-00093-00/01 (386-2019)
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07460-01
Actor: Claudia Marcela Castro Aponte
Acción de tutela
cuanto la demandante no ostenta la calidad de EMPLEADA PÚBLICA por ser alumna
que se encuentra en una escuela de formación militar”.
20) A través de sentencia de 18 de mayo de 2023, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado revocó la decisión y, en su lugar, negó las pretensiones
por considerar que si bien inicialmente fue candidata para ingresar al escalafón del grado
de teniente de corbeta, ello quedó aplazado mientras se definía su situación médica por
reumatología, por tanto, “no resulta ser cierto que la accionante fue promovida al grado
de teniente de corbeta e ingresó a la carrera naval propiamente dicha y, en ese orden,
no tenía un derecho adquirido en su favor, del cual se pudiera predicar la estabilidad
laboral reforzada por ella predicada”.
Fundamentos de la vulneración
La actora alegó que, en la providencia de 18 de mayo de 2023, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en los defectos sustantivo, violación
directa de la Constitución y orgánico, con base en los siguientes argumentos:
Frente al sustantivo sostuvo que el derecho que había adquirido con ocasión de la
expedición de la Resolución no. 6105 del 1º de diciembre de 2011, a través de la cual fue
incluida en la lista de graduandos de teniente de corbeta, no podía ser revocado sin su
expreso consentimiento o sin que se hubiera adelantado el correspondiente proceso de
lesividad; además, la autoridad judicial demandada ni siquiera mencionó la existencia del
aludido acto administrativo para efectos de realizar un análisis sobre su legalidad.
Agregó que tal resolución no ofrecía dudas sobre la nueva condición de ascenso al grado
de teniente de corbeta, de manera que la Armada no podía modificar su situación de
manera oficiosa, pues ello contraría los principios de seguridad jurídica, estabilidad y
permanencia en las decisiones, en consecuencia, manifestó que desatendió lo dispuesto
en el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011 en relación con la revocatoria oficiosa de los
actos de carácter particular y concreto.
En segunda medida, en relación con la violación directa de la Constitución adujo que,
la Armada Nacional, con el pretexto de que era estudiante, lo cual había sido desvirtuado
con la existencia del acto administrativo que la ascendió, desconoció que su situación
médica ameritaba un trato contrario al recibido.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07460-01
Actor: Claudia Marcela Castro Aponte
Acción de tutela
Sobre el particular, citó la sentencia T-328 de 2022 que reiteró lo dicho en la sentencia
C-381 de 2005, en relación con el tratamiento a las personas en condición de
discapacidad y la especial protección del Estado.
Argumentó que si a un oficial se le determina una discapacidad laboral no debe ser
retirado del servicio sin que se le brinde la oportunidad de ejercer funciones en las que
se aprovechen sus demás capacidades, máxime cuando la discapacidad fue determinada
en un 11.50% y, sobre el particular, refirió la sentencia T-328 de 2022 proferida por la
Corte Constitucional, expediente T-8.657.472, en la que se indicó que la disminución de
la capacidad laboral de un militar no era causal de retiro del servicio, sino que por el
contrario, es una circunstancia que se debe privilegiar para la reubicación laboral sobre
cualquier otra medida.
Por último y en tercera medida, alegó que se configuró un defecto orgánico porque la
autoridad judicial accionada resolvió aspectos no alegados en el recurso de apelación,
superando las razones presentadas por la Armada Nacional ya que únicamente recurrió
lo relacionado con la indemnización, razón por la cual el juez en segunda instancia estaba
limitado a analizar esos argumentos.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“Solicitamos a los H. Magistrados , en sede de tutela, DECLARAR que la
accionada, esto es CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A -, vulneró los
derechos fundamentales de la accionante Sra. CLAUDIA MARCELA CASTRO
APONTE, en esa instancia judicial, al proferir sentencia de segunda instancia
en el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho que la actora
adelantó en contra de la Nación Colombiana – Ministerio de Defensa Fuerzas
Militares – Armada Nacional, tramitado con el radicado número 25000-23-42-
000-2013-00093-01, por incurrir en : i) defecto material o sustantivo, ii)violación
directa de la constitución por desconocimiento del precedente de tutela respecto
de protección de la estabilidad laboral reforzada y iii) defecto orgánico.
Como consecuencia de la anterior declaración se proceda a:
1.1. CONCEDER al actor el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso, prevalencia del derecho sustancial, protección a la estabilidad laboral
reforzada, derechos laborales mínimos e irrenunciables y carrera administrativa.
1.2. Se DECRETE dejar sin efecto la providencia proferida por el H. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda –
Subsección A, en el proceso que se adelantó en contra de la Nación
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Actor: Claudia Marcela Castro Aponte
Acción de tutela
Colombiana – Ministerio de Defensa Fuerzas Militares – Armada Nacional,
tramitado con el radicado número 25000-23-42- 000-2013-00093-01.
1.3. Se ORDENE al H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo – Sección Segunda – Subsección A, según corresponda, proferir
fallo en los términos razonados en la sentencia de tutela, esto es, determinando
que la accionante estaba amparada por un derecho subjetivo creado por la
Resolución Ministerial No. 6105 del 1 de diciembre de 2011, al haberla
ingresado al escalafón militar; por tanto gozaba de una situación jurídica de
carácter particular y concreto, que no podía ser revocado sin el consentimiento
previo, expreso y escrito de su titular.
1.4. Se ORDENE al H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo – Sección Segunda – Subsección A, según corresponda, proferir
fallo en los términos razonados en la sentencia de tutela, esto es, que la
accionante merecía un trato preferenciado, esto es, que su condición médica,
no implicaba retiro del servicio, sino reubicación.
1.5. Se ORDENE, el cumplimiento de fallo conforme a lo ordenado por la ley”.
Actuación procesal
Mediante auto de 14 de diciembre de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó la notificación a los magistrados integrantes de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, así como la vinculación del
ministro de Defensa Nacional y a los magistrados integrantes de la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de que
allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.3
Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia de 22 de febrero de 2024, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
negó las pretensiones de la acción de tutela con fundamento en que la Resolución no.
6105 sí fue mencionada por la autoridad judicial demandada, cosa distinta es que no fue
un elemento determinante para concluir que la actora no ingresó al grado de teniente de
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Es de aclarar que, en el trámite del proceso de la referencia, desde la primera instancia se requirió a la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que remitiera copia integral del
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, sin embargo, este fue enviado de manera
incompleta, por lo cual, en el trámite de la segunda instancia, nuevamente fue requerido en dos
oportunidades con la misma finalidad, no obstante, nuevamente fue aportado de la misma forma.
Teniendo en cuenta que el expediente fue enviado de forma desorganizada, mal digitalizado e incompleto
y habida cuenta que en la demanda ordinaria se enlistó el acto administrativo que ingresó a la actora en el
escalafón naval (Resolución no. 6105 del 1 de diciembre de 2011) y que este además objeto de
pronunciamiento expreso por parte del tribunal de primera instancia, a tal punto que se fundó en dicha
prueba para fallar, la Sala requirió a las partes para que aportaran esa documental, requerimiento al cual
la parte actora le dio cumplimiento aportando el acto administrativo referido que tiene fecha de expedición
el mismo año de presentación de la demanda (2012).
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07460-01
Actor: Claudia Marcela Castro Aponte
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corbeta, además, no obraba en el expediente la aludida resolución ni las constancias de
su notificación a la interesada.
En segundo lugar, estimó que no se violó la Constitución porque “no era posible hablar
de una posible reubicación, pues fue un aspecto abordado y resuelto por el juez natural
sin que se evidencie una discriminación o desconocimiento de garantías constitucionales
propiamente dichas por parte de la autoridad judicial”.
En tercer lugar, descartó el defecto orgánico porque no fue cierto que el ad quem se
extralimitó al resolver todos los aspectos, pues el análisis se acompasó con lo apelado.
Impugnación
La parte actora insistió en las razones expuestas inicialmente frente al defecto sustantivo
y agregó que discrepaba del argumento de la Sección Cuarta del Consejo de Estado
sobre que debía notificarse la Resolución no. 6105 del 1 de diciembre de 2011, pues la
decisión de inclusión en el escalafón fue comunicada a la interesada, generando
derechos adquiridos a su favor, de modo que esta solo podía ser revocada con
autorización expresa de la misma.
Lo anterior, por cuanto en términos del acto administrativo que decretó la inclusión: “la
presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición”, es decir, que en ningún
momento la resolución necesitó de notificación personal, ya que a partir del momento de
su expedición empezaron a regir sus efectos jurídicos.
Agregó que tal interpretación escapa de la lógica jurídica de la publicidad de los actos
administrativos de trámite que solo requieren comunicación y empiezan a regir de manera
inmediata a su expedición, máxime cuando el artículo 87 del CPACA establece
expresamente en su numeral 1° que los actos administrativos quedan en firme cuando
contra ellos no procedan recursos, desde el día siguiente a su notificación, comunicación
o publicación, según sea el caso.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) el caso concreto, 3) análisis de
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07460-01
Actor: Claudia Marcela Castro Aponte
Acción de tutela
los requisitos específicos de procedibilidad y 4) análisis del defecto sustantivo en el caso
concreto.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de
justicia presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia de 18 de mayo de 2023.
En primera instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó las pretensiones por
considerar que no se configuraron los defectos invocados y, por su parte, la parte actora
impugnó esa decisión reiterando los argumentos iniciales del escrito de tutela.
Análisis de los requisitos generales de procedencia
Al respecto, para la Sala el presente asunto cumple los requisitos genéricos de
procedibilidad, por cuanto: se agotaron todos los medios de defensa judiciales
disponibles al alcance de la persona afectada, sin que sea procedente algún otro; ii) se
cumplió con el requisito de la inmediatez4; iii) no se atacó una sentencia de tutela y, v) la
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La providencia cuestionada fue notificada el 8 de junio de 2023 y tutela se presentó el 11 de diciembre
del mismo año.
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Actor: Claudia Marcela Castro Aponte
Acción de tutela
parte actora identificó de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que estimó transgredidos.
Asimismo, para la Sala iv) la cuestión que se discute sí resulta de relevancia
constitucional, en tanto lo que se reprocha es que el juez de segunda instancia revocó la
decisión de primera instancia basándose en una norma inaplicable al asunto, violó de
manera flagrante la Constitución y desbordó el ámbito de su competencia; aspectos que
no fueron puestos de presente ante el juez de la especialidad.
En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala revocará la decisión que
negó las pretensiones y, en su lugar, accederá al amparo solicitado por haberse
configurado un defecto sustantivo, por las razones que procederán a exponerse:
Análisis del defecto sustantivo en el caso concreto
1) Frente a este reparo, la parte actora sostuvo que la autoridad judicial demanda
desconoció el derecho que había adquirido con ocasión de la expedición de la Resolución
no. 6105 del 1º de diciembre de 2011 que la ascendió al grado de teniente de corbeta, el
cual no podía ser revocado sin su expreso consentimiento, como lo dispone el artículo 97
de la Ley 1437 de 2011 o sin que se hubiera adelantado el correspondiente proceso de
lesividad.
2) Sostuvo que el acto administrativo no ofrecía dudas sobre la nueva condición de
ascenso, de manera que la Armada no podía modificar su situación y revocar ni modificar
su propio acto de manera oficiosa, pues que ello contraría los principios de seguridad
jurídica, estabilidad y permanencia en las decisiones.
3) Al respecto, la Sala considera necesario exponer el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011
–CPACA– habilita a la autoridad administrativa a revocar sus propios actos cuando i)
sean manifiestamente contrarios a la Constitución o a la ley, ii) desconozcan el interés
público o social y iii) causen un agravio injustificado a una persona.
4) Sin embargo, tratándose de actos de carácter particular que crean o modifican
situaciones jurídicas o reconocen derechos, el artículo 97 ibidem establece que, salvo
ciertas excepciones establecidas en la ley, estos no podrán ser revocados a menos que
se cuente con el respectivo consentimiento previo, expreso y escrito del afectado; de lo
contrario, le corresponde a la autoridad demandar su propio acto ante la Jurisdicción de
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Actor: Claudia Marcela Castro Aponte
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lo Contencioso Administrativo, exigencia que busca salvaguardar los principios
constitucionales de buena fe y de confianza legítima que orientan la relación entre el
Estado y el particular.
5) Pues bien, de las pruebas relacionadas con anterioridad la Sala encuentra que
mediante Resolución no. 3 del 26 de enero de 2011, expedida por el Ministerio de
Defensa Nacional, la actora fue ingresada como alumna de la Escuela Naval de Cadetes.
6) A su vez, mediante Acta no. 012 de 2011, la Junta Asesora del MDN de 31 de octubre
de 2011 aprobó la propuesta de ingreso al escalafón al grado de teniente de corbeta de
la actora, con fecha fiscal de 10 de diciembre de 2011.
7) Sin embargo, mediante Oficio no. 007984 MD-CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-
DISAN-SSS-AMEL-27.4 del 17 de noviembre de 2011, la subdirectora de Servicios de
Salud-DISAN le informó al director de personal de la Armada Nacional que el ascenso de
la actora a oficial quedó aplazado y “pendiente de definir JML HONAC por el servicio de
reumatología programada 24 de nov/11”.
8) Por Acta no. 014 de 2011, la Junta Asesora del MDN de 18 de noviembre de 2011
recomendó la modificación del Acta no. 012 del 31 de octubre de 2011, numeral 4, literal
30, en el sentido de excluirla por no reunir los requisitos psicofísicos.
9) No obstante, y a pesar de las anteriores advertencias, el 1 de diciembre de 2011 el
propio Ministerio de Defensa Nacional expidió la Resolución no. 6105 “Por la cual se
ingresa al escalafón de Oficiales de las Fueras Militares a un personal de Alféreces y
Guardiamarinas” y en ella ingresó al grado de teniente de corbeta a la señora Claudia
Marcela Castro Aponte como se puede observar seguidamente:
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Actor: Claudia Marcela Castro Aponte
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10) Ahora bien, para fundamentar la decisión de revocar la sentencia de primer grado
que había declarado la nulidad del acto que retiró a la actora, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en segunda instancia adujo las siguientes
razones:
“Con el acervo probatorio obrante en el plenario se encuentra acreditado que la
señora Claudia Marcela Castro Aponte fue, inicialmente, propuesta para
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07460-01
Actor: Claudia Marcela Castro Aponte
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ingresar al escalafón del grado de teniente de corbeta; sin embargo, esta
recomendación quedó aplazada mientras se definía su situación médica, por
reumatología.
Establecida la patología que afrontaba la señora Castro Aponte (Artritis
Reumatoidea), se le informó al director de Personal de la Armada Nacional de
esta situación y se requirió al Ministerio de Defensa Nacional para que
modificara la Resolución 6105 del 1º de diciembre de 2011, en el sentido de
excluir a la antes nombrada de la promoción a teniente de corbeta que se
efectuaría con efectos fiscales el 10 de diciembre de 2011.
La Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, el 18 de noviembre de
2011, resolvió excluir a la actora de la promoción que se efectuaría al «Curso
Extraordinario de Oficiales No. 135, al grado de Teniente de Corbeta con fecha
10 de diciembre de 2011», porque no cumple los requisitos de acuerdo con los
artículos 52 y 53 del Decreto 1790 de 2000. En ese sentido, indicó que «aprueba
por unanimidad la modificación del Acta No. 012/2011 del 31 de octubre de 2011
en el sentido de excluir el ingreso al Escalafón en el grado de Teniente a la
Guardiamarina antes relacionada».
Con esta aprobación, la actora fue excluida de la promoción que tendría su
curso, el 10 de diciembre de 2011 y, en ese orden, no ingresó al escalafón de
teniente de corbeta.
Así las cosas, no resulta ser cierto que la accionante fue promovida al
grado de teniente de corbeta e ingresó a la carrera naval propiamente
dicha y, en ese orden, no tenía un derecho adquirido en su favor, del cual
se pudiera predicar la estabilidad laboral reforzada por ella predicada.
De ahí que, el jefe de Sanidad de la Escuela Naval le informó a la guardiamarina
Castro Aponte la realización de una Junta Médico Laboral. Procedimiento que
culminó con la determinación de que la estudiante afronta una incapacidad
permanente parcial con pérdida de la capacidad laboral del 11.50%, que la hace
no apta para el servicio.
Situación que, en los términos (i) del reglamento académico de la Escuela Naval
de Cadetes «Almirante Padilla» (Resoluciones 45 del 1o de junio de 2013, 9 de
diciembre de 2000 y 47 del 20 de abril de 2021), hace que pierda la condición
de estudiante y (ii) de los artículos 52 y 53 del Decreto 1790 de 2000, la
imposibilita para ingresar y ascender en las Fuerzas Militares.
(…).
Por lo anterior, el director de la Escuela Naval de Cadetes «Almirante Padilla»
solicitó del comandante de la Armada Nacional el retiro de la accionante, el 10
de mayo de 2012. Medida que se concretó a través de la Resolución acusada
398 del 20 de mayo de 2012.
Ahora bien, como el aludido acto de retiro fue expedido por el comandante de
la Armada Nacional, con fundamento en (i) la Resolución de Delegación
Ministerial No. 15 de 2002 que lo habilita para desvincular de las Escuelas de
Formación a los Alféreces, Guardiamarinas y Pilotines, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 45 del Decreto Ley 1790 de 2000 (PARÁGRAFO. Las
bajas del personal [...] se dispondrán en forma discrecional por las mismas
autoridades a las cuales corresponde su incorporación) y (ii) la no aptitud para
el servicio, según concepto de la Junta Médica y el Tribunal Médico Laboral, la
Sala descarta una falta de competencia o falsa motivación.
Además, vale la pena evidenciar que en el plenario no hay elementos de juicio
que permitan inferir que la desvinculación de la demandante obedeció a una
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Actor: Claudia Marcela Castro Aponte
Acción de tutela
retaliación, con clara violación de sus derechos fundamentales o a fines
distintos no previstos en la ley. Tampoco a la falta de acciones positivas
tendientes a su reubicación, ya que era una estudiante, que no alcanzó a
ingresar al escalafón del grado de teniente de corbeta”. (resaltado de la Sala)
11) Sea lo primero aclarar, con base en los hechos expuestos en precedencia, que si
bien la subdirectora de Servicios de Salud-DISAN le informó al director de personal de la
Armada Nacional que el ascenso de la actora a oficial quedó aplazado por motivos de su
condición de salud, lo cierto es que dicha recomendación no fue tenida en cuenta en la
Resolución no. 6105 del 1 de diciembre de 2011, por cuanto la señora Castro Aponte
efectivamente fue ingresada al grado de teniente corbeta y, por ende, ascendida a dicho
cargo como se pudo observar previamente, acto administrativo que empezó a regir a
partir de su expedición.
12) A pesar de lo anterior, por Resolución no. 398 del 30 de mayo de 2012, el comandante
de la Armada Nacional dispuso “RETIRAR a la Guardiamarina CLAUDIA MARCELA
CASTRO APONTE”.
13) Con base en la normativa anotada en precedencia, la Sala encuentra que la autoridad
judicial demandada incurrió en el defecto examinado toda vez que indicó, contrario a lo
que las pruebas demostraban, que la actora nunca ingresó a la carrera naval ni al
escalafón como teniente de corbeta, desconociendo con ello abiertamente que la
Resolución no. 6105 del 1 de diciembre de 2011, citada en precedencia, creó una
situación jurídica particular en cabeza de la actora que se tradujo en su ingreso a la
carrera naval y ascenso al referido cargo.
14) Por consiguiente, no encuentra asidero en los medios de convicción aportados que
la actora no contara con ningún derecho; lejos de ello el Ministerio de Defensa Nacional,
para efectos de modificar esa decisión, requería el consentimiento de aquella en los
términos del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, norma que pasó por alto la autoridad
judicial accionada en su análisis producto de la equivocación en que incurrió.
15) En efecto, para modificar parcialmente el acto administrativo que ascendió al cargo
de teniente corbeta a la actora y, en su lugar excluirla, era necesario contar con su
consentimiento expreso y, de no lograrse, la entidad emisora del acto debía demandarlo
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para que se determinara su
legalidad, lo cual no ocurrió en el caso de marras.
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Actor: Claudia Marcela Castro Aponte
Acción de tutela
16) Ahora bien, superado el punto relacionado con que la actora efectivamente sí fue
ascendida, debía procurarse por su reubicación en la misma institución y no su
desvinculación, teniendo en cuenta que fue dictaminada con una pérdida de capacidad
laboral inferior al 50%, como lo ha expuesto la corte Constitucional en reiterada
jurisprudencia y recientemente en la sentencia T-328 de 2022, en los siguientes términos:
“Reiteración de jurisprudencia sobre el régimen legal de las fuerzas
militares y derecho a la permanencia o reubicación de los militares que
ven disminuida su capacidad laboral
16. El artículo 217 de la Constitución Política estableció un régimen especial
prestacional, disciplinario y de carrera para las fuerzas militares [Como
desarrollo de este mandato constitucional, el Decreto 1790 de 2000 definió el
acto de retiro de las fuerzas militares como aquella situación donde, a partir de
una decisión de la administración, cesa la obligación de los oficiales y
suboficiales de prestar servicios como integrantes activos de la institución. Así,
todo acto de retiro debe estar precedido por un concepto previo de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa. En particular, en su artículo 106 el decreto
señala que cualquier oficial o suboficial puede ser retirado cuando no reúnan
las condiciones sicofísicas determinadas por la reglamentación vigente. A su
vez, el artículo 100 de la Decreto 1790 de 2000 consagra entre las causales de
retiro de las fuerzas militares la “invalidez” de la persona sobre la cual se expide
el acto de retiro.
17. Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que esta facultad de retiro
no es discrecional, arbitraria ni automática, en especial en aquellos casos
cuando se alega la causal de disminución de la capacidad sicofísica de la
persona. Así, por ejemplo, en la ya citada sentencia T-597 de 2017, la Corte
señaló que, aunque las fuerzas militares gozan de un régimen especial de
vinculación laboral no pueden omitir su deber de protección de personas que se
encuentran en un estado de debilidad manifiesta pues esta conducta supone un
trato discriminatorio que no está amparado por el régimen legal y constitucional.
Bajo esta premisa, la Corte Constitucional ha protegido el derecho a la
estabilidad laboral reforzada de los miembros de las fuerzas militares que han
sido retirados del servicio activo luego de ser calificados “no aptos” como
consecuencia de la disminución en su capacidad laboral. Así, por ejemplo, en
la ya citada sentencia T-440 de 2017 la Corte reiteró la regla jurisprudencial
según la cual cuando la pérdida de capacidad es inferior al 50% lo procedente
no es la desvinculación sino la reubicación dentro de la institución. Lo anterior
como una garantía de protección que se materializa con la oportunidad que
tiene la persona de seguir vinculada a las fuerzas militares en condiciones
acordes con su capacidad laboral y en una actividad que tenga los mismos o
mayores beneficios que el cargo que ocupaba con anterioridad.
18. En ese mismo sentido, la Corte ha sido enfática en rechazar que el retiro de
los militares que han sufrido de alguna pérdida en su capacidad laboral se
motive simplemente con el argumento de que “ya no son útiles para desarrollar
las labores propias de la entidad]. Un buen ejemplo de este precedente se
encuentra en la sentencia T-382 de 2014], decisión en la que la Corte revisó
una tutela presentada por un soldado que fue retirado del ejército por una
disminución en su capacidad, después de que se negara su traslado a otra
función por considerar que no tenía capacidades que pudieran “ser
aprovechadas en actividades administrativas, docentes o de instrucción”[45].
En dicha providencia, la Corte encontró que este tipo de argumentos son
reprochables en razón a que el Estado debe
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07460-01
Actor: Claudia Marcela Castro Aponte
Acción de tutela
propender por la realización de la igualdad material, es decir, deberá promover
las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, estableciendo en
cabeza suya la obligación de adoptar medidas a favor de los grupos
discriminados o marginados, en especial de aquellos que por su condición física
o mental se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta.
19. En conclusión, los precedentes de la Corte Constitucional han establecido
límites claros sobre el poder de desvinculación de las fuerzas militares sobre su
personal. En particular, en los casos en donde el integrante de la fuerza
pública tiene una disminución de su discapacidad laboral inferior al 50%
este Tribunal ha sido contundente en afirmar que la institución debe
privilegiar la reubicación laboral sobre cualquier otra medida. Lo anterior,
como una garantía de protección a la estabilidad laboral reforzada y al
valor de la vocación de las personas que hacen parte de la fuerza pública.
(…).
25. La Sala encontró que el Ministerio de Defensa Nacional violó el derecho
fundamental a la estabilidad laboral reforzada de la teniente Mayra
Alejandra Gamba Ortiz. Lo anterior, porque la entidad retiró de manera
permanente a la accionante con base en un dictamen de pérdida de capacidad
laboral del 12%. En este sentido, esta Sala reitera las reglas que la Corte
Constitucional ya ha aplicado en casos similares en particular aquella que
señala que una persona que sea diagnosticada con una incapacidad parcial
permanente goza de una estabilidad laboral reforzada que debe ser respetada
por su empleador. Por otro lado, la Sala también reitera que en el caso
específico de las fuerzas militares en cualquier situación donde uno de
sus integrantes presente una pérdida de capacidad laboral menor al 50%,
lo que se debe priorizar es la reubicación de la persona y no su
desvinculación”.
17) Como viene de leerse, en el caso expuesto se analizó la violación de los derechos de
una integrante de la Fuerza Aérea Colombiana a la que se le dictaminó una pérdida de
capacidad laboral del 12% por motivo de “diagnóstico de discopatía L5-S1 con
abombamiento anular del anillo fibroso”, razón por la cual las Fuerzas Aéreas de
Colombia la desvincularon del servicio.
18) No obstante, la Corte determinó que el Ministerio de Defensa Nacional violó el
derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de la allí accionante porque la
retiró de manera permanente con base en un dictamen de pérdida de capacidad laboral
del 12%; para tal efecto, reiteró las reglas que ya había aplicado en casos similares, en
particular, aquella que señala que una persona que sea diagnosticada con una
incapacidad parcial permanente goza de una estabilidad laboral reforzada que debe ser
respetada por su empleador y, en el caso específico de las fuerzas militares en cualquier
situación en la cual uno de sus integrantes presente una pérdida de capacidad laboral
menor al 50%, se debe priorizar la reubicación de la persona y no su desvinculación.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07460-01
Actor: Claudia Marcela Castro Aponte
Acción de tutela
19) Así las cosas, es claro que se configuró el defecto sustantivo alegado por inaplicación
del artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, por consiguiente, revocará la decisión de primer
grado que negó las pretensiones de la acción de tutela y, en su lugar, se ampararán los
derechos fundamentales de la actora.
20) Como la configuración del defecto sustantivo analizado es suficiente para amparar
los derechos y dejar sin efectos la providencia cuestionada la Sala se relevará del estudio
de los defectos restantes porque se evidenció la vulneración de los derechos
constitucionales fundamentales alegados por la actora.
21) En consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia de 18 de mayo de 2023 y se
dispondrá que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado profiera
una nueva decisión de reemplazo en la que atienda las consideraciones expuestas en
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Revócase la sentencia de primera instancia de 22 de febrero de 2024 que negó las
pretensiones de la acción de tutela presentada por la actora. En su lugar, dispónese:
1°) Ampáranse los derechos fundamentales invocados por Claudia Marcela Castro
Aponte, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2º) En consecuencia, déjase sin efecto la sentencia del 18 de mayo de 2023 proferida
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado al interior del proceso
nulidad y restablecimiento del derecho con radicación no. 25000-23-42-000-2013-00093-
01 y ordénase a dicha autoridad que, en el término de diez (10) días contados a partir
de la fecha de notificación de esta providencia, profiera una decisión en reemplazo en la
cual se tengan en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia.
3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
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Actor: Claudia Marcela Castro Aponte
Acción de tutela
4º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia de la misma.
5º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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