Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07469-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-07469-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07469-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-07469-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
7 de marzo de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07469-00
Demandante: Julián Camilo Rodríguez Arias
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., siete (7) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07469-00
Demandante: JULIÁN CAMILO RODRÍGUEZ ARIAS
Demandados: TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TUNJA –
SALA PLENA Y JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL DE
PEQUEÑAS CAUSAS CIVILES Y COMPETENCIA MÚLTIPLE
DE TUNJA
Temas: Tutela contra autoridad judicial. Acto administrativo por medio del
cual se resuelven los recursos de reposición y apelación interpuestos
contra el acto de calificación integral de servicios. Requisito objetivo
de subsidiariedad
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Julián Camilo Rodríguez Arias1, quien actúa en nombre
propio contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja – Sala Plena y el
Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Civiles y Competencia Múltiple
de Tunja, en la que pide el amparo constitucional de sus derechos fundamentales
al debido proceso, igualdad, mérito y a la estabilidad laboral, supuestamente
vulnerados con las Resoluciones Nos. 1 de 15 de mayo de 2023 y 042 de 10 de
agosto de 2023, por medio de las cuales se resolvieron los recursos de reposición
y apelación, respectivamente, interpuestos en contra de la calificación integral de
servicios del año 2022.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El actor relató que se encuentra inscrito en carrera administrativa y ejerce
funciones en el cargo de oficial mayor del Juzgado Primero Municipal de
Pequeñas Causas Civiles y Competencia Múltiple de Tunja.
Indicó que en el año 2022 desempeñó dos cargos distintos en la Rama Judicial,
además de tener un periodo de licencia no remunerada sin vinculación en otro
cargo, a lo que agregó que en octubre de dicho año se reintegró al cargo que tiene
actualmente.
Señaló que el 30 de marzo de 2023, por medio de correo electrónico le fue
notificada la calificación integral de servicios del año 2022, junto con la calificación
del 4º trimestre de 2022 y su respectiva acta de seguimiento.
Refirió que en contra de la decisión que resolvió sobre su calificación interpuso
recurso de reposición y en subsidio de apelación por ausencia de motivación.
1 Presentada el 12 de diciembre de 2023.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07469-00
Demandante: Julián Camilo Rodríguez Arias
Informó que por medio de la Resolución No. 1 de 15 de mayo de 2023, el Juzgado
Primero Municipal de Pequeñas Causas Civiles y Competencia Múltiple de Tunja
resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la calificación y, a su
vez, concedió el de apelación ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Tunja.
Sostuvo que la autoridad judicial en el acto administrativo que resolvió el recurso
de reposición “se fundamenta en documentos adicionales que se indica hacen parte de
la misma, y que tampoco fueron puestos en conocimiento al momento de expedición de la
calificación de servicios. Es decir, que frente a la motivación del acto de calificación y los
documentos adicionales que la integran, se impide de manera absoluta su controversia en
vía administrativa, en total contravía a las más básicas reglas del debido proceso”.
Adujo que la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja por
medio de Resolución No. 042 de 10 de agosto de 2023 se abstuvo de resolver el
recurso de apelación por considerarlo improcedente, al encontrar que lo alegado
se subsanó con la Resolución No. 1 de 15 de mayo de 2023.
Manifestó que “si bien suele interpretarse la Ley 270 de 1996 en el sentido de entender
procedentes los recursos solo contra la calificación de servicios insatisfactoria, el acto de
calificación integral de servicios en los cargos de carrera de la Rama Judicial, aun siendo
satisfactoria, influye sobre derechos laborales como traslados o la concesión de visto
bueno para licencias no remuneradas, y los demás señalados en el artículo 8 del Acuerdo
PSAA16-10618 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura”.
Por último, consideró que, a pesar de contar con una calificación satisfactoria, la
misma pone en riesgo sus derechos fundamentales, toda vez que continuará en el
ejercicio del cargo en carrera, en donde se desempeña actualmente bajo la
dirección del mismo calificador.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora promovió acción de tutela en defensa de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, mérito y a la estabilidad laboral,
supuestamente vulnerados con las Resoluciones Nos. 1 de 15 de mayo de 2023 y
042 de 10 de agosto de 2023, por medio de las cuales se resolvieron los recursos
de reposición y apelación, respectivamente, interpuestos en contra de la
calificación integral de servicios del año 2022.
De manera concreta, manifestó que se recurren las decisiones con las que se
pretende confirmar la calificación integral de servicios de 2022, por carecer de
motivación como lo resalta el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja. Al
respecto, señaló “los vacíos de motivación, afirma la Sala Plena, fueron subsanados en
el acto administrativo que da solución al recurso de reposición, acto administrativo que
además de exponer las razones en que el calificador considera fundar el resultado de la
calificación integral, agrega tres documentos como sustento que indica hacen parte de la
actuación (informes de secretaría, conversaciones de whatsapp y Resolución 15 de 2023
del Juzgado Primero de Pequeñas Causas Civiles y Competencia Múltiple de Tunja),
argumentos y documentos que no eran de conocimiento respecto de su relación con la
calificación de servicios y frente a los cuales no ha sido posible ejercer derecho de
defensa en vía administrativa”.
Expuso que se vulneró el derecho fundamental a la igualdad al impedir la
oportunidad de ejercer la impugnación de la motivación del acto de calificación de
servicios, como a los demás empleados, cuando “se adopta como criterio exponer las
razones de la decisión en el acto que resuelve el recurso de reposición confirmando lo
decidido, y considerarse en segunda instancia que por esta razón quedó subsanada la
falencia, cuando en ningún momento se tuvo oportunidad de manifestarse sobre las
razones de la decisión”.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07469-00
Demandante: Julián Camilo Rodríguez Arias
Expresó que de permitirse lo resuelto por la autoridad judicial al decidir el recurso
de apelación se transgrede el derecho al mérito y a la estabilidad laboral como
consecuencia de una calificación que no puede ser cuestionada, debido a que
está integrada por las funciones ejercidas en distintos despachos judiciales, y
puntualizó que “se está entonces ante la transgresión de derechos laborales teniendo en
cuenta las consecuencias y aplicaciones de la calificación de servicios, imprescindible
para optar por traslados, comisión de servicios, licencias de estudio y demás prerrogativas
regladas por la Ley Estatutaria de Justicia, que ameritan protección constitucional por
generar perjuicios irremediables no defendibles por ningún mecanismo ordinario”.
Señaló que, al percatarse del error, la Sala Plena del Tribunal accionado debió en
garantía de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, mérito y
estabilidad laboral disponer de su revocatoria y notificar en debida forma la
motivación de los actos para poder ejercer los recursos en vía administrativa, a lo
que agregó que “los derechos fundamentales invocados se verían también afectados de
considerar procedente el recurso de apelación solo respecto de la calificación
insatisfactoria, cuando la afectación que provoca el resultado aun satisfactorio tiene
influencia directa en diferentes situaciones laborales administrativas”.
Para terminar, indicó que en garantía de sus derechos fundamentales se debe
disponer el estudio y solución de fondo del recurso de apelación, en interpretación
del artículo 172 de la Ley Estatutaria 270 de 1996 o, en su defecto, que se
profieran los actos administrativos de calificación debidamente motivados.
3. Pretensiones
El accionante formuló las siguientes:
“Primera: Se tutele el derecho fundamental al debido proceso vulnerado por la Sala
Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja con la expedición de la
Resolución 042 de 10 de agosto de 2023 y por el Juzgado Primero de Pequeñas
Causas Civiles y Competencia Múltiple de Tunja con la expedición de la Resolución No
1 de 15 de mayo de 2023.
Segunda: Se tutele el derecho fundamental a la igualdad, vulnerado por la Sala Plena
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja con la expedición de la Resolución
042 de 10 de agosto de 2023 y por el Juzgado Primero de Pequeñas Causas Civiles y
Competencia Múltiple de Tunja con la expedición de la Resolución No 1 de 15 de mayo
de 2023.
Tercero: Se tutelen los derechos fundamentales al mérito y a la estabilidad laboral,
vulnerados por la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja con la
expedición de la Resolución 042 de 10 de agosto de 2023 y por el Juzgado Primero de
Pequeñas Causas Civiles y Competencia Múltiple de Tunja con la expedición de la
Resolución No 1 de 15 de mayo de 2023.
Cuarta: Como consecuencia de lo anterior, se ordene de conformidad con los dispuesto
en el artículo 172 de la Ley 270 de 1996 y en el artículo 23 del Decreto 2591 de 1991,
resolver de fondo el recurso de apelación, formulado en subsidio de reposición, en
contra de los actos administrativos de seguimiento 4° trimestre 2022, calificación 4°
trimestre de 2022 y calificación integral de servicios de 2022, proferidas por el Juzgado
Primero de Pequeñas Causas Civiles y Competencia Múltiple de Tunja.
Quinta: Como subsidiaria de la anterior, se ordene al Juzgado Primero de Pequeñas
Causas Civiles y Competencia Múltiple de Tunja, rehacer la actuación transgresora de
los derechos fundamentales, profiriendo acto administrativo con la debida motivación, y
disponiendo su notificación en legal forma, a efectos de poder ejercer los derechos de
vía administrativa con las garantías procesales correspondientes”.
4. Pruebas relevantes
Con la solicitud de amparo, el actor adjuntó los siguientes documentos:
• Calificación integral de servicios del año 2022, del señor Julián Camilo Rodríguez
Arias.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07469-00
Demandante: Julián Camilo Rodríguez Arias
• Recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto contra la calificación
integral de servicios del año 2022.
• Resolución No. 1 de 15 de mayo de 2023, por medio de la cual se resuelve un
recurso de reposición, junto con sus anexos.
• Resolución No. 042 de 10 de agosto de 2023, a través de la cual se resuelve un
recurso de apelación.
5. Trámite procesal
Por auto de 14 de diciembre de 2023, el despacho sustanciador ordenó la
remisión del expediente con destino a la Corte Suprema de Justicia, en virtud de
las reglas de reparto contenidas en el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 333 de 2021.
Mediante auto de 24 de enero de 2024, la Corte Suprema de Justicia devolvió el
expediente a esta corporación por considerar que al tratarse de una acción de
tutela promovida por un empleado de la jurisdicción ordinaria deben seguirse las
reglas de reparto fijadas en el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 333 de
2021.
En auto de 1º de febrero de 2024, el despacho sustanciador admitió la demanda y
ordenó notificar a las autoridades demandadas -Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Tunja – Sala Plena y el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas
Causas Civiles y Competencia Múltiple de Tunja-, así como a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, a quienes se les remitió copia de la solicitud de
amparo. En la misma providencia se resolvió negar la medida provisional
solicitada por el actor al no encontrar acreditada la necesidad, gravedad y
urgencia de esta, ya que no se observó de manera preliminar un riesgo inminente
de afectación a los derechos fundamentales invocados por el demandante que
amerite la intervención necesaria y urgente del juez de tutela para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 161474 al 161477
de 6 de febrero de 2024, con el fin de notificar a las partes2.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Civiles y
Competencia Múltiple de Tunja
Por medio de escrito presentado el 7 de febrero de 2024, la titular del despacho se
pronunció sobre los hechos que dieron origen a la presente acción, para lo cual
señaló que el 30 de marzo de 2023, al accionante le fue remitida la calificación
integral de servicios del año 2022 en los términos del Acuerdo PSAA16-10618 de
2016, con un puntaje final de 92, decisión que fue recurrida el 14 de abril de 2023.
Sostuvo que por medio de Resolución No. 1 de 15 de mayo de 2023 se resolvió el
recurso de reposición y se concedió la alzada ante el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Tunja, que a través de Resolución No. 042 de 10 de agosto de 2023 se
abstuvo de resolver la apelación.
Consideró que las actuaciones se ajustan al debido proceso y que no existe
vulneración a las garantías fundamentales del actor y advirtió que no emitiría
pronunciamiento sobre las pruebas relacionadas en el escrito de tutela debido a
que las mismas no habían sido aportadas en el traslado de la acción
constitucional.
2
Notificación que surtió a los siguientes correos electrónicos: jrodrigar@cendoj.ramajudicial.gov.co,
j01pqccmtun@cendoj.ramajudicial.gov.co, ptribstun@cendoj.ramajudicial.gov.co y
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07469-00
Demandante: Julián Camilo Rodríguez Arias
6.2. Respuesta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja
Mediante escrito presentado el 8 de febrero de 2024, el presidente de la
corporación solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por no cumplir
el requisito de subsidiariedad, para lo cual citó apartes de las sentencias T-375 de
2018 y T-381 de 2022 sobre la procedencia de la solicitud de tutela, en relación
con los actos administrativos.
Indicó que el actor pretende cuestionar la Resolución No. 042 de 10 de agosto de
2023, para lo cual cuenta con el mecanismo ordinario ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativa, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, sin que hubiera acreditado la falta de idoneidad y
eficacia de este, ni el perjuicio irremediable que habilite el estudio propuesto.
Refirió que contrario a lo afirmado por el demandante, sí existió pronunciamiento
sobre el recurso de apelación como consta en las consideraciones que soportan la
decisión y aclaró que:
“Se dice en la resolución en comento que, por posición mayoritaria, por cuanto
hay magistrados que consideran que el acto de calificación de servicios del
empleado solo es susceptible de recurso de apelación cuando la calificación
sea insatisfactoria e implique retiro del servicio. Lo dicho con arreglo a lo
dispuesto en el inc. 2 del art. 171 de la ley 270 de 1996 (EAJ).
Para el caso en particular, denótese el considerando sexto (6o) allí manifestó la
Corporación: “Tal como se advierte, pese a que se cuestionen, el seguimiento
trimestral correspondiente al último trimestre del año 2022 y la Calificación
parcial de servicios correspondiente al período 08-10-2022 al 31-12–2022, los
mismos no son objeto de recursos, conclusión que previamente ha fijado esta
corporación en la Resolución No. 013 del 17 de marzo de 2022 emanada de la
Sala Plena de esta Corporación (...)”.
Por último, expuso que lo pretendido por el actor es reabrir un debate que ya fue
zanjado, tratando de forzar un nuevo estudio como si se tratara de una tercera
instancia, para lo cual no resulta suficiente la inconformidad con lo decidido debido
a que el mecanismo constitucional fue instituido para la defensa de derechos
fundamentales y no para controvertir actos administrativos.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Tunja – Sala Plena y el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Civiles y
Competencia Múltiple de Tunja, vulneraron los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, mérito y a la estabilidad laboral, con las Resoluciones Nos. 1 de
15 de mayo de 2023 y 042 de 10 de agosto de 2023, respectivamente, por carecer
de motivación y por considerar que el recurso de apelación se torna improcedente
al tratarse de una calificación de servicios satisfactoria.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07469-00
Demandante: Julián Camilo Rodríguez Arias
De manera previa se debe establecer si la acción de tutela resulta procedente
para controvertir actos administrativos de carácter particular y concreto, como lo
son aquellos por medio de los cuales se resuelven los recursos de reposición y
apelación en contra del acto de calificación de servicios.
3. Procedencia de la acción de tutela para debatir actos administrativos
relativos a la calificación integral de servicios
El artículo 86 de la Constitución Política establece que cuando el afectado dispone
de otro medio de defensa judicial, no podrá hacer uso del mecanismo
constitucional de la tutela, salvo que sea utilizado de manera transitoria con el fin
de evitar un perjuicio irremediable.
En efecto, la acción de tutela se caracteriza por su naturaleza excepcional y
subsidiaria, es decir, solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para la protección de los
derechos fundamentales y sea necesario adoptar una medida transitoria para
evitar un perjuicio irremediable.
En tal sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que apunta al requisito de
la subsidiariedad previsto en la norma constitucional mencionada, dispone que la
eficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial será evaluada por el juez de
tutela, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el accionante.
En el ámbito del derecho administrativo en general y frente a los actos
administrativos en particular, de conformidad con lo precisado por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, “la acción de tutela es improcedente como mecanismo
principal para proteger derechos de rango constitucional o legal que resulten
amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos”,
toda vez que para controvertir su legalidad, el legislador estableció diferentes
medios de control en la jurisdicción contencioso administrativa, que se presumen
idóneos para restablecer el derecho conculcado.
En relación con la procedencia de la acción de tutela para revisar los actos de
calificación de servicios, la Corte Constitucional3 ha señalado que el juez de tutela
no puede inmiscuirse en estos asuntos por considerar que no está facultado. Al
respecto, sostuvo que “El carácter residual y excepcional de este mecanismo de
protección no faculta al juez constitucional para constituirse en instancia de revisión de los
puntajes y de los criterios considerados por el evaluador en la calificación de servicios. El
juez de tutela no está legitimado para inmiscuirse en este debate estrictamente probatorio
sobre la justicia o injusticia de la ponderación del factor calidad, dentro del proceso de
evaluación del desempeño de los funcionarios pertenecientes a la carrera judicial. Exigir al
juez de tutela que proceda a determinar la justicia o la objetividad de la ponderación de
cada uno de los factores que se evalúan periódicamente a los empleados de carrera,
implica percibirlo como una instancia administrativa jerárquica de cada evaluador, es decir
de cada superior inmediato. Nada más alejado del carácter de medio de defensa judicial
residual y excepcional que le ha asignado el Constituyente de 1991”.
En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-1107 de 2002, señaló que
la acción de tutela no es el mecanismo instituido para dirimir conflictos derivados
de la actividad de la administración. Sobre ese particular, dispuso que “en efecto,
como es sabido la acción de tutela es un mecanismo inmediato y eficaz para la protección
de los derechos fundamentales, pero así mismo subsidiario y residual. En tanto la
jurisdicción en lo contencioso administrativo ha sido instituida para juzgar de manera
directa la actividad de la administración, solucionando los litigios que la misma genera,
“bajo la condición de que cuando el juez administrativo advierta la violación de un derecho
fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección (..)”.
3 Sentencia T-378 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07469-00
Demandante: Julián Camilo Rodríguez Arias
En términos de la Corte Constitucional4 “perjuicio irremediable es aquel que resulta del
riesgo de lesión al que una acción u omisión de las autoridades públicas o de los
particulares somete a un derecho fundamental que, de no resultar protegido por la vía
judicial en forma inmediata, perdería todo el valor subjetivo que representa para su titular
y su valor objetivo como fundamento axiológico del ordenamiento jurídico”.
En ese orden, la Corte ha admitido que la acción de tutela no es procedente para
debatir los actos administrativos relativos a la calificación de servicios, en tanto
ese asunto debe ser ventilado ante el juez natural y únicamente procederá en los
casos en que se acredite la existencia de un perjuicio irremediable, como
mecanismo transitorio.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. El señor Julián Camilo Rodríguez Arias promovió acción de tutela con el fin de
que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, mérito
y a la estabilidad laboral. Para lo cual solicitó que se ordene al Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Tunja -Sala Plena-, resolver el recurso de apelación de
fondo por considerar que el mismo resulta procedente y, en consecuencia, al
Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Civiles y Competencia Múltiple
de Tunja rehacer la actuación administrativa por medio de la cual realizó la
calificación de servicios y proferir acto de calificación debidamente motivado.
Lo anterior, dado que expuso que la calificación integral de servicios del año 2022
no estuvo debidamente motivada y que el acto administrativo por medio del cual
se resolvió el recurso de apelación omitió pronunciarse de fondo, luego de
sostener que lo discutido se había subsanado con la resolución que resolvió el
recurso de reposición y que, en todo caso, la alzada no procedía comoquiera que
se trataba de una calificación satisfactoria.
4.2. De acuerdo con el relato fáctico y los informes rendidos en este trámite
constitucional, está probado que el accionante ocupa el cargo en carrera de oficial
mayor en el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Civiles y
Competencia Múltiple de Tunja, desde el 15 de junio de 2017.
En virtud de lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16-10618 de 2016, el 30 de marzo
de 2023 la titular del despacho en calidad de nominadora efectuó la calificación
integral de servicios del señor Julián Camilo Rodríguez Arias correspondiente al
año 2022, con un puntaje total de 92. Contra dicha decisión el demandante
interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación bajo los siguientes
argumentos:
“El acto administrativo de calificación integral referido en el hecho cuarto debe
ser revocado o modificado, ante la carencia de motivación y por ser su
contenido contrario a la realidad.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 23 del Acuerdo PSAA16-10618 de
2016, los resultados de la calificación deben ser motivados y producto del
seguimiento del desempeño del empleado.
La calificación integral de servicios del año 2022 no contiene motivación alguna
que soporte el resultado numérico fijado a cada uno de los criterios de
calificación, incurriendo así en la citada causal de anulación.
En cuanto a la determinación de valores de cada criterio de evaluación, no se
advierte una correlación entre el resultado y las calificaciones que se integran;
recuérdese que ante el despacho Primero de Pequeñas Causas Civiles y
4 Sentencia T-1107 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07469-00
Demandante: Julián Camilo Rodríguez Arias
Competencia Múltiple de Tunja, se ejercieron funciones solo por un lapso del
último cuatrimestre de 2022.
Respecto de la calificación de 4° trimestre de 2022, debe señalarse que fue
notificada en el mismo momento con la calificación integral y el seguimiento
trimestral, aun cuando el artículo 97 del Acuerdo de calificación citado impone
que una actuación derive de la otra, lo que muestra una falencia en el debido
proceso de calificación, perdiendo así la “coherencia interna” a que refiere la
jurisprudencia contencioso administrativa en estos temas.
En cuanto a su contenido, surge como evidente vicio de validez del acto, la
generalidad de su motivación respecto de un asunto que se expresa por
escalas de puntuación, adoleciendo entonces de falsa motivación en atención a
su imprecisión.
(...)
Se deduce de los cuestionamientos anteriores también la ausencia de
motivación respecto de los demás factores de calidad, a lo que debe agregarse
el incumplimiento de los deberes fijados por el artículo 160 de la Ley 270 de
1996. Insisto, por favor, se indiquen las razones por las que se plantean
observaciones a las labores ejercidas, por no corresponder con el señalamiento
de cumplimiento de metas y reelaboración de proyectos, así como realizar de
manera asertiva las observaciones oportunas a que haya lugar respecto al
contenido de los autos proyectados”.
A través de la Resolución No. 1 de 15 de mayo de 2023, el Juzgado Primero
Municipal de Pequeñas Causas Civiles y Competencia Múltiple de Tunja resolvió
el recurso de reposición interpuesto y precisó:
“En lo atañedero al factor eficiencia, el cual alude al cumplimiento de la meta
fijada desde el inicio del trimestre evaluado en 12 procesos diarios, cuyo
análisis repercute en el puntaje asignado en el indicador “la cantidad o número
de actividades realizadas presenta un nivel de rendimiento acorde con las
asignadas durante el periodo”, son tres los puntos a precisar.
Primero es que, del examen de la carpeta estados del OneDrive -plataforma
digital en la cual se cargan los proyectos por el sustanciador para la revisión de
la titular- y los informes diarios solicitados al secretario sobre la actividad del
sustanciador desde el 28 de noviembre de 2022, (los cuales se anexan y hacen
parte integral de esta resolución) se desgrana que el promedio diario de
procesos sustanciados durante las 9 semanas evaluadas fue de
aproximadamente 6.1 – desde el 7 de octubre de 2022, hasta el 19 de
diciembre postrero, excluyendo, por supuesto, la semana del 28 de noviembre
de 2022, al 2 de diciembre siguiente, en la cual el empleado estuvo en licencia
remunerada por luto que solicitó el 28 de noviembre de 2022, a las 11:06 p.m. y
fue concedida el 29 de noviembre de 2022, conforme lo impone la ley por cinco
días contados desde el día del fallecimiento, lapso durante el cual no se le
encomendó labor alguna-, es decir, la mitad de la cuota encargada, de ahí
entonces que no se aviste discordancia en el valor consignado en la calificación
integral del cuarto trimestre del 2022, en tanto la valoración máxima de dicho
indicador es 33, y el puntaje aproximado asignado fue de 17, coherente con el
nivel de cumplimiento 2 del factor Eficiencia o Rendimiento consignado en el
acta de seguimiento, y que resulta de la operación aritmética de una regla de
tres, en que un extremo es el numero asignado a la meta y corresponde al
máximo puntaje y del número de evacuados será el producto de la operación;
igual procedimiento se aplica para el segundo del mismo Factor en que resultó
un puntaje de 4.
Lo segundo que ha de relievarse es que aproximadamente un tercio de la labor
proyectada diariamente correspondía a correcciones comunicadas a través de
comentarios consignados directamente en el proyecto, en el whatsapp o
informados verbalmente, de las cuales el empleado tuvo conocimiento.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07469-00
Demandante: Julián Camilo Rodríguez Arias
Lo tercero es que la cuota así fijada no obedece a una consideración subjetiva
de la Juez, sino que, como se advierte en las estadísticas del Despacho, si en
cuenta se tiene los datos allí consignados, especialmente los alusivos al
número de procesos de reparto, las liquidaciones del crédito y las medidas
cautelares que ingresan trimestralmente, es la asignación mínima para proveer
diligentemente la demanda de administración de justicia.
(...)”.
En consecuencia, resolvió confirmar la calificación de servicios del año 2022,
corregir los indicadores de calidad y eficiencia de la misma y conceder el recurso
de apelación ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja.
Por medio de la Resolución No. 042 de 10 de agosto de 2023, la Sala Plena del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja expuso que la Resolución No. 1 de
15 de mayo de 2023 subsanó el vacío argumentativo, al indicarse con suficiencia
las razones en las que se sustentó la calificación y consideró que, en ese orden, el
recurso subsidiario no tenía razón de ser, por lo que se abstuvo de resolverlo por
improcedente.
4.3. Descendiendo al caso bajo examen, la Sala anticipa que declarará
improcedente la acción de tutela por considerar que lo pretendido por el
accionante, esto es, cuestionar la calificación integral de servicios del año 2022 y
los actos administrativos por medio de los cuales las autoridades judiciales
resolvieron los recursos de reposición y de apelación interpuestos en contra del
acto de calificación, puede ventilarse ante el juez natural a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la cual no se advierte
cumplido el requisito de subsidiariedad.
Al respecto, debe recordarse que la acción de tutela tiene una naturaleza residual
y subsidiaria, conforme se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión,
es decir, que solo procede cuando no existen otros mecanismos de defensa
judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o, en su defecto,
siempre que sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
lo que conlleva que no sea un instrumento al que se pueda acudir para reemplazar
los medios ordinarios.
La Sala precisa que el artículo 165 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, establece
que “la evaluación de servicios tiene como objetivo verificar que los servidores de la
Rama Judicial mantengan en el desempeño de sus funciones los niveles de idoneidad,
calidad y eficiencia que justifican la permanencia en el cargo”. Dentro de los factores
señalados para la calificación se tiene que, a su vez, el artículo 170 de la misma
normativa dispone que debe ser motivada y derivada de un control efectuado al
desempeño del empleado.
Adicionalmente, el artículo 171 ibídem dispone que los empleados de carrera
serán evaluados por su superior jerárquico anualmente y, de manera precisa,
señala que “la calificación insatisfactoria de servicios dará lugar al retiro del empleado.
Contra esta decisión proceden los recursos de la vía gubernativa”.
Sobre los actos administrativos por medio de los cuales se resuelven los recursos
de reposición y apelación en contra del acto de calificación de servicios, esta
corporación ha considerado que los mismos producen los efectos de lo resuelto en
el acto de calificación. Al respecto indicó5 “El acto administrativo contenido en la
calificación de servicios de 30 de abril de 2001 emitido por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Arauca es considerado en principio como un ‘acto previo’ según los
planteamientos reiterados por la Sección Segunda de esta Corporación y la Corte
Constitucional a través de Sentencia T-1142 de 28 de noviembre de 2003. Sin embargo,
5
Sentencia de 22 de noviembre de 2012. C.P. Alfonso Vargas Rincón. Exp. Rad. 07001-23-31-000-2002-
00148-03.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07469-00
Demandante: Julián Camilo Rodríguez Arias
lo anterior no significa que, en la producción del acto antes referido, no se haya incurrido
en irregularidades, las cuales tienen efecto en un acto posterior, tal y como ocurre en el
acto administrativo a través del cual se resolvieron los recursos de reposición y apelación
contra la actuación que calificó como insatisfactoria la prestación de los servicios”.
En relación con el mecanismo idóneo para debatir la calificación de servicios y los
actos administrativos que resuelven los recursos de reposición y apelación
interpuestos en contra de esta, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha
señalado que6 “(...) el acto administrativo definitivo lo constituye la evaluación integral,
que estará integrada por los cuatro seguimientos trimestrales de tarea, en la cual el
funcionario judicial consignará las motivaciones de la calificación, acto que será notificado
personalmente y contra el cual procede los recursos contra actos administrativos
definitivos previstos en la Ley 1437 de 2011 y el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, por cuanto es la decisión definitiva”.
Bajo ese contexto, el asunto bajo examen es improcedente teniendo en cuenta
que si el juez constitucional estudia de fondo los reparos presentados por el
demandante, como lo es entrar a analizar los actos administrativos proferidos por
las autoridades demandadas y, en consecuencia, ordenar que se rehaga la
actuación administrativa por medio de la cual se adelantó la calificación de
servicios del accionante correspondiente al año 2022, estaría usurpando funciones
propias del juez natural.
Si bien la Sala no desconoce que eventualmente la acción de tutela puede
proceder ante la amenaza de alguna garantía ius fundamental, cuando se utilice
para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, lo cierto es que en el
asunto no se lograron acreditar los requisitos establecidos por la jurisprudencia
constitucional para habilitar la procedencia excepcional de este mecanismo dado
que no es posible determinar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Esto
debido a que no se justificó ni se probó, siquiera de manera sumaria, alguna
situación que haga necesaria la intervención del juez constitucional, ni tampoco la
existencia de un daño o menoscabo material o moral grave que haga
impostergable el estudio constitucional, pues del material probatorio se evidencia
que el actor continúa en el cargo de oficial mayor en carrera, sin que exista una
decisión negativa que le afecte de manera real sus derechos laborales.
Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela presentada por el señor Julián Camilo Rodríguez Arias.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Julián Camilo Rodríguez Arias, contra el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Tunja – Sala Plena y el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas
Causas Civiles y Competencia Múltiple de Tunja, por las razones aquí expuestas.
6 Sentencia de 29 de julio de 2021. C.P. William Hernández Gómez. Exp de tutela. Rad.: 15001-23-33-000-
2021-00444-01.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07469-00
Demandante: Julián Camilo Rodríguez Arias
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.