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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07472-00

Fecha
8 de marzo de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07472-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por Duvian Duque Úsuga, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria. CUARTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso que no fuere impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-07472-00

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

8 de marzo de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07472-00
Accionante: Duvian Duque Úsuga y Otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., ocho (08) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 11001-03-15-000-2023-07472-00
Accionantes: Duvian Duque Úsuga y Otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela.

Tema: tutela contra providencia judicial.
Subtema 1: requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela incoada por Duvian Duque
Úsuga en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de tutela

Duvian Duque Úsuga, obrando en nombre propio y en asocio de familiares suyos,
a los 13 días de diciembre de 2023, presentó solicitud de amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso, en su sentir vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ocasión de sentencia de segunda
instancia, proferida el 30 de noviembre de 2023 y debidamente notificada, que
modificó la sentencia de primera instancia proferida el 12 de abril de 2021 por el
Juzgado Sesenta y Uno Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, dentro de
proceso de reparación directa radicado al número 11001-33-43-061-2019-00244-
021.

1.2. Hechos de la solicitud

1.2.1. El joven Duvian Duque Ávila fue reclutado por el Ejército Nacional, Orgánico
del Batallón de Ingenieros No.17 con sede en Carepa (Ant.), en buen estado de
salud según se estableció en el examen médico de ingreso a la institución.

1.2.2. Mientras ejercía funciones de patrullaje en Apartadó, aproximadamente para
noviembre de 2018, resultó afectado por Leishmaniasis, según dictaminó el
Dispensario Médico donde fue remitido con fines de tratamiento.

1.2.3. A la patología dicha sobrevinieron como secuelas, deformaciones en su
cuerpo y una pérdida equivalente al 10% de su capacidad laboral, que desbordaron
las cargas que estaba en el deber de soportar, derivando perjuicios por los que el
estado debe responder.

1
SAMAI, Índice 1, Solicitud de Tutela, Doc. No.36A948B4CFB324C9 4EC6E6B597C46F01
87BFF3F4ED8D2409 1F74FEEA745892EC, Expediente Digital.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: Duvian Duque Úsuga y Otros

1.2.4. Así las cosas, con el propósito de resarcimiento, Duvian Duque Úsuga en
asocio de Elena Úsuga Echevarría (progenitora), Arturo Duque Úsuga (hermano) y
Gabriel Antonio Ávila Julio (padre de crianza), promovió en contra de la Nación-
Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional, proceso de reparación directa que radicado
bajo número 11001-33-43-061-2019-00244-02, el Juzgado Sesenta y Uno
Administrativo Oral de Bogotá D.C. despachó con sentencia fechada a 12 de abril
de 2021 en la que se accedió a las pretensiones de la demanda, declaró la falta de
legitimación por activa de Gabriel Antonio Ávila Julio, como la responsabilidad
patrimonial de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por las lesiones
padecidas por Duvian Duque Ávila y la condenó a pagar en favor del ofendido
directo, a título de perjuicios materiales, la suma de $22.581.675,51; 10 SMLMV por
daño a su salud; y, por perjuicios morales, 10 SMLMV para él y su progenitora Elena
Úsuga Echevarría, y, 5 SMLMV para su hermano Arturo Duque Úsuga. Sin condena
en costas.

1.2.5. Inconformes con la decisión de primera instancia, recurrieron en alzada la
parte actora y la parte demandada, en virtud de lo cual el proceso arribó al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” que, a 30 de
noviembre de 2023, modificó la sentencia de primer grado, en el sentido de
condenar a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional por las lesiones
sufridas por Duvian Duque Úsuga, durante la prestación de su servicio militar
obligatorio, a pagar en su favor la suma equivalente a 10 SMLMV por concepto de
daños morales; y negó las demás pretensiones, sin condena en costas.

1.2.6. Insatisfecho con dicha decisión, y en procura de la protección de los derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso, que consideró vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ocasión de sentencia de segunda
instancia, debidamente notificada, solicitó amparo que por repartimiento
correspondió conocer a esta Sala de Subsección.

1.3. Trámite de la solicitud de tutela

1.3.1. En sede de primera instancia, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por auto del 14 de diciembre de 20232, admitió la solicitud de
amparo, vinculó a quienes participaron en el proceso ordinario y ordenó las
notificaciones de rigor3.

1.3.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera
Subsección “A” debidamente notificado dio respuesta a la solicitud, recreando las
pretensiones, argumentos y cargos expuestos por el actor, expresó que ninguno
tiene peso específico para que la sentencia acusada sea modificada o revocada, en
la medida en que las providencias relacionadas e invocadas como precedentes
desconocidos, no tienen fuerza vinculante en cuanto no pertenecen al género de
sentencias de unificación. Justamente ello, condujo al Tribunal a decidir fundado en
el arbitrio judice y con fundamento en el acervo probatorio, dando por probado el
daño, pero no el grado de incapacidad o perdida de la capacidad laboral que,
sobrevino a él, sin que ello entrañe arbitrariedad sino más bien motivo de disenso
para el demandante, quien aquí pretende controvertir decisiones en firme que
resolvieron el problema jurídico planteado, como si la tutela fuera una nueva
instancia.

2
SAMAI, índice 8, Auto Admisorio de Tutela. Certificado CEB0CBACBE39A7C7 FAC2B525B6B23BAC
779A206BA50135F6 496C23940AB01CD8, Expediente Digital.
3 SAMAI, índice 8, notificaciones auto admisorio de tutela. Certificado 8F43BA56397F4D07
7A1392D07BDE822D A87F48379CEDF7B5 533172CFDD5E7925, Expediente Digital.
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1.5. Pretensiones y argumentos de la tutela
El actor deprecó en su solicitud de amparo que: (i) se protejan sus derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso; (ii) se ordene al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, proferir nuevamente sentencia de segunda
instancia, en sustitución de la que modificó la decisión de primer grado dada por el
Juzgado Sesenta y Uno Administrativo Oral del Circuito de Bogotá; (iii) se ordene al
accionado que en el fallo de reemplazo de la sentencia cuya anulación se solicita,
de aplicación en debida forma a las sentencias de unificación y las que sobre
indemnización de perjuicios observa el Consejo de Estado y todos los Tribunales y
Juzgados del país, en especial las de las Subsecciones B y C del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

Entre los argumentos expresó el libelista que la sentencia de segunda instancia
desconoció sentencias de unificación del Consejo de Estado sobre lucro cesante y
montos indemnizatorios por perjuicios inmateriales, como el pacífico precedente
jurisprudencial sobre indemnizaciones a conscriptos; con lo cual se vulneraron los
derechos fundamentales a la igualdad y acceso a la administración de justicia.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Nacional y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

2.2. Legitimación en la causa por activa

La legitimación en la causa por activa de Duvian Duque Úsuga se encuentra
acreditada, dado que fue demandante en la reparación directa con radicado número
11001-33-43-061-2019-00244-02, en el que fue proferida la providencia objeto de
tutela, y, por tanto, es titular de los derechos fundamentales cuyo amparo se
pretende.

En ese contexto, también está probada la legitimación en la causa por pasiva
porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la medida en que fue la
autoridad judicial que en sede de segunda instancia resolvió la impugnación,
modificando la sentencia de primer grado dentro del contencioso resarcitorio antes
referido.

2.3. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción; pues, solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el actor plantea en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales4.
4 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se
concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si
en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente
para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece
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2.3.1. Relevancia constitucional.

El cargo que se formule contra una decisión judicial tendrá relevancia
constitucional si presenta un problema constitucional y no se limita a revivir una
controversia estricta y exclusivamente legal5. De ese modo, en sede constitucional
se ponderará entre la finalidad de la acción de tutela como
garantía iusfundamental y los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que
gobiernan las decisiones judiciales6. Así las cosas, el juez de tutela debe resolver
asuntos de dimensión constitucional, con respeto de las competencias legales y del
principio de autonomía de los jueces7.

En suma, el requisito de relevancia constitucional persigue tres fines: (i) preservar
la competencia y la independencia de los falladores ordinarios y, así, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad8; (ii) restringir el
ejercicio del amparo a cuestiones que afecten los derechos fundamentales de las
personas, e (iii) impedir que la tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales9.

Definir lo que es o no relevante en el plano constitucional depende de verificar que,
a prima facie, el cuestionamiento esté dirigido contra una posible afectación o
vulneración de las garantías relacionadas con el núcleo de los derechos
fundamentales. En especial, debe hacerse énfasis en el derecho al debido
proceso10. Para ello, la jurisprudencia constitucional11 ha definido cuáles son los

de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen
del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material
de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales,
en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo
lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad
de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los
jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el
artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
5 esta cuestión y “[L]os fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con

transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar
ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de
decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar
las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger
los derechos fundamentales de quien […] se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación
uniforme y coherente – es decir segura y en condiciones de igualdad – de los derechos fundamentales a los
distintos ámbitos del derecho”. Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
6 “No se trata de convertir la tutela en un mecanismo ritualista, sino de exigir una actuación razonable para

conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y valores en juego, al controvertir
una providencia judicial”. Corte Constitucional. Sentencia T-066 de 2019.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencias del 21
de febrero de 2020, expediente n.° 2019-5066-00; 4 de mayo de 2020, expediente n.° 2020-836-00.
8 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610

de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-
931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014, citadas en la sentencia T-422 de 2018.
9 “[T]eniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede

reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga
el desconocimiento de un derecho fundamental” Corte Constitucional. Sentencia T-422 de 2018.
10 Corte Constitucional, sentencia T-102 de 16 de febrero de 2006. En igual sentido: T-075-18, T-451-18, T-422-

18 y T-248-18.
11 Cfr. sentencia C-590 de 2005.

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requisitos específicos de procedencia que pueden ser invocados como únicas
causales que habilitan el control constitucional concreto.

El requisito de relevancia constitucional, por tanto, exige que el cuestionamiento en
la solicitud de amparo esté dirigido a exponer una valoración en sentido negativo de
la actuación jurisdiccional en clave de los defectos, como han sido definidos por la
jurisprudencia. Así, son improcedentes los argumentos destinados a proponer
fórmulas que habrían podido ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario, o reiterar
las ya expuestas en este. En efecto, como lo ha establecido la Corte Constitucional,
“la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del
procedimiento judicial que se cuestiona12, pues ello desconocería la competencia y
finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como
su autonomía funcional”13.

Quien solicita el amparo debe cumplir con la carga de exponer las razones por las
que el reproche a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada, trasciende
de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria14, a una cuestión con
relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional
concreto15.

Descendiendo al caso, lo primero que advierte la Sala de Subsección, es que el
recurso de apelación propuesto contra la sentencia estimatoria de primer grado que
profiriera el Juzgado Sesenta y Uno Administrativo Oral de este Circuito, fue ejercido
tanto por la parte demandante, como por la demandada, circunstancia que abrió la
posibilidad al juez de segunda instancia, de pronunciarse de fondo y sin limitación
alguna, en los términos del artículo 328 del Código General del Proceso, como en
efecto hizo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El objeto de controversia que surgió a partir de la sentencia modificatoria de
segunda instancia, se centró por el actor en el desconocimiento de sentencias de
unificación del Consejo de Estado sobre lucro cesante y montos indemnizatorios por
perjuicios inmateriales, y daño a la salud, como el pacífico precedente
jurisprudencial sobre indemnizaciones a conscriptos.

Advierte la Sala de Subsección que, si bien es cierto el ad quem ser apartó de los
precedentes de la Corporación declarados como desconocidos por el censor por
activo, aquel explicó y justificó su postura, en la medida en que el señor Duque
Úsuga no fue valorado por las autoridades medico laborales Militares y de Policía,
competentes para emitir juicio sobre el asunto, como lo dispone el artículo 19 del
Decreto 094 de 1989; lo cual ha sido refrendado por sentencias de la Corte
Constitucional y esta Corporación a las que el operador judicial hizo referencia
expresa, en las que se ha dicho perentoriamente que las únicas autoridades
autorizadas para determinar la capacidad psicofísica del personal de la fuerza
pública, son la Junta Médico-laboral Militar y de Policía y el Tribunal Médico-laboral
de Revisión Militar y de Policía que, habida cuenta que no se asomaron al plenario
12 Cita original: “Ver sentencia T-336/04”.
13 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
14 “No se trata de convertir la tutela en un mecanismo ritualista, sino de exigir una actuación razonable

para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y valores en
juego, al controvertir una providencia judicial”. Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019.
Por supuesto, el fallador de tutela requiere examinar que, de esos asuntos legales, no se desprendan
violaciones a los derechos y deberes constitucionales, pues, de ser así, adquieren relevancia
constitucional inmediata. Corte Constitucional. Sentencia T-1031 de 2001, citada por la Corte
Constitucional en las sentencias T-114 de 2002 y T-136 de 2015.
15 Cfr. sentencia C-590 de 2005.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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por quien o quienes demandaban, según se lo imponía el artículo 168 del Código
General del Proceso, por remisión expresa del artículo 211 del CPACA, forzaron al
operador judicial a no dar por acreditada la pérdida de capacidad psicofísica que
sobrevino a la Leishmaniasis Cutánea padecida por el actor, sin cuya probanza era
complejo confirmar las condenas de primer grado sobre lucro cesante, daño a la
salud y daño moral, como en efecto declaró el Tribunal, sin que se advierta en su
decisión capricho o arbitrariedad algunos.

Nótese que lo que pretende el actor, es ni más ni menos, reabrir el debate a través
de la tutela, como si fuera una nueva instancia, para que su disenso con el fallo
modificatorio en firme, sea revisado.

Así, no resulta dable a la Subsección, examinar el fondo del asunto, pues la falta de
relevancia constitucional conforme a los argumentos expuestos en precedencia,
resulta palmaria, y no da paso al análisis tal que su examen devendría atentatorio
de la competencia y autonomía de los jueces naturales.

Estas decisiones, a decir de quien depreca la tutela, vulneraron sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia e igualdad, como el
precedente judicial en su sentir desconocido por el juez natural que despacho la
segunda instancia, de modo tal que la cuestión litigiosa, propia de la causa ordinaria,
ha querido traerse al juez constitucional, sin mayores argumentos y probanzas, sin
que esta sea una instancia adicional; con el inequívoco propósito de reactivar o
reabrir un trámite ya resuelto en dos instancias.

Razón por la que el amparo que nos ocupa habrá de ser declarado improcedente
conforme a lo dicho en precedencia.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por
Duvian Duque Úsuga, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

CUARTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso que no fuere impugnada.

Notifíquese y cúmplase

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
FAO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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