Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07487-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07487-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-07487-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
12 de abril de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07487-01
Accionante: Gregoria Inés Velásquez Jaramillo y Otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., doce (12) de abril de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado número: 11001-03-15-000-2023-07487-01
Accionante: Gregoria Inés Velásquez Jaramillo y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela
Tema: acción de tutela contra providencias judiciales.
Subtema 1: requisitos de procedibilidad.
Subtema 2: procedibilidad de la acción. Relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación que presentó la parte accionante en contra de la
sentencia de tutela del 5 de febrero de 2024, proferida por la Subsección A de la
Sección Tercera de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela
Gregoria Inés Velásquez Jaramillo y Mary Isabel Narváez Velásquez por medio de
apoderado1, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia2, que consideró
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B con ocasión del auto del 2 de junio de 2023, proferida dentro del
proceso de reparación directa identificado con el número de radicado 11001-33-43-
061-2021-00233-00/01.
1.2. Hechos probados del proceso ordinario
De las pruebas allegadas al expediente de la referencia y lo narrado por la parte
accionante en el escrito de tutela, la Sala resume los siguientes:
1.2.1. Stiven Narváez Velásquez se incorporó al Ejército Nacional para prestar el
servicio militar obligatorio, por lo que fue asignado al Batallón de Infantería No.3
“Batalla de Bárbula” en Puerto Boyacá.
Después de su formación obligatoria, fue autorizado para jugar fútbol y en desarrollo
de esa actividad el día 18 de mayo de 2014, sufrió un accidente que tuvo como
consecuencia un fuerte dolor en su rodilla derecha, por lo que fue trasladado al
servicio médico del dispensario de la unidad para recibir tratamiento.
1 Archivos electrónicos ubicados en el índice 2 del expediente digital de primera instancia en el
aplicativo SAMAI, identificados con certificados 9E60171BD1336C43 82D2115EDDEDDF0A
9ED70B18CC998466 5FBD310B56BD0D51 y F0294B0C134FFF8A B3215AA140669DAF
8C864B49AF5D1EF5 12580C941B788D84.
2 Archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo
SAMAI, identificado con certificado: EEDB24EE4CC016DF 459E5984E4717D66
06130862A8CB2F9D D1F5808E301143E8.
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Accionante: Gregoria Inés Velásquez Jaramillo y Otro
El 6 de enero de 2015 fue remitido para valoración de especialista en ortopedia,
luego el 18 de marzo siguiente, el Instituto Neurológico de Colombia le diagnosticó
meniscopatía lateral grado III y ruptura completa de ligamento cruzado anterior
grado III.
Mas adelante, por medio de orden de tutela3, la Dirección de Sanidad le autorizó un
tratamiento médico integral y fue ordenada la práctica de una Junta Médico Laboral
que, mediante acta número 107947 del 7 de junio de 2019 estimó que el señor
Narváez Velásquez debía someterse a un procedimiento quirúrgico para la
corrección de ruptura de ligamento cruzado anterior derecho y meniscopatía
además determinó una pérdida de capacidad laboral del 11.5% por una “secuela
gonalgia rodilla derecha”.
1.2.2. Las accionantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial que fue
considerada fallida mediante constancia del 9 de septiembre de 2021, luego en
ejercicio del medio de control de reparación directa formularon demanda en contra
del Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional orientada a obtener el
reconocimiento de perjuicios ocasionados por las lesiones sufridas por el señor
Stiven Narváez Velásquez durante el servicio.
1.2.3. El asunto le correspondió en primera instancia al Juzgado Sesenta y Uno (61)
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá que, mediante auto del 12 de
octubre de 2021 rechazó la demanda por caducidad de la acción. Consideró que
incluso antes de la suspensión de términos por la radicación de la solicitud de
conciliación, ya había fenecido el plazo para radicar la demanda, que fue interpuesta
hasta el 9 de septiembre de 2021.
1.2.4. Las demandantes, inconformes con la decisión, interpusieron recurso de
apelación en el que cuestionaron que estaba plenamente acreditado un defecto
fáctico ya que la normatividad y la jurisprudencia aplicable al medio de control de
reparación directa establecía que era posible su ejercicio cuando el demandante
tuviera el conocimiento del daño, por lo que, pese a que el hecho ocurrió el 18 de
mayo de 2014, lo cierto era que, en ese momento no se conocía con certeza el daño
que sufrió la víctima. En ese orden, sostuvieron que el término debió contarse a
partir del conocimiento del daño, esto es, a partir de la notificación del acta de la
Junta Médica número 107947 del 7 de junio de 2019.
El asunto le correspondió desatarlo al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B que, en proveído del 2 de junio de 20234 confirmó
la decisión de primera instancia. Consideró la autoridad judicial que, de conformidad
con las pruebas allegadas al expediente, la parte demandante conoció del daño
causado a partir del 18 de marzo de 2015 cuando el Instituto Neurológico de
Colombia diagnosticó al paciente con las lesiones conocidas, por lo que el término
de caducidad estuvo vigente desde el 19 de marzo siguiente hasta el 21 de marzo
de 2017 y en ese sentido, incluso cuando el requisito de procedibilidad de
conciliación fue incoado el 24 de marzo de 2021, el término para interponer el medio
de control, ya había fenecido.
Agregó que, tampoco era de recibo el argumento planteado por la parte
demandante, respecto de la calificación que emitió la Junta Médica Regional de
Invalidez, ya que la referida autoridad médica solo evalúo el porcentaje del daño
ocasionado y sus secuelas.
3 Radicado 2017-00678-00.
4 Archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela de primera instancia en el índice 2 del
aplicativo SAMAI, identificado con certificado: C4E2BDE57C827E23 1D3AE9EAB6F6D377
577EF6CA34192ACF EF7013AE52659EC0.
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1.3. Pretensiones y argumentos de tutela
1.3.1. La parte accionante solicitó en su escrito de tutela5: i) amparar sus derechos
fundamentales; y ii) dejar sin efectos la decisión dictada el 2 de junio de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y en su
lugar ordenar que se profiera una nueva providencia que acceda al estudio del
medio de control promovido.
1.3.2. La parte accionante adujo en primer lugar que su solicitud cumplía con los
requisitos generales de procedibilidad y en segundo lugar que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B en la providencia
objeto de tutela, vulneró sus derechos fundamentales e incurrió en varios defectos
que sustentó en los siguientes términos:
1.3.2.1. Defecto fáctico porque no aplicó el literal i, numeral 2 del artículo 164 del
CPACA que establece que el medio de control de reparación directa se instaura
cuando el demandante tuvo conocimiento del daño por la imposibilidad de conocerlo
en la fecha de su ocurrencia y en ese orden, para el asunto concreto solo hasta el
24 de octubre de 2019 fueron notificados los resultados del Acta de la Junta Médica
Laboral del 7 de Junio de 2019, por lo que, a partir de la referida fecha era viable la
contabilización del término de caducidad.
1.3.2.2. Error inducido porque de haberse instaurado el medio de control teniendo
en cuenta la fecha del siniestro, sin conocer las implicaciones presentes y futuras,
se hubiera proferido una sentencia negando las pretensiones.
1.3.2.3. Desconocimiento del precedente, porque no tuvo en cuenta las
sentencias SU-659 de 2015, T-334 de 2018 dictadas por la Corte Constitucional
relacionadas con el término de caducidad y el principio in dubio pro damato que
establece que la duda acerca del conteo del término de caducidad debe resolverse
a favor de la víctima.
También citó textualmente varios apartes de las sentencias del 15 de febrero de
19966, 29 de enero de 20047, 12 de mayo de 20108, 7 de julio de 20119, 30 de enero
de 202310, 11 de agosto de 201611 dictadas por el Consejo de Estado.
Finalmente, expuso la falta de consideración de providencias en las que, a su juicio,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudió casos similares, esto es, las
sentencias del 27 de enero de 202312, el auto del 24 de julio de 201913, el auto del
24 de abril de 201914 y el auto del 26 de junio de 201915.
5 Folio 1 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela ubicado en el índice 2 del expediente
de tutela de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado:
61F0C1C9DAEBB2B9 0D5F5D620F08CA8F 08D0408527C2CAF0 1E8A059D52589813.
6 Expediente 11239.
7 Expediente 1995-81401
8 Expediente 31.582
9 Expediente 1999-131101.
10 Expediente 2001-00158-01.
11 Expediente 2015-297801.
12 Expediente 2018-00183-01.
13 Expediente 2018-263.
14 Expediente 2018-263.
15 Expediente 2017-120.
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En un último escenario, expuso varios argumentos relacionados con la calificación,
estudio y trámite de los conceptos expedidos por las Juntas Médicas Laborales en
relación con los miembros de las Fuerzas Militares.
1.4. Trámite de tutela de primera instancia e intervenciones
1.4.1. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la
solicitud de tutela por auto del 14 de diciembre de 202316. En el mismo proveído
ordenó notificar a las partes y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
solicitó copia magnética del expediente correspondiente al proceso ordinario con
radicado 11001-33-43-061-2021-00233-00/01 y reconoció personería jurídica al
abogado de la parte accionante.
1.4.2. Una vez surtidas las notificaciones, el expediente pasó al Despacho de
instancia para su estudio, sin que las partes y vinculados se pronunciaran respecto
del caso concreto.
1.5. Sentencia de primera instancia
La Sección Tercera, Subsección A de esta Corporación, en sentencia del 5 de
febrero de 2024, declaró improcedente el amparo por considerar que no superaba
el requisito de relevancia constitucional17.
Al respecto, estimó en principio que la parte accionante pretendía que la solicitud
de amparo se convirtiera en una instancia adicional al proceso ordinario con el
objeto de debatir nuevamente asuntos de índole probatoria y análisis jurisprudencial
ya resueltos por la autoridad accionada.
Expuso que, en primera instancia el juzgado explicó con claridad que la demanda
presentada por las señoras Gregoria Inés Velásquez Jaramillo y Mary Isabel
Narváez Velázquez debía ser rechazada en la medida en que, estaba configurada
la caducidad del medio de control de reparación directa, ya que las accionantes
tuvieron conocimiento del daño a partir del 18 de marzo de 2015, mediante concepto
expedido por el Instituto Neurológico de Colombia en el que la referida autoridad
médica expuso con claridad las lesiones y secuelas que resultaron del accidente
que sufrió el paciente en desarrollo de una actividad deportiva cuando estaba
prestando su servicio militar obligatorio. También precisó que, el acta de la Junta
Médico Laboral solo daba cuenta de la extensión del perjuicio, por lo que, al ser
presentada la demanda el 9 de septiembre de 2021, resultaba claro que esta se
había formulado por fuera de la oportunidad legal.
Luego, adujo que el recurso de apelación insistía en un indebido análisis normativo
y jurisprudencial que también fue abordado por el Tribunal en la sentencia objeto de
tutela, en la que, confirmó todos los argumentos del a quo ordinario, por lo que, era
claro de un lado, que el análisis planteado por la autoridad cuestionada era
razonable y coherente con los hechos y las pruebas allegadas al expediente. De
otro lado, afirmó que la inconformidad de la parte accionante solo manifestaba su
desacuerdo con la decisión, sin que el asunto estuviera enmarcado en las causales
específicas para el análisis de la acción de tutela contra providencias judiciales
16 Archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 4
del aplicativo SAMAI, identificado con certificadoF7DF1C4A727CDD91 9F39903FD0D3DFDF
08A29557062380A8 F08DF218E74D3CED.
17 Archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 11
del aplicativo SAMAI, identificado con certificadoA90EC6BA1CEEBA8E A12E9304D3BF5834
4FB0BF16FEF2000C 4890DF56108B065C.
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planteadas por la Corte Constitucional y en ese sentido, no era un asunto de
relevancia constitucional.
1.6. Impugnación
Las accionantes por medio de su apoderado presentaron escrito de impugnación18
en el que manifestaron su inconformidad con la decisión del 5 de febrero de 2024
de la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, así:
Reiteraron que la norma era clara al establecer que era posible interponer el medio
de control de reparación directa cuando la parte interesada tuviera conocimiento del
daño, por no tener la posibilidad o la certeza de conocerlo en la fecha de su
ocurrencia, por lo que, en el caso concreto, este solo fue conocido hasta el 24 de
octubre de 2019 cuando les fue notificada el Acta de Junta Médica Laboral número
107497 del 7 de junio de 2019.
Resaltaron que, en el proceso ordinario, el objetivo no era solo probar el hecho
dañoso, sino la magnitud de este por lo que era necesario tener en cuenta el acta
de la Junta Médico Laboral para realizar el conteo del término de caducidad además
de ser la base para tasar los perjuicios.
Insistieron que, en el caso concreto era necesario tener en cuenta la sentencia SU-
659 de 2015 dictada por la Corte Constitucional en la que fueron establecidas las
subreglas que debían tenerse en cuenta para contabilizar y flexibilizar el conteo del
término de caducidad en el medio de control de reparación directa.
Al respecto, explicaron que debía tenerse en cuenta la consideración que establece
como opción para contabilizar el término de caducidad, la oportunidad en que se
conoció el daño, ya que había eventos en los que el perjuicio se manifestaba en un
momento posterior, así — reiteraron— que solo se tuvo conocimiento de la
disminución de la capacidad laboral de la víctima, cuando les fue notificada el acta
de calificación del 11.5%, esto es, el 24 de octubre de 2019.
Finalmente, mencionaron la sentencia del 14 de diciembre de 202119 dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la que fue valorado un asunto
relacionado con el conteo de términos a partir del dictamen de la Junta Médico
Laboral en el que se pudo establecer una incapacidad permanente por lesiones
causadas en un accidente de tránsito.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la impugnación, atendiendo a lo previsto en
los artículos 86 de la Constitución Política y 32 del Decreto 2591 de 1991.
2.2. Procedibilidad de la acción
Como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional y particularmente la
sistematización realizada en la sentencia C-590 de 2005, en los casos en que la
solicitud de amparo se dirige contra una providencia judicial, es pertinente realizar,
18 Archivos electrónicos ubicados en el índice 15 del expediente digital de tutela de primera instancia,
en el aplicativo SAMAI, identificados con certificados 8FD159E66EC71366 523A2E9380E51A4A
AB24B54BE66317BD E279DADD262CCCBA y 085253B8391B9589 61627C682DA8A6E0
4E8DF0A3051EF927 8B9F48A61A6D0B31.
19 Expediente 11001333603420200015001.
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primero, un examen de procedibilidad general20 para, luego, en caso de resultar
superado dicho estudio, pasar a hacer el pronunciamiento de fondo en el que se
resuelva el problema jurídico, en los términos del defecto enunciado por la
accionante conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.
2.2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
las señoras Gregoria Inés Velásquez Jaramillo y Mary Isabel Narváez Velásquez
son las titulares de los derechos que afirmaron fueron vulnerados, en su condición
de demandantes dentro del proceso ordinario objeto de estudio.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
también está legitimado por pasiva dado que, como juez del medio de control de
reparación directa, profirió la providencia que hoy se revisa.
2.2.3. El cargo que se formule contra una decisión judicial tendrá relevancia
constitucional si presenta un problema constitucional y no se limita a revivir una
controversia estricta y exclusivamente legal21. De ese modo, en sede de tutela se
ponderará entre la finalidad de la acción de tutela como garantía iusfundamental y
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que gobiernan las decisiones
judiciales22. Así las cosas, el juez de tutela debe resolver asuntos de
dimensión constitucional, con respeto de las competencias legales y del principio de
autonomía de los jueces23.
En suma, el requisito de relevancia constitucional persigue tres fines: (i) preservar
la competencia y la independencia de los falladores ordinarios y, así, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad24; (ii) restringir el
ejercicio del amparo a cuestiones que afecten los derechos fundamentales de las
20 Antes que todo es necesario (i) verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar
en cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos
generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (ii) que en la solicitud de tutela se expresen
de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la
decisión judicial; (iii) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (iv) que previo a
la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la
persona afectada; (v) que se cumpla con el principio de inmediatez; (vi) que en caso de que se alegue
una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; y de manera general,
(vii) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de
tutela.
21 “[L]os fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a
estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez
constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de
un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de
quien […] se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente
– es decir segura y en condiciones de igualdad – de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
22 “No se trata de convertir la tutela en un mecanismo ritualista, sino de exigir una actuación razonable
para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y valores en
juego, al controvertir una providencia judicial”. Corte Constitucional. Sentencia T-066 de 2019.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencias del 21 de febrero de 2020, expediente n.° 2019-5066-00; 4 de mayo de 2020, expediente
n.° 2020-836-00.
24 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de
2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012,
T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014, citadas en la sentencia T-422 de
2018.
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personas, e (iii) impedir que la tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales25.
Definir lo que es o no relevante en el plano constitucional depende de verificar que,
a primera vista, el cuestionamiento esté dirigido contra una posible afectación o
vulneración de las garantías constitucionales relacionadas con el núcleo de los
derechos fundamentales. En especial, debe hacerse énfasis en el derecho al debido
proceso26. Para ello, la jurisprudencia constitucional27 ha definido cuáles son los
requisitos específicos de procedencia que pueden ser alegados como únicas
causales que habilitan el control constitucional concreto.
El requisito de relevancia constitucional, por tanto, exige que la alegación en la
solicitud de amparo esté dirigida a exponer una valoración en sentido negativo de
la actuación jurisdiccional en clave de los defectos, como han sido definidos por la
jurisprudencia. Así, son improcedentes los argumentos destinados a proponer
fórmulas que habrían podido ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario, o reiterar
las ya expuestas en este. En efecto, como lo ha establecido la Corte Constitucional,
“la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del
procedimiento judicial que se cuestiona28, pues ello desconocería la competencia y
finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su
autonomía funcional”29.
2.4.1. Las accionantes en la solicitud de tutela y especialmente en el escrito de
impugnación, reclamaron la protección de sus derechos fundamentales a la
igualdad, el debido proceso y al acceso a la administración de justicia, pues como
quedó expuesto en los numerales 1.3.2. y 1.6. de esta providencia, consideraron
vulneradas dichas garantías constitucionales porque — a su juicio—, la Subsección
B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proveído
del 2 de junio de 2023, incurrió en: i) defecto fáctico porque no tuvo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 164, numeral 2, literal i del CPACA relacionado con el conteo
del término de caducidad, que para el caso debió contarse a partir del 24 de octubre
de 2019, fecha en la que fue notificada el acta de la junta médica laboral del 7 de
junio de 2019, por ser el medio probatorio que dio a conocer con certeza la lesión y
secuelas sufridas por la víctima; ii) error inducido porque no era viable promover el
medio de control de reparación directa sin conocer las secuelas; y iii)
desconocimiento del precedente por no tener en cuenta varias sentencias de la
Corte Constitucional, el Consejo de Estado y asuntos similares fallados por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en relación con el conteo del término de
caducidad del medio de control de reparación directa.
En ese contexto, en el presente asunto los argumentos presentados por la parte
accionante son aquellos igualmente enunciados en el trámite del proceso ordinario
y que estuvieron orientados a que la autoridad de instancia accediera al
conocimiento del asunto. Así lo pudo determinar la Sala de Subsección al realizar
el comparativo de fundamentos entre la demanda, el recurso de apelación en el
proceso ordinario y la presente solicitud de amparo, como se pasa a exponer.
25 “[T]eniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera
instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental” Corte
Constitucional. Sentencia T-422 de 2018.
26 Corte Constitucional, sentencia T-102 de 16 de febrero de 2006. En igual sentido: T-075-18, T-
451-18, T-422-18 y T-248-18.
27 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
28 Cita original: “Ver sentencia T-336/04”.
29 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
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Accionante: Gregoria Inés Velásquez Jaramillo y Otro
En efecto, la parte aquí accionante ha sido consistente en sus argumentos, ya que,
ha cuestionado reiteradamente el análisis del acervo probatorio porque, a su juicio,
de la normativa ya referida es viable establecer que el conteo de los términos para
interponer el medio de control de reparación directa debía ser desde el momento en
que se tuviera pleno conocimiento de las consecuencias del daño y no de la
ocurrencia de este. Como sustento de su afirmación ha sostenido desde el recurso
de alzada interpuesto en el proceso ordinario, que su pretensión se encuentra
respaldada en la sentencia SU-659 de 2015.
Al respecto, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en el auto objeto de tutela realizó un análisis integral de las pruebas,
la normatividad y la jurisprudencia aplicable al asunto para proferir la decisión que
hoy se cuestiona. La mencionada autoridad en primer lugar estimó que el inciso i,
numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 dispuso que en asuntos
relacionados con el medio de control de reparación directa, la demanda debía
presentarse en un término no mayor a 2 años, contados a partir del día siguiente a
la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o cuando el demandante
tuvo o debió tener conocimiento de éste, lo que además — resaltó— ha sido
reiterado en diversos pronunciamientos jurisprudenciales dictados por el Consejo
de Estado30.
En segundo lugar, indicó que, conforme a las pruebas allegadas al expediente,
estaba debidamente acreditado que la parte demandante conoció del daño causado
a partir del 18 de marzo de 2015, cuando el Instituto Neurológico de Colombia en
su historia clínica estableció que el paciente con ocasión de un trauma deportivo
sufrió una “meniscopatía lateral grado 3°” y una “Ruptura completa de ligamento
cruzado anterior grado III”, por lo que, requería tratamiento médico. Por lo tanto, el
término de caducidad debía contabilizarse a partir del 19 de marzo de 2015, es decir
que paran acudir a la jurisdicción el interesado tenía hasta el 21 de marzo de 2017.
Agregó que, como el requisito de procedibilidad de conciliación fue incoado el 24 de
agosto de 2021, el pazo de los dos años había fenecido. Así, era viable rechazar la
demanda dado que fue radicada el 10 de septiembre de 2021, esto es, por fuera del
término dispuesto para interponer el medio de control de reparación directa.
En concordancia con lo anterior, la autoridad accionada aclaró que31:
“(…) sobre la calificación que emitió la Junta Medica Regional de Invalidez, se
entiende que evalúo el daño ocasionado con anterioridad y sus secuelas. Acá no se
conoció el daño alegado por el demandante. Por esa razón, no es aceptable el
argumento expuesto por la parte actora, que manifestó que acá se conoció el daño.
Situación contraria a la realidad fáctica. Por lo anterior, este argumento es
inaceptable e impróspero por las razones anteriormente expuestas.
(…)”32.
De lo hasta aquí expuesto, es viable colegir que la autoridad cuestionada realizó el
estudio del caso conforme al material probatorio allegado al proceso, por lo que,
pudo concluir que estaba configurada la caducidad de la acción en la medida que la
parte demandante conoció del daño el 18 de marzo de 2015 cuando el paciente fue
valorado en el Instituto Neurológico de Colombia según la historia clínica aportada
y contrario a lo afirmado por la parte demandante y aquí accionante, el concepto
30 Expediente con radicado 50001-23-31-000-2008-00447-01 (50247).
31 Folio 12 del archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela de primera instancia en
el índice 8 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 93CEE6E0A50D5C7F
2BFD2E9E4434030C 6F41DFF4754FE58A 201B0BFEB79C0D0F.
32 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto
original.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07487-01
Accionante: Gregoria Inés Velásquez Jaramillo y Otro
emitido por la Junta Médica Laboral solo evaluó el porcentaje de incapacidad para
las lesiones o el daño conocido, por lo que, tal concepto en el caso concreto, no
constituía referente para efectuar el conteo de caducidad de que trata la norma
procesal en concordancia con la jurisprudencia conocida para asuntos de
reparación directa.
Así las cosas, la parte accionante no dirigió sus argumentos en orden a la exposición
de las razones concretas por las que consideró que la autoridad cuestionada valoró
indebida, irracional o caprichosamente las pruebas, por lo que, los cuestionamientos
dirigidos a la configuración del defecto fáctico en realidad plantean opiniones sobre
la manera en que, a su juicio, debió efectuar el juez del proceso ordinario dicho
análisis para determinar la responsabilidad de la demandada y así acceder a las
pretensiones.
De otra parte, respecto de la vulneración del derecho a la igualdad, cabe resaltar
que la sola mención de las sentencias que a juicio de la parte accionante fueron
desconocidas, tienen similitud o son aplicables a su caso, sin que se demuestre que
tal inobservancia tuvo como consecuencia una afectación desproporcionada de una
garantía fundamental, no es suficiente para determinar la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales. En ese escenario, tal requisito no se traduce
en una demostración efectiva, pero si exige que la parte accionante explique o
aporte elementos suficientes tales como: (i) su existencia, (ii) su carácter
desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender acreditado el requisito
de relevancia constitucional. Así, los argumentos expuestos no explican de qué
forma la autoridad cuestionada incurrió en un defecto por inobservancia del
precedente jurisprudencial que se traduzca en vulneración del derecho a la
igualdad, dado que la accionante no expuso la similitud de los asuntos a los que
hizo referencia, con su caso, y tampoco los planteó ante el juez del proceso en la
oportunidad pertinente para que, tuviera la posibilidad de estudiarlos y debatir su
pertinencia al caso bajo estudio.
La Sala estima que, lo que pretende la accionante es que el juez de tutela haga una
lectura alternativa del caso concreto y dirima una aparente controversia fundada en
una indebida valoración probatoria y un desconocimiento del precedente, de tal
forma que la conclusión a la que llegó la autoridad cuestionada sea desestimada y
en su lugar se ordene que esta avoque conocimiento del asunto, desconociendo así
el carácter subsidiario de la acción de tutela y sin tener en cuenta que, el juez
constitucional realiza un juicio de validez de la providencia objeto de estudio, en
función de los derechos fundamentales, y no de corrección de la misma.
En suma, tal y como están planteados los argumentos por la parte accionante, dejan
ver un desacuerdo con las conclusiones a las que llegó el juez de segunda instancia
del proceso ordinario y, en consecuencia, no es posible asumir el estudio de fondo
propuesto, pues de hacerlo, esta Sala constitucional, estaría invadiendo la órbita de
competencia del juez natural y desconociendo la autonomía judicial.
Por consiguiente, la Sala confirmará la sentencia del 5 de febrero de 2024, proferida
por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación que declaró
improcedente la solicitud de amparo.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
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Accionante: Gregoria Inés Velásquez Jaramillo y Otro
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 5 de febrero de 2024 proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Firmado electrónicamente
DSR
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