Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07490-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07490-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-07490-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
1 de febrero de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07490-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., primero (1.°) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07490-00
Accionante: María Inés Hernández de Ovalle
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A y, otro
Temas: Acción de Tutela contra decisión judicial proferida en proceso
ejecutivo, que modificó liquidación del crédito.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora María Inés Hernández
de Ovalle, mediante apoderado, en contra del Juzgado 7.° Administrativo de Bogotá
y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.
ANTECEDENTES
La señora María Inés Hernández de Ovalle, mediante apoderado, instauró acción
de tutela, en aras de que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad, los cuales considera vulnerados por el Juzgado 7.°
Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A.
HECHOS
Narró la accionante que radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de CAJANAL (hoy la UGPP), para que le reliquidaran su pensión; por
reparto le correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué,
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quien el 10 de noviembre de 2010 accedió a las pretensiones, decisión que fue
confirmada en segunda instancia, el 12 de mayo de 2012.
Alegó que el 09 de septiembre de 2011 le solicitó a CAJANAL dar cumplimiento al
fallo, de ahí que, la UGPP emitió la Resolución núm. UGM 054965 del 27 de agosto
de 2012, donde reliquidó la pensión, pero no reconoció los intereses moratorios que
se causaron entre el 19 de julio de 2011 y el 30 de noviembre de 2013, por lo cual,
presentó demanda ejecutiva.
Adujo que el Juzgado Séptimo Administrativo de Bogotá el 14 de diciembre de 2017
libró mandamiento de pago en contra de la UGPP por la suma de $30.096.729,16.
Afirmó que la parte demandada no excepcionó las pretensiones propuestas, por lo
cual, el 30 de mayo de 2018 el Juzgado ordenó continuar con la ejecución del
crédito; no obstante, mediante providencia del 15 de noviembre de 2019 el Juzgado
modificó la liquidación por valor de $29.721.043, decisión que no fue recurrida por
las partes y quedó ejecutoriada.
Posteriormente, señaló que el Juzgado el 19 de agosto de 2021 dejó sin efectos el
trámite dado, inclusive el auto del 15 de noviembre de 2019, y aprobó nuevamente
el crédito por la suma de $19.481.768,03, bajo el argumento de que el capital
tomado para liquidar fue indexado, contra esta decisión interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación.
Aunado a lo anterior, mencionó que la UGPP expidió la Resolución núm. RDP
024473 del 16 de septiembre de 2021, donde ordenó el pago de los intereses
moratorios por valor de $19.481.768,03.
Expuso que el 24 de mayo de 2023 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A resolvió el recurso de apelación, donde “reconoce
el error en que incurrió el despacho, modificando así el auto apelado y señalando la
cuantía del crédito a $23.306.521,67 no corrigió el yerro conforme a derecho”.
La señora María considera que la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos procedimental absoluto, desconocimiento del precedente, violación directa
de la Constitución y material o sustantivo, toda vez que, dos años después de haber
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quedado en firme el auto del 15 de noviembre de 2019, que liquidó el crédito por
valor de $29.721.043, este decidió de manera caprichosa y arbitraria modificar el
mismo, sin percatarse que para ese momento la etapa procesal ya estaba precluida;
se había ordenado expedir copias auténticas y se había puesto en conocimiento el
escrito de convocatoria para celebrar el acuerdo de pago del Decreto 642 de 2020.
Asimismo, argumentó que el Tribunal al proferir las providencias del 19 de agosto
de 2021 y 24 de mayo de 2023 desconoció la jurisprudencia en casos análogos o
de idéntica índole jurídica, donde el juez de manera extemporánea modifica la
liquidación del crédito que ya había sido aprobada, para lo cual, trajo a colación las
siguientes providencias del 15 de julio de 2022 radicado 11001-33-35-007- 2015-
00320-03, y 2 de septiembre de 2022 radicado 11001-3335-007-2015-00925-00 y
la sentencia T 1274 de 2005 de la Corte Constitucional.
PRETENSIONES
Solicitó amparar sus derechos fundamentales ya invocados, y, en consecuencia,
revocar las providencias del 19 de agosto de 2021 y 24 de mayo de 2023, que
dejaron sin efectos el auto del 15 de noviembre de 2019, mediante la cual se aprobó
la liquidación del crédito.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente y
el 14 de diciembre de 2023 se dispuso su admisión, se ordenó la notificación de las
autoridades judiciales accionadas y, se vinculó a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP,
como tercero interesado.
POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS
El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección
Segunda rindió informe donde señaló que la liquidación del crédito del 15 de
noviembre de 2019 no se ajustaba a derecho, ya que se había aprobado por un
mayor valor al que legalmente le correspondía a la accionante, por lo cual, mediante
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auto del 19 de agosto de 2021 se dejó sin efectos la misma y se modificó el valor a
pagar. De igual forma, hizo referencia a las providencias de 30 de agosto de 2012
11001-03-15-000-2012-00-117-01, 14 de agosto de 2013 20001-23-31-000-2009-
00199-01, 23 de octubre de 2013 76001-23-33-000-2012-00469-01, 5 de julio de
2018 05001-23-31-000-2006-01233-01 y 24 de enero de 2019 25000-23-26-000-
2004-00662-01, donde el Consejo de Estado reconoce la potestad que le asiste al
juez de corregir sus actuaciones de oficio y por fuera de la ejecutoria.
El 19 de diciembre de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A de
la acción de tutela; sin embargo, este guardó silencio.
POSICIÓN DEL VINCULADO
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social –UGPP allegó informe donde solicitó que se
declare improcedente la tutela, ya que las providencias que corrigieron y modificaron
la liquidación del crédito no son decisiones que le pongan fin a la actuación judicial,
requisito de procedencia de la acción y, lo que pretende la accionante es un tema
netamente económico, pues su discusión se basa en la disminución del valor de los
intereses de mora inicialmente liquidados.
Adicionalmente, indicó que la accionante no acreditó ningún perjuicio irremediable
o afectación al mínimo vital en el presente caso, toda vez que, la UGPP ya canceló
la totalidad de la condena, los cuales se pueden apreciar en “los actos
administrativos SFO 1130 del 08 de noviembre de 2021 de acuerdo con lo
determinado en la Resolución RDP No. 24473 del 16/09/2021 y SFO 1926 del 18
de diciembre de 2023 y RDP 020649 DEL 16de agosto de 2023”.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante, para lo cual se abordarán los siguientes temas: I)
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II) el caso concreto.
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I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:
“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en controversias
cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole entonces la carga
de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la esfera constitucional,
por estar comprometidos derechos fundamentales.
(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.
(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.
(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación. Empero,
de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye una grave
lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se genera
independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a la
anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de lesa
humanidad).
(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.
(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”
Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta
derechos fundamentales.
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando
la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
“i. Violación directa de la Constitución.”
En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.
II. Caso concreto
La señora María Inés Hernández de Ovalle solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, los cuales estimó vulnerados por
el Juzgado 7.° Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dado que estos dejaron sin efecto
el auto del 15 de noviembre de 2019, que ya estaba ejecutoriado y, modificaron la
liquidación del crédito.
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Se precisa que, la providencia que será objeto de análisis en la presente acción de
tutela, es la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, pues fue la actuación que le puso fin al proceso ejecutivo.
Aclarado lo anterior, se tienen por cumplidos los requisitos de procedencia, pues a)
la relevancia constitucional está dada por los derechos fundamentales invocados
como vulnerados por la providencia cuestionada; b) la accionante no cuenta con
otro medio de defensa para discutir lo aquí expuesto; c) se cumple con el requisito
de inmediatez, pues la acción se presentó dentro de los seis meses siguientes a la
notificación de la providencia; d) no se invoca una irregularidad procesal y e) la
tutela no se dirige contra un fallo de tutela.
Pues bien, para poder emitir un pronunciamiento con respecto a la anterior
inconformidad, es necesario analizar el argumento que utilizó la autoridad judicial
accionada en el auto del 24 de mayo de 2023, que modificó la liquidación del crédito
del auto del 19 de agosto de 2021, por valor de $19.481.768,03 y, en su lugar,
dispuso la suma de $23.306.521,61.
Así, se observa que el Tribunal en primer lugar, precisó que el proceso ejecutivo
termina una vez se realiza el pago y, que los autos ilegales no atan al juez, por lo
cual, “se puede pedir reliquidación de los créditos hasta que se satisface la
obligación, igualmente mientras el proceso no haya terminado con el pago, el Juez
puede modificar pagos ilegales”.
Frente al caso concreto indicó que una vez revisado el auto del 15 de noviembre
de 2019 que liquidó el crédito por valor de $29.721.043, se observa que el Juzgado
incurrió en dos errores, uno de ellos fue liquidar “los intereses sobre las diferencias
indexadas existentes a la ejecutoria de la sentencia, sin descontar los aportes a
salud que son un pago a favor de un tercero, que de manera alguna puede generar
intereses a la ejecutante” y, el otro fue, tomar como capital una suma fija existente
a la ejecutoria de la sentencia, sin tener en cuenta el incremento que ese tiene mes
a mes desde la ejecutoria, 18 de julio de 2011, y hasta el cumplimiento del pago del
capital, 25 de noviembre de 2012.
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En esa medida, consideró el Tribunal que el a quo debió descontar el 12% de
aportes a salud de la suma de $35.183.408 (mesadas indexadas a la ejecutoria de
la sentencia), para obtener un capital inicial de $30.961.399,40, valor que varió mes
a mes, para arrojar la suma de $23.306.521,67 por concepto de intereses de mora.
De esta manera, el Tribunal decidió modificar la liquidación del auto del 19 de
agosto de 2021 por valor de $19.481.768,03 y, en su lugar, establecer la suma de
$23.306.521,67.
Al respecto, sea del caso traer a colación la sentencia del 24 de enero de 2019 de
la corporación3, donde reiteró la posición de la Corte Suprema de Justicia que
señala que cuando los autos se enmarcan en una evidente o palmaria ilegalidad4
el juez puede apartarse de los mismos, aun si estos están ejecutoriados.
Por otro lado, esta Sala considera que las providencias citadas por la accionante
no son sentencias de unificación, en los términos de los artículos 10 y 270 de la Ley
1437 de 2011, por lo cual, no eran de obligatorio cumplimiento para el Tribunal.
En ese orden de ideas, esta Subsección no evidencia la configuración de los
defectos alegados en esta sede constitucional, sino que, por el contrario, advierte
que el Tribunal adoptó la providencia que aquí se controvierte, luego de observar
que la liquidación del 15 de noviembre de 2019 no se ajustaba al ordenamiento
jurídico, en la medida en que, al capital inicial, con el que se liquidaron los intereses
de mora, no se le había descontado el 12% de aportes en salud, tal y como lo
establece la norma, de ahí que, al ser este auto ilegal no se constituye en ley del
proceso, ni hace tránsito a cosa juzgada y, por lo tanto, es susceptible de corrección
por parte del juez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, radicado 25000-
23-26-000-2004-00662-01(37068). C.P. María Adriana Marín (E).
4 Sección Quinta, sentencia de 5 de julio de 2018, radicación No. 05001-23-31-000-2006-01233-01.
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FALLA:
Primero: Negar el amparo solicitado por la señora María Inés Hernández de Ovalle,
por los motivos expuestos en esta providencia
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
Con aclaración de voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
HAPC
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