Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07505-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07505-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-07505-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
18 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 18 de marzo de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07505-00
Demandante: Luis Guillermo Candela Campo
Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Subsidiariedad y relevancia
constitucional
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la decisión de segunda instancia mediante la que
se confirmó la sentencia de primer grado que negó las pretensiones de la demanda, en un
asunto en el que se cuestionaban los actos administrativos que nombraron a un magistrado
de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, lo cual produjo
el retiro del demandante de ese mismo cargo.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Luis Guillermo
Candela Campo contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
demás vinculados.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 13 de diciembre de 2023, Luis Guillermo Candela Campo, a través
de apoderada judicial, presentó acción de tutela contra la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado por la presunta vulneración de
su derecho fundamental al debido proceso con ocasión de la Sentencia de
1 de junio de 20232, proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 25000-23-25-000-2012-00982-02.
2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017 y Acuerdo
No. 80 de 2019 del Consejo de Estado.
2 Notificada con mensaje de datos remitido el 23 de junio de 2023.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07505-00
Demandante: Luis Guillermo Candela Campo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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“PRIMERO.- TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso de LUIS
GUILLERMO CANDELA CAMPO y DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por
el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B del 1 de junio de 2023, en el marco del Proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho tramitado bajo el Expediente con Radicado No.
25000-23-25-000-2012-00982-02 (0614-2018).
SEGUNDO.- ORDENAR Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B que profiera una nueva providencia. En la
nueva decisión que se adopte se deberá tener en consideración el procedente
constitucional y a la garantía de los derechos fundamentales del señor LUIS
GUILLERMO CANDELA CAMPO, como Magistrado de la Sala Administrativa del
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, nombrado en provisionalidad.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) En virtud de la Convocatoria No. 18 de 2008, que se inició a través
del Acuerdo No. PSAA08-4528 de 2008, se expidió el registro de elegibles,
entre otros, del cargo de magistrado de la Sala Administrativa de los
Consejos Seccionales de la Judicatura del país.
5. 2) Mediante Acuerdo No. PSAA11-7689 del 27 de enero de 2011, la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura creó el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá.
6. 3) Con el fin de implementar el acto mencionado en el párrafo
anterior, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo No.
PSAA11-7690 de 27 de enero de 2011, con el cual se ordenó el traslado de 2
despachos de magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Seccional
de la Judicatura de Cundinamarca al Consejo Seccional de la Judicatura
de Bogotá. Adicional a ello, se ordenó la creación de un cargo de
magistrado con destino a esta última seccional.
7. 4) Mediante Resolución No. PSAR11-48 de 14 de febrero de 2011, del
Consejo Superior de la Judicatura se nombró, en provisionalidad, a Luis
Guillermo Candela Campo, en el cargo de magistrado de la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. De dicho
cargo tomó posesión el 15 de febrero de 2011.
8. 5) Héctor Enrique Peña Salgado fue nombrado, en propiedad, por
Resolución No. PSAR11-779 de 30 de agosto de 2011 del Consejo Superior de
la Judicatura, para ocupar el cargo de magistrado del Consejo Seccional
de la Judicatura de Bogotá - Sala Administrativa, decisión que fue
confirmada mediante Resolución No. PSAR11-823 del 27 de septiembre de
2011. El señor Peña Salgado tomó posesión de ese cargo el 12 de octubre
de 2011.
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Demandante: Luis Guillermo Candela Campo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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9. 5) Como consecuencia de lo anterior, Luis Guillermo Candela Campo
fue desvinculado del cargo que ocupaba en la Sala Administrativa del
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.
10. 6) El señor Candela Campo presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra las Resoluciones No. PSAR11-779 de
2011 y PSAR11-823 de 2011, con fundamento en que el referido acto
administrativo se encontraba viciado de nulidad pues: (a) el retiro se produjo
sin motivación en relación con el fundamento para su desvinculación,
aunado a ello, indicó que para el retiro no medió una declaratoria de
insubsistencia, ni una sanción penal y/o disciplinaria en su contra, (b) sostuvo
que el cargo que desempeñaba como magistrado de Consejo Seccional
de la Judicatura no se podía proveer mediante la Convocatoria No. 18 de
2008, pues dicho cargo fue creado con posterioridad a la apertura de la
convocatoria, motivo por el que no fue ofertado.
11. 7) El asunto fue conocido por la Subsección E de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, mediante Sentencia de 5
de octubre de 2017, negó las pretensiones de la demanda. Para ello, indicó
que, de conformidad con la Sentencia SU-917 de 2010 de la Corte
Constitucional, la motivación del acto administrativo la constituía la provisión
del cargo en carrera de manera definitiva y, en consecuencia, lo que se
presentó fue la figura de la “insubsistencia tácita”, en virtud del
nombramiento del funcionario judicial de carrera. Aunado a ello, indicó que
el Acuerdo PSAA08-4528 de 2008, en su artículo 2 estableció que dicha
convocatoria pretendió proveer, entre otros, el cargo de “magistrado de la
Sala Administrativa de Consejo Seccional” y no se estableció las plazas
específicas, ni el número de vacantes, motivo por el cual sí era posible la
provisión de ese cargo a través de ese concurso, ya que se trataba de un
empleo de igual denominación al ofertado en la convocatoria.
12. 8) El señor Candela Campo apeló esa decisión3 y, el 1 de junio de
2023, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
confirmó la sentencia apelada. La autoridad judicial indicó que (a) a su
juicio, los actos administrativos demandados sí contenían el motivo de la
desvinculación, esto es, la designación en propiedad de una persona que
superó el concurso de méritos, además, indicó que en concordancia con la
Sentencia SU-917 de 2010, existió “razón suficiente” para el retiro del servicio
del demandante en atención a la “insubsistencia tácita” por el
3 En el recurso de apelación el demandante insistió en que los actos administrativos demandados estaban viciados
de nulidad en atención a que (a) debían estar motivado en relación con el retiro del empleado nombrado en
provisionalidad y puestos en su conocimiento y (b) dichos actos eran contrarios al artículo 2 Acuerdo PSAA08-4528
de 2008, ya que el nombramiento no era procedente, pues se realizó respecto de un cargo que no existía al
momento en que se dio apertura a la convocatoria. Adicional a ello, sostuvo que, de conformidad con la
Sentencia SU-446 de 2011 de la Corte Constitucional, solo era viable ofertar cargos existentes cuando se inicia la
convocatoria, y en caso de que con posterioridad se crearan nuevos cargos, los mismos debían proveerse a través
de otro concurso de méritos.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07505-00
Demandante: Luis Guillermo Candela Campo
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nombramiento en propiedad efectuado. (b) También señaló que, aunque
el empleo no existía para la fecha de la convocatoria, lo cierto era que el
cargo se ofreció de manera “genérica”, y ese aspecto permitió que se
utilizara la lista de elegibles de la Convocatoria No. 18 de 2008, para proveer
los cargos vacantes con la misma denominación, igual perfil y requisitos.
Aunado a ello, mencionó que ese aspecto privilegió el mérito.
13. El fundamento de la vulneración radicó en que, a su juicio, la decisión
adoptada incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución.
14. Sobre el defecto sustantivo indicó que la autoridad judicial profirió su
decisión en contravía de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1227 de 2005,
que estableció que las listas de elegibles elaboradas como resultado de un
proceso de selección, solo podían utilizarse con el fin de proveer las
vacantes definitivas generadas en los empleos inicialmente provistos.
15. También indicó que se desconoció la posición de la Corte
Constitucional contenida en las Sentencias SU-913 de 2009, SU-446 de 2011,
T-654 de 2011, T-340 de 2020, relacionadas con la prohibición de utilizar listas
de elegibles para proveer cargos no ofertados en un concurso de méritos.
16. Por último, indicó que la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, incurrió en una violación directa de la Constitución pues,
con el aval que otorgó al hecho de ser desvinculado sin una decisión
motivada, desconoció las garantías del debido proceso y publicidad de las
decisiones administrativas. Aunado a ello, sostuvo que la teoría de la
“desvinculación tácita” vulneraba las garantías de buena fe y confianza
legítima, ya que se permitió la designación de un funcionario que no
concursó para el cargo en específico.
1.2. Posición de la parte demandada y demás vinculados4
17. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela
en la medida en que lo pretendido por la parte demandante era reabrir el
debate del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, como si el
mecanismo constitucional se tratara de una instancia adicional al proceso
ordinario. De manera subsidiaria, solicitó que se negara el amparo de los
4 Mediante Auto de 14 de diciembre de 2023, el despacho ponente resolvió (1) admitir la acción de tutela de la
referencia, (2) tener como demandada a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y (3)
vincular, en calidad de terceros a la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y a la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Posteriormente, mediante Auto de 8 de marzo de 2024, se ordenó la vinculación de Héctor Enrique Peña Salgado,
como tercero con interés en el asunto.
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derechos fundamentales invocados en la medida en que no se acreditaron
los defectos alegados, ni la vulneración de derechos fundamentales.
18. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su
desvinculación de la acción de tutela en la medida en que, la alegada
vulneración de derechos fundamentales, no provenía de esa autoridad. De
manera subsidiaria solicitó que se declarara la improcedencia de la acción
de tutela por falta de relevancia constitucional, y porque no se configuraron
las causales de tutela contra providencia judicial invocadas.
19. Héctor Enrique Peña Salgado solicitó que no se concedieran las
pretensiones de la acción de tutela pues, de la Convocatoria No. 18 de
2008, lograba advertirse que la misma se aplicaría a todas las vacantes que
se presentaran durante la vigencia del concurso de méritos y añadió que el
participante de un concurso de méritos tenía mejor derecho que un
funcionario nombrado en provisionalidad. Aunado a lo anterior, indicó que
los aspectos mencionados ya fueron estudiados dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-25-000-2012-00982-
00/02.
20. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, pese
a haber sido notificada en debida forma, no se pronunció sobre la acción
de tutela.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Falta de legitimación pasiva en la causa. 2.2. Procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial. 2.3. Conclusión.
2.1. Falta de legitimación pasiva en la causa
21. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial mencionó que
carecía de legitimación pasiva en la causa, en la medida en que no era la
autoridad a la que se le atribuía la vulneración de derechos fundamentales.
La Sala no desvinculará del asunto a dicha autoridad comoquiera que
compareció a la acción de tutela como tercero con interés, ya que hizo
parte del medio de control en el que se adoptó la decisión cuestionada,
razón por la cual le asiste interés en lo que aquí se decida.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial5
22. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por no
superar los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional.
5 Este análisis se hace de conformidad con el orden establecido en la Sentencia T-66 de 2019 de la Corte
Constitucional.
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23. 1) La Sala declarará la improcedencia del defecto sustantivo
relacionado con que la decisión cuestionada se adoptó en contravía de lo
dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1227 de 2005, por no superar el requisito
de subsidiariedad.
24. En concordancia con lo anterior, no se superó el mencionado requisito
porque: a) el referido reparo, alegado a través de la acción de tutela, no
fue expuesto dentro del mecanismo de nulidad y restablecimiento del
derecho y, b) no se acreditó un perjuicio irremediable.
25. a) La Sala advierte que la inconformidad no superó el requisito de
subsidiariedad en la medida en que, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, se indicaron como disposiciones violadas los
artículos 1, 13, 29, 40, 123, 125 y 209 de la Constitución; los artículos 133, 165
y 167 de la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo No. PSAA08-4528 de 2008 del
Consejo Superior de la Judicatura.
26. Lo anterior permite evidenciar que el demandante no propuso dentro
del mecanismo judicial ordinario como argumento de inconformidad la
trasgresión del artículo 7 de la Ley 1227 de 2005.
27. En esa medida, el mecanismo idóneo y eficaz en el cual debió
exponer ese reparo era el de nulidad y restablecimiento del derecho, a
través de la demanda, el traslado para alegar de conclusión, o el recurso
de apelación contra la sentencia de primer grado.
28. Pese a lo anterior, el demandante no hizo referencia a ese reparo
dentro de las oportunidades procesales descritas. En consecuencia, la
acción de tutela no puede ser utilizada como un mecanismo para subsanar
oportunidades procesales vencidas.
29. b) Además, la parte accionante no alegó, ni demostró la
configuración de un perjuicio irremediable que justificara la intervención del
juez de tutela dentro del presente asunto.
30. 2) Ahora bien, la Sala considera que, respecto del desconocimiento
del precedente y la violación directa de la Constitución no se superó el
requisito de relevancia constitucional.
31. Sobre el particular, es preciso recordar que la relevancia
constitucional es uno de los requisitos que deben concurrir para que resulte
procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, pues, en los
términos de la Corte Constitucional, (se trascribe) “el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
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importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”6.
32. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 20147, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere la conjunción de 2 elementos: (1) la carga argumentativa por parte
del demandante en la que explique la relevancia de la controversia para el
juez de tutela8 y que la solicitud de amparo no se presente con el objeto de
obtener una nueva instancia9; y (2) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad10.
33. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia
constitucional tiene por finalidades preservar la competencia e
independencia del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos
donde se afecten los derechos fundamentales, e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional11.
34. Lo anterior obedece a que, si bien, la parte actora refirió que la
cuestión discutida era de relevancia constitucional con el siguiente
fundamento (se trascribe): “con la presente acción se pretende proteger el
derecho fundamental del debido proceso vulnerado a LUIS GUILLERMO
CANDELA CAMPO. Sobre el particular, se advierte que con la decisión del 1
de junio de 2023 se transgredieron gravemente sus garantías
constitucionales”, lo cierto es que tal afirmación no resulta suficiente para
explicar por qué era necesaria la intervención del juez de tutela, de cara a
la decisión adoptada por el juez de la nulidad electoral, pues se presentó,
junto con los reparos a la decisión enjuiciada, como simples diferencias o
discrepancias interpretativas respecto de la decisión del juez natural de la
causa.
35. Además, aunque la parte accionante indicó la aparente
configuración de unos defectos, la Sala considera que la intención del
demandante era poner de presente un desconocimiento del precedente y
la trasgresión de unas garantías fundamentales en lo relacionado con la
6 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
7 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
8 Idem. “El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela
que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
9 Idem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
10 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
11 Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019.
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designación de un funcionario de carrera en un cargo que no fue ofertado
en el concurso de méritos y la aparente falta de motivación del acto
administrativo que efectuó el mencionado nombramiento y, en
consecuencia permitió la desvinculación laboral del demandante. En esa
medida, buscó reabrir el debate sobre la procedencia de decretar la
nulidad de los actos por medio de los cuales se nombró a Héctor Peña
Salgado como magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá - Sala Administrativa.
36. Esos reparos fueron abordados y resueltos por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado a través de la Sentencia de 1 de
junio de 2023, en la cual la referida autoridad judicial, luego de analizar las
Sentencias SU-917 de 2010, SU-446 de 2011 y T-654 de 2011, indicó que era
procedente nombrar al señor Peña Salgado en el cargo de magistrado del
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá creado en 2011, toda vez
que: (a) se respetó el contenido de la convocatoria ya que se ofrecieron
todos los cargos, sin realizar ninguna exclusión sobre las plazas creadas con
posterioridad a esa convocatoria, y (b) el empleo en el que se nombró al
señor Peña Salgado era de igual perfil y naturaleza al ofertado en el
concurso de méritos.
37. Aunado a ello, la autoridad indicó que los actos administrativos
demandados contenían de manera clara y expresa el motivo de la
designación, esto es, que se ocupó, en carrera, un cargo que se encontraba
vacante, por una persona que superó todas las etapas del proceso de
selección. En consecuencia, sostuvo que los actos demandados cumplieron
con el principio de “razón suficiente”, pues la “insubsistencia tácita” del
señor Candela Campo fue consecuencia del nombramiento efectuado en
propiedad.
38. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por el juez natural, quien puso de presente las razones por las cuales
consideró que no existían fundamentos para entender que los actos
administrativos demandados trasgredieron el ordenamiento jurídico al
efectuar un nombramiento de un funcionario judicial, en carrera, en un
cargo creado con posterioridad a la apertura de la convocatoria, y ante la
aparente falta de motivación de los mismos. Luego, no existían razones para
declarar la nulidad de los mismos.
39. Acorde con lo expuesto, debe aclarase que las diferencias
interpretativas que existieren entre la parte demandante y el juez natural de
la causa no constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de
tutela revise las decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la
presentación de las discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio
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de quien enjuicia dicha decisión, vía tutela, no da por cumplido el requisito
de relevancia constitucional. Más, si se trata de una tutela contra
providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de amparo
de derechos fundamentales de carácter excepcional.
40. Así las cosas, no es factible que el juez constitucional desconozca la
naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e invada la órbita de
competencia del juez natural, para así pronunciarse sobre aspectos que no
son de su competencia.
2.3. Conclusión
41. En atención a lo expuesto, se declara improcedente la acción de
tutela por no superar los requisitos de subsidiariedad y relevancia
constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de conformidad con los
motivos expuestos.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de tutela solicitado por
Luis Guillermo Candela Campo, por las razones dadas en esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin12.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
12 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con aclaración parcial de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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