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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07508-01

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07508-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de febrero de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, de acuerdo con las razones expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2023 07508 01 Accionante: Juan Manuel Alba Llano y otros TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-07508-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

25 de abril de 2024

Radicación: 11001 03 15 000 2023 07508 01
Accionante: Juan Manuel Alba Llano y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07508-01
Accionante: JUAN MANUEL ALBA LLANO Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por
el demandante pretende reabrir la controversia ya
resuelta por el juez natural.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el
fallo del 19 de febrero de 2024, dictado por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. Los señores Juan Manuel Alba Llano, Manuel Octavio Alba Palacios,
Flor María Mahecha Cuellar, Nelson Eduardo Alba Llano y Clara Inés Alba
Llano, por intermedio de apoderado judicial, solicitaron el amparo de los
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al
buen nombre, que consideran vulnerados por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca con ocasión de la sentencia del 5 de julio de 2023, que
denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida
contra la Nación, Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, proceso
que se tramitó con el radicado 76001-33-33-015-2015-00179-01.

1.2. En la mencionada demanda de reparación directa, los señores Juan
Manuel Alba Llano, Manuel Octavio Alba Palacios, Flor María Mahecha

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Accionante: Juan Manuel Alba Llano y otros

Cuellar, Nelson Eduardo Alba Llano y Clara Inés Alba Llano pretendieron
que se declarara responsables a las demandadas por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia que habría tenido lugar
en el proceso penal adelantado contra el primero de los mencionados, y
que fue precluido por la prescripción de la acción penal.

1.2.1. La demanda de reparación directa se fundamentó en que (i) el
señor Juan Manuel Alba Llano fue denunciado por los delitos de actos
sexuales e incesto cometidos contra su hija menor de 14 años, por los
cuales le fue impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva,
(ii) el acusado fue absuelto en primera instancia por el Juzgado 13 Penal
del Circuito de Cali, pero la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior
de Cali, en providencia del 1º de junio de 2012, declaró la nulidad del
proceso al considerar vulnerados los principios de inmediación y
concentración1 de las pruebas debido a que estas se recaudaron en
diferentes sesiones y por diferentes jueces, y (iii) entonces, el proceso
penal fue reiniciado y finalizó con la providencia del 6 de marzo de 2013,
dictada por el mismo juzgado, que declaró la preclusión de la
investigación por prescripción de la acción penal.

En suma, los demandantes alegaron en la demanda de reparación directa
que la jurisdicción ordinaria penal había incurrido en una mora judicial
injustificada porque (i) se presentaron varios cambios de jueces y de
fiscales, y (ii) la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali demoró de forma
desproporcionada la decisión del asunto en segunda instancia.

1.2.2. La demanda de reparación directa correspondió al Juzgado 15
Administrativo de Cali, quien profirió sentencia el 18 de junio de 2020,
mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda por considerar
que se había configurado la causal eximente de responsabilidad de culpa
exclusiva de la víctima.

1
Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004, artículos 16 y 17.

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El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de sentencia del
23 de febrero de 2022, confirmó el fallo de primera instancia al considerar
que, si bien el proceso penal no terminó con decisión de fondo, se logró
probar que las circunstancias que le dieron origen eran atribuibles a la
conducta de la víctima, lo que impedía calificar como antijurídico el daño
causado por la privación de la libertad.

1.2.3. La parte demandante presentó acción de tutela contra la anterior
decisión y, mediante fallo de tutela de segunda instancia del 20 de junio
de 20232, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado la
dejó sin efectos, al considerar configurado un defecto fáctico porque, al
abordar el caso como una privación injusta de la libertad, efecto un
análisis descontextualizado, marginado de la causa pretendi, y dejó de
valorar las pruebas con las que se pretendía acreditar que el daño
reclamado posiblemente había sido producto de un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia por una mora judicial
injustificada, lo que a su vez conllevó a una indebida aplicación de la
sentencia SU-702 de 2018.

En cumplimiento del anterior fallo de tutela, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca profirió la sentencia de reemplazo del 5 de julio de 2023,
en la que decidió nuevamente confirmar la providencia apelada, al
concluir que en el proceso penal no se había presentado un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia.

1.3. La parte demandante alegó en la tutela que la anterior decisión
incurrió en los siguientes defectos:

1.3.1. Defecto fáctico, porque no abordó el análisis del caso desde la
óptica del daño antijurídico producido como consecuencia del ejercicio de
la función jurisdiccional. A su juicio, se debió establecer si la
administración de justicia había actuado en debida forma, o si, por el
contrario, el retardo injustificado configuró algún tipo de responsabilidad.

2
Acción de tutela tramitada bajo el radicado 11001 03 15 000 2022 04307 01. M.P. Marta Nubia Velásquez
Rico.

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Manifestó desacuerdo con el análisis efectuado por el Tribunal, en tanto
hizo referencia únicamente a las solicitudes de aplazamiento del proceso
penal presentadas por la defensa, dejando de lado el tiempo que tardó la
Sala Penal del Tribunal Superior de Cali para proferir decisión de fondo en
segunda instancia.

Asimismo, cuestionó el estudio realizado por el Tribunal accionado
respecto de los deberes de los intervinientes en el proceso penal,
particularmente en relación con el cumplimiento de los términos legales
por parte de los despachos judiciales, teniendo en cuenta la carga laboral
que afrontan, pero sin dejar de lado que, conforme con la Constitución
Política y la Convención Americana de Derechos Humanos, les
corresponde garantizar el derecho de acceso a la administración de
justicia, que se encuentra ligado a la garantía de ser juzgado en un plazo
razonable.

En suma, considera que la autoridad judicial demandada no tuvo en
cuenta (i) el tiempo durante el cual el proceso penal estuvo paralizado
como consecuencia de los recursos y aplazamiento presentados por la
defensa, (ii) los jueces del proceso penal de primera y segunda instancia
demoraron injustificadamente la sustanciación de sus providencias
judiciales, y (iii) que la Fiscalía General de La Nación, bajo la égida de la
Resolución 3605 de 2006, efectuó numerosos cambios del fiscal
encargado del caso.

1.3.2. Defecto sustantivo, porque la providencia hizo una inadecuada
interpretación de las disposiciones de la Constitución Política3, de los
principios consagrados en la Ley 270 de 1996, Estatutaria de
Administración de Justicia4 y en la Ley 906 de 20045, y del derecho a ser
juzgado dentro de un plazo razonable, consagrado en el artículo 8 de la

3
No especificó cuáles.
4
Ídem.
5
Ídem.

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Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), aprobada por
la Ley 16 de 1972.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. Mediante auto del 24 de enero de 2024, el a quo admitió la tutela y
dispuso a vincular como terceros con interés a la Fiscalía General de la
Nación y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, autoridades
que actuaron como demandadas en el proceso ordinario.

2.2. La Fiscalía General de la Nación sostuvo que la acción de tutela es
improcedente porque (i) la accionante puede interponer el recurso
extraordinario de revisión contra el fallo que controvierte, (ii) carece de la
argumentación necesaria respecto de las causales de procedencia
excepcional, y iii) su objetivo es retrotraer actuaciones procesales ya
agotadas.

Además, arguyó que la parte accionante no acreditó la configuración de los
defectos factico y sustantivo, alegados en la demanda.

Finalmente, consideró que el fallo objeto de este debate constitucional fue
proferido con apego a la legalidad y acatando las reglas jurisprudenciales
estipuladas en la sentencia SU-072 de 2018.

2.3. El Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cali, por
intermedio de su Secretaría, remitió el expediente digital del proceso de
reparación directa.

2.4. Los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial guardaron silencio.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante fallo del 19
de febrero de 2024, declaró la improcedencia de la tutela por falta de
relevancia constitucional, porque los argumentos que en esta exponen los

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demandantes son la reiteración de los que formularon en el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia del 18 de junio de 2020,
mediante la cual el Juzgado Quince Administrativo de Cali denegó en
primera instancia las pretensiones de la demanda de reparación directa.

Por lo tanto, concluyó que el actor simplemente pretendía convertir la
acción de tutela en una instancia adicional.

IV. IMPUGNACIÓN

El demandante impugnó la sentencia de primera instancia y alegó que la
tutela sí cumple con el presupuesto de relevancia constitucional y que no
se interpuso con el fin de reabrir un debate ya resuelto.

Reiteró los argumentos de la demanda en los que sostuvo que la decisión
objeto de tutela (i) efectuó una inadecuada interpretación de las
disposiciones constitucionales y legales aplicables, y (ii) no realizó un
estudio minucioso del caso para establecer si la jurisdicción ordinaria penal
había obrado en debida forma.

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

3.2. HECHOS

3.2.1. Los señores Juan Manuel Alba Llano, Manuel Octavio Alba Palacios,
Flor María Mahecha Cuellar, Nelson Eduardo Alba Llano y Clara Inés Alba
Llano presentaron demanda de reparación directa contra la Nación, Rama
Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con la finalidad de que obtener

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la indemnización de los perjuicios causados por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia que consideran ocurrido
en el proceso penal adelantado en contra del primero de los mencionados.

3.2.2. Mediante sentencia del 18 de junio de 2020, el Juzgado Quince
Administrativo de Cali denegó las pretensiones de la demanda.

3.2.3. Los demandantes apelaron la anterior providencia y, mediante fallo
del 23 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
la confirmó. Sin embargo, esta providencia fue dejada sin efectos por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante fallo
de tutela de segunda instancia proferido el 20 de junio de 2023, dentro
del trámite constitucional adelantado por los demandantes.

3.2.4. En cumplimiento de la orden impartida en el referido fallo de tutela,
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió nueva sentencia el
5 de julio de 2023, en la que nuevamente decidió confirmar la providencia
apelada, al concluir que el acaecimiento de la prescripción de la acción
penal no constituyó un defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia. Además, indicó que no se acreditó la existencia de una
privación injusta de la libertad, pues la medida de aseguramiento se
adoptó dentro de los parámetros legales aplicables.

3.2.5. Los demandantes interpusieron acción de tutela al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales por la anterior providencia.

3.3. ANÁLISIS DE LA SALA

3.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una

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manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

3.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación6,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 20227, la Corte
Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela
contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia
constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario
de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:

“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para
cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar
de manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos
mencionados. […]”.

En este caso, la parte accionante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia y al buen nombre,
que considera vulnerados con ocasión del fallo del 5 de julio de 2023,
proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que denegó
las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida contra
la Nación, Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, con la finalidad
de obtener la reparación del daño causado por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia acaecido en un proceso

6
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
7
M. P. Natalia Ángel Cabo.

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que fue precluido por la prescripción de la acción penal; asunto que se
tramitó con el radicado 76001-33-33-015-2015-00179-01.

Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello
se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para el
efecto.

3.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional

En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute
resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que
“el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

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A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la
sentencia SU–573 de 20198, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 9.

3.3.1.3. La instancia adicional

La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho10:

“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a
discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la

8
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022
9
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
10
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

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tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni
puede reemplazar los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de
tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de
carácter legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad
judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita
de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones’, en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios
[…]”.

En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.

Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia citada, cabe destacar que en el fallo C-590 de
2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una
decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].

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Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.

3.3.2. Caso concreto

3.3.2.1. En asunto bajo examen, la Sala recuerda que las inconformidades
planteadas por la parte actora en la tutela consisten en que la sentencia
atacada incurrió: (i) en defecto sustantivo, al realizar una inadecuada
interpretación de las disposiciones de la Constitución Política, de los
principios consagrados en la Ley 270 de 1996, Estatutaria de
Administración de Justicia11 y en la Ley 906 de 200412, y del derecho a
ser juzgado dentro de un plazo razonable, consagrado en el artículo 8 de
la CADH, y (ii) en defecto fáctico, porque no abordó de manera adecuada
el análisis del caso para establecer si la administración de justicia había
actuado en debida forma, o si el retardo del proceso penal había sido
injustificado y, por tanto, se había configurado la responsabilidad por
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

3.3.2.2. La Sala considera que los argumentos de la tutela se orientan
simplemente a controvertir, de manera genérica, el análisis que realizó la
autoridad judicial accionada respecto de la configuración de la
responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia.

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Ídem.
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Ídem.

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Como se vio, en cuanto al supuesto defecto sustantivo, los demandantes
ni siquiera especificaron cuáles son las disposiciones de la Constitución
Política y los principios consagrados en las Leyes 270 de 1996 y 906 de
2004 que consideran interpretados o aplicados indebidamente. Y, si bien
aludieron al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable,
consagrado el artículo 8 de la CADH, no indicaron concretamente por qué
fue desconocido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, si se
tiene en cuenta que los argumentos que al respecto expone la tutela se
dirigen contra las actuaciones adelantadas por la jurisdicción ordinaria
penal.

A su vez, aunque alegan que se configuró un defecto fáctico, no exponen
en específico cuáles de las pruebas allegadas al proceso de reparación
directa no fueron tenidas en cuenta o fueron indebidamente analizadas,
ni cuál sería la relevancia que cada una habría tenido de haber sido
correctamente valorada.

Por lo tanto, es claro que la parte actora sólo busca que el juez
constitucional analice nuevamente la controversia y emita una nueva y
distinta resolución sobre el particular, pero sin proponer en torno a sus
argumentos una nueva discusión de índole propiamente constitucional,
por lo que es evidente que sólo quieren acceder a una instancia adicional,
finalidad para la cual no es procedente este mecanismo de protección.

A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes o aplicando la normativa vigente para el caso, simplemente está

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ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y
la ley, en el ámbito de sus competencias, y cualquier desconocimiento
que a tales atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría
claramente un pronunciamiento por fuera de las competencias que le
corresponden, utilizando además el trámite de una acción que no ha sido
diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.

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Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a
argumentar que decidió sin abordar el asunto en la forma que a su juicio
era la más acertada y sin tener en cuenta el alcance que según su parecer
le debió dar a las normas que rigen la controversia.

Siendo así, es evidente que la presente acción de tutela carece de
relevancia constitucional en relación con el tercero de los presupuestos
estudiados, razón por la cual resulta completamente innecesario el
estudio sobre el posible cumplimiento de los restantes requisitos
generales de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales.

3.4. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala confirmará el fallo impugnado,
que declaró improcedente el amparo, al constatar la ausencia del requisito
de relevancia constitucional respecto de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de febrero de 2024, dictada
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, de acuerdo con
las razones expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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