Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07511-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07511-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-07511-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
19 de septiembre de 2024
Radicación: 11001 03 15 000 2023 07511 01
Accionante: Jhoan Esteven Carrillo Blanco
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 07511 01
Accionante: JHOAN ESTEVEN CARRILLO BLANCO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO
Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por
el demandante pretende reabrir la controversia ya
resuelta por el juez natural.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el
fallo del 29 de febrero de 2024, dictado por el Consejo de Estado, Sección
Quinta.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. El señor Jhoan Esteven Carrillo Blanco solicitó el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia y “a la reparación integral”, que estimó vulnerados con ocasión
de los autos del 19 de abril de 2023, dictado por el Juzgado Primero
Administrativo de Bucaramanga, y del 28 de septiembre de 2023,
proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de los
cuales se rechazó por caducidad la demanda de reparación directa
promovida contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional, y el Municipio de Bucaramanga1.
1
Proceso que se identificó con el radicado 68001-33-33-001-2023-00050-00/01.
1
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Accionante: Jhoan Esteven Carrillo Blanco
1.2. En la referida demanda de reparación directa, radicada el 1 de marzo
de 2023, el señor Jhoan Esteven Carrillo Blanco2 y su grupo familiar3
solicitaron que se declarara administrativamente responsables a la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, y al Municipio de
Bucaramanga, por la pérdida del ojo derecho que sufrió como
consecuencia de haber sido impactado por un proyectil de gas
lacrimógeno, durante una protesta social el 24 de octubre de 2019.
1.3. El Juzgado Primero Administrativo de Bucaramanga, mediante auto
del 19 de abril de 2023, rechazó la demanda por caducidad, al considerar
que el cómputo del término para interponer la demanda inició a partir del
día siguiente al de la ocurrencia del daño, es decir el 25 de octubre de
2019, y corrió hasta el 9 de febrero de 2022, teniendo en cuenta el lapso
durante el cual estuvo suspendido en virtud de la emergencia causada por
el COVID-19, mientras que la demanda se instauró el 1 de marzo de 2023.
1.4. La parte actora apeló la anterior decisión y, mediante providencia del
28 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Santander la
confirmó, pues estimó que el daño se conoció desde el 25 de octubre de
2019, cuando la víctima fue remitida a los especialistas en psicología y
psiquiatría, debido a la severidad del trauma que derivó en la pérdida del
ojo derecho.
1.5. El actor alegó en la acción de tutela que las anteriores decisiones
incurrieron en defecto sustantivo por desconocimiento del literal i del
numeral 2° del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), que, a su
juicio, establece que el inicio del término de caducidad se debe determinar
en cada caso concreto y, en tal sentido, no se tuvo en cuenta que en este
caso el daño solo se conoció el 7 de octubre de 2022, cuando fue
diagnosticado con estrés postraumático causado por los hechos materia
de la demanda.
2
Que es estudiante de la Universidad de Santander.
3
Nancy Blanco Pérez, Fabio Carrillo Veloza, Dana Sofia Carrillo Botia, Danny Nicolás Carrillo Blanco, Fabio
Orlando Carrillo Blanco, Jerson Gabriel Carrillo Blanco, Lina Katerine Carrillo Botia y María Filomena Pérez
Gómez.
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Accionante: Jhoan Esteven Carrillo Blanco
Arguyó que las providencias atacadas incurrieron en defecto fáctico
porque desconocieron las pruebas que acreditaban que él solo conoció el
daño en la fecha ya mencionada, que fue cuando la médica psiquiatra lo
diagnosticó con dicho padecimiento, el cual es un daño autónomo y
susceptible de ser materia de imputación.
Asimismo, señaló que los autos objeto de tutela incurrieron en
desconocimiento del precedente porque no tuvieron en cuenta: (i) la
sentencia del 29 de noviembre de 20184, proferida por la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, (ii) la sentencia T-279 de 2019,
dictada por la Corte Constitucional, y (iii) las sentencias del 27 de octubre
de 20175, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, y del 8 de
septiembre de 20166, proferida por la Sección Segunda, Subsección A,
que, a su juicio, establecen que en los casos en los que el demandante
padece estrés postraumático la caducidad se debe computar desde la
firmeza de la valoración psiquiátrica.
1.6. De acuerdo con lo expuesto, el actor formuló las siguientes
pretensiones:
“PRIMERA: Que se declare que los autos de fecha 19 de abril de 2023, proferido
por el JUZGADO PRIMERO (1) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BUCARAMANGA y de fecha 28 de septiembre de 2023, proferido por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER dentro del expediente No.
680013333001-2023-00050-01/ REFERENCIA: REPARACION DIRECTA
DEMANDANTE: JOHAN ESTIVEN CARRILLO BLANCO/ DEMANDADO: POLICIA
NACIONAL Y OTRA, me violentaron el derecho fundamental al Debido Proceso y
al Acceso a la Administración de Justicia.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaratoria anterior, se me conceda
el amparo de tutela solicitado, y se DEJE SIN EFECTOS los autos de fecha 19 de
abril de 2023, proferido por el JUZGADO PRIMERO (1) ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE BUCARAMANGA y de fecha 28 de septiembre de 2023, proferido
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER dentro del expediente No.
680013333001-2023-00050-01/ REFERENCIA: REPARACION DIRECTA
DEMANDANTE: JOHAN ESTIVEN CARRILLO BLANCO/ DEMANDADO: POLICIA
NACIONAL Y OTRA, en tanto me violentaron el derecho fundamental al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia.
4
Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, consejera ponente: Marta Nubia Velásquez Rico, Rad.:
54001-23-3 1-000-2003-01282-02.
5
Radicado 25000-23-42-000-2017-01844-01.
6
Radicado 13001-23-31-000-2010-00353-01.
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TERCERA: Que se ordene a La ACCIONADA, dentro del término razonable que
se considere, emitir los AUTOS de reemplazo, en la cual se acaten los
argumentos jurídicos expuestos en la presente acción.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. El Tribunal Administrativo de Santander solicitó que se
denieguen las pretensiones de la tutela porque la decisión reprochada
atendió a los argumentos expuestos en la apelación, se dictó de acuerdo
con las pruebas allegadas al plenario y se fundamentó en la jurisprudencia
aplicable, además de no haber incurrido en ninguna actuación irregular.
2.2. El Juzgado Primero Administrativo de Bucaramanga solicitó que
se denieguen las pretensiones de la demanda porque la decisión
cuestionada no incurrió en vulneración de los derechos fundamentales del
actor. En tal sentido, argumentó que la providencia tuvo en cuenta la
normativa que rige la caducidad del medio de control de reparación
directa, así como la jurisprudencia del Consejo de Estado.
2.3. Los señores Nancy Blanco Pérez, Fabio Carrillo Veloza, Dana
Sofia Carrillo Botia, Danny Nicolás Carrillo Blanco, Fabio Orlando
Carrillo Blanco, Jerson Gabriel Carrillo Blanco, Lina Katerine
Carrillo Botia y María Filomena Pérez Gómez, vinculados como
terceros interesados, guardaron silencio.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante fallo del 29 de febrero de 2024, el Consejo de Estado, Sección
Quinta, consideró cumplidos los requisitos genéricos de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales y estudió el fondo del
asunto7, aunque denegó el amparo al considerar que el Tribunal
demandado, en el ámbito de su autonomía, determinó que el daño se
consolidó al día siguiente al de los hechos, y que “el estrés postraumático
en realidad era una secuela de dicho suceso y no un daño autónomo,
7
Los Consejeros de Estado Omar Joaquín Barreto Suárez y Pedro Pablo Vanegas Gil salvaron el voto al
considerar que la tutela carece de relevancia constitucional.
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determinación que no resulta irrazonable o arbitraria, sobre todo cuando
la parte accionante afirma que el estrés es una ‘consecuencia’ del daño
físico que se le causó”.
IV. IMPUGNACIÓN
El accionante impugnó la sentencia de primera instancia y reiteró los
argumentos y las citas jurisprudenciales que realizó en la demanda en
relación con la naturaleza del estrés postraumático. Asimismo, reiteró que
el punto de partida del término de la caducidad del medio de control de
reparación directa es el momento en el que se conoce el daño, es decir,
en este caso, la fecha del diagnóstico efectuado por la especialista en
psiquiatría.
Al respecto, advirtió que el estrés postraumático, en efecto, es
consecuencia de la lesión física que le produjo la Policía Nacional, pero
adujo que la decisión impugnada no había tenido en cuenta que este se
puede configurar meses o años después de los hechos.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
5.2. HECHOS
5.2.1. El 1 de marzo de 2023 el señor Jhoan Esteven Carrillo Blanco y su
grupo familiar presentaron demanda de reparación directa contra la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, y el Municipio de
Bucaramanga, con la finalidad de obtener la indemnización del daño
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consistente en la pérdida de su ojo derecho, como consecuencia de haber
sido impactado por un proyectil de gas lacrimógeno, durante una protesta
social el 24 de octubre de 2019.
5.2.2. El Juzgado Primero Administrativo de Bucaramanga, mediante auto
del 19 de abril de 2023, rechazó la demanda por caducidad.
5.2.3. La parte actora apeló la anterior decisión y, mediante providencia
del 28 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Santander la
confirmó.
5.2.4. El señor Jhoan Esteven Carrillo Blanco interpuso acción de tutela al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales por las anteriores
providencias.
5.3. ANÁLISIS DE LA SALA
5.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
5.3.2.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación8,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
8
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
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constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.
Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 20229, la Corte
Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela
contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia
constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario
de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:
“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para
cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar
de manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos
mencionados. […]”.
En este caso, la parte accionante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y “a la reparación integral”, que estimó vulnerados con ocasión de los
autos del 19 de abril de 2023, dictado por el Juzgado Primero
Administrativo de Bucaramanga, y del 28 de septiembre de 2023,
proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de los
cuales se rechazó por caducidad la demanda de reparación directa
promovida contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional, y el Municipio de Bucaramanga.
Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello
se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para el
efecto.
5.3.2.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional
9
M. P. Natalia Ángel Cabo.
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En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute
resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que
“el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la
sentencia SU–573 de 201910, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
10
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022
8
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(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 11.
5.3.2.3. La instancia adicional
La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho12:
“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a
discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni
puede reemplazar los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de
tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de
carácter legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad
judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita
de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones’, en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios
[…]”.
11
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
12
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
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En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.
Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia citada, cabe destacar que en el fallo C-590 de
2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una
decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].
Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
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proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.
5.3.3. Caso concreto
5.3.3.1. La Sala recuerda que, de acuerdo con lo expuesto en la solicitud
de amparo y en la impugnación, los argumentos del actor giran en torno
a sus inconformidades con el rechazo de la demanda de reparación directa
que promovió contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional, y el Municipio de Bucaramanga, puesto que, a su juicio, no
operó la caducidad del medio de control y, al declararla, las providencias
cuestionadas incurrieron: (i) en defecto sustantivo porque desconocieron
el literal i del numeral 2° del artículo 164 del CPACA, que, según su
criterio, establece que el inicio del término de caducidad se debe
determinar en cada caso concreto, (ii) en defecto fáctico porque
desconocieron las pruebas que acreditaban que él solo conoció el daño en
la fecha en la que fue diagnosticado con estrés postraumático, que es un
daño autónomo y susceptible de ser materia de imputación, y (iii)
desconocimiento del precedente porque no tuvieron en cuenta varias
providencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional que, según
alega, establecen que en los casos en los que el demandante padece
estrés postraumático la caducidad se debe computar desde la firmeza de
la valoración psiquiátrica.
Así las cosas, la Sala considera que la presente acción de tutela carece de
relevancia constitucional, pues es claro que la accionante se limita a
reprochar el análisis que los jueces de instancia efectuaron sobre la
configuración de la caducidad del medio de control de reparación directa,
resultando evidente que la solicitud de amparo se interpuso simplemente
para revivir el debate que ya se agotó en el proceso ordinario y para
obtener una opinión diversa a la decisión que ya emitió la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, finalidad para la que es improcedente este
medio de protección excepcional.
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Particularmente, se advierte que esta Sección, en sentencia del 19 de
noviembre de 202113, sostuvo que en las acciones de tutela contra
providencia judicial en las que se alega el desconocimiento del precedente
se exige, como carga argumentativa mínima, que se identifiquen: (i) la
providencia desconocida, (ii) las reglas y subreglas jurisprudenciales
contenidas en la ratio decidendi de la sentencia invocada, las cuales deben
ser aplicables al caso a resolver, y (iii) los problemas jurídicos, que en
ambos casos deben ser análogos o similares.
En el caso sub examine, el demandante se limitó a citar algunas
sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, pero sin
identificar los problemas jurídicos que allí se resolvieron y sin efectuar
una comparación entre los hechos estudiados en esos asuntos y el sub
lite, para acreditar que las reglas y subreglas contenidas en la ratio
decidendi le eran aplicables a su caso particular.
Por tanto, la acción de tutela no cumple con la carga argumentativa
mínima que se exige en los casos en los que se alega que una providencia
judicial ha incurrido en desconocimiento del precedente judicial. Para la
Sala, lo anterior deja en claro que la parte actora simplemente se
encuentra inconforme con la decisión que adoptaron las autoridades
accionadas, y que, en consecuencia, pretende que el juez constitucional
realice un nuevo y distinto análisis frente al debate que ya fue agotado
en el proceso de reparación directa.
A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
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Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-00(AC).
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controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes o aplicando la normativa vigente para el caso, simplemente está
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y
la ley, en el ámbito de sus competencias, y cualquier desconocimiento
que a tales atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría
claramente un pronunciamiento por fuera de las competencias que le
corresponden, utilizando además el trámite de una acción que no ha sido
diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
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Accionante: Jhoan Esteven Carrillo Blanco
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.
Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a
argumentar que decidió sin tener en cuenta el alcance que, según su
parecer, le debió dar a las pruebas recaudadas en el proceso, a las normas
aplicables y al precedente que, a su juicio, le resultaba más favorable.
Siendo así, es evidente que la presente acción de tutela carece de
relevancia constitucional en relación con el tercero de los presupuestos
estudiados, razón por la cual resulta completamente innecesario el
estudio sobre el posible cumplimiento de los restantes requisitos
generales de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales.
5.4. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala revocará el fallo impugnado,
que denegó el amparo, y en su lugar declarará improcedente la tutela,
por encontrar configurada la ausencia del requisito de relevancia
constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 29 de febrero de 2024, dictada
por el Consejo de Estado, Sección Quinta, por las razones expuestas en
esta decisión.
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SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela,
de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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