Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07512-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07512-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-07512-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
1 de febrero de 2024
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 7 51 2- 0 0
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ (E)
Bogotá D.C., primero (1.º) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07512-00
Accionante: Tania Parra Montenegro a nombre de Yonson Kenedy Coca
Rodríguez
Accionados: Tribunal Administrativo del Bolívar y otro
Tema: Acción de tutela contra las providencias proferidas dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento, en las que se rechazó la demanda porque
operó el fenómeno de caducidad.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección decide la acción de tutela instaurada por la abogada Tania Parra
Montenegro, quien manifiesta actuar en representación del señor Yonson
Kenedy Coca Rodríguez contra el Juzgado 13 Administrativo del Circuito de
Cartagena y el Tribunal Administrativo del Bolívar, con ocasión de la expedición
de las providencias del 17 de junio y 18 de noviembre de 2022, proferidas dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm.
13001-33-33-013-2022-00136-00-01.
HECHOS
Narra la actora que el señor Yonson Kenedy Coca Rodríguez, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó el acto
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administrativo por medio del cual fue retirado del servicio activo en virtud de la
causal de llamamiento a calificar servicio, proceso que por reparto correspondió
al Juzgado 13 Administrativo del Circuito de Cartagena, dependencia judicial
que, a través de proveído del 17 de junio de 2022 resolvió rechazar la demanda
por caducidad.
En sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Bolívar mediante auto del 18
de noviembre de 2022, confirmó la anterior decisión.
Sostiene que la autoridad judicial accionada en la decisión cuestionada incurrió
en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, puesto que no operó el
fenómeno de caducidad, teniendo en cuenta que la demanda fue presentada en
término.
Asimismo, alega mora judicial injustificada por parte del Juzgado al decidir la
admisión de la demanda, pues transcurrió un año para pronunciarse al respecto.
PRETENSIONES
El accionante solicitó amparar los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia; en consecuencia, pidió que se remita el
proceso por reparto a los juzgados administrativos para que se trámite el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
ACTUACIÓN PROCESAL
La acción de tutela de la referencia fue admitida el 18 de diciembre de 2023,
mediante proveído en el que se ordenó notificar al Juzgado 13 Administrativo del
Circuito de Cartagena y al Tribunal Administrativo del Bolívar como accionados
y a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional como terceros
con interés.
En la misma providencia se requirió a la abogada a fin de que allegara el poder
que facultara para actuar como apoderada del señor Yonson Kenedy Coca
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Rodríguez, en los términos exigidos por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Tribunal Administrativo de Bolívar, por conducto del magistrado ponente
de la decisión cuestionada, indicó que no incurrió en defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, porque impartió el trámite pertinente en virtud de los
decretos, leyes y conceptos jurisprudenciales del Consejo de Estado, aplicables
al caso concreto.
Señaló que la suspensión de términos ordenada por el Decreto 564 de 2020,
inició el 16 de marzo de 2020 y culminó el 30 de junio del mismo año, por lo que
los términos se reanudaron el 1.º de julio de 2020.
Así las cosas, comoquiera que el acto administrativo cuestionado en sede
ordinara fue notificado el 30 de julio de 2021, el término de caducidad del medio
de control empezó a correr a partir del 31 de julio de 2021, con fundamento en
lo dispuesto en el numeral 2.º del artículo 164 del CPACA.
Finalmente, solicitó se rechace por improcedente la acción de tutela, toda vez
que no cumple con los requisitos generales de procedencia.
El Juzgado 13 Administrativo del Circuito de Cartagena, a través del titular
del despacho, manifestó que la decisión de rechazar la demanda por caducidad
no obedeció a un capricho ni al arbitrio del juez, sino a la aplicación e
interpretación de una disposición normativa.
En ese contexto, era evidente que lo que pretendía la parte accionante con la
interposición del mecanismo constitucional era reabrir un debate jurídico ya
zanjado.
Por otra parte, informó que la decisión cuestionada se notificó el 18 de mayo de
2023, pero la acción de tutela se interpuso el 13 de diciembre de 2023, es decir,
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una vez transcurridos 7 meses, por lo tanto no cumplía con el requisito de
inmediatez.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) legitimación en la causa por activa y II) el caso concreto.
I. Legitimación en la causa por activa
En el artículo 86 de la Constitución Política se establece la facultad que tiene
toda persona para interponer la acción de tutela por sí misma o por quien actúe
en su nombre, con el fin de reclamar ante los jueces la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales. A su vez, en el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991 se dispone la legitimidad para el ejercicio de la acción de
tutela. La norma indica que esta puede ser presentada: 1. Directamente por la
persona que considera vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales;
2. A través de su representante legal; 3. Por medio de apoderado judicial; 4. Por
agente oficioso y 5. Mediante el defensor del pueblo y los personeros
municipales.
En ese orden de ideas, el juez debe estudiar en cada caso concreto si quien
presenta la acción de tutela se encuentra legitimado en la causa por activa, pues
de no ser así deberá declararlo en la sentencia y no habrá lugar a analizar el
fondo del asunto.
II. Caso concreto
La abogada Tania Parra Montenegro manifestó actuar en calidad de apoderada
judicial del señor Yonson Kenedy Coca Rodríguez, por lo que interpuso acción
de tutela, con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia presuntamente
vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, con ocasión de la
expedición de las providencias del 17 de junio de 2022 y 18 de noviembre del
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mismo año, proferidas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado núm. 13001-33-33-013-2022-00136-00-01.
Ahora bien, es de advertir que en el auto admisorio de la presente tutela se
requirió a la abogada para que dentro de los 3 días siguientes a la notificación
de dicha providencia, allegara poder especial otorgado por el señor Yonson
Kenedy Coca Rodríguez, puesto que el poder que adjuntó no cumple con los
requisitos señalados por la Corte Constitucional para tal efecto; pues está dirigido
a la Corte Suprema de justicia –Sala Civil y aunque dice que es para interponer
acción de tutela, no especifica en contra de cuál entidad ni cuáles son los
derechos a reclamar. Significa que no es específico en los términos de la ley y la
jurisprudencia.
Sobre el particular, debe recordarse que, respecto de la interposición de la acción
de tutela por conducto de apoderado judicial, el artículo 10 del Decreto 2591 de
1991 establece lo siguiente:
«Artículo 10°: Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en
todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno
de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos. (…)» (negrillas fuera del
texto).
Al respecto, ha sostenido la Corte Constitucional que para ejercer la acción de
tutela mediante el uso de la figura del apoderamiento judicial deben cumplirse
ciertos requisitos básicos, como quiera que ésta surge del derecho de
postulación que instituye el artículo 229 Superior y que se desarrolla en las
normas procesales vigentes.
De tal suerte, que en la sentencia T-531 de 20021 se definieron como requisitos
normativos del apoderamiento judicial, los que a continuación se describen:
«(...) Dentro de los elementos del apoderamiento en materia de tutela la Sala
señala que el mismo es (i) un acto jurídico formal por lo cual debe realizarse por
escrito. (ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se presume auténtico.
1 Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Montealegre Lynett.
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(iii) El referido poder para promover acciones de tutela debe ser especial.2
En este sentido (iv) El poder conferido para la promoción o para la defensa
de los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido3 para
la promoción4 de procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento
a estos tengan origen5 en el proceso inicial. (iv) El destinatario del acto de
apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta
profesional. (...)».
Así mismo, en la sentencia T-194 de 2012 señaló que:
«2.2.6. En otra oportunidad, la Corte en la sentencia T-1025 de 2006 resaltó la
importancia de la especificidad del poder en sede de tutela, en cuanto es la
misma estructura del poder la que permite que “el juez de tutela identifique con
claridad si existe o no legitimación en la causa por activa”, y estableció que:
“Es entonces una exigencia que el poder por medio del cual se faculta al
abogado para actuar cuente con una serie de elementos en los que se
identifique en forma clara y expresa: (i) los nombres y datos de identificación
tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jurídica
contra la cual se va a incoar la acción de tutela; (iii)el acto o documento
causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger
y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situación fáctica
que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las
actuaciones cuestionadas dentro del amparo.” (Énfasis fuera del texto).
Llega entonces la Corte a la conclusión que la ausencia de cualquiera de estos
elementos esenciales del poder “desconfigura la legitimación en la causa por
activa”, y trae como consecuencia la improcedencia de la acción
constitucional».
Por tanto, el principio de especificidad de los poderes que se otorgan para que
se inicie una acción bajo el uso del apoderamiento judicial debe acatarse en todo
proceso de tutela, pues de ello depende que se configure la legitimación en la
causa por activa. Igualmente y conforme a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, para cada proceso judicial que se pretenda iniciar deben
2
En la sentencia T-001 de 1997 la Corte afirmó que por las características de la acción “todo poder en materia de
tutela es especial, vale decir se otorga una vez para el fin específico y determinado de representar los intereses
del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación
con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión.”
3
En este sentido la Corte ha acogido las disposiciones del código de procedimiento civil en la materia, así en la
sentencia T-530 de 1998 acoge y aplica la disposición del artículo 65 inciso 1º: “En los poderes especiales, los
asuntos se determinarán claramente, de modo que no puedan confundirse con otros.”
4
En este sentido en la en la sentencia T-695 de1998 la Corte no concedió la tutela impetrada debido a que el
abogado quien presentó la tutela pretendió hacer extensivo el poder recibido para el proceso penal al proceso de
tutela.
5
En la sentencia T-530 de 1998 la Corte al revisar la decisión de una tutela promovida por el abogado de la parte
civil en un proceso penal quien actuaba sin poder especial para el proceso de tutela, consideró que el a-quo no
debió darle trámite al respectivo proceso debido a que el abogado no allegó el poder respectivo ni manifestó su
calidad de agente oficioso.
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otorgarse poderes específicos, pues un poder para un proceso judicial inicial no
sirve para legitimar una actuación posterior en un litigio de una índole diferente.
Así las cosas, comoquiera que no se llegó al presente trámite, se declarará
improcedente la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por activa
de la abogada Tania Parra Montenegro, pues la ausencia de este requisito
enerva la posibilidad de pronunciarse frente a las súplicas de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar improcedente la acción de tutela, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase
el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ (E)
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
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