Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07536-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07536-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-07536-00
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
5 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Bogotá D.C., febrero cinco (05) de dos mil veinticuatro (2024).
Radicación: 110010315000202307536 00
Demandante: Jesús María Castro García
Demandada: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Presupuestos
/ FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – La parte accionante
no es titular del derecho que se pretende amparar.
La Sala se pronuncia, en primera instancia, en relación con la demanda de tutela
instaurada por el señor Jesús María Castro García, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 333 de 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El 14 de diciembre de 2023, el señor Jesús María Castro García instauró demanda
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre por considerar vulnerado su
derecho fundamental de petición.
2. Hechos
El accionante sostuvo que el 28 de agosto de 2023 presentó una petición por
medio de correo electrónico ante el Tribunal Administrativo de Sucre en los
siguientes términos (trascripción literal, incluidos posibles errores):
1
Que ingresó a despacho para fallo el 19 de enero de 2024.
1
Radicación número: 110010315000202307536 00
Accionante: Jesús María Castro García
Accionado: Consejo de Estado y otro
Referencia: Acción de tutela
(…) actuando como apoderado judicial dentro del proceso ejecutivo de
cumplimiento de sentencia el cual se estaba tramitando con el mismo radicado
del Proceso Ordinario con Radicación No. 7074231800120050006400 en
donde figuran como demandantes SEVERICHE DE GARRIDO, IRMA ELENA,
HERNEDA DEL CARMEN, ELSA JOSEFINA, GLORIA INES, MARIA DEL
CARMEN y ANA TIBURCIA SEVERICHE PEREZ contra INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS - INVIAS. Concurro antes ustedes a fin de presentar la
siguiente petición de conformidad al artículo 23 de la Constitución Política. El
10 de febrero del 2016 la Corte Suprema de Justicia profirió el fallo de tutela
No. STC1401-2016 con Radicación n.º 11001-02-03-000-2016- 00213-00 en
dicha sentencia se declaró la nulidad de todo lo actuando y se ordenó que el
Juzgado Promiscuo de Sincé remitiera el Proceso al Tribual Administrativo de
Sincelejo.
Teniendo en cuenta lo anterior le solicito muy respetuosamente me informe si
el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé le dio cumplimiento a ese fallo y
en caso afirmativo favor y me indican que tramite realizo el Tribunal
Administrativo”.
Adujo que, a la fecha de presentación de la demanda de tutela, no se le había
dado respuesta a su petición.
3. Fundamentos de la demanda de tutela
El tutelante, luego de referirse a diferentes fallos proferidos por la Corte
Constitucional2 que desarrollan el derecho de petición, su alcance y protección,
sostuvo que con el silencio del Tribunal se le ha vulnerado su derecho a elevar
peticiones respetuosas, por lo cual pide su protección.
4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela
Mediante auto de 15 de diciembre de 2023, se admitió la demanda de tutela, se
ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y se vinculó a Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, como tercero interesado en el proceso.
No hubo intervenciones.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
La Sala considera necesario establecer si el accionante se encuentra legitimado
para promover la acción de tutela de la referencia.
2
Corte Constitucional, sentencia T-630 del 2002 con M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra,
sentencia. T-377, abril 3 del 2000, M.P Dr. Alejandro Martínez Caballero, entre otras.
2
Radicación número: 110010315000202307536 00
Accionante: Jesús María Castro García
Accionado: Consejo de Estado y otro
Referencia: Acción de tutela
El artículo 10 del Decreto 2591 de 19913 “por el cual se reglamenta la acción de
tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, consagra que la
persona que considera amenazados sus derechos fundamentales puede actuar
por sí misma o a través de representante y, además, que se pueden agenciar
derechos ajenos cuando su titular no esté en condiciones de promover su propia
defensa.
En ese sentido, la Corte Constitucional indicó que, so pretexto de ejercer la acción
de tutela, no puede asumirse de forma indeterminada o ilimitada la representación
de otra persona, ni la informalidad propia de este mecanismo de protección
constitucional supone que no existan requisitos mínimos de procedibilidad como la
legitimación en la causa por activa4.
En el presente asunto, el señor Jesús María Castro García promovió demanda de
tutela con el fin de que se ampare su derecho fundamental de petición y, como
consecuencia, se ordene al Tribunal Administrativo de Sucre, “que una vez
producida la decisión definitiva en el asunto en cuestión, remita a su Despacho,
copia del acto administrativo con las formalidades de ley, so pena de las sanciones
de ley por desacato a lo ordenado Por Sentencia de tutela”.
Al respecto, cabe precisar que la solicitud en cuestión no fue presentada por el
abogado Jesús María Castro García en nombre propio, sino actuando como
apoderado judicial de las señoras Severiche de Garrido, Irma Elena, Herneda del
Carmen, Elsa Josefina, Gloria Inés, María del Carmen y Ana Tiburcia Severiche
Pérez, quienes fueron las demandantes en el proceso ordinario en el cual se
realizó la petición. En esa medida, se advierte que la titularidad del derecho
fundamental cuyo amparo se solicita recae en las personas antes mencionadas y
no en el accionante.
3
“Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento
y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia
ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales” (se destaca).
4
Corte Constitucional, sentencia T-417 del 8 de julio de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
3
Radicación número: 110010315000202307536 00
Accionante: Jesús María Castro García
Accionado: Consejo de Estado y otro
Referencia: Acción de tutela
Por tanto, atendiendo a que las titulares del derecho invocado no presentaron en
forma directa la demanda de tutela, el señor Jesús María Castro García
únicamente podía promover su defensa actuando en representación de aquellas,
como su apoderado judicial o en calidad de agente oficioso.
Del contenido de la solicitud de amparo no puede derivarse que actúe en ninguna
de esas calidades, pues no acreditó obrar en su nombre, gozar de mandato legal o
vocería para tal efecto, igualmente obvió explicar los motivos que les asistieron
para justificar la imposibilidad práctica de defensa de su derecho fundamental, por
lo que no se observa la existencia de una situación que les hubiere impedido
acudir a formular directamente la acción de tutela o constituir apoderado para esos
mismos efectos.
En materia de tutela, es cierto que el interesado puede acudir ante el juez por
medio de apoderado judicial, pero también lo es que en ese caso, el profesional
del derecho debe aportar el poder especial que lo faculta para actuar, pues de lo
contrario, se configurará un auténtico caso de falta de legitimación en la causa por
activa5.
Así las cosas, queda claro que la existencia del poder para intervenir en otros
asuntos no habilita al apoderado para ejercer la acción de tutela, que tiene como
objeto específico la protección de los derechos fundamentales6, dado que “este
mecanismo de defensa judicial no admite que se pueda asumir de manera
indeterminada o ilimitada la representación de otro y demandar protección
constitucional a su nombre, ni la informalidad que caracteriza a la acción de tutela
se opone a que su ejercicio esté sometido a requisitos mínimos de procedibilidad,
entre los cuales está la legitimidad por activa”.
En definitiva, la Sala concluye que el señor Jesús María Castro García no se
encuentra legitimado para actuar como accionante en la presente actuación
porque no logró acreditar la titularidad del derecho que reclama, dado que no es la
persona directamente afectada con la alegada falta de respuesta frente a la
solicitud presentada el 28 de agosto de 2023, pues esa conducta omisiva afecta
5
Corte Constitucional. Sentencia T-194 de 2012.
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 10 de septiembre de 2020,
Radicación número: 110010315000202003288 00.
4
Radicación número: 110010315000202307536 00
Accionante: Jesús María Castro García
Accionado: Consejo de Estado y otro
Referencia: Acción de tutela
únicamente a las demandantes en el proceso ordinario; sumado a que carece de
un poder especial otorgado por estas últimas para promover la presente acción
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a
la derecha.
VF
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