Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07561-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07561-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-07561-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
1 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ (E)
Bogotá D.C., primero (1.º) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07561-00
Accionante: Edgardo Antonio Gómez Torres
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Tema: derecho de petición / hecho superado
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
ASUNTO
La Sala decide la acción de tutela formulada por el señor Edgardo Antonio
Gómez Torres, quien actúa en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo
del Atlántico, por la presunta vulneración del derecho fundamental de petición.
HECHOS
El 29 de septiembre de 2023 le solicitó al secretario general del Tribunal
Administrativo del Atlántico a través del correo electrónico
sgtadminatla@cendoj.rama judicial.gov.co expedir copia simple de la primera
copia de la sentencia del 3 de febrero de 2016 proferida por la Sala de Decisión
de Conjueces de dicho tribunal dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado núm. 2011-0033-JG a favor de la señora Sonia
Rodríguez Noriega la cual sirvió de soporte para el pago en favor del accionante
de la suma $ 557.165.922 según la Resolución núm. 4921 del 30 de julio de
2019.
Manifiesta que a la fecha de presentación de la acción de tutela no ha recibido
respuesta.
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PRETENSIONES
Solicita que se ordene al secretario general del Tribunal Administrativo del
Atlántico dar respuesta de fondo a la petición formulada el 29 de septiembre de
2023.
TRÁMITE DEL PROCESO
El 18 de diciembre de 2023 se admitió la acción de tutela en auto en el que se
ordenó notificar como accionada a la secretaría general del Tribunal
Administrativo del Atlántico.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El secretario general del Tribunal Administrativo del Atlántico señaló que
el 17 de enero de 2024 le remitió al señor Edgardo Gómez Torres la
documentación solicitada consistente en la fotocopia autenticada de la
sentencia del 3 de febrero de 2016 y la certificación relacionada con la
autenticación.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los Derechos Constitucionales Fundamentales,
cuando éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
En ese sentido, a la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración
de los derechos fundamentales del señorEdgardo Gómez Torres, para lo cual
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se abordarán los siguientes temas: I) el derecho de petición ante autoridades
judiciales y II) caso concreto.
I). El derecho de petición ante autoridades judiciales
La Corte Constitucional ha sostenido que el deber de la administración de
resolver peticiones de forma pronta y oportuna también se extiende a las
autoridades judiciales, quienes tienen la obligación de resolver las solicitudes
en los términos prescritos por la Ley y la Constitución para tal efecto1. Sin
embargo, al momento de precisar los alcances de este derecho, la
jurisprudencia ha sido clara en señalar lo siguiente:
“[…] el juez o magistrado que conduce un proceso judicial está sometido -como
también las partes y los intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por la ley,
lo que significa que las disposiciones legales contempladas para las actuaciones
administrativas no son necesariamente las mismas que debe observar el juez
cuando le son presentadas peticiones relativas a puntos que habrán de ser
resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada
juicio”.2
En este sentido, el Tribunal Constitucional realizó una diferenciación entre los
tipos de solicitudes que se presentan ante las autoridades judiciales: en primer
lugar, están las que se refieren a actuaciones estrictamente judiciales, que se
encuentran reguladas en el procedimiento respectivo de cada juicio,
debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas procesales
previstos para tal efecto3; y en segundo lugar, aquellas peticiones que por ser
ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos procesales, deben ser
atendidas por la autoridad judicial bajo las normas generales del derecho de
petición que rigen la administración y,4 en especial, de la Ley 1755 de 20155.
1
Corte Constitucional, sentencia T-267 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos.
2
Corte Constitucional, sentencia T-344 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández.
3
Corte Constitucional. Sentencia T-394 de 2018. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera.
4
Corte Constitucional, ver entre otras, sentencias T-311 de 2013. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
T-267 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos y T-2015A de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo.
5
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
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Así las cosas, siguiendo el precedente fijado por la Corte6, se tiene que la
omisión del funcionario judicial en resolver las peticiones relacionadas a su
actividad jurisdiccional según las formas propias del proceso respectivo,
configura una violación del debido proceso y del derecho al acceso a la
administración de justicia7; y la omisión de la autoridad jurisdiccional en resolver
las peticiones formuladas en relación con los asuntos administrativos constituye
una vulneración al derecho de petición8.
II) Caso concreto
El señor Edgardo Gómez Torres acude a la acción de tutela con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales, la cual se origina en la
omisión del secretario general del Tribunal Administrativo del Atlántico en dar
respuesta a la solicitud formulada el 29 de septiembre de 2023.
Ahora bien, en el informe rendido, el secretario general del Tribunal demandado
señaló que el 17 de enero de 2024 a las 15:28 horas le remitió al solicitante: 1.-
Certificación relacionada con la autenticación; y 2.- Fotocopia autenticada de la
sentencia de primera instancia de fecha 3 de febrero de 2016, emitida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico-Conjuez Ponente Doctor Julio Antonio Gill
Muñoz a través del correo electrónico egotorres@hotmail.com, de lo cual allegó
los respectivos soportes.
Por tanto, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado,
en consideración a que, para la fecha, la autoridad demandada dio alcance a
lo solicitado por el accionante, por lo que el hecho que originó la inconformidad
presentada desapareció.
6
Corte Constitucional. Sentencia T-394 de 2018. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera.
7
Corte Constitucional, sentencia T-215A de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo. En lo relacionado a la
omisión del funcionario judicial en resolver peticiones propias de su actividad jurisdiccional y la vulneración
al debido proceso, ver entre otras, sentencias T-377 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-178
de 2000. M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-007 de 1999. M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-604 de
1995. M.P. Carlos Gaviria Diaz. En lo relacionado a la omisión del funcionario judicial en resolver
peticiones propias de su actividad jurisdiccional y la vulneración al acceso a la administración de justicia,
ver entre otras, sentencias C-951 de 2014. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez; T-006 de 1992. M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz; T-173 de 1993: M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-268 de 1996. M.P.
Antonio Barrera Carbonell.
8
Corte Constitucional, sentencia T-215A de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07561-00
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA
Primero: declarar la carencia actual de objeto por hecho superado dentro
de la acción interpuesta por el señor Edgardo Gómez Torres, por lo expuesto
en la parte motiva de esta decisión.
Segundo: si esta providencia no fuere impugnada en el tiempo oportuno,
remítase el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTÍERREZ (E)
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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