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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07571-00

Acción de tutela contra providencias judiciales: procede estudio de fondo

Fecha
19 de abril de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07571-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los señores Gustavo y Nelson Rojas Rubiano, Ruth Yaqueline y Mary Pérez Pérez, y María José Rojas Pérez, vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efectos la sentencia dictada el 29 de mayo de 2023, por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, para que, en el término de treinta (30) días, contado a partir de la notificación del presente fallo, profiera una providencia de reemplazo, conforme a lo señalado en las consideraciones de este fallo. TERCERO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-07571-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

19 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07571-00
Demandante: GUSTAVO ROJAS RUBIANO Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
B
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Procede estudio de fondo
porque se acreditó el cumplimiento de los requisitos generales / DEFECTO SUSTANTIVO
Y DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – Se configuran en este caso, debido a que,
al momento de realizar el conteo del plazo de caducidad, la autoridad judicial demandada
no tuvo en cuenta el entendimiento que la Corte Constitucional fijó en la sentencia C-641
de 2002, respecto del principio de publicidad y su aplicabilidad en la lectura de la regla
según la cual, en materia penal, las providencias quedan ejecutoriadas cuando son
suscritas por el funcionario correspondiente.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por los señores Gustavo y Nelson
Rojas Rubiano, Ruth Yaqueline y Mary Pérez Pérez, y María José Rojas Pérez
contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 15 de diciembre de 20231, los señores Gustavo y Nelson Rojas Rubiano, Ruth
Yaqueline y Mary Pérez Pérez, y María José Rojas Pérez, por intermedio de
apoderada judicial, interpusieron acción de tutela contra la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus derechos
fundamental al debido proceso y a la igualdad, con ocasión de la sentencia de
segunda instancia proferida el 29 de mayo de 2023, en el proceso de reparación

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Se advierte que, el 13 de marzo de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07571-00
Demandante: Gustavo Rojas Rubiano y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

directa con radicado 41001-23-31-000-2010-00742-02 (59431). Formularon las
siguientes pretensiones (se transcriben textualmente):

PRIMERA: Tutelar los DERECHOS Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES al
DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, A LA CONFIANZA LEGÍTIMA Y
SEGURIDAD JURÍDICA, vulnerados por el CONSEJO DE ESTADO -SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN B al haber incurrido en vía de hecho y por violar la Constitución
y la Ley, al adoptar la decisión del veintinueve (29) de mayo de dos mil veintitrés
(2023), dentro del medio de control de Reparación directa distinguido bajo el
No. 41001-23-31-000-2010-00742-01 (59431);

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, se deje sin valor y efecto la
providencia antes referida, y se ordene, por consiguiente, emitir un nuevo
pronunciamiento que se ajuste a la normatividad constitucional, legal
estatutaria y reglamentaria vigente, efectuando la debida valoración, y
respetando el principio de cosa juzgada.

1.2. Hechos

De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

Los señores Gustavo Rojas Rubiano y Ruth Yaqueline Pérez Pérez fueron
investigados, en calidad de coautores, por el delito de secuestro extorsivo del señor
Carlos Onofre Pinzón Sierra. En el curso de la investigación penal, se ordenó la
privación de su libertad, que se hizo efectiva entre el 15 marzo de 2001 y el 4 de
diciembre de 2003.

Posteriormente, fueron absueltos tanto en primera como en segunda instancia por
el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Neiva y por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva, respectivamente. Contra la sentencia del
Tribunal, se interpuso el recurso extraordinario de casación, y mediante sentencia
del 15 de octubre de 2008, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia decidió no casar la sentencia, en lo atinente al señor Gustavo Rojas
Rubiano.

Por lo anterior, los aquí demandantes presentaron demanda de reparación directa
contra la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, para que se
declarara la responsabilidad patrimonial de las demandadas por la privación de la
libertad de que fue objeto el señor Gustavo Rojas Rubiano, y fueran condenadas al
pago de los perjuicios reclamados.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07571-00
Demandante: Gustavo Rojas Rubiano y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

En primera instancia, mediante sentencia del 21 de febrero de 2017, el Tribunal
Administrativo del Huila accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en
el sentido de declarar responsable a la Fiscalía General de la Nación y condenarla
al pago por concepto de perjuicios morales y lucro cesante.

La anterior decisión fue apelada por ambas partes, y mediante providencia del 29
de mayo de 2023, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la
revocó, para, en su lugar, declarar probada la excepción de caducidad.

1.3. Argumentos de la tutela

Según la parte actora, el fallo del 29 de mayo de 2023 incurrió en las siguientes
causales específicas de procedencia de la tutela contra providencia judicial:

1.3.1. Defecto sustantivo, por cuanto la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado aplicó el artículo 197 del Decreto 2700 de 1991, sin contrastarlo
con la Constitución Política, concretamente, con el principio de publicidad. De lo
contrario, habría inaplicado dicha norma por inconstitucional.

Además, la autoridad judicial demandada no tuvo en cuenta la exequibilidad
condicionada declarada por la Corte Constitucional en la sentencia C-641 de 2002,
según la cual los efectos jurídicos se surten con la notificación de la respectiva
providencia. Que, si bien dicha norma «podría ser aplicable al caso concreto, fue la
vigente en su momento y es constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica
aplicada», debido a que la providencia enjuiciada sostuvo que la decisión que
resolvió el recurso extraordinario de casación quedó ejecutoriada en el mismo
momento en que se suscribió.

En todo caso, aunque el fallo de la Corte Suprema de Justicia decidió en el ordinal
primero no casar la sentencia proferida el 28 de mayo de 2004 por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva, no es menos cierto que en el ordinal segundo
la casó parcialmente y de oficio, por lo que debe entenderse que dicha providencia
fue sustituida y, en consecuencia, se entiende ejecutoriada tres días después de su
notificación, dado que no existe ejecutoria parcial de una sentencia.

De modo que se «aplicó una norma que no es la adecuada, pues en materia de
derecho procesal penal no se permite la ejecutoria parcial de sentencias, y bajo esa

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Demandante: Gustavo Rojas Rubiano y otros
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

premisa cuando se adoptó la providencia del 08 de octubre de 2008 proferida por
la Corte Suprema de Justicia (…) se entiende que la sentencia fue sustituida y era
necesario aplicar el inciso primero del artículo 187 de la Ley 600, donde la sentencia
queda ejecutoriada a los tres días después de notificadas».

1.3.2. Violación directa de la Constitución, particularmente, del derecho al debido
proceso, habida cuenta de que en el proceso de reparación directa ya se había
discutido la caducidad en las dos instancias establecidas en el ordenamiento
jurídico, a partir del artículo 31 superior, sin embargo, la autoridad judicial accionada
estudió nuevamente el asunto como una tercera instancia, y afectó el derecho al
debido proceso, pues dio a lugar a dos decisiones encontradas de la misma
autoridad, circunstancia «que no permite desarrollar los fines propios del Estado
Social de Derecho entre los cuales se encuentra la efectividad de los principios
consagrados por la carta política y la vigencia de un orden justo».

De igual forma, se afectaron los principios de seguridad jurídica y confianza
legítima, dada la «certeza que tienen los administrados respecto de las decisiones
que adopta la jurisdicción, en el sentido que no cambiarán radicalmente afectando
sus intereses y generando incertidumbre», aunado a que se espera que «las
soluciones adoptadas por los operadores judiciales no vayan a ser cambiadas o
mutadas sin ninguna razón de peso, o sometidas a juicio en diferentes instancias,
dado que las decisiones judiciales actuales deben guardar coherencia con las
decisiones previas».

El principio de preclusión procesal extingue la posibilidad de discutir aspectos que
debieron ventilarse en una etapa respectiva. Precisamente, el artículo 207 de la Ley
1437 de 2011 dispone que «[a]gotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo
que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».

En este caso, la demanda fue rechazada por caducidad y se surtió el trámite de
apelación, en el que la misma autoridad judicial demandada, mediante providencia
del 22 de junio de 2011, resolvió el asunto y afirmó que no se configuró tal fenómeno
procesal, por lo cual surgió «una certeza para los tutelantes de que el tema tratado
en el recurso de alzada no iba a ser debatido nuevamente, por el mero hecho que
debe existir un criterio igual, y por ello en nuestro ordenamiento dispone que las
etapas de cada proceso son preclusivas».

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07571-00
Demandante: Gustavo Rojas Rubiano y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

A ello se suma que la señora Ruth Yaqueline Pérez Pérez, quien demandó por
separado, obtuvo una decisión favorable por parte del mismo Consejo de Estado.
Por ende, se vulneró el derecho a la igualdad, en la medida en que los señores
Gustavo Rojas Rubiano y Ruth Yaqueline Pérez Pérez fueron privados de la libertad
en el mismo proceso penal, en razón de la misma denuncia y de los mismos hechos,
pero obtuvieron decisiones diferentes por vía de reparación directa.

En el proceso de la señora Pérez Pérez —radicado 41001233100020100072102
(59454)—, mediante sentencia del 29 de febrero de 2023, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia,
que accedió parcialmente a las pretensiones; en cambio, en el del señor Rojas
Rubiano —cuya sentencia es objeto de la presente acción de tutela—, la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la caducidad
del medio de control (radicado 41001-23-31-000-2010-00742-02 (59431), a pesar
de que, en providencia del 22 de junio de 2011, había descartado su configuración.

Por tanto, se evidencia que, aun cuando los hechos que dieron origen a los
procesos de reparación directa fueron los mismos, las autoridades judiciales, sin
justificación alguna, otorgaron a los interesados un trato diferente.

2. Trámite impartido e intervenciones

Inicialmente, el expediente fue asignado para su conocimiento al despacho del
magistrado Nicolás Yepes Corrales2, quien presentó impedimento para conocer del
asunto por haber integrado la Sala que profirió una sentencia relacionada con la
sentencia objeto de tutela. En auto del 7 de febrero de 2024, se aceptó el referido
impedimento.

Posteriormente, mediante auto del 5 de marzo de 2024, se admitió la solicitud de
amparo y se ordenó notificar a los magistrados que integran la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, como parte demandada, a la fiscal general
de la Nación (e) y a la directora ejecutiva de Administración Judicial, como terceros
con interés. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

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En calidad de encargado del despacho de la consejera Marta Nubia Velásquez Rico, por
vencimiento del período constitucional de su titular.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07571-00
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2.1. La Rama Judicial señaló que los argumentos expuestos en el escrito de tutela
reflejan una inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad judicial
accionada, sin que estén acreditadas las irregularidades de orden constitucional en
las que presuntamente incurrieron, razón por la cual no es de recibo que se
pretenda hacer uso de este mecanismo de protección constitucional, como si se
tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el debate jurídico y probatorio
que se surtió dentro del proceso ordinario y obtener un pronunciamiento favorable
a sus intereses.

2.2. La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela (i) por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, dado que no
se argumentó por qué, a pesar de disponer de otros mecanismos judiciales —sin
especificar cuáles—, no los utilizó; (ii) por falta de sustentación de las causales
específicas de procedibilidad, y (iii) porque se pretende «retrotraer actuaciones
procesales».

2.3. La autoridad judicial accionada guardó silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema jurídico

La Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la
tutela contra providencias judiciales. De superarse los presupuestos generales, se
abordará el estudio de fondo, con el fin de establecer si se configuraron los defectos
sustantivo y de violación directa de la Constitución, atribuidos a la sentencia del 29
de mayo de 2023, dictada por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado.

2. Análisis de la Sala

2.1. Requisitos generales de procedibilidad

2.1.1. De la inmediatez: la tutela cumple con el requisito de inmediatez, toda vez
que la sentencia con la que culminó el proceso de reparación directa data del 29 de
mayo de 2023, y fue notificada por edicto el 3 de agosto de 2023, mientras que la
solicitud de amparo se presentó el 15 de diciembre de 2023, esto es, dentro de los
seis meses siguientes a la notificación de la decisión cuestionada.

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2.1.2. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que
este requisito también está acreditado, por cuanto se agotaron los recursos
disponibles en el proceso ordinario.

2.1.3. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

2.1.4 De la relevancia constitucional: la cuestión que aquí se estudia cumple a
cabalidad el prepuesto de la relevancia constitucional, no por el simple hecho de
que se hubiera invocado la vulneración de ciertos derechos fundamentales de
especial trascendencia en la institución de la tutela contra providencia judicial, sino
porque, además, se ofrecen argumentos que revelan una tensión entre la
razonabilidad de la decisión enjuiciada y el alcance de los derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia en consonancia con el
principio de publicidad de las decisiones judiciales.

Los razones por los que se cuestiona la interpretación que hizo la autoridad judicial
accionada del cómputo de la caducidad, a partir de las reglas de ejecutoria y la
eficacia de la notificación de una sentencia de casación penal, involucra un
problema de naturaleza iusfundamental, en la medida en que está en riesgo la
afectación de los mencionados derechos fundamentales, en especial, el de la tutela
judicial efectiva, derivado de las reglas que deben guiar la publicidad de las
decisiones y la eficacia de una providencia suscrita, pero sin notificar, para efectos
de contabilizar el término de caducidad de una demanda que persigue la
indemnización de perjuicios con fundamento en la privación injusta de la libertad,
que estuvo precedida de una sentencia proferida en sede de casación penal.

No se trata, pues, de un asunto de mera legalidad o de discrepancia interpretativa,
sino de un evento de naturaleza excepcional que habilita la intervención del juez
constitucional porque, valga insistir, se está frente a una duda sobre la afectación
de derechos constitucionales que desbordaría el juicio del juez natural.

De esta manera, y al tenor de lo reiterado por la Corte Constitucional en la sentencia
de unificación SU-215 de 2022, en este caso, lejos de pretenderse que la tutela se
erija en una instancia adicional al proceso de reparación directa o un medio para
resolver desacuerdos de aspectos legales o económicos, se trata de un asunto que
tiene «la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental» y se justifica en la medida de

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

una posible «afectación desproporcionada a derechos fundamentales», pues, aun
cuando la tutela se dirige contra una alta corte, el caso encierra también una
discusión sobre si la autoridad judicial demandada habría realizado una
interpretación contraria a la Constitución y al alcance fijado por la Corte
Constitucional respecto del principio de publicidad y su aplicabilidad en la lectura de
una disposición legal.

2.2. Análisis de los defectos específicos alegados: sustantivo y violación directa
de la Constitución.

En la demanda de reparación directa se reclaman los daños causados por la
privación de la libertad que soportó el señor Gustavo Rojas Rubiano, entre el 15 de
marzo de 2001 y el 4 de diciembre de 2003.

Lo anterior se fundamentó en que el citado demandante fue absuelto de la
investigación penal, mediante sentencia de primera instancia dictada el 26 de
noviembre de 2003 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Neiva. El fallo fue confirmado por el Tribunal Superior de Neiva, en providencia del
28 de mayo de 2004.

Sin embargo, contra esta última providencia se interpuso recurso extraordinario de
casación, el cual fue resuelto en sentencia del 8 de octubre de 2008, en la que la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dispuso:

PRIMERO: NO CASAR la sentencia de segunda instancia de fecha, origen y
naturaleza conocidos con base en la demanda presentada por el apoderado de
la parte civil, de conformidad con los razonamientos contenidos en las
anteriores consideraciones.

SEGUNDO: CASAR DE OFICIO Y PARCIALMENTE la sentencia proferida el
28 de mayo de 2004 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en
el sentido de declarar que la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio
de derechos y funcione públicas que deben purgar NAHUM MENDOZA
GALLEGO y DANERY ASTRID OROZCO CASTILLO como coautores del delito
de secuestro extorsivo agravado, tiene una duración de 10 años.

Dicha decisión fue notificada por edicto del 16 de octubre de 2008, fijado en la
Secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

En un primer momento, mediante auto del 14 de febrero de 2011, el Tribunal
Administrativo del Huila rechazó la demanda de reparación directa por caducidad.

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

La decisión fue apelada por la parte actora y, en proveído del 22 de junio siguiente,
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado la revocó. En su lugar,
dispuso la admisión de la demanda, por considerar que se presentó de forma
oportuna.

Surtido el trámite correspondiente, el Tribunal Administrativo del Huila, mediante
sentencia del 21 de febrero de 2017, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y condenó a la Nación – Fiscalía General de la Nación al pago de los
perjuicios reclamados por la privación injusta de la libertad del señor Gustavo Rojas
Rubiano.

Ambas partes apelaron la decisión. La demandante, para que se reconocieran
perjuicios y montos adicionales; la demandada, con el fin de que se revocara la
condena o, por lo menos, se redujeran los perjuicios.

En providencia del 29 de mayo de 2023, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado revocó el fallo de primer grado y declaró de oficio la caducidad.

Para sustentar la decisión, la autoridad judicial accionada sostuvo que, «en casos
de privación injusta de la libertad el término de la caducidad debe contabilizarse
desde el momento en el que la providencia penal que absolvió a la víctima directa
cobra firmeza o queda ejecutoriada, pues solo en este punto es posible constatar la
antijuridicidad del daño generado».

Para contabilizar la caducidad, partió del hecho de que la Corte Suprema de Justicia
no casó la sentencia absolutoria del señor Gustavo Rojas Rubiano, y que, en
consecuencia, «quedó en firme el día en el que fue proferida, el 8 de octubre de
2008», con fundamento en el artículo 197 del Decreto 2700 de 1991, según el cual
la providencia que decide el recurso de casación, salvo cuando se sustituya la
sentencia, queda ejecutoriada el día en que es suscrita por el funcionario, por lo
cual el término de caducidad vencía el 9 de octubre de 2010, mientras que la
solicitud de conciliación prejudicial fue presentada el 13 de octubre de 2010, cuando
ya había fenecido la oportunidad para demandar.

Precisó que, si bien mediante auto del 22 de junio de 2011, la misma Subsección
revocó la decisión del Tribunal que, al estudiar la admisibilidad de la demanda
declaró la caducidad, lo cierto es que la «Sala [actual] no comparte esa posición en

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

la medida en que el artículo 197 del Decreto 2700 de 1991 es claro al disponer que
la providencia que resuelve la casación cobra ejecutoria el día en el que es suscrita;
que, en este caso, como se mencionó anteriormente, fue el 8 de octubre de 2008».

Por último, cotejó el contenido de los artículos 197 del Decreto 2700 de 1991 y 187
de la Ley 600 de 2000, para señalar, en lo pertinente, que esta última disposición
también prevé que la providencia que decide la casación queda ejecutoriada el día
en que sea suscrita por el funcionario correspondiente. Y agregó (i) que, en la
sentencia C-641 de 2002, la Corte Constitucional declaró condicionalmente
exequible el artículo 187 de la Ley 600 de 2000, «en el sentido de que los efectos
jurídicos se surten a partir de la notificación de la respectiva providencia», y (ii) que,
en todo caso, la Corte Suprema de Justicia ha precisado que, si no hay casación,
no debe contarse la ejecutoria después de los tres días siguientes a la notificación
de la sentencia que resuelve el recurso extraordinario. Textualmente, esto sostuvo:

11.- Ahora bien, la Sala observa que mediante auto del 22 de junio de 2011 la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó el auto por
medio del cual el Tribunal Administrativo del Huila rechazó por caducidad la
acción impetrada por el demandante Gustavo Rojas Rubiano y su núcleo
familiar8 En esa oportunidad se concluyó que la sentencia que resolvió el
recurso de casación quedó en firme el 24 de octubre de 2008 –esto es, tres
días después de su notificación por edicto–. La Sala no comparte esa posición
en la medida en que el artículo 197 del Decreto 2700 de 1991 es claro al
disponer que la providencia que resuelve la casación cobra ejecutoria el día en
el que es suscrita; que, en este caso, como se mencionó anteriormente, fue el
8 de octubre de 2008.

12.- Por lo demás, el artículo 187 de la Ley 600 de 2000 también dispone
que <<Las [providencias] que decide[n] los recursos de apelación o de queja
contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando
se sustituya la sentencia materia de la misma, y la acción de revisión
quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario
correspondiente>>. Esta norma fue declarada exequible
condicionalmente por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-641
de 2002, en el sentido de que los efectos jurídicos se surten a partir de la
notificación de la respectiva providencia; y, frente a esto, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia estableció lo siguiente:

<<Se advierte entonces que la exequibilidad condicionada del citado fragmento
del inciso 2° del artículo 187 de la Ley 600 de 2000, no modifica el momento a
partir del cual queda ejecutoriada la providencia que decide la casación, cuando
no se sustituye la sentencia materia de la misma, sino simplemente que su
eficacia jurídica está subordinada a su notificación, la cual debe hacerse a través
de los métodos legalmente previstos, sin necesidad de que una vez realizada,
sea necesario surtir el término de ejecutoria de los tres (3) días que reclama el
defensor, porque esta opera en el momento en que se suscribe la sentencia, de
modo que los actos de notificación en tales circunstancias tienen como finalidad
única comunicar lo resuelto a las partes, momento a partir del cual el fallo tiene
plena eficacia jurídica o dicho de otro modo, es ejecutable>> 3.

3
Original de la cita: «Sentencia de Revisión 24345 del 23 de abril de 2008. Sentencia de revisión
30823 del 27 de julio de 2011 y Sentencia de revisión 34391 del 26 de noviembre de 2012».

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07571-00
Demandante: Gustavo Rojas Rubiano y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

13.- Así las cosas, incluso bajo la vigencia de la Ley 600 de 2000,
independientemente del momento a partir del cual es exigible el cumplimiento
de la decisión, la providencia por medio de la cual se decide el recurso
extraordinario de casación queda ejecutoriada el mismo día en el que es
suscrita por el funcionario que la profiere.

Para esta Subsección, es claro que, en el ejercicio de intelección de las
disposiciones normativas, los funcionarios judiciales gozan de autonomía e
independencia para determinar el alcance de las normas en la resolución o estudio
de los casos sometidos a su consideración, tanto así que pueden coexistir diversas
interpretaciones sin que, necesariamente, el juez constitucional deba privilegiar
alguna de ellas. No es labor del juez de tutela imponer un criterio único o específico,
ni la de realizar juicios de corrección propios del superior funcional, mucho menos
si el estudio fue realizado por un tribunal de cierre.

Ello no significa que la autonomía e independencia judicial se convierta en una
barrera infranqueable que les permita a las autoridades judiciales cualquier tipo de
interpretación. De hecho, el defecto sustantivo se configura, entre otros supuestos,
cuando el juzgador le da un alcance errado a la disposición normativa que regula el
caso, es decir, el operador judicial le asigna un sentido que no le corresponde o que
no se aviene a una lectura constitucional. Allí es necesaria la labor e intervención
del juez de tutela para conjurar el desatino de la interpretación que rebasa los límites
de la razonabilidad o que resulte contraria a los derechos fundamentales, para
estimar una interpretación constitucional o conforme.

Entonces, aunque el escenario de la interpretación judicial aboga por la existencia
de respuestas plausibles o que guarden cierto grado de racionabilidad, y por regla
general no exige una correspondencia de todos los operadores e intérpretes e
incluso de las partes sobre el punto de discusión, debe evitarse alguna que le reste
eficacia y fuerza a la Constitución Política, dado que los postulados allí contenidos
irradian todo el ordenamiento jurídico.

La motivación debe atender unos mínimos que alejen cualquier sombra de
arbitrariedad o sugiera que se impuso una posición desprovista de argumentos
atendibles o contraria a una perspectiva constitucional. De suerte que la investidura
de funcionario jurisdiccional le permite al juez formar su propio criterio, pero con los
límites establecidos en el ordenamiento jurídico, por ejemplo, la Constitución, las
sentencias de unificación o, como se ver, las decisiones derivadas del control

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abstracto de constitucionalidad en la que se fija una interpretación conforme a la
carta magna.

En el caso que aquí se examina, es evidente que la autoridad judicial accionada
hizo una interpretación contraria a la Constitución, pues, al aplicar el artículo 197
del Decreto 2700 de 1991, cuya redacción es prácticamente idéntica a la del artículo
187 de la Ley 600 de 2000, lo hizo sin considerar el entendimiento que le dio la
Corte Constitucional a esta última disposición en la sentencia C-641 de 2002. El
hecho de que la sentencia hubiera sido citada en el fallo objeto de tutela, no desdice
de los defectos en que se incurrió, en tanto que al determinar que la caducidad se
contabiliza desde la suscripción de la providencia y no desde su notificación, la
sentencia atacada privó de todo sentido y efecto el alcance dado en la referida
sentencia de constitucionalidad.

Nótese que, en lo que aquí interesa, los artículos 197 del Decreto 2700 de 1991 y
187 de la Ley 600 de 2000 disponían:

Decreto 2700 de 1991 Ley 600 de 2000
ARTICULO 197. EJECUTORIA DE LAS ARTICULO 187. EJECUTORIA DE LAS
PROVIDENCIAS. Las providencias PROVIDENCIAS. Las providencias quedan
quedan ejecutoriadas tres días después de ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas si no se han interpuesto los notificadas si no se han interpuesto los
recursos y no deban ser consultadas. La recursos legalmente procedentes.
que decide el [casación], salvo cuando se
sustituya la sentencia materia del mismo, la La que decide los recursos de apelación
que lo declara desierto, y las que deciden o de queja contra las providencias
la acción de revisión, los recursos de interlocutorias, la consulta, la casación,
hecho, o de apelación contra las salvo cuando se sustituya la sentencia
providencias interlocutorios, quedan materia de la misma y la acción de
ejecutoriadas el día en que sean revisión quedan ejecutoriadas el día en
suscritas por el funcionario que sean suscritas por el funcionario
correspondiente. correspondiente.

(…) (…)

De ambas disposiciones se desprenden iguales normas jurídicas:

• Norma 1: si el recurso de casación no prospera y, por ende, no se modifica
la sentencia recurrida, la providencia dictada en sede de casación se
entiende ejecutoriada en el momento en que el funcionario la suscribe.

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• Norma 2: si la sentencia recurrida es casada y, en consecuencia, sustituida,
la providencia dictada en sede de casación queda ejecutoriada pasados tres
(3) días desde su notificación.

Ahora bien, la norma jurídica 1 fue objeto de examen constitucional y, en sentencia
C-641 de 2002, la Corte Constitucional la declaró condicionalmente exequible, esto
es, eliminó otras interpretaciones posibles y dejó a salvo una: que la sentencia, pese
a estar ejecutoriada con la firma, debía ser notificada para que surtiera efectos
jurídicos. Así consta en la parte resolutiva:

Primero.- Declarar EXEQUIBLE la expresión acusada del inciso segundo del
artículo 187 de la Ley 600 de 2000 o Código de Procedimiento Penal, que
literalmente dice “quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el
funcionario correspondiente”, siempre y cuando se entienda que los efectos
jurídicos se surten a partir de la notificación de las providencias. (Destaca
la Sala).

De esta forma, se tiene que el criterio adoptado por la autoridad judicial accionada
no sólo incurre en los defectos sustantivo y de violación directa de la Constitución
alegados, sino del precedente constitucional, toda vez que se anuló el principio de
publicidad consagrado en la Constitución, y la forma en que, según la sentencia C-
641 de 2002, debía ser aplicado en esos eventos, porque ningún efecto jurídico
puede surgir de una sentencia de casación con la sola suscripción, en tanto no
hubiera sido notificada. La razón es sencilla: si las partes desconocen su existencia
y, desde luego, su contenido, por más que una disposición establezca que la
sentencia queda ejecutoriada cuando el funcionario la suscriba, lo cierto es que,
bajo el entendimiento de la Corte Constitucional, es la notificación, como dispositivo
procesal que permite materializar el principio de publicidad, lo que le otorga eficacia
a aquella decisión.

Por su pertinencia, conviene citar las siguientes consideraciones de la sentencia C-
641 de 2002:

23. Uno de los principales dispositivos procesales para concretar el principio de
publicidad es sin lugar a dudas la notificación de las providencias judiciales,
pues por medio de ella las decisiones de los jueces son conocidas por las
partes y terceros con interés jurídico.

La expresión notificar, en el campo del derecho, significa 'hacer saber' o 'hacer
conocer'. Por ello, la notificación más que pretender formalizar la comunicación
del inicio, desarrollo o agotamiento de una actuación, procura asegurar la
legalidad de las determinaciones adoptadas en una instancia judicial, ya que al
'hacer conocer' se garantiza que los distintos sujetos procesales puedan utilizar

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los instrumentos o medios judiciales necesarios para la protección de sus
intereses4.

Conforme a lo anterior, surge como obligación de las autoridades judiciales no
sólo notificar sus decisiones a las partes, sino también a todos aquellos que
tengan un interés jurídico en las distintas actuaciones que puedan afectar sus
derechos. Lo anterior, con el fin de otorgarles la oportunidad de expresar sus
opiniones y de presentar y controvertir las pruebas allegadas en su contra. Con
todo, dichas actuaciones judiciales deben ajustarse siempre a las
disposiciones, los términos y las etapas procesales descritas en la ley.
(…)

Una actuación judicial que no haya sido previamente notificada, no sólo
desconoce el principio de publicidad sino también el derecho de defensa y de
contradicción, lo que conlleva a la ineficacia de la decisión adoptada por el
juez5.

24. Ahora bien, así como el principio de publicidad no busca sólo amparar el
debido proceso sino que tiene propósitos constitucionales más amplios, la
figura de la notificación de las providencias judiciales también tiene otros
objetivos jurídica y constitucionalmente admisibles. Así: (i) La notificación
permite que la comunidad pueda conocer el contenido de las decisiones
judiciales, en aras de velar por la transparencia de la administración de justicia;
(ii) Permite el ejercicio del derecho de contradicción y audiencia bilateral; y (iii)
Obliga al notificado para que allane voluntaria o coactivamente a realizar los
actos que la autoridad judicial ha ordenado a su cargo.

25. La notificación como desarrollo específico del principio de publicidad,
busca no sólo garantizar la efectividad del derecho fundamental al debido
proceso sino alcanzar el logro de propósitos constitucionales más
amplios. En consecuencia, si la notificación de las providencias no tiene
como única finalidad que los sujetos procesales interpongan recursos,
entonces no existe ninguna razón válida para considerar que una
providencia ejecutoriada no deba ser notificada, más cuando a partir de
su conocimiento surge la obligación para los sujetos procesales de
adecuar voluntaria o coactivamente sus actos a lo ordenado por la
autoridad judicial. (Énfasis de la Sala).

4
Cita original de la providencia: «En este sentido, Eduardo Montealegre Lynett y Jaime Bernal
Cuellar reconocen a la notificación como un acto de comunicación sometido al principio de legalidad
de las formas y citan al respecto a la Corte Suprema de Justicia, según la cual: "[la notificación] de
los actos procesales corresponde a los llamados actos de comunicación, cuyo objeto es hacer saber
de otro algo que él debe conocer o debe hacérsele saber para el adecuado desarrollo del proceso".
(El proceso penal. 4° Edición. Universidad Externado. Pág. 293)».
5
Cita original de la providencia: «Algunos procedimientos ante la falta de notificación consagran
como sanción jurídica la nulidad (artículo 140 C.P.C) y otros la inoponibilidad (artículo 48 C.C.A.).
Precisamente, esta Corporación ha dicho que: "los actos de comunicación procesal, entre ellos las
notificaciones, son manifestaciones concretas del principio de publicidad que orienta el sistema
procesal. En virtud de este principio, las decisiones del juez o del servidor público que ejerce
funciones administrativas o judiciales deben ser comunicadas a las partes y conocidas por éstas, de
modo que puedan defender sus derechos e intereses mediante la utilización oportuna de los recursos
legales correspondientes. La plena efectividad de los derechos de defensa y de contradicción
consagrados en el artículo 29 de la Carta exige que las partes o personas legitimadas para intervenir
en el proceso tengan conocimiento de las resoluciones proferidas por el órgano respectivo, lo que
sólo puede acontecer, en principio, mediante su notificación. En este sentido, la forma cómo se lleven
a cabo las notificaciones a las partes o a los interesados no es constitucionalmente irrelevante".
(Sentencia T-361 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). Criterio que sirvió de fundamento para
declarar la inexequibilidad de la notificación por aviso en los procesos de restitución de inmueble
arrendado, dado que no garantizaba la aplicación del principio de seguridad jurídica y el derecho al
debido proceso (Sentencia C-925 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa)».

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Con respecto al punto objeto de debate, la Corte Constitucional expuso que la
ejecutoria de una providencia no elimina el deber de su notificación, momento a
partir del cual aquella surte efectos jurídicos:

35. En virtud de tales consideraciones, podemos concluir que en materia de
ejecutoriedad de decisiones judiciales, existen las siguientes reglas: (i) Ninguna
providencia judicial queda en firme sino una vez ejecutoriada, aun cuando
eventualmente puede llegar a ser obligatoria si se conceden los recursos en el
efecto devolutivo; y por otra parte, (ii) Solamente cuando las decisiones
judiciales quedan ejecutoriadas son de estricto cumplimiento, sin
embargo, la producción de sus efectos jurídicos supone el conocimiento
previo de los sujetos procesales. Examinaremos la lógica de la regla anterior
en torno a las previsiones normativas de los artículos 186 a 188 del Código de
Procedimiento Penal. En efecto, el artículo 188 del C. de. P.P., supone una
excepción a la regla prevista en los artículos precedentes (186 y 187), según la
cual el estricto cumplimiento de una decisión judicial supone la ejecutoriedad,
porque a contrario sensu, determina que las providencias relativas a la libertad,
la detención y las medidas preventivas son de cumplimiento inmediato. Pero,
obsérvese que la norma lejos de suponer que dichas determinaciones quedan
ejecutoriadas, simplemente les confiere efectos inmediatos, de ahí que llevado
a cabo su ejecución empiezan a correr los términos para recurrir, verbi gracia,
desde cuando se captura al sindicado. (Énfasis por fuera del texto original).
(…)

Por lo tanto, conforme a esta argumentación, una decisión judicial resulta
obligatoria e imperativa porque se encuentra plenamente ejecutoriada,
mas la producción de sus efectos jurídicos dependen de la previa
notificación de su contenido a los distintos sujetos procesales. Esto
porque si una de las finalidades de la publicidad consiste en informar a dichos
sujetos sobre la obligación de acatar una determinada conducta, no se podría
obtener su cumplimiento coactivo en contra de la voluntad de los obligados,
cuando éstos ignoran por completo lo dispuesto en la decisión judicial,
desconociendo la premisa fundamental de un régimen democrático, según la
cual el conocimiento de una decisión permite establecer los deberes de las
personas y demarcar el poder de coacción de las autoridades, lejos de medidas
arbitrarias o secretas propias de regímenes absolutistas6.

Nótese que esta conclusión no es ajena a la lógica jurídica, por ejemplo, los
efectos de una ley suponen el previo conocimiento de los individuos, por eso,
aun cuando una disposición se encuentre vigente y en rigor, mientras el término
de vacancia legislativa siga operando, no es exigible a las personas la
observancia de la ley, es decir, no son oponibles sus efectos7.

6
Cita original de la providencia: «Precisamente, a título de ejemplo, el artículo 313 del Código de
Procedimiento Civil, dispone que: "salvo los casos expresamente exceptuados, ninguna providencia
producirá efectos antes de haberse notificado". Como excepción justificable el mismo Código de
Procedimiento Civil señala a los autos de cúmplase. Esto en razón a que su objeto se concreta en
dar curso o evitar el entorpecimiento de un proceso, además no deciden ningún asunto material o
procesalmente litigioso».
7
. Cita original de la providencia: «Recuérdese lo dispuesto en el artículo 52 del Código de
Régimen Político y Municipal, según el cual: "la ley no obliga sino en virtud de su promulgación, y su
observancia principia dos meses después de promulgada" En relación con el tema, sostiene John
Locke: "Porque siendo todo poder de que el gobierno dispone para el solo bien de la sociedad, así
como no debería ser arbitrario y a su antojo, precisaría también que se rigiera su ejercicio por leyes
promulgadas y establecidas, a fin de que, por una parte, conocieran las gentes sus deberes, y se
hallaren salvos y seguros dentro de las fronteras de la ley, y, por otra parte, los gobernantes se
guardaran en su debida demarcación, no tentados por el poder que tienen en sus manos para
emplearlo en fines y por medios que no quisieran ellos divulgar ni de buen grado reconocerían.."
(Ensayo Sobre el Gobierno Civil, Fondo de Cultura Económica. México. Pág. 90)».

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(…)

37. Para el efecto, la Corte destaca que la disposición demandada hace
referencia a decisiones que tienen suma importancia en el desarrollo del
proceso penal. Así, algunas de ellas son sentencias, como aquellas que
deciden la consulta y la casación, salvo cuando se sustituya la providencia
materia de la misma y la acción de revisión. En este caso, se trata de
sentencias contra las cuales generalmente no proceden ningún recurso,
lo cual significa que ellas constituyen una decisión definitiva del asunto
controvertido. Por este motivo, es claro que dichas providencias deben ser
notificadas como exigencia del principio de publicidad, pues no sólo la opinión
pública tiene derecho a conocer el resultado final del proceso sino que además
los sujetos procesales deben ser informados para que pueden cumplir
voluntaria o coactivamente la decisión judicial. (Resaltos de la Sala)

Por consiguiente, siguiendo el análisis desarrollado en los fundamentos
anteriores de esta providencia, es pertinente concluir que la interpretación
que excluye de notificación a dichas sentencias vulnera el principio de
publicidad y, por ello, es deber de la Corte excluir del ordenamiento
jurídico esa hermenéutica. En consecuencia, las decisiones que ponen fin a
una instancia judicial o que resuelven una acción extraordinaria, en este caso,
las sentencias que deciden la consulta y la casación, salvo cuando se sustituya
la providencia materia de la misma y la acción de revisión, deben ser
notificadas con el objeto de poder exigir el cumplimiento voluntario o coactivo
de las decisiones judiciales y, en general, para que éstas produzcan plenos
efectos jurídicos.

Así pues, la Corte Constitucional, de manera incuestionable, concluyó que aun cuando
algunas providencias quedaran ejecutoriadas luego de su suscripción, «no produce[n]
efectos jurídicos mientras no se surta su notificación»:

40. Conforme a lo expuesto, es pertinente concluir que la norma es
constitucional en el sentido de que efectivamente dichas sentencias y
providencias interlocutorias quedan ejecutoriadas el día en que son suscritas
por el funcionario correspondiente. Sin embargo, como la notificación de las
mismas es indispensable y solamente a partir de dicho conocimiento, es
posible imponer voluntaria o coactivamente el cumplimiento de las ordenes
proferidas en la decisión judicial, la Corte considera que la ejecutoria de
dichas sentencias y providencias no produce efectos jurídicos mientras
no se surta su notificación. Por eso, en la parte resolutiva de esta sentencia
se declarará exequible la disposición acusada, en el sentido que los efectos
jurídicos se surten a partir de la notificación de las providencias respectivas.

Para la Sala, entonces, no se aviene a la Constitución ni al precedente constitucional
la interpretación que hizo la autoridad judicial accionada para efectos de contabilizar
la caducidad, pues desligó de la disposición normativa la lectura que hizo la Corte
Constitucional, en virtud de la cual, la única interpretación coherente, lógica y
consistente es que, aun cuando la sentencia de casación no haya quebrado el fallo
objeto del recurso, no es posible derivar ningún efecto sino a partir de la notificación,
lo cual cobra pleno sentido porque, se pregunta la sala, de qué otra manera podría
resultar afectado o beneficiado con una decisión quien no la conoce y, por ende, no
se ha enterado de su existencia.

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Resulta oportuno recordar que esta Subsección, aunque en una materia distinta,
confirmó un fallo de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el
que se pretendió contabilizar un término para solicitar adición de una decisión desde
su suscripción y no desde su notificación:

La conclusión de que una solicitud de adición de una providencia es
extemporánea, si se presenta al día siguiente de su notificación, simplemente
porque quedó ejecutoriada el día de su suscripción, es decir, tres meses antes
de que el sujeto procesal conociera su existencia, no se acompasa con los
principios que caracterizan a un Estado Social de Derecho, especialmente el
de publicidad de las decisiones de las autoridades; con mayor razón si se afecta
a una parte que, posteriormente, no puede elevar solicitud alguna, bajo el
entendido de que ya venció una oportunidad que en realidad nunca tuvo.

Ciertamente, privar a un sujeto procesal del conocimiento oportuno de una
decisión, impidiendo que solicite su adición, si a ello hubiere lugar, desconoce
principio de publicidad, el cual pretende «que las actuaciones surtidas ante la
administración de justicia no sean secretas; deben ser difundidas
especialmente a quienes tienen directo interés en ellas con el objeto de evitar
las injusticias con grave detrimento de derechos fundamentales, en especial el
debido proceso»8. De esta manera, los sujetos procesales «pueden defender
adecuadamente sus derechos mediante el ejercicio de las facultades que
consagra la ley, para lo cual, como es obvio, deben conocer oportunamente las
determinaciones judiciales que se tomen en ella»9.

Así, contrario a lo que se afirma en la impugnación, la posición de la autoridad
judicial accionada sí desconoce el contenido y alcance de la sentencia C-1076
de 2002, en la que la Corte Constitucional fue clara en señalar que «en materia
disciplinaria se aplica también la regla según la cual las decisiones de segunda
instancia mediante las cuales se resuelven los recursos de apelación y queja
quedan ejecutoriadas no con la simple suscripción de la misma sino con
su notificación». Luego, no es cierto que la ejecutoria sea un hecho aislado,
secreto, y que se presenta dentro del ejercicio interno de la firma del
funcionario. De ninguna manera. Se requiere que se notifique a la parte,
precisamente para preservar la publicidad, la contradicción y la defensa como
garantías del debido proceso10.

En suma, la tesis de la autoridad judicial accionada parte de una mirada aislada de
la norma, particularmente, de su tenor literal, sin consideración de la interpretación
conforme y al hecho de que de la sola suscripción de una sentencia no pueden
derivarse plenos efectos jurídicos, como el de incidir en la contabilización de la
caducidad para demandar los perjuicios derivados de una privación de la libertad.

Algo más, la caducidad tiene como base la ocurrencia o conocimiento del hecho,
luego, que hubiera quedado ejecutoriada la sentencia, sin la correspondiente

8
LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Código General del Proceso: Parte General. Dupré Editores Ltda.,
2016. p. 120.
9
Idem.
10
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de septiembre de 2023, exp.
11001-03-15-000-2023-01644-01.

17

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notificación, no era muestra de dicho conocimiento, porque, como lo dejó claro la
Corte Constitucional, los efectos del fallo se producen únicamente con la
notificación, momento a partir del cual debe contabilizarse la oportunidad para
demandar.

De otra parte, se observa que en la sentencia cuestionada se cita una providencia
de la Corte Suprema de Justicia, que, lejos de ajustarse a la aplicación e
interpretación que hizo la autoridad judicial accionada, le da razón a la parte
demandante, en cuanto a que no puede prescindirse de la publicidad de la
sentencia.

En efecto, el pronunciamiento de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, citado en el fallo objeto de tutela, se aviene al de la Corte Constitucional
(C-641 de 2002), en el sentido de que, si la sentencia no fue casada, debe ser
notificada para que desde ahí se prediquen sus efectos:

Se advierte entonces que la exequibilidad condicionada del citado fragmento
del inciso 2° del artículo 187 de la Ley 600 de 2000, no modifica el momento a
partir del cual queda ejecutoriada la providencia que decide la casación, cuando
no se sustituye la sentencia materia de la misma, sino simplemente que su
eficacia jurídica está subordinada a su notificación, la cual debe hacerse a
través de los métodos legalmente previstos, sin necesidad de que una vez
realizada, sea necesario surtir el término de ejecutoria de los tres (3) días que
reclama el defensor, porque esta opera en el momento en que se suscribe la
sentencia, de modo que los actos de notificación en tales circunstancias tienen
como finalidad única comunicar lo resuelto a las partes, momento a partir del
cual el fallo tiene plena eficacia jurídica o dicho de otro modo, es ejecutable11.

Como puede verse, la sentencia que fue tomada como fundamento para declarar la
caducidad es clara al señalar que, si bien la constitucionalidad del artículo 187 de la
Ley 600 de 2000 no modificó su ejecutoria, su eficacia se encuentra supeditada a
que sea notificada a las partes, sin necesidad de adicionar los tres días, propios de
los eventos en que hay sentencia sustitutiva. Por ello concluye que «los actos de
notificación en tales circunstancias tienen como finalidad única comunicar lo
resuelto a las partes, momento a partir del cual el fallo tiene plena eficacia jurídica
o dicho de otro modo, es ejecutable».

Entonces, si en materia penal no es posible darle eficacia a una sentencia de
casación, que, aunque suscrita por los respectivos magistrados, no se ha notificado,

11
Sentencia de revisión 24345 del 23 de abril de 2008. Sentencia de revisión 30823 del 27 de julio
de 2011 y sentencia de revisión 34391 del 26 de noviembre de 2012.

18

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dicho fallo tampoco puede surtir efectos para un proceso externo, como el
contencioso administrativo, con miras a contabilizar una caducidad que, en
cualquier caso, depende del conocimiento de una decisión de la que no se sabe su
existencia porque no fue notificada12.

Así pues, más allá de que esta Sala se inmiscuya en la determinación de si en el
caso debía aplicarse la hipótesis de casación o la de no casación porque, en efecto,
aun cuando en el ordinal primero no casó la sentencia respecto del demandante, en
el ordinal segundo sí la casó de oficio, respecto de otros sujetos procesales; o de si
es posible hablar de ejecutoria parcial o de sustitución de una sentencia casada
parcialmente, lo cierto es que, en el más rígido y estricto de los escenarios, era
imprescindible que, por lo menos, los efectos de la sentencia de casación se dieran
con la notificación, aún bajo el supuesto de que no fue casada, pues eso es lo que
señala la Corte Constitucional y la norma misma, a cuyo tenor le fue asignado un
nuevo entendimiento y contenido.

No puede olvidarse que, al declarar la exequibilidad condicionada de una
disposición jurídica, la Corte Constitucional fija una norma o interpretación que se
adhiere a tal disposición y termina haciendo parte de su contenido, en virtud del
principio de conservación del Derecho. En esos eventos, la norma ya no puede ser
leída sin considerar el entendimiento que la Corte le dio. De eso se trata el criterio
de interpretación conforme:

Ahora bien, el hecho de que el juez constitucional emprenda un juicio
meramente jurisdiccional sobre las normas sometidas a estudio no descarta la
posibilidad de que se produzcan fallos modulados, pues estos, tal como lo viene
reconociendo la Corte desde temprana jurisprudencia, son eminentemente
jurídicos, en tanto que su propósito es garantizar la vigencia del principio de
interpretación constitucional conocido como de ‘conservación del derecho’.

Tal como generosamente lo ha explicado la Corte Constitucional, el principio
de conservación del derecho materializa el reconocimiento de que el legislador
es el legítimo representante de la voluntad popular y de que al derecho, como
cuerpo normativo de regulación social, debe reconocérsele un mínimo de
estabilidad que le permita cumplir con su cometido institucional. La Corte ha

12
Incluso bajo la vigencia del Código Contencioso Administrativo, cuyo artículo 136 se aplicó en la
sentencia objeto de tutela, la Sección Tercera de esta Corporación venía sosteniendo que, en los
casos en los que se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de
la libertad, el término de caducidad se contabiliza «a partir del acaecimiento del hecho que causó
o que evidenció el daño, es decir a partir de la eficacia de la providencia judicial que determinó
la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la detención preventiva o la decisión
judicial, pues sólo a partir de este momento se hace antijurídica la situación del privado de la
libertad o se concreta la ocurrencia del error judicial». Sentencia del 14 de febrero de 2002, exp.
13.622. M.P. María Elena Giraldo Gómez. Criterio reiterado, entre muchas otras providencias, en el
auto del 19 de julio de 2010, exp. 37.410, M.P. (e) Mauricio Fajardo Gómez.

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precisado que el principio de conservación del derecho tiene como finalidad
evitar el desmantelamiento del tejido normativo, preservando la voluntad
legislativa, la cual se considera, en principio, acorde con la voluntad
constituyente.

Así, en reconocimiento de dicho principio, al verificar la existencia de por lo
menos dos interpretaciones razonables de una disposición jurídica, el
juez constitucional debe preferir aquella que se ajuste a los lineamientos
constitucionales, al tiempo que está en la obligación de proscribir la que
los contraría. Por ello se ha dicho que “el juez constitucional debe preservar
al máximo la labor del Legislador, y por ello debe mantener en el ordenamiento
una regulación impugnada, si ésta admite una interpretación conforme a la
Constitución” 13 . Con ello, preserva la permanencia de la disposición en el
ordenamiento jurídico y reconoce el efecto útil de la producción legislativa.
Sobre el particular, la Corte dijo:

El principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución impide
a la Corte excluir del ordenamiento una norma cuando existe por lo
menos una interpretación de la misma que se concilia con el texto
constitucional. Este principio maximiza la eficacia de la actuación estatal
y consagra una presunción en favor de la legalidad democrática. El costo
social e institucional de declarar la inexequibilidad de una norma jurídica
infraconstitucional debe ser evitado en la medida en que mediante una
adecuada interpretación de la misma se respeten los postulados de la
Constitución. (Sentencia C-070 de 1996 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

En otro de sus pronunciamientos, la Corte manifestó:

Sin embargo, en esos eventos no procede que la Corte retire del
ordenamiento esas disposiciones pues uno de los principios que orienta
la interpretación constitucional es lo que algunos sectores de la doctrina
han denominado el "principio de la conservación del derecho"14, según el
cual, los tribunales constitucionales deben no sólo maximizar la fuerza de
los contenidos normativos de la Carta sino también evitar el
desmantelamiento del orden jurídico. Por ello es siempre preferible
aquella decisión constitucional que, dentro de los marcos de la Carta,
permite preservar la labor del Congreso, que aquella que supone su
anulación. No es pues razonable que la Corte declare la inexequibilidad
de aquellas normas que fueron aprobadas como orgánicas pero que son
propias de la ley ordinaria, por las siguientes dos razones: de un lado, por
cuanto las mayorías requeridas para aprobar una norma orgánica son
suficientes para aprobar una ley ordinaria. No habría ningún vicio por este
aspecto. Y, de otro lado, si la Corte busca proteger la competencia de las
leyes ordinarias, no requiere anular esas disposiciones sino simplemente
señalar, tal y como lo hizo en un caso de esta naturaleza, en la sentencia
C-151/95, que esas normas no son orgánicas y pueden por ende ser
modificadas por normas legales ordinarias. (Sentencia C-600 A de 1995
M.P. Alejandro Martínez Caballero)

Ahora bien, como lo que resulta relevante en este procedimiento es que se
incluya, de manera expresa, que la interpretación que debe dársele al
precepto es aquella que lo hace compatible con la Carta, se hace
necesario que en la parte resolutiva del fallo el juez constitucional precise
cuál es la interpretación que debe respetarse por resultar ajustada a los

13
Cita original de la providencia: «Sobre los alcances y límites del principio de conservación del
derecho, ver, entre otras, las sentencias C-559 de 1999, fundamentos 21 y 22, C-100/96.
Fundamento Jurídico No 10, C-065/97 y C-324 de 1997. Fundamento jurídico No 9».
14
Cita original de la providencia: «Raúl Canosa Usera. Interpretación Constitucional y fórmula
política. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1988, pp 180 y ss y pp 201 y ss».

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07571-00
Demandante: Gustavo Rojas Rubiano y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

preceptos superiores. Este procedimiento de incluir en la parte resolutiva la
interpretación de la norma que se ajusta a la Carta constituye, propiamente, la
modulación del fallo, y es lo que permite a la Corte ajustar el contenido de la
norma al texto constitucional.

Con todo, si se observa detenidamente, la modulación del fallo constitucional
no se refiere sino a la adecuación teórico jurídica de la norma infraconstitucional
con la disposición superior. Dicha práctica en manera alguna implica un
pronunciamiento sobre las connotaciones políticas de la disposición bajo
estudio. Pese a que la Corte declara exequible la norma analizada bajo la
condición de que se entienda que su interpretación constitucional es aquella y
no ésta, el juez constitucional jamás abandona el terreno del análisis jurídico.
Incluso, al modular la decisión, el juez constitucional se circunscribe a la órbita
jurídica del razonamiento, sin que le esté permitido someter a juicio las
repercusiones de oportunidad y conveniencia de su decisión15.

Esta posición ha sido destacada en innumerables sentencias, como en la C-020 de
2023, en la que el máximo Tribunal Constitucional dijo:

60. La Corte Constitucional ha señalado que, conforme al principio de
conservación del derecho, las normas “sólo pueden ser excluidas del
ordenamiento cuando de su tenor literal no se puede derivar una interpretación
acorde con el Texto Superior”16. Por esta razón, cuando se constata que una
norma admite dos o más interpretaciones razonables, una de las cuales se
ajusta a la Constitución, no es posible declarar su inconstitucionalidad. En estos
casos la Corte debe (i) examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de
las interpretaciones que surgen de la disposición acusada17; y (ii) emitir una
sentencia interpretativa que condicione la constitucionalidad de la norma
demandada a la interpretación que es compatible con la Constitución18.19

De conformidad con lo anotado, la Sala amparará los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por la constatación de
los defectos sustantivo, de desconocimiento del precedente y de violación directa
de la Constitución, y se relevará del estudio de los demás aspectos alegados
en la tutela.

Como consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia dictada el 29 de mayo de
2023, por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, para que, en el
término de treinta (30) días, contado a partir de la notificación del presente fallo,
profiera una providencia de reemplazo en la que valore la caducidad del medio de
control de reparación directa, previa constatación de la hipótesis aplicable en el caso

15
Corte Constitucional, sentencia C-1153 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
16
Cita original de la providencia: «Corte Constitucional, sentencias C-042 de 2018 y C-165 de
2019».
17
Cita original de la providencia: «Ib».
18
Cita original de la providencia: «Corte Constitucional, sentencias C-660A de 1995, C-070 de
1996, C-100 de 1996, C-280 de 1996, C-065 de 1997, C-320 de 1997, C-466 de 1997, C-045 de
1998, C-964 de 1999, C-1062 de 2000».
19
M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07571-00
Demandante: Gustavo Rojas Rubiano y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

concreto, esto es, de si la sentencia objeto de casación fue o no modificada y, en
todo caso, interprete la regla de la ejecutoria contenida en el artículo 197 del Decreto
2700 de 1991 y de los efectos jurídicos de la sentencia a partir de la notificación,
conforme al entendimiento que la Corte Constitucional le dio al artículo 187 de la
Ley 600 de 2000, en la sentencia C-641 de 2002.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia de los señores Gustavo y Nelson Rojas Rubiano, Ruth
Yaqueline y Mary Pérez Pérez, y María José Rojas Pérez, vulnerados por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efectos la sentencia
dictada el 29 de mayo de 2023, por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, para que, en el término de treinta (30) días, contado a partir de la
notificación del presente fallo, profiera una providencia de reemplazo, conforme a lo
señalado en las consideraciones de este fallo.

TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

CUARTO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha del encabezado y
firmada electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad
de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la
derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

22

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