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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07573-01

Fecha
12 de abril de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07573-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 29 de enero de 2024, proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por Luz Adelaida Gómez Alvarado, en contra del Tribunal Administrativo del Huila, por los motivos presentados en esta providencia. TERCERO: NEGAR el amparo constitucional del derecho a la igualdad solicitado por Luz Adelaida Gómez Alvarado, contra el Tribunal Administrativo del Huila en lo que atañe al cargo por desconocimiento del derecho fundamental a la igualdad de trato, de conformidad con las razones explicadas en la parte motiva de este fallo. CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el medio más expedito. QUINTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-07573-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

12 de abril de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07573-01
Accionante: Luz Adelaida Gómez Alvarado

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., doce (12) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 11001-03-15-000-2023-07573-01
Accionante: Luz Adelaida Gómez Alvarado
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Segunda de
Decisión
Referencia: Acción de tutela

Tema: tutela contra providencia judicial – debido proceso.
Subtema 1: requisito de relevancia constitucional – carga argumentativa.
Subtema 2: requisito de relevancia constitucional – derecho a la igualdad/precedente horizontal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentó la Fiscalía General de la Nación1 en
contra de la sentencia del 29 de enero de 2024, proferida por la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de tutela

Luz Adelaida Gómez Alvarado, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la defensa, a la igualdad,
y, al reconocimiento del precedente jurisprudencial, que consideró vulnerados por el
Tribunal Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión, con ocasión de la
sentencia que profirió el 23 de mayo de 2023 dentro del proceso de reparación directa
con radicado núm. 41001 – 33 – 33 – 003 – 2013 – 00329 – 01.

1.2. Hechos de la solicitud2.

1.2.1. Con fundamento en la labor investigativa que adelantaron el CIT y la SIJIN en
los departamentos del Huila y Caquetá, se determinó la existencia y operación de la
columna móvil Yesid Ortiz de las FARC, integrada por una amplia red de milicianos,
que fueron identificados por reinsertados de dicha organización.

La Fiscalía General de la Nación solicitó y obtuvo diferentes órdenes de captura
libradas por el Juez Penal Municipal de Control de Garantías, entre otros, contra Luz
Adelaida Gómez Alvarado en relación con del delito de rebelión. La accionante fue
detenida, y en audiencia del 25 de agosto de 2009 le fue impuesta medida de
aseguramiento consistente en reclusión en establecimiento carcelario, sin embargo, el
26 de octubre del mismo año el Juzgado Primero Penal del Circuito de Garzón – Huila
revocó la medida.

1 Entidad vinculada en realidad de tercera interesada, en el auto admisorio de la solicitud de amparo
2 Escrito de tutela contenido en el índice 2 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai,

con certificado núm 0C5D02D62F184249 82A9578B48894D0A 8AB38E601C1D4D5B
14DBF65C0359E0BE.

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Luego de agotadas las etapas del juicio oral, el 27 de septiembre de 2010, el
mencionado Juzgado profirió sentencia absolutoria a favor de la aquí accionante,
decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Neiva el 24 de mayo de 2011.

1.2.2. Al considerar que la privación de libertad fue injusta, Luz Adelaida Gómez
Alvarado promovió demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa
contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
Fiscalía General de la Nación, a la que le correspondió el radicado 41001 – 33 – 33 –
003 – 2013 – 00329 – 00 y fue asignada por reparto al Juzgado Tercero Administrativo
Oral del Circuito de Neiva, Despacho que profirió sentencia el 19 de diciembre de 2016,
accediendo a las pretensiones de la demanda.

El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión, abordó el estudio del
recurso de apelación interpuesto contra la decisión, y el 23 de mayo de 2023 dispuso
su revocación bajo el argumento que no se probó falla en el servicio, por cuanto las
pruebas no dieron cuenta que la imposición de la medida de aseguramiento haya sido
desproporcionada, irrazonable, o innecesaria.

1.3. Pretensiones de la acción de tutela.

La parte accionante presentó escrito de tutela en el que solicitó al juez constitucional
i) amparar sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia, defensa, igualdad, y reconocimiento del precedente judicial; ii) ordenar al
Tribunal Administrativo del Huila, proferir una nueva decisión que confirme la sentencia
dictada por el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva.

1.4. Argumentos de la solicitud de amparo.

La parte actora expuso los motivos que la Sala resume a continuación:

1.4.1. Consideró, que la sentencia de segunda instancia proferida por el accionado en
el proceso de reparación directa, desconoció que la decisión absolutoria dictada por el
Juez Penal tiene fuerza de cosa juzgada y constituye prueba de su inocencia en
relación con el delito imputado, motivo por el cual, se torna improcedente que el Juez
administrativo afirme que la privación de libertad deriva de la culpa de la víctima.

Aseguró que, el Tribunal realizó juicios de valor sobre la responsabilidad penal de la
aquí accionante concluyendo que tuvo culpa en el hecho delictivo lo que justificaba la
imposición de la medida de aseguramiento; por ende, en su sentir, el Juez colegiado
asumió en la práctica la calidad de tercera instancia del proceso penal y no tuvo en
cuenta que al haberse proferido sentencia absolutoria nace para la afectada el derecho
a la indemnización de perjuicios, pues, esto prueba que la restricción de su libertad fue
injusta.

1.4.2. Resaltó que, la sentencia de segunda instancia del Tribunal Administrativo del
Huila, que revocó la decisión condenatoria del Juzgado Tercero Administrativo de
Neiva, se fundamentó en los lineamientos y parámetros de la sentencia SU 072 de
2018 “a pesar de estar vigente para ese momento la jurisprudencia de obligatorio
cumplimiento, Sentencia de Unificación Jurisprudencial de fecha 28 de agosto del
2.019, proferida por el Consejo de Estado — Sala Plena de la Sección Tercera,
Consejero Ponente: Dr. MARTIN BERMUDEZ MUÑOZ, Expediente: Acción de Tutela
11001- 03-15-000-2019-00169-01 […] con lo que incurrió en grave error judicial que
perjudica económicamente a los demandantes”.

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1.4.3. El señor Ramiro Anturi Ramón, también fue vinculado a la investigación que se
adelantó contra Luz Adelaida Gómez Alvarado; promovió demanda de reparación
directa en la que solicitó la reparación del daño derivado de la privación de su libertad
que consideró injusta y obtuvo sentencia favorable el 5 de febrero de 2014 que
confirmó el Tribunal Administrativo de Huila el 5 de septiembre de 2017.

Con lo anterior, afirmó la actora en la solicitud de amparo, que, se lesionó su derecho
a la igualdad “ya que en un proceso que se tramitó por los mismos hechos, iguales a
los de mi poderdante, ya que en ambos casos se trató de la misma sentencia penal,
dictó fallo favorable, y al de mi poderdante dictó fallo desfavorable, a pesar de que el
Juzgado de Primera Instancia, había dictado Sentencia Favorable.”

1.5. Trámite en primera instancia

1.5.1. En primera instancia, la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado
profirió auto el 11 de enero de 2024 en el que admitió la acción tutela, vinculó a la
Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y a la Fiscalía
General de la Nación3.

1.5.2. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Nieva4,
solicitó rechazar la solicitud de amparo por improcedente, e indicó que la parte actora
debía cumplir con la carga argumentativa pertinente que permitiese al Juez
constitucional conocer con claridad los hechos u omisiones que se consideran lesivos
para los derechos fundamentales y que sean atribuibles a la entidad; en especial, las
causales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Resaltó que, pese a que la parte actora aludió a la existencia de un defecto fáctico, no
cumplió con la carga argumentativa mínima de señalar las pruebas que a su juicio no
fueron valoradas por el Tribunal Administrativo del Huila, y la forma en que esta posible
omisión lesionó sus derechos fundamentales. Así, consideró, que la actora únicamente
presentó una inconformidad meramente formal sin incluir una explicación de la
vulneración de sus derechos, por lo que, a su juicio, no se cumplió con el requisito de
relevancia constitucional.

De otro lado, afirmó que no se acató el requisito de inmediatez, dado que la providencia
que se consideró como vulneradora de los derechos fundamentales cobró ejecutoria
el 4 de julio de 2023, mientras que la acción de tutela fue radicada en el mes de
diciembre del mismo año, siendo admitida mediante auto del 11 de enero de 2024, es
decir, por fuera del término de seis (6) meses.
1.5.3. La Fiscalía General de la Nación5, solicitó declarar la improcedencia de la
acción de tutela, por omisión en relación con el requisito de subsidiariedad y la falta de
sustentación sobre la configuración de algún defecto que vulnere los derechos
fundamentales de la parte actora.
3 Documento contenido en el índice 5 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai,

con certificado núm. 8AE444F0C67993C5 652B3B0A2CB97124 339D9F094C428B7D
82A81D67A5E50F43.
4 Documento contenido en el índice 11 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai,

con certificado núm. D8085CB84811C129 FC90582AF1870767 27E22A5789D6E1C1
F350F29515C8CA04
5 Documento contenido en el índice 12 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai,

con certificado núm. DDDF725E0768A64E 835C5F780F8FF2C1 E70EC5ECF31C5AFD
EFE0F8BBBEDD74B4

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Explicó, que la solicitud de amparo no es clara en indicar el motivo por el cual, a pesar
de existir otros mecanismos idóneos para controvertir la sentencia proferida por el
Tribunal accionado - como el recurso extraordinario de revisión -, se hizo uso del
mecanismo excepcional, que, por demás, tiene un carácter residual y subsidiario.
Aunado, alegó que la accionante pretende retrotraer etapas procesales de un asunto
que ya surtió su trámite.

Agregó, que de conformidad con la jurisprudencia constitucional la parte actora debe
identificar de manera precisa los hechos que considera vulneran sus derechos
fundamentales, lo que no ocurrió en este caso, pues, el escrito de tutela no cuenta con
la sustentación sobre la configuración del defecto fáctico atribuible al Tribunal, lo que
sustenta aún más la improcedencia.

Afirmó, que no está probada la vulneración alegada por la actora dado que la sentencia
de segunda instancia proferida en el proceso de reparación directa, es el resultado del
respeto de las garantías procesales, además, se fundamentó en los lineamientos de
la sentencia SU 072 de 2018, que debían ser acatados por la autoridad judicial.

1.5.4. El Tribunal Administrativo del Huila6 allegó copia del expediente digital, pero
guardó silencio frente a los hechos y fundamentos de la solicitud de amparo.

1.6. Sentencia de tutela de primera instancia.

La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado profirió sentencia de primera
instancia, el 29 de enero de 20247, en la que amparó el derecho al debido proceso de
la accionante, dejó sin efectos la sentencia del 23 de mayo de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila, y le ordenó dictar una nueva providencia que se
ajuste a los lineamientos consignados en la parte motiva.

Destacó que, se cumplen los requisitos generales que habilitan la procedencia de la
acción de tutela “pues (i) la accionante identificó de manera clara los hechos y las
razones en que se fundamenta la acción; (ii) el asunto es constitucionalmente
relevante porque se alega la vulneración de, entre otros, el debido proceso por un
desconocimiento de las reglas jurisprudenciales y una violación directa de la
Constitución que se predican de la sentencia de segunda instancia y que no pudieron
ser alegados en el proceso ordinario; (iii) se encuentra cumplido el requisito de
subsidiariedad porque la accionante utilizó todos los mecanismos judiciales a su
alcance para la protección de sus derechos y contra la providencia atacada no procede
ningún recurso; (iv) la solicitud se presentó en un término prudencial (inmediatez),
puesto que la decisión de segunda instancia se notificó el 26 de junio de 2023 y la
tutela se presentó el 18 de diciembre de 2023, es decir, dentro del término de 6 meses
precisado tanto por esta Corporación como por la Corte Constitucional ; y (v) no se
trata de una decisión proferida en sede de tutela”.

En cuanto al fondo del asunto, consideró que al proferir la sentencia del 23 de mayo
de 2023, el Tribunal accionado incurrió en una indebida valoración de los requisitos de
la medida de aseguramiento que fue impuesta a Luz Adelaida Gómez Alvarado, pues

6 Documento contenido en el índice 14 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai,

con certificado núm. 13771060EC5AC525 A6BF70573F33FC6C 5E1297653D6AC1EF
30F078E13E72B72D
7 Documento contenido en el índice 18 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai,

con certificado núm. 8C536C9430465637 AF753EEE1A1C04A3 5303E932379EC6D8
32CF73CE07E14E99

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allí se indicó que en el expediente no reposaba el medio magnético [grabación] de la
audiencia celebrada por el Juez Penal de Control de Garantías, y, pese a esto, se limitó
a inferir que la restricción preventiva fue legal sin contar con las pruebas necesarias y
pertinentes para arribar a dicha conclusión.

Explicó que, no se pone en duda la existencia de la medida de aseguramiento, pero,
correspondía al operador judicial adelantar el estudio de las consideraciones a partir
de las cuales se encontró procedente privar de libertad provisionalmente a la
accionante; sin embargo, para el caso concreto, este estudio no podía ser efectuado
ante la ausencia del material probatorio. Por ende, no había forma de verificar el
cumplimiento de los requisitos legales para imponer la medida, tales como la inferencia
razonable de responsabilidad sustentada en elementos materiales probatorios válidos
y la justificación de su necesidad.

Así, precisó, que, inferir a partir de términos generales que la medida de aseguramiento
fue legal, afecta el debido proceso de la accionante, pues implica tener probado algo
sin sustento ni consideración de las particularidades del caso, e impide la contradicción
de los argumentos que planteó el accionado. Esto, por cuanto se tornan en abstractos
e inconexos con el asunto concreto.

Finalmente, afirmó que, el Tribunal no podía basarse en los fundamentos de la
acusación efectuada por al Fiscalía, pues se trata de una actuación posterior a la
decisión de imposición de la medida de aseguramiento, y, el análisis de esta
determinación se debe realizar de conformidad con los argumentos y evidencia con
que se cuenta para ese momento procesal. Además, tampoco podía acudir a la pena
asignada al delito, pues, corresponde a un requisito objetivo de imposición, que por sí
solo no resulta suficiente.

1.7. Impugnación.

La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de impugnación8 en contra de la
sentencia del 29 de enero de 2024, en el que solicitó revocarla al considerar ausencia
de violación al debido proceso. Lo anterior, conforme a las siguientes razones:

1.7.1. La acción de tutela es improcedente para retrotraer etapas procesales como lo
pretende la parte actora, quien, no sustentó las causales específicas de procedibilidad
ni explicó los fundamentos de la configuración de un defecto en el que hubiese
incurrido el Tribunal Administrativo del Huila.

1.7.2. No se acreditó la existencia de un defecto fáctico, pues, pese a que la actora
alegó una indebida valoración probatoria no se observa que la decisión atacada haya
desbordado los criterios de proporcionalidad. A su juicio, el Tribunal valoró las pruebas
bajo criterios legales, además, contaba con elementos suficientes para proferir la
decisión, situación que torna improcedente la solicitud de amparo.

1.7.3. El derecho al debido proceso no fue lesionado, pues el Tribunal respetó cada
una de las garantías procesales de la accionante.

8 Documento contenido en el índice 24 del expediente digital de tutela de primera instancia, con
certificado núm. 6DCB64DDF1850A36 398909085586F81A E287EF99DAC83B27
AE316FE3A0B6A6E1.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.

2.2. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa por activa de Luz Adelaida Gómez Alvarado se
encuentra acreditada, puesto que, en calidad de demandante, promovió proceso
judicial en ejercicio del medio de control de reparación directa, al que le fue asignado
el radicado número 41001 – 33 – 33 – 003 – 2013 – 00329 – 01, dentro del que se
profirió la sentencia de segunda instancia del 23 de mayo de 2023; por lo tanto, es la
titular de los derechos fundamentales cuyo amparo pretende.

También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Huila, en la medida que fue la autoridad que profirió la sentencia del
23 de mayo de 2023, que, según indica la solicitud de amparo, vulneró los derechos
fundamentales de la parte actora.

2.3. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción; pues, solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales9.

2.3.1. Relevancia constitucional.

El cargo que se formule contra una decisión judicial tendrá relevancia
constitucional si presenta un problema constitucional y no se limita a revivir una

9 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan

en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión
judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo
constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b)
defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento
establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante
en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento
en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o
existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido,
cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una
decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en
el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g)
desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de
un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h)
violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de
manera preferente la aplicación de sus postulados.

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controversia estricta y exclusivamente legal10. De ese modo, en sede constitucional se
ponderará entre la finalidad de la acción de tutela como garantía iusfundamental y los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que gobiernan las decisiones
judiciales11. Así las cosas, el juez de tutela debe resolver asuntos de
dimensión constitucional, con respeto de las competencias legales y del principio de
autonomía de los jueces12.

En suma, el requisito de relevancia constitucional persigue tres fines: (i) preservar la
competencia y la independencia de los falladores ordinarios y, así, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad13; (ii) restringir el ejercicio
del amparo a cuestiones que afecten los derechos fundamentales de las personas, e
(iii) impedir que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales14.

Definir lo que es o no relevante en el plano constitucional depende de verificar que, a
primera vista, el cuestionamiento esté dirigido contra una posible afectación o
vulneración de las garantías relacionadas con el núcleo de los derechos
fundamentales. En especial, debe hacerse énfasis en el derecho al debido proceso15.
Para ello, la jurisprudencia constitucional16 ha definido cuáles son los requisitos
específicos de procedencia que pueden ser invocados como únicas causales que
habilitan el control constitucional concreto.

El requisito de relevancia constitucional, por tanto, exige que el cuestionamiento en la
solicitud de amparo esté dirigido a exponer una valoración en sentido negativo de la
actuación jurisdiccional en clave de los defectos, como han sido definidos por la
jurisprudencia. Así, son improcedentes los argumentos destinados a proponer
fórmulas que habrían podido ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario, o reiterar
las ya expuestas en este. En efecto, como lo ha establecido la Corte Constitucional,
“la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del
procedimiento judicial que se cuestiona17, pues ello desconocería la competencia y

10 “[L]os fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar
esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional
ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de
interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo
excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien […] se encuentra
en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente – es decir segura y en
condiciones de igualdad – de los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”. Corte
Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
11 “No se trata de convertir la tutela en un mecanismo ritualista, sino de exigir una actuación razonable

para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y valores en juego,
al controvertir una providencia judicial”. Corte Constitucional. Sentencia T-066 de 2019.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.

Sentencias del 21 de febrero de 2020, expediente n.° 2019-5066-00; 4 de mayo de 2020, expediente
n.° 2020-836-00.
13 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009,

T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061
de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014, citadas en la sentencia T-422 de 2018.
14 “[T]eniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia,

ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de
la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental” Corte Constitucional. Sentencia T-
422 de 2018.
15 Corte Constitucional, sentencia T-102 de 16 de febrero de 2006. En igual sentido: T-075-18, T-451-

18, T-422-18 y T-248-18.
16 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
17 Cita original: “Ver sentencia T-336/04”.

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finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su
autonomía funcional”18.

En particular, cabe denotar que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-215 de
2022, indicó que “[…] el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de
las altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya
presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una
instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir
controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal”. Además, precisó que
“[…] Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto
tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite
a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción
de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales”.

Esta Corporación ha señalado que, para realizar el examen del requisito de relevancia
constitucional, se requiere en primera medida establecer que quien actúe como
accionante motivó con suficiencia argumentativa las razones por las cuales considera
que la decisión judicial que reprocha se erige como una afectación de derechos
fundamentales, a efectos de evitar una instancia adicional en el proceso ordinario19.
2.3.2. En el caso bajo estudio, Luz Adelaida Gómez Alvarado consideró que el
Tribunal Administrativo del Huila vulneró sus derechos al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, e igualdad, con la expedición de la sentencia del 23 de mayo
de 2023, a través de la cual revocó la decisión del Juzgado Tercero Administrativo Oral
de Neiva, que había declarado la responsabilidad extracontractual de la Rama Judicial
y la Fiscalía General de la Nación con ocasión de la privación de libertad de la que fue
objeto. Esto por cuanto i) desconoció que la inocencia de la aquí accionante, en relación
con el delito de rebelión, fue comprobada en el proceso penal y no está facultado el
Tribunal Administrativo para realizar juicios de valor sobre esta situación con la
consecuencia de negar las pretensiones de la reparación directa, pues se constituiría
en una tercera instancia; ii) la decisión del accionado se fundamentó en la sentencia
SU 072 de 2018, pese a que para ese momento debía atender los lineamientos de
“sentencia de unificación jurisprudencial” del 28 de agosto de 2019 proferida por la Sala
Plena del Consejo de Estado; iii) vulneró el derecho a la igualdad, dado que el señor
Ramiro Anturi Ramón, quien fue vinculado a la misma causa penal de la aquí
accionante, obtuvo sentencia favorable a sus pretensiones en sede de reparación
directa. Esto pese a la similitud fáctica entre los dos (2) asuntos.

2.3.2.1. De la revisión del argumento enlistado en el numeral i), la Sala lo encuentra
huérfano de relevancia constitucional, pues, la parte actora, lejos de exponer las
circunstancias en que la sentencia del 23 de mayo de 2023 vulneró sus derechos
fundamentales, procura utilizar este medio de control como una tercera instancia para
plantear su inconformidad, agotar un debate jurisprudencial y obtener una decisión
favorable a sus pretensiones.

18 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
19 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado

número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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Accionante: Luz Adelaida Gómez Alvarado

Distinto a lo que sostuvo el juez de tutela de primera instancia, esta Judicatura
considera que no es suficiente para que una acción supere el requisito de relevancia
constitucional, que en la solicitud de amparo se afirme la vulneración de derechos
fundamentales y se expongan argumentos, puesto que, en términos de la Corte
Constitucional, es necesario “(i) preservar la competencia y la independencia de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta
en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”20.

Es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y explicativa que se
encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través del amparo, la
Corte Constitucional21 claramente indicó que no basta con la mención de vulneración
de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino, que,
para entender como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional se requiere demostrar i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado
y; iii) su carácter arbitrario. Así, la parte actora debe aportar elementos suficientes que
permitan al Juez constitucional advertir la vulneración.

En efecto, el primero de los argumentos de la solicitud de amparo, corresponde a que
el Tribunal Administrativo del Huila desconoció la inocencia de la demandante,
acreditada con la sentencia absolutoria proferida por el Juez penal, sin embargo, del
estudio de la sentencia del 23 de mayo de 202322 se observa palmariamente que no
abordó el análisis de la inocencia de la señora Gómez Alvarado, sino que se sustentó
en la conclusión de una imposición de medida de aseguramiento bajo los parámetros
legales pertinentes. De ahí, que no exista un argumento con fuerza suficiente para
superar el requisito de relevancia constitucional, pues el reproche formulado no
encuentra ninguna relación con la motivación de la decisión atacada, incluso, ésta solo
hace alusión de la presunción de inocencia de la accionante para indicar que en el
trámite del proceso penal no fue desvirtuada por el ente acusador, lo que trajo como
consecuencia la sentencia absolutoria.

Encuentra así la Subsección que los argumentos expuestos en este cargo, no tienen
relación con el análisis realizado por el Tribunal en la sentencia censurada, lo que
conduce a concluir que la parte actora omitió exponer de manera clara la razón por la
considera que la decisión en comento vulneró sus derechos fundamentales, y esto se
traduce en una falta de suficiencia argumentativa de las razones de orden constitucional
que den cuenta que en efecto la sentencia del 23 de mayo de 2023 se erigió como
lesiva frente a las garantías constitucionales, o que prueben una falta de razonabilidad
del análisis del Tribunal.

2.3.2.2. Como un segundo argumento ii), afirmó la parte actora que sus derechos
también fueron vulnerados por aplicación indebida del precedente jurisprudencial, pues
pese a la existencia de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2019 (no se
identificó su radicado), el Tribunal accionado fundamentó su decisión en los
lineamientos de la sentencia SU 072 de 2018.

20 Sentencia SU-573 de 2019.
21 Sentencia SU215/22
22 Documento contenido en el índice 14 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai,

con certificado núm. 13771060EC5AC525 A6BF70573F33FC6C 5E1297653D6AC1EF
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El defecto por desconocimiento del precedente, como lo ha definido la Corte
Constitucional “se configura cuando el funcionario judicial se aparta de las sentencias
emitidos [sic] por los tribunales de cierre (precedente vertical) o los dictados por ellos
mismos (precedente horizontal) al momento de resolver asuntos que presentan una
situación fáctica similar a los decididos en aquellas providencias, sin exponer las
razones jurídicas que justifique el cambio de jurisprudencia”23. Por tanto, la invocación
de un precedente está determinado por la especialidad, de manera que sea el órgano
de cierre que defina los criterios y reglas aplicables en casos semejantes, o, en el caso
del precedente horizontal, los órganos judiciales deben resolver los asuntos que
conocen a partir de un criterio de igualdad. Por otro lado, la Corte ha dicho que, el
precedente constitucional no constituye una obligatoriedad absoluta, pues en razón del
principio de la autonomía judicial, el juez puede apartarse de aquellos, siempre y
cuando presente (i) de forma explícita las razones por las cuales se separa de
aquellos, y (ii) demuestre con suficiencia que su interpretación aporta un mejor
desarrollo a los derechos y principios constitucionales.

La Sala observa que el tutelante se limitó a consignar una consideración de carácter
general sin precisar la forma concreta en que a su juicio el Tribunal Administrativo del
Huila vulneró sus derechos con la aplicación de los parámetros de la sentencia SU 072
de 2018. Esto, únicamente hizo referencia a la sentencia del 28 de agosto de 2019, sin
precisar la regla vinculante proferida por esta Corporación como tribunal de cierre, y
que debió ser aplicada para adoptar la decisión de segunda instancia en el proceso de
reparación directa en forma prevalente; no trajo a colación fallos con similitud en los
presupuestos fácticos y jurídicos en el sentido en el que reclama. Tampoco señaló ni
identificó el precedente constitucional o la regla desconocida por la autoridad
cuestionada, relacionada directamente con la controversia estudiada en el proceso
ordinario, ni los derechos fundamentales cuya protección se reclama.

Por tanto, este cargo no supera el requisito de suficiencia en la exposición de los hechos
y argumentos que sustentan la lesión de derechos fundamentales – alegada -, lo que
no permite realizar un estudio de procedibilidad en relación con el requisito de
relevancia constitucional.

Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida como un mecanismo de
carácter excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende el aquí accionante, un nuevo estudio del caso como si
fuera una instancia adicional a las ya surtidas. El juicio que realiza el juez en sede de
tutela es de validez y no de corrección de la decisión cuestionada24, lo que se opone a
que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos
de índole probatoria o de interpretación del derecho, que se resolvieron en el curso del
proceso ordinario25.

2.3.2.3. Finalmente, conforme a lo reseñado en el numeral iii) la parte actora consideró
que se vulneró el derecho a la igualdad, dado que el señor Ramiro Anturi Ramón, quien
también fue vinculado a la causa penal, promovió demanda de reparación directa con

23 Sentencia T-459 de 2017.
24 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
25 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.

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contornos fácticos y jurídicos similares, y obtuvo una sentencia favorable a sus
pretensiones indemnizatorias en primera y segunda instancia.

La Subsección ha considerado26 que el cargo de relacionado con la vulneración del
derecho a la igualdad de trato vinculada a la inobservancia del precedente horizontal sí
goza de relevancia constitucional, y en consecuencia, se requiere para este caso un
estudio en el que se determine si la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Huila – en un caso similar -, constituía precedente horizontal vinculante para decidir
en segunda instancia el proceso de reparación directa promovido por la aquí
accionante. De esa manera, debe examinarse si el parámetro de decisión expresado
por el primer fallador debió ser seguido por el segundo. Ello comporta un problema de
índole constitucional del que sí puede ocuparse el juez de tutela.

Al momento de efectuar la interpretación conjunta de los artículos 13 y 229 superiores
resulta claro que el derecho a acceder a la administración de justicia también implica el
derecho a recibir trato idéntico en situaciones comparables27. De ese modo, quien
acude a la jurisdicción tiene confianza legítima28 en que su problema jurídico le será
resuelto de la misma manera en que son solucionados problemas similares. Ello es
consecuencia de una igual interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico 29. Lo
anterior, así mismo, conlleva que el principio de independencia judicial tenga que
armonizarse con el derecho a la igualdad de trato jurídico, pues, por tener al primero
como absoluto e irrestricto, los jueces pueden incurrir en arbitrariedades30.

El modo de materializar la igualdad de trato es a través de la observancia del
precedente31. De esa manera, los jueces podrán hacerle seguimiento a la manera
como, en el pasado, dirimieron una controversia específica. Así, continuarán decidiendo
en el mismo sentido, salvo que alguna variable de orden fáctico, entre otras, requiera
variar la decisión. En ese caso el juez deberá agotar una mayor carga argumentativa
que parta de la transparencia de reportar sus anteriores fallos32.

Lo anterior, conduce al concepto de precedente horizontal. A partir de este es posible
afirmar que cada fallador está en el deber, por regla general, de consultar y continuar
su propia línea decisional33. De ese modo, cada autoridad judicial gozará de
coherencia y consistencia con sus determinaciones previas, lo cual confluye en la idea
de disciplina jurisprudencial34. En lo propio, de igual modo, goza de corrección lo dicho
por la accionante en el memorial introductorio de este proceso.

La observancia del precedente horizontal “exige acatar los pronunciamientos del
mismo juez o de una corporación judicial de similar jerarquía”35. En un tribunal, las
diferentes salas de decisión deben seguir el precedente sentado por sus similares
dentro de esa misma Corporación cuando los fundamentos de hecho y de derecho son

26 Sentencia de 21 de mayo de 2021, Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01459-00(AC)
27 Ver, Corte Constitucional. Sentencias C-104 de 1993 y C-179 de 2016.
28 Ver, Corte Constitucional. Sentencias T-086 de 2007 y T-438 de 2016, reiterada por la sentencia SU-

113 de 2018.
29 Ver, Corte Constitucional. Sentencia C-836 de 2001, reiterada por las sentencias SU-113 de 2018 y

SU-353 de 2020.
30 Ver, Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 1996, retomada por la sentencia T-390 de 2015.
31 Ver, Corte Constitucional. Sentencia C-104 de 1993.
32 Ver, Corte Constitucional. Sentencias T-011 de 2017, C-179 de 2016 y SU-353 de 2020.
33 Ver, Corte Constitucional. Sentencia T-390 de 2015.
34 Ver, Corte Constitucional. Sentencia SU-353 de 2020.
35 Ver, Corte Constitucional. Sentencias T-390 de 2015 y T-145 de 2017.

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comparables. Ello implica que los tribunales, entendidos como órgano y en su
conjunto, unifiquen la jurisprudencia dentro de su territorio jurisdiccional36.

Con la solicitud de amparo de aportó copia de la sentencia del 5 de febrero de 201437
proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Neiva, dentro del proceso de
reparación directa con radicado 41001333300620130027800, en el que se declaró
administrativamente responsable a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la
Nación, por la privación injusta de la libertad de Ramiro Anturi Ramón por el periodo
comprendido entre el 24 de agosto de 2009 al 27 de septiembre de 2010. Asimismo, se
allegó a este trámite la sentencia de 5 de septiembre de 2017 38, mediante la cual el
Tribunal Administrativo del Huila confirmó la declaratoria de responsabilidad.

Las decisiones de primera y segunda instancia, se fundamentaron en la posición
jurisprudencial unificada de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que estuvo
vigente hasta el año 2018, según la cual, no existía la necesidad de analizar si la
privación preventiva de libertad fue ilegal, errada o arbitraría, sino, que, en aplicación
del régimen objetivo, sobre quien hubiese recaído la medida de aseguramiento, pero
finalmente fuese absuelto, nace el derecho a la indemnización de lo perjuicios que dicha
medida le hubiese causado.

Por su parte, la sentencia de segunda instancia del 23 de mayo de 2023 -censurada-,
fue proferida en vigencia de los lineamientos de unificación de la sentencia SU 072 del
5 de julio de 2018 de la Corte Constitucional -aplicados por el Tribunal accionado-, con
fundamento en los cuales, para determinar la eventual responsabilidad del Estado por
privación de la libertad que se considere injusta, dependiendo de las particularidades
de cada caso, el juez administrativo podrá elegir qué título de imputación resulta más
idóneo para establecer que el daño sufrido por el ciudadano devino de una actuación
inidónea, irrazonable y desproporcionada y, que por ese motivo no tenía por qué
soportarse. Esto, a partir del estudio de las razones del Juez de Control de Garantías
para la imposición de la medida restrictiva.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala encuentra que, si bien se trata de un precedente
horizontal39, las decisiones judiciales proferidas dentro del proceso de reparación
directa adelantado por el señor Ramiro Anturi Ramón denotan fundamentos de derecho
diferentes a los que estructuraron la sentencia del 23 de mayo de 2023, a raíz del
cambio jurisprudencial al que se hizo alusión, y que conllevó que el estudio de la
responsabilidad del Estado se hiciera desde dos puntos de vista diferentes. En efecto,
mientras que el asunto promovido por el señor Anturi Ramón no implicó el estudio de
legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta, este si fue el fundamento
a la decisión de segunda instancia en el proceso adelantado por Luz Adelaida Gómez
Alvarado.

Así las cosas, la Sala no encuentra vulneración del derecho a la igualdad de la
accionante por una indebida aplicación del precedente horizontal.
36 Ver, Corte Constitucional. Sentencias T-688 de 2003, T-698 de 2004, T-1029 de 2012 y T-918 de

2010.
37 Documento contenido en el índice 2 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai,

con certificado núm. BD23B479ED202E73 A79B3F3C5400224A 9D57EF41AB694B44
75263A0DEA662F4A. Página 74 a 85.
38 Documento contenido en el índice 2 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai,

con certificado núm. BD23B479ED202E73 A79B3F3C5400224A 9D57EF41AB694B44
75263A0DEA662F4A. Página 86 a 111.
39 Pues en los dos (2) asuntos el Tribunal Administrativo del Huila profirió sentencia de segunda instancia

analizando la eventual responsabilidad del Estado por la privación de libertad que se consideró injusta.

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Accionante: Luz Adelaida Gómez Alvarado

2.4. En consecuencia, la Sala la revocará el fallo impugnado, y en su lugar, declarará
la improcedencia de la solicitud de amparo por falta del requisito de procedibilidad de
relevancia constitucional, y, negará la protección del derecho a la igualdad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 29 de enero de 2024, proferida por la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela
interpuesta por Luz Adelaida Gómez Alvarado, en contra del Tribunal Administrativo
del Huila, por los motivos presentados en esta providencia.

TERCERO: NEGAR el amparo constitucional del derecho a la igualdad solicitado por
Luz Adelaida Gómez Alvarado, contra el Tribunal Administrativo del Huila en lo que
atañe al cargo por desconocimiento del derecho fundamental a la igualdad de trato, de
conformidad con las razones explicadas en la parte motiva de este fallo.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el
medio más expedito.

QUINTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

SFGS

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