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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07576-00

Fecha
18 de marzo de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07576-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo de tutela solicitada por Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote, por las razones señaladas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier 11 de 12 Radicación: 11001-03-15-000-2023-07576-00 Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia Decisión: Niega _____________________________________________________________________________________________________________ recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin8. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-07576-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

18 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D. C., 18 de marzo de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07576-00
Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto fáctico |
Desconocimiento del precedente | Niega

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de segunda instancia por medio de
la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de una demanda de reparación
directa.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Constanza Judith
Alfonsina Turbay Cote en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
demás vinculados.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 18 de diciembre de 2023, Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote, a
través de apoderado judicial, presentó acción de tutela en contra de la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por la presunta
vulneración de sus derechos al debido proceso e igualdad, con ocasión de
la Sentencia de 4 de julio de 2023, mediante la cual se modificó la decisión
de primera instancia y se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, dentro del proceso de reparación directa No. 18001-23-31-000-
2004-00102-01 (57.447).

2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07576-00
Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Niega
_____________________________________________________________________________________________________________

“PRIMERO. Se declare la violación de los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, e IGUALDAD de CONSTANZA JUDITH ALFONSINA TURBAY COTE.

SEGUNDO. Se declare la cesación de efectos jurídicos de la PROVIDENCIA de
4 de julio de 2023, proferida por la Subsección A, de la Sección Tercera del
Consejo de Estado. Radicación número: 18001-23-31-000-2004-00102-01
(57.447).

TERCERO. Se ordene a la Subsección A, de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, adelantar el proceso contencioso administrativo de CONSTANZA
JUDITH ALFONSINA TURBAY COTE contra LA NACIÓN - DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA, dentro de los parámetros establecidos por
la obligación de protección a las víctimas del conflicto armado, así como
también de los derechos reconocidos a las víctimas, especialmente, la
reparación integral.

CUARTO. Se ordene a la Subsección A, de la Sección Tercera del Consejo de
Estado confirmar lo decidido en los numerales tercero y cuarto del resuelve de
la sentencia de 18 de septiembre de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, o subsidiariamente, proceda a realizar la tasación
de los perjuicios de conformidad con el peritaje realizado por JESUS ELIDES
ECHEVERY MORENO, de fecha 14 de agosto de 2023”.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

4. 1) El 20 de junio de 2001, durante la llamada Zona de Distensión, las
FARC ocuparon la hacienda “La Estrella”, ubicada en el municipio de San
Vicente del Caguán (Caquetá). En la hacienda también se hurtaron 1.108
cabezas de ganado, maquinaria y equipos para actividades
agropecuarias.

5. 2) El 21 de junio de 2001, Constanza Turbay, en su calidad de
propietaria de la hacienda “La Estrella”, presentó una petición ante el
presidente de la República, en la que le puso en conocimiento que había
sido despojada de la hacienda por parte de las FARC, predio que era su
único sustento económico. El 10 de julio de 2001, el entonces presidente,
Andrés Pastrana Arango, respondió la petición de la accionante y le
manifestó que había dado instrucciones al Ministerio de Defensa Nacional
sobre su situación.

6. 3) El 12 de noviembre de 2003, Constanza Turbay presentó demanda
de reparación directa en contra de la Nación – Departamento
Administrativo de la Presidencia y Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional, con el fin de que se declarara su responsabilidad por la ocupación
ilegal de su hacienda por parte de las FARC. Para la accionante, el Estado
no tomó las medidas necesarias para proteger a la población civil y a sus
bienes durante la vigencia de la zona de distensión, lo que facilitó la
ocupación de su propiedad, el hurto de ganado y maquinaria.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07576-00
Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Niega
_____________________________________________________________________________________________________________

7. 4) El 18 de septiembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Caquetá
profirió sentencia de primera instancia en la que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. El tribunal declaró la falta de legitimación
pasiva en la causa del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y
condenó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
al pago de perjuicios morales y materiales, pues la zona de despeje
obedeció a una política pública diseñada y desarrollada por el Gobierno
Nacional, en cabeza del presidente de la República.

8. 5) Esta decisión fue apelada por el Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República y, el 30 de julio de 2021, la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó la decisión y declaró de
oficio la caducidad de la acción.

9. 6) El 25 de febrero de 2022, Constanza Turbay presentó acción de
tutela en contra de la anterior providencia con el fin de que se protegieran
sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia,
igualdad, dignidad, debido proceso, confianza legítima y propiedad.

10. 7) Mediante Sentencia de 14 de diciembre de 2022, la Sección Cuarta
del Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia de la accionante, por
considerar que durante la vigencia de la zona de distensión -que estuvo
vigente hasta el 20 de febrero de 2002-, le fue imposible ejercer su derecho
de acción para reclamar la responsabilidad del Estado. En consecuencia,
le ordenó a la autoridad accionada proferir un nuevo fallo.

11. 8) El 2 de marzo de 2023, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en su calidad de juez de tutela de segunda instancia,
confirmó la decisión de 14 de diciembre de 2022, con argumentos similares
a los ya expuestos por el juez de primer grado.

12. 9) El 4 de julio de 2023, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado profirió fallo de reemplazo, en el que declaró la
responsabilidad del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y lo condenó únicamente al pago de perjuicios materiales en la
modalidad de daño emergente. Como argumentos de fondo, la
Subsección A consideró que estaba acreditado el daño sufrido por la
demandante, al menos en lo concerniente a la pérdida de ganado y que
esto se produjo con ocasión de la zona de despeje creada por el presidente
de la República. En relación con la indemnización de perjuicios, estimó que
solo había lugar a reconocer perjuicios materiales por concepto de daño
emergente, debido a que no estaba demostrada la causación de lucro
cesante ni perjuicios morales.

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Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Niega
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13. Como fundamento de la vulneración la parte accionante señaló que
la decisión cuestionada vulneraba sus derechos fundamentales, al haber
incurrido en:

14. a) defecto sustantivo debido a que la tasación de los perjuicios se hizo
con base en normas inaplicables al caso concreto y contrarias a la
reparación integral de las víctimas del conflicto armado. En su criterio, la
tasación de perjuicios dejó de lado la “circunstancia fáctica-normativa” de
la accionante, quien se encontraba en situación de vulnerabilidad como
mujer víctima del conflicto armado2.

15. b) defecto sustantivo por interpretación errónea porque (se trascribe):
“la sentencia revela claramente que el funcionario judicial al no considerar
los parámetros de la igualdad (desigualdad en el caso concreto) en forma
arbitraria y caprichosa desconoció lineamientos constitucionales y legales,
así como material probatorio relevante, de forma tal que produjo
suposiciones que llevaron a la vulneración o amenaza derechos
fundamentales de mi poderdante.”.

16. c) defecto fáctico por haber establecido (se trascribe): “un parámetro
inconstitucional, y contrario a los derechos de las víctimas del conflicto
armado, de lo no probado para no tomar en consideración elementos
fácticos relevantes que incidían directamente en la tasación de la
reparación”.

17. Al respecto, cuestionó que la decisión de segunda instancia haya
tasado el daño emergente con base en la Resolución No. 13 de 14 de enero
de 2001 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural3, pues existe una gran
diferencia entre los precios de ganado comerciales y los precios para
efectos tributarios. Según su criterio, la suma reconocida era irrisoria y para
nada restaurativa pues, de acuerdo con el dictamen pericial realizado por
Jesús Echeverry, los perjuicios sufridos por el hurto del ganado ascendían a
$9.430.345.647.

18. En relación con los perjuicios morales, consideró que la Subsección A
desconoció el contexto de conflicto armado de la accionante, la
imposibilidad de probar y su especial condición de sujeto protegido
constitucionalmente, pues era un hecho notorio su exilio forzoso y la pérdida

2 Sobre la violación a su derecho fundamental a la igualdad, la accionante explicó que el patrón de igualdad con

el que debió compararse su situación se construía a partir de los siguientes elementos (se trascribe): “i) que se trate
de ciudadanos colombianos, ii) que sean mayores de edad, iii) que hayan sido despojados de sus bienes, iv) que
hayan sido víctimas del conflicto armado; siendo los únicos sobreviviente del asesinato de su familia, v) que hayan
sido exiliados forzosamente del país, vi) que no cuenten con un medio de subsistencia, vii) que no recibieron apoyo
efectivo del Estado para proteger sus derechos, viii) que acudieron a la jurisdicción contencioso administrativa
buscando reparación integral por los daños injustamente sufridos, ix) que en sentencia de primera instancia se
garantizaron sus derechos, x) que en sentencia de segunda instancia modificó la sentencia de primera instancia
para conceder una reparación de una cuantía menor.”.
3 “Por medio de la cual se fijan los precios del ganado bovino para efectos tributarios correspondientes a la

vigencia fiscal del año 2001”.

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Niega
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de su propiedad. Tampoco tuvo en cuenta los testimonios y conceptos
técnicos que fueron valorados en la primera instancia para tener acreditada
la gravedad de los hechos y afectación moral.

19. d) defecto por desconocimiento del precedente establecido por la
Corte Constitucional en Sentencia SU – 254 de 2013, sobre la garantía y el
alcance del derecho a la reparación integral de las víctimas del conflicto
armado.

1.2. Posición de la parte demandada y demás vinculados4

20. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó
que se declarara la improcedencia de la acción por falta de relevancia
constitucional, en la medida en que, lo pretendido por la parte actora era
reabrir el debate jurídico y obtener una decisión favorable a sus intereses.
Sostuvo que cada uno de los reparos expuestos por la accionante fueron
analizados con suficiencia por la subsección, de manera que no existió una
vulneración a sus derechos fundamentales.

21. Luis Felipe Botero Aristizábal, en su calidad de conjuez en la sentencia
cuestionada, rindió informe en el que solicitó que se negaran las
pretensiones de la acción de tutela, por considerar que la providencia de 4
de julio de 2023 no incurrió en los vicios que se le imputaron. El conjuez indicó
que los reparos planteados en el escrito de tutela no eran más que (se
trascribe) “una colección de argumentaciones presentadas en otros foros y
no un ataque concreto a la providencia impugnada”.

22. Señaló que los argumentos de la accionante eran propios de un
recurso de apelación, pero no de una acción de tutela, pues más allá de
demostrar una vulneración a derechos fundamentales, se trataba de una
inconformidad con la valoración interpretativa realizada por el juez de la
reparación, pues no existía una norma constitucional o legal que hiciera
presumir la existencia de todos los daños alegados por un demandante en
el contexto del conflicto armado.

23. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
(DAPRE) rindió informe en el que manifestó que la acción de tutela no
cumplía con los requisitos generales y específicos de procedibilidad.
Además, señaló que la parte accionante omitió informar al juez de tutela
que el DAPRE ya reconoció y ordenó el pago de la condena impuesta en la
decisión cuestionada, por lo que no solo se trataba de una sentencia en
firme sino debidamente cumplida. Indicó que en el escrito de tutela se

4 Mediante Auto de 12 de enero de 2024, el despacho resolvió (1) admitir la acción de tutela de la referencia: (2)

Vincular al Tribunal Administrativo de Caquetá, a la Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia y al
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional como terceros con interés en el asunto.

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omitió que la sentencia cuestionada era un fallo de reemplazo, proferida
con ocasión de una primera acción de tutela presentada por la
demandante. Para el DAPRE, la parte actora no podía utilizar este
mecanismo infinitamente para demandar cada decisión que no le resultara
favorable.

24. El Tribunal Administrativo de Caquetá se limitó a remitir el expediente
del proceso ordinario y el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional,
pese a haber sido notificado debidamente guardó silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de los defectos alegados. 2.2. Fijación de la controversia. 2.3.
Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4. Verificación de
defectos y/o afectación a derechos fundamentales. 2.5. Conclusión.

2.1. Identificación de los defectos alegados

25. La Sala estima necesario precisar que, si bien la parte actora dentro
de su escrito de tutela alegó la configuración de un defecto sustantivo y un
defecto sustantivo por interpretación errónea, sus reparos serán analizados
bajo la óptica del defecto fáctico y desconocimiento del precedente,
también alegados en la demanda. Lo anterior, en consideración a que se
pretende un análisis probatorio, de cara a la jurisprudencia constitucional,
sobre el principio de reparación integral de una mujer víctima del conflicto
armado.

2.2. Fijación de la controversia

26. Deberá establecerse, luego de verificados los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela, si la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, como juez de la responsabilidad de segunda
instancia, incurrió en defecto fáctico y desconocimiento del precedente, al
acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda y reconocer
únicamente perjuicios materiales por concepto de daño emergente.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial5

27. Esta acción de tutela es procedente porque: no existe recurso idóneo
y eficaz que permitiera al accionante alegar los reparos planteados vía
tutela y procurar la defensa de los derechos presuntamente vulnerados.
Hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación de la providencia
cuestionada (21/7/2023) y la de interposición de la presente acción de

5 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia

T-066 de 2019.

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Decisión: Niega
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tutela (18/12/2023). No se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se
relacionó con una sentencia de segunda instancia proferida en el marco de
un medio de control de reparación directa. Se identificaron de manera
clara, detallada y comprensible los hechos y la presunta vulneración
derivada de ellos.

28. Por último, se advierte que la controversia tiene relevancia
constitucional por tratarse de la presunta afectación de los derechos
fundamentales a la igualdad y debido proceso de la parte actora, en el
marco de un proceso de reparación directa. Además, no se limita a una
discusión meramente legal o económica ni es una reiteración de los
argumentos planteados en el proceso de reparación directa.

2.4. Verificación de defectos y/o afectación a derechos fundamentales

29. La Sala negará el amparo solicitado, al advertir que no se configuró 1)
un defecto fáctico, ni 2) un desconocimiento del precedente como pasará
a explicarse.

30. La demandante solicitó la protección de sus derechos al debido
proceso y a la igualdad presuntamente vulnerados en el marco de un
proceso de reparación directa que inició, con el fin de obtener una
indemnización por la ocupación ilegal por parte de las FARC, de una
hacienda de su propiedad, durante la vigencia de la llamada “zona de
distensión o despeje” en el 2001. La indemnización solicitada estaba
encaminada a resarcir el perjuicio moral que sufrió y recuperar lo que la
demandante dejó de percibir al no poder disponer del bien, en especial por
el hurto de más de 1.000 cabezas de ganado. Considera que, si bien el juez
de la reparación directa declaró la responsabilidad del Estado por los
hechos demandados, sus derechos le fueron vulnerados en la tasación de
los perjuicios, pues no se atendió su derecho a la reparación integral, en su
condición de víctima del conflicto armado.

31. La parte actora alegó que la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico, al hacer una valoración
probatoria que desconoció el contexto de conflicto armado en el que se
desarrollaron los hechos, pues se trataba de una mujer exiliada por la muerte
de su madre y sus hermanos por parte de las FARC y la hacienda ocupada
se encontraba dentro de la zona de despeje. La demandante manifestó su
inconformidad con la tasación de perjuicios realizada en la decisión, habida
cuenta de que, en su criterio, la suma reconocida era irrisoria. Puntualmente
cuestionó (1) que la liquidación del daño emergente se realizara con
fundamento en la Resolución 13 de 14 de enero de 2002, pues esta no era
suficiente para establecer el valor de los semovientes hurtados por el grupo

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guerrillero. (2) En su criterio, los perjuicios sufridos por el hurto de ganado
ascendían a más de $9.430.345.647, tal como lo demostraba el dictamen
pericial realizado por el profesional Jesús Echeverry, el cual debería tenerse
en cuenta para tasar los perjuicios en una decisión de reemplazo. (3) No se
valoraron debidamente los testimonios y conceptos técnicos que
acreditaban el perjuicio moral que padeció.

32. En relación con el daño emergente, esta Sala evidenció, luego de
revisar la providencia enjuiciada, que la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado realizó una valoración integral del material probatorio
y, a partir de esa valoración, señaló que: (se trascribe):

“(…) a pesar de que en esta oportunidad no es posible cuantificar
económicamente lo concerniente al daño emergente por la pérdida de
ganado –no se tiene certeza de la cantidad de ganado al momento de la
ocupación, ni de sus características-, no hay duda de que este perjuicio se
causó.
En casos como este, en los cuales se acredita la concreción del perjuicio pero
no su valor con exactitud, generalmente se acude a la condena en abstracto
establecida en el artículo 172 del CCA, como lo hizo el a quo; sin embargo, en
este asunto particular no se procederá de esa manera, en razón de la dificultad
probatoria –o, más bien, imposibilidad- de establecer el quantum del perjuicio
por la vía incidental, pues ya ha pasado mucho tiempo -aproximadamente 22
años- como para determinar con exactitud la cantidad y el valor de los
semovientes que fueron sustraídos de la hacienda, de ahí que, por más de que
en el trámite incidental de liquidación se recauden nuevas pruebas para
acreditar su valor, resulta complejo o casi imposible determinarlo para el
momento en que sucedieron los hechos, pues se trata de unos bienes que se
hurtaron, aunado al hecho de que no existe información sobre las
características específicas del ganado perdido.
(…) en este caso particular la valoración del daño alegado, consistente en la
pérdida de ganado (daño emergente), se tasará de acuerdo con el siguiente
criterio:
Aunque no se acreditó con exactitud el número de cabezas de ganado que
se perdió con ocasión de la ocupación de las FARC, para efectos de la
liquidación en este caso particular resulta razonable tener como referente el
número de 875 reses, cantidad reportada en el “REGISTRO ÚNICO DE
VACUNACIÓN ANTIAFTOSA No. 2136821” para el 21 de diciembre 2000, fecha
que es la más cercana a la ocurrencia del hurto de ganado (junio de 2001).
(…)
Con el propósito de determinar el valor de esas 875 reses, de las cuales se
conoce su categoría, sexo y edad, la Subsección se apoyará en las
resoluciones que expide anualmente el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural con la finalidad de fijar el precio del ganado bovino para efectos
tributarios de cada vigencia fiscal, referente que ya ha sido tenido en cuenta
por la Sección Tercera de esta Corporación para liquidar esta clase de
indemnizaciones.
En efecto, en la Resolución No. 00013 del 14 de enero de 2002 se fijó un
parámetro objetivo en lo concerniente a “(…) los precios del ganado bovino
para efectos tributarios correspondientes a la vigencia fiscal del año 2001 [año
en el que ocurrió la pérdida de ganado] (…)” (énfasis añadido). En dicho acto
administrativo el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural estableció el precio
de los semovientes dependiendo de su categoría, de su sexo y de su edad;
también tuvo en cuenta factores como la ubicación geográfica de los
semovientes, lo cual atiende a un esquema de zonificación departamental. En
este caso particular, de conformidad con el artículo 2 de dicha resolución, la

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zona aplicable para el ejercicio liquidatorio que aquí se adelantará es la V,
pues las reses hurtadas estaban localizadas en el departamento del Caquetá.
(…)
De acuerdo con los datos obrantes en este proceso en relación con la
categoría, la edad y el sexo de los semovientes hurtados -según el registro de
vacunación ya referido-, la Sala cotejará dicha información con la clasificación
y los precios que oficialmente, para efectos tributarios, fijó el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural para el ganado bovino, específicamente en la
vigencia fiscal 2001, porque en dicha anualidad fue que se materializó la
pérdida de los semovientes cuya indemnización se reclama en la demanda
objeto de estudio.”.

33. Se puede advertir entonces que la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado hizo una valoración adecuada de las
pruebas que obraban en el proceso para tasar el daño emergente e hizo
uso de un criterio que también ha sido utilizado por esta subsección en
situaciones similares, con el fin de obtener una condena en concreto.

34. Ahora, si bien durante el proceso de reparación directa fue aportado
un dictamen pericial para calcular el valor de los perjuicios sufridos por la
demandante, este fue desestimado por el juez de primera instancia porque
carecía de soportes, decisión que no fue objeto del recurso de apelación
que desencadenó la decisión de segunda instancia, razón por la que no
fue tenido en cuenta para liquidar los perjuicios en esta última providencia.
En todo caso, la Sala no se pronunciará sobre el dictamen pericial de 14 de
agosto de 2023 que fue aportado con la acción de tutela y que se pretende
sea valorado por el juez de la reparación, por tratarse de una prueba
posterior a la decisión objeto de tutela -4 de julio de 2023-.

35. Por otro lado, en lo que tiene que ver con los perjuicios morales, la
Sala encuentra que la Subsección A sí valoró los testimonios y conceptos
técnicos aportados al proceso, de manera que concluyó (se trascribe):

“La Sección Tercera de esta Corporación ha sostenido que es posible el
reconocimiento de perjuicios morales por situaciones diferentes a la pérdida de
seres queridos o lesiones personales, por ejemplo, por afectación a bienes, por
incumplimiento de obligaciones o por mal funcionamiento de la Administración
de Justicia, entre otros; sin embargo, también se ha indicado que dichos
perjuicios no se presumen y, por ende, su reconocimiento solo procede cuando
se acrediten.
En efecto, revisados los testimonios de los señores Juan Carlos Pujana Motta y
Omar García Castillo, ha de concluirse que no señalaron algún tipo de
padecimiento, sufrimiento, angustia o dolor moral que hubiera experimentado
la señora Turbay Cote, como consecuencia del hurto de su ganado. Además,
en este punto se recuerda que las declaraciones extrajuicio de los señores José
Ignacio León y González Rodrigo Rojas Orozco, por no ser ratificadas en este
proceso judicial, no pueden ser valoradas por carecer de eficacia probatoria.
Es cierto que en el expediente obra un concepto de un sicólogo sobre el estado
de la aquí actora, en el cual se dictamina acerca de la depresión que sufrió
por el secuestro y la pérdida de su hermano; sin embargo, como se observa,
esa prueba documental no es conclusiva frente a la afectación que habría
padecido la señora Turbay Cote por la pérdida del ganado, que es por lo que
se demanda en este asunto, de manera que no hay lugar al reconocimiento

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Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Niega
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de perjuicios morales, por lo que se revocará en este aspecto el fallo de primera
instancia y así quedará consignado en la parte resolutiva de este fallo.”.

36. Logra entreverse entonces que la autoridad judicial accionada no
encontró acreditados los perjuicios morales solicitados en la demanda de
reparación, a partir de una valoración adecuada de los medios de prueba
que fueron aportados6. Por lo anterior, esta Sala concluye que no existió
defecto fáctico alguno ya que la decisión cuestionada se basó en un
estudio racional del caso, a partir del cual logró establecerse que no se
vulneraron los derechos de la demandante en su condición de mujer
víctima del conflicto armado, pues el material probatorio fue valorado en
su totalidad y se analizó con base en el ordenamiento jurídico. Si bien los
hechos demandados se desarrollaron en el marco del conflicto armado del
cual fue víctima la demandante y su familia, la decisión reprochada hizo un
estudio del caso de acuerdo con las pretensiones de la demanda7.

37. En resumen, la decisión de la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, bajo los argumentos planteados por la parte actora, no
merece reproche alguno desde el punto de vista constitucional, toda vez
que, en efecto, en la providencia cuestionada se expuso de manera
razonada, a partir de la valoración de los hechos materiales, los motivos que
conllevaron a adoptar la decisión y el hecho de que las conclusiones
probatorias de la Subsección A sean distintas a las esperadas por la parte
actora, no da lugar a que se estructure el defecto fáctico.

38. En relación con el desconocimiento del precedente constitucional, es
necesario precisar que, la aplicación del precedente judicial en un caso
determinado, encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la
Corte Constitucional, según el cual, la actividad interpretativa que se realiza
con fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al
respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone
necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se
encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para

6 La Sala pone de presente que los testimonios aportados hacen una relación de los bienes que conformaban la

hacienda “La Estrella” para el año 2001, su extensión y actividades productivas que en ella se realizaban y el
concepto sicológico hace referencia a los padecimientos que la demandante sufrió con ocasión de la muerte
violenta de sus familiares, hechos que no fueron objeto de la demanda, tal como se señala en la sentencia
enjuiciada.
7 Lo anterior se constata al revisar las pretensiones dentro del proceso de reparación directa iniciado por la parte

actora que fueron (se trascribe): “1o. Que la Nación, Presidencia de la República-Ministerio de Defensa Nacional,
es administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales causados a la señora CONSTANZA JUDITH
ALFONSINA TURBAY COTE, como consecuencia de la falla del servicio por omisión de la Administración al no haber
cumplido el deber de desplegar acción estatal como se señala en el acápite "Il. Hechos y Omisiones, numerales
4°, 5°, 6°, 10, 11 y 12', ante la ocupación de hecho por las Fuerzas Revolucionarias de Colombia -FARC- de la
(Hacienda "La Estrella", ubicada en la Inspección Guacamayas, Municipio de San Vicente del Caguán,
Departamento del Caquetá, conjuntamente con su maquinarla e implementos, mil ciento ocho (1.108) cabezas
de ganado y otros semovientes.
2o. Condenar, en consecuencia, a la Nación Colombiana, Presidencia de la República-Ministerio de Defensa
Nacional, como reparación del daño ocasionado con su omisión, a pagar a la actora o a quien represente
legalmente sus derechos, los perjuicios de orden material (daño emergente, lucro cesante) y moral (subjetivos), los
cuales se estiman como mínimo, de acuerdo al acápite cuantía, en la suma de mil ochocientos treinta y ocho
millones, treinta mil pesos ($1.838'030.000), o conforme a lo que resulte probado dentro del proceso.”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07576-00
Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Niega
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el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía
(precedente vertical) o por el mismo juez (precedente horizontal).

39. En concordancia, la sentencia invocada no constituía precedente
para la sentencia enjuiciada al momento de su expedición, porque tiene
supuestos de hecho diferentes al caso bajo estudio. La Sentencia SU-254 de
2013 trata de varias acciones de tutela presentadas en contra de la Agencia
Presidencial para la Acción Social, hoy Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social, por la presunta vulneración del derecho fundamental
a la reparación integral y como parte de este, a la indemnización pronta,
adecuada y efectiva de los daños y perjuicios causados por el
desplazamiento forzado. Sin embargo, el caso bajo estudio no busca la
reparación de los daños y perjuicios ocasionados por el desplazamiento
forzado sino de los daños y perjuicios sufridos por la ocupación ilegal de una
propiedad por parte del grupo FARC.

40. En ese sentido, si bien los hechos objeto de la demanda de reparación
directa se desarrollaron bajo el contexto del conflicto armado como en el
caso de la Sentencia Su 254 de 2013, no resulta constitucionalmente
admisible que la parte accionante pida la aplicación análoga de un caso
que tiene situaciones de hecho y de derecho sustancialmente diferentes
con la providencia objeto de la acción de tutela.

2.5. Conclusión

41. Por lo anterior, la Sala negará la solicitud de amparo por encontrar
que, en la Sentencia enjuiciada, no se configuró un defecto fáctico ni un
desconocimiento del precedente.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo de tutela solicitada por
Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote, por las razones señaladas en la
parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07576-00
Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Niega
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recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin8.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

8 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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