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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07595-01

Fecha
26 de abril de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07595-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 15 de febrero de 2024, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 38 Página 56 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, ubicado en el índice 2 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: E73AA9072C7E8297 49F6414D0EDC425B EF15B48E73C8BC13 0A969B461AA05A3F. 39 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009. 40 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 12 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2023-07595-01 Accionante: Gladys Pastrana Gutiérrez

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-07595-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

26 de abril de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07595-01
Accionante: Gladys Pastrana Gutiérrez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., veintiséis (26) de abril dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 11001-03-15-000-2023-07595-01
Accionante: Gladys Pastrana Gutiérrez
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D y Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de Tutela
Subtema 1. Requisitos de procedibilidad.
Subtema 2. Relevancia constitucional. Improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentó la parte accionante, por medio de
apoderada, en contra de la sentencia del 15 de febrero de 2024 proferida por la
Sección Cuarta de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de tutela

Gladys Pastrana Gutiérrez por medio de apoderada1, formuló solicitud de amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia, a la seguridad social y al mínimo vital, que consideró vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D y el
Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, con ocasión de varias
providencias dictadas dentro la acción de lesividad que promovió en su contra la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP, identificada con radicado número 25000-23-42-
000-2019-00515-01.

1.2. Hechos probados

1.2.1. La Caja Nacional de Previsión Social - CAJANAL mediante Resolución 59276
del 4 de diciembre de 2008 reconoció a la señora Gladys Pastrana Gutiérrez la
pensión de vejez en un porcentaje del 75% promedio salarial de los últimos diez
(10) años de servicio.

Luego, por orden de tutela, expidió la Resolución PAP 054807 del 25 de mayo de
2011 mediante la que reliquidó la pensión de la señora Pastrana Gutiérrez por el
75% de los factores devengados en el último semestre de servicio y con inclusión
de la asignación básica y la prima técnica2.

Posteriormente, por Resolución UGM 041813 del 3 de abril de 2012, adicionó a la
Resolución 054807 del 25 de mayo de 2011 y ordenó realizar los descuentos por
aportes no realizados sobre los factores tenidos en cuenta para la reliquidación de
la pensión de la señora Pastrana Gutiérrez.
1
Archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI,
identificado con certificado C068ACA6CB172FE0 A3DD6D0D6592D5C9 416ADA4DBAD81B17
ACDA3183DDDD556E.
2
Orden de tutela dictada por el Juzgado 47 Penal del Circuito de Bogotá en sentencia del 4 de
diciembre de 2008.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 1
www.consejodeestado.gov.co

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Accionante: Gladys Pastrana Gutiérrez

Finalmente por medio de Resolución RDP 044475 del 25 de septiembre de 2013,
reliquidó la pensión de la señora Pastrana Gutiérrez por el 75% del promedio de los
salarios devengados en el último semestre de servicio, con inclusión de los factores
de bonificación por servicios prestados, las primas de navidad, servicio, vacaciones
y técnica, y el quinquenio.

1.2.2. La señora Gladys Pastrana Gutiérrez por medio de apoderado, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho solicitó declarar
la nulidad de las Resoluciones 59276 del 4 de diciembre de 2008, PAP 54807 del
25 de mayo de 2011 y UGM 41813 del 3 de abril de 2012 y a título de
restablecimiento del derecho, la reliquidación de la pensión con la inclusión de todos
los factores salariales devengados durante el último semestre de servicios de
acuerdo con la totalidad del valor certificado por cada uno y dividiéndolos en seis
partes para calcular el promedio mensual.

1.2.2.1. El asunto le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A que, mediante sentencia del 10 de
diciembre de 2013 declaró probada la excepción de cosa juzgada con base en el
fallo de tutela del 6 de agosto de 2009 dictado por el Juzgado 47 Penal del Circuito
de Bogotá.

1.2.2.2. Inconforme con la decisión radicó recurso de apelación que le correspondió
resolver a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado 3 que,
mediante sentencia del 27 de agosto de 20204 revocó la decisión de primera
instancia y en su lugar declaró la nulidad parcial de la Resolución PAP 54807 del 25
de mayo de 2011. A título de restablecimiento del derecho, ordenó reajustar la
pensión de la demandante con la inclusión de la asignación básica, la prima técnica
y la bonificación por servicios prestados.

1.2.3. La UGPP en ejercicio de la acción de lesividad interpuso demanda en contra
de Gladys Pastrana Gutiérrez orientada a obtener la declaración de nulidad de las
Resoluciones PAP 054807 del 25 de mayo de 2011, UGM 041813 del 3 de abril de
2012 y RDP 044475 del 25 de septiembre de 2013 y a título de restablecimiento del
derecho solicitó que la pensión de la señora Gladys Pastrana Gutiérrez fuera
liquidada con el 75% del promedio de lo devengado durante los últimos 10 años de
servicio, con inclusión únicamente de los factores establecidos en el Decreto 1158
de 1994 y con orden de devolución de las sumas pagadas en exceso. También
solicitó la suspensión provisional de los actos administrativos cuestionados.

1.2.3.1. El asunto le correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D que5, en un primer escenario mediante auto del 8
de septiembre de 20206, decretó la suspensión provisional de los actos
demandados y ordenó a la UGPP “emitir, de forma inmediata, un nuevo acto
administrativo que reconozca la pensión de vejez, sin que haya solución de
continuidad, bajo las condiciones establecidas en el Decreto 929 de 1976, Ley 100
de 1993 y Decreto 1158 de 1994, restaurando de forma provisional, el orden jurídico
vigente, mientras se profiere la decisión definitiva que resuelva de fondo el asunto”7.

3
Proceso ordinario identificado con radicado número 25000-23-42-000-2012-01788-01 (1869-2014).
4
Archivo electrónico ubicado en el índice 23 del expediente digital de nulidad y restablecimiento del
derecho en segunda instancia con radicado 25000-23-42-000-2012-01788-01 (1869-2014) en el
aplicativo SAMAI, identificado con certificado 42733377CE5C69B8 E54CAB73CE9A90A8
4DF0EE0A5488037B 802220CB7D43DAEB.
5
Proceso ordinario identificado con radicado número 25000-23-42-000-2019-00515-00.
6
Página 15 del archivo electrónico nombrado “03 Resuelve MC” que contiene el expediente del
proceso con radicado número 25000-23-42-000-2019-00515-00, ubicado en el índice 16 del
expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado AF1E4E8B70C4A9B8
03245929A2CECA0E 55FB37502F9E0E60 82D2C94F04E43E6D.
7
Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto
original.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 2
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07595-01
Accionante: Gladys Pastrana Gutiérrez

La parte actora apeló y por auto del 14 de octubre de 2020, fue concedido el recurso
de apelación en el efecto devolutivo8.

1.2.3.2. Luego, la referida autoridad mediante sentencia del 6 de mayo de 2021 9,
dispuso el levantamiento de la medida cautelar decretada y accedió parcialmente a
las pretensiones por lo que, declaró la nulidad parcial de los actos administrativos
cuestionados y ordenó que la pensión de la causante fuera liquidada por el 75% del
promedio salarial de los últimos 10 años de servicio. Consideró que respecto de los
factores a incluir se configuró cosa juzgada de conformidad con la sentencia del 27
de agosto de 2020 dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B por lo que solo debían incluirse para la reliquidación, la asignación básica, la prima
técnica y la bonificación por servicios prestados.

1.2.3.3. Gladys Pastrana Gutiérrez presentó recurso de apelación en contra de la
sentencia del 6 de mayo de 2021 dictada por la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que, sostuvo que
también operó la cosa juzgada respecto del periodo base de liquidación y que, por
ende, se debió liquidar con el promedio de los últimos 6 meses de servicio.

1.2.3.4. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A mediante auto del
14 de octubre de 202110 modificó la medida cautelar y dispuso “declarar la
suspensión provisional de los efectos derivados de la Resolución RDP 044475 del
25 de septiembre de 2013, por medio de la cual la UGPP reliquidó la pensión de
jubilación reconocida a favor de la demandada en un 75% del promedio de todos
los factores salariales percibidos por esta durante el último semestre de labor
oficial”11.

1.2.3.5. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A mediante sentencia
del 24 de agosto de 202312 confirmó el fallo del 6 de mayo de 2021 dictado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D al
considerar que, en efecto, para la liquidación pensional debía tomase el promedio
de los últimos 10 años de servicio y que la cosa juzgada solo ocurrió respecto de
los factores a incluir en la liquidación.

8
Recurso de apelación asignado en reparto al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, identificado con radicado número 25000-23-42-000-2019-00515-01 (1316-2021), en el índice 1
del aplicativo SAMAI.
9
Páginas 2 a 25 del archivo electrónico que contiene los anexos del escrito de tutela, ubicado en el
índice 2 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado
99AC4DE07748B33F 03A232D4EA4CB081 F2AC04F5EA2F36CB 4536F59CA3ABFA7C.
10
Archivo electrónico ubicado en el expediente digital del proceso identificado con radicado número
25000-23-42-000-2019-00515-01 (1316-2021), en el índice 5 del aplicativo SAMAI, identificado con
certificado: 3A6558A1B478EE0A 4A76C5CF5D0906F3 DCBC12A8540C22AB 751734B683B45D22.
11
Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto
original.
12
Páginas 26 a 37 del archivo electrónico que contiene los anexos del escrito de tutela, ubicado en
el índice 2 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con
certificado 99AC4DE07748B33F 03A232D4EA4CB081 F2AC04F5EA2F36CB
4536F59CA3ABFA7C. Ver también archivo electrónico ubicado en el expediente digital del proceso
identificado con radicado número 25000-23-42-000-2019-00515-02, en el índice 14 del aplicativo
SAMAI, identificado con certificado: 7CCF4FC93FB2C128 93D37E9E3B81035E
6821C813D4DC6FDD F26D369C05EBCC82.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 3
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07595-01
Accionante: Gladys Pastrana Gutiérrez

1.3. Pretensiones y argumentos de la solicitud de tutela

1.3.1. La accionante en su escrito de tutela y posterior escrito de subsanación13
solicitó al juez constitucional14, amparar sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa y a la contradicción, al mínimo vital y móvil, a la seguridad
social y los principios de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica y, en
consecuencia ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D y al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
dictar las decisiones necesarias para restablecer sus derechos fundamentales.

1.3.2. La señora Pastrana Gutiérrez adujo que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Segunda, Subsección D y el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A vulneraron sus garantías fundamentales dado que15:

i) En las providencias del 8 de septiembre de 2020 y 14 de octubre de 2021 aplicaron
indebidamente la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 dictada por la
Sala Plena del Consejo de Estado ya que esta última no tiene efectos retroactivos
ni puede tenerse en cuenta para reconocimientos pensionales de hace mas de 10
años.

ii) En las sentencias del 6 de mayo de 2021 y 24 de agosto de 2023 no se tuvo en
cuenta que estaba configurada la cosa juzgada respecto del periodo base de
liquidación pensional y en ese orden, lo procedente era mantener la liquidación por
el promedio de los últimos 6 meses de servicio.

De otra parte, la accionante también adujo la configuración de los defectos
procedimental, fáctico, sustantivo, decisión sin motivación y violación directa de la
constitución ya que a su juicio las decisiones objeto de tutela fueron dictadas sin
tener en cuenta el procedimiento establecido para el caso concreto, el acervo
probatorio allegado al proceso, además de carecer de fundamentos y una razonada
motivación respecto de la normativa y el precedente jurisprudencial aplicable.

1.4. Trámite de tutela e intervenciones en primera instancia

1.4.1. La Sección Cuarta de esta Corporación mediante auto del 12 de enero
inadmitió la solicitud y requirió a la parte accionante para que la subsanara16.

Una vez la parte accionante allegó escrito de subsanación17, mediante auto del 25
de enero de 202418 el Despacho Ponente admitió la solicitud, ordenó la vinculación
en calidad de tercero con interés de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, requirió
copia magnética del expediente con radicado número 25000-23-42-000- 2019-

13
Archivo electrónico que contiene el escrito de subsanación de tutela, ubicado en el índice 9 del
expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado
42B3E3BB9D8F8950 6EAE208A59CCFFF4 7C600F1724967364 C2DE4B702FD216A2.
14
Página 25 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, ubicado en el índice 2 del
expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado
D7E44E996F0C3AA6 D3F237635E3F617F 80E01AC5E8CFB187 A4FF93640117943E.
15
Archivo electrónico que contiene el escrito de subsanación de tutela, ubicado en el índice 9 del
expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado
42B3E3BB9D8F8950 6EAE208A59CCFFF4 7C600F1724967364 C2DE4B702FD216A2.
16
Archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela en el índice 5 del aplicativo SAMAI,
identificado con certificado 0A09A7C38D1CE626 E0F7EB3242B41794 9D5B9258422F0980
FC1E53A3E7090B58.
17
Archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela en el índice 9 del aplicativo SAMAI,
identificado con certificado 42B3E3BB9D8F8950 6EAE208A59CCFFF4 7C600F1724967364
C2DE4B702FD216A2.
18
Archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela en el índice 11 del aplicativo SAMAI,
identificado con certificado 6CE671884E117782 88C9C8E0FABC5754 5BDF9A2554F5536A
61658B94F73795D3.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 4
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07595-01
Accionante: Gladys Pastrana Gutiérrez

00515-01, decretó como pruebas los documentos aportados como anexos y ordenó
la notificación a las partes y vinculados.

1.4.2. Surtidas las notificaciones, recibió respuesta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D19 que también remitió el
expediente ordinario solicitado20 y de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP21.

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A guardó silencio.

1.4.2.1 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, a través de la magistrada titular del despacho, adujo que la
providencia objeto de tutela fue dictada de conformidad con el procedimiento
establecido, con aplicación del supuesto legal aplicable al asunto y en concordancia
con el acervo probatorio allegado al expediente, por lo que, la solicitud se tornaba
improcedente.

Agregó que la parte accionante pretendía utilizar la acción constitucional con un
mecanismo adicional para que fueran reconocidas sus pretensiones, sin tener en
cuenta su carácter subsidiario.

1.4.2.2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP a través de su
representante legal, expuso los antecedentes administrativos relacionados al
expediente de la aquí accionante en los siguientes términos22:

“Que mediante Resolución No. 59276 del 04 de diciembre de 2008, la extinta
CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL, reconoce pensión de vejez
a favor de la señora PASTRANA GUTIÉRREZ GLADYS, en cuantía de
$1.756.868.69 M/CTE, efectiva a partir del 16 de agosto de 2008, condicionada a
demostrar retiro definitivo del servicio.

Que mediante Resolución No. PAP 054807 del 25 de mayo de 2011, la extinta
CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL, reliquido la pensión de vejez
de la señora PASTRANA GUTIÉRREZ GLADYS, elevando la cuantía de la misma
a la suma de $2.476.847 M/CTE, efectiva a partir del 15 de octubre de 2008.

Que mediante Resolución No. UGM 041813 del 03 de abril de 2012, la extinta
CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL, adiciono la Resolución No.
PAP 054807 del 25 de mayo de 2011, en el sentido de ordenar el cobro de aportes
debidos por la entidad empleadora y por la señora PASTRANA GUTIÉRREZ
GLADYS ya identificada.

Que mediante Resolución No. RDP 044475 del 25 de septiembre de 2013, esta
entidad reliquido la pensión de vejez de la señora PASTRANA GUTIÉRREZ
GLADYS, elevando la cuantía de esta a la suma de $4.572.281 M/CTE, efectiva a

19
Archivos electrónicos ubicados en el expediente digital de tutela en el índice 17 del aplicativo
SAMAI, identificados con certificados 128B016412D68654 FE56E435F01CA42A
415354208774D5AE D57D8C78F4E0D3BA y 76817A54B81D86AF 786A6C08D52C005B
C12446C8CB7535D3 365EB8F05F83DD84.
20
Archivos electrónicos ubicados en el expediente digital de tutela en el índice 16 del aplicativo
SAMAI, identificados con certificados AF1E4E8B70C4A9B8 03245929A2CECA0E
55FB37502F9E0E60 82D2C94F04E43E6D y 1040BD7036373C13 B8DC73BFF2C0DC08
BD9E5A6B6B9C3954 27238190B2A05369.
21
Archivos electrónicos ubicados en el expediente digital de tutela en el índice 15 del aplicativo
SAMAI, identificados con certificados 4F43EF5D53A3C8AC A90C72652E42E104
4103284BC1B62B2A D8214A363DF0F83A y D7C96DFE554A2C71 88B89297EB71AC8E
66DDD6B4AA55E8FF 76C28A1EFA884105.
22
Páginas 2 a 4 del archivo electrónico nombrado “2024110000208631_1706723017286-
2024110000208631”, ubicado en el índice 15 del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI,
identificado con certificado 4F43EF5D53A3C8AC A90C72652E42E104 4103284BC1B62B2A
D8214A363DF0F83A.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 5
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07595-01
Accionante: Gladys Pastrana Gutiérrez

partir del 15 de octubre de 2008 pero con efectos fiscales a partir del 03 de
septiembre de 2010 por prescripción trienal. (…)”23.

Luego, sostuvo que de conformidad con los antecedentes administrativos
relacionados, la solicitud de amparo no expuso la configuración de un perjuicio
irremediable dado que, la accionante actualmente devenga una pensión mensual y
puede acceder al servicio de salud.

Agregó que la accionante pretende usar la acción de tutela como un mecanismo
adicional para obtener un nuevo estudio del caso ya resuelto por el juez natural de
la causa, y así reclamar un reconocimiento pensional como si se tratara de una
instancia adicional.

1.5. Sentencia de primera instancia

La Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia del 15 de febrero de 202424,
declaró improcedente la solicitud por considerar que no superó el requisito de
relevancia constitucional.

En primer lugar, adujo que no era procedente pronunciarse respecto de los
cuestionamientos relacionados con los autos del 8 de septiembre de 2020 y 14 de
octubre de 2021 que decretaron la suspensión provisional de los efectos de los
actos de reconocimiento pensional a la accionante, dado que lo ordenado fue
suspendido con ocasión de la sentencia del 6 de mayo de 2021 dictada dentro del
proceso de lesividad objeto de estudio en sede de tutela.

En segundo lugar, adujo que en el caso concreto los argumentos planteados en el
escrito de tutela y la subsanación eran coincidentes con los propuestos en el
proceso ordinario, ya que en síntesis la accionante insistía en sustentar que estaba
acreditada la cosa juzgada total respecto de los factores salariales y el tiempo de
servicio tenidos en cuenta para la liquidación de la prestación reclamada.

Así, consideró que las sentencias cuestionadas no vulneraron los derechos
fundamentales de la accionante y en contraste las inconformidades planteadas por
la accionante solo daban cuenta de su inconformidad con las decisiones dictadas a
fin de reabrir un debate ya resuelto respecto del alcance de la excepción de cosa
juzgada.

1.6. Impugnación

1.6.1. La parte accionante presentó escrito de impugnación25, en el que manifestó
su inconformidad en los siguientes términos:

Expuso que el juez constitucional de primera instancia erró al dictar un fallo
incongruente dado que no tuvo en cuenta los hechos narrados en el escrito de tutela
que en síntesis se refieren al proceso que promovió la UGPP en su contra y que
estuvo orientado a obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos
que ordenaron la reliquidación de su mesada pensional con el 75% de los factores
salariales devengados durante los últimos 6 meses de servicio.

Reiteró que, las decisiones objeto de tutela fueron dictadas con base en
jurisprudencia que no tenía efectos retroactivos y que en ese sentido las autoridades
cuestionadas desconocieron el principio de cosa juzgada respecto del fallo de tutela

23
Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto
original.
24
Archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela en el índice 20 del aplicativo SAMAI,
identificado con certificado 108ECCEDCE1F066C 66627BADE46EC751 25E1DC624E6D5F2C
D356D1CB55A21635.
25
Apartado 1.5.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07595-01
Accionante: Gladys Pastrana Gutiérrez

dictado por el Juzgado 47 Penal del Circuito de Bogotá y la decisión que la confirmó,
proferida por el Consejo de Estado dentro del proceso ordinario.

Agregó que, la providencia fue dictada con varias impresiones respecto de los
hechos y resaltó que su pretensión no era dirimir una controversia con base en
cuestiones fácticas o de derecho, sino el amparo de sus garantías fundamentales.

Insistió que, el principio de cosa juzgada es de naturaleza procesal por lo que en el
asunto, las decisiones dictadas por las autoridades cuestionadas desconocen tal
presupuesto constitucional y en ese sentido el asunto goza de relevancia
constitucional, por lo que es procedente la intervención del juez de tutela a fin de
garantizar sus derechos fundamentales.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y en el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2.2. Procedibilidad de la acción

Como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional y particularmente la
sistematización realizada en la sentencia C-590 de 2005, en los casos en que la
solicitud de amparo se dirige contra una providencia judicial, es pertinente realizar,
primero, un examen de procedibilidad general26 para, luego, en caso de resultar
superado dicho estudio, pasar a hacer el pronunciamiento de fondo en el que se
resuelva el problema jurídico, en los términos del defecto enunciado por la
accionante conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.

2.2.1. La legitimación en la causa por activa de Gladys Pastrana Gutiérrez se
encuentra acreditada, en la medida en que actuó como parte demandada en el
proceso de lesividad que es objeto de estudio en esta instancia constitucional.

También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el Consejo
de Estado, Sección Segunda Subsección A es la autoridad que, como juez del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, profirió la providencia
que hoy se revisa.

En este punto, la Sala considera pertinente aclarar que aun cuando los
cuestionamientos de la accionante van dirigidos en contra de las sentencias
proferidas en primera y segunda instancia dentro la acción de lesividad promovida
mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que fue
formulada en su contra, lo cierto es que, el estudio de la solicitud de amparo incoada
se efectuará respecto de la sentencia del 24 de agosto de 2023 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, por ser esta decisión la que
dio fin a la controversia en concordancia con el requisito de inmediatez.
26
Antes que todo es necesario (i) verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar
en cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos
generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (ii) que en la solicitud de tutela se expresen
de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la
decisión judicial; (iii) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (iv) que previo a
la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la
persona afectada; (v) que se cumpla con el principio de inmediatez; (vi) que en caso de que se alegue
una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; y de manera general,
(vii) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de
tutela.
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Accionante: Gladys Pastrana Gutiérrez

2.2.2. Respecto del requisito de inmediatez y en concordancia con el numeral
anterior, la Sala coincide con los argumentos planteados por el juez constitucional
de primera instancia dado que, si bien la parte accionante en su escrito de
subsanación de tutela indicó que la solicitud también estaba dirigida a cuestionar
los autos del 8 de septiembre de 2020 y el 14 de octubre de 2021 dictados por
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, y el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, respectivamente, lo cierto es
que, estos no pueden ser objeto de estudio ya que por un lado, sus efectos fueron
anulados con ocasión de la sentencia que puso fin a la controversia y, de otro lado,
porque, en principio, no cumplen el requisito de oportunidad dispuesto para la acción
de tutela contra providencias judiciales, en los términos de inmediatez.

2. 2.2.3. El requisito de relevancia constitucional exige que los argumentos de la
solicitud de amparo estén dirigidos a exponer las razones por las que el
cuestionamiento a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende
de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria27, a una cuestión con
relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional
concreto28. Así, son improcedentes los argumentos destinados a proponer fórmulas
que habrían podido ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario, o reiterar las ya
expuestas en este, toda vez que, como lo ha establecido la Corte Constitucional, “la
función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del
procedimiento judicial que se cuestiona, pues ello desconocería la competencia y
finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como
su autonomía funcional” 29.

En suma, el requisito de relevancia constitucional persigue tres fines: (i) preservar
la competencia y la independencia de los falladores ordinarios y, así, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad30; (ii) restringir el
ejercicio del amparo a cuestiones que afecten los derechos fundamentales de las
personas, e (iii) impedir que la tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales31.

27
Por supuesto, el fallador de tutela requiere examinar que, de esos asuntos legales, no se
desprendan violaciones a los derechos y deberes constitucionales, pues, de ser así, adquieren
relevancia constitucional inmediata. Corte Constitucional. Sentencia T-1031 de 2001, citada por la
Corte Constitucional en las sentencias T-114 de 2002 y T-136 de 2015.
28
Sentencia C-590 de 2005. Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión
cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas,
podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se
presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando
el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en
normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es
víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del
precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone
de manera preferente la aplicación de sus postulados.
29
Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
30
Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de
2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012,
T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014, citadas en la sentencia T-422 de
2018.
31
“[T]eniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera
instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la
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Accionante: Gladys Pastrana Gutiérrez

La Sala revisará a continuación los argumentos expuestos en los antecedentes de
esta providencia, a partir de los parámetros constitucionales fijados y de
conformidad con el requisito de relevancia constitucional. Solo en caso de
encontrarlos satisfechos, continuará con el estudio de las demás exigencias de
procedibilidad, y si hay lugar a ello, a emitir un pronunciamiento de fondo en lo que
corresponda.

2.4.1. En el presente asunto los argumentos que presenta la señora Gladys
Pastrana Gutiérrez para considerar que la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales, son aquellos igualmente
enunciados en el trámite del proceso ordinario. Así lo pudo determinar la Sala de
Subsección al realizar el comparativo de fundamentos en el recurso de apelación
que interpuso en calidad de parte demandada en el proceso de lesividad, la
presente solicitud de amparo, su respectiva subsanación y el escrito de
impugnación, como se pasará a exponer.

En efecto, la aquí accionante ha sido consistente en sus argumentos respecto del
derecho a la reliquidación de su pensión con base en el promedio de los factores
salariales devengados durante los últimos 6 meses de servicio e insiste en que el
asunto goza de cosa juzgada, dado que tal liquidación ya había sido ordenada por
un juez constitucional y cuestiona la aplicación de la sentencia de unificación del 28
de agosto de 2018 dictada por esta Corporación.

2.4.1.1. Ahora bien, de la revisión de la sentencia del 24 de agosto de 2023 objeto
de tutela, la Sala pudo verificar que, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en primer lugar planteó como problema jurídico “establecer si en
el presente asunto se configuró la cosa juzgada total respecto a lo decidido por esta
jurisdicción en el proceso con radicación 25000-23-42-000-2012-01788-01 (1869-
2014), específicamente respecto del periodo de liquidación de la pensión de vejez
de la demandada como beneficiaria del régimen de transición.”32.

Para dar solución al problema jurídico planteado, sustentó su decisión, teniendo
como parámetros de base, en primer lugar, la normativa y jurisprudencia aplicable
al asunto concreto, así: i) para establecer la configuración de la cosa juzgada es
necesario que se acrediten, entre otros, los elementos dispuestos en el artículo 303
del CGP ii) el Consejo de Estado durante varios años expuso como tesis que el
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 disponía tener en cuenta
la edad, el tiempo de servicios y todos los factores devengados durante el último
año de servicios para calcular el IBL; iii) luego, la Corte Constitucional en sentencias
C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-247 de 2016 además de numerosos fallos
posteriores, estableció que el régimen de transición no dispone tomar el último año
de servicio y todos los factores devengados, sino que debe tenerse en cuenta lo
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y iv) el Consejo de Estado en
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 explicó la aplicación del régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental” Corte
Constitucional. Sentencia T-422 de 2018.
32
Página 29 del archivo electrónico que contiene los anexos de tutela, ubicado en el índice 2 del
expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 99AC4DE07748B33F
03A232D4EA4CB081 F2AC04F5EA2F36CB 4536F59CA3ABFA7C. Esta es una trascripción literal.
Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original. Apartado 1.2.2.2.
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Accionante: Gladys Pastrana Gutiérrez

En esa línea, citó textualmente las reglas y subreglas de unificación de la sentencia
de unificación dictada por el Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018, así33:

“(…)

La regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada en la referida
sentencia de unificación es:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.».

En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las
pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en
los siguientes términos:

«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10)
años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base
en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida
el DANE.».

La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.».

Finalmente, y para el caso concreto de los beneficiarios del régimen de transición
quienes estuvieren cobijados por el Decreto 929 de 1976, esta Sección en sentencia
de unificación CE-SUJ-SII-020-2020 del 11 de junio de 2020 previó como regla que
su ingreso base de liquidación correspondería a las variables previstas en los
artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y frente a los factores se atendería le regla
de cotización regulada en el Decreto 1158 de 199434. (…)”35.

En segundo lugar, para el caso concreto precisó que la pretensión de la recurrente
y aquí accionante era que se declarara “la cosa juzgada total respecto de lo decidido
por la Subsección B del Consejo de Estado en Sentencia del 27 de agosto de 2020
que ordenó a la UGPP reliquidar la pensión (…) con la inclusión de la asignación
básica, la prima técnica y la bonificación por servicios prestados”36, esto porque, la
33
Páginas 33 y 34 del archivo electrónico que contiene los anexos de tutela, ubicado en el índice 2
del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 99AC4DE07748B33F
03A232D4EA4CB081 F2AC04F5EA2F36CB 4536F59CA3ABFA7C.
34
Cita original: “ La sentencia de unificación resolvió: «PRIMERO: Sentar jurisprudencia en la sección
segunda del Consejo de Estado, para señalar que el ingreso base de liquidación de las pensiones
reconocidas con los requisitos del Decreto 929 de 1976 en virtud del régimen de transición de la Ley
100 de 1993, en cuanto al periodo corresponde a las variables previstas en los artículos 21 y 36 de
esta norma; y respecto a los factores, atenderá la regla de cotización contemplada en el artículo 1º
del Decreto 1158 de 1994.
SEGUNDO: Señalar que el efecto de la presente sentencia de unificación será retrospectivo y, por
ende, la regla jurisprudencial fijada es vinculante para los casos pendientes de decisión tanto en vía
administrativa como en sede judicial, en la forma dispuesta en la parte motiva. En tal virtud, los
conflictos judiciales ya resueltos, esto es, amparados por la cosa juzgada, resultan inmodificables.».
35
Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto
original.
36
Página 34 del archivo electrónico que contiene los anexos de tutela, ubicado en el índice 2 del
expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 99AC4DE07748B33F
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sentencia “no solo se pronunció respecto de los factores a incluir en el IBL, sino que
también precisó que el periodo de liquidación eran los seis meses anteriores al retiro
definitivo del servicio, de modo que el tribunal erró en su decisión pues no podía
modificarse como se hizo en este caso”37.

Así, la autoridad cuestionada estimó que no estaba configurada la cosa juzgada
total, ya que, pese a que ambos asuntos estaban encaminados a determinar la
liquidación de la pensión con base en lo devengado durante el ultimo semestre de
servicio, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la
sentencia del 27 de agosto de 2020, negó la pretensión y reconoció exclusivamente
la inclusión de los factores establecidos en el Decreto 1158 de 1994. Explicó que en
el referido fallo quedó claro que no era dable acceder a reliquidar la pensión con la
totalidad de los factores devengados en el ultimo semestre dado que no era un
parámetro jurisprudencial vigente, en cambio si tenía derecho a la inclusión de la
bonificación por servicios prestados. También resaltó que la asignación básica y la
prima técnica ya habían sido computados para la liquidación de la pensión
reclamada.

Agregó que, conforme al acervo probatorio allegado al expediente, a la demandada
y aquí accionante, le hacían falta mas de 10 años para consolidar su derecho
pensional, por lo que, debía aplicarse lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de
1993, y en ese orden, la prestación reclamada debía liquidarse con el promedio de
los últimos 10 años de servicio.

Por lo hasta aquí expuesto, es viable colegir que, la accionante se limitó a manifestar
su desacuerdo en relación con las razones planteadas, la jurisprudencia y la
normatividad acogida por la autoridad cuestionada, sin que sus argumentos
trascendieran de la controversia propia de la causa ordinaria a una cuestión
iusfundamental en los términos de los defectos establecidos por la jurisprudencia
constitucional para acciones de tutela contra providencias judiciales, de tal forma
que se pueda determinar que la decisión judicial cuestionada fue proferida con
fundamento en una norma que no fuera aplicable, o que pese a la autonomía
judicial, la aplicación de la jurisprudencia relacionada al caso concreto no estuviera
dentro del margen de interpretación razonable de forma claramente perjudicial para
los intereses legítimos de los intervinientes, por lo que, en consecuencia, no es
posible asumir el estudio de fondo propuesto por la parte actora, pues de hacerlo
estaría invadiendo la órbita de competencia del juez natural y desconociendo la
autonomía judicial.

En este punto, es preciso aclarar que, la configuración del defecto por
desconocimiento del precedente exige que la accionante vincule la falta de
aplicación de una regla jurisprudencial con la violación de una garantía fundamental
o, en otros términos, que explique con suficiencia el por qué el precedente con
identidad fáctica y jurídica era aplicable en su caso y de qué forma la inobservancia
de tales consideraciones o reglas jurisprudenciales afectaron sus garantías
fundamentales, lo que no ocurrió en este caso.

Respecto de la vulneración al derecho a la igualdad, en tanto la accionante aduce
que la autoridad cuestionada no tuvo en cuenta varios precedentes
jurisprudenciales para acceder a la liquidación de la prestación reclamada en los
términos planteados en sede constitucional, cabe resaltar que, la sola mención del
cargo, no es suficiente para determinar la procedencia de la acción de tutela contra

03A232D4EA4CB081 F2AC04F5EA2F36CB 4536F59CA3ABFA7C. Esta es una trascripción literal.
Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original. Apartado 1.2.2.2.
37
Página 35 del archivo electrónico que contiene los anexos de tutela, ubicado en el índice 2 del
expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 99AC4DE07748B33F
03A232D4EA4CB081 F2AC04F5EA2F36CB 4536F59CA3ABFA7C. Esta es una trascripción literal.
Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 11
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providencias judiciales ni la configuración del defecto por violación directa de la
Constitución en los términos establecidos por la Corte Constitucional. En ese
escenario, tal requisito no se traduce en una demostración efectiva, pero si exige
que la parte accionante explique o aporte elementos suficientes tales como: (i) su
existencia, (ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para
entender acreditado el requisito de relevancia constitucional. Así, los argumentos
aquí expuestos no explican de qué forma la autoridad cuestionada incurrió en un
defecto por violación directa de la Constitución por inobservancia del precedente
jurisprudencial y que se traduzca en la vulneración del derecho a la igualdad, dado
que la accionante no expuso los asuntos relacionados o similares a su caso, y de
qué forma fueron inobservados y en todo caso tales argumentos no fueron
planteados en la oportunidad procesal pertinente para que el juez de la causa
tuviera la oportunidad de estudiarlos y debatir su pertinencia en el caso bajo
estudio38.

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo de carácter excepcional,
para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental y
entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que,
su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin
que ello implique, como lo pretende la aquí accionante, un nuevo estudio del caso
como si fuera una instancia adicional a las ya surtidas. El juicio que realiza el juez
en sede de tutela es de validez y no de corrección de la decisión cuestionada39, lo
que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la
discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho, que
se resolvieron en el curso del proceso ordinario40.

En suma, la solicitud incoada por la señora Gladys Pastrana Gutiérrez no cumple el
requisito de relevancia constitucional, por lo que la Sala confirmará la decisión
dictada el 15 de febrero de 2024 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado por
las razones expuestas en esta providencia.

III.DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 15 de febrero de 2024, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

38
Página 56 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, ubicado en el índice
2 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado:
E73AA9072C7E8297 49F6414D0EDC425B EF15B48E73C8BC13 0A969B461AA05A3F.
39
Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
40
Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.
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Accionante: Gladys Pastrana Gutiérrez

Notifíquese y cúmplase,

NICOLÁS YEPES CORRALES WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de Sala Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Firmado electrónicamente
DSR

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