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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07599-01

Fecha
4 de abril de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07599-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 29 de enero de 2024, proferida por la Sección Tercera - Subsección “B” del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-07599-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

4 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07599-01
Accionantes: YONIS HOBANES CALDERÍN VARILLA Y OTROS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se revoca el fallo
impugnado - Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con
el requisito general de relevancia constitucional y subsidiariedad.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por los accionantes contra la sentencia
de 29 de enero de 2024, proferida por la Sección Tercera - Subsección “B” del
Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Los señores Yonis Hobanes Calderín Varilla, Santiago Calderín Luna, Santiago
Calderín Pacheco, Iris del Carmen Varilla Pérez y Sonia Luna Molina, a través de
apoderado judicial, solicitaron el amparo de su derecho fundamental al debido
proceso, cuya vulneración le atribuyeron a la sentencia de 14 de julio de 2023,
proferida por la Sección Tercera - Subsección “A” del Consejo de Estado dentro del
medio de control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 25000-23-26-000-2010-00642-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Adujeron que promovieron la demanda de reparación directa núm. 250002326-
000-2010-00642-00/01 en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación con el
fin de que se repararan los daños y perjuicios ocasionados con la privación injusta de
la libertad del señor Yonis Hobanes Calderín Varilla.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Accionantes: Yonis Hobanes Calderín Varilla y otros

2.2. Precisaron que la Sección Tercera - Subsección “C” de Descongestión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 19 de noviembre de 2015,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó a la Fiscalía
General de la Nación a pagar a los demandantes lo siguiente por concepto de:

“[…] Perjuicios morales

2.1. Por daño moral, a favor de las siguientes personas y por los montos
establecidos a continuación:

Yonys Hobanes Calderin Varilla (privado de la 35 SMMLV
libertad)
Santiago Calderin Pacheco (padre) 35 SMMLV
Iris del Carmen Varilla Pérez (madre) 35 SMMLV
Sonia Luna Molina (esposa) 35 SMMLV
Santiago Calderin Luna (hijo) 35 SMMLV

2.2 Por lucro cesante se reconocerá en favor del demandante, Yonys Hobanes
Calderín Varilla, la suma de ($2’183.986.46) DOS MILLONES CIENTO
OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON
CUARENTA Y SEIS CENTAVOS por concepto de lucro cesante […]”. [Negrilla
original del texto]

2.3. Indicaron
que junto a la parte demandada interpusieron recurso de apelación
contra dicha decisión y que la Sección Tercera - Subsección “A” del Consejo de
Estado, a través de la sentencia de 14 de julio de 2023, modificó los valores
reconocidos como indemnización de perjuicios así:

“[…] Por concepto de perjuicios morales:

2.1. Por daño moral, a favor de las siguientes personas y por los montos
establecidos a continuación:

Yonys Hobanes Calderin Varilla Víctima directa 5,66 SMMLV
Santiago Calderin Luna Hijo 2,83 SMMLV
Santiago Calderin Pacheco Madre 2,83 SMMLV
Iris del Carmen Varilla Pérez Padre 2,83 SMMLV
Sonia Luna Molina Cónyuge 2,83 SMMLV

El monto del salario mínimo legal mensual será el que se encuentre vigente a la
fecha de ejecutoria de la presente sentencia.

2.2 Por lucro cesante se reconocerá en favor del demandante, Yonys Hobanes
Calderín Varilla, la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y
TRES CENTAVOS ($3’338.746,53). […]”

2.4. Señalaron
que la sentencia de 14 de julio de 2023 vulneró su derecho
fundamental al debido proceso al incurrir en un defecto fáctico, en un
desconocimiento del precedente y en una violación directa de la Constitución.

2.5. Refirió que la sentencia objeto de esta acción contiene los siguientes errores: i) se
omitió el tiempo de detención del accionante, el cual transcurrió entre el 18 de abril y

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Accionantes: Yonis Hobanes Calderín Varilla y otros

el 3 de junio de 2008; ii) la autoridad judicial incurrió en extralimitación de sus
funciones al disminuir el monto de los perjuicios morales fijados en primera instancia;
iii) se afectó al apelante único frente al monto de los perjuicios morales y iv) se
desconoció la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 20211.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso
establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, por
configurarse un defecto fáctico, desconocimiento del precedente y violación
directa a la constitución y la ley.

SEGUNDO: DECLARAR, que la sentencia calendada 14 de julio de 2023
proferida dentro del medio de control de reparación directa con radicado No.
25000-23-26-000- 2010-00642-01 (58.473) que conoció la SECCIÓN
TERCERA SUBSECCIÓN A – SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, providencia que fue
notificada por edicto 11 de agosto de este mismo año, vulnera el debido
proceso por presentarse defecto fáctico, desconocimiento del precedente y
violación directa a la constitución y la ley.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SECCIÓN
TERCERA SUBSECCIÓN A – SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, que emita una sentencia de
reemplazo, en la que se mantenga la providencia de primera instancia, respecto
de los perjuicios morales reconocidos a los accionantes o en su defecto, se
aumenten los mismo en virtud de la apelación presentada si a ello hubiere lugar.

CUARTO: Se tutele cualquier otro derecho fundamental que se considere
vulnerado […]”. [Negrilla original del texto y mayúscula original del texto]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 11 de enero de 2024, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso de la Sección Tercera - Subsección B del Consejo de Estado admitió
la presente acción de tutela. Asimismo, ordenó notificar en calidad de terceros con
interés directo en el resultado del proceso a la Nación - Rama Judicial y Fiscalía
General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegó el siguiente informe:

1
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia de 29 de noviembre de
2021, Expediente Núm. 18001-23-31-000-2006-00178-01. (46.681), C.P. Martín Bermúdez Muñoz.

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Accionantes: Yonis Hobanes Calderín Varilla y otros

6. La Fiscalía General de la Nación solicitó se declare la improcedencia de la
presente acción de tutela, por no cumplir con el requisito general de subsidiariedad,
toda vez que el actor no justificó por qué no resultaba idóneo el recurso
extraordinario de revisión para amparar sus derechos fundamentales.

7. De otro lado señaló que la parte accionante
no sustentó la configuración del
defecto fáctico en el que presuntamente habría incurrido la autoridad judicial
accionada.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

8. Mediante sentencia de tutela de 29 de enero de 2024, la Sección Tercera
Subsección “B” del Consejo de Estado negó el amparo del derecho fundamental al
debido proceso al considerar que la autoridad judicial accionada “[…] no incurrió en
los defectos alegados […]”.

9. El a quo concluyó frente al defecto fáctico que “[…] dicho defecto no se configuró,
pues la autoridad accionada sí realizó una valoración integral de las pruebas
allegadas al proceso de reparación directa […]”.

10. En cuanto al defecto por violación directa de la Constitución afirmó que “[…] la
autoridad judicial accionada no incurrió en violación directa de la constitución, pues
la parte demandante no obró como apelante único […]”. Refirió que la Fiscalía
General de la Nación también presentó recurso de apelación contra el fallo de
primera instancia, situación que habilitó al juez de segunda instancia a estudiar los
cargos atacados en los recursos “[…] lo que podría implicar (i) conceder perjuicios
que fueron negados; (ii) confirmar la condena establecida en la decisión de primera
instancia y/o disminuir e, incluso, revocar la indemnización de perjuicios concedida
en primera instancia […]”

11. Finalmente concluyó que "[…] [n]o se incurrió en desconocimiento de las reglas
jurisprudenciales, en tanto la autoridad judicial accionada dio aplicación a la
sentencia del 29 de noviembre de 2021 […] para cuantificar los perjuicios morales
de los accionantes […]” y encontró que no fueron probadas las circunstancias de
gravedad excepcional que permitieran aumentar la indemnización de perjuicios.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

12. La parte accionante impugnó la providencia de primera instancia, al considerar que los
fundamentos de dicha decisión no eran ciertos y para ello reiteró los defectos expuestos
en el escrito inicial de tutela, por lo que solicitó que se revoque la sentencia para que, en
su lugar, se acceda a las pretensiones de la acción de tutela.

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Accionantes: Yonis Hobanes Calderín Varilla y otros

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

13. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19912,
en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20153,
modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20214, y el artículo 13
del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195.

VIII.2. Problemas jurídicos

14. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al
juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado,
modificado o revocado6, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá:

b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró el derecho fundamental
invocado por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en un
defecto fáctico, en un desconocimiento del precedente y en una violación
directa de la Constitución.

15. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a (ii) resolver
el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y cuando se superen los
requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

16. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de
31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las
acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos
fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su
propia jurisprudencia.

2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

6

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Accionantes: Yonis Hobanes Calderín Varilla y otros

17. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

18. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

19. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.

20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.

21. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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22. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación,
en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-
02201-01.

VIII.4. El caso concreto

23. Los señores Yonis Hobanes Calderín Varilla, Santiago Calderín Luna, Santiago
Calderín Pacheco, Iris del Carmen Varilla Pérez y Sonia Luna Molina, a través de
apoderado judicial, solicitaron el amparo de su derecho fundamental al debido
proceso, cuya vulneración le atribuyeron a la sentencia de 14 de julio de 2023,
proferida por la Sección Tercera - Subsección “A” del Consejo de Estado dentro del
medio de control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 25000-23-26-000-2010-00642-00/01.

24. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de relevancia constitucional.

VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

25. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental11 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones12.

26. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales13, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces14.

27. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación15, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción

11
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
12
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
13
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
14
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
15
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07599-01
Accionantes: Yonis Hobanes Calderín Varilla y otros

de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto]

28. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202216 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

16
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

9

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Accionantes: Yonis Hobanes Calderín Varilla y otros

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas
contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de
derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos
arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones económicas, la
Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se
advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la
protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante
los jueces ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]

29. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202317.

30. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el accionante se pueda
concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la
discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto
de la mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación
judicial que no involucre derechos fundamentales18.

31. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.

32. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró su
derecho fundamental al debido proceso por haber incurrido, presuntamente, en un
defecto fáctico, en un desconocimiento del precedente jurisprudencial y en una
violación directa de la Constitución.

17
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07599-01
Accionantes: Yonis Hobanes Calderín Varilla y otros

33. Señalaron que, la sentencia enjuiciada contiene los siguientes errores: i) se omitió
el tiempo de detención del accionante, el cual transcurrió entre el 18 de abril y el 3 de
junio de 2008; ii) la autoridad judicial incurrió en extralimitación de sus funciones al
disminuir el monto de los perjuicios morales fijados en primera instancia; iii) se afectó
al apelante único frente al monto de los perjuicios morales y iv) se desconoció la
sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021.

34. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional, ii) el asunto a debatir es de naturaleza económica y iii) la parte
accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia y busca
reabrir la discusión que fue resuelta por el juez natural.

35. Además, se observa que tampoco se cumple con el requisito de subsidiariedad
frente a los argumentos relacionados con que la autoridad judicial incurrió en
extralimitación de sus funciones al disminuir el monto de los perjuicios morales
fijados en primera instancia y desconoció el principio de non reformatio in pejus.

36. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales”.

37. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce
que le fue desconocido su derecho fundamental al debido proceso, lo cierto es que
no existe un desarrollo argumentativo en el que se expliquen las razones por las
que considera que se afectó en forma desproporcionada el núcleo esencial de ese
derecho, con ocasión de la expedición de la providencia objeto de esta acción.

38. Aunado a lo señalado, se considera que la parte accionante no está exponiendo
que la providencia cuestionada haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que
el motivo de su inconformidad consiste en que la decisión adoptada por el juez de
segunda instancia, en el proceso contencioso, disminuyó el ítem indemnizatorio de
los perjuicios morales y del lucro cesante.

39. En este punto, se observa que la discusión expuesta en esta instancia
constitucional fue analizada por la Sección Tercera – Subsección “A” del Consejo
de Estado en la providencia cuestionada:

“[…] 2.3. De la apelación de la parte actora: indemnización de perjuicios

[…] [C]uando ambas partes -demandante y demandada- apelan. Este caso no
puede entenderse como una habilitación plena para que el ad quem defina el
asunto sin sujeción a lo dicho por el a quo o a los argumentos invocados por

11

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Accionantes: Yonis Hobanes Calderín Varilla y otros

las partes que apelaron19, sino como una circunstancia ante la cual no resulta
aplicable, como en los eventos anteriores, la garantía constitucional de la de la
non reformatio in pejus.

[…]

Entonces, al ad quem le corresponde estudiar, únicamente, los cargos que
fueron atacados en los respectivos recursos de apelación, lo que puede
implicar: (i) conceder perjuicios que fueron negados; (ii) confirmar la condena
del a quo, y/o (iii) disminuir e, incluso, revocar la indemnización de perjuicios
concedida en primera instancia.

[…]

2.3.1. En el acápite de los perjuicios morales

[…]

El recurso de la parte actora tiene como propósito que se aumenten las
indemnizaciones reconocidas en primera instancia, en favor de cada uno de los
demandantes -de la víctima directa, sus padres, su hijo y su cónyuge-, porque,
a su juicio, no guardan proporción con el grave perjuicio que sufrieron estas
personas.

Además, sostuvo que, para reconocer este monto, el a quo solo tuvo en cuenta
el tiempo que se extendió la privación de la libertad y que omitió el análisis de
otros aspectos, tales como “las condiciones en las cuales se hizo efectiva la
privación de la libertad, esto es si se cumplió a través de reclusión en centro
carcelario o detención domiciliaria; la gravedad del delito por el cual fue
investigado y/o acusado el sindicado [y] la posición y prestigio social de quien
fue privado de la libertad”.

De cara a la resolución de este reparo, debe indicarse que en aplicación de la
sentencia de unificación del 29 de noviembre de 202120, proferida por la Sala
Plena de esta Sección, lo procedente, en esta instancia, es modificar la
indemnización reconocida en la primera instancia, pero no para aumentarla sino
para reducirla, por dos razones.

La primera, que atendiendo a la sentencia de unificación mencionada y a la
fórmula que se consigna a pie de página, lo que le corresponde a la víctima
directa Yonys Hobanes Calderín Varilla es el equivalente a 5,66 SMLMV21.
monto inferior al reconocido por el a quo.

La segunda, que, aunque en virtud de la providencia de unificación del 29 de
noviembre de 2021 sí es posible inferir la causación de perjuicios morales para
el hijo -Santiago Calderín Luna-, los padres -Santiago Calderín Pacheco e Iris
del Carmen Varilla Pérez- y la cónyuge -Sonia Luna Molina- de Yonys Hobanes
Calderín Varilla, a tales víctimas indirectas les corresponde un 50% de lo
reconocido en favor del directamente afectado, es decir, la suma equivalente a
2,83 SMLMV.
19
“Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de junio de
2016, exp. 39.808”
20
“Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 29 de noviembre
de 2021, expediente 46.681, M.P. Martín Bermúdez Muñoz.”
21
“PM = (número de meses x 5 SMMLV -valor por cada mes que la víctima directa estuvo privada de la libertad-) + (fracción
adicional de días x 0,166 SMMLV -monto por cada día adicional al último mes transcurrido-)
PM = (1 meses x 5 SMMLV) + (20 días x 0,166 SMMLV)
PM = 5 SMMLV+ 0,66 SMMLV
PM = 5,66 SMMLV”

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Accionantes: Yonis Hobanes Calderín Varilla y otros

Lo anterior porque, según el criterio unificado de esta Sección, la privación de
la libertad, para el que la padece, implica sobrellevar una situación de hecho
permanente -no poder realizar sus labores cotidianas; no vivir en su casa de
habitación; no estar con sus seres queridos; no poder circular libremente; no
poder autodeterminarse; y convivir con desconocidos-, luego, la intensidad del
perjuicio de quien fue el sujeto de la restricción de su libertad es mayor a la de
aquellos que no padecieron personalmente la detención, en este caso,
Santiago Calderín Luna, Santiago Calderín Pacheco, Iris del Carmen Varilla
Pérez y Sonia Luna Molina.

En lo relacionado con los aspectos que, a juicio del recurrente, debían
examinarse por esta Sala -como las condiciones en las cuales se hizo efectiva
la privación de la libertad del actor, la gravedad del delito por el cual fue
investigado y su posición social de quien- debe precisarse que el cálculo del
perjuicio moral de la víctima directa y de las indirectas se realiza atendiendo a
las nuevas reglas para su reconocimiento en los eventos de privación injusta
de la libertad, parámetros que resultan aplicables al presente caso, según las
consideraciones expuestas en la sentencia de unificación del 29 de noviembre
de 202122.

No sobra agregar que aunque en esa decisión sí se dijo que los topes
establecidos podían ser superados, ello solo ocurriría cuando se acreditaran
circunstancias que evidenciaran una gravedad o una intensidad excepcional en
el perjuicio moral sufrido por el detenido o por las víctimas indirectas de la
detención, sin que advierta esta Sala algún medio probatorio que dé cuenta, en
este caso, de circunstancias particulares afrontadas con ocasión de la
detención y/o relacionadas con el delito de concierto para delinquir, por el cual
fue investigado Yonys Hobanes Calderín Varilla, que ameriten el
reconocimiento de una indemnización superior.

[…]

2.3.2. El a quo negó lo solicitado por concepto de “daño a la vida de relación”,
para lo cual se limitó a consignar que “no esta[ban] acreditad[os] dentro del
proceso los perjuicios que h[ubieren] sufrido los demandantes [y] que e[ra]
necesario que tales daños [fuer]an probados”.

[…]

Debe decirse que no existen motivos específicos de inconformidad que le
permitan a la Subsección hacer un análisis diferente al realizado en primera
instancia por el Tribunal. El argumento del recurrente parte de la base de que
la privación de la libertad del actor afectó sus condiciones de existencia y la de
sus familiares más cercanos, pero no hace alusión a prueba alguna que dé
cuenta de esa supuesta afectación a los bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados de Yonys Hobanes Calderín Varilla y/o de los
demás demandantes.

Es cierto que la parte actora aseguró que medió una afectación al buen nombre,
honra y/o prestigio de los actores, pero no encuentra la Sala ninguna prueba
que dé cuenta de este aspecto, y no es posible inferir una afectación de este
bien o derecho convencional y/o constitucionalmente amparado, pues, como se
22
“Al respecto, la Sala sostuvo:
(…) En relación con la determinación de los topes máximos por perjuicios morales y la forma de calcularlos, la sentencia será
aplicada de inmediato. Aunque como quedó explicado anteriormente no es posible dar un valor pecuniario a los perjuicios
morales, es entonces necesario que, mediante sentencia de unificación con carácter vinculante, se determinen sus topes
máximos, con base en criterios generales de proporcionalidad.”

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Accionantes: Yonis Hobanes Calderín Varilla y otros

vio, se debía demostrar, de forma cierta, su ocurrencia para que procediera su
reconocimiento, según la jurisprudencia de esta Corporación.

[…]

2.3.3. En el acápite de los perjuicios por lucro cesante, el Tribunal de
primera instancia le reconoció a Yonys Hobanes Calderín Varilla la suma de
$2’183.986,46.

La indemnización tuvo en cuenta una “certificación de ingresos y retenciones
del año gravable 2007”, proferida por el Ejército Nacional, de la que se extrae
que devengaba un salario mensual de $817.008. El Tribunal aplicó un
incremento correspondiente al 25% por concepto de prestaciones sociales y
después efectuó la respectiva actualización; operación que arrojó, como base
de liquidación, la suma de $1’315.854,23.

La parte demandante indicó, en su recurso de apelación, que “deb[ía] tener[se]
en cuenta que la carrera profesional fue truncada (…) [y que] por esto que se
le deb[ían] reconocer los salarios dejados de devengar por un término
prudencial de 5 años”, porque el señor Calderín Varilla perdió la posibilidad de
tener una “asignación de retiro”.

Como se explicó en el acápite 2.2., no procede el análisis de las pretensiones
económicas solicitadas por el retiro de Yonys Hobanes Calderín Varilla de las
fuerzas militares, porque (i) no se demandó al Ejército Nacional y (ii) la
pretensión de reparación directa no era el mecanismo procesal idóneo para
ventilar esa reclamación. En línea con lo anterior, la Sala procede a actualizar
la suma reconocida con el fallo apelado:

Ra = Rh ($2’183.986,46) índice final – junio/23 (133,78)45
índice inicial – noviembre/15 (87,51)46
Ra = $3’338.746,53

2.1.3. En conclusión, la sentencia de primera instancia será modificada,
después de reducir los perjuicios morales en favor de los demandantes y de
actualizar el reconocimiento económico fijado en primera instancia, por lucro
cesante […]” [Negrilla original del texto y cursiva original del texto].

40. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por el juez contencioso y no se observa que la decisión
proferida en sede ordinaria hubiese sido arbitraria o, se hubiesen desconocido los
derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del medio de control.

41. De hecho, lo que se aprecia es que el juez realizó un estudio exhaustivo del
material probatorio recaudado, aplicó la sentencia de unificación de 29 de
noviembre de 202123 y concluyó que “[…] lo procedente, en esta instancia, es
modificar la indemnización reconocida en la primera instancia, pero no para
aumentarla sino para reducirla […]”.

42. En este punto, vale la pena señalar que de conformidad con los principios de libre
valoración de la prueba, autonomía e independencia judicial (artículos 228 y 230 de

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 29 de noviembre
de 2021, expediente 46.681, M.P. Martín Bermúdez Muñoz.

14

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07599-01
Accionantes: Yonis Hobanes Calderín Varilla y otros

la Constitución Política), los jueces gozan de amplias facultades para valorar las
pruebas dentro del proceso. En ese sentido, es al juez natural de la causa a quien le
corresponde determinar el valor de cada medio de prueba, bajo las reglas de la sana
crítica.

43. De ahí que la posibilidad de cuestionar una providencia judicial por una
inconformidad con la valoración de las pruebas solo tiene cabida cuando la decisión
contenga errores graves, que desconozcan los principios de la sana crítica. Esta
oportunidad lo perseguido por las accionantes es controvertir el análisis probatorio
efectuado por el juez contencioso, lo que claramente constituye una desnaturalización
de este mecanismo, en tanto que está siendo utilizado como una tercera instancia.

44. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado”24.

45. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este
“mecanismo de amparo constitucional” no puede ser “[…] utilizado indebidamente
como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de
interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”; ya que en “el
marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las decisiones de los
jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos […]”25. En esa
medida, “[s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara arbitrariedad
judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra providencias
judiciales”26.

46. Sin perjuicio de lo anterior, se observa que los argumentos relacionados con la
extralimitación del juez de segunda instancia y la vulneración del principio de non
reformatio in pejus, buscan controvertir la congruencia de la sentencia de 14 de julio
de 2023. Este asunto es susceptible de plantearse a través del recurso
extraordinario de revisión, como en efecto lo ha precisado esta Sala en las
sentencias de 16 de febrero de 202327, 10 de octubre de 202228 y 25 de febrero de
202229.

47. Con fundamento en los anteriores razonamientos, esta Sección revocará el fallo
impugnado y en su lugar se declarará improcedente la acción de tutela por no
cumplir con los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad, como se
dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

24
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
25
Ibidem.
26
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
27
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de febrero de 2023. Exp. N°
11001-03-15-000-2023-6776-00. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de octubre de 2022, Exp. N°
11001-03-15-000-2022-03629-01. C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de febrero de 2022, Exp. N°
110010315000 2021 02296 01. C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón.

15

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07599-01
Accionantes: Yonis Hobanes Calderín Varilla y otros

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 29 de enero de 2024, proferida por la
Sección Tercera - Subsección “B” del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Ausente con permiso

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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