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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07603-00

Fecha
15 de febrero de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07603-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela que presentó el actor contra las autoridades judiciales accionadas, por las razones expuestas en la 27 Núm. único de radicación: 110010315000202307603-00 Actor: Municipio de Floridablanca parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-07603-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

15 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202307603-00
Actor: Municipio de Floridablanca
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro1

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedibilidad de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad y iii) acceso
a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el Municipio de Floridablanca
contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Noveno Administrativo
Oral del Circuito de Bucaramanga.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Santander y el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga,

1 Juzgado Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga

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Núm. único de radicación: 110010315000202307603-00
Actor: Municipio de Floridablanca

porque, a su juicio: i) el Tribunal, al proferir la sentencia de 7 de julio de 2023; y ii)
el Juzgado, al proferir la sentencia de 31 de marzo de 2022, en el proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con
el número único de radicación 680013333009201800474-02, vulneraron sus
derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, los señores Myriam Leiva de Oviedo, Myriam Julieth Poveda
Oviedo, Andary Julieth Poveda Oviedo y Jhoan Sebastián Poveda Oviedo
presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra
el Municipio de Floridablanca, con el fin de que se declarara administrativamente
responsable por los perjuicios que le fueron ocasionados por el incumplimiento al
ordinal séptimo de la sentencia T-109 de 20152, proferida por la Corte
Constitucional, mediante la cual se amparó el derecho a la vivienda digna de los
accionantes y se ordenó a dicho Municipio a culminar un proyecto de vivienda para
los demandantes y demás ciudadanos en igualdad de condiciones.

4. Señaló que, el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de
Bucaramanga, mediante sentencia de 31 de marzo de 2022, accedió a las
pretensiones de la demanda.

5. Manifestó que, el Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia
de 7 de julio de 2023, resolvió:

“[…] PRIMERO: AVOCAR el conocimiento del presente proceso, por parte del
Despacho 009 a cargo de la Magistrada Ponente, conforme lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de fecha 31 de marzo de 2022, proferida por
el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, por las
razones expuestas en esta providencia.

2 Corte Constitucional, sentencia T-109 de 25 de marzo de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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Núm. único de radicación: 110010315000202307603-00
Actor: Municipio de Floridablanca

TERCERO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandada, a
favor de la demandante, conforme lo expuesto en la parte considerativa de esta
providencia. […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] En el siguiente cuadro se relacionan las actuaciones que, de acuerdo con el
precitado numeral, debía ejecutar el municipio de Floridablanca y se verificará si se
atendieron conforme lo ordenado:

ORDEN JUDICIAL TÉRMINO CUMPLIMIENTO
Atender, responder y 45 días después de No se evidencia
enmendar en lo que sea la notificación de la
necesario, en el término providencia.
de 45 días siguientes a la
notificación de esta
providencia, las
observaciones
realizadas por los
evaluadores de Findeter
el pasado mes de febrero
con respecto al proyecto
inmobiliario Villa “Cerros
de la Florida”, para lograr
que el mismo sea
considerado viable y
declarado como
habilitado
Presentar, dentro de los En los tres meses No se evidencia
tres meses siguientes a siguientes a la
la notificación de esta notificación de la
providencia, un providencia.
cronograma detallado de
trabajo, con el
correspondiente soporte
presupuestal y los
responsables
debidamente
identificados.
Culminar un proyecto de En el término de un No se evidencia
vivienda social digno año y medio máximo
para los accionantes y a partir de la
demás ciudadanos en notificación de la
igualdad de condiciones. providencia
La propuesta que No aplicó término En proceso, a la fecha se
presenta la entidad específico. mantienen las condiciones
territorial deberá fijadas en el proyecto inicial.
respetar en la mayor
medida posible las
condiciones originales
de la oferta habitacional
ofrecida en el año 2007,
es decir, mantener
características similares

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Núm. único de radicación: 110010315000202307603-00
Actor: Municipio de Floridablanca

de metraje de las
habitaciones,
especificaciones de
acabados y el valor del
ahorro programado
exigible.
De surgir alguna No aplicó término En proceso, las
modificación esta específico. modificaciones incluidas
solamente será válida cumplen con la condición de
siempre que sea para mantener la oferta inicial y
mejorar las condiciones modificarla solo en aras de
de la oferta inicial. mejorar la misma
Cualquier sobrecosto No aplicó término No se ha configurado a la
deberá ser asumido por específico. fecha el posible sobrecosto
la administración por cuanto está en proceso
municipal y los recursos de ejecución el cumplimiento
que ésta pueda de la orden.
gestionar con las demás
entidades públicas del
orden nacional,

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que el municipio de Floridablanca y el
Banco Inmobiliario de Floridablanca, no lograron ejecutar las acciones necesarias
para adelantar el proyecto de vivienda en los términos en que fue ordenado. […]”.

[…]

“[…] De conformidad con lo anterior, la Sala concluye que el municipio de
Floridablanca incumplió con la orden impartida, ya que a la fecha no se ha
garantizado el derecho otorgado a los demandantes a la vivienda digna, a través del
proyecto «Villa Renacer», debido a que el daño alegado en la demanda y por el cual
solicitan la reparación, se dio con ocasión a un incumplimiento de la orden judicial,
lo que les ha impedido tener una pronta solución a su problema de vivienda.

Se observa igualmente, que la demanda no está enfocada en el reconocimiento de
un subsidio de vivienda, ni fue promovida con el fin de que a los demandantes se les
entregara una unidad de vivienda, sino para obtener una reparación económica
del daño derivado del incumplimiento al fallo de tutela, en el que quedó
establecido plenamente que: […]”.

[…]

“[…] P.J. 01: Por lo anterior, de la revisión de las pruebas obrantes, y del análisis
efectuado sobre las mismas, la Sala concluye que es evidente que el daño se
concretó ante la imposibilidad de acceder a una vivienda digna en la oportunidad
señalada por la Corte Constitucional en los términos de la Sentencia T-109 de 2015.
Así las cosas, resulta procedente el medio de control ejercido, es decir, la reparación
directa a fin de obtener la indemnización de perjuicios causados por la omisión en el
cumplimiento de la providencia ya citada. […]”.

[…]

“[…] En esa medida, el daño causado a los demandantes es antijurídico por cuanto
se vulneraron sus derechos fundamentales, en especial las reglas del debido

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Núm. único de radicación: 110010315000202307603-00
Actor: Municipio de Floridablanca

proceso atadas al acceso efectivo a la administración de justicia y su dignidad
humana, al dilatar el cumplimiento de la orden contenida en la Sentencia T-105 de
2015 que les otorgó la posibilidad de tener una vivienda en condiciones dignas. Por
ende, ponerlos en situación de incertidumbre significó vulnerar esas garantías
amparadas constitucionalmente […]”.

[…]

“[…] Se advierte entonces, que el hecho generador del daño fue la ejecución tardía
de la administración, que comprometió la garantía de protección efectiva ordenada
y que resultó determinante para que el derecho a la vivienda digna de los
demandantes continuara en un estado incierto y carente de una solución definitiva.

Asimismo, la Sala observa que en el presente caso, procede hacer un juicio o
reproche desde el punto de vista subjetivo –del actuar y de la voluntad de la
administración- frente al incumplimiento de la orden judicial, en línea con lo
establecido en el artículo 90 de la Constitución Política, toda vez que la
responsabilidad del Estado – municipio de Floridablanca – se da por el daño
antijurídico que le es imputable, conforme se analizó en los acápites anteriores
teniendo en cuenta el marco normativo señalado.

Por otro lado, se indicó anteriormente que en el estudio de la falla en el servicio es
viable analizar la responsabilidad de la administración para determinar si se
configura este título de imputación, y una vez vistas las circunstancias que rodearon
la producción del daño que se reclama, y los medios de que disponía el ente territorial
para contrarrestarlo, esta Sala considera acreditada de manera suficiente la tardanza
en la actividad de la administración y por ende el incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el numeral 7 de la Sentencia T-109 de 2015 por parte del municipio
de Floridablanca, sin que se pueda advertir una justificación aceptable. […]”.

[…]

“[…] Ahora bien, la Sala desatará el argumento de apelación referido a la actuación
de la víctima en la producción del daño, pues aun cuando su formulación no tuvo
lugar invocando la configuración del eximente de responsabilidad de la culpa
exclusiva de la víctima en dicho escrito, lo cierto es que este si constituye un
argumento de defensa propuesto desde la contestación de la demanda y son los
fundamentos señalados en el escrito de apelación, que se analiza en forma integral,
los que permiten acometer su análisis de fondo en esta instancia. […]”.

[…]

“[…] De lo anterior, se destaca que no existe soporte documental en el expediente
que dé cuenta de la procedencia de la eximente aducida, y aunado a ello, la entidad
recurrente limita el eximente a la insistencia en la valoración de una prueba, misma
que resulta insuficiente para declarar la existencia del eximente de responsabilidad
alegado.

Con todo, se evidencia finalmente que el oficio reiterado data de enero de 2019, es
decir que fue proferido con posterioridad a la fecha en que, en ejercicio del medio de
control de reparación directa, se solicita la reparación de perjuicios, lo que permite
inferir a la Sala que el mismo fue expedido con ocasión de la reclamación hecha por
la parte actora, por cuanto no puede considerarse como una gestión propia de la
actuación administrativa. […]”. (Resaltado del texto original)

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Núm. único de radicación: 110010315000202307603-00
Actor: Municipio de Floridablanca

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: Amparar los Derechos Fundamentales al Debido Proceso, la
Administración de Justicia y la Igualdad del municipio de Floridablanca, actualmente
vulnerados por las sentencias de primera y segunda instancia emitidas por el
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga y el Tribunal
Administrativo de Santander, respectivamente, dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el radicado No. 68001333300920180047400.

SEGUNDO: Dejar sin efectos las sentencias de primera y segunda instancia emitidas
por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga y el
Tribunal Administrativo de Santander, respectivamente, dentro del medio de control
de reparación directa identificado con el radicado No. 68001333300920180047400.

TERCERO: Ordenar al Tribunal Administrativo de Santander proferir, dentro de un
término prudencial, un nuevo fallo dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el radicado No. 68001333300920180047400, en donde se valoren
las pruebas documentales aportadas junto con la contestación de la demanda del
municipio de Floridablanca referentes a la formulación, ejecución, divulgación y
adjudicación del proyecto de vivienda “Villa Renacer”, las invitaciones directas e
indirectas dirigidas a la señora MYRIAM LEIVA DE OVIEDO y demás beneficiarios
del fallido proyecto “Altos de Bellavista Etapa II y IV” para que se hiciesen parte como
beneficiarios del proyecto “Villa Renacer”, las pruebas que evidencian el
otorgamiento de un subsidio de arrendamiento por parte del municipio de
Floridablanca y en beneficio de la señora MYRIAM LEIVA DE OVIEDO, así como el
principio de congruencia, la teoría de la relatividad de la falla en el servicio
desarrollada por el Consejo de Estado, el precedente del Consejo de Estado en
materia de condena en costas y el respeto por el artículo 287 de la Constitución
Política. […]”.

7. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló lo siguiente:

“[…] 2. El litigio a partir del cual fueron proferidas las sentencias objeto de la presente
acción de tutela tienen origen en el supuesto incumplimiento de ordenes emitidas
por la Corte Constitucional por medio de la Sentencia T-109 de 2015, la cual tiene
especial relevancia constitucional por abordar temáticas tales como el Derecho
Fundamental a la Vivienda, los asentamientos humanos, las obligaciones de las
autoridades públicas con relación a los asentamientos humanos, los proyectos de
vivienda de interés social, el margen de acción de las autoridades públicas
tratándose de ordenes de desalojo o reubicación ante invasiones masivas de predios
públicos, afectando, además, a un número significativo de personas que es difícil de
determinar en tanto la Sentencia T-109 de 2015 fue emitida con efectos inter
comunis, advirtiéndose que para el proyecto de vivienda “Altos de Bellavista Etapas
II y IV” fueron seleccionadas como beneficiarias más de setecientas (700) personas.

[…]

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Núm. único de radicación: 110010315000202307603-00
Actor: Municipio de Floridablanca

“[…] Las irregularidades procesales denunciadas por medio de la presente acción de
tutela hacen referencia a la indebida valoración probatoria de las pruebas
debidamente incorporada al proceso judicial que evidencian el cumplimiento de la
sentencia T-109 de 2015 por parte del municipio de Floridablanca, cuya omisión
repercutió directamente en las decisiones controvertidas pues representaron la
condena injustificada del municipio de Floridablanca.

Así mismo, se alega un desconocimiento del precedente jurisprudencial del Consejo
de Estado respecto de la teoría de la relatividad del servicio que explica que las
autoridades públicas no están obligadas a lo imposible, aspecto el cual, de haberse
tenido en cuenta, especialmente en la sentencia de segunda instancia, habría
resultado en una decisión completamente distinta.

Adicionalmente, se configura un defecto procedimental absoluto en tanto las
autoridades judiciales accionadas actuaron por fuera del procedimiento establecido
para el medio de control de reparación directa, el cual debe guiarse por el principio
de congruencia que imposibilita al Juez contencioso administrativo en el marco del
medio de control de reparación directa a fallar con facultades extra o ultra petita,
defecto en el cual incurren tanto el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
Judicial de Bucaramanga como el Tribunal Administrativo de Santander al reconocer
derechos no solicitados por los demandantes como lo es su inclusión en un nuevo
proyecto de vivienda, aspecto el cual tiene incidencia directa en la decisión de las
sentencias en cuestión […]”.

[…]

“[…] Teniendo en cuenta lo anterior, no cabe duda que tanto el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga como el Tribunal Administrativo
de Santander incurrieron en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria en
tanto, a pesar de haberse aportado junto con la contestación de la demanda del
municipio de Floridablanca más de doscientas pruebas documentales que acreditan
el cumplimiento de la orden séptima de la sentencia T-109 de 2015, las autoridades
judiciales determinaron, de forma verdaderamente caprichosa y sin fundamento
objetivo alguno, que el municipio no había dado cumplimiento a dicha orden judicial
y, por consiguiente, se había vulnerado el Derecho Fundamental a la Vivienda Digna
de los demandantes.

Concretamente se tiene que las autoridades judiciales ignoraron, o no dieron el valor
probatorio correspondiente, a las siguientes pruebas documentales aportadas por el
municipio de Floridablanca junto con el escrito de contestación de la demanda y que
reposan en la carpeta denominada “2. CD ANEXO CONTESTACIÓN” del cuaderno
principal del expediente digital2 y que evidencian las acciones desarrolladas para
dar cumplimiento al numeral séptimo de la sentencia T-109 de 2015, puntualmente
evidenciándose que a la señora MYRIAM LEIVA DE OVIEDO y a su núcleo familiar
se le garantizó su Derecho Fundamental a la Vivienda Digna por parte del municipio
de Floridablanca, asignándosele un subsidio de arriendo e invitándosele, tanto
directa como indirectamente, para que se postulara al proyecto de vivienda “Villa
Renacer”: […]”.

[…]

“[…] Por lo tanto, resulta evidente que las decisiones del Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga y del Tribunal Administrativo de
Santander ignoraron o no otorgaron el valor probatorio correspondiente a las
pruebas documentales referidas, en tanto las mismas evidencian a todas luces que

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Núm. único de radicación: 110010315000202307603-00
Actor: Municipio de Floridablanca

el municipio de Floridablanca sí cumplió con la orden séptima de la Sentencia T-109
de 2006. […]”.

Concretamente, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga se equivoca al valorar el Oficio del 23 de diciembre de 2020, suscrito
por el subdirector de Subsidio Familiar de Vivienda del Ministerio de Vivienda, en
tanto concluye a partir de su lectura que la señora MYRIAM LEIVA DE OVIEDO no
era acreedora de un subsidio de arrendamiento (pág. 14 sentencia primera
instancia), ignorando por completo que dicho oficio sólo se refería a los subsidios
otorgados por el Ministerio de Vivienda, mientras que la señora LEIVA DE OVIEDA
y su núcleo familiar eran acreedores de subsidios de arrendamientos otorgados
directamente por el municipio de Floridablanca. A partir de esta inferencia
equivocada, procede el Despacho a concluir que “los beneficiarios de Altos de
Bellavista, permanecen sin tener solución alguna de vivienda, continúan viviendo en
el terreno que fue denominado con categoría de riesgo, sin ser reubicados según la
orden realizada por la Corte Constitucional” (pág. 14), conclusión la cual contradice
a todas luces el material probatorio anteriormente relacionado.

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Santander valora de forma
descontextualizada el informe de la Procuraduría Provincial de fecha 20 de junio
de 2017, en tanto a partir de este informe concluye […]”.

[…]

“[…] En consecuencia, las autoridades judiciales referidas de forma caprichosa y sin
fundamento alguno deciden comprometer los recursos públicos del municipio de
Floridablanca para la creación de un nuevo proyecto de vivienda en beneficio de una
familia que ni siquiera solicitó su inclusión en un nuevo proyecto de vivienda,
situación la cual se constituye en la configuración del defecto procedimental
absoluto, en tanto, desde la notificación de la demanda hasta la emisión del fallo de
primera instancia, el municipio de Floridablanca como parte demandada no contaba
con la posibilidad de tal condena, consistente en: […]”.

[…]

“[…] En tanto la parte demandante nunca formuló pretensión alguna que si quiera se
asemejase a tales ordenes judiciales. Por el contrario, lo que pretendía la
demandante se circunscribía a una indemnización económica por el supuesto
incumplimiento de la orden séptima de la sentencia T109 de 2015.

Al respecto se advierte que el municipio de Floridablanca no fija los requisitos para
la elegibilidad de los beneficiarios de proyectos de vivienda de interés prioritaria o
social (VIP/VIS), dentro de los cuales se establece que los beneficiarios NO
PUEDEN SER PROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES EN EL TERRITORIO
NACIONAL, según puede corroborarse en la página web oficial del Ministerio de
Vivienda: […]”.
“[…] Así las cosas, y teniendo en cuenta que, como se informó en el recurso de
apelación en contra de la sentencia de primera instancia, ya no existen apartamentos
disponibles en el proyecto de vivienda “Villa Renacer”, la orden quinta de la sentencia
de primera instancia, confirmada en segunda instancia, representa una limitación
exorbitante a la autonomía de la que goza el municipio de Floridablanca para la
gestión de sus intereses y la administración de sus recursos, en tanto la misma
implicaría la formulación, desarrollo y ejecución de todo un nuevo proyecto de
vivienda en beneficio de los demandantes […]”.3

3 Transcripción literal del texto.

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Núm. único de radicación: 110010315000202307603-00
Actor: Municipio de Floridablanca

Actuación

8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 12 de enero de 2024: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo
de Santander y del Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de
Bucaramanga; y iii) vinculó, en calidad de terceros con interés legítimo, a la Nación
– Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a Myriam Leiva
de Oviedo, a Myriam Julieth Poveda Oviedo, a Andary Julieth Poveda Oviedo y a
Jhoan Sebastián Poveda Oviedo concediéndoles el término de tres (3) días para que
rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

9. El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga
solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que:

“[…] Por lo anterior, se analizaron las pruebas bajo la óptica que el cumplimiento de
la sentencia de tutela tenía varios aspectos, puesto que la misma orden de tutela tenía
alternativas de solución, por lo que la estabilidad del terreno no era un eximente válido
de responsabilidad administrativa. Además, se consideró que si desde el año 2015
no se había dado una solución de vivienda para los demandantes, dicha omisión
constituía una falla del servicio, que causó un daño antijurídico a los demandantes,
no solo por la afectación a su derecho de vivienda digna, sino también integridad física
y la vida.

Además, el Despacho analizó las pruebas con que contaba, como por ejemplo que
los demandantes no estaban en los listados de beneficiarios de subsidios, sin que el
Municipio hubiese acreditado que ello obedecía a alguna razón de carácter
administrativo, puesto que únicamente argumentó en sus alegatos que la
demandante era propietaria de un inmueble, sin que ello estuviera probado al interior
del proceso […]”.

[…]

“[…] Para concluir, no es cierto que este Despacho haya incurrido en alguna omisión
en la valoración probatoria, sino que precisamente bajo el análisis de todas las
pruebas recaudadas pudo concluir que la falla en el servicio en que incurrió el
Municipio de Floridablanca fue por omisión en el cumplimiento de la orden impartida
por la Corte Constitucional en una sentencia de tutela, pues no cumplió con los
términos allí previstos.

Además, se profirió una orden en garantía de los derechos a los demandantes, la cual
en últimas ya había sido ordenada por la Corte Constitucional, es decir, en la
sentencia de Reparación Directa se impartió la misma orden contenida en el numeral

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Núm. único de radicación: 110010315000202307603-00
Actor: Municipio de Floridablanca

7º de la Sentencia de tutela T- 109 de 2015 por lo que en ningún momento es violatoria
de los derechos del Municipio de Floridablanca, situación que también fue avalada en
segunda instancia.

Por los anteriores argumentos debe concluirse que la sentencia proferida por este
Juzgado no adolece de ninguno de los defectos fijados jurisprudencialmente en la
Sentencia de Unificación 128 de 2021, para considerar procedente la Acción de Tutela
contra dicha providencia. Además, se evidencia que se pretende utilizar la acción de
tutela como una tercera instancia en este asunto […]”.

10. La señora Myriam Leiva de Oviedo solicitó declarar improcedente la acción
de tutela, por las siguientes razones:

“[…] Al respecto, se tiene que el apelante señala que, de manera reiterada mediante
oficio 061 de enero de 2019, se requirió a la reclamante a fin de exponer las razones
por las cuales no había acudido a la postulación solicitada para el nuevo proyecto de
vivienda como tampoco había allegado documentos para dicha postulación, sobre
ello, se tiene que del material probatorio allegado con la contestación de la demanda
por parte del ente municipal, aun cuando en el oficio señalado se afirma que se
realizaron múltiples reuniones para acceder a la nueva postulación, lo cierto es que i)
el municipio de Floridablanca a través de Resolución expedida en el año 2006 decidió
sobre la inclusión en el proyecto de vivienda inicial, trámite para el que se recolectaron
los documentos pertinentes, los cuales se entiende que reposan en el expediente
administrativo correspondiente, y por ende, dicha carga procesal no puede
trasladarse a la parte actora; y ii) sobre la inasistencia a las reuniones alegadas en la
misiva, no es posible demostrar la renuencia de la reclamante, en tanto que el oficio
per se, no resulta siendo soporte suficiente de la conducta culposa que pueda ser
endilgada al demandante, para dar por probado el eximente en relación con la prueba
que se menciona, máxime cuando en el oficio traído a colación se pretende demostrar
que se otorgó un subsidio de arriendo, más no una renuencia o negligencia que pueda
ser endosada a la parte accionante, de este modo, no es posible afirmar que esta
conducta pueda arrojar la configuración del eximente aducido en la contestación,
comoquiera que el mismo no se encuentra plenamente probado, y dicho subsidio, fue
otorgado durante el tiempo que la demandante no habitaba en el lote únicamente,
según se observa en el informe socioeconómico elaborado por la secretaria de
desarrollo social en el año 20161 , y el mismo solamente fue avalado por el término
de 18 meses inicialmente. Sin embargo, no obran los respectivos soportes de pago
del beneficio anteriormente señalado.

De lo anterior, se destaca que no existe soporte documental en el expediente que dé
cuenta de la procedencia de la eximente aducida, y aunado a ello, la entidad
recurrente limita el eximente a la insistencia en la valoración de una prueba, misma
que resulta insuficiente para declarar la existencia del eximente de responsabilidad
alegado. […]”.

11. El Tribunal Administrativo de Santander, la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, los señores Myriam Julieth Poveda
Oviedo, Andary Julieth Poveda Oviedo y a Jhoan Sebastián Poveda Oviedo
guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

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Núm. único de radicación: 110010315000202307603-00
Actor: Municipio de Floridablanca

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20215 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20196, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

14. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito general de procedibilidad de
relevancia constitucional.

15. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra

4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia; v) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; procediendo posteriormente
a vi) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

16. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena7, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

17. Esta Sección adoptó8 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 20059, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
18. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
9 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”10 que encaje en dichos parámetros.

20. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

21. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto

22. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedibilidad de relevancia constitucional.

10 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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Acerca del requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional

23. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5
de agosto de 201412, al referirse al requisito general de procedibilidad de
relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [13]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”[14].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [15].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [16].

12 Ut supra página 6.
[13] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[14] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[16] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”

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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [17].
Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de
aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente
cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por
ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al
debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro que es fruto de la labor
legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [18].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [19]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]” (Resaltado fuera del texto).

[17] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[18] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[19] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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24. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado20:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”21

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”22

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

25. En ese orden de ideas, el requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales,

20 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
21Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
22 Ibidem.

17

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y esa presunta afectación no tiene su origen en un debate estrictamente legal y
económico, ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una
carga argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; y iii) cuando se
demuestra que el amparo presentado no se utiliza como una instancia procesal
adicional.

26. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202223
precisó, en relación con el alcance del requisito general de procedibilidad de
relevancia constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

23 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

18

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65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala).

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso

27. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

19

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28. Atendiendo a que, la Corte Constitucional24 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

29. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

30. Atendiendo a que la Corte Constitucional ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,

24 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

20

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relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia

31. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

32. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.

Análisis del caso concreto

33. El actor, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Santander y el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga,

21

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porque, a su juicio: i) el Tribunal, al proferir la sentencia de 7 de julio de 2023, y ii)
el Juzgado, al proferir la sentencia de 31 de marzo de 2022, en el proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con
el número único de radicación 680013333009201800474-02, vulneraron sus
derechos fundamentales invocados supra.

34. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

35. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

36. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

36.1. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de reparación directa identificado con el número único de radicación
680013333009201800474-02.

Solución del caso concreto

37. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente:

“[…] 2. El litigio a partir del cual fueron proferidas las sentencias objeto de la presente
acción de tutela tienen origen en el supuesto incumplimiento de ordenes emitidas

22

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por la Corte Constitucional por medio de la Sentencia T-109 de 2015, la cual tiene
especial relevancia constitucional por abordar temáticas tales como el Derecho
Fundamental a la Vivienda, los asentamientos humanos, las obligaciones de las
autoridades públicas con relación a los asentamientos humanos, los proyectos de
vivienda de interés social, el margen de acción de las autoridades públicas
tratándose de ordenes de desalojo o reubicación ante invasiones masivas de predios
públicos, afectando, además, a un número significativo de personas que es difícil de
determinar en tanto la Sentencia T-109 de 2015 fue emitida con efectos inter
comunis, advirtiéndose que para el proyecto de vivienda “Altos de Bellavista Etapas
II y IV” fueron seleccionadas como beneficiarias más de setecientas (700) personas.

[…]

“[…] Las irregularidades procesales denunciadas por medio de la presente acción de
tutela hacen referencia a la indebida valoración probatoria de las pruebas
debidamente incorporada al proceso judicial que evidencian el cumplimiento de la
sentencia T-109 de 2015 por parte del municipio de Floridablanca, cuya omisión
repercutió directamente en las decisiones controvertidas pues representaron la
condena injustificada del municipio de Floridablanca.

Así mismo, se alega un desconocimiento del precedente jurisprudencial del Consejo
de Estado respecto de la teoría de la relatividad del servicio que explica que las
autoridades públicas no están obligadas a lo imposible, aspecto el cual, de haberse
tenido en cuenta, especialmente en la sentencia de segunda instancia, habría
resultado en una decisión completamente distinta.

Adicionalmente, se configura un defecto procedimental absoluto en tanto las
autoridades judiciales accionadas actuaron por fuera del procedimiento establecido
para el medio de control de reparación directa, el cual debe guiarse por el principio
de congruencia que imposibilita al Juez contencioso administrativo en el marco del
medio de control de reparación directa a fallar con facultades extra o ultra petita,
defecto en el cual incurren tanto el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
Judicial de Bucaramanga como el Tribunal Administrativo de Santander al reconocer
derechos no solicitados por los demandantes como lo es su inclusión en un nuevo
proyecto de vivienda, aspecto el cual tiene incidencia directa en la decisión de las
sentencias en cuestión […]”.

[…]

“[…] Teniendo en cuenta lo anterior, no cabe duda que tanto el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga como el Tribunal Administrativo
de Santander incurrieron en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria en
tanto, a pesar de haberse aportado junto con la contestación de la demanda del
municipio de Floridablanca más de doscientas pruebas documentales que acreditan
el cumplimiento de la orden séptima de la sentencia T-109 de 2015, las autoridades
judiciales determinaron, de forma verdaderamente caprichosa y sin fundamento
objetivo alguno, que el municipio no había dado cumplimiento a dicha orden judicial
y, por consiguiente, se había vulnerado el Derecho Fundamental a la Vivienda Digna
de los demandantes.

Concretamente se tiene que las autoridades judiciales ignoraron, o no dieron el valor
probatorio correspondiente, a las siguientes pruebas documentales aportadas por el
municipio de Floridablanca junto con el escrito de contestación de la demanda y que
reposan en la carpeta denominada “2. CD ANEXO CONTESTACIÓN” del cuaderno
principal del expediente digital2 y que evidencian las acciones desarrolladas para
dar cumplimiento al numeral séptimo de la sentencia T-109 de 2015, puntualmente

23

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evidenciándose que a la señora MYRIAM LEIVA DE OVIEDO y a su núcleo familiar
se le garantizó su Derecho Fundamental a la Vivienda Digna por parte del municipio
de Floridablanca, asignándosele un subsidio de arriendo e invitándosele, tanto
directa como indirectamente, para que se postulara al proyecto de vivienda “Villa
Renacer”: […]”.

[…]

“[…] Por lo tanto, resulta evidente que las decisiones del Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga y del Tribunal Administrativo de
Santander ignoraron o no otorgaron el valor probatorio correspondiente a las
pruebas documentales referidas, en tanto las mismas evidencian a todas luces que
el municipio de Floridablanca sí cumplió con la orden séptima de la Sentencia T-109
de 2006. […]”.

Concretamente, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga se equivoca al valorar el Oficio del 23 de diciembre de 2020, suscrito
por el subdirector de Subsidio Familiar de Vivienda del Ministerio de Vivienda, en
tanto concluye a partir de su lectura que la señora MYRIAM LEIVA DE OVIEDO no
era acreedora de un subsidio de arrendamiento (pág. 14 sentencia primera
instancia), ignorando por completo que dicho oficio sólo se refería a los subsidios
otorgados por el Ministerio de Vivienda, mientras que la señora LEIVA DE OVIEDA
y su núcleo familiar eran acreedores de subsidios de arrendamientos otorgados
directamente por el municipio de Floridablanca. A partir de esta inferencia
equivocada, procede el Despacho a concluir que “los beneficiarios de Altos de
Bellavista, permanecen sin tener solución alguna de vivienda, continúan viviendo en
el terreno que fue denominado con categoría de riesgo, sin ser reubicados según la
orden realizada por la Corte Constitucional” (pág. 14), conclusión la cual contradice
a todas luces el material probatorio anteriormente relacionado.

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Santander valora de forma
descontextualizada el informe de la Procuraduría Provincial de fecha 20 de junio
de 2017, en tanto a partir de este informe concluye […]”.

[…]

“[…] En consecuencia, las autoridades judiciales referidas de forma caprichosa y sin
fundamento alguno deciden comprometer los recursos públicos del municipio de
Floridablanca para la creación de un nuevo proyecto de vivienda en beneficio de una
familia que ni siquiera solicitó su inclusión en un nuevo proyecto de vivienda,
situación la cual se constituye en la configuración del defecto procedimental
absoluto, en tanto, desde la notificación de la demanda hasta la emisión del fallo de
primera instancia, el municipio de Floridablanca como parte demandada no contaba
con la posibilidad de tal condena, consistente en: […]”.

[…]

“[…] En tanto la parte demandante nunca formuló pretensión alguna que si quiera se
asemejase a tales ordenes judiciales. Por el contrario, lo que pretendía la
demandante se circunscribía a una indemnización económica por el supuesto
incumplimiento de la orden séptima de la sentencia T109 de 2015.

Al respecto se advierte que el municipio de Floridablanca no fija los requisitos para
la elegibilidad de los beneficiarios de proyectos de vivienda de interés prioritaria o
social (VIP/VIS), dentro de los cuales se establece que los beneficiarios NO
PUEDEN SER PROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES EN EL TERRITORIO

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Actor: Municipio de Floridablanca

NACIONAL, según puede corroborarse en la página web oficial del Ministerio de
Vivienda: […]”.

“[…] Así las cosas, y teniendo en cuenta que, como se informó en el recurso de
apelación en contra de la sentencia de primera instancia, ya no existen apartamentos
disponibles en el proyecto de vivienda “Villa Renacer”, la orden quinta de la sentencia
de primera instancia, confirmada en segunda instancia, representa una limitación
exorbitante a la autonomía de la que goza el municipio de Floridablanca para la
gestión de sus intereses y la administración de sus recursos, en tanto la misma
implicaría la formulación, desarrollo y ejecución de todo un nuevo proyecto de
vivienda en beneficio de los demandantes […]”.25

38. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por el actor ya fue
objeto de estudio por las autoridades judiciales accionadas y la acción de tutela
contra providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el
debate resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si las entidades
judiciales accionadas incurrieron en la vulneración de derechos fundamentales.

39. Además de lo anterior, para la Sala, el actor plantea la afectación de derechos
fundamentales que tiene su origen en últimas en un debate estrictamente legal,
probatorio y económico el cual ya fue expuesto dentro del proceso de reparación
directa y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde
al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que ello
implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia
adicional.

40. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedibilidad de la relevancia constitucional. A juicio del máximo
Tribunal de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la
“[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el

25 Transcripción literal del texto.

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Actor: Municipio de Floridablanca

escrito de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales […]”.

41. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de
tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes
transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia
se encuentra limitado a asuntos meramente legales, probatorios y económicos cuya
competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

42. Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance de
contenido particular y meramente económico, esto es así porque la discusión y los
argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar la necesidad de
protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de tutela valide la tesis
jurídica del actor y, con ello, en lo que concierne al Municipio de Floridablanca se
nieguen las pretensiones de la demanda dentro del proceso adelantado en ejercicio
del medio de control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 680013333009201800474-02, sin que de esta discusión se pueda
evidenciar una clara trascendencia o relevancia constitucional.

43. Para la Sala, la controversia planteada por el actor es de naturaleza
puramente legal, probatoria y económica; y no gira en torno al contenido, alcance y
goce de los derechos fundamentales indicados supra.

44. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de las autoridades judiciales
accionadas, es decir, el actor acude al juez constitucional buscando la corrección
del criterio jurídico del juez natural y reabrir un debate legal y probatorio concluido
que escapa de la órbita de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, el
actor alega la vulneración de sus derechos fundamentales indicados supra, el
criterio de la relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación,
sino mediante la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o
vulneración del mismo, lo cual no aconteció en el caso sub examine.

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Actor: Municipio de Floridablanca

45. Los supuestos de vulneración al debido proceso, a la igualdad y de acceso a
la administración de justicia, enunciados por el actor, no se evidencian en el caso
sub examine, toda vez que el proceso de reparación directa se adelantó ante el juez
competente, en respeto de las formas propias del proceso, y respetó el derecho de
presentar y controvertir las pruebas allegadas. Además, no concurre una situación
de amenaza o alguna causal de vulnerabilidad que amerite la actuación del juez
constitucional, no se trata de amparar el derecho fundamental de un sujeto de
especial protección constitucional.

46. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal,
probatorio y económico, no es una circunstancia que habilite por sí misma la
procedencia de la tutela contra una providencia judicial.

47. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple
con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional dentro del
marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien
el actor enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad y de acceso a la administración de justicia, esa presunta afectación tiene
su origen en un debate estrictamente legal, probatorio y económico.

Conclusiones de la Sala

48. Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la
acción de tutela que presentó el actor contra las autoridades judiciales accionadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela que presentó el
actor contra las autoridades judiciales accionadas, por las razones expuestas en la

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Actor: Municipio de Floridablanca

parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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