Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07607-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07607-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-07607-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
26 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202307607-01
Actora: María Elisa Bustos de Arcia
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de inmediatez.
Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad, ii) debido proceso y iii) acceso
a la administración de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de tutela
de 5 de febrero de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por medio de la cual resolvió declarar improcedente la solicitud
de tutela.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, a través de apoderada, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 14 de mayo
del 2021, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
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Núm. único de radicación: 110010315000202307607-01
Actora: María Elisa Bustos de Arcia
130012333000201500568-00, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Manifestó que, mediante la Resolución núm. 7547 de 18 de agosto de 1994, la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP le reconoció a María Elisa Bustos de Arcia la
pensión gracia, la cual, en cumplimiento de una sentencia de tutela, fue reliquidada
mediante la Resolución núm. 19222 de 10 de mayo de 2007.
4. Sostuvo que, la UGPP presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la actora, mediante la cual
formuló las siguientes pretensiones: i) declarar la nulidad de las Resoluciones núms.
7547 de 18 de agosto de 1994 y 19222 de 10 de mayo de 2007; y ii) “[…] Como
consecuencia de esa declaración se ordene a la señora María Elisa Bustos De Arcia
restituir a favor de la UGPP el valor total de los dineros que le hubiesen sido
cancelados por concepto de pensión gracia, desde la fecha que recibió la primera
mesada hasta cuando se haga efectiva la sentencia, y que dichos valores sean
indexados […]”.
5. Indicó que, el proceso le correspondió al Tribunal Administrativo de Bolívar, que
profirió sentencia el 14 de mayo del 2021, resolviendo lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de los siguientes actos administrativos:
Resolución N° 07547 de 18 agosto de 1994, proferida por la Caja Nacional de
Previsión Social EICE, por medio del cual se reconoció la pensión gracia a la señora
MARIA ELISA BUSTOS DE ARCIA y también la Resolución No 19222 de 10 de
mayo de 2007 en la cual en cumplimiento de un fallo de tutela se reliquidó la pensión
gracia; por las anotaciones anteriores.
SEGUNDO: DENIÉGASE el reintegro de los dineros reconocidos y pagados a la
señora MARIA ELISA BUSTOS DE ARCIA por concepto de pensión gracia,
pretendidos como restablecimiento de derecho por la parte demandante. […]”.
5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
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Núm. único de radicación: 110010315000202307607-01
Actora: María Elisa Bustos de Arcia
“[…] En el sub judice, se demostró que la señora MARIA ELISA BUSTOS DE ARCIA,
nació el 04 de enero de 1942 y a la fecha de reconocimiento de su pensión gracia,
tenía cincuenta (50) años, como ya se anotó.
Con respecto de que estuviera vinculada a 31 de diciembre de 1980, se tiene el
Certificado de la Secretaria (sic) de Educación, Cultura y Recreación División de
Registros Sección de Personal y Capacitación Docente en el cual indica que la
demandada se vinculó departamentalmente y de manera ininterrumpida prestó sus
servicios desde 3 de septiembre de 1962 y también el certificado del Departamento
de Magdalena que indica que se vinculó como docente Departamental desde 1969
hasta 1973 por lo cual se tendría por cumplido este requisito.[…]”.
[…]
“[…] Analizado el material probatorio se puede esclarecer, según lo que se hizo
constar certificado del Ministerio Nacional se evidencia que la demandada prestó
sus servicios en la Institución Mixta Nacional de Mompós desde 01 de abril de 1975
hasta 13 de febrero de 1992 (16 años, 1 mes, 3 días). Hasta este punto únicamente
llevaría los 4 años y 6 meses certificados por el Departamento de Magdalena y 3
años 7 meses y 6 días certificados por la Gobernación de Bolívar y lo escrito en la
solicitud de la pensión gracia (que es la sumatoria de 1 año, 11 meses, 23 días y 1
año, 7 meses, 13 días), debido a que ese periodo que trabajo (sic) como docente
para el Ministerio con vinculación nacional no cuenta; pero no está demás agregar
que existen 2 decretos adicionales por parte de la Gobernación de Bolívar que se
encuentran en el expediente, uno de ellos es la vinculación departamental de la
demandada desde el año 2004 y otro es el retiro forzoso de la demandada en el año
2007, lamentablemente igual con la sumatoria de dichos periodos (sic) tampoco
llegaría a los 20 años establecidos por el legislador toda vez que no existe prueba
dentro del expediente que demuestren una vinculación territorial previa al 2004.
De acuerdo con el análisis precedente, al no cumplirse lo consignado en el marco
normativo y jurisprudencial citado, se hace imperativo conceder las pretensiones del
demandante debido a la ausencia de uno de los requisitos para ser beneficiario de
la pensión gracia, al extraerse de las probanzas carencia de haber cumplido 20 años
de servicios, por no poderse contabilizar para ello, lo tiempos servidos en el orden
nacional.
Conforme con lo anterior y por haber sido acreditado que la demandada tuvo vínculo
como docente en calidad de educador nacional por una porción de los veinte años
de servicios, el beneficio pensional no debió haber sido reconocido ya que no llenaba
los requisitos plenos, lo que desvirtúa plenamente la legalidad del acto demandado,
abriendo paso a la pretensión de nulidad deprecada […]”.
[…]
“[…] Retornando al caso concreto queda en evidencia que el demandante no probo
(sic) la mala fe del demandado, ya que únicamente alegó lo necesario para
demostrar que el accionado no reunía el requisito de tiempo de servicios para
acceder al beneficio pensional, pero no hay que olvidar que esta documentación
siempre estuvo en su poder y nunca se ocultó dicha información por el demandado,
tampoco se trata de que el interesado en el reconocimiento haya aportado
documentos falsos o realizado alguna irregularidad que indujera en error a la
administración para obtener el beneficio pensional, por el contrario realizó todos los
procedimientos y trámites establecidos en la norma ante la entidades
correspondientes, siendo la Caja Nacional de Previsión Social EICE la entidad que
cometió el error.
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Núm. único de radicación: 110010315000202307607-01
Actora: María Elisa Bustos de Arcia
En este orden de ideas, en esta oportunidad no se ha acreditado que el demandado
haya actuado de mala fe, de manera que, conforme el supuesto de la norma arriba
citada, no hay lugar a la devolución de las sumas de dinero percibidas por este
concepto […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
6. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] PRIMERO: De igual forma, se presenta el siguiente Defecto sustantivo: porque
no tuvo en cuenta lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, en sus artículos 5.2 1y 37,
ordena la organización de las plantas de cargos de las instituciones educativas,
acción que se inscribirá en el cumplimiento de las metas del Plan de Reorganización
mencionado y en un trabajo conjunto de la Nación, los departamentos y los
municipios […]”.
[…]
“[…] SEGUNDO: Tutelar los derechos fundamentales de Igualdad (art 13 C.P),
igualdad de oportunidades para los trabajadores y al derecho al mínimo vital (Art.53
C.P), al. Trabajo (Art. 1; 25 y 26 C.P.), Seguridad Social (Art. 48 C.P.) a la
administración de justicia (Art.226 C.P.), al Debido Proceso (art.29 C.N.)
TERCERO: Ordenar a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), en el
momento del fallo de esta tutela, , el reintegro de la Pensión de Gracia, a que tiene
derecho y que viene reclamando la Señora MARIA ELISA BUSTOS ARCIA que se
encuentran dentro de este proceso […]”.1
6.1. La actora en su escrito de tutela indicó lo siguiente2:
“[…] PRIMERO: La Señora MARIA ELISA BUSTOS DE ARCIA, cumplió con su edad,
nacida el 04 de enero de 1942; tuvo su TIEMPO DE SERVICIO EJERCIDO COMO
DOCENTE DE FORMA COMPLETA; en la cual, la Ley 116 de 1928 la pensión de
gracia se hizo extensiva a los maestros de las Escuelas Normales y a los inspectores
de instrucción pública; en los siguientes términos: “Artículo 6°. Los empleados y
profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen
derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a
esta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados
en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la
NORMALISTA, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
SEGUNDO: si analizamos la situación jurídica de fondo, existe un Defecto sustantivo:
porque no tuvo en cuenta lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, en sus artículos 5.21y
37, que ordena la organización de las plantas de cargos de las instituciones
educativas, acción que se inscribirá en el cumplimiento de las metas del Plan de
Reorganización mencionado y en un trabajo conjunto de la Nación, los departamentos
1 Transcripción literal del texto.
2 Transcripción literal del texto.
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Actora: María Elisa Bustos de Arcia
y los municipios. Con el fin de coadyuvar al logro de este mandato legal y, por ende,
a una sana administración de los recursos del Sistema General de Participaciones.
Es decir, las Escuelas se fusionaron, para ser pertenecientes a una Institución
Educativa, lo cual, cabe resaltar que la Señora MARIA ELISA BUSTOS DE ARCIA, se
encontraba laborando en la Escuela Normal, y hace parte de las excepciones que se
encuentran en la Ley y se resalta el siguiente encabezado: ORIENTACIONES SOBRE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
9° de la Ley 715 de 2001, en consonancia con el artículo 138 de la Ley 115 de 1994 y
el artículo 13 del decreto reglamentario 1860 de 1994, las autoridades educativas
territoriales tendrán en cuenta las siguientes orientaciones:3.1 LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEBEN ORGANIZARSE COMO
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, con el fin de ofrecer los niveles de educación
preescolar, básica y media, con un solo rector.
Esto es la situación fáctica de fondo que debe analizarse, puesto que reitero, el papel
desempeñado como docente, para la época, la Señora MARIA ELISA BUSTOS DE
ARCIA era MAESTRA CONSEJERA desde el 16 de mayo de 1975, según la
Resolución 2567 de 16 de mayo de 1975, hasta su fecha de retiro forzoso, que fue el
día 31 del mes de marzo de 2007, teniendo a su cargo la enseñanza, orientación a los
futuros docentes, en su grado del cual, ella era la maestra titular del grado piloto en la
Sede Educativa Anexa Nacional, perteneciente a la Institución Educativa Normal
Superior de Mompox (Bol.); y que por ende, se pasaron por alto, este minúsculo detalle
en la cual, la Señora MARIA ELISA BUSTOS DE ARCIA, ERA MAESTRA
PERTENECIENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE
MOMPOX (Bol.), el día que se fusionaron las escuelas, desde el 2002; y en el año en
que se retiró y que por tanto, pertenecía a la INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL
SUPERIOR DE MOMPOX (Bol.),con una de las funciones más importantes, puesto
que el ENFASIS DE LA PEDAGOGIA, ES FUNDAMENTAL, para poder ejercer el
papel de ser docente, para aquellos estudiantes, que estuvieron bajo sus
orientaciones, sus enseñanzas en el campo practico de ser docente; de ejercer la
función en la INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE MOMPOX; la
Señora MARIA ELISA BUSTOS DE ARCIA era MAESTRA CONSEJERA.
TERCERO. Tal como establece la jurisprudencia en su SU SUJ-030-CE-S2-2021,
explica lo siguiente: Por su parte, las Leyes 116 de 192831 y 37 de 193332
consagraron la posibilidad de que los docentes obtuvieran la pensión gracia
computando los años laborados en la enseñanza secundaria, NORMALISTA o como
inspectores de instrucción pública, siempre y cuando cumplieran los demás requisitos
fijados por el artículo 4 de la Ley 114 de 1913, pues estos no fueron modificados por
la normativa posterior […]”.
[…]
“[…] CUARTO: La docente MARIA ELISA BUSTOS, se desempeñó, como una
orientadora o maestra consejera, dentro de la Institución Educativa Normal Superior,
donde todos los días de lunes a viernes, impartía orientaciones basadas, en cuatro (4)
horas cada día, que se pueden trasladar en horas cátedras, puesto que los tomaba
para desempeñarse como maestra consejera u orientadora, para los estudiantes
normalistas, que se desempeñaban con la vocación de ser futuros maestros; esto tal
como lo esgrime la Sentencia Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia
25000234200020120201701 (07752014), ene. 22/15, C. P. Alfonso Vargas Rincón;
que profesa lo siguiente:
Así las cosas, para el reconocimiento de la pensión gracia, es posible incluir el tiempo
de servicio prestado como docente hora cátedra, teniendo en cuenta que el personal
docente oficial labora de lunes a viernes […] Por lo tanto, debe entenderse que cuatro
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Actora: María Elisa Bustos de Arcia
horas diarias de labor académica se computan como una jornada completa de trabajo,
lo que significa que 20 horas semanales suman 80 mensuales […]”.
Actuación
7. El Despacho de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante auto de 15 de enero del 2024: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó
notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar; y iii) vinculó al
Director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social y al Juez Promiscuo del Circuito de Mompós,
concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
8. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP solicitó declarar la improcedencia de
la acción de tutela. Para tal efecto argumentó lo siguiente:
“[…] a. En las decisiones adoptadas por el despacho accionado no se incurrió en
defecto material o sustantivo, sino que por el contrario las mismas se ajustaron al
ordenamiento legal y jurisprudencial que regula el tema, del reconocimiento de una
pensión gracia.
b. La parte actora no puede pretender usar la acción de tutela como una instancia
adicional para revisar las decisiones adoptadas por el juez competente de la causa,
después de haberse agotado un procedimiento establecido en la Ley para el efecto,
máxime cuando ni si quiera accionó el recurso de apelación contra el fallo aquí
enjuiciado.
c. Tampoco puede usarse la acción de tutela para desconocer las serias
irregularidades que se dieron en este caso al haberse reconocido indebidamente
una pensión gracia a quien acciona lo que hace que las decisiones hoy
controvertidas estén ajustadas a derecho en virtud de lo probado dentro del proceso
de lesividad.
d.- No existe violación al debido proceso en razón a que, de la revisión del proceso
contencioso- lesividad-, que culminó con los fallos cuestionados y donde se dejó sin
efectos los actos administrativos que le habían reconocido la pensión gracia con el
cómputo de tiempos del orden NACIONAL, se le garantizó al tutelante sus derechos
de contradicción y defensa lo que hace que el objeto de inconformismo de él con
esas decisiones no pueda ser catalogados como violatoria de derecho fundamental
alguno.
e.- En este caso existe cosa juzgada, la cual está siendo desconocida por la parte
tutelante con la invocación de esta tutela, pasando por alto que en de lesividad ya
se resolvió y se discutió el tema de la petición pensional gracia frente al cual la parte
tutelante pretende desconocer, como así se derivó de las pruebas allí allegadas y
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Actora: María Elisa Bustos de Arcia
que culminó con la declaratoria de nulidad del acto administrativo que le había
reconocido tal prestación por no tener derecho a ella.
f. En este caso no se cumplen el requisito de subsidiariedad, toda vez que no se
probó que se hubiera acudido al recurso extraordinario de revisión que procedía
contra la misma, ni tampoco el recurso de apelación.
g. No se cumple el principio de inmediatez la acción de tutela, pues la providencia
aquí enjuiciada, es la emitida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE BOLÍVAR el 14 de mayo de 2021, por tanto, se supera con creces el término que
la jurisprudencia ha establecido para accionar contra providencias judiciales […]”.
9. El Tribunal Administrativo de Bolívar allegó copia digital del expediente del
proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación
130012333000201500568-00.
10. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Mompós guardó silencio en esta
oportunidad procesal.
La sentencia impugnada
11. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 5 de febrero de 2024, resolvió lo siguiente:
“[…] 1°) Declárase improcedente la acción de tutela por el de (sic) los requisitos de
subsidiariedad e inmediatez […]”.
11.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] 3) Como se explicó con antelación, la acción de tutela es un mecanismo
residual y subsidiario que solo (sic) puede ser empleado cuando la parte interesada
agotó todas las herramientas judiciales con las que contaba, sin que sea de recibo
pretenda utilizarse -como en este caso- para desplazar los medios ordinarios
previstos por el legislador que se dejaron de usar por negligencia o incuria de la
parte interesada.
4) En consecuencia, como contra la decisión atacada procedía el recurso de
apelación y la aquí actora no lo agotó ni justificó su falta de interposición, la acción
de tutela de la referencia se torna improcedente por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad […]”.
[…]
“[…] 1) Sumado a lo expuesto en el capítulo anterior, la Sala observa que la
demanda de tutela presentada por la parte accionante tampoco fue promovida
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Núm. único de radicación: 110010315000202307607-01
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dentro del término que la jurisprudencia constitucional ha establecido como
razonable para el reclamo y protección de los derechos fundamentales.
2) En efecto, una vez revisada la providencia expedida por el Tribunal Administrativo
de Bolívar que aquí se ataca se advierte con meridiana claridad que la misma fue
expedida el 14 de mayo de 2021 y notificada el 14 de agosto de 2021, a través de
mensaje de datos enviado el 9 de agosto del mismo año (índice 12, SAMAI).
3) En esa medida, como la demanda se presentó el 19 de diciembre de 2023 para
la Sala es forzoso concluir que se promovió por fuera del término de 6 meses que
se ha entendido como razonable, por lo cual el amparo se torna improcedente,
máxime si se considera que en este caso no se justificó la interposición tardía de la
acción, no se advierte la existencia de ninguna causal que justifique flexibilizar dicho
término y tampoco se demostró la existencia de un perjuicio irremediable […]”.
La impugnación
12. La actora impugnó la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, señaló lo siguiente3:
“[…]. PRIMERO: que se debe aclarar que, Mi apadrinada Señora MARIA ELISA
BUSTOS DE ARCIA, estuvo en espera de la respuesta, en el anterior proceso, y
que nunca se aclararon; es por ello que, las consecuencias, que actualmente han
conllevado a la realización de esta tutela, es buscar que fue docente en ejercicio de
la Institución Educativa Normal Superior de Mompox (Bolívar); tal como lo están
diciendo las certificaciones que se anexaron, en el principio de esta.
SEGUNDO: De igual forma, el análisis que se presenta, es por qué, no se tuvo en
cuenta el siguiente Defecto sustantivo:, cabe reiterar que no tuvo en cuenta lo
dispuesto en la Ley 715 de 2001, en sus artículos 5.21y 37, ordena la organización
de las plantas de cargos de las instituciones educativas, acción que se inscribirá en
el cumplimiento de las metas del Plan de Reorganización mencionado y en un
trabajo conjunto de la Nación, los departamentos y los municipios. Con el fin de
coadyuvar al logro de este mandato legal y, por ende, a una sana administración de
los recursos del Sistema General de Participaciones. Dicha organización hizo, que
el lugar donde estaba la Señora MARIA ELISA BUSTOS DE ARCIA, ya estaba
trabajando desde antes con la insititucion Educativa Normal y que no tuvieron en
cuenta, esta situación, sino que la coactaron y acto seguido, quitarle este beneficio
de recibir su pension de gracia. Es decir la Señora MARIA ELISA BUSTOS DE
ARCIA, fue docente de la Institución Educativa de la Normal Nacional Mixta de
Mompox, quien ejerció su labor como docente orientadora escolar, a los estudiantes
de Práctica Pedagógica, en el cual, su calidad de ejercer su profesión, estaba
adscrita a la Normal, tal como lo estipula y lo consagra la Ley 116 de 1928 la pensión
de gracia se hizo extensiva a los maestros de las Escuelas Normales y a los
inspectores de instrucción pública […]”.
[…]
“[…] TERCERO: Tutelar los derechos fundamentales de Igualdad (art 13 C.P),
igualdad de oportunidades para los trabajadores y al derecho al mínimo vital (Art.53
C.P), al Trabajo (Art. 1; 25 y 26 C.P.), Seguridad Social (Art. 48 C.P.) a la
administración de justicia (Art.226 C.P.), al Debido Proceso (art.29 C.N.)
3 Transcripción literal del texto.
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Actora: María Elisa Bustos de Arcia
CUARTO: En estos momentos, con el máximo respeto, me dirijo a ustedes, para
que observen como la Entidad Unidad de Pensiones y Parafiscales – UGPP; en un
gesto resentido y vengativo; está exigiéndole a mi apadrinada una suma de dinero,
de la cual, dicen que es una obligación con la Entidad; obligación, que desde el año
en el cual, no le habían informado; en estos momentos, está haciendo uso de mi
correo, para poder entregarle la información a ella; situación que es relacionada en
la Resolución No. RDP-2022-01259 de 2022-01-20, y que tiene según ellos: “ que
tiene una deuda que por concepto de capital asciende a la : suma de $ 1565324”.
Suma de la cual, está en estos momentos mi apadrinada, en cómo pagarla, aun
sabiendo, que cómo la va a pagar?. Con qué dinero va a pagarla?, si no le alcanza
para su actual situación y estado de salud. Es por ello, que me permito, dirigirme
ante ustedes, ya que la Entidad, no debe tomar, los correos electrónicos de los
apoderados de las Tutelas, para poder emitir estos cobros […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20215 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20196, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
14. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Núm. único de radicación: 110010315000202307607-01
Actora: María Elisa Bustos de Arcia
Problema jurídico
15. Corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con el
requisito general de procedencia de la inmediatez.
16. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental a la igualdad; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental al debido proceso; v) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia;
procediendo posteriormente a vi) resolver el caso concreto, adentrándose en el
fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
17. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena7, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
18. Esta Sección adoptó8 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328.
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Núm. único de radicación: 110010315000202307607-01
Actora: María Elisa Bustos de Arcia
C-590 de 8 de junio de 20059, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
19. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de
un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra
tutela.
20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”10 que encaje en dichos parámetros.
21. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
22. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411.
9 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
12
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Actora: María Elisa Bustos de Arcia
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
23. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento del requisito general de procedencia de inmediatez como requisito
general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
dispuesto por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional12.
Acerca del requisito general de procedencia de inmediatez dentro del marco
de la acción de tutela
24. Si bien es cierto el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199113 estableció que
la acción de tutela puede presentarse en todo momento, no significa que no deba
interponerse dentro de un plazo razonable. La Corte Constitucional en la sentencia
SU-961 de 199914 dijo:
“[…] La inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción
de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de
este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser
ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez
está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial
y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.
Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de
establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de
verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se
convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción […]”.
25. Ahora bien, el Consejo de Estado frente al cumplimiento del requisito general
de procedencia de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales en sentencia de unificación dijo:
“[…] Anótese que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este
aspecto.
Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados
a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Se ha
estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto
12 Corte Constitucional. Sentencia C- 590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
14 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1 de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
13
Núm. único de radicación: 110010315000202307607-01
Actora: María Elisa Bustos de Arcia
jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos
ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva
y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i)
que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso
jurisdiccional […]15.
26. Con fundamento en el anterior criterio jurisprudencial, es posible advertir que
la acción de tutela contra providencias judiciales debe interponerse dentro de los
seis meses siguientes a la notificación de la providencia, para efectos de acreditar
el cumplimiento del requisito general de procedencia de inmediatez.
27. Además, la Corte Constitucional en jurisprudencia reiterada ha dicho16:
“[…] Más recientemente, la Sala Octava de Revisión, en sentencia T- 322 del 10 de
abril de 200817, estimó que, al momento de determinar si se presentaba el fenómeno
de la inmediatez en materia de acción de tutela contra providencias judiciales, era
necesario examinar los siguientes aspectos: (i) si obra en el expediente prueba
alguna que justifique la inactividad del peticionario en cuestionar en sede de
amparo la constitucionalidad de la providencia; (ii) si se está en presencia de
un sujeto de especial protección o de una persona que se encontrase en una
situación de especial indefensión; y (iii) la existencia de un plazo
razonable.[…]”.
28. De igual manera frente al tema y concretamente cuando se trata del
reconocimiento de prestaciones periódicas, esta Sección ha dicho18:
“[…]…la Sala (Expediente nro. 2013-02423-0119, Actora: Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
-UGPP-), concluyó que “[…] siempre que se trate de una acción de tutela contra
providencia judicial que verse sobre prestaciones periódicas, se realizará el análisis
del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, incluido el de
inmediatez, el cual deberá efectuarse desde los criterios de i) que se demuestre
que la vulneración de los derechos permanezca, esto es, que sea continua y
actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela; y ii) que el actor se encuentre en condición de
debilidad manifiesta […]”.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 5 de agosto
de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01.
16 Corte Constitucional, sentencia T-395 de 24 de mayo de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
17 Corte Constitucional, sentencia T- 322 del 10 de abril de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de mayo de
2018, C.P María Elizabeth García González, número único de radicación: 11001-03-15-000-2018-00293-00.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de
2014, C.P Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación: 11001-03-15-000-2013-02423-01.
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Núm. único de radicación: 110010315000202307607-01
Actora: María Elisa Bustos de Arcia
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad
29. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
30. Atendiendo a que la Corte Constitucional20 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
31. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
20 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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Núm. único de radicación: 110010315000202307607-01
Actora: María Elisa Bustos de Arcia
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
32. Atendiendo a que, la Corte Constitucional21 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia
33. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
34. Atendiendo a que, la Corte Constitucional22 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
21 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
16
Núm. único de radicación: 110010315000202307607-01
Actora: María Elisa Bustos de Arcia
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Análisis del caso concreto
35. La actora, a través de apoderada, presentó solicitud de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Bolívar, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 14
de mayo del 2021, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 130012333000201500568-00, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.
36. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
37. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
38. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
38.1. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único
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Núm. único de radicación: 110010315000202307607-01
Actora: María Elisa Bustos de Arcia
de radicación 130012333000201500568-00.
Solución del caso concreto
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de inmediatez
39. En el expediente está plenamente acreditado que i) el Tribunal Administrativo
de Bolívar profirió la sentencia el 14 de mayo de 2021, la cual quedó notificada el
11 de agosto de 202123; y ii) la actora presentó la acción de tutela el 15 de
diciembre de 202324, es decir que, desde el 12 de agosto de 2021 (día en el que
empezaron a correr los términos una vez surtida la notificación) a la fecha de
presentación de la acción de tutela, la actora presentó la acción de tutela por fuera
del plazo razonable.
40. Con base en lo anterior, la Sala considera que la acción de tutela fue
presentada, superando el plazo razonable de los seis (6) meses, término que como
se evidencia ha sido establecido tanto por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional como del Consejo de Estado.
41. No obstante, la misma jurisprudencia ha considerado que el requisito de
inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales
debe ser analizado en cada caso concreto, y que existen situaciones especiales
que permiten establecer un plazo superior al determinado25, como por ejemplo en
los casos donde se controvirtieren asuntos sobre prestaciones periódicas, donde
se deben verificar los requisitos antes mencionados en la parte motiva de esta
sentencia como lo son: “[…] que se demuestre que la vulneración de los derechos
permanezca, esto es, que sea continua y actual, pese a que el hecho que la originó
sea muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y ii) que el actor se
encuentre en condición de debilidad manifiesta […]”. (Resaltado por la Sala).
23 Al respecto, la Sala precisa que la notificación personal se entiende realizada una vez transcurridos dos días
hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la
notificación. Por consiguiente, en el caso sub examine el mensaje de datos que puso en conocimiento la
providencia cuestionada se envió el 9 de agosto de 2021, se entiende notificada personalmente el 11 de agosto
de 2021 y los términos comenzaron a correr a partir del 12 de agosto de 2021.
24 Cfr. Índice 2 de SAMAI, documento denominado “ED_1CORREOELECTRONIC(.pdf) NroActua 2”. Archivo
aportado en forma digital.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-395 de 24 de mayo de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
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Núm. único de radicación: 110010315000202307607-01
Actora: María Elisa Bustos de Arcia
42. En el análisis del caso concreto, se cumple el primer requisito toda vez que la
pensión gracia constituye una prestación periódica y la presunta vulneración
alegada es continua y actual, teniendo en cuenta que lo que se procura es que tal
prestación le sea reconocida, con los reajustes respectivos.
43. En cuanto al segundo requisito, relativo a la condición de debilidad manifiesta26,
conviene traer a colación las precisiones hechas por esta Sección en sentencia de
28 de mayo de 201527, por medio del cual unificó su jurisprudencia en cuanto a la
aplicación de los criterios que deben tenerse en cuenta para analizar el requisito de
la inmediatez en estos casos particulares, especialmente, el que hace referencia a
la “condición de debilidad manifiesta”, en donde señaló que:
“[…] Pues bien, comoquiera que por medio de la providencia transcrita, se
estableció “el criterio que, en adelante observará la Sala para analizar la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias que traten de
prestaciones periódicas”; en casos como el presente, en que se controvierte
una sentencia relacionada con la reliquidación de una prestación periódica,
se ha acudido al citado lineamiento Jurisprudencial de manera
invariable, para determinar si el hecho de haber superado el plazo prudencial
para interponer la acción de tutela merece ser tratado en forma especial, esto
es, a la luz de los criterios de ”que i) se demuestre que la vulneración de los
derechos permanece en el tiempo, esto es, que es continua y actual, pese a
que el hecho que la originó sea muy antiguo respecto de la presentación de
la tutela; y que ii) el actor se encuentre en un condición de debilidad
manifiesta.”
Sin embargo, cuando el tema ha involucrado prestaciones periódicas en las
modalidades de pensión o asignación de retiro, la aplicación de dichos
criterios frente al requisito de la inmediatez, en cada caso concreto, ha dado
lugar a soluciones divergentes, habida cuenta de que la Sala ha aceptado que
el pensionado, por el simple hecho de serlo, ostenta una calidad que le
permite enervar dicho requisito de procedibilidad, pero también ha entendido
que en ocasiones se requieren elementos adicionales a tal condición para
proceder al estudio de fondo […]”.
[…]
26 Sobre los sujetos de especial protección constitucional por encontrarse en una situación de debilidad
manifiesta con fundamento en el artículo 13 de la Constitución Política de 1991, ha dicho la Corte Constitucional:
“La categoría de sujeto de especial protección constitucional, según ha definido esta Corporación, está
constituida por aquellas personas que, debido a su condición física, psicológica o social particular merecen una
acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad efectiva. Así se ha considerado que entre los grupos
de especial protección constitucional se encuentran los niños, los adolescentes, los ancianos, los disminuidos
físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por la violencia y
aquellas que se encuentran en situación de extrema pobreza”. (Corte Constitucional, Sentencia T-979 de 19 de
diciembre de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 28 de mayo de
2015, C.P María Elizabeth García González, número único de radicación: 11001-03-15-000-2015-00001-01.
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Núm. único de radicación: 110010315000202307607-01
Actora: María Elisa Bustos de Arcia
“[…] Dichas divergencias merecen ser precisadas y, por lo tanto, en esta
oportunidad la Sala, con el propósito de unificar su Jurisprudencia,
determinará como lineamiento único y preciso, en cuanto a la exigencia o no
del requisito de inmediatez de la tutela contra providencias judiciales, cuando
el solicitante del amparo constitucional es un pensionado o persona que
goza de Asignación de Retiro, que tal condición no es per se circunstancia
que permita enervar el citado requisito, habida cuenta de que es necesario
que confluyan elementos adicionales que permitan concluir que el actor se
encuentra en “la especial situación” que “convierte en desproporcionado
el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros”, tal como lo ha señalado la Corte
Constitucional en sentencia T-158 de 2006 y esta Sala en el Expediente núm.
2013-02423-01, Consejero Ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno.
Obsérvese que la Corte cita, solo a manera de ejemplo, algunas
circunstancias que pueden tenerse en cuenta para determinar si el actor está
o no en una ESPECIAL SITUACIÓN, que justifique su inactividad en el tiempo
frente a la defensa de sus derechos, dentro de las cuales sugiere “el estado
de indefensión, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre
otras…” sin que éstas constituyan taxatividad alguna. Justamente por ello,
esta Sala introdujo dentro de dicha lista al pensionado, por tratarse de un
sujeto de protección especial, conforme lo ha determinado la Jurisprudencia
Constitucional.
Pero, ocurre que el concepto de sujeto de especial protección incluye, además
de los pensionados, a otros grupos de personas, tales como: indígenas,
padres y madres cabeza de familia, mujer embarazada, menores de edad,
minusválidos, ancianos, defensores de derechos humanos, enfermos graves,
desplazados, entre otros; sin que sea aceptable concluir que en todos los
casos, éstos resulten eximidos de cumplir el requisito de procedibilidad de
inmediatez, cuando acudan a la tutela para obtener la pérdida de efectos de
una providencia judicial, por el solo hecho de ser denominados sujetos de
especial protección[…]”.
44. Al respecto, se advierte que la actora no demostró, ni siquiera con prueba
sumaria, que se encontraba en un estado de debilidad manifiesta que justificara su
inactividad por más de seis (6) meses para interponer este mecanismo de
protección constitucional contra la providencia que presuntamente vulneró sus
derechos fundamentales invocados supra, ni demostró que la providencia objeto
de la acción de tutela no le hubiera sido notificada en debida forma como hecho
relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la acción y flexibilizar el
término de inmediatez.
45. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación reciente,
SU – 354 de 201728, reiteró la importancia del requisito de inmediatez en la acción
de tutela contra providencias judiciales, sin embargo, al decidir este caso hizo una
28 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 25 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería.
20
Núm. único de radicación: 110010315000202307607-01
Actora: María Elisa Bustos de Arcia
excepción en el término de los seis meses establecidos por regla general como
tiempo razonable para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, haciendo un análisis particular del caso, por lo que consideró que la
acción de tutela en el caso bajo estudio procedía diez meses después de haber
sido notificada la decisión que se controvertía en la acción de tutela. La anterior
decisión se tomó con fundamento en la existencia de un hecho relevante que
justificaba la tardanza en la interposición de la acción, circunstancia que no se
observa en el presente caso.
46. En ese orden de ideas, para la Sala no se cumple con el requisito general de
procedencia de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales, toda vez que se interpuso por fuera del plazo razonable,
teniendo en cuenta que con fundamento en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, el amparo debe ser presentado dentro de
los seis (6) meses siguientes contados a partir de la notificación de la providencia.
Conclusiones de la Sala
47. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 5 de
febrero de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, por medio de la cual resolvió declarar la improcedencia de la solicitud de
tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 5 de febrero de 2024 proferida
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
21
Núm. único de radicación: 110010315000202307607-01
Actora: María Elisa Bustos de Arcia
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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