Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07617-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07617-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-07617-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
23 de mayo de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07617-01
Demandante: Nelly Arce Téllez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07617-01
Demandante: Nelly Arce Téllez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Temas: Tutela contra providencia judicial emitida en un proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho. Prima Técnica como factor salarial.
Ausencia de los defectos.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación presentada contra la sentencia del 15 de marzo de
2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró improcedente
el amparo solicitado.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
la señora Nelly Arce Téllez, por intermedio de apoderado, promovió demanda en orden
a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social,
al acceso a la administración de justicia y a la igualdad y; los principios de favorabilidad
y fuerza vinculante del precedente judicial.
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Demandante: Nelly Arce Téllez
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos la sentencia del 18
de mayo de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 25000-
23-42-000-2015-00870-01 y, en su lugar, que se ordene a la Subsección emitir una
nueva decisión en la cual revoque la sentencia proferida en primera instancia por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, y
reconozca la prima técnica como factor salarial.
1.1.2. Los hechos
Del escrito de tutela, se extraen, como hechos relevantes, los siguientes:
i) La accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la Nación y el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, en
orden a que se declarara la nulidad de del Oficio 20146400101301 del 2 de noviembre
de 2014, por medio del cual se negó la inclusión de la prima técnica como factor salarial
para el reconocimiento de la pensión de jubilación y la aplicación de la Resolución 190
del 1 de marzo de 2002.
ii) El 1.° de julio de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, profirió sentencia de primera instancia en el proceso con
radicado 25000-23-42-000-2015-00870-00, en la cual negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que no podía ser reconocida la prima técnica por estudios de
formación avanzada y experiencia altamente calificada, porque no se acreditaron los
presupuestos requeridos; dicha decisión fue objeto del recurso de apelación.
iii) A través de sentencia del 18 de mayo de 2023, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, confirmó lo resuelto en primera instancia.
1.1.3. Los defectos invocados
En sentir de los accionantes, el fallo proferido por la Sección Segunda, Subsección B,
del Consejo de Estado, se enmarca en:
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i) Defecto por violación directa a la Constitución, por la inaplicación de los
principios de favorabilidad y primacía de la realidad sobre la forma, debido a que, en
primer lugar, no se aplicó la norma general que era más favorable y, en segundo lugar,
dicho emolumento fue percibido por la accionante durante toda la relación laboral, aun
cuando no se realizó la solicitud establecida en la Resolución 0189 del año 2002,
pagándose sin tener en cuenta el desempeño y la calificación.
ii) Defecto fáctico, por la indebida valoración de las pruebas, por cuanto el fallo de
segunda instancia se limitó a determinar qué tipo de prima técnica percibía la
accionante y, de haber evaluado el material probatorio obrante dentro del proceso, se
habría llegado a una conclusión diferente.
iii) Defecto por desconocimiento del precedente judicial y constitucional, toda
vez que existen innumerables sentencias proferidas por la Corte Constitucional, el
Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, en las que se establece la
necesidad de prevalecer lo que en la realidad ocurre, sobre las formas y,
adicionalmente, se desconoce la regla establecida en la sentencia C-521 de 1995.
1.2. Actuación procesal
1.2.1. El 16 de enero de 2024, la consejera de Estado Stella Jeannette Carvajal Basto
admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó (i) notificar del proveído, a la
demandante y a la autoridad judicial demandada, y como terceros interesados en las
resultas del proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C y al Departamento Administrativo de la Prosperidad Social; (ii) notificar
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y remitirle copia de la acción de
tutela; (iii) informar a la autoridad judicial demandada y a los terceros interesados que
en el término de dos (2) días y por el medio más expedito, rindieran informe sobre los
hechos y pretensiones objeto de la presente acción; (iv) oficiar al Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, en el evento de que el expediente haya sido
devuelto, para que allegue copia digital del proceso con radicado 25000-23-42-000-
2015-00870-01 y; (v) reconocer personería al abogado Carlos Alberto Ballesteros
Barón, apoderado de la señora Nelly Arce Téllez.
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Demandante: Nelly Arce Téllez
1.2.2. El 18 de enero de 2024, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
de la providencia a la señora Nelly Arce Téllez, al Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y al
Departamento Administrativo de Prosperidad Social1.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
La coordinadora del grupo interno de trabajo de acciones constitucionales y
procedimientos administrativos del Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, solicitó declarar improcedente el amparo invocado, por no satisfacer los
requisitos de procedencia, toda vez que con la demanda de tutela lo que puede
observarse, en primer lugar, es la inconformidad de la accionante con la decisión
judicial adoptada y, en segundo lugar, que pretende reabrir el debate concluido por el
juez natural, al utilizar la acción de tutela como un medio principal, pese a que es un
mecanismo residual y subsidiario que, únicamente, procede cuando no existe otro
medio de defensa judicial, cuando se vulnera un derecho fundamental, o se demuestre
un perjuicio irremediable.
1.3.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca
El 24 de enero de 2024, la Secretaría de la corporación remitió archivos digitales del
expediente requerido.
1.3.3. Los demás sujetos vinculados a la presente acción, no se pronunciaron sobre
los hechos y consideraciones de la demanda.
1.4. Sentencia impugnada
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Índice 8 de Samái del Consejo de Estado, expediente 2023-07617-00
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El 15 de marzo de 2024, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, declaró improcedente
el amparo solicitado, en atención a que no satisface el requisito de la relevancia
constitucional, toda vez que la accionante expuso argumentos tendientes a demostrar
que se vulneraron los principios de favorabilidad e in dubio pro operario en materia
laboral, pero lo cierto es que la simple enunciación de los derechos fundamentales no
le otorga dicha relevancia para estudiar de fondo el asunto y, adicionalmente, señaló
que los reproches desarrollados por la accionante pretenden darle continuidad al
debate ya concluido, relacionado con el factor salarial de la prima técnica que devengó.
Finalmente, indicó que, frente al desconocimiento del precedente jurisprudencial, la
accionante no señaló cuál regla o jurisprudencia se desconoció con la decisión
adoptada.
1.5. Impugnación
El 2 de abril de 2024, la accionante impugnó la sentencia de primera instancia en orden
a que se revoque y, en su lugar, se concedan las pretensiones. Para ello, reiteró los
argumentos expuestos en la acción de tutela respecto del cumplimiento de los
requisitos de procedencia y, adicionalmente, indicó los siguientes argumentos:
i) Las instancias ordinarias fueron agotadas siguiendo las formalidades y rigores de
cada una, por lo que solo le quedó la acción de tutela, como mecanismo subsidiario
para indicar el error en que se incurrió respecto de la naturaleza de la prima recibida
por la accionante en su relación laboral.
ii) Es procedente constitucionalmente, debido a que las pretensiones se debieron
analizar a la luz de los derechos fundamentales invocados, los cuales no fueron
protegidos en el análisis procesal que se impugna y, además, porque en las sentencias
de primera y segunda instancia, no se aplicó el principio de indubio pro operario, y
porque no se analizó en sede de tutela el defecto fáctico invocado, toda vez que en
estas dos instancias se reconoció que existió una prima técnica de la cual era
beneficiaria la accionante.
2. Consideraciones
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2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25
del Acuerdo n.º 080 de 20192, según el cual «Las tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y
serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien
le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la
presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por la Subsección
B de la Sección Segunda de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir la sentencia del 18 de mayo de 2023,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 25000-23-42-000-
2015-00870-01. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la
adopción de la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, invocados por el accionante y, los principios de favorabilidad y fuerza
vinculante del precedente judicial.
2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales
La jurisprudencia constitucional3 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,4 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
2Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.
3 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de
1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
4Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que
para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.
2.4. Hechos probados
Del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 25000-23-42-
000-2015-00870-00 [01], la Sala establece lo siguiente.
i) El 4 de febrero de 2015, la señora Nelly Arce Téllez, por intermedio de apoderado,
promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del
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Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en orden a que se declarara
la nulidad del Oficio 20146400101301 del 2 de noviembre de 2014, por medio del cual
se negó la inclusión de la prima técnica como factor salarial, así como los actos fictos
negativos derivados del silencio administrativo frente al recurso de reposición y, en
subsidio apelación, interpuesto el 4 de marzo de 2014.
ii) El 1.° de julio de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en
que no podía ser reconocida la prima técnica por estudios de formación avanzada y
experiencia altamente calificada, por no acreditar los requisitos para demostrar dicha
formación calificada.
iii) El 18 de mayo de 2023, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
confirmó la sentencia de primera instancia, toda vez que no se acreditó el cumplimiento
de los requisitos por ninguno de los dos criterios establecidos en el ordenamiento
jurídico para su reconocimiento.
2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto
2.5.1. Sobre la procedibilidad de la presente acción de tutela
La Sala encuentra cumplidos en el caso los requisitos de procedibilidad de la acción,
puesto que «el caso bajo estudio reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez
que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso, a la seguridad social, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad,5 pues según los alegatos de la accionante, en la sentencia censurada no se
aplicaron los principios de favorabilidad y fuerza vinculante del precedente judicial,
evento que de encontrarse acreditado conduciría a encontrar lesivos los derechos
fundamentales del actor.
5 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de
2012, C.P. María Elizabeth García, expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01 (IJ),unificó su
jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso
a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello
los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.
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De igual forma, «cumple con el requisito de subsidiariedad», dado que lo que se
cuestiona es una sentencia de segunda instancia que puso fin a la discusión planteada
dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y de los hechos
narrados no se evidencia que el caso se adecúe a alguna de las causales de revisión
y de unificación de jurisprudencia previstas en los artículos 250 y 258 del CPACA.
También «cumple con el requisito de inmediatez», pues la providencia objeto de
censura data del 18 de mayo de 2023, notificada por correo electrónico el 22 de junio
siguiente, y la presente acción de tutela fue remitida al correo electrónico de la
Secretaría General del Consejo de Estado el 18 de diciembre de 2023, esto es, en el
término de los seis meses señalados por esta corporación como prudencial para el
ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.6
Asimismo, se encuentra que el sub judice «no se cuestiona una irregularidad procesal»
sino el hecho de realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis probatorio;
dentro del escrito de tutela «se identificaron razonablemente los hechos y argumentos»
frente a los cuales se alega vulneración, pues la parte actora narró de manera clara
los hechos sujetos a examen, los derechos que estima vulnerados y adecuó sus
alegatos a la configuración de un defecto sustantivo y jurisprudencial; y «no se
cuestiona una sentencia de tutela», sino la proferida dentro de un proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho.
2.5.2. Sobre la procedencia del amparo invocado
La accionante alega que en la sentencia de segunda instancia se incurrió en un defecto
fáctico por la indebida valoración de las pruebas y la no aplicación del principio de
indubio pro operario, debido a que el fallo de segunda instancia, se limitó a determinar
qué tipo de prima técnica percibía la accionante, y no valoró el material probatorio
6El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 5 de agosto de
2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), como
garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.
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obrante dentro del proceso, con el que se acredita que la prima técnica que esta
devengaba constituía factor salarial para la liquidación de la pensión de jubilación.
Pues bien, en el análisis del caso, la Subsección señaló conforme a las pruebas
obrantes en el proceso que, para reconocer dicho emolumento como factor salarial,
debía dividirse en dos periodos, así7:
En primer lugar, estudió la prima técnica reconocida desde la vinculación a la Red de
Solidaridad Social, comprendida entre el 2 de agosto de 1999 y el 28 de febrero de
2002, en la que no se estableció con qué criterio se otorgó dicho emolumento, pues la
demandante manifestó que fue por formación avanzada y altamente calificada,
mientras que la demandada indicó que se reconoció bajo la modalidad de evaluación
de desempeño.
Conforme con lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1335 de 1999,
vigente para ese entonces, que previó los requisitos de (i) desempeñar en propiedad,
cargos de los niveles ejecutivo, asesor o directivo; (ii) título de estudios de formación
avanzada; y (iii) experiencia altamente calificada por tres años, logró concluir que el
primer requisito se encontraba satisfecho. No obstante, respecto de los otros, indicó
que no «puesto que para el ingreso al servicio público solo aportó el título de pregrado
de contadora pública del 25 de mayo de 1993, y no estudios de posgrado, de manera
que tampoco se acredita el tercero, esto es la experiencia altamente calificada por tres
años». Asimismo, señaló que, en virtud de la presunción de legalidad y el artículo 167
7
Imagen extraída de la sentencia del 18 de mayo de 2023, proferida por la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado, visible a folio 19.
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del Código General del Proceso, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, lo cual no ocurrió en
este caso por falta de acreditación de los anteriores requisitos; por lo tanto, no había
certeza para establecer la incidencia en materia prestacional y pensional de la prima
técnica.
En segundo lugar, analizó la prima técnica reconocida a partir del 1 de marzo de 2002,
por medio de las Resoluciones 189 y 190 de 2002, por evaluación del desempeño,
frente a la cual manifestó que «pese a que la devengó, tal como lo afirma en la
apelación no tenía derecho a su reconocimiento porque en primer lugar no era
empleada de carrera administrativa, sino de libre nombramiento y remoción, lo cual se
establece además en las citadas resoluciones que dispuso un procedimiento para la
evaluación de estos, y en segundo orden, porque tampoco se le efectuó el señalado
examen, hecho en el que también están de acuerdo las partes».
De lo anterior, se colige, con fundamento en el artículo 7 del Decreto 1661 de 1991,
que aunque percibió la prima técnica por este criterio sin tener derecho, resulta
improcedente incluirla dentro del ingreso base de cotización y de liquidación pensional
de la demandante.
Así las cosas, se concluye que en el caso sub examine, no se configura el defecto
fáctico y, además, no era posible aplicar el principio invocado por la accionante, debido
a la carencia de material probatorio, pues en el evento de acreditarse la inaplicación
de la Resolución 190 del 1 de marzo de 2002, se advierte que eso no conllevaría la
anulación del acto administrativo demandado por el cual se le negó el reconocimiento
de la prima técnica como factor salarial, toda vez que la accionante no acreditó el
cumplimiento de los requisitos por ninguno de los dos criterios establecidos en el
ordenamiento jurídico para su reconocimiento.
De otro lado, la accionante alega el desconocimiento del precedente jurisprudencial,
frente al cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en el fallo de tutela, manifestó que
no se refirió a este, porque la parte actora no señaló cuál sentencia o regla
jurisprudencial se desconoció con la sentencia objetada.
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Ahora bien, frente a este último cargo, la Sala encuentra que la accionante en el escrito
de impugnación, tampoco señaló la sentencia o regla jurisprudencial que se
desconoció con la sentencia del 18 de mayo de 2023, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, y ello, en consecuencia, determina la
imposibilidad de estudiarlo de fondo.
Por consiguiente, los defectos invocados no prosperan, pues, lo que se extrae del
asunto es que la parte actora está inconforme con la lógica y estudio dado por el
fallador y utiliza la acción de tutela para plantear un análisis de la prueba que, en su
juicio, es el que debe darse, lo cual está completamente vedado para el juez
constitucional, toda vez que el mecanismo de amparo no es una instancia adicional
para requerir una nueva revisión de las pruebas obrantes en el juicio ordinario.
De esta forma, no se encuentra que la Subsección accionada haya incurrido en los
defectos deprecados que habiliten la procedencia del amparo, por lo que lo considera
infundado y, en consecuencia, no advierte vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.
3. Conclusión
Con los anteriores argumentos la Sala concluye que, a pesar de que el asunto sub
examine sí tiene relevancia constitucional, no se configuran los defectos puestos a
consideración por la accionante, contra la sentencia del 18 de mayo de 2023, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
Por consiguiente, se revocará el fallo de tutela del 15 de marzo de 2024, proferido por
la Sección Cuarta de esta colegiatura y denegará el amparo deprecado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar el fallo de tutela del 15 de marzo de 2024, proferido por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, a través del cual se declaró improcedente la presente
acción de tutela porque no superaba el requisito de relevancia constitucional.
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Segundo. Denegar el amparo invocado por la señora Nelly Arce Téllez, de acuerdo
con lo expuesto en este proveído.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente
ACVF
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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