Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07620-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07620-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-07620-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
2 de mayo de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07620-01
Demandante: Diego Javier Cadena Ramírez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07620-01
Demandante: DIEGO JAVIER CADENA RAMÍREZ
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO
Temas: Contra providencia en proceso disciplinario contra abogado. Falta
de relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del
15 de febrero de 2024, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, que
declaró improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 18 de diciembre de 2023, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio,
Diego Javier Cadena Ramírez pidió la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de las sentencias
del 30 de junio de 2022 y 30 de junio de 2023, dictadas, respectivamente, por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca y la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, que sancionaron disciplinariamente al abogado Diego Javier
Cadena Ramírez (expediente 76001-11-02-000-2019-01814-01).
2. Pretensiones
La parte actora formuló, textualmente, las siguientes pretensiones:
Por los argumentos expuestos en el presente escrito, solicito respetuosamente al H. Consejo de
Estado que tutele mis derechos al debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia.
En consecuencia, solicito se dejen sin efecto los fallos sancionatorios proferidos por la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
disponiéndose lo necesario para la plena garantía de mis derechos fundamentales. En concreto,
solicito respetuosamente a las y los magistrados que habrán de resolver la presente acción
constitucional que se anule la etapa del juzgamiento del proceso disciplinario que se adelantó en
mi contra, para que se me concedan las garantías de imparcialidad e igualdad.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
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Demandante: Diego Javier Cadena Ramírez
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura puso en
conocimiento de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura del Valle del Cauca la noticia de Blu Radio, referente a la orden de la Sala
de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de que se investigue al abogado Diego
Javier Cadena Ramírez, por la presunta manipulación de testigos.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del
Cauca abrió investigación disciplinaria contra el abogado Cadena Ramírez, para
determinar su participación por presuntamente haber aconsejado y persuadido al señor
Carlos Enrique Vélez Ramírez, para que realizara cartas contrarias a la verdad dirigidas
a la Corte Suprema de Justicia, con el ánimo de favorecer a terceras personas.
Por sentencia del 30 de junio de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Valle del Cauca sancionó al abogado Cadena Ramírez con suspensión de 34 meses
del ejercicio profesional y multa de 10 SMLMV, por incurrir de manera dolosa en la falta
contemplada en el numeral 9 del artículo 331 de la Ley 1123 de 2007, junto con el
desconocimiento de los deberes consagrados en los numerales 1 y 6 del artículo 282
de la misma disposición normativa.
Inconforme con la decisión, el señor Cadena Ramírez presentó recurso de apelación,
que fue resuelto mediante sentencia de 30 de junio de 2023, proferida por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial3, en el sentido de confirmar el fallo de primera instancia,
por encontrar que los argumentos del recurrente no tuvieron la capacidad de socavar
los razonamientos del a quo para declarar la responsabilidad.
4. Fundamentos de la acción de tutela
Después de argumentar sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, la parte actora adujo que
la sentencia del 30 de junio de 2023, dictada por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, incurrió en:
Violación directa de la Constitución, porque se desconoció la garantía de juez
imparcial consagrada en los artículos 29 de la Constitución y 8.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, al converger en una misma persona las
funciones de instrucción, acusación y juzgamiento disciplinario.
Defecto sustantivo y violación del derecho a la igualdad, por cuanto se desconoció
el artículo 239 de la Ley 1952 de 2019, así como el Acuerdo PCSJA22-11941 del 28
de marzo de 2022 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, por medio del
cual se crearon unos distritos judiciales disciplinarios transitorios, para efectos de
garantizar la separación de las funciones de instrucción y juzgamiento en los procesos
disciplinarios que adelantan las comisiones seccionales de disciplina judicial.
Defecto orgánico, por cuanto el tribunal que lo sancionó estuvo integrado de manera
irregular, pues el magistrado instructor y acusador fungió al mismo tiempo como
1 ARTÍCULO 33. Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado: 9. Aconsejar,
patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad.
2 ARTÍCULO 28. DEBERES PROFESIONALES DEL ABOGADO. Son deberes del abogado: 1. Observar la
Constitución Política y la ley. (…) 6. Colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y los
fines del Estado.
3 La decisión tuvo un salvamento de voto de la magistrada Diana Marina Vélez Vásquez, cuyo proyecto inicial no
obtuvo la mayoría de la Sala. Sostuvo que si bien el encuentro sí se llevó a cabo entre el abogado y el señor Vélez
Ramírez, lo consignado en las cartas fue la reiteración de unos acontecimientos relatados.
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magistrado ponente del fallo sancionatorio, es decir, que fue simultáneamente acusador
y juez.
Defecto procedimental, debido a la convergencia en una misma persona de las
funciones de instructor, acusador y juez disciplinario, lo que implicó una violación al
debido proceso. Adujo que no se saneó, a pesar de haberse reclamado de manera
insistente la nulidad en el curso de la actuación jurisdiccional disciplinaria.
Defecto fáctico, porque se desconocieron pruebas que demostraban de manera
contundente que las declaraciones hechas por el señor Carlos Enrique Vélez ante la
Corte Suprema de Justicia, al parecer falaces, fueron realizadas el 1° de diciembre de
2016, mucho antes de que el abogado Cadena tuviese algún contacto con Carlos
Enrique Vélez, pues el encuentro ocurrió a partir del 18 de julio de 2017. Adujo que no
pudo tener ninguna injerencia en las declaraciones del 1° de diciembre de 2016, que
se limitó simplemente a documentarlas por escrito para defender los intereses de uno
de sus clientes, lo cual fue sistemáticamente desconocido en el proceso disciplinario.
5. Intervenciones
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca solicitó que se
denegaran la acción constitucional impetrada, por cuanto no se ha vulnerado derecho
fundamental alguno, y el proceso disciplinario se adelantó conforme a la Ley 1123 de
2007 y las garantías propias del debido proceso.
Respecto a los defectos específicos de procedibilidad, consideró que cuatro de ellos se
dirigen a cuestionar la no aplicabilidad por control de convencionalidad del caso “Petro
v. Colombia”, puntualmente, la garantía de separación de roles. Respecto al defecto
restante, adujo que se dirige a atacar la valoración probatoria efectuada al momento de
dictarse la sentencia respectiva.
Frente al defecto procedimental, relacionado con la separación de roles, explicó que se
trata de un debate zanjado, pues fue ampliamente analizado en las decisiones que
pusieron fin a cada una de las instancias. Adicionalmente, argumentó que no está
llamado a prosperar porque: (i) el control de convencionalidad no tiene aplicabilidad en
el caso bajo estudio, dado que no se trata de la afectación de derechos políticos, sino
de un proceso disciplinario en el marco del ejercicio de la profesión de abogado; (ii) el
pliego de cargos se profirió con anticipación a la entrada en vigencia del Código General
Disciplinario, y según al régimen de transitoriedad, es un asunto que no muta de
procedimiento; (iii) la profesión de abogado se rige por norma especial respecto al
procedimiento disciplinario aplicable; y (iv) la instrucción se adelantó y el proyecto de
fallo se presentó ante la Sala Dual correspondiente, sin que obre en el proceso
impedimento o recusación alguna.
En relación con el defecto fáctico, sostuvo que se trata de una valoración subjetiva del
actor, y recordó que la actividad judicial se rige bajo los principios de autonomía e
independencia.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial pidió que se declarara improcedente la
acción de tutela porque no se cumplen los requisitos generales de relevancia
constitucional ni subsidiariedad; y de encontrar superado el test de procedibilidad, se
denegara el amparo, debido a que no se acredita ninguna de las causales específicas
de tutela contra providencia judicial ni violación alguna de los derechos reclamados.
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Frente al requisito general de relevancia constitucional, sostuvo que el actor busca
revivir las alegaciones propias de las instancias disciplinarias a modo de tercera
instancia, e imponer su visión particular del asunto. Manifestó que al demandante se le
ofrecieron todas las garantías procesales, que la decisión se profirió en término, que no
fue caprichosa ni arbitraria, sino fruto del ejercicio analítico y ponderativo, con
fundamento en las pruebas obrantes en el proceso.
Respecto a la vulneración del derecho a la igualdad por la no separación de roles, con
fundamento en el desconocimiento del artículo 239 de la Ley 1952 de 2019 y el Acuerdo
PCSJA-22-11941 de 28 de marzo de 2022 del Consejo Superior de la Judicatura,
advirtió que no fue planteado en el recurso de apelación, por lo que no se cumple el
requisito de subsidiariedad.
Puso de presente que, según la sentencia C-440 de 2022, la Corte Constitucional
zanjó la discusión, al advertir que no es contraria a la Carta Política la aplicación de
la Ley 1123 de 2007, pues no se contempla la separación de roles de instrucción y
juzgamiento en el proceso disciplinario contra abogados. Que en primera instancia
ya se había resuelto sobre el asunto en la audiencia de pruebas y calificación
provisional, como en la de juzgamiento. Que fue investigado y sancionado conforme
al régimen jurídico disciplinario aplicable (Ley 1123 de 2007).
En cuanto a los defectos específicos, manifestó que valoró de forma integral todo el
material probatorio allegado al plenario, que no hubo omisión en el decreto ni en la
práctica de pruebas, y que no hubo una valoración caprichosa ni arbitraria. Que se
demostró en grado de suficiente la incursión en la falta disciplinaria y que lo que
pretende el actor es obtener, en sede de tutela, un pronunciamiento que lo exonere de
responsabilidad disciplinaria.
Manifestó que los argumentos de la acción de tutela son exactamente iguales a los que
ventiló en el recurso de apelación y que ya todos fueron resueltos. Que tuvo en cuenta
la declaración de Vélez Ramírez del 1 de diciembre de 2016, y que fue precisamente
en esa declaración que el señor Cadena se centró para diseñar la estrategia de obtener
una carta de Vélez Ramírez de contenido incriminatorio. Que la conducta dolosa se
construyó a partir de la prueba indiciaria, pues se pudo inferir que desde antes del 1 de
diciembre de 2016, el abogado Cadena compartía información con su colega Sánchez
Cañón, abogado de Carlos Enrique Vélez.
Argumentó que no se configuró el defecto fáctico, pues sí se valoraron las pruebas
determinantes que reposaban en el expediente, incluyendo el audio de la llamada
interceptada entre Carlos Enrique Vélez y Juan José Salazar Cruz, y las cartas
remitidas entre Carlos Enrique Vélez y Darley Guzmán Pérez.
El abogado Juan José Salazar Cruz presentó escrito de coadyuvancia a las
pretensiones, con fundamento en que también fue declarado disciplinariamente
responsable en la misma sentencia. Indicó que se vulneró la imparcialidad judicial
porque un mismo magistrado adelantó el juzgamiento y dictó sentencia. Que hay un
sesgo en la valoración probatoria, puesto que el señor Carlos Enrique Vélez ya había
hecho afirmaciones en estrados judiciales desde el 1 de diciembre de 2016, mucho
antes de que los abogados lo conocieran.
6. Sentencia impugnada
Mediante sentencia del 15 de febrero de 2024, la Sección Primera del Consejo de
Estado, encontró satisfechos los presupuestos para reconocer a Juan José Salazar
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Cruz como coadyuvante de la parte actora, con fundamento en que fue parte dentro del
proceso disciplinario.
Luego, declaró improcedente la acción de tutela, porque no se acreditó el requisito
general de relevancia constitucional. Adujo que la parte actora pretende utilizar este
mecanismo como una tercera instancia y busca reabrir la discusión que fue resuelta en
la jurisdicción disciplinaria. Sostuvo que no existe un desarrollo argumentativo que
explique las razones por las que se afectó en forma desproporcionada el núcleo
esencial de los derechos.
Explicó que la inconformidad del actor se centra que se confirmó el fallo sancionatorio
en su contra y que no se observa que la decisión disciplinaria hubiese sido arbitraria o,
se hubiesen desconocidos los derechos fundamentales alegados. También manifestó
que se hizo un análisis de la sentencia C-440 de 2022, y a partir de dicha providencia
se concluyó que, tratándose de procesos disciplinarios contra abogados, es razonable
que un mismo funcionario ejerza las funciones de instrucción y juzgamiento.
Por último, sostuvo que el ad quem realizó un estudio exhaustivo del material probatorio
recaudado, que le permitió concluir que los argumentos del recurso de apelación no
tuvieron la capacidad de socavar los razonamientos del fallo de primera instancia.
7. Impugnación
La parte demandante impugnó la anterior sentencia, con base en que se desconocieron
los fundamentos fácticos y jurídicos planteados en la demanda de tutela. Reiteró que
se desconoció el principio acusatorio, por lo que se incurrió en una falta de imparcialidad
del funcionario que instruyó y juzgó el proceso disciplinario. También adujo que el fallo
disciplinario se sustentó en una ponderación indebida de las pruebas oportunamente
allegadas al proceso.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
La Sala determinará si procede la acción de tutela presentada por el abogado Diego Javier
Cadena Ramírez para dejar sin efectos la sentencia del 30 de junio de 2023, dictada por
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que confirmó la responsabilidad disciplinaria
por incurrir en faltas contra la recta y leal realización de la justicia.
La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia de declarar la
improcedente la acción de tutela, porque no cumple el requisito general de relevancia
constitucional. Como se verá, el demandante insiste en los argumentos propuestos en el
proceso disciplinario.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii)
análisis del caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
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requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos5 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-00, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre
la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente
de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se
acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan
nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción
de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue
proferida la providencia acusada.
En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
4. Análisis del caso concreto
La Sala advierte que los argumentos del actor para cuestionar la sentencia disciplinaria
se agrupan en dos. Por un lado, los defectos de violación directa de la Constitución,
sustantivo y violación del derecho a la igualdad, orgánico y procedimental, que se centran
en atacar la vulneración del principio de imparcialidad, debido a que no existe una división
de funciones de instrucción y juzgamiento. Y, por otro, el defecto fáctico, por la indebida
valoración o ponderación probatoria. Veamos.
4.1. Sobre el cargo de vulneración del principio de imparcialidad
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el recurso de apelación del proceso disciplinario
76001-11-02-000-2019-01814-01. Básicamente, el señor Diego Javier Cadena Ramírez
insiste en que, se vulneró el principio de imparcialidad, debido a que el funcionario que
instruyó fue el mismo que juzgó en el proceso disciplinario. Que se desconoció el artículo
8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el precedente
4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y
que no se cuestione un fallo de tutela.
5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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Demandante: Diego Javier Cadena Ramírez
jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente, el
caso de “Petro v. Colombia”.
Si bien el actor alegó que se desconoció el artículo 239 de la Ley 1952 de 2019, así como
el Acuerdo PCSJA22-11941 del 28 de marzo de 2022 expedido por el Consejo Superior
de la Judicatura, por medio del cual se crearon unos distritos judiciales disciplinarios
transitorios, lo cierto es que el argumento de fondo es la separación de las funciones de
instrucción y juzgamiento en los procesos disciplinarios.
En esa línea, la Sala encuentra que esa discusión ya fue resuelta por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial mediante sentencia del 30 de junio de 2023, que, en lo
que interesa, consideró:
Sobre el particular es pertinente señalar que, en reciente oportunidad la Corte Constitucional, en
sentencia C-440 del 1º. de diciembre de 2022, al conocer sobre la demanda de constitucionalidad
de los artículos 102 y 106 de la Ley 1123 de 2007, zanjó la discusión relacionada con la separación
de roles en el régimen de los abogados, al indicar que el inciso 2º del artículo 102 y en el inciso 4º
del artículo 106 de la Ley 1123 de 2007, al dejar en cabeza de un mismo funcionario competencias
de instrucción y de juzgamiento de las conductas de los abogados en ejercicio de la profesión,
“persiguen un fin no prohibido, asociado a la necesidad de asegurar la celeridad y la eficacia en el
trámite de estas investigaciones disciplinarias de la profesión, así como de contribuir a solventar
la
problemática de congestión judicial en este ámbito. Asimismo, se estableció que el medio elegido
por el Legislador para la consecución del mencionado fin tampoco está proscrito por la Constitución
y, adicionalmente, es adecuado para lograr el propósito perseguido. En efecto, se trata de la
implementación de un mecanismo que, con plena observancia de las garantías del debido proceso,
favorece el ágil y correcto impulso del procedimiento disciplinario de los abogados en ejercicio por
parte del magistrado sustanciador en primera instancia, defiriendo la decisión de fondo a una sala
plural”.
Además, el alto Tribunal enfatizó que la “garantía de imparcialidad, como elemento axial del debido
proceso, no resulta afectada en su dimensión objetiva por el simple hecho de que en un mismo
funcionario concurran funciones de instrucción y juzgamiento, tal como se ha constatado en
pronunciamientos anteriores en los que se ha planteado la misma cuestión. Para la Corte es
posible mantener los rasgos inquisitivos que no violen el núcleo esencial de las garantías básicas
del debido proceso, aunado a que la separación de funciones de investigación y juzgamiento no
es la única forma de garantizar la imparcialidad objetiva en procesos sancionatorios en contra de
abogados en ejercicio”6.
Como se ve, se trata de argumentos con los que el señor Diego Javier Cadena Ramírez
pretende continuar el debate jurídico que planteó en el proceso disciplinario,
concretamente, mediante incidentes de nulidad, sobre la vulneración del principio de
imparcialidad al estar en cabeza del mismo funcionario los roles de instrucción y
juzgamiento.
Así mismo, la Sala resalta que fue un asunto puesto en consideración de la autoridad
judicial disciplinaria en primera instancia en múltiples oportunidades, ya que se resolvió
sobre el asunto en la audiencia de pruebas y calificación provisional del 30 de marzo
de 2022, como en la de juzgamiento realizada el 19 de abril siguiente.
La parte actora desconoce que la acción de tutela es un valioso instrumento para
proteger derechos fundamentales, que no puede utilizarse como una instancia adicional
para obtener una opinión jurídica diversa o tratar de imponer una decisión distinta a la
adoptada por las autoridades jurisdiccionales de instancia.
6 SAMAI CE, primera instancia, índice 2, documento 2656711FB43B7507 5AF91B45FF595173
5F02B57C7F6785CD 6388A6F12C44836D (pdf), pp. 68 y 69.
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4.2. Sobre la indebida valoración probatoria
Al igual que en el acápite anterior, los argumentos expuestos en la solicitud de amparo
coinciden con los propuestos en el recurso de apelación del proceso disciplinario.
Concretamente, el señor Diego Javier Cadena Ramírez reitera que la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial realizó una indebida valoración probatoria, al concluir que se había
persuadido o aconsejado al señor Carlos Enrique Vélez para que realizara unas cartas
contrarias a la verdad para favorecer a terceras personas en otros procesos penales.
Específicamente, el señor Cadena Ramírez argumenta que se incurrió en este yerro, por
tres razones. Por un lado, porque al estudiar la declaración de Carlos Enrique Vélez del
1 de diciembre de 2016 ante la Corte Suprema de Justicia, no tuvo en cuenta que fue
anterior al primer contacto entre el abogado Cadena y el señor Vélez (18 de julio de 2017),
y que, por ende, las cartas presentadas ante la suprema autoridad de la jurisdicción
ordinaria no contenían información falsa, sino que documentaban lo ya dicho por el señor
Vélez para defender los intereses de uno de sus clientes. Por otro lado, debido a que
otorgó credibilidad al testimonio de Carlos Enrique Vélez en el proceso disciplinario, sin
confrontarlo con otros elementos probatorios.
Sin embargo, esa discusión ya fue resuelta por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, mediante sentencia del 30 de junio de 2023, que, en lo que interesa, consideró:
(…) la Comisión coincide en un todo con el razonamiento que hizo la primera instancia al darle
crédito al relato de Vélez Ramírez, con todo y su conocido prontuario, por cuando lo valoró con
miramiento en los demás medios de prueba legalmente recaudados, entre ellos, los pagos que los
apelantes no discuten haberse realizado a familiares y allegados de aquél, mientras duraron las
conversaciones en ese interregno (años 2017 y 2018); las fechas contenidas en el registro de
entradas que recogió la bitácora carcelaria de Palmira; el ingreso que de la mano hicieron los
togados ese 4 de octubre de 2017 al centro penitenciario, con apenas un minuto de diferencia y la
radicación de las polémicas dos primera (sic) misivas (de 18 de julio de 2017 y 19 de febrero de
2018) ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Es así, como por todo lo
anteriormente indicado, el primer cargo no prospera.
4.2. No se tuvo en cuenta la declaración de Vélez Ramírez que tuvo lugar el 1° de diciembre de
2016 en el marco de la causa penal No. 35694 seguida contra Mario de Jesús Uribe Escobar que,
por ser anterior al primer contacto entre Cadena y Vélez Ramírez (18 de julio de 2017), descartaba
cualquier interés fraudulento de los togados.
De entrada debe señalarse que el aludido argumento no tendrá acogida, porque lo que muestran
las pruebas, es que Cadena Ramírez, prevalido del conocimiento que tuvo de la declaración del
1° de diciembre de 2016, diseñó la estrategia de obtener de Vélez Ramírez una carta de similar
contenido incriminatorio, lo que en efecto premedito, y sin mayor dificultad logró con la firma de
aquel condenado el 18 de julio de 2017, lo que impide abrirle paso a la tesis del recurrente 7.
(…)
En el caso sometido a estudio, existen hechos indicadores que permiten colegir que el abogado
investigado ya conocía el contenido de la declaración jurada del 1° de diciembre de 2016 rendida
por Vélez Ramírez, pero optó por fabricar una primera carta que afianzara su tesis de comprometer
a Cepeda en la causa judicial que seguía en curso ante la Corte Suprema de Justicia bajo el
radicado No. 38451. El hecho indicado a demostrar es que el abogado sí tenía conocimiento de la
declaración del 1° de diciembre de 2016 de contenido cuestionable, y prevalido de ese saber optó
por sacar provecho para esa causa penal8.
Adicionalmente, el actor alegó en el escrito de tutela que se omitieron o valoraron de
forma arbitrarias tres piezas procesales, las cuales acreditan que la declaración del 1
de diciembre de 2016 y las cartas que conoció la Corte Suprema de Justicia no han
7 SAMAI CE, primera instancia, índice 2, documento 2656711FB43B7507 5AF91B45FF595173
5F02B57C7F6785CD 6388A6F12C44836D (pdf), pp. 77 y 78.
8 Ibídem, pp. 80.
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sido las únicas pruebas que corroboran que el declarante había tenido una reunión con
un senador, donde se hicieron presuntos ofrecimientos a cambio de testimonios.
Las piezas procesales que se alegan como omitidas son: (i) el audio de la llamada
interceptada entre Carlos Enrique Vélez y Juan José Salazar Cruz el 10 de abril de
2018; (ii) las cartas remitidas entre Carlos Enrique Vélez y Darley Guzmán Pérez alias
“negro”; y (iii) las cartas firmadas por Carlos Enrique Vélez con fechas del 18 de julio
de 2017 y del 19 febrero de 2018.
No obstante, esa discusión también fue resuelta por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, que en el acápite 3.4. de la sentencia del 30 de junio de 2023, sobre
“Inexistencia de vulneración de derechos fundamentales, actuación disciplinaria
ajustada a derecho y correcta valoración probatoria”, consideró:
De hecho, aunque el promotor del amparo consideró que la “primera pieza procesal que fue omitida
por la magistratura fue el audio de la llamada interceptada entre Carlos Enrique Vélez y Juan José
Salazar Cruz el 10 de abril de 2018”, pasa por alto que esta Superioridad sí tuvo en cuenta que el
propósito del relato de Carlos Enrique Vélez Ramírez, , fue reconocer la grabación de una
interceptación que el 10 de abril de 2018 le hizo la Corte Suprema de Justicia mientras hablaba
con el disciplinable Salazar Cruz, registro sonoro que una vez reproducido en la audiencia de
juzgamiento por el magistrado instructor, reconoció ser el partícipe de la interlocución.
(…)
Tampoco es cierto que en el fallo proferido por esta Comisión, se hubiere dejado de lado el “análisis
probatorio fueron las cartas remitidas entre Carlos Enrique Vélez y Darley Guzmán Pérez”, y que
la “tercera prueba que fue omitida por el despacho reposa en las cartas firmadas por Carlos
Enrique Vélez con fechas del 18 de julio de 2017 y del 19 febrero de 2018. Allí se señaló que el
señor Fauner Barahona Rodríguez, alías “Racumín” era la única persona que podía dar testimonio
y confirmación de esa supuesta reunión en la cárcel la Picota”, pues a ambos aspectos se dio
respuesta al apelante, cuando se razonó que la “primera instancia sí valoró los testimonios de
‘Darley Guzmán Pérez, Jhon Jaime Cárdenas y Fauner José Barahona”, para significar que solo
este último se refirió al “supuesto episodio de la Picota, fijándolo temporalmente para el mes de
octubre de 2016. Es decir, dos de los supuestos testigos niegan el evento, y solo uno lo afirma,
con la ya señalada imprecisión en términos de la fecha”. (Se resalta).
Se trata, entonces, de argumentos con los que el señor Diego Javier Cadena Ramírez
pretende que se haga una nueva valoración de las pruebas obrantes en el expediente,
para imponer una valoración concreta de las pruebas, de tal forma que se concluya que
no existe responsabilidad disciplinaria.
La Sala advierte que, incluso, la sentencia cuestionada tiene un acápite completo para
pronunciarse sobre el argumento de la indebida valoración de las pruebas recaudadas
(4.4.), y en las páginas 89 a la 95 hace referencia a testimonios, documentos, informe
del investigador, expediente del proceso penal, entre otros, para concluir que no
prosperaban los motivos de disentimiento.
Por lo tanto, la Sala confirmará la sentencia impugnada, que declaró improcedente la
acción de tutela, por no cumplirse el requisito de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la presente
providencia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07620-01
Demandante: Diego Javier Cadena Ramírez
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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